Asamblea Legislativa

Carta a los 84 diputados: No dejen la elección de magistrados idóneos en manos de diputados ineptos. De Paolo Luers

El triste resultado de una subcomisión mediocre: No hay criterios para evaluar la idoneidad de los candidatos.

3 julio 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

No tan destacados diputados:
La tarea constitucional de la Asamblea es seleccionar entre los 30 candidatos los 5 magistrados más idóneos. Uno pensaría que la Asamblea delegaría esta tarea tan delicada e importante a sus miembros más idóneos, conocedores, capaces de entender las corrientes de pensamiento jurídico y constitucionalista.

No es así. No en nuestra Asamblea. ¿Cómo piensan escoger a los magistrados más idóneos si ponen al cargo una subcomisión compuesta por los diputados menos idóneos?

Pusieron como coordinador a Beto Romero, teniendo en la Asamblea y en la fracción de Arena a algunos abogados calificados. ¿Cuáles son las calidades de Beto Romero? Abogado no es. Diputado con especial énfasis en la independencia judicial tampoco. Es un operador político, un sacador de pactos. Precisamente el tipo de personas que no debería influir en la selección de magistrados.

La subcomisión contaba con un destacado abogado: Rodolfo Parker. Pero únicamente apareció en la primera sesión de entrevistas. Luego se hizo sustituir por Jorge Mazariegos. No he podido averguar si es abogado, pero si lo es, no lo dejó ver en las entrevistas. El PCN está representado por un ex militar: Antonio Almendariz. El FMLN mandó a Schafik Handal jr. Tres de los candidatos entrevistados me contaron que sus preguntas fueron tan confusas que no había forma de saber qué quería saber. ¿No tiene la fracción del FMLN a nadie con los mínimos conocimientos del Estado de Derecho?

Para representar a GANA fue nombrado Guadalupe Vásquez, pero el que asistió fue Mario Tenorio. No es abogado, y (como todos los anteriores) no es conocido como defensor de la independencia del órgano judicial. Tenorio (al igual que Schafik jr.) enfiló todas sus preguntas a descubrir quienes de los candidatos estaban de acuerdo con la jurisprudencia de la actual Sala de lo Constitucional – para descartarlos…

Parker (hasta donde estuvo) y Almendariz, aunque en un pasado oscuro participaron en varias conspiraciones contra la Sala, esta vez no actuaron con hostilidad contra su jurisprudencia. De esto se encargó, con mucho más inteligencia que Schafik jr. y Tenorio, el diputado del CD, Juan José Martell.

La excepción: el diputado no partidario Leonardo Bonilla, quien hizo preguntas oportunas para descubrir quienes de los candidatos tenían condiciones de defender la independencia de la Sala y conocimientos del derecho constitucional.

El triste resultado de una subcomisión mediocre: No hay criterios para evaluar la idoneidad de los candidatos.

Es difícil imaginar que la Comisión Política tendrá capacidad de definir los criterios de idoneidad y un esquema objetivo de evaluación. Y sin estos, el criterio que va a predominar será, como siempre lo ha sido, político-partidario. Sobre todo porque la Comisión Política, por definición, es la entidad de la negociación interpartidaria.

Solo hay dos elementos que pueden facilitar a la Asamblea a reparar el daño y llegar a escoger a magistrados idóneos. Uno es que cada partido consulte con expertos idóneos fuera de sus fracciones, ante de tomar decisiones. El otro es que dejen a sus diputados votar por conciencia, libre de imposiciones de sus jefaturas.

Si no, tendremos una Sala con uno o dos integrantes que pueden paralizar y sabotear su función de control constitucional sobre el ejecutivo y la Asamblea.

Saludos,

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Los magistrados, los derechos ciudadanos y el Mundial. De Manuel Hinds

ARENA debe tener un proceso interno muy serio, mucho más serio que el que está haciendo la Asamblea, para escoger a los que puede apoyar, y negociar sobre esa base, de una manera transparente, sin mezclar esta elección con otros temas en los que se puedan feriar la Sala de lo Constitucional por el bíblico plato de lentejas.

29 junio 2018 / El Diario de Hoy

La Asamblea Nacional está a punto de tomar una de las decisiones más cruciales que puede tomar: la elección de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. La importancia de estos cargos en la vida nacional y en la sobrevivencia de la democracia en el país es crucial.

