Luis Mario Rodríguez

Radicalismo, enojo y anarquía. De Luis Mario Rodríguez

8 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Los casos de Andrés Manuel López Obrador en México, Jair Messias Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en los Estados Unidos nos confirman que los actuales son tiempos de radicalismo, enojo y anarquía. La neutralidad se hizo a un lado. Ahora se apela al deterioro de la institucionalidad, al declive de los partidos tradicionales y a la necesidad de refundar el Estado. Los discursos de Pablo Iglesias, líder de Podemos en España, y el de Alexis Tsipras en Grecia, cuyas opciones políticas triunfaron, nos confirman que las estrategias electorales se han desplazado de los mensajes moderados y conciliadores, que buscan atraer a los votantes del centro, a las consignas subidas de tono, que exageran las consecuencias que provocaría seguir apoyando a los de siempre y pretender resolver los problemas con las tácticas tradicionales.

La situación es tal que a las sociedades comienza a importarles poco o nada el Estado de Derecho. El Barómetro de las Américas viene reflejando esta realidad desde hace varios años. Quienes, por ejemplo, sufren la violencia en carne propia no reparan en el respeto de la legalidad y estarían de acuerdo con que se quebrante el orden jurídico con el solo propósito de erradicar la delincuencia. Este comportamiento allana el camino para “nuevos autoritarismos”, ya no amparados en la participación de la Fuerza Armada, pero con claras señales de irrespeto a la independencia de los Órganos del Estado.

El fenómeno no es nuevo. En los Noventa, Alberto Fujimori fue conocido en el mundo entero por atentar contra el Congreso peruano. Fujimori se enfrentaba a una crisis económica severa y a un reto insurreccional por parte de la guerrilla de Sendero Luminoso. El 5 de abril de 1992 decidió clausurar el Congreso, suspendió la Constitución, intervino la justicia y declaró el estado de emergencia. Lo hizo con el respaldo del ejército y con amplio apoyo entre la opinión pública. Bajo presión de la comunidad internacional, convocó a elecciones en noviembre de 1992 y la cámara electa elaboró una nueva Constitución con mayores facultades ejecutivas. En 1995 fue reelegido.

En 2017, apenas hace un año, en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia invalidó las competencias de la Asamblea Nacional. Veinticuatro años antes, el entonces presidente Jorge Serrano Elías intentó cerrar el Congreso guatemalteco. A diferencia de Maduro, Serrano Elías no contaba con la Corte Suprema de Justicia. Mientras en Guatemala fue la Corte Constitucional la que evitó la disolución del Congreso ordenada por el presidente, en Venezuela fue el propio Tribunal Supremo el que decidió asumir las funciones del Legislativo.

Los sucesos descritos evidencian con claridad que las instancias públicas se convierten en el último frente de batalla para preservar la democracia. Maduro, Ortega y los Castro las aniquilaron con el fin de concentrar el poder. Más sutil, pero no menos criticable, fue la conducta de Juan Orlando Hernández y Evo Morales, que recurrieron a la manipulación de la justicia con el propósito de obtener el visto bueno de los magistrados constitucionales a su reelección consecutiva en el cargo. Antes lo intentaron, pero no tuvieron éxito, Óscar Arias en Costa Rica y Álvaro Uribe en Colombia.

El respaldo popular, nacido de la desilusión de la gente por la falta de resultados, refuerza la intención de gobernar adecuando la ley a los intereses del mandatario de turno y olvidándose del bien común. Otras maniobras para desmantelar el Estado y alinear la legislación hacia el populismo son la reforma de la Constitución y las consultas populares. Se trata de acciones legítimas que degeneran en instrumentos al servicio del clientelismo político y del abuso de autoridad.

Ante este panorama no queda más que recurrir a la separación de poderes. Este tipo de líderes necesitan límites; de eso se trata precisamente la democracia. En las elecciones del 6 de noviembre el Partido Demócrata recuperó la mayoría en la Cámara de Representantes y anunció de inmediato investigaciones contra el actual presidente. En México, el candidato electo será juramentado como nuevo inquilino de Los Pinos el 1 de diciembre; cuenta con el control total del Congreso y del Senado. Son dos coyunturas en las que pondremos a prueba la hipótesis de esta columna de opinión.

