concesión

La polarización ciega. De Erika Saldaña

El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 15 mayo 2017 / EDH

¿El Sitramss debió concesionarse por la Asamblea Legislativa? Este no es un tema de lucha de clases, sino de si el mecanismo usado para entregar el proyecto es constitucional o no. Con la liberación del carril segregado ha quedado evidenciada la habilidad de funcionarios del Gobierno de tergiversar los temas, orientando las discusiones, casi siempre, hacia un odio y pelea de clases sociales. El punto principal en la discusión sobre Sitramss es si este fue entregado de acuerdo a los parámetros que establece el artículo 120 de la Constitución.

Negar la pobreza, falta de oportunidades y desigualdad en el país, es equivalente a sufrir de una grave incapacidad de ver más allá de la propia nariz. En El Salvador no todos nacemos con las mismas oportunidades de acceder a servicios de educación, salud y seguridad; no todas las personas pueden obtener un empleo digno. El Sitramss es una de las tantas maneras de nivelar el terreno, dando un transporte rápido y directo a miles que viajan desde el oriente al centro de la capital. Es darle facilidades a los que usualmente no las tienen, por lo menos en transporte; pero esto no quiere decir que se debía hacer pasando por encima de las leyes.

En algo estamos claros, es obligación del Estado corregir las desigualdades mediante subsidios focalizados, programas sociales, educación, salud pública de calidad o un transporte público eficiente. Lamentablemente, en El Salvador cuando esos programas son cuestionados por ineficiencia o ilegalidad, quienes los impulsaron creen que se les critica basados en criterios de clase, bajo la premisa que lo queremos es que El Salvador siga siendo desigual y que los pobres sigan siendo pobres. Nada más alejado de eso. Encendemos la mecha de la polarización, todo por defender o desaparecer las acciones que se les cuestionan.

No nos perdamos, el artículo 120 de la Constitución dice que toda concesión para la explotación de obras de uso público debe ser sometida al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Los funcionarios, sospecho, están conscientes de esto. Sin embargo, usan un discurso de ricos versus pobres, “gente de a pie” versus “gente de carro”, o que la Sala de lo Constitucional pretende despojar de los pocos buenos beneficios a las personas con escasos recursos. Es una falacia tal vez políticamente útil, pero falacia al fin y al cabo.

Hay que aclarar varios puntos fundamentales. Desde la admisión de la demanda de inconstitucionalidad se dejó claro que el motivo principal que se discutiría en el juicio no es el sistema de transporte en sí mismo sino la falta de concesión. Es claro que la inversión ha sido grande y no puede desaparecer así por así, ni volver al estado en que se encontraba antes.

El proceso de inconstitucionalidad no tiene nada que ver con el hecho de si los buses usados por el Sitramss actualmente son buenos, ni se pretende la imposición de un resquebrajado transporte público anterior. Si el argumento es que necesitamos un transporte moderno, los legisladores deberían empezar, en primer lugar dejando de prorrogar los permisos para que los buses chatarra sigan funcionando y focalizar el subsidio al pasaje de una mejor manera.

El hecho de que una obra beneficie a muchos no limpia los pecados mediante los cuales fue concebida. Por ejemplo, el hecho de que el bulevar ex Diego de Holguín ahora es una calle que brinda fluidez y conexión entre varias ciudades del área metropolitana, no desaparece el hecho de que existe sospecha de corrupción en los planes y manejo de dineros que llevaron a construirlo.

Mientras veamos los casos de corrupción, acciones del Gobierno, de partidos o de funcionarios a través de un cristal partidario, nunca veremos el interés de la República o el bien común. La partidización de los análisis solo lleva a más polarización. Y la polarización ciega. No deja ver que los corruptos y las malas acciones vienen en todos los colores partidarios.

El MOP reconoce que no concesionó el Sitramss

El ministro Gerson Martínez reconoce “la inexistencia de una concesión” de un bien público. En un escrito enviado a la Sala de lo Constitucional, afirma que en el caso del Sitramss no hubo concesión sino “reorganización de rutas.

Foto edh por Douglas Urquilla

Foto edh por Douglas Urquilla

14 agosto 2015 / EDH

Uno de los puntos más cuestionados sobre el Sitramss, la falta de una concesión tanto de los permisos de línea como de la vía que sirve como carril exclusivo para los buses articulados, ha sido reconocido por el ministro de Obras Públicas Gerson Martínez.

