Carta a la Asamblea: Mejor no legislar que mal legislar. De Paolo Luers

21 mayo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Cuando la Sala declaró inconstitucional la amnistía y mandó a consensuar y redactar una Ley de Reconciliación, dejó al país una tarea bien complicada. La nueva ley no podía volver a dejar impunes todos los crímenes, ciertamente no los de lesa humanidad – pero tampoco podía dejar la puerta abierta para que todos los hechos de guerra, insurgencia y contrainsurgencia llegaran a los tribunales, haciendo colapsar no solo el sistema judicial, sino el sistema de postguerra en general.

Viendo lo delicado del asunto, publiqué en julio 2016 una columna titulada “Cállese, señor presidente”. Escogí un titular tan drástico, porque Salvador Sánchez Cerén había anunciado que iba a presentar a la Asamblea esta ley. Entonces, mi consejo fue: “El presidente (y todos los demás ‘implicados’ de todos los bandos), por decencia y prudencia, tenían que apartarse de este debate. Si no, la posible solución sería inmediatamente percibida como un nuevo pacto de los protagonistas de la guerra de evadir su responsabilidad”.

Mi propuesta fue: “La solución a este dilema, para tener validez, esta vez tiene que surgir de la sociedad civil, incluyendo las víctimas, y no de las partes beligerantes.”

Al fin el gobierno, sabiamente, no hizo nada, pero nadie asumió la responsabilidad y la tarea. Así que no pasó nada.

En marzo, ya casi terminándose el plazo que la Sala había dado, escribí en otra columna: “Lo que hubieran tenido que hacer los poderes del Estado (Presidencia, Asamblea, Corte Suprema) es convocar una ‘Comisión de sabios’ (compuesta por rectores de universidades, representantes de iglesias, penalistas, constitucionalistas y otras personalidades de prestigio moral e intelectual) para organizar debates tanto públicos como académicos, y que de ellos surja una propuesta de Ley de Reconciliación que llene el vacío que dejó la derogación de la Amnistía de 1999.”

Tampoco se hizo. Al fin se configuró el peor de los escenarios: en la Asamblea se articularon propuestas, que de antemano provocaron desconfianza porque fueron presentados por protagonistas de ambos bandos de la guerra. Primero Rodolfo Parker, luego Nidia Díaz y Jorge Handal juntos con el general Vargas y el coronel Almendariz. Para mi criterio, sus propuestas, siempre mejorables, son racionales y mesuradas. Pero por razones obvias, en la opinión pública no generaron ninguna confianza.

Claro que no, porque la iniciativa no tenía que surgir de ellos, sino de la sociedad civil. Y cuando digo sociedad civil, no es idéntico, como muchos piensan con las organizaciones que asumen la representación de las víctimas de represión y crímenes de guerra cometidas por fuerzas gubernamentales y paramilitares afines. Estas organizaciones, que también presentaron una propuesta de ley y objetaron las que surgieron de la Asamblea,  deben tener voz, pero no la representación, ni de las víctimas en general, ni de la sociedad. La peor solución del dilema actual sería que todo se arregle en una negociación entre las organizaciones que sumen la representación de una parte de las víctimas y los diputados.

Nunca es tarde. Todavía pueden sentarse en una mesa ‘los sabios’ y llegar a una solución que nos saque de este dilema entre los dos imperativos -justicia y paz- y se enfoque en el imperativo de la verdad. Nunca van a estar contentos todos. En ambos bandos históricos hay quienes aparte de verdad y justicia quieren venganza. Por otra parte, también en todos los bandos históricos, hay quienes abogan por el olvido, porque no quieren que se sepa la verdad. Ambas posiciones son fuertes, pero minoritarias. Minoritarias entre los protagonistas de derecha e izquierda, minoritarios entre los familiares de las víctimas, y aun más minoritario en la sociedad. La mayoría de los salvadoreños hace tiempo ha perdonado a quienes durante la guerra les violaron derechos, pero también están interesados en conocer la verdad. No quieren olvidar, pero si poner punto final al capítulo de la guerra.

Propongo que la Asamblea no emita ninguna Ley de Reconciliación, mientras que desde la sociedad no surja una propuesta desinteresada y racional. Saludos,

LAS COLUMNAS DE PAOLO LUERS SOGRE EL TEMA AMNISTIA:

Carta a “los cuatro magníficos” (septiembre 2013)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-los-sabio…/574958/2019/

Columna transversal: Víctimas y víctimas, en El Salvador y Colombia (octubre 2016)
https://www.elsalvador.com/…/victimas-y-victim…/205813/2016/

Cállese, señor presidente (julio 2016)
https://www.elsalvador.com/…/callese-senor-pre…/194050/2016/

Carta a los sabios: Tomen la reconciliación en sus manos (11 de marzo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-los-sabio…/574958/2019/

Carta a la Asamblea: Mejor no legislar que mal legislar (22 mayo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-la-asambl…/604527/2019/

Carta a Fabio Castillo: Hablar contra corriente (23 mayo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-fabio-cas…/605316/2019/

Carta al diputado independiente y Cía.: Paren este maldito populismo legislativo. De Paolo Luers

2 marzo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimado Leonardo Bonilla:
Fuiste el primer diputado independiente que entró a la Asamblea. Entraste con el beneficio de la duda, pero supiste ganarte rápido un grado de credibilidad que las fracciones partidarias y la Asamblea como institución han perdido.

