Luis Mario Rodríguez

El “default” electoral… De Luis Mario Rodríguez

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular.

Luis Mario Rodríguez, 27 abril 2017 / EDH

Ecuador nos mostró un nuevo antecedente en el que las urnas presentaron una diferencia muy estrecha entre el primero y el segundo lugares. Lo mismo sucedió en México en 2006, en El Salvador en 2014 y en Perú en 2016, para citar solo algunos casos en la última década. Cuando un candidato gana la elección con menos de un punto porcentual de distancia de su más cercano competidor se encienden las alarmas en el partido perdedor, en la sociedad civil y en los observadores electorales nacionales e internacionales. Los factores que contribuyen a resolver un panorama de este tipo se concentran en la credibilidad de la autoridad electoral, en los mecanismos legales que permitan la impugnación de los resultados y en la atención que se brinde a los aspectos que se identificaron como deficitarios en anteriores comicios.

Un árbitro electoral cuestionado por su falta de imparcialidad, ya sea porque algunos de los magistrados que lo integran mantienen públicamente afinidades partidarias o por la negligencia de la entidad en la organización de la competencia electoral, complica la solución de eventuales crisis políticas. México logró superar la dificultad que le generó el alejamiento de los presidenciables del PAN y del PRD, Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador, respectivamente, con apenas 250,000 sufragios que corresponden a 0.56 % de los 41 millones que votaron, porque cuenta con un sistema desconcentrado en el que una institución organiza las elecciones y otra califica la validez de los datos finales.

En los casos de Perú y Ecuador fueron la solidez de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente, las que evitaron una rebelión de los militantes y simpatizantes de una y otra fuerza política. De 1995 a 2016 la ONPE organizó 78 procesos electorales. Al igual que México, en Perú existe un organismo autónomo que administra justicia electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por otra parte, la intervención de la Misión de Observación Electoral de la OEA garantizó, en el caso ecuatoriano, la legalidad del proceso. Tratándose de una “pelea” del oficialismo, liderado por Lenin Moreno, con el empresario Guillermo Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades, la OEA desempeñó un papel de primer orden debido a los prejuicios originados por la afinidad de Rafael Correa con la corriente del Socialismo del Siglo XXI y la ansiedad de la oposición por terminar con un régimen que ha violentado, durante años, la libertad de expresión en Ecuador.

La elección de 2014 en El Salvador se definió por escasamente 0.20 %, equivalente a 6,364 votos a favor del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, y en contra del entonces aspirante presidencial por el principal partido de oposición, Norman Quijano. Este último impugnó el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante esa instancia y en la Sala de lo Constitucional (SCN) de la Corte Suprema de Justicia y solicitó la repetición del escrutinio a nivel nacional. Ninguna de las dos instituciones le dio la razón. En las elecciones legislativas de 2015, la SCN ordenó el recuento de votos en la circunscripción electoral de San Salvador debido a las inconsistencias detectadas en muchas de las actas. Al final el cómputo arrojó más de 20,000 votos que no habían sido contabilizados.

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular. Extrañamente los partidos políticos y, al interior de éstos, los diputados que han mostrado un destacado desempeño en su labor como legisladores además de otros con una amplia experiencia en materia electoral, no han exigido públicamente y de manera reiterada el financiamiento necesario para la disputa electoral, la contratación de tecnología y las reformas electorales que permitan corregir errores en el cálculo de votos y marcas.

También deben impedirse las campañas adelantadas, el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial y el financiamiento ilícito, agilizarse la integración y capacitación de los miembros de las JRV, y vigilar el resultado de las elecciones internas de los partidos.

Del impago al default… De Luis Mario Rodríguez

No nos encontramos frente a las consecuencias de la polarización sino ante el incumplimiento, por razones ideológicas, de agenda política o de conveniencia electoral, de los pactos que se firmaron en los años señalados.

Luis Mario Rodríguez, 20 abril 2017 / EDH

Manuel Alcántara, uno de los politólogos más destacados de España, afirma que la polarización no es un obstáculo para la democracia siempre y cuando no genere parálisis legislativa. En otras palabras, se puede debatir sobre un determinado aspecto, inclusive apasionadamente, pero al final se toman decisiones independientemente del interés de los actores.