La rama judicial tiene tres características que las convierten en la rama más especial del gobierno. Diferente de las ramas ejecutiva y legislativa, que por naturaleza son políticas y deben serlo, la rama judicial debe ser apolítica. Sus objetivos son establecer y mantener el imperio de la ley y la justicia, para lo cual deben mantenerse al margen de las presiones y consideraciones políticas, particularmente porque la defensa del ciudadano contra los abusos del poder político ocupa un lugar muy importante en las tareas de los magistrados.

Así, mientras que las ramas ejecutiva y legislativa fueron creadas para poner en funcionamiento la democracia, de tal forma que los deseos del pueblo se conviertan en políticas, la rama judicial establece un marco para el funcionamiento de esa democracia. Este marco existe en un reino diferente, el de los principios. Defiende derechos que no pueden ser violados por nadie, ni por gobiernos electos por unanimidad. Estos derechos son los que le dan la dignidad al ciudadano.

La rama judicial tiene otra característica única: para ser juez o magistrado se requiere excelencia en una profesión específica, el derecho, y en especialidades en las que no todos, ni siquiera la mayoría de los abogados, son expertos. Esto es así porque los jueces y magistrados tienen que emitir sentencias sobre casos en los que se oponen derechos de diversos individuos en diferentes dimensiones. Los magistrados tienen que ser capaces de sopesar todos estos derechos y encontrar la solución que se aproxime más a la justicia. Para esto tienen que tener conocimientos especializados muy profundos, y un entrenamiento más profundo todavía en el pensamiento crítico e integrador. Y, por supuesto, tienen que tener integridad moral, para que sus sentencias respondan a los principios de la ley y la justicia, no a tráficos de influencias, o a mandatos políticos, o a dineros escondidos.

Los constituyentes estaban tan conscientes del conocimiento y la integridad que tienen que tener estos magistrados que los hizo sujetos de elecciones secundarias, en las que se supone que los representantes del pueblo discutirán larga y juiciosamente para decidir a quiénes elegir.

Las instituciones gubernamentales tienen dos componentes: los documentos que las establecen y las personas que las vuelven realidad. De estos componentes, la Constitución está muy bien. Prestó mucha atención a asegurar, tanto como fuera posible en un documento, la elección de personas adecuadas para los altos llamados de las magistraturas. Desgraciadamente, no podemos decir lo mismo de los diputados mismos ni de sus diputados líderes, que, teniendo este y otros temas importantes en juego, han permitido que algunos de ellos tengan el tupé de irse a Rusia a ver los partidos del Mundial, alegando que desde mucho antes (incluso desde la niñez) habían planeado estos viajes con gran ilusión. Eso demuestra que no entienden la importancia de los cargos que detentan ni las responsabilidades que tienen con el pueblo. Ellos sí muestran mucho interés en las elecciones de los puestos internos en la Asamblea, que son más que nada posiciones para llenarse el ego. Se interesan tanto que es difícil que se hubieran ido a Rusia si lo que se estuviera eligiendo fueran esos puestos en la Asamblea. Ese interés, sin embargo, no se traduce en interés por cumplir con las tareas que el pueblo les confió.

ARENA no puede abandonar en ellos la capacidad de negociar quiénes son los candidatos a magistrados que el partido va a apoyar. El hecho de que hayan preferido irse a un partido en Moscú en vez de trabajar seriamente en el proceso de la elección ha mostrado que son capaces de ceder puestos en la Sala por un plato de lentejas en Rusia.

ARENA debe tener un proceso interno muy serio, mucho más serio que el que está haciendo la Asamblea, para escoger a los que puede apoyar, y negociar sobre esa base, de una manera transparente, sin mezclar esta elección con otros temas en los que se puedan feriar la Sala de lo Constitucional por el bíblico plato de lentejas.

Observando y analizando las entrevistas a magistrados. De Claudia Umaña

No se vislumbra un verdadero compromiso de varios diputados responsables del proceso, de identificar a aquellos candidatos que más se acerquen al ideal, podríamos estar frente a un ejercicio dual, uno público que demuestra algunos avances formales pero que esconde la vieja práctica o costumbre detrás de los telones: el reparto partidario.