Tengo entendido que se trata de restablecer la confianza en el Parlamento y no de buscar destruirlo aún más, como parece ser la agenda del presidente electo.

Si se trata de establecer la confianza en el Legislativo (y por tanto en el sistema de la democracia representativa, pluralista y republicana), entonces no entiendo tu iniciativa de una reducción de la Asamblea de 84 a 60 diputados. No entiendo ni el contenido ni mucho menos la forma de tu campaña.

Hablemos del contenido. Reducir la Asamblea a 60 diputados puede ser una opción, pero por sí sola no resolverá ninguno de los problemas que causaron que la gente perdiera la confianza en este órgano del Estado. Para revertir esto, hay que mejorar dos cosas: la calidad de la Asamblea y del trabajo de los diputados, y su grado de representatividad.

Un legislador responsable no se monta encima de la frustración y los resentimientos que la gente (con muchas razones legítimas) tiene con la Asamblea. Un legislador responsable no arma un espectáculo preguntando a la gente en la calle si quiere 84 o 60 diputados. Esto es populismo barato. Lo que hay que desarrollar es un debate serio sobre una reforma radical de la Asamblea, que busque construir una manera más directa, transparente y confiable en que la ciudadanía se hace representar. El número de diputados al final puede cambiar, pero esta es la parte menos relevante del asunto. No es el punto de partida.

Primero habría que obligar al gobierno a realizar un censo demográfico confiable, para saber cuántos somos y cómo estamos distribuidos en el territorio nacional.

Luego hay que ver qué distritos electorales necesitamos y cómo hay que delimitarlos para que los diputados se conviertan en representantes directos de una población concreta, no ‘representantes del pueblo’ de manera abstracta. Tener 5 distritos electorales con 12 diputados cada uno, como ustedes proponen, tendrá un impacto diferente sobre la representatividad de los diputados que otro modelo que podría crear 15 distritos electorales (mucho más pequeños, con una población más cohesionada), que serán representados por 4, 5 o 6 diputados cada uno. No es lo mismo ser diputado de Soyapango que de toda la zona paracentral.

Aparte de la cercanía entre los diputados y sus representados hay que tomar en cuenta el mandato constitucional de la proporcionalidad y de la pluralidad política. ¿Cuál es el diseño de los distritos electorales y cuál es el numero de diputados por distrito que garantizan que todas las corrientes ideológicas pueden ser representadas?

Si tuviéramos 84 distritos con 1 diputado cada uno, existe el peligro de que un partido con mayoría relativa (digamos del 35%) gane una mayoría aplastante en la Asamblea. Por más diputados que correspondan a un distrito, mayor pluralidad, pero menor cercanía entre diputados y población representada. Hay que encontrar el modelo que equilibra ambos criterios.

Estas son las cosas que hay que analizar si realmente queremos revertir la pérdida de confianza de la ciudadanía en su parlamento además de una reforma radical del aparato de asesoría de la Asamblea. Hoy es un esquema corrupto e ineficiente y hay que transformarlo en uno profesional. Este es otro debate que no se puede resolver coleccionando firmas en la calle, sino que requiere de mucho análisis y debate. Y tal vez de propuestas y decisiones no tan populares…

Así que Leonardo (y los diputados que se unieron a tu iniciativa), decidan si quieren ganar popularidad surfeando las olas del descontento o si quieren mejorar la política, empezando con una verdadera reforma electoral y de la Asamblea.

Saludos,

Carta a los eternos críticos de la Asamblea: Invirtamos en su calidad. De Paolo Luers

21 febrero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

La Asamblea Legislativa necesita un edificio funcional, seguro y austero, pero digno. Solo los ignorantes o demagogos puede negarlo.

Espero que la Asamblea resuelva este problema, para poderse dedicar a discutir en serio qué tipo de parlamento necesitamos, cómo representar mejor a todos los sectores y territorios del país, y cómo puede ganarse la confianza y el respeto de la gente…

Hay que pensar en una reforma electoral que consiga que cada ciudadano, sin importar el distrito electoral en el que viva, se sienta repesentado por diputados específicos a los cuales los ciudadanos pueden hacer llegar peticiones, críticas y propuestas. O, para decirlo al revés, que cada diputado se sienta comprometido con un territorio concreto, su población y sus problemas. Estoy hablando de que la ciudad de Santa Ana tenga sus diputados y la zona rural de Santa Ana otros, porque tienen problemas diferentes; que haya unos diputados para Soyapango y otros para Mejicanos…

Solo cuando hayamos diseñado bien estos distritos electorales, y cuando hayamos procurado que la cantidad de diputados por cada distrito no perjudique el pluralismo político-partidario, podremos saber cuántos diputados necesitamos.