Las calificadoras de riesgo se han apresurado a señalar que el impago en el que se encuentra el país se debe a la ausencia de acuerdos entre los dos partidos mayoritarios. Siguiendo la tesis de Alcántara habríamos entrado en una etapa en la que las diferencias entre las fuerzas políticas están generando estancamientos muy graves en la concreción de acciones. Este letargo político puede llevarnos aceleradamente a una condición en la que la credibilidad ante los organismos financieros internacionales se desmorone y, entre otras consecuencias, dificulte el otorgamiento de préstamos en el futuro inmediato, aumente las tasas de interés, genere desempleo y reduzca la ya menguada calidad de los servicios públicos en salud y educación.

Sin embargo, el salto del impago al default, en otras palabras, la mutación de un estado en el que aún se puede restaurar la confianza de quienes consideran sujeto de crédito a El Salvador a otro en donde ya no se tiene capacidad de pago y se desaparecen las alternativas para obtener financiamiento, no se debe a la falta de acuerdos entre ARENA y el FMLN. Tanto en 2012 como en 2016 ambos partidos suscribieron con los gobiernos de turno sendos compromisos para evitar la realidad que estamos sobrellevando. Por tanto no nos encontramos frente a las consecuencias de la polarización sino ante el incumplimiento, por razones ideológicas, de agenda política o de conveniencia electoral, de los pactos que se firmaron en los años señalados.

En 2012 el Ejecutivo adquirió la obligación de elaborar “iniciativas de responsabilidad fiscal” entre las que sobresalía la de “tener un déficit de 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2013”. Para hacer efectiva esa reducción del déficit, la administración de ese entonces se comprometió tanto a introducir “las medidas de ingresos y gastos que formaran parte del programa de ajuste y sostenibilidad fiscal” como a lograr que el presupuesto fuera “consistente, integral, consolidado y completo”. Otra de las obligaciones fue la de aprobar una “política de ahorro y austeridad para 2013”.

En 2016 se firmó un documento adicional donde el FMLN y ARENA, junto al presidente de la República y al Secretario Técnico y de Planificación, convinieron en “consolidar las finanzas públicas en 2017 a través de medidas de ingresos y gastos durante los siguientes tres años que dieran como resultado al menos 3.0 % del PIB”. Se recalcó, de nuevo, la necesidad de presentar un presupuesto íntegro y la urgencia de cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional para mejorar el rendimiento de los fondos de pensiones. También se garantizó la aprobación del presupuesto extraordinario para las elecciones de 2018 y la formalización de la solicitud, ante el Fondo Monetario Internacional, de un acuerdo que asegurara la sostenibilidad fiscal, además de otros aspectos.

Los consensos políticos alrededor del problema fiscal han sido amplios y serios. De haberse ejecutado en forma cabal e íntegra, la situación sería distinta a la que estamos padeciendo. La primera falta grave a lo estipulado en ambos casos fue la de no someter a la Asamblea un presupuesto que se adecuara a lo establecido a la Constitución. La reciente admisión de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de 2017 demuestra la presunta infracción.

Lo cierto es que, por primera ocasión, El Salvador es objeto de calificaciones de riesgo vergonzosas que ponen en entredicho la buena reputación de país ante las instancias financieras del extranjero, hacen resurgir siniestras soluciones como la “desdolarización” y la “expropiación de los fondos de pensiones” y permiten que, en medio de la “buruca” todos y nadie sea el responsable de este desorden.

No es la polarización la que afecta la adopción de alianzas, el pecado se refleja en el empeño de imponer lo ideológico, lo partidario y lo electoral por sobre el bien común y eso puede llevarnos al fondo del precipicio.

La infancia perdida… De Luis Mario Rodríguez

Buena parte de los miembros de pandillas son adolescentes que enfrentan la soledad debido a la desintegración de su familia. Buscan compañía, seguridad y pertenencia.

