5 razones para declarar inconstitucional al Sitramss: MEDIO LLENO

La Sala de lo Constitucional aceptó una demanda de inconstitucionalidad contra el Sitramss y aquí te damos cinco razones que podrían provocar que este proyecto sea considerado que va contra ley.

11 sept. 2015 / MEDIO LLENO

El mes pasado los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideraron que una demanda interpuesta por varios empresarios cumplía los requerimientos para introducirla a su discusión. Se trata de una solicitud de inconstitucionalidad contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss). Aunque la decisión final aún no está tomada, aquí te presentamos algunas razones que podrían tomarse para declarar a dicho proyecto como inconstitucional.

Según el comunicado emitido por la Sala, “los demandantes establecen y definen, vía reglamentaria, elementos de la infraestructura del Sitramss, financiada con recursos estatales, en específico los andenes, carriles segregados exclusivos o preferenciales, estaciones de trasbordo y las terminales de integración; que dicha infraestructura es propiedad del Estado como una obra material de uso público y como tal su explotación debe sujetarse al artículo 120 de la Constitución, es decir, a través de concesión que otorga el Órgano Legislativo, de la cual carece SIPAGO, quien explota las líneas, rutas e infraestructura estatal sin haber realizado inversión alguna”, argumenta el documento del porqué fue aceptada la demanda. Estas son algunas de las normativas que viola el proyecto, según la solicitud.

(Todas las “inauguraciones” del SITRAMSS)

1. El artículo 120 de la Constitución de la República establece que toda “concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”.
2. El Sitramss ha sido catalogado como transporte público, sin embargo, su dinámica funciona como lo que el Reglamento General de Transporte Terrestre (RGTT) cataloga como “servicio de lujo”. Este se caracteriza por ser un servicio de transporte público autorizado a hacer escalas entre el punto de salida y el de llegada, salvado en terminales de autobuses previamente establecidas.
3. Según un estudio realizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), CYMIMEX, la empresa contratada para la ejecución del proyecto, entró en incumplimiento del contrato a partir del 25 de marzo del 2014. Frente a esta situación, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició un proceso de negociación con la empresa para dar por finalizado el contrato por mutuo acuerdo. La empresa constructora, según los documentos elaborados por el Administrador del Contrato, incurrió en 35 incumplimientos, sin embargo, el Ministerio no tenía reportados todos los incumplimientos.
4. SUBES es la única operadora del sistema de cobro electrónico del Sitramss. Ha instalado validadores en más de un veintena de rutas del Área Metropolitana de San Salvador, sobre todo de Santa Tecla, Ciudad Merliot y Ayutuxtepeque. Los transportistas deben firmar contrato con SUBES y pagarán el 10.5 por ciento más IVA por manejo de la tarjeta cuyo contrato durará diez años.
   (Todo sobre el SITRAMSS)
5. Anomalías en contratación de operadores. En el 2011, Trade International S.A. de C.V. fue contratada por asociaciones de transportistas para que instalara el sistema de cobro electrónico, no obstante, a en el 2012 un grupo de transportistas formó la empresa Sipago e invalidaron el primer contrato, lo que permitió que Sipago sea la única empresa autorizada para operar en este rubro.

El MOP reconoce que no concesionó el Sitramss

El ministro Gerson Martínez reconoce “la inexistencia de una concesión” de un bien público. En un escrito enviado a la Sala de lo Constitucional, afirma que en el caso del Sitramss no hubo concesión sino “reorganización de rutas.

Foto edh por Douglas Urquilla

14 agosto 2015 / EDH

Uno de los puntos más cuestionados sobre el Sitramss, la falta de una concesión tanto de los permisos de línea como de la vía que sirve como carril exclusivo para los buses articulados, ha sido reconocido por el ministro de Obras Públicas Gerson Martínez.

Una concesión que no ocurrió y que, según la Constitución debió ser avalada por la Asamblea Legislativa.

En un escrito enviado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el funcionario reconoce que en el caso del Sitramss no existe una concesión. Esto pese a que se está brindando un servicio público y utilizando un bien público para el funcionamiento del nuevo sistema de transporte: un tramo del bulevar del Ejército y otro de la Juan Pablo II.

Después de que un grupo de transportistas críticos del Sitramss presentara una nueva demanda contra ese sistema ante la Sala de lo Constitucional, el ministro de obras públicas envió un escrito a los magistrados en el que pide que se le tenga como parte en el proceso “en carácter de tercero”  y “se declare sin lugar la medida cautelar” solicitada por los transportistas críticos del Sitramss: el cese del uso exclusivo de la vía por parte de los buses articulados propiedad de la Unión de Empresas Sipago Sitramss.