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La política exterior. De Luis Mario Rodríguez

1 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La política exterior y la diplomacia en general deben ser un asunto prioritario en la agenda de los presidenciables. El deterioro institucional de Centroamérica y particularmente la tensa situación de Nicaragua; el estatus migratorio de los salvadoreños en los Estados Unidos y las advertencias del presidente Trump ante las caravanas de migrantes, incluyendo las dos que recientemente iniciaron su recorrido desde El Salvador; la ruptura con Taiwán y el establecimiento de relaciones con la República Popular China; y las demandas de organismos hemisféricos para que se restablezca el orden constitucional por la omisión de los legisladores en el cumplimiento de sus obligaciones, son solo algunos de los aspectos que marcarán los próximos cinco años.

¿Qué piensan los candidatos sobre las graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Ortega, acerca del secuestro de las instituciones, la represión, las trabas a las libertades de expresión y asociación, la persecución de los líderes de las organizaciones estudiantiles que piden el respeto del Estado de derecho y la celebración de comicios transparentes y equitativos administrados por un tribunal electoral imparcial?

Las circunstancias son propicias para anunciar acciones inmediatas si persiste el abuso de autoridad en Nicaragua. El impulso de una resolución del Sistema de la Integración Centroamericana exigiendo la sumisión del gobierno a las reglas básicas de un Estado democrático, la apertura para que jóvenes perseguidos por el oficialismo obtengan estatus de refugiados mientras se restituye la normalidad y el equilibrio de poderes, y el “llamado a consulta” del Embajador de El Salvador en Nicaragua como protesta diplomática por el desprecio de los principios de una sociedad libre, son, como mínimo, algunas de las decisiones que ya debieron exigir los aspirantes a presidir el Ejecutivo.

Otro de los temas sobre los cuales los candidatos tienen que pronunciarse es el de la migración. ¿Cuál es la estrategia del próximo gobernante salvadoreño para que la economía del país absorba a más de un cuarto de millón de compatriotas que retornarían si concluye el Estatus de Protección Temporal que mantendrán hasta septiembre de 2019? Si prospera la apelación interpuesta por el Presidente de los Estados Unidos, la resolución del juez que detuvo la cancelación del TPS quedará sin efecto. Con el surgimiento de las “caravanas migrantes” ¿cuáles son las acciones para evitar que los Estados Unidos reduzca, o peor aún, suspenda la cooperación en materia de seguridad, combate a la corrupción y desarrollo económico?

El trato con la República Popular China, si se decide mantener ese vínculo diplomático, es otra de las cuestiones sobre las que han de emitir opinión las fórmulas presidenciales. ¿Qué tipo de pactos comerciales se pondrán en vigor? ¿Cuáles son las medidas para evitar que la infraestructura que ocupen empresas chinas se utilice con fines distintos a los establecidos en las licitaciones públicas? Una declaración de los candidatos sobre la manera en la que recompondrán el descontento de los Estados Unidos con la decisión de terminar la asociación diplomática con Taiwán, o si, de ser el caso, piensan restablecer esa relación, sería conveniente.

El incumplimiento de la obligación por los diputados de renovar un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha ubicado al país en el radar de la comunidad internacional. La falta de respaldo a las resoluciones de la OEA cuando su Secretario General solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al caso venezolano, el apoyo del mandatario salvadoreño al quebrantamiento de la institucionalidad en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y la inobservancia de los requisitos para que El Salvador continúe formando para de la entidad que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 159 países, representan otros desafíos que deberá enfrentar quien gobierne entre 2019 y 2024.

En un mundo que, siguiendo a Henry Kissinger, las relaciones internacionales se han vuelto por vez primera auténticamente globales, nadie puede actuar como si todo dependiera de decisiones locales. En el siglo XXI quienes pretendan atender los problemas nacionales sin tener en cuenta que las comunicaciones ahora son instantáneas, que la economía mundial opera de manera simultánea en todos los continentes, y que la defensa de la democracia ahora es internacional, habrán fracasado en su intento por dirigir a la Nación.