Luis Mario Rodríguez, 13 abril 2017 / EDH

Según una nota publicada por este rotativo, “la muerte acecha a los niños salvadoreños desde los 13 años”. El desglose de los datos es aún más alarmante. El Instituto de Medicina Legal (IML) señaló a El Diario de Hoy que “188 niños fueron asesinados entre 2009 y 2016. Entre las víctimas hubo desde bebés menores de un año hasta niños de 12 años. Son 133 las víctimas de 13 años. Las víctimas de 14 años fueron 346. Además, hubo 728 adolescentes de 15 años asesinados y 1,036 de 16 años”. La Policía Nacional Civil advierte que se trata de pandilleros. “Los matan la pandilla rival, la misma pandilla, los ciudadanos cansados o la policía en enfrentamientos”.

Las pandillas son agrupaciones de individuos que gravitan en una espiral de sentimientos, frustraciones, comportamientos y peligros innumerables y contradictorios. El odio, el rencor y la venganza se mezclan con la incertidumbre, el miedo y la desesperanza.

Buena parte de sus miembros son adolescentes que enfrentan la soledad debido a la desintegración de su familia. Buscan compañía, seguridad y pertenencia. Se aferran a la vida en barrios donde sobrevivir es su trabajo diario y el “salvoconducto” más eficaz lo administran pandilleros líderes cuando ofrecen “protección” a cambio de “lealtad”. El amparo que los muchachos encuentran en las “clicas” no es el de una parentela normal.

Un porcentaje alto apenas alcanza la mayoría de edad. Ahora los hay entre 8 y 9 años. Son grupos de personas con diversos pensamientos y motivaciones. Algunos se involucran para evitar que los acosen o lastimen a sus seres queridos; otros han ennegrecido sus corazones, oscurecido su presente e hipotecado su futuro voluntariamente. Una tercera fracción, por temor a ser “ajusticiados”, permanece en esa negrura aguantando hora tras hora la deshumanización que destilan los cabecillas cuando deciden quién vive y quién muere.

Existe una amalgama que combina asesinos, extorsionistas, violadores, acosadores, ladrones y matones con cipotes que sufren, atemorizados, raptados por una situación en la que no pidieron involucrarse pero que forzosamente padecen. Un buen número de jóvenes quiere dejar ese infierno en el que se encuentra y recuperar su autoestima de niños y niñas, de adolescentes, de hombres y mujeres a los que el sistema y la sociedad parecen haber abandonado.

Después de convivir con ellos por años, la gente ya no distingue entre quienes están allí obligados por las circunstancias, de otros que intencionalmente han desarrollado un gusto por la muerte y el dolor ajenos. La población no diferencia a los que actúan con saña de aquellos que lo hacen porque los jefes pandilleriles y sus secuaces les intimidan y vigilan.

Ciertamente el pueblo ya no soporta las extorsiones en sus pequeños negocios y los asesinatos de familiares y amigos. Se ha derramado demasiada sangre y el dolor, la angustia y el malestar de los residentes en caseríos, cantones, colonias, pueblos y ciudades es inaguantable. Sin embargo, algunos mareros padecen la misma aflicción y abatimiento porque no encuentran una vía de escape. Sobrellevan un silencioso sufrimiento, tanto los reclutados sin su consentimiento, como los que, habiéndose incorporado voluntariamente, desean con todas sus fuerzas renunciar a esas tinieblas y encontrar la luz.

Por esa razón cualquier idea que abra una rendija para rescatar a estos sujetos, por pequeña e insignificante que sea, debe ser aprovechada. Se trata de recuperar un espacio de bienestar y dignidad del que estos muchachos han sido despojados.

Puede tratarse de programas de reinserción, de proyectos que les brinden protección y los acepten como refugiados, de iniciativas que les ofrezcan la oportunidad de aprender un oficio, de obtener un empleo y recibir una remuneración producto de una actividad decente y ya no de un acto delictivo. También lo sobrenatural, una conversión, Dios, puede representar una salida, quizás la opción más sólida para “llegar a puerto seguro”.