En la página 13 del documento enviado por el ministro a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se afirma que los transportistas  demandantes se equivocan y confunden los conceptos de concesión, recorrido y ruta. “En este caso se trata realmente de una reorganización de rutas y de recorridos, no de un otorgamiento de concesiones”. Tras  agregar que no es la primera vez que se modifican recorridos y rutas, se afirma: “En términos sencillos: no se han concesionado las calles, no se ha concesionado la infraestructura pública, que sigue siendo del Estado, lo que está ocurriendo es una reorganización del transporte”.

Campaña electoral en el SITRAMSS, Foto Omar Carbonero/EDH

Sin embargo, transportistas como Genaro Ramírez tienen otro punto de vista:“ A través de un reglamento pretende entregar la calle… El amparo no es contra del Sitramss, sino por entregar una calle que es de todos los salvadoreños, (darla) a privados”.

Respecto a la vía que sirve como carril exclusivo para el Sitramss, la polémica surge porque el artículo 120 de la Constitución establece que: “En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas”.

El mismo artículo establece que dichas concesiones deben contar con el aval de la Asamblea Legislativa. Ni lo uno ni lo otro ha ocurrido en el caso de la vía exclusiva del Sitramss.

Carlos Reyes, diputado de la fracción de ARENA, recordó que para construir la primera etapa del Sitramss, el Estado ha usado fondos provenientes de un préstamo otorgado por el BID  más otros gastos que hizo Obras Públicas; en sus palabras, “por lo tanto, es una obra pública”.

Él considera que “no puede ser que en un reglamento se haya venido  implementar la forma como se ha entregado el Sitramss a estas empresas. Ni siquiera está en la ley la forma como se entregó el Sitramss a estas empresas, sino que está en el Reglamento”.
En su opinión, primero debió hacerse una ley de concesión y después pasar por la Asamblea Legislativa, pasar por un proceso de legislación y después implementarse”.

En el escrito presentado por el ministro de Obras Públicas hay una aparente contradicción. Tras afirmar la “inexistencia de una concesión”, párrafos después se afirma lo contrario.

En la página 14 del documento se lee: “Las conceciones que actualmente posee el operador del BRT para prestar el servicio de transporte público fueron otorgadas entre los años 2006 y 2007. La operadora en la ruta Soyapango-San Salvador del Mundo, posee concesiones otorgadas a sus accionistas que decidieron organizarse bajo este nuevo esquema (…)”.

Entre los argumentos con los que el ministro de Obras Públicas intenta convencer a los magistrados de que sería un error establecer la medida cautelar solicitada por los transportistas, está la posible “afectación al contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

El documento enviado por el ministro asegura que en el Anexo Único del contrato de Préstamo No 2572/OC-ES  se estableció  que el Estado salvadoreño tiene la obligación de usar los recursos asignados para: “Financiar el diseño, esctructuración, construcción e implementación de un sistema integrado de transporte público de pasajero, priorizando su desplazamiento en buses articulados de alta capacidad a través de un sistema de carriles exclusivos y segregados (…)”.

Luego se afirma que de suspenderse el uso del carril “exclusivo preferencial o segregado del Sitramss conllevaría a que la República de El Salvador incumpla sus obligaciones para con el BID, lo cual podría acarrear la suspensión de los desembolsos del financiamiento otorgado”.

Lea notas relacionadas:

• Nunca hubo una concesión para el negocio privado Sitramss

• CSJ admite demanda contra el Sitramss

•  Estado da $72 mil en subsidio a Sitramss

Roberto Soriano, presidente de ATP «García protege a Subes»

Los empresarios buscan la forma de frenar el sistema obligatorio de prepago que iniciará en septiembre.

Roberto Soriano, de ATP, aseguró que el viceministro de Transporte, Nelson García, está ayudando a crear un monopolio en el sistema de transporte público, en el que se beneficia a un grupo de empresas, que él vincula con Alba Petróleos. Foto EDH / Archivo

Rodrigo Baires Quezada, 14 julio 2015 / EDH

Roberto Soriano, presidente de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATP), cierra filas sobre los cambios obligatorios al sistema de transporte público.

La tarjeta prepago será una realidad ya en septiembre. El viceministro ha dicho que quienes no se acojan a ello podrán seguir funcionando pero sin cobrar subsidio.

No sé hasta dónde el gobierno aceptará que no tengamos este sistema, porque el negocio de Subes es que haya un cobro electrónico y el compromiso del viceministro es el mismo. Hoy utilizan la reforma al sistema de pago del subsidio para obligarnos a eso.

¿Eso no lo toma el sector como un chantaje?