Claudia Umaña, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, vicepresidenta de FUSADES

26 junio 2018 / El Diario de Hoy

Debo reconocer, empecé muy optimista cuando la Subcomisión legislativa que está conduciendo el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició el proceso de entrevistas a los candidatos Luego de presenciar varias de las sesiones estoy moderando las expectativas pues aún no se sabe si la mejora será sustancial o meramente formal pero sin mayor impacto.

El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) que regula la forma de conducir esta etapa del proceso, contiene una normativa insuficiente y escueta para realizar una evaluación con elementos técnicos suficientes que garanticen que se estudiarán seriamente los expedientes de los candidatos para escoger a los mejores.

El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó un anteproyecto de reformas al RIAL que contenía los elementos básicos para mejorar el proceso, tales como transparencia e idoneidad a través de espacios de participación ciudadana, mejores entrevistas, perfil y baremo, documentación de requisitos y desvinculación partidaria, entre otros. Estos elementos se tomaron parcialmente en cuenta y ahora corren el peligro de ser utilizados con criterios restrictivos, lo cual no refleja el compromiso con la transparencia que originalmente expresaron los diputados.

Lo que parece pasar desapercibido es que mejorar el mecanismo tiene un impacto directo en la legitimidad de la elección. ¿Podrán los diputados encargados del proceso explicar en qué se basaron para evaluar a los candidatos? ¿Se van a tomar decisiones sin mayor reflexión, porque lo que se está llevando a cabo es una negociación paralela en donde lo que está privando son arreglos políticos?

Algunos diputados no se están responsabilizando de sus actuaciones al señalar que con elegir a cualquiera de los treinta ya cumplen con su deber. Esto es equivalente a no reconocer la diferencia entre los que cuentan con requisitos mínimos y cuáles pueden desempeñar el cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional en forma honorable e íntegra, aplicando criterios técnicos y contribuyendo a fortalecer la democracia y el Estado de derecho dentro de nuestra joven república.

Las entrevistas se están desarrollando en un espacioso auditorio dentro de la Villa Dueñas, al que han asistido miembros de la academia, estudiantes, abogados, medios de comunicación y sindicalistas, en un ambiente de respeto y orden. Se puede entender que no se permitan los aplausos o barras, pero tampoco se puede decir que el ambiente ha sido particularmente desordenado, ojalá que los niveles de tolerancia a cierta espontaneidad no se traduzcan en limitaciones al control ciudadano. Es de valorar que se está viviendo la elección de magistrados que más ha llamado la atención de la ciudadanía, por lo que se ha convertido en la más vigilada hasta este momento en este tipo de elecciones. Es una evidencia de una madurez del proceso democrático que no debe tener retroceso.

Recientemente se han vetado preguntas de la sociedad civil, argumentando que son incómodas y que no se debe preguntar por la vida personal ni de otros cargos que han ostentado los candidatos. Las preguntas deben ayudar a esclarecer la condición de una persona como honesta y de conducta irreprochable. Es mejor cuestionar ahora y no sufrir por nueve años una mala decisión que tendrá un efecto incalculable. No es invento de la sociedad civil, estos son estándares internacionales, es decir buenas prácticas para la identificación correcta de los que merecen ostentar la más alta magistratura.

Las necesidades de justicia en El Salvador son enormes, solo basta leer los periódicos para saber que nos hace falta más combate a la corrupción, con los niveles de inseguridad ciudadana tenemos que recibir justicia a las miles de víctimas, ampliar los ámbitos de los derechos humanos, entre otros. Podremos tener confianza en estos magistrados que resultaran electos, asegurándonos que sus vinculaciones no son políticas sino que están atados únicamente a la Constitución. Que si se equivocan o que sus sentencias no son plenamente compartidas, será por un afán de encontrar mayores espacios para ciertos derechos de los ciudadanos, pero nunca para favorecer a grupos de políticos o de interés.

Reconocemos que las reglas de participación de la ciudadanía no han quedado claras y por ahora no se vislumbra un verdadero compromiso de varios diputados responsables del proceso, de identificar a aquellos candidatos que más se acerquen al ideal, podríamos estar frente a un ejercicio dual, uno público que demuestra algunos avances formales pero que esconde la vieja práctica o costumbre detrás de los telones: el reparto partidario; ojalá esto no sea así.