Cinco temas ineludibles. De Luis Mario Rodríguez

25 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La realidad obliga a los presidenciables a pronunciarse sobre cinco temas de trascendencia nacional: la situación fiscal, la inseguridad pública, la acefalía en la Sala de lo Constitucional, la elección del próximo Fiscal General de la República y la situación de los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos. La indiferencia, el silencio y la superficialidad de los planteamientos no son opción. Se trata de materias de relevante importancia de las que depende la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico y social y la protección de los derechos humanos. No incluir en sus agendas las medidas puntuales para cada uno de esos tópicos debe interpretarse como incapacidad para gobernar.

Los próximos cinco años marcarán la ruta hacia una de dos vías: el descalabro de las finanzas del Estado o el reordenamiento de la deuda pública. La primera nos encaminaría a un nuevo impago y al incumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales; aumentaría el “riesgo país”, se incrementarían los intereses y no seríamos objeto de más préstamos. La firma de un pacto fiscal, por el contrario, impulsaría la implementación del plan de gobierno, reorientaría el destino del gasto público para más inversión y abriría un debate acerca de las fuentes para más ingresos, incluyendo, principalmente, los incentivos para el crecimiento económico.

La lucha contra el crimen debe enfocarse de manera diferente. El abordaje deber incluir los aspectos legales, financieros y estratégicos. El próximo presidente está obligado a discutir y acordar con los operadores de justicia, la policía y la Fiscalía General las herramientas jurídicas que permitan hacer frente a la delincuencia. Es necesario transparentar el presupuesto de seguridad y probar, con evidencias, los rubros a reforzar. La manera en la que se ha invertido el impuesto que resulta de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia no ha demostrado su eficiencia. No hay resultados concretos con los que la autoridad justifique el sacrificio que hace la población pagando ese gravamen. La información es otro asunto a revisar. Los datos no son uniformes; no sabemos “quién pone los muertos” ni hay estadísticas claras que diferencien a los asesinados de los desaparecidos. Sin números y, peor aún, sin análisis riguroso y científico de la data, no hay táctica que resulte exitosa.

Por otra parte la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción son cuestiones ineludibles. La elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del próximo Fiscal General está intrínsecamente vinculado a ese desafío. Las señales no son alentadoras. Los diputados cumplieron esta semana 100 días de retraso en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La apertura del proceso para elegir al titular de la FGR evidencia la intención de un “combo legislativo”. Los aspirantes a dirigir el Ejecutivo no han dado muestras claras para zanjar esta delicada trama. Ahora es el momento de manifestar el liderazgo que ejercerán sobre los grupos parlamentarios con los que tendrán que lidiar en los próximos tres años. No se les pide imponer candidatos a su conveniencia sino sugerir a los más capaces teniendo en cuenta los distintos baremos presentados por las organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo aplica para el próximo Fiscal General. Una mala decisión puede descalabrar el ritmo que ha tomado la erradicación de este flagelo.

Finalmente los migrantes. La caravana de hondureños camino a Estados Unidos nos muestra el drama que viven millones de centroamericanos. En el caso de nuestros compatriotas, de otorgarle la razón la Corte Suprema de Justicia al presidente Trump, quedaría sin efecto la orden preliminar de suspensión que emitió el juez federal de distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, que impide que el gobierno cancele por ahora el TPS para los inmigrantes de Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua. Eso significa que el 9 de septiembre de 2019 los más de 260,000 salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal retornarían a suelo nacional ¿Cuál es el plan para insertarlos a la economía nacional? ¿Cuál será el impacto en las políticas de seguridad si en medio de los miles de repatriados vienen peligrosos pandilleros?

Gobernar en el próximo quinquenio no será nada sencillo.