En el triduo pascual viene bien reflexionar sobre la pena que continúan soportando miles de muchachos en todo el país. Seguir justificando el salvajismo con el que se les trata sin discernir entre quienes piden auxilio y los que delinquen por naturaleza nos convierte en una sociedad indiferente y derrotada.

El caos electoral… De Luis Mario Rodríguez

Sin recursos el Tribunal no podrá adquirir tecnología, retrasará la capacitación de los responsables de contar los votos, tendrá que descartar los procesos de licitación para la adquisición de bienes y servicios y seguramente realizará pobres campañas cívicas para explicar las formas de votar. Se avecina otro caos electoral.

Luis Mario Rodríguez, 6 abril 2017 / EDH

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos contarán los sufragios “a mano”. Eso significa que los integrantes de las mesas no tendrán ningún tipo de tecnología que les facilite su trabajo. Las consecuencias serán las mismas de 2015: errores en los cálculos de los votos fraccionados y de las marcas, inconsistencias en las actas, desconocimiento ciudadano de los resultados preliminares, intervención de la Sala de lo Constitucional ordenando el recuento allá donde existan evidentes errores en la consignación de los números, suspensión de la toma de posesión de los diputados, entre otras.

Ciertamente el costo de los comicios ha venido aumentando desde 1994 cuando se celebró la primera votación después de suscrito el acuerdo de paz. En aquel momento el desembolso del Estado ascendió a $4,915,296. Se trató de elecciones generales en las que se eligieron diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente. Si se analizan únicamente las votaciones legislativas y municipales, con excepción de las efectuadas en 2000 y 2003, fácilmente se constata que la inversión ha variado como consecuencia de tres factores: el consistente incremento del padrón elección tras elección, la aplicación del voto residencial y las exigencias adicionales para el TSE por las reformas a la legislación electoral, tanto las acordadas por los partidos como las adoptadas por mandato de la Sala de lo Constitucional.

En 1997 la suma demandada se duplicó, alcanzando un monto de $8,571,429. Los habilitados para votar se ampliaron en más de 260 mil personas. El financiamiento de las competencias electorales de 2000 y 2003 se quedó muy cercano al de aquel año: $8,148,571 y $8,571,430, respectivamente, no obstante el crecimiento del padrón en un promedió de más de 250 mil votantes entre una y otra justa electoral. En 2006 inició la primera etapa del voto residencial y además el padrón subió incorporando 263 mil electores, elevando el costo de la elección a $12,800,000. En 2009 coincidieron otra vez los tres tipos de elecciones. La Asamblea Legislativa acordó separar los eventos, dejando el de alcaldes y diputados para enero y las presidenciales en marzo. Además el TSE continuó con la ejecución gradual del voto residencial y se sumaron al padrón más de 420,000 nuevos electores. Estos aspectos incidieron en un valor más alto del proceso electoral; el TSE solicitó $23, 014,435.

La petición ciudadana que la Sala de lo Constitucional resolvió favorablemente, ampliando la capacidad de opción del elector con el denominado popularmente como “voto por persona” y la contratación de tecnología para la transmisión y procesamiento de los resultados, obligó al TSE a añadir una considerable cantidad de dinero. El monto de lo pedido en 2012 fue de $34 millones. A esos cambios debe agregarse el salto de 23 a 185 municipios, entre 2009 y 2012, en los que se acercaron las urnas a los electores a través del voto residencial.

Previo al proceso electoral de 2015, la Sala de lo Constitucional le otorgó la razón a quienes solicitaron abrir las listas de candidatos a diputados de tal forma que los votantes escogieran a sus preferidos de entre las opciones presentadas por los diferentes partidos. Además el voto residencial se aplicó en el ciento por ciento del territorio nacional, se eligieron diputados al Parlacen y fue la primera ocasión en la que los concejos se integraron pluralmente, es decir, con la participación mayoritaria del partido ganador y con una representación minoritaria de la oposición, según la cantidad de votos obtenida. Lo invertido en este proceso sobrepasó por poco los $25 millones. El recorte de lo exigido por el TSE se tradujo en las primeras elecciones malogradas desde el pacto de Chapultepec.