Diputados, elijan bien. De Erika Saldaña

Los partidos políticos deben entender que una Sala de lo Constitucional objetiva e imparcial, que no responda a intereses particulares de nadie, nos conviene a todos. Incluso a los mismos partidos, ya que los miembros de la Sala a elegir estarán en el cargo tres legislaturas y dos periodos presidenciales.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

25 junio 2018 / El Diario de Hoy

En tres semanas deben tomar posesión cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y a los diputados, una vez más, parece importarles poco la calidad de esta votación de funcionarios. En El Salvador estamos frente a una de las elecciones más importantes de los últimos años, pues los actuales miembros de la Sala de lo Constitucional han evidenciado la enorme importancia de su trabajo en el control del poder político y la protección a derechos de los ciudadanos.

A pesar de esta relevancia, hay varias situaciones que dejan entrever que a los diputados no les interesa hacer una buena elección. El jefe de fracción de ARENA decidió irse a Rusia antes que liderar a su bancada en el desarrollo del proceso. Y otros diputados han expresado que nadie se va a morir si no se elige en tiempo a los magistrados; los miembros de la subcomisión política decidieron hacer únicamente dos jornadas de entrevistas a la semana, en lugar de enfocar esfuerzos en hacer las cosas bien y en el menor tiempo posible.

Ya en el desarrollo del proceso al interior de la Comisión Política, los diputados nos han quedado a deber. Desde que empezó la última etapa ante la Asamblea Legislativa, los diputados han mostrado actitudes de poco interés. Recibieron el listado de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y una de las primeras declaraciones fue liberarse de responsabilidad sobre la verificación de requisitos, señalando que eso tuvo que hacerse en etapas previas.

Diputados, ustedes son el último filtro en este proceso. En ustedes cae la responsabilidad de comprobar que la documentación enviada por el CNJ y la Fedaes realmente evidencia que los candidatos cumplen con los requisitos de moralidad y competencia notoria. Es su deber justificar que las personas que resulten electas son las más aptas del listado completo. No se laven las manos.

Y si a los diputados no les interesa hacer una buena elección de magistrados, el liderazgo tiene que salir de algún lado dentro de los partidos políticos. Los candidatos a presidente deben predicar con el ejemplo y exigir a los miembros de sus partidos que sean transparentes, objetivos y elijan bien a los magistrados.

Tanto Carlos Calleja como Hugo Martínez deben tener claro que la ciudadanía espera que asuman un rol de líderes; el discurso de devolver la credibilidad a sus ideas políticas debe traducirse en acciones, y la elección de magistrados puede ser una muestra de ello. Una mala decisión de los diputados echa a perder la institucionalidad del país y puede significar el voto de castigo en la elección más próxima de quienes reconocen la importancia de la Sala de lo Constitucional.

La ciudadanía está cansada del actuar que han mantenido tanto ARENA como el FMLN durante muchos años. Esto ha quedado en evidencia tanto en las encuestas como en las votaciones del pasado cuatro de marzo. Si los candidatos a la presidencia no quieren que quede en entredicho el ánimo de renovación que ahora exponen y poner en duda el compromiso con el país que tanto pregonan, deben hacer conciencia a los miembros de su partido que las decisiones que tomen en la Asamblea sí cuentan.

Buena parte de la ciudadanía ha entendido que en estos años la Sala de lo Constitucional no se trata de derechas, de izquierdas. Se trata de mantener viva la institucionalidad, de que funcione el control entre los distintos órganos del Estado, de limitar el poder cuando se abusa de este y de defender los derechos de la ciudadanía. Y por eso es que necesitamos que las personas que lleguen a ocupar las sillas de magistrados sean independientes de cualquier grupo de poder, que sean preparadas y con el suficiente valor para resolver problemas conforme a la Constitución.

Los partidos políticos deben entender que una Sala de lo Constitucional objetiva e imparcial, que no responda a intereses particulares de nadie, nos conviene a todos. Incluso a los mismos partidos, ya que los miembros de la Sala a elegir estarán en el cargo tres legislaturas y dos periodos presidenciales. Como ya hemos vivido, las correlaciones en los órganos políticos pueden cambiar de un momento a otro; una elección objetiva de magistrados da seguridad que las futuras decisiones no tendrán un tinte político partidario. Diputados, hagan una buena elección de magistrados.