Hay quienes lo hacen al revés. Dicen: Muy caros los diputados, y de todas formas no producen nada. Reduzcamos su número a 62, 48 o 42.

Lo importante no es la cantidad de diputados, sino la legitimidad y calidad del parlamento. Por esto, primero hay que crear vínculos directos entre el diputado y su distrito. Segundo, hay que obligar a los partidos a que postulen a mejores candidatos. Para esto, hay que avanzar en la democracia interna de todos los partidos.

Y tercero, hay que sustituir el esquema corrupto de asesores de las fracciones y de los diputados por un aparato institucional, profesional y académico (y no partidario) de investigación, análisis y documentación de la Asamblea. Cada diputado tendría derecho a solo dos plazas: un asesor y un asistente adminsitrativo; igual las fracciones quedarían con un número mínimo de asesores y plazas adminstrativas. Todas las demás plazas van al ‘think tank’ institucional de investigación, que reúne la mejores mentes del país y funciona con independencia de los partidos. Cada diputado, cada fracción y cada comisión tendrá libre acceso a los servicios de este ‘tanque de pensamiento legislativo’.

Y si esto cuesta aún más que el actual sistema corrupto de asesores, así sea, porque será en beneficio de un trabajo legislativo de calidad. Esta inversión seguramente no será popular. Más bien, la ‘vox populi’ pide que tengamos menos diputados, menos asesores y por tanto menos gastos. Se ha vuelto muy popular este discurso antipolítico contra los diputados, pero la democracia y el estado de derecho no pueden funcionar sin un parlamento fuerte. Si no, pregunten a los venezolanos y los nicaragüenses…

La exigencia de que la Asamblea y otras instituciones sean austeras en sus gastos no hay que confundirla con la intención de otros de estrangular financieramente a los órganos de estado que sirven de contrapeso al poder Ejecutivo. Ya lo están haciendo a la Fiscalía, y no faltan quienes lo quieren hacer a la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia. Como repito, esto no significa que no hay que pedirles transparencia, austeridad y rendición de cuentas.

En resumen, si queremos una buena Asamblea, invirtamos en ella: instalaciones dignas y funcionales, reforma electoral y renovación de los partidos, y un tanque de pensamiento legislativo independiente y profesional.

Saludos,

Menos diputados, ¿es mejor? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

18 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Catorce, veintiocho, cuarenta y ocho o sesenta. Muchos salvadoreños ven con buenos ojos la opción de tener menos diputados. Automáticamente piensan que menos diputados conlleva a menor pago de salarios, menos asesores, menos beneficios que costear con los impuestos. En las últimas semanas se ha replanteado la posibilidad de reducir el número de legisladores en la Asamblea Legislativa. El buen recibimiento de este tipo de propuestas solo es una manifestación más del cansancio de la ciudadanía con la forma en que se han manejado los partidos políticos.

Más allá de lo atractiva que nos pueda parecer la reducción de la cantidad de diputados; lejos de si esto implicaría menos gastos en una institución que ha ofrecido escasos resultados; y aparte del descontento existente, hay que analizar la posibilidad, conveniencia y viabilidad de implementar una propuesta como esta.

La reforma para reducir el número de diputados requiere modificar únicamente el Código Electoral y no la Constitución. La cantidad de diputados se encuentra fijada en el artículo 13 de dicha ley, ya que es ahí donde se manifiesta que “la Asamblea Legislativa estará compuesta por ochenta y cuatro diputados y diputadas e igual número de suplentes”. No se necesita una reforma constitucional, como mal se ha manifestado al interior de la Asamblea. La propuesta de reforma de ley solo requeriría obtener el apoyo de cuarenta y tres diputados para echarse a andar.

Hay varias consideraciones que se deben hacer antes de pensar en la implementación de esta reforma, por ejemplo: el momento en que entraría en vigencia, es decir, a partir de cuál de las próximas elecciones de diputados (2021 o 2024); con base en qué (estudio o informe) se determinaría el número idóneo de legisladores; y, además, que el número de personas a fijar no complique el actuar de la Asamblea Legislativa, es decir, que no resulte en fracciones cuando se determine “la mitad más uno de los diputados electos”, “dos tercios de los diputados electos” o “tres cuartos de los diputados electos”.

Y hay otros puntos importantes. Para saber cuál es el número ideal de diputados deberíamos considerar, en primer lugar, el censo poblacional. El último censo oficial publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos es de 2007. La ley establece que se realizará cada diez años; en 2017 se tuvo que levantar un nuevo censo poblacional para saber en realidad cuantos salvadoreños somos, y a la fecha no hemos tenido noticias del mismo. Además, se debe considerar si las circunscripciones se mantendrán por departamento o se pueden hacer más pequeñas; esto fomentaría la cercanía del diputado con la población que lo elige. Si se quiere establecer una verdadera representación, estos son análisis básicos con los que deberíamos contar.

A pesar del descontento que existe de la ciudadanía hacia los diputados de la Asamblea Legislativa, una reforma que reduzca el número de diputados debe realizarse con seriedad. Sobre todo considerando que —en el plano ideal— se trata de distribuir en pocas manos la representación de las ideas e intereses del pueblo en uno de los órganos del Estado. Por más que consideremos que menos es mejor, en la Asamblea Legislativa deben encontrarse representados todos los sectores poblacionales y para ello la Constitución establece las circunscripciones electorales como punto de partida (actualmente divididas en departamentos).