Sin recursos el Tribunal no podrá adquirir tecnología, retrasará la capacitación de los responsables de contar los votos, tendrá que descartar los procesos de licitación para la adquisición de bienes y servicios y seguramente realizará pobres campañas cívicas para explicar las formas de votar. Se avecina otro caos electoral y la culpable no será la Sala y sus sentencias, como lo afirma el presidente del organismo colegiado, sino la falta de aprobación del presupuesto extraordinario de elecciones y el retraso en la toma de decisiones por parte del TSE.

Vergonzoso… De Luis Mario Rodríguez

Como “vergonzoso” se calificó el rechazo de San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Saint Kitts y Nevis, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua y República Dominicana para tratar la deplorable situación de Venezuela como punto único en la sesión extraordinaria realizada en la Organización de los Estados Americanos el pasado 28 de marzo.

Luis Mario Rodríguez, 30 marzo 2017 / EDH

Finalmente el orden del día se aprobó con 20 votos entre los que figuraron los de Honduras y Guatemala, ambos socios, junto a El Salvador, de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un proyecto financiado por los Estados Unidos. La abstención, aunque siempre humillante y deplorable, habría sido una mejor opción en nuestro caso. Así lo hicieron Trinidad y Tobago y Antigua y Bermuda, mientras que Granada prefirió ausentarse del cónclave en el momento de la votación.

La obstrucción de esos gobiernos es bochornosa porque simboliza el repudio de los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana (CDI). Y esta decisión no es cosa menor. El secretario Almagro adelantó en su segundo informe que en Venezuela “se violan todos los artículos de la CDI”. Con su resolución, los representantes de esas naciones ante la OEA, y no la totalidad de los habitantes de aquellas, desaprobaron los elementos esenciales de la democracia representativa acordados en Lima, Perú, durante el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de ese organismo efectuado en septiembre de 2001.

Contrarrestar el debate sobre el quiebre democrático que sufre uno de los Estados que integran a la Organización continental significa ignorar “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (artículo 3 CDI).

Al contrariar el consenso mayoritario que predominó en la asamblea comentada, los gobiernos que vetaron la discusión sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela ignoraron los componentes fundamentales de un legítimo ejercicio democrático, entiéndase “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” (artículo 4 CDI).

Por otra parte la actitud de los embajadores que rehuyeron el análisis de la realidad venezolana se opone al “fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas”, aspecto que la Carta Democrática considera como “prioritario para la democracia” (artículo 5 CDI). Así debe interpretarse porque uno de los muchos señalamientos del secretario Almagro, tanto en su informe de mayo de 2016 como en el de la semana pasada, fue el de la inobservancia, por parte del Ejecutivo, del principio de separación de poderes y la manipulación de la justicia para dejar sin efecto los acuerdos adoptados por los partidos de oposición en la Asamblea Nacional. El Secretario también advierte sobre la criminalización de todas aquellas declaraciones o acciones de los miembros de entidades ciudadanas que protestan legítimamente para que se cumpla la Constitución, los tratados y las declaraciones universales que garantizan el acatamiento de las libertades individuales.

Con su actitud, los Estados disconformes con la “doctrina Almagro”, así llamada por Mario Vargas Llosa, impugnan el activismo ciudadano como “una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia” y se rehúsan a “promover y fomentar diversas formas de participación” que fortalezcan al sistema político. Tampoco reconocen que “la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia” (artículo 12 CDI). Esas naciones refutan el compromiso adquirido en 2001 por los signatarios de la CDI con el propósito de “adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema” (artículo 12 CDI).

En realidad lo sucedido en la OEA debe interpretarse como el apoyo de 20 países pidiendo “la realización de elecciones, que se abra un canal humanitario, la libertad a los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional venezolana”.

Los jóvenes en democracia… De Luis Mario Rodriguez

Lo importante es asumir que el relevo o, en su caso la llegada de nuevos liderazgos, frescos en edad o en ideas, que compartan con los que tienen más experiencia, es obligatorio si se quiere evolucionar al mismo ritmo que lo están haciendo otros Estados.