¡Eso es una extorsión! Porque tendría que pagarle a una empresa protegida por el gobierno central, Subes, más de $2.7 millones mensuales y el Estado solo regresaría alrededor de $1.6 millones. ¡Estaría pagando por algo que no estoy pidiendo ni necesitando!

¿No necesita un sistema de cobro electrónico?

Es que no tenemos capacidad para pagarlo. El viceministro de Transporte, Nelson García, lo que está haciendo es echar a andar un negocio oscuro que intenta apoderarse del sistema de transporte. Mientras, los empresarios quebramos.

Tienen dos meses de estar diciendo que tomarán medidas, pero no hemos visto que hayan hecho nada hasta ahora.

Esperamos con la solicitud de prórroga en la Asamblea parar el cobro electrónico. Y también queremos discutir lo del subsidio y que este, como la tarifa, salga de una discusión técnica y no política. Si no, buscaremos la inconstitucionalidad de las reformas.

¿Creen que fallaría a su favor?

Sí, porque las reformas se aprobaron con irregularidades. Además, es lesivo a los intereses de los empresarios, porque solo pagarán subsidio hasta 21 días de servicio.

García dice que el límite de 21 días sale de las mismas pláticas con ustedes, quienes le aseguraron que una unidad no trabaja todo el mes.

Eso no le consta a él. La mayoría de las unidades trabajan 30 días si no tienen desperfectos mecánicos. ¿Qué estudio tiene para decir que solo se trabaja 21 días? Lo que pasa es que no se pagará menos al cancelar por pasajero transportado.

¿No les conviene más eso?

Sin el sistema electrónico, sí. Pero los números te demuestran que el subsidio te dará $0.04 por pasajero y el empresario tendrá que invertir en el sistema $0.07 por pasajero.

García asegura que esa inversión se recupera de lo que hoy pierden por el mal manejo de cobro de pasajes y lo que los motoristas se quedan.

Cuando estuve en la Mesa de Transporte, le dije al viceministro que no especulara. ¿De dónde determina que un porcentaje del dinero se lo roban los conductores? Él ha dicho que los conductores te pueden robar hasta el 10 %. ¿Y pagaremos el 10.5 % a Subes?

Igual, sin prórroga tendrán que contratar a Subes.

Lo que están haciendo es llevarnos a un sistema monopólico. ¿Qué otra empresa vende este servicio ahora? García, con los tiempos impuestos, está protegiendo el negocio de Subes.

¿No han buscado otras empresas que den el servicio?

Sí, con empresas internacionales, pero lo primero que nos dicen es que no existe una base legal que les asegure que vale la pena invertir entre $20 y 25 millones en el país. Hoy es una ley transitoria que termina este 31 de diciembre te obliga a invertir en el sistema electrónico. Y, por otro lado, Subes obliga a que firmemos contratos por 10 años. Eso es favorecer a un monopolio.

Los buseros acusan al VMT de atropellar al sector con amenazas

Transportistas de varias gremiales exponen una serie de irregularidades de tipo legal en torno al Sitramss, las cuales piden se investigue.

Nota EDH, 19 junio 2015

Los buseros agremiados en Rutas Unidas Salvadoreñas, ATP y AEAS declararon estar preocupados debido a la serie de irregularidades e ilegalidades que han cometido las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) para echar a andar su proyecto estrella, Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).

Según sus declaraciones, los transportistas que no están de acuerdo en cómo se ha ejecutado la obra viven entre las amenazas, la prepotencia y la «matonería» del vicetitular del ramo, Nelson García.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS), Genaro Ramírez, ha pedido al Cuerpo Diplomático en el país, especialmente a la Embajada de los Estados Unidos, a que esté «atento a los sucesos» entorno a la puesta en marcha del sistema.

«El VMT comienza a decir que el que no instale el sistema de cobro electrónico, iba a comenzar a tener problemas, y comienza a no matricular las unidades de los empresarios que no cumplían las exigencias de una empresa privada, Subes. Obligaron a los empresarios, después obligaron a los usuarios a pagar con tarjeta «, es el ejemplo de Roberto Soriano, dirigente de ATP, sobre algunas irregularidades.

Él se refiere a la disposición del VMT, a través de una «resolución razonada», publicada en el Diario Oficial el 16 de octubre de 2012, de instalar un sistema de cobro electrónico en la zona de Santa Tecla, Ciudad Merliot y la zona nor-poniente y sur de San Salvador. Un servicio tecnológico que hasta la fecha solo ofrece la empresa Subes.

Aunque ellos esperan que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admita la demanda interpuesta el pasado 12 de mayo, en donde solicitan se declare ilegal el Sitramss y se detenga el cobro electrónico, ellos siguen denunciando que el VMT ha violado la Constitución de la República.