En los próximos años vendrán varias propuestas seductoras para la ciudadanía. Pero no hay que dejarse llevar por el entusiasmo o enojo. Una propuesta, además de atractiva, debe contar con estudios de viabilidad y posibilidades presupuestarias de acuerdo con lo que se quiere lograr a la capacidad de nuestro país. No se trata de bloqueo, es que simplemente no se pueden aprobar proyectos de manera irresponsable.

Carta a la Asamblea: Nuestros filtros no funcionan. De Paolo Luers

11 diciembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados diputados:
El domingo vimos al diputado Jorge Schafik Handal en una entrevista tratando de explicar con qué criterio están escogiendo al próximo Fiscal General. No lo supo explicar. Handal es miembro de la subcomisión que hizo las entrevistas, y también de la Comisión Política, que de la lista de 32 candidatos tiene que escoger al ungido y proponerlo a la plenaria.

Los entrevistadores de FocosTV le hicieron la pregunta de todas las formas imaginables  y el diputado no lo supo explicar. No es que no quiso. No supo. Si le hubieran aplicado tortura de tercer grado, tampoco hubieran obtenido la respuesta. La única conclusión posible es: no hay criterio. Por lo menos ningún criterio más allá del interés que el próximo fiscal no los joda.

Y no es un problema del diputado Handal. Con cualquier otro miembro de la Comisión Política de la Asamblea (tal vez con excepción del diputado independiente Leonardo Bonilla), la entrevista hubiera terminado igual. No hay criterios establecidos para una decisión tan trascendental como nombrar al Fiscal General, del cual dependerá, en gran parte, el futuro de nuestro Estado de Derecho. Sin criterios establecidos, o por lo menos sin criterios confesables, se decidirá de qué forma se va a luchar contra la corrupción; de qué forma el Estado, persiguiendo cualquier tipo de delitos, garantizará o afectará derechos constitucionales y humanos. En esta decisión sobre el futuro fiscal también va implícito si vamos a ver un juicio (pero uno como Dios y la ley mandan) contra Mauricio Funes…  

Esta es la triste verdad: no hay criterios. Tampoco hay una comisión capacitada a establecer y aplicarlos. El diputado Handal no es la excepción. Es la regla. Nuestro país y nuestro parlamento no disponen de un mecanismo adecuado para elegir a los más idóneos como funcionarios guardianes del Estado de Derecho, sean magistrados o fiscales. No disponen de una comisión calificada, ni de los procedimientos rigurosos.

Esto no significa que no pueden elegir a funcionarios correctos. Con suerte y cuando las correlaciones de fuerzas lo permiten, pueden salir electos funcionarios capaces, honorables e independientes. Pero no existe un proceso que lo garantiza. Los diputados que los partidos mandan a las subcomisiones, no son los más calificados para diseñar los perfiles adecuados y para examinar si los candidatos los cumplen. No están ahí por su capacidad, sino por su confiabilidad política-partidaria. Y la Comisión Política, que toma las decisiones, la componen los jefes de fracción, no los expertos en materia jurídica.

Luego de estas dos elecciones (de magistrados y de fiscal), la Asamblea tiene el deber de diseñar otros mecanismos para la selección de funcionarios claves. En las audiencias que el Senado de Estados Unidos celebra para confirmar nombramientos de funcionarios y magistrados, intervienen no solo los senadores, sino expertos de alto nivel, con previas investigaciones incluso del FBI. Las audiencias son rigurosas académicamente y son públicas, transmitidas por televisión. Estas pruebas difícilmente las pasa un candidato mediocre, corrupto o con antecedentes cuestionables. El ex fiscal Luis Martínez pasó todos los filtros y casi fue reelecto. Por una razón obvia: nuestros filtros no funcionan.

No se trata de copiar modelos, pero algo de estas prácticas, y sobre todo de esta rigurosidad, debemos adoptar. Si no, a veces nuestro Estado de Derecho va a funcionar, a veces no. No podemos seguir así. Demasiado depende de buenos magistrados y fiscales.

Saludos,

Carta a los 84 diputados: No dejen la elección de magistrados idóneos en manos de diputados ineptos. De Paolo Luers

El triste resultado de una subcomisión mediocre: No hay criterios para evaluar la idoneidad de los candidatos.

3 julio 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

No tan destacados diputados:
La tarea constitucional de la Asamblea es seleccionar entre los 30 candidatos los 5 magistrados más idóneos. Uno pensaría que la Asamblea delegaría esta tarea tan delicada e importante a sus miembros más idóneos, conocedores, capaces de entender las corrientes de pensamiento jurídico y constitucionalista.

No es así. No en nuestra Asamblea. ¿Cómo piensan escoger a los magistrados más idóneos si ponen al cargo una subcomisión compuesta por los diputados menos idóneos?