Carta a Marta Evelyn Batres: Espero que nunca nos topemos con terroristas. De Paolo Luers

16 junio 2018 / El Diario de Hoy

Estimada diputada:
Desde que ingresaste a la Asamblea estás haciendo un excelente trabajo en el tema del agua, primero denunciando los abusos de la ANDA de Marco Fortín (el hombre que Funes puso al cargo de ANDA y a quien por razones inexplicables Sánchez Cerén mantuvo hasta que ya no era sostenible); luego en la articulación de la Ley de Agua, que el FMLN siempre exigió y nunca hizo. Mi opinión sobre esta ley y el absurdo debate de privatización se puede leer en mi columna en la presente edición de El Diario de Hoy.

Hasta ahí vas muy bien, diputada. Pero cometés un error muy grave tildando de ‘terroristas’ a los estudiantes que el jueves atacaron a la Asamblea para protestar contra la supuesta privatización del agua. Hablaste de “actos terroristas que se han dado dentro de la Asamblea, donde se trató de entrar a la fuerza.”

Te voy a explicar por qué es grave. Ya por una decisión irresponsable de la Sala de lo Constitucional tenemos en el país, de la noche a la mañana, 60 mil terroristas. Cuando un grupo de la sociedad se declara terrorista, la consecuencia es que el Estado comienza a enfrentarlos como terroristas. Los resultados los tenemos a la vista: la militarización de la seguridad pública y enfrentamientos diseñados para aniquilar. Así se enfrenta a terroristas.

Encima de esto, ¿queremos más terroristas, por ejemplo los miles de estudiantes u otros jóvenes frustrados e indignados que logren engañar, radicalizar y movilizar el FMLN, en su intento de oxigenarse, o Bukele, en su intento de perfilarse como el verdadero redentor ‘del pueblo’? ¿En serio, Tita? ¿Y queremos enfrentarlos como se enfrenta a terroristas, o sea con represión inclemente? Yo digo que no. El país no lo aguantará.

Los que atacaron la Asamblea no son terroristas. Como Norman Quijano dijo correctamente, son vándalos engañados por políticos irresponsables. Ser brutos e incapaces de argumentar sin violencia torpe no los convierte en terroristas. Ojalá que nunca veamos en este país ningún ataque terrorista a la Asamblea Legislativa u otros blancos nacionales. A terroristas no los hubieran podido repeler unos vigilantes con sus spray de gas pimienta. Terroristas generan terror, y para hacerlo llegan con bombas o fusiles automáticos. Estos llegaron con piedras y palos, y lo que generaron fue lástima.

Además, si en nuestro país hay suficientes jóvenes que se dejan arrastrar a luchas callejeras y vandalismo por políticos que declaran cruzadas, algo hemos hecho mal, tanto los líderes políticos como los de opinión. No hemos sido capaces de introducir suficiente racionalidad en el debate – por ejemplo en el tema del agua. Vos estás haciendo un buen trabajo para llenar este vacío, no lo pongás en riesgo contestando a posiciones irracionales con otras pasiones exageradas – por ejemplo hablando de terroristas, cuando lo que tenés en frente son turbas que ya casi estaban en extinción en la UES – y que ahora tratan de recuperar su control político-ideológico sobre el alma mater valiéndose de la cruzada contra la privatización.

Les pido calma a ustedes, los diputados, y a los que en redes hacen arenga contra un terrorismo que no existe. Si los del FMLN y Nuevas ideas quieren enfrentarse a fantasmas, como la supuesta privatización del agua, no les hagan el favor de pelear contra otros fantasmas, como el terrorismo.

Sigan trabajando las leyes y reformas que sean necesarias. Tomen en cuenta las críticas, y aguanten los ataques de los imbéciles.

Saludos,

Posdata: Cuando mandé esta carta, no había visto esta publicación en facebook de Carolina Ramírez, vicepresidenta de campaña de ARENA, basado en
un comunicado de prensa de la Asamblea Legislativa. Al haberla visto, no
hubiera recononocido de ‘correctas’ las declaraciones de
Norman Quijano, y la carta la hubiera mandado a él.

