SITRAMSS

Se lo explico, Presidente. De Federico Hernández Aguilar

Si desea que las gremiales empresariales salgan a desconocer un fallo judicial, uniéndose a las voces de sus funcionarios, le recuerdo primero que les está invitando a bordear el delito.

Federico Hernández Aguilar, 17 mayo 2017 / EDH

A usted le resulta difícil entender por qué el sector privado salvadoreño no ha salido a defender a los “empresarios del Sitramss”, quienes son, en su opinión, “los más perjudicados con esa medida irresponsable de la Sala”. Ante semejante desafío, señor Presidente, permítame explicarle algunas cosas.

Cuando usted habla de “irresponsabilidad”, se refiere a una medida cautelar dictada por nuestro máximo tribunal de justicia. Si desea que las gremiales empresariales salgan a desconocer un fallo judicial, uniéndose a las voces de sus funcionarios, le recuerdo primero que les está invitando a bordear el delito. Comprarse un pleito tan estéril para quedar bien con el mandatario de turno, créame, no le será atractivo a ninguna de las gremiales serias, que ya suficientes problemas tienen tratando de ayudar a sus socios a sobrevivir el actual periodo gubernamental.

Pero profundicemos un poquito más, Presidente, para que nos entendamos mejor. ¿Fue el Sitramss un proyecto transparente desde el principio? Si su respuesta es afirmativa, me temo que quien debe dar explicaciones es usted. Le explico.

Antes de cumplir dos años de gestión, la primera administración del FMLN inició la construcción de andenes, áreas terminales y carriles únicos para los buses articulados del Sitramss. Curiosamente, luego de la disputa que se produjo en el seno de la “mesa nacional” que discutió el proyecto, el gobierno tomó la decisión de entregarle la exclusividad del uso de la infraestructura construida —construida, ojo, con dinero público— a una empresa privada denominada Sistema Integrado Prepago (Sipago), conformada por transportistas que también tenían el “encargo” de licitar, “privadamente”, la entrega del negocio de cobranza del pasaje electrónico.

Los señores de Sipago, Presidente, hicieron su trabajo con gran diligencia, al punto que adjudicaron el millonario contrato a Subes El Salvador, filial de una compañía creada hacía apenas dos meses en Uruguay. Esta última firma uruguaya, sin experiencia previa en materia de transporte, consiguió dos cosas importantes en tiempo récord: que su filial salvadoreña “ganara” la licitación sin tampoco tener que demostrar su trayectoria en los asuntos que se licitaban, y una providencial alianza con la empresa argentina Unetel S.A., destinada a proporcionar la tecnología que necesitaba el Sitramss. Unetel, por su parte, entre mayo y julio de 2011, firmó y echó a andar contratos de “consultoría” con los transportistas agrupados en Sipago, de forma que ellos quedaban comprometidos, antes del proceso de licitación, a recibir dinero a cambio de “asistir” al contratista (Unetel) “en la obtención de la adjudicación”.

Las interrogantes que se desprenden de todo lo anterior saltan a la vista, pero voy a tomarme el atrevimiento de formularle algunas por si a usted se le dificultara armar este rompecabezas. Siendo Sipago una empresa privada, ¿podía el Ejecutivo otorgarle en exclusividad una infraestructura edificada con dinero de nuestros impuestos y obviando el trámite respectivo en la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles fueron los criterios para definir el perfil de los transportistas que conformarían Sipago y qué garantías de equidad se ofrecieron al resto? ¿Puede una “licitación privada” conceder derechos exclusivos sobre bienes públicos sin cumplir procesos mínimos de transparencia?

¿Conoce usted, señor Presidente, los requisitos técnicos que cumplió Subes El Salvador para obtener el negocio, siendo filial de otra firma que también acababa de ser creada en Uruguay? ¿Cómo es que el Viceministerio de Transporte no hizo objeciones al proceso, avalando por completo las actuaciones de Sipago? ¿Le parece correcto que los transportistas involucrados recibieran dinero, en concepto de “consultorías”, de una de las empresas internacionales aliadas a Subes Uruguay? Y finalmente: ¿sabía usted que existen claros nexos entre toda esta trama y Albapetróleos?

Invíteme a su despacho, Presidente. Y ordénele a dos de sus secretarios, jurídico y de transparencia, que estén presentes, porque es obvio que ellos le están asesorando muy mal. Solo así me explico que usted exija al sector privado que le secunde en esa estrafalaria “defensa empresarial” de un negocio con tantas señales de corrupción.