Pusieron como coordinador a Beto Romero, teniendo en la Asamblea y en la fracción de Arena a algunos abogados calificados. ¿Cuáles son las calidades de Beto Romero? Abogado no es. Diputado con especial énfasis en la independencia judicial tampoco. Es un operador político, un sacador de pactos. Precisamente el tipo de personas que no debería influir en la selección de magistrados.

La subcomisión contaba con un destacado abogado: Rodolfo Parker. Pero únicamente apareció en la primera sesión de entrevistas. Luego se hizo sustituir por Jorge Mazariegos. No he podido averguar si es abogado, pero si lo es, no lo dejó ver en las entrevistas. El PCN está representado por un ex militar: Antonio Almendariz. El FMLN mandó a Schafik Handal jr. Tres de los candidatos entrevistados me contaron que sus preguntas fueron tan confusas que no había forma de saber qué quería saber. ¿No tiene la fracción del FMLN a nadie con los mínimos conocimientos del Estado de Derecho?

Para representar a GANA fue nombrado Guadalupe Vásquez, pero el que asistió fue Mario Tenorio. No es abogado, y (como todos los anteriores) no es conocido como defensor de la independencia del órgano judicial. Tenorio (al igual que Schafik jr.) enfiló todas sus preguntas a descubrir quienes de los candidatos estaban de acuerdo con la jurisprudencia de la actual Sala de lo Constitucional – para descartarlos…

Parker (hasta donde estuvo) y Almendariz, aunque en un pasado oscuro participaron en varias conspiraciones contra la Sala, esta vez no actuaron con hostilidad contra su jurisprudencia. De esto se encargó, con mucho más inteligencia que Schafik jr. y Tenorio, el diputado del CD, Juan José Martell.

La excepción: el diputado no partidario Leonardo Bonilla, quien hizo preguntas oportunas para descubrir quienes de los candidatos tenían condiciones de defender la independencia de la Sala y conocimientos del derecho constitucional.

El triste resultado de una subcomisión mediocre: No hay criterios para evaluar la idoneidad de los candidatos.

Es difícil imaginar que la Comisión Política tendrá capacidad de definir los criterios de idoneidad y un esquema objetivo de evaluación. Y sin estos, el criterio que va a predominar será, como siempre lo ha sido, político-partidario. Sobre todo porque la Comisión Política, por definición, es la entidad de la negociación interpartidaria.

Solo hay dos elementos que pueden facilitar a la Asamblea a reparar el daño y llegar a escoger a magistrados idóneos. Uno es que cada partido consulte con expertos idóneos fuera de sus fracciones, ante de tomar decisiones. El otro es que dejen a sus diputados votar por conciencia, libre de imposiciones de sus jefaturas.

Si no, tendremos una Sala con uno o dos integrantes que pueden paralizar y sabotear su función de control constitucional sobre el ejecutivo y la Asamblea.

Saludos,

Los magistrados, los derechos ciudadanos y el Mundial. De Manuel Hinds

ARENA debe tener un proceso interno muy serio, mucho más serio que el que está haciendo la Asamblea, para escoger a los que puede apoyar, y negociar sobre esa base, de una manera transparente, sin mezclar esta elección con otros temas en los que se puedan feriar la Sala de lo Constitucional por el bíblico plato de lentejas.

29 junio 2018 / El Diario de Hoy

La Asamblea Nacional está a punto de tomar una de las decisiones más cruciales que puede tomar: la elección de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. La importancia de estos cargos en la vida nacional y en la sobrevivencia de la democracia en el país es crucial.

La rama judicial tiene tres características que las convierten en la rama más especial del gobierno. Diferente de las ramas ejecutiva y legislativa, que por naturaleza son políticas y deben serlo, la rama judicial debe ser apolítica. Sus objetivos son establecer y mantener el imperio de la ley y la justicia, para lo cual deben mantenerse al margen de las presiones y consideraciones políticas, particularmente porque la defensa del ciudadano contra los abusos del poder político ocupa un lugar muy importante en las tareas de los magistrados.

Así, mientras que las ramas ejecutiva y legislativa fueron creadas para poner en funcionamiento la democracia, de tal forma que los deseos del pueblo se conviertan en políticas, la rama judicial establece un marco para el funcionamiento de esa democracia. Este marco existe en un reino diferente, el de los principios. Defiende derechos que no pueden ser violados por nadie, ni por gobiernos electos por unanimidad. Estos derechos son los que le dan la dignidad al ciudadano.

La rama judicial tiene otra característica única: para ser juez o magistrado se requiere excelencia en una profesión específica, el derecho, y en especialidades en las que no todos, ni siquiera la mayoría de los abogados, son expertos. Esto es así porque los jueces y magistrados tienen que emitir sentencias sobre casos en los que se oponen derechos de diversos individuos en diferentes dimensiones. Los magistrados tienen que ser capaces de sopesar todos estos derechos y encontrar la solución que se aproxime más a la justicia. Para esto tienen que tener conocimientos especializados muy profundos, y un entrenamiento más profundo todavía en el pensamiento crítico e integrador. Y, por supuesto, tienen que tener integridad moral, para que sus sentencias respondan a los principios de la ley y la justicia, no a tráficos de influencias, o a mandatos políticos, o a dineros escondidos.