 

Lea también:
Excorcismo contra fantasmas

 

45 minutos no son suficientes para un magistrado. De Erika Saldaña

Diputados, la pelota está en su cancha. Quizá nunca en la historia de El Salvador un proceso de elección de funcionarios había sido tan supervisado a nivel nacional e internacional por la sociedad civil. Cualquier paso mal dado tendrá repercusiones y un costo político que pagar por sus partidos en las elecciones presidenciales del 2019. Estamos vigilantes.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

11 junio 2018 / El Diario de Hoy

Los candidatos a magistrados inician sus entrevistas mañana. La Corte Suprema tendrá nuevos jueces en Sala de lo Constitucional y Civil, y todos esperamos que sean los más competentes, honestos e independientes. Esto no es tarea fácil. Las experiencias anteriores con otros procesos de selección han dejado un mal sabor de boca; entrevistas con preguntas de cajón, sin que los diputados entrevistadores parezcan muy interesados en la calidad de las respuestas y sin que luego expliquen por qué un candidato es mejor que otro y este merezca ser seleccionado.

Diputados, ¿qué tipo de preguntas les harán? ¿Se limitarán solo a verificar que no tienen cuentas pendientes con la justicia, o saber si simpatizan o no con un partido, o si tienen experiencia laboral? ¿Qué hay de la filosofía jurídica? ¿Les preguntarán si creen que los derechos amplían su contenido o actualizan? ¿Creen en la interpretación de la letra de la constitución o creen que se entiende única y exclusivamente por el significado literal de sus palabras? ¿Respetarán lo que ya se decidió como inconstitucional o piensan cambiar lo decidido? Todo esto es importante y ahí radica la filosofía jurídica de un abogado.

Hay temas que un candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional debería saber. Cuestiones importantes como su postura acerca de la forma en que la Sala ha desarrollado jurisprudencia en derechos laborales, salud, medio ambiente, impuestos, derechos económicos y sociales, derechos políticos, acceso a la información pública, verdad, libertad de expresión, etc.; si sería conservador ante lo desarrollado por la Sala o tiene una postura más progresista al defender estos derechos.

Preguntas sobre si cambiaría las líneas jurisprudenciales en temas electorales que han delineado el actual sistema electoral salvadoreño; sobre elección de funcionarios, la cual ha obligado a cumplir procedimientos más detallados y transparentes ante la Asamblea; sobre la jurisprudencia referente al control del poder político, que quizá sea lo que más le interese a los diputados. ¿Qué tanto conocen la jurisprudencia en aspectos procesales? Ésta prácticamente ha suplido los vacíos de una Ley de Procedimientos Constitucionales de 1960.

Cuarenta y cinco minutos son insuficientes para conocer a los candidatos a magistrados. Por ejemplo, el comité judicial del Senado de los Estados Unidos que evaluó la candidatura de Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch para la Corte Suprema de los Estados Unidos tardó cuatro días en concluir las audiencias en las que fueron interrogados en 2009 y 2017. Y sus preguntas indagan prácticamente desde la época universitaria hasta cada una de las decisiones que han tomado en su vida profesional y su opinión sobre casos concretos que ha resuelto la Corte. Y ojo, los candidatos no pueden alegar que están adelantando criterio cuando lo único que se pretende es conocer su pensamiento jurídico en abstracto.

Lo diputados también deben explicar a la población cómo evaluarán las respuestas de los candidatos. Lo preocupante de este proceso es que únicamente dos diputados que forman la subcomisión política son abogados. Si no tienen un conocimiento especializado en materia jurídica, y sobre todo en temas constitucionales, ¿cómo pretenden decidir cuál respuesta fue mejor o la más acertada?

Los diputados deben hacer pública la forma en la que pretenden ponderar la revisión curricular, la entrevista, la documentación que acredite moralidad notoria (no tener antecedentes penales, policiales, judiciales, en el Ministerio Público, Tribunal de Ética, estar solvente con la Corte de Cuentas y Hacienda, etc.) y cualquier otra forma de evaluación. Esto no puede quedarse en escuetas apreciaciones o valoraciones subjetivas de los diputados que den lugar a simples repartos partidarios. Tienen que elegir como magistrados a los mejores de los treinta candidatos y demostrar por qué lo son.