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La polarización ciega. De Erika Saldaña

El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 15 mayo 2017 / EDH

¿El Sitramss debió concesionarse por la Asamblea Legislativa? Este no es un tema de lucha de clases, sino de si el mecanismo usado para entregar el proyecto es constitucional o no. Con la liberación del carril segregado ha quedado evidenciada la habilidad de funcionarios del Gobierno de tergiversar los temas, orientando las discusiones, casi siempre, hacia un odio y pelea de clases sociales. El punto principal en la discusión sobre Sitramss es si este fue entregado de acuerdo a los parámetros que establece el artículo 120 de la Constitución.

Negar la pobreza, falta de oportunidades y desigualdad en el país, es equivalente a sufrir de una grave incapacidad de ver más allá de la propia nariz. En El Salvador no todos nacemos con las mismas oportunidades de acceder a servicios de educación, salud y seguridad; no todas las personas pueden obtener un empleo digno. El Sitramss es una de las tantas maneras de nivelar el terreno, dando un transporte rápido y directo a miles que viajan desde el oriente al centro de la capital. Es darle facilidades a los que usualmente no las tienen, por lo menos en transporte; pero esto no quiere decir que se debía hacer pasando por encima de las leyes.

En algo estamos claros, es obligación del Estado corregir las desigualdades mediante subsidios focalizados, programas sociales, educación, salud pública de calidad o un transporte público eficiente. Lamentablemente, en El Salvador cuando esos programas son cuestionados por ineficiencia o ilegalidad, quienes los impulsaron creen que se les critica basados en criterios de clase, bajo la premisa que lo queremos es que El Salvador siga siendo desigual y que los pobres sigan siendo pobres. Nada más alejado de eso. Encendemos la mecha de la polarización, todo por defender o desaparecer las acciones que se les cuestionan.

No nos perdamos, el artículo 120 de la Constitución dice que toda concesión para la explotación de obras de uso público debe ser sometida al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Los funcionarios, sospecho, están conscientes de esto. Sin embargo, usan un discurso de ricos versus pobres, “gente de a pie” versus “gente de carro”, o que la Sala de lo Constitucional pretende despojar de los pocos buenos beneficios a las personas con escasos recursos. Es una falacia tal vez políticamente útil, pero falacia al fin y al cabo.

Hay que aclarar varios puntos fundamentales. Desde la admisión de la demanda de inconstitucionalidad se dejó claro que el motivo principal que se discutiría en el juicio no es el sistema de transporte en sí mismo sino la falta de concesión. Es claro que la inversión ha sido grande y no puede desaparecer así por así, ni volver al estado en que se encontraba antes.

El proceso de inconstitucionalidad no tiene nada que ver con el hecho de si los buses usados por el Sitramss actualmente son buenos, ni se pretende la imposición de un resquebrajado transporte público anterior. Si el argumento es que necesitamos un transporte moderno, los legisladores deberían empezar, en primer lugar dejando de prorrogar los permisos para que los buses chatarra sigan funcionando y focalizar el subsidio al pasaje de una mejor manera.

El hecho de que una obra beneficie a muchos no limpia los pecados mediante los cuales fue concebida. Por ejemplo, el hecho de que el bulevar ex Diego de Holguín ahora es una calle que brinda fluidez y conexión entre varias ciudades del área metropolitana, no desaparece el hecho de que existe sospecha de corrupción en los planes y manejo de dineros que llevaron a construirlo.

Mientras veamos los casos de corrupción, acciones del Gobierno, de partidos o de funcionarios a través de un cristal partidario, nunca veremos el interés de la República o el bien común. La partidización de los análisis solo lleva a más polarización. Y la polarización ciega. No deja ver que los corruptos y las malas acciones vienen en todos los colores partidarios.

En nombre de los pobres. De Rosarlin Hernández

Las reacciones respecto del SITRAMSS solo son una pequeña muestra de todo lo que se dice y se hace en nombre de los pobres.