Los constituyentes estaban tan conscientes del conocimiento y la integridad que tienen que tener estos magistrados que los hizo sujetos de elecciones secundarias, en las que se supone que los representantes del pueblo discutirán larga y juiciosamente para decidir a quiénes elegir.

Las instituciones gubernamentales tienen dos componentes: los documentos que las establecen y las personas que las vuelven realidad. De estos componentes, la Constitución está muy bien. Prestó mucha atención a asegurar, tanto como fuera posible en un documento, la elección de personas adecuadas para los altos llamados de las magistraturas. Desgraciadamente, no podemos decir lo mismo de los diputados mismos ni de sus diputados líderes, que, teniendo este y otros temas importantes en juego, han permitido que algunos de ellos tengan el tupé de irse a Rusia a ver los partidos del Mundial, alegando que desde mucho antes (incluso desde la niñez) habían planeado estos viajes con gran ilusión. Eso demuestra que no entienden la importancia de los cargos que detentan ni las responsabilidades que tienen con el pueblo. Ellos sí muestran mucho interés en las elecciones de los puestos internos en la Asamblea, que son más que nada posiciones para llenarse el ego. Se interesan tanto que es difícil que se hubieran ido a Rusia si lo que se estuviera eligiendo fueran esos puestos en la Asamblea. Ese interés, sin embargo, no se traduce en interés por cumplir con las tareas que el pueblo les confió.

ARENA no puede abandonar en ellos la capacidad de negociar quiénes son los candidatos a magistrados que el partido va a apoyar. El hecho de que hayan preferido irse a un partido en Moscú en vez de trabajar seriamente en el proceso de la elección ha mostrado que son capaces de ceder puestos en la Sala por un plato de lentejas en Rusia.

ARENA debe tener un proceso interno muy serio, mucho más serio que el que está haciendo la Asamblea, para escoger a los que puede apoyar, y negociar sobre esa base, de una manera transparente, sin mezclar esta elección con otros temas en los que se puedan feriar la Sala de lo Constitucional por el bíblico plato de lentejas.

Observando y analizando las entrevistas a magistrados. De Claudia Umaña

No se vislumbra un verdadero compromiso de varios diputados responsables del proceso, de identificar a aquellos candidatos que más se acerquen al ideal, podríamos estar frente a un ejercicio dual, uno público que demuestra algunos avances formales pero que esconde la vieja práctica o costumbre detrás de los telones: el reparto partidario.

Claudia Umaña, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, vicepresidenta de FUSADES

26 junio 2018 / El Diario de Hoy

Debo reconocer, empecé muy optimista cuando la Subcomisión legislativa que está conduciendo el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició el proceso de entrevistas a los candidatos Luego de presenciar varias de las sesiones estoy moderando las expectativas pues aún no se sabe si la mejora será sustancial o meramente formal pero sin mayor impacto.

El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) que regula la forma de conducir esta etapa del proceso, contiene una normativa insuficiente y escueta para realizar una evaluación con elementos técnicos suficientes que garanticen que se estudiarán seriamente los expedientes de los candidatos para escoger a los mejores.

El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó un anteproyecto de reformas al RIAL que contenía los elementos básicos para mejorar el proceso, tales como transparencia e idoneidad a través de espacios de participación ciudadana, mejores entrevistas, perfil y baremo, documentación de requisitos y desvinculación partidaria, entre otros. Estos elementos se tomaron parcialmente en cuenta y ahora corren el peligro de ser utilizados con criterios restrictivos, lo cual no refleja el compromiso con la transparencia que originalmente expresaron los diputados.

Lo que parece pasar desapercibido es que mejorar el mecanismo tiene un impacto directo en la legitimidad de la elección. ¿Podrán los diputados encargados del proceso explicar en qué se basaron para evaluar a los candidatos? ¿Se van a tomar decisiones sin mayor reflexión, porque lo que se está llevando a cabo es una negociación paralela en donde lo que está privando son arreglos políticos?

Algunos diputados no se están responsabilizando de sus actuaciones al señalar que con elegir a cualquiera de los treinta ya cumplen con su deber. Esto es equivalente a no reconocer la diferencia entre los que cuentan con requisitos mínimos y cuáles pueden desempeñar el cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional en forma honorable e íntegra, aplicando criterios técnicos y contribuyendo a fortalecer la democracia y el Estado de derecho dentro de nuestra joven república.

Las entrevistas se están desarrollando en un espacioso auditorio dentro de la Villa Dueñas, al que han asistido miembros de la academia, estudiantes, abogados, medios de comunicación y sindicalistas, en un ambiente de respeto y orden. Se puede entender que no se permitan los aplausos o barras, pero tampoco se puede decir que el ambiente ha sido particularmente desordenado, ojalá que los niveles de tolerancia a cierta espontaneidad no se traduzcan en limitaciones al control ciudadano. Es de valorar que se está viviendo la elección de magistrados que más ha llamado la atención de la ciudadanía, por lo que se ha convertido en la más vigilada hasta este momento en este tipo de elecciones. Es una evidencia de una madurez del proceso democrático que no debe tener retroceso.