Algunos desafíos de los presidenciables. De Luis Mario Rodríguez

11 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Sin acuerdos interpartidarios la gestión presidencial 2019 – 2024 se encaminará al descalabro. Un presidente sin la capacidad de tejer alianzas y formar coaliciones al interior del Legislativo fracasará en su intento de administrar el país. Sin respaldo político el titular del Ejecutivo no podrá cumplir su oferta electoral.

Por eso es tan relevante la integración de los congresos. Su fragmentación, cada vez más común en la mayoría de los países latinoamericanos, es una de las causas de la desafección política. Origina un desencanto con la democracia por parte de la gente. Los partidos, cuyo candidato a la presidencia perdió la elección, se dan a la tarea de obstaculizar cualquier iniciativa del aspirante ganador. Solo allá donde la cultura política está fuertemente arraigada en la sociedad, las agendas avanzan sin importar el origen de las iniciativas y la oposición ejerce un papel contralor sin excesos, priorizando el bien común.

Los candidatos deben tener en cuenta lo anterior. La aritmética es muy sencilla: si no se obtienen 43 votos las iniciativas de ley del Ejecutivo no pasarán; y sin el respaldo de 56 diputados no contarán con financiamiento para sus proyectos. Con la composición actual del Legislativo los partidos “pequeños” no alcanzan ninguna de las dos mayorías; necesitan de ARENA o del FMLN para la simple y del primero, más todos ellos, para la calificada. Una tercera vía fuera de los grandes partidos mayoritarios tendrá que convencer a sus adversarios políticos para encontrar gobernabilidad legislativa.

Sin esa habilidad, quien gobierne no podrá estabilizar la deuda pública; será imposible hacer frente al pago de los escalafones de los Ministerios de Salud y Educación y, en general, al desembolso de salarios de los empleados públicos; no serán aprobados los préstamos para la inversión en infraestructura estratégica; el pacto fiscal, traído y llevado quinquenio tras quinquenio, seguirá engavetado en los escritorios de los analistas; la inseguridad pública continuará carcomiendo el futuro de los jóvenes; y los empresarios no dispondrán de los incentivos necesarios para dinamizar la actividad económica y por tanto crecerá el desempleo y el empleo informal.

Tampoco le irá bien al gobernante que ignore las agendas de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Este es el tiempo de la rendición de cuentas. El mandatario de turno está obligado a atender las demandas ciudadanas. Si no tiende la mano a los proyectos que surjan de los grupos civiles cosechará un rechazo generalizado que tarde o temprano terminará desestabilizando su administración. Es más, como aspirantes a la presidencia tienen que prestar atención a sus peticiones. Es la hora de conocer las agendas que nacen de las gremiales, de los sindicados, de las asociaciones de profesionales, jóvenes, mujeres y de otros sectores, y comprometerse por escrito a concretarlas si resultan victoriosos en los próximos comicios.

Tampoco convendrá gobernar de espaldas a los organismos internacionales y a los países amigos. Hoy más que nunca la cooperación internacional está identificada con el desarrollo nacional, con mejorar la seguridad pública y con el combate a la corrupción. Toda desavenencia con los socios estratégicos de El Salvador podría afectar importantes planes en ejecución en los ámbitos social, económico e institucional. La política exterior, en pleno siglo XXI, representa un sólido pilar que no es posible descuidar y mucho menos aplicar en forma ideológica. Quien no entienda que la política ahora es global y que la defensa de la democracia cuenta con el decidido apoyo de los organismos hemisféricos habrá de padecer un aislamiento que afectará a la población.

Otro desafío, inequívocamente uno de los más significativos, es el respeto de las instituciones. La falta de alianzas en la Asamblea Legislativa en esta materia se ejemplifica en buena medida con el desarreglo que tienen los diputados en la designación de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. La presión de los candidatos hacia sus respectivos grupos parlamentarios ha sido ineficaz. Ese vano interés podría interpretarse como complicidad o, en todo caso, como una carencia total de liderazgo sobre las cúpulas de los partidos que los están postulando. Una buena señal sería corregir este entuerto. Lo contrario pone en tela de duda su vocación democrática y evidencia su incapacidad para ejercer la Jefatura del Estado.