Rosarlin Hernández, 14 mayo 2017 / LPG-Séptimo Sentido

En El Salvador, usar a los pobres como argumento para hacer funcionar un proyecto se ha convertido en una fórmula casi infalible. Si usted quiere decir, proponer, escribir o hacer lo que sea, y asegurar el éxito económico y mediático de su proyecto, use a los pobres. Diga que está sumamente interesado en mejorar su calidad de vida, que desea que los niños en “situación de riesgo” vivan como sus hijos, que ese proyecto que conoció en Finlandia o Noruega va a dar excelentes resultados cuando usted lo haga aquí, recalque que los admira por la resistencia y la audacia que tienen para sobrevivir, explique que su interés es dignificarlos y que quisiera ser como ellos porque saben cómo ser felices con bien poco.

Ahora bien, si usted quiere lograr mayor conmoción, empatía y “liderazgo”, lo recomendable es que escriba en su muro de Facebook un día sí y otro también cómo le duele el mar de injusticias que produce este país, describa las veces que ha llorado de impotencia, publique cómo pasa las noches de insomnio pensando en los que tienen hambre, en los desempleados, en los obreros con un sueldo ridículo o en todos los pobres que en este país sufren abuso de poder.

En estos días, por ejemplo, los pobres han ocupado el primer plano de interés. La razón: cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobaron una medida cautelar que obliga a la habilitación del carril segregado del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) para que lo usen todos los automovilistas por igual.

La característica común de la avalancha de reacciones ha sido “defender el interés de la población pobre que no tiene vehículo”. El diputado Róger Blandino Nerio calificó la decisión como una medida del “demonio”, el alcalde de Soyapango, Miguel Arévalo, activó su solidaridad con la “gente de a pie” y el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, aclaró que una de las personas que encabezan la demanda es un activista del partido ARENA, candidato y “provocador de motines”. Las declaraciones las hizo mientras miembros de su partido vociferaban insultos frente a la Corte Suprema.

En este mismo tono de preocupación me sorprendió un tuit del periodista Roberto Valencia que decía: “Esta sociedad clasista nunca digirió la idea de que un pobre en bus llegue antes que alguien en carro propio. La sala corrige la anomalía”.

Me sorprendió, sobre todo, porque un sinnúmero de veces me ha tocado cruzar los dedos para que mi carro viejo no se quede varado en medio de las coasters repletas de pasajeros. Una vez más, los errores de origen del SITRAMSS se perdieron entre el razonamiento polarizado de la politiquería y el clasismo. Una vez más, las opiniones más sensatas las dieron los verdaderos usuarios del servicio.

Las reacciones respecto del SITRAMSS solo son una pequeña muestra de todo lo que se dice y se hace en nombre de los pobres. Elija un hecho reciente y piense en los argumentos que utilizaron los voceros para atacar o defender ese hecho. Muy seguramente el argumento más importante que quedará en sus recuerdos es que todo se hizo en nombre de los pobres sin importar el resultado.

No crea que ese tono de preocupación conveniente es exclusivo de los funcionarios del partido de Gobierno, no, ese tono también lo usan otros actores de la sociedad civil para afianzar su imagen de voceros en favor de los desprotegidos.

Digo todo esto porque en mi caso tanta indignación solo me genera incredulidad. Prefiero creer y apoyar aquellas iniciativas en las cuales sus líderes están enfocados en hacer más y alardear menos. Prefiero, de ser posible, conocer el producto y, al final, llena de admiración y maravillada, sentir el deseo de averiguar quién lo hizo. De preguntar qué debo hacer para sumarme a su proyecto. Pero quizá en estos tiempos de redes sociales, eso sea pedir mucho.

P. D.: Felicidades sinceras a las escritoras salvadoreñas Krisma Mancía, Claudia Hernández, Ivonne Veciana, Elena Salmanca, Jorgelina Cerritos y a mi amigo Miguel Huezo por la fiesta de libros que nos han regalado.

Carta a los usuarios del SITRAMSS: El pleito no es con ustedes. De Paolo Luers

Paolo Luers, 13 mayo 2017 / EDH y MAS!

Estimados ciudadanos que todos los días usan el SITRAMSS:
No se dejen engañar: Este pleito sobre la constitucionalidad del SITRAMSS no es con ustedes. Es entre el gobierno y la Constitución.

Quieren convencerles que la Sala se puso en contra del transporte público moderno, seguro, rápido y limpio. Falso. La Sala no prohibió al SITRAMSS ni la circulación de sus buses. Sólo ordenó que los carriles, que por decisión arbitraria del gobierno eran exclusivamente para el SITRAMSS y los vehículos de los funcionarios del Estado, se abrieran para todos los demás ciudadanos, quienes igual que ustedes circulan todos los días entre San Salvador y la zona de Soyapango.