La entrevista a los candidatos no debe ser un simple trámite formal antes de la votación. No es posible que con la trascendencia de la elección de cuatro magistrados para la Sala de lo Constitucional y uno para otra de las Salas, los diputados se limiten a preguntar cualquier cosa y se conformen con escuchar cualquier respuesta.

Diputados, la pelota está en su cancha. Quizá nunca en la historia de El Salvador un proceso de elección de funcionarios había sido tan supervisado a nivel nacional e internacional por la sociedad civil. Cualquier paso mal dado tendrá repercusiones y un costo político que pagar por sus partidos en las elecciones presidenciales del 2019. Estamos vigilantes.

Palabras y significados. De Cristina López

14 mayo 2018 / El Diario de Hoy

Quizás como a los activos materiales, a las palabras también las va devaluado el tiempo, mutando su significado de maneras que distintas generaciones dicen cosas distintas a pesar de usar las mismas palabras. Quizás son los tiempos ajolotados que vivimos, en los que nadie tiene tiempo para nada y evitar compromisos es una manera de supervivencia. De cualquier manera, el caso es que la distancia entre lo que la gente piensa realmente (y en consecuencia hace) y lo que la gente dice en público cada día se va volviendo más grande, y las implicaciones democráticas y políticas del asunto no son menores.

Menciono lo del compromiso porque la palabra compromete. Para bien o para mal, se es esclavo de lo que se dice y el prospecto de dar cuentas de la palabra irresponsable lo vuelve a uno cauteloso, que no es malo. No me refiero, cuando hablo de la distancia entre lo dicho y lo pensado o hecho, al imaginario yugo que según muchos implica la famosa “corrección política”, que no es más que el consenso sobre lo que tratar a todas las personas con respeto significa en estos tiempos. Que este consenso resulte en el resentimiento de muchos por no poder soltar expletivos prejuiciados en contra de aquellos a quienes miran con sospecha, no convierte a la corrección política en censura.

No, el crecimiento preocupante de la distancia entre lo que se dice y lo que se piensa o hace verdaderamente es lo que vemos casi ya a modo de tradición nacional cada vez que toma posesión una nueva Asamblea legislativa. Quienes han mantenido por años una curul en el Salón Azul prometen para ganar la reelección que se enfrentarán a la corrupción interna que por tanto tiempo amenaza con podrir del todo al Órgano Legislativo. No aclaran qué es lo que los ha detenido de combatir la corrupción en el tiempo que ya han estado ahí, pero nos creemos las palabras, sobre todo las que implican cambio o las que suenan a austeridad, hartos y cansados como estamos de financiarle la seguridad, los bonos, los asesores, los teléfonos, las oenegés y los carros a la casi docena de “directivos” en un organismo que parece sin dirección.

Y, sin embargo, el comienzo de un nuevo período legislativo parece, a pesar de las promesas de cambio que le dieron la reelección a algunos o el puesto de diputados a otros, un copy-paste del período anterior. Si bien es positivo que el nuevo presidente, Norman Quijano, esté prometiendo cortar costos superfluos como banquetes innecesarios, las promesas de cambio que ofrecieron sus correligionarios tricolor no se están traduciendo en acción. No dice mucho del compromiso por batallar contra la corrupción el haber electo como jefe de fracción a una persona con una investigación de probidad en su contra, y dice menos del slogan arenero de “primero El Salvador, segundo El Salvador, tercero El Salvador” el que decidan que mejor es poner “primero la Asamblea y sus diputados” con el anuncio de la construcción de un nuevo edificio. Mientras tanto, hospitales públicos como el Rosales se caen sobre sus sufridos pacientes, y el sacrificado personal médico que los atiende hace milagros estirando los escasos recursos que les proporcionan nuestras autoridades.

¿Será que el problema somos nosotros, los ingenuos electores asignando demasiado significado a palabras que querían decir menos? ¿O es que por sobreuso, las promesas políticas han sido devaluadas por completo? De cualquier manera, con las elecciones presidenciales a la vista, el reto para el electorado no es menor: de nosotros depende hacer a esos candidatos esclavos de sus palabras.

@crislopezg