Una concesión que no ocurrió y que, según la Constitución debió ser avalada por la Asamblea Legislativa.

En un escrito enviado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el funcionario reconoce que en el caso del Sitramss no existe una concesión. Esto pese a que se está brindando un servicio público y utilizando un bien público para el funcionamiento del nuevo sistema de transporte: un tramo del bulevar del Ejército y otro de la Juan Pablo II.

Después de que un grupo de transportistas críticos del Sitramss presentara una nueva demanda contra ese sistema ante la Sala de lo Constitucional, el ministro de obras públicas envió un escrito a los magistrados en el que pide que se le tenga como parte en el proceso “en carácter de tercero”  y “se declare sin lugar la medida cautelar” solicitada por los transportistas críticos del Sitramss: el cese del uso exclusivo de la vía por parte de los buses articulados propiedad de la Unión de Empresas Sipago Sitramss.

En la página 13 del documento enviado por el ministro a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se afirma que los transportistas  demandantes se equivocan y confunden los conceptos de concesión, recorrido y ruta. “En este caso se trata realmente de una reorganización de rutas y de recorridos, no de un otorgamiento de concesiones”. Tras  agregar que no es la primera vez que se modifican recorridos y rutas, se afirma: “En términos sencillos: no se han concesionado las calles, no se ha concesionado la infraestructura pública, que sigue siendo del Estado, lo que está ocurriendo es una reorganización del transporte”.

Campaña electoral en el SITRAMSS, Foto Omar Carbonero/EDH

Campaña electoral en el SITRAMSS, Foto Omar Carbonero/EDH

Sin embargo, transportistas como Genaro Ramírez tienen otro punto de vista:“ A través de un reglamento pretende entregar la calle… El amparo no es contra del Sitramss, sino por entregar una calle que es de todos los salvadoreños, (darla) a privados”.

Respecto a la vía que sirve como carril exclusivo para el Sitramss, la polémica surge porque el artículo 120 de la Constitución establece que: “En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas”.

El mismo artículo establece que dichas concesiones deben contar con el aval de la Asamblea Legislativa. Ni lo uno ni lo otro ha ocurrido en el caso de la vía exclusiva del Sitramss.

Carlos Reyes, diputado de la fracción de ARENA, recordó que para construir la primera etapa del Sitramss, el Estado ha usado fondos provenientes de un préstamo otorgado por el BID  más otros gastos que hizo Obras Públicas; en sus palabras, “por lo tanto, es una obra pública”.

Él considera que “no puede ser que en un reglamento se haya venido  implementar la forma como se ha entregado el Sitramss a estas empresas. Ni siquiera está en la ley la forma como se entregó el Sitramss a estas empresas, sino que está en el Reglamento”.
En su opinión, primero debió hacerse una ley de concesión y después pasar por la Asamblea Legislativa, pasar por un proceso de legislación y después implementarse”.

En el escrito presentado por el ministro de Obras Públicas hay una aparente contradicción. Tras afirmar la “inexistencia de una concesión”, párrafos después se afirma lo contrario.

En la página 14 del documento se lee: “Las conceciones que actualmente posee el operador del BRT para prestar el servicio de transporte público fueron otorgadas entre los años 2006 y 2007. La operadora en la ruta Soyapango-San Salvador del Mundo, posee concesiones otorgadas a sus accionistas que decidieron organizarse bajo este nuevo esquema (…)”.

Entre los argumentos con los que el ministro de Obras Públicas intenta convencer a los magistrados de que sería un error establecer la medida cautelar solicitada por los transportistas, está la posible “afectación al contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

El documento enviado por el ministro asegura que en el Anexo Único del contrato de Préstamo No 2572/OC-ES  se estableció  que el Estado salvadoreño tiene la obligación de usar los recursos asignados para: “Financiar el diseño, esctructuración, construcción e implementación de un sistema integrado de transporte público de pasajero, priorizando su desplazamiento en buses articulados de alta capacidad a través de un sistema de carriles exclusivos y segregados (…)”.

Luego se afirma que de suspenderse el uso del carril “exclusivo preferencial o segregado del Sitramss conllevaría a que la República de El Salvador incumpla sus obligaciones para con el BID, lo cual podría acarrear la suspensión de los desembolsos del financiamiento otorgado”.

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