Como ya vieron, el SITRAMSS sigue funcionando, un poco menos rápido, pero fluido – y todos los demás ya no sufren las tremendas trabazones. Nadie salió jodido.

Ni los magistrados (ahora declarados enemigos de la patria por el FMLN), ni nadie que tenga sus cinco sentidos está en contra de la idea de un transporte urbano moderno, rápido y seguro. El problema es que los gobiernos del FMLN lo han ejecutado muy mal: de forma inconstitucional. Lo hicieron sin la Asamblea, que tenía que aprobar la concesión a la empresa operadora; de manera corrupta, por la manera mafiosa como crearon las empresas operadoras; de manera ineficiente, porque no hicieron caso a los expertos para diseñar el sistema y las rutas.

Para resolver un problema, crearon docenas de nuevos problemas. Medio lo resolvieron a los usuarios del SITRAMSS, pero jodieron a todos los demás que circulamos en carros, buses tradicionales, camiones.

Si hubieran cumplido con la Constitución y presentado el proyecto a la Asamblea, esta hubiera exigido que lo modifiquen de manera que salga una solución verdaderamente integral: o sea, que no favorezca a unos y fregando a los demás.

Soluciones técnicas hay. Expertos hay. Modelos de empresas público-privadas limpias hay. Financiamiento para un proyecto real e integral hay. Lo que faltó al gobierno y al ministro Gerson Martínez es voluntad política de hacerlo correctamente. Prefirieron hacer algo improvisado con sus empresas ALBA y sus cheros transportistas, excluyendo a los demás.

Todavía no es tarde. Nadie quiere quitar el SITRAMSS. Se trata de corregir los errores cometidos, antes de ampliarlo hasta Santa Tecla y crear más caos.

No se dejen enganchar con las consignas del FMLN contra la Sala. Ella sólo cumplió con su deber, que es garantizar que nadie se pase por encima de la Constitución. Los que no les han cumplido a ustedes, son los funcionarios corruptos que han creado un monopolio corrupto e ineficiente de transporte público.

Saludos,

Carta al presidente: Pare esta fiebre propagandística de sus secretarios. De Paolo Luers

Paolo Luers, 11 mayo 2017 / MAS! y EDH

Ciudadano presidente:

Este es uno de tantos sitios de propaganda que maneja Casa Presidencial. Se llama ConLaGenteSV. Existe en Twitter y en Facebook y se dedica a promover cualquier idea que nace en Casa Presidencial, incluyendo las que rayan con la legalidad, como esta publicación sobre la Sala y el SITRAMSS. Es una publicación oficial de Casa Presidencial.

Lo único que está en duda es si lo controla su Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, o su Secretario de Participación Ciudadana y Transparencia, Marcos Rodríguez. Le pregunto, señor presidente: ¿Quién es el responsable de ConLaGenteSV? ¿Quién responde jurídicamente (incluso penalmente) por sus contenidos? ¿Uno de sus secretarios, o usted mismo como presidente?

El contenido de esta publicación es falsa. El accidente que citan ocurrió el 24 de abril, mucho antes de la sentencia de la Sala. Además de falso es ofensivo. Es un delito acusar falsamente a alguien de haber atropellado una ciudadana. Además de falso y ofensivo expresa el irrespeto de Casa Presidencial por la Sala y lo que representa: La defenza a la Constitución.

Tienen derecho de estar en desacuerdo con la medida cautelar ordenada por la Sala. Y entiendo porqué están afligidos: Se les viene abajo uno de los proyectos estrella de su gobierno, y en particular del hombre que usted quisera ver como su succesor y heredero, el ministro Gerson Martínez.

Otra falsedad: Por más que inventen para presentar la decisión de la Sala como un boicot al concepto de la modernización del transporte público, no es así. La Sala pone en cuestión la manera ilegal y corrupta e ineficiente en que Gerson Martínez ha implementado el proyecto. Nadie está en contra de la modernización del transporte y de la necesidad de crear un sistema rápido, seguro e integrado. El problema es que ustedes impusieron un sistema corrupto y además ineficiente – y todavía amenazan con ampliarlo hasta Santa Tecla y Lourdes.