«Es un tema muy complicado, hay demasiadas irregularidades. Nosotros hemos denunciado lo que se está pretendiendo hacer (con el transporte). (Quieren) hacer una toma del transporte», dijo Ramírez.

El transportista denuncia, entre otras cosas, que el VMT da beneficios al Sitramss, en detrimento del resto del sector. Él menciona que tiene cerca de 400 personas, entre agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), gestores de tráfico del VMT y el Ejército para dar seguridad a 35 unidades que prestan servicio actualmente los buses tipo padrón y articulados.

«Es una de las rutas más pequeñas, tiene 35 unidades (el Sitramss) y (por eso) no despliegan un policía para ir a cuidar otra ruta», denunció.

Ramírez, también, refutó que el Gobierno le ha entregado una carretera de uso público a la empresa Sistema Integrado Prepago (Sipago). Él se refiere a los carriles exclusivos que construyó el gobierno con un préstamo del BID de $45 millones, desde los centros comerciales en Soyapango, hasta la 33a. Avenida Norte, en la alameda Juan Pablo II.

«(Ellos) argumentan que son concesiones dadas. Que yo sepa, ni la Juan Pablo ni el bulevar del Ejército se le ha concesionado a nadie. Los permisos que él (VMT) está utilizando, son permisos para autobuses, que eso es diferente a una concesión, que él diga dónde está la autorización para el uso exclusivo de esa calle. Lo que necesita concesión es la calle», exclamó Ramírez.

El transportista también denunció que los empresarios de Soyapango están siendo coaccionados para que firmen contratos con la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes), y que sea ésta la que instale los aparatos lectores de tarjeta que necesitan para que se les pague la compensación por pasajero transportado de $0.02 centavos para los microbuses y $0.04 para buses.

Denuncian ilegalidades

Con documentos en mano, el representante legal de Rutas Unidas Salvadoreñas, Juan Pablo Álvarez, manifestó que muchas de las ilegalidades que comete el Gobierno están explícitas en algunos documentos. Entre ellos el acuerdo 358, el cual aprueba el pliego tarifario del Sitramss de $0.33 centavos ; y el decreto 84, sobre las reformas al Reglamento General de Transporte Terrestre.

Según Álvarez, el VMT creó la nueva ruta y los recorridos de los buses padrón y articulados del Sitramss el 23 de junio de 2014, cinco meses antes de que las denominadas rutas troncales y pretroncales fueran legalmente establecidas en el Reglamento.

«Las rutas troncales y las pretroncales aparecieron en el limbo jurídico hasta el 1 de diciembre de 2014, en las reformas al reglamento. Jurídicamente no existían este tipo de líneas. Pero estas rutas las creó el 23 de junio de 2014», mencionó.

Los transportistas denunciaron que a los buses del Sitramss le fueron «traspasados» permisos de líneas de otras rutas, como Acopatt y de Acostes S.A. de C.V.

De acuerdo a documentos del VMT proporcionados a través de la OIR, algunas placas de las rutas de buses 29-H, 29-D, 29-E, 29-F y 152-XOLL fueron trasladadas a los 37 buses que tiene actualmente el Sitramss.

«Han sido trasladadas en virtud de la modificación a las condiciones de línea concesionadas autorizadas, al nuevo sistema Integrado de Transporte», dijo el oficial de información. Además, acotó que el dueño de las 37 líneas de transporte corresponden a una sola concesionaria, que es la sociedad Unión de Empresas Sipago-Sitramss.

«Hacemos un llamado a la comunidad internacional, ya la situación de violación a la Constitución y a las leyes es increíble. Que pidan información, que estén observantes de lo que está pasando en el tema de transporte, principalmente porque es de los sectores más estratégicos para un país», dijo Álvarez. Ellos acotan que si es necesario, se apliquen las sanciones al Gobierno por las violaciones cometidas.

De acuerdo con los buseros, desde diciembre de 2012 hasta la fecha el Gobierno les adeuda en concepto de compensación cerca de $19 millones.

No pagarles la ayuda económica es una estrategia para llevarlos a quiebra, denunciaron.

Respecto a la denuncia que interpusieron los buseros ante la Sala, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, dijo ayer, en el marco de la rendición de cuentas de dicha cartera ante la Asamblea Legislativa, que espera que la CSJ resuelva conforme a derecho y no contra el Sitramss. «Quiero expresar mi confianza que se va a fallar conforme a derecho», dijo. Los buseros piden que se declare ilegal el sistema y que se suspenda el cobro de $0.33 centavos.