Luis Mario Rodriguez, 23 marzo 2017 / EDH

El interés de las nuevas generaciones por aportar al desarrollo nacional es indispensable. Su ausencia sería inexcusable. Causaría un enquistamiento de quienes han administrado el poder por décadas y condenaría a los ciudadanos a vivir bajo un esquema en el que, lo importante y trascendente, sería mantener los privilegios que el sistema le ha concedido a los primeros. Se esquivaría el debate de temas esenciales para la organización y la vida en sociedad, se impondría, como de hecho sucede ahora mismo, el clientelismo político sobre la meritocracia, y con el retiro o la muerte de los antiguos líderes, también desfallecerían con ellos, hasta apagarse, la luz del republicanismo, la observancia del Estado de derecho y las bases elementales de todo sistema democrático.

Esto no significa, ni por asomo, que en la actualidad se carezca por completo de líderes políticos. Los hay, y de todas las edades. Lo importante es asumir que el relevo o, en su caso la llegada de nuevos liderazgos, frescos en edad o en ideas, que compartan con los que tienen más experiencia, es obligatorio si se quiere evolucionar al mismo ritmo que lo están haciendo otros Estados. La trillada combinación entre “experiencia y juventud” es siempre un buen método para acoplar la prudencia con la temeridad, la calma con la ansiedad y el discernimiento que da el sentido común con los conocimientos que concede la formación académica.

El “encargo democrático” que la nación le entrega a los nóveles activistas y a quienes, después de los cuarenta incursionan en la política o se interesan por incidir en la cosa pública, difiere, sustancialmente, si se trata de una coyuntura política donde la Constitución no se cumple, de aquella otra donde la democracia aún vive, pero se amenaza a la división de poderes, a las elecciones como forma de alcanzar el poder y al respeto de los derechos humanos.

Los jóvenes simbolizaron la figura central en varias de las protestas más emblemáticas en diferentes partes del mundo y en distintas épocas durante el siglo XX. Así lo registra la historia en México, en la República Popular China, en Venezuela y aquí mismo, en El Salvador.

En 1968, la “matanza en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco”, conmocionó a los mexicanos y a la comunidad internacional. Los estudiantes, como en otras partes del orbe, se oponían al autoritarismo y a los “métodos” utilizados por el régimen para desafiar a cualquiera que rechazara su “forma” de gobernar. Las crónicas señalan que el levantamiento estudiantil “marcó una inflexión en los tiempos políticos de México porque fue independiente y contestatario” y se fortalecía con “las demandas libertarias y de democratización que dominaban el imaginario mundial”.

La masacre de la “Plaza de Tiananmén”, en 1989, representa otro de los hechos históricos que confirman el involucramiento de la juventud allá donde el sistema democrático y las libertades se encuentran secuestrados. La foto del joven opositor enfrentando un escuadrón de tanques es la viva imagen de un individuo que exige el cese de la represión, en aquel momento, encarnada por el partido comunista. El Ejército Popular de Liberación disolvió la movilización y aunque la cifra de asesinados no está clara se habló de cientos de manifestantes.

La resistencia de los universitarios venezolanos a la reforma constitucional impulsada por el fallecido Hugo Chávez en 2007 con la intención de establecer la reelección presidencial indefinida, será recordada como otra de las luchas a favor de la democracia en América Latina. Esa fue la primera derrota electoral del exmandatario después de una serie de triunfos consecutivos que le otorgaron el poder desde 1999. En otro caso emblemático la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez fue repelida por los movimientos universitarios salvadoreños. Lideraron la “huelga de brazos caídos” y sacaron al dictador del poder.

En democracia, sin represores, pero con intimidaciones serias encaminadas a debilitar la forma de gobierno y la transparencia, con una crisis fiscal en ciernes, un magro panorama en materia de seguridad, una economía estancada que no genera empleos y un alto nivel de pobreza, los jóvenes deben reflexionar cuál será su contribución a la construcción de consensos. Hacer lo contrario los asemejaría a quienes ellos pretenden superar.