La versión facebook de ConLaGenteSV de CAPRES

Para regresar al tema principal de esta carta: Usted no puede seguir permitiendo que sus secretarios hagan campañas de difamación y noticias falsas con fondos públicos y poniendo en juego la credibilidad de la institución de la presidencia de la República. Mucho menos contra otro órgano del Estado.

Atentamente,

 

Cero tolerancia. De Sandra de Barraza

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 24 junio 2016 / LPG

El Viceministerio de Transporte tiene 8 atribuciones claramente definidas en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y debe establecer las políticas de las dos Autoridades Especializadas (la Autoridad Marítima Portuaria y la Autoridad de Aviación Civil) y la empresa pública (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma) que tiene adscritas. Es tarea del viceministerio desarrollar “estudios sobre las necesidades del transporte terrestre, aéreo y marítimo para otorgar y cancelar autorizaciones para el funcionamiento de las empresas de transporte en sus diversas modalidades”. Y tiene la competencia de “otorgar y cancelar autorizaciones para utilizar las redes de transporte”. Y las redes tienen que ver con calles, avenidas, carreteras y más.

la prensa graficaEl transporte público de pasajeros es un caos, las unidades son “supernumerarias”, hacen parada en cualquier parte, cometen infracciones a la vista de cualquiera y son un atentado por donde quiera que pasan. El secretario de Gobernabilidad lideró la mesa de diálogo y compromiso, para justificar el subsidio y los transportistas se convirtieron en nini, ni renunciaron al subsidio ni cumplieron con los acuerdos. Allí están las unidades viejas, sin asientos, sin seguro y con llantas sin grabado alguno y allí está el SITRAMSS, a medias. Y esto, a pesar de los millones que se han cancelado en “consultorías”, consultorías que no sirven de nada si no tienen como base tomadores de decisiones.

A los amigos, a los menos amigos, a los correligionarios y también a los adversarios el Viceministerio de Transporte les ha dejado hacer lo que quieran en las calles y las avenidas de cualquier colonia y área residencial a lo largo y ancho del país. La libertad de movilidad que nos concede la Constitución de la República está limitada. Los accesos de calles y avenidas, principales y secundarias, los han cerrado por la ineficacia de las instituciones responsables de la seguridad pública. Con el pretexto de la inseguridad, kilómetros y kilómetros de calles han sido tomadas por privados. Y con el pretexto de la “necesidad de empleo”, en las carreteras surgen quioscos que se convierten en supermercados, en súper ferreterías o en cualquier otro negocio. Y esto, con el permiso de las “autoridades”, y esto, con la indiferencia de las “autoridades”. Cualquier reclamo que se hace a los gobiernos locales por las implicaciones de cierre de las calles, avenidas y carreteras del municipio tiene como respuesta “es el viceministerio”. Nadie se hace cargo.

El puerto aéreo ubicado en San Luis Talpa ha perdido su adjetivo de “internacional”. Lo “internacional” lo han tirado al cesto de la basura. El viceministerio ha dejado que ese espacio se convierta en una especie de mercado local con ventas en cada espacio disponible, con problemas de acceso, sin segregación de pasajeros y con problemas peatonales. Millones se han pagado a consultores y las consultorías se quedan en el papel porque las autoridades son incapaces de reconocer la dimensión del problema y tienen miedo de tomar decisiones de bien común. Los países vecinos, que no son “hub” ni pretenden serlo, tienen mejor y más ordenada infraestructura.

Los puertos marítimos allí están, adornando la costa pacífica y esperando mejor futuro. El puerto de La Unión es la expresión de la desunión y la poca responsabilidad que existe en el país para hacer pequeños y grandes proyectos. Hay que buscarle mejor futuro a ese millonario préstamo convirtiéndolo en una Base Militar de EUA en el marco del Fomilenio 2. ¿Y el ferrocarril? Le han dado sepultura otorgando los derechos de vía a un reducido número de familias que se apropiaron del derecho de vía. Nos han dejado sin patrimonio público privatizando los derechos de vía y han cerrado la posibilidad de recuperar este sistema de transporte. No se les ocurrió reubicarlos en espacios decentes tratándoles como ciudadanos de “primera”. Se fueron por lo fácil.

Esto y más, es el panorama que el Viceministerio de Transporte ha dejado crecer en el territorio. Me quedo corta en la descripción, es seguro. Hace una semana el viceministro anuncia el Plan “Cero Tolerancia” a infracciones de tránsito, transporte y seguridad vial; a tomas de calles y avenidas residenciales; a tomas de aceras; a irrespeto de horarios y más. Ofrece supervisión permanente en el territorio y ofrece multas. Amenaza con cumplir con sus atribuciones y justificar su salario. Por el bien de todos, ya es hora que lo haga.