Algunas preguntas para los candidatos. De Luis Mario Rodríguez

13 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

A cuatro meses de las elecciones los candidatos presidenciales no han presentado propuestas serias y estructuradas en tres ámbitos fundamentales para el desarrollo nacional: la seguridad pública, el endeudamiento estatal y el crecimiento económico. Esta es una invitación para que respondan a una lista de interrogantes sobre situaciones que, indiscutiblemente, tendrá que administrar el que gane los comicios.

La inseguridad mantiene a los salvadoreños en una disposición permanente de angustia. Las cifras de homicidios no ceden. No existe una política de Estado que permita contemplar el rumbo, las metas y los resultados en el corto, mediano y largo plazo. El enfoque electoral del problema, por las administraciones de derecha y de izquierda, ha impedido un tratamiento responsable del tema. Las extorsiones ahogan a los pequeños empresarios y las maras siguen al asecho de los jóvenes en zonas donde la autoridad no logra recuperar el control del territorio.

¿Cómo enfrentarán a las pandillas? ¿Cuál será su estrategia para combatir las extorsiones? ¿Cuáles son sus planes de prevención del delito, de rehabilitación y de reinserción de los privados de libertad? ¿Cuál es su planteamiento en relación al hacinamiento carcelario? ¿Impulsarán una política criminal que atienda el dilema de la seguridad de manera global? ¿Promoverán un proceso de depuración al interior de la Policía Nacional Civil? ¿Otorgarán un mayor presupuesto a esa entidad para incentivar a los agentes policiales y proteger el futuro de sus familias ante los atentados que sufren aquellos en el desempeño de sus deberes? ¿Mantendrán en una sola institución la atención a la seguridad y a la justicia o debatirán acerca del restablecimiento de dos ministerios diferentes? ¿Retomarán el Consejo Nacional de Seguridad Pública? ¿Propondrán una normativa legal que armonice las estadísticas criminales y que evite la contradicción de los datos y la falta de información sobre los diferentes delitos? ¿Instalarán una mesa de consulta con jueces, fiscales y gremiales de abogados que les permita identificar modificaciones a las leyes para una lucha más eficiente en contra de la delincuencia?

El endeudamiento público sobrepasó los topes límite para una economía dolarizada. El pago de las obligaciones crediticias asfixia el financiamiento de diferentes programas y políticas públicas. Los acuerdos en esta materia se incumplen reiteradamente. A las fuerzas políticas parece no importarles el desprestigio internacional y el encarecimiento de los intereses que causó el impago de la deuda en 2017.

¿Cuál es el programa de los presidenciables para reducir progresivamente la deuda pública durante su quinquenio? ¿Fomentarán un “pacto fiscal integral” en los primeros seis meses de su gestión? ¿Cómo mejorarán los ingresos de la hacienda pública? ¿Subirán los impuestos, crearán incentivos fiscales para atraer inversión, recomendarán medidas para acabar con la evasión y la elusión fiscal? ¿Cómo atenderán el exceso de gasto público? ¿Qué harán para afrontar la presión del escalafón salarial de los ministerios de educación y salud? ¿Conservarán el sistema privado de pensiones, multiplicarán el rendimiento de los ahorros e incorporarán los cambios que no fueron atendidos durante la última reforma para mitigar el apremio fiscal? ¿Cuáles criterios aplicarán para aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes)? ¿Revisarán el incumplimiento de la “ley reguladora de endeudamiento público municipal” que establece un techo a los pasivos de los gobiernos locales? ¿Presentarán un plan de empréstitos internacionales con montos y cronogramas cuya aprobación es indispensable para estabilizar el endeudamiento? ¿Cómo pretenden alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para ratificar esos préstamos? ¿Ampliarán la base tributaria facilitando la formalización de los comerciantes?