Recientemente se han vetado preguntas de la sociedad civil, argumentando que son incómodas y que no se debe preguntar por la vida personal ni de otros cargos que han ostentado los candidatos. Las preguntas deben ayudar a esclarecer la condición de una persona como honesta y de conducta irreprochable. Es mejor cuestionar ahora y no sufrir por nueve años una mala decisión que tendrá un efecto incalculable. No es invento de la sociedad civil, estos son estándares internacionales, es decir buenas prácticas para la identificación correcta de los que merecen ostentar la más alta magistratura.

Las necesidades de justicia en El Salvador son enormes, solo basta leer los periódicos para saber que nos hace falta más combate a la corrupción, con los niveles de inseguridad ciudadana tenemos que recibir justicia a las miles de víctimas, ampliar los ámbitos de los derechos humanos, entre otros. Podremos tener confianza en estos magistrados que resultaran electos, asegurándonos que sus vinculaciones no son políticas sino que están atados únicamente a la Constitución. Que si se equivocan o que sus sentencias no son plenamente compartidas, será por un afán de encontrar mayores espacios para ciertos derechos de los ciudadanos, pero nunca para favorecer a grupos de políticos o de interés.

Reconocemos que las reglas de participación de la ciudadanía no han quedado claras y por ahora no se vislumbra un verdadero compromiso de varios diputados responsables del proceso, de identificar a aquellos candidatos que más se acerquen al ideal, podríamos estar frente a un ejercicio dual, uno público que demuestra algunos avances formales pero que esconde la vieja práctica o costumbre detrás de los telones: el reparto partidario; ojalá esto no sea así.

Diputados, elijan bien. De Erika Saldaña

Los partidos políticos deben entender que una Sala de lo Constitucional objetiva e imparcial, que no responda a intereses particulares de nadie, nos conviene a todos. Incluso a los mismos partidos, ya que los miembros de la Sala a elegir estarán en el cargo tres legislaturas y dos periodos presidenciales.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

25 junio 2018 / El Diario de Hoy

En tres semanas deben tomar posesión cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y a los diputados, una vez más, parece importarles poco la calidad de esta votación de funcionarios. En El Salvador estamos frente a una de las elecciones más importantes de los últimos años, pues los actuales miembros de la Sala de lo Constitucional han evidenciado la enorme importancia de su trabajo en el control del poder político y la protección a derechos de los ciudadanos.

A pesar de esta relevancia, hay varias situaciones que dejan entrever que a los diputados no les interesa hacer una buena elección. El jefe de fracción de ARENA decidió irse a Rusia antes que liderar a su bancada en el desarrollo del proceso. Y otros diputados han expresado que nadie se va a morir si no se elige en tiempo a los magistrados; los miembros de la subcomisión política decidieron hacer únicamente dos jornadas de entrevistas a la semana, en lugar de enfocar esfuerzos en hacer las cosas bien y en el menor tiempo posible.

Ya en el desarrollo del proceso al interior de la Comisión Política, los diputados nos han quedado a deber. Desde que empezó la última etapa ante la Asamblea Legislativa, los diputados han mostrado actitudes de poco interés. Recibieron el listado de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y una de las primeras declaraciones fue liberarse de responsabilidad sobre la verificación de requisitos, señalando que eso tuvo que hacerse en etapas previas.

Diputados, ustedes son el último filtro en este proceso. En ustedes cae la responsabilidad de comprobar que la documentación enviada por el CNJ y la Fedaes realmente evidencia que los candidatos cumplen con los requisitos de moralidad y competencia notoria. Es su deber justificar que las personas que resulten electas son las más aptas del listado completo. No se laven las manos.

Y si a los diputados no les interesa hacer una buena elección de magistrados, el liderazgo tiene que salir de algún lado dentro de los partidos políticos. Los candidatos a presidente deben predicar con el ejemplo y exigir a los miembros de sus partidos que sean transparentes, objetivos y elijan bien a los magistrados.

Tanto Carlos Calleja como Hugo Martínez deben tener claro que la ciudadanía espera que asuman un rol de líderes; el discurso de devolver la credibilidad a sus ideas políticas debe traducirse en acciones, y la elección de magistrados puede ser una muestra de ello. Una mala decisión de los diputados echa a perder la institucionalidad del país y puede significar el voto de castigo en la elección más próxima de quienes reconocen la importancia de la Sala de lo Constitucional.

La ciudadanía está cansada del actuar que han mantenido tanto ARENA como el FMLN durante muchos años. Esto ha quedado en evidencia tanto en las encuestas como en las votaciones del pasado cuatro de marzo. Si los candidatos a la presidencia no quieren que quede en entredicho el ánimo de renovación que ahora exponen y poner en duda el compromiso con el país que tanto pregonan, deben hacer conciencia a los miembros de su partido que las decisiones que tomen en la Asamblea sí cuentan.