La máscara cayéndose. De Manuel Hinds

Manuel-Hinds-VIB-11Manuel Hinds, 24 junio 2016 / EDH

El FMLN ha dicho siempre que es un partido a favor de los pobres. Pero en el gobierno ha demostrado con gran claridad que esa supuesta defensa de los intereses de los pobres es una máscara que se está cayendo.

Los dos gobiernos del FMLN han tenido dos características muy claras. Una es el apetito insaciable por dinero. La otra es el uso perverso del dinero que han conseguido en actividades que no dejan nada para el pueblo sino sólo sirven para crear una red enorme de clientelismo. El FMLN ha llenado el gobierno con personas totalmente incompetentes que están chupando los recursos del estado que deberían estar siendo ocupados para otras cosas que sirvan a la población.

diario hoyEl apetito por el dinero ha proporcionado al gobierno una cantidad de recursos sin precedentes. En sus siete años en el poder hasta Diciembre de 2015, los dos gobiernos del FMLN habían gastado 35,294 millones de dólares. En los siete años anteriores el gobierno había gastado apenas 22,472 millones, o sea que el FMLN ha gastado 12,822 millones más en ese período, o 1,831 millones más por año. Esta es una cantidad extraordinaria, con la que podría haberse hecho muchísimo a favor de la población. Pero, en vez de usarse para esto, el dinero se ha hecho agua en desperdicios.

De 2009 a 2015 el gobierno sólo gastó 331 millones más en inversión de lo que se había gastado en 2008, en todos los siete años. Y estas inversiones han sido desastrosas.

Para muestra basta enumerar el SITRAMSS, que ha hecho colapsar al tráfico de la ciudad entera para que unos cuantos cientos de personas viajen confortablemente en unos pocos buses a un costo extraordinariamente alto. Basta ver las adiciones que el gobierno ha hecho al trébol de las Naciones Unidas, que, como tanta gente dijo que pasaría, ha resultado en los atolladeros peores en la historia del país porque, al igual que el del redondel Masferrer, no resuelve sino empeora el problema de fondo del tráfico en la ciudad. Ahora el gobierno dice que va a escalonar horarios del sector público para resolver el problema, una solución que habrá que ver si funciona pero que debía de haber sido considerada antes de gastar los millones que han gastado en los dos tréboles.

Las noticias de los últimos días muestran, sin embargo, un giro hacia un desorden todavía peor, con ideas todavía peores, como un nuevo túnel debajo de el Salvador del Mundo y una carretera elevada sobre la Manuel Enrique Araujo para que pase sólo el SITRAMSS, y lo que el Presidente de la República anunció esta semana: que el gobierno subsidiará a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los así llamados “ninis”. Y mientras tanto dicen que el gobierno tiene una crisis fiscal y que necesitan 1,200 millones más por sobre los 150 millones que les aprobó la Asamblea hace dos semanas, y los 4,500 millones que quieren confiscar a los ahorrantes del sistema de pensiones.

Mientras anuncian todo esto, y mientras siguen desperdiciando desaforadamente el dinero, la gente se está muriendo porque no hay catéteres para hacerles las diálisis, catéteres que son mucho más baratos que los 300,000 dólares gastados por la CEPA en comidas y licores en unos pocos meses, o los 500,000 dólares gastados por la Asamblea para poner los nombres de los diputados y contar los votos que siempre se han contado a costo cero.

Y mientras todo esto pasa, el Consejo Nacional de Educación presenta un plan para aumentar la calidad y penetración de la educación en el país a un costo de 12,573 millones de dólares en una década—un plan que debería de tener altísima prioridad porque es inversión en capital humano que es lo que lleva al desarrollo. Pero el presidente dijo que sin una reforma fiscal sería imposible costearlo. Por supuesto. Hay necesidad de gastar más en comida y licores, y en rótulos, y en subsidios a los “ninis” y en túneles inútiles, y en tantas otras cosas…Y para mientras, el gobierno les ha bajado el presupuesto a las escuelas, de 25 a 13 dólares por alumno. El objetivo del FMLN es vivir en una francachela con dineros del público, no ayudar a los pobres.