El nuevo “informe Almagro”… De Luis Mario Rodríguez

El nuevo “informe Almagro” intenta reforzar el blindaje democrático para el continente que inició en mayo de 2016 con su primer informe en contra de nuevos experimentos populistas y autoritarios.

Luis Mario Rodríguez, 16 marzo 2017 / EDH

En su segundo informe sobre la crisis que vive Venezuela, el Secretario General de la OEA dijo que en ese país se violan “todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana” y que “la Constitución ha dejado de tener sentido”. Almagro no titubeó al señalar que “el Estado de derecho no está vigente”. Las acusaciones son claras, sin rodeos ni sutilezas. Al referirse a los ciudadanos, el secretario advierte que “si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, nos los presenta a un juez ni instruye acusación fiscal”.

Respecto del diálogo impulsado por diferentes entidades, incluyendo organismos internacionales y Estados como el Vaticano, sentencia que  “ha fracasado” y que únicamente ha servido como “cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario”. Dice que “el diálogo no es tal, porque no es recíproco, ni ha ofrecido garantías, ni ha cumplido ninguna de sus premisas”. El alto funcionario de la OEA admite que seguir esperando soluciones de ese proceso, que lo único que ha hecho es “agravar la situación del país y legitimar la continuidad del deterioro de sus instituciones”, los hace cómplices por omisión. Su inacción en esta situación “es sinónimo de omisión en proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela”.

Luis Almagro nos recuerda, en este segundo documento histórico, que “la protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar”. Por eso los que promovieron el diálogo en Venezuela, como mecanismo para solucionar la precaria situación en la que se encuentran sus habitantes, ahora señalan que esta herramienta debe ir “acompañada de acciones”. En ese sentido la Santa Sede, según el informe que se comenta, urgió la activación de cuatro cuestiones: aliviar la crisis humanitaria, el establecimiento de un calendario electoral, la restitución del rol de la Asamblea Nacional previsto en la Constitución y la liberación de los arrestados, en referencia a los presos políticos.

El Secretario General enumera una serie de recomendaciones orientadas a normalizar el funcionamiento del sistema democrático. Pide el referéndum revocatorio, solicita la liberación de todas las personas recluidas por razones políticas, llama al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a resolver, de manera conjunta, la vulneración de los derechos básicos de la población, exige a esas instancias brindar estándares suficientes de seguridad, reclama el respeto al equilibrio de poderes del Estado, requiere una nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia, exhorta al combate a la corrupción a través de un sistema como el de la CICIG en Guatemala y demanda la incorporación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos a la comisión de la verdad.

El gobierno eliminó la posibilidad de celebrar el referéndum revocatorio. Retrasó plazos, adicionó requisitos no exigidos en la ley e hizo colapsar la infraestructura electoral. Además impidió la elección de 23 gobernadores y de los 236 miembros de las asambleas legislativas estatales que debieron renovarse el 16 de diciembre de 2016, al cumplirse su mandato constitucional de cuatro años. Por otra parte, Maduro mantiene en la cárcel a sus adversarios políticos por sus ideas, criminaliza las protestas, no les permite a los detenidos tener acceso a su familia ni asesoramiento jurídico, existen “detenciones secretas”, las condiciones carcelarias son inadecuadas y aplica, según el informe, el “efecto puerta giratoria”, es decir que “mientras libera a algunos presos políticos, encarcela a un número similar”.

En Venezuela, de acuerdo al documento del Secretario Almagro del pasado 14 de marzo,  hay crisis económica, falta de seguridad personal, estancamiento en la reducción de la pobreza, escasez de alimentos y medicinas, aumento de la mortalidad infantil y tráfico de drogas.

Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, The Global Competitiveness del Foro Económico Mundial, el World Justice Project y el Democracy Index de la Revista The Economist, entre otros, confirman el secuestro de la institucionalidad en Venezuela. Así lo dictamina el nuevo “informe Almagro” y de esta manera intenta reforzar el blindaje democrático para el continente que inició en mayo de 2016 con su primer informe en contra de nuevos experimentos populistas y autoritarios.