Buena parte de la ciudadanía ha entendido que en estos años la Sala de lo Constitucional no se trata de derechas, de izquierdas. Se trata de mantener viva la institucionalidad, de que funcione el control entre los distintos órganos del Estado, de limitar el poder cuando se abusa de este y de defender los derechos de la ciudadanía. Y por eso es que necesitamos que las personas que lleguen a ocupar las sillas de magistrados sean independientes de cualquier grupo de poder, que sean preparadas y con el suficiente valor para resolver problemas conforme a la Constitución.

Los partidos políticos deben entender que una Sala de lo Constitucional objetiva e imparcial, que no responda a intereses particulares de nadie, nos conviene a todos. Incluso a los mismos partidos, ya que los miembros de la Sala a elegir estarán en el cargo tres legislaturas y dos periodos presidenciales. Como ya hemos vivido, las correlaciones en los órganos políticos pueden cambiar de un momento a otro; una elección objetiva de magistrados da seguridad que las futuras decisiones no tendrán un tinte político partidario. Diputados, hagan una buena elección de magistrados.

Carta a Marta Evelyn Batres: Espero que nunca nos topemos con terroristas. De Paolo Luers

16 junio 2018 / El Diario de Hoy

Estimada diputada:
Desde que ingresaste a la Asamblea estás haciendo un excelente trabajo en el tema del agua, primero denunciando los abusos de la ANDA de Marco Fortín (el hombre que Funes puso al cargo de ANDA y a quien por razones inexplicables Sánchez Cerén mantuvo hasta que ya no era sostenible); luego en la articulación de la Ley de Agua, que el FMLN siempre exigió y nunca hizo. Mi opinión sobre esta ley y el absurdo debate de privatización se puede leer en mi columna en la presente edición de El Diario de Hoy.

Hasta ahí vas muy bien, diputada. Pero cometés un error muy grave tildando de ‘terroristas’ a los estudiantes que el jueves atacaron a la Asamblea para protestar contra la supuesta privatización del agua. Hablaste de “actos terroristas que se han dado dentro de la Asamblea, donde se trató de entrar a la fuerza.”

Te voy a explicar por qué es grave. Ya por una decisión irresponsable de la Sala de lo Constitucional tenemos en el país, de la noche a la mañana, 60 mil terroristas. Cuando un grupo de la sociedad se declara terrorista, la consecuencia es que el Estado comienza a enfrentarlos como terroristas. Los resultados los tenemos a la vista: la militarización de la seguridad pública y enfrentamientos diseñados para aniquilar. Así se enfrenta a terroristas.

Encima de esto, ¿queremos más terroristas, por ejemplo los miles de estudiantes u otros jóvenes frustrados e indignados que logren engañar, radicalizar y movilizar el FMLN, en su intento de oxigenarse, o Bukele, en su intento de perfilarse como el verdadero redentor ‘del pueblo’? ¿En serio, Tita? ¿Y queremos enfrentarlos como se enfrenta a terroristas, o sea con represión inclemente? Yo digo que no. El país no lo aguantará.

Los que atacaron la Asamblea no son terroristas. Como Norman Quijano dijo correctamente, son vándalos engañados por políticos irresponsables. Ser brutos e incapaces de argumentar sin violencia torpe no los convierte en terroristas. Ojalá que nunca veamos en este país ningún ataque terrorista a la Asamblea Legislativa u otros blancos nacionales. A terroristas no los hubieran podido repeler unos vigilantes con sus spray de gas pimienta. Terroristas generan terror, y para hacerlo llegan con bombas o fusiles automáticos. Estos llegaron con piedras y palos, y lo que generaron fue lástima.

Además, si en nuestro país hay suficientes jóvenes que se dejan arrastrar a luchas callejeras y vandalismo por políticos que declaran cruzadas, algo hemos hecho mal, tanto los líderes políticos como los de opinión. No hemos sido capaces de introducir suficiente racionalidad en el debate – por ejemplo en el tema del agua. Vos estás haciendo un buen trabajo para llenar este vacío, no lo pongás en riesgo contestando a posiciones irracionales con otras pasiones exageradas – por ejemplo hablando de terroristas, cuando lo que tenés en frente son turbas que ya casi estaban en extinción en la UES – y que ahora tratan de recuperar su control político-ideológico sobre el alma mater valiéndose de la cruzada contra la privatización.

Les pido calma a ustedes, los diputados, y a los que en redes hacen arenga contra un terrorismo que no existe. Si los del FMLN y Nuevas ideas quieren enfrentarse a fantasmas, como la supuesta privatización del agua, no les hagan el favor de pelear contra otros fantasmas, como el terrorismo.

Sigan trabajando las leyes y reformas que sean necesarias. Tomen en cuenta las críticas, y aguanten los ataques de los imbéciles.

Saludos,

Posdata: Cuando mandé esta carta, no había visto esta publicación en facebook de Carolina Ramírez, vicepresidenta de campaña de ARENA, basado en
un comunicado de prensa de la Asamblea Legislativa. Al haberla visto, no
hubiera recononocido de ‘correctas’ las declaraciones de
Norman Quijano, y la carta la hubiera mandado a él.

 

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