El otro gran asunto: la economía. Sin la pujanza empresarial no hay empleo, se ensancha la pobreza y el Estado no recibe más impuestos para financiar programas sociales, infraestructura de gran impacto y áreas como la seguridad. Nos encontramos a la cola en Centroamérica en captación de inversionistas nacionales y extranjeros, tenemos la menor tasa de crecimiento económico y cientos de miles de salvadoreños afrontan circunstancias miserables de vida ¿Cuál es su proyecto para restablecer las condiciones óptimas de competitividad y productividad, para facilitar los negocios, generar confianza, aplacar la tramitología, acabar con el clientelismo y modernizar la función pública? La mesa está servida.

La República Popular de China. De Luis Mario Rodríguez

23 agosto 2018 / EL DIARIO DE HOY

El presidente Sánchez Cerén finalizó de un portazo décadas de cooperación con Taiwán. Lo hizo sin reparos, inconsultamente, sin contar con estudios técnicos ni el respaldo de la empresa privada. Su partido, en pleno regocijo por la resolución del gobernante, recordó los “históricos lazos” que lo unen al partido comunista chino. Esta circunstancia distingue el caso salvadoreño del de otros países que tienen nexos con la República Popular China. Permite especular sobre la posible injerencia en asuntos internos, financiamiento de campañas políticas, desarrollo de estrategias militares y negociaciones opacas para beneficio mutuo.

Ahora cobra sentido el interés de la actual administración respecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Podrían representar la “pista de aterrizaje” de las presuntas inversiones chinas como intentaron hacerlo en Costa Rica, donde la aplicación de este mecanismo ha enfrentado serias dificultades.

Cuando el expresidente Óscar Arias anunció en 2007 el rompimiento de relaciones entre Costa Rica y Taiwán y el reconocimiento diplomático de la República Popular China, advirtió que su decisión no obedecía a ideologías o geopolítica. Se trató, dijo el exmandatario, de un “acto de realismo elemental” y de “un despertar a un contexto global de considerar a China como una de las economías más fuertes e importantes del mundo”. Nada de ataduras con credos y doctrinas partidarias. Ese enfoque, serio y sin maridajes socialistas, concedió un aterrizaje suave al anuncio del Nobel de la Paz. El expresidente Arias preparó el camino, habló con el sector privado y su discurso discurrió por las avenidas del desarrollo, de la globalización y de las tendencias mundiales del comercio.

En mayo de 2017, en ocasión del décimo aniversario de aquel suceso, el periódico La Nación señaló que “las relaciones económicas con China estaban empantanadas”. A reglón seguido el reportaje sentenció que “las expectativas exportadoras a China poco han funcionado, las ZEE son un tema casi olvidado, las inversiones son muy inestables y el turismo crece pero a un ritmo insuficiente para alcanzar los pronósticos”.

La inversión china en Costa Rica, en esa primera década, fue muy variable. “Hubo un año pico de $9.8 millones en 2014, pero a 2015 cayó a $2 millones, según la página web del Ministerio de Comercio Exterior (Comex)”. El país se propuso también aumentar la llegada de turistas; sin embargo, a 2016, pese al crecimiento sostenido, “solo se llegó a 12,799 visitantes chinos, de acuerdo con las cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). De Estados Unidos, el mejor origen, llegaron ese año 1.23 millones de visitantes”.

A los magros resultados económicos deben agregarse por lo menos dos escándalos. En 2008 la Sala Constitucional costarricense, conocida popularmente como Sala IV, ordenó al Gobierno dar los detalles de una “negociación secreta” para vender a China $300 millones en bonos, al 2 % y a 12 años. Por otra parte, en 2010 se creó la Sociedad Reconstructora Chino–Costarricense (SORESCO) con participación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC); ambas entidades convinieron aportar $50 millones cada una. El objetivo era modernizar y ampliar la refinería de Moín, en la provincia costera de Limón. El plan no prosperó, fue objeto de cuestionamientos e irregularidades y la Recope pidió devolver la empresa.

No obstante el panorama desolador los empresarios ticos admitieron que algunos sectores tenían un repunte. El valor de las ventas de la industria, sin Intel, pasó de $38 millones a $89 millones, entre 2006 y 2016, según la Cámara de Industrias. El sector ganadero de carne fue otro que aprovechó las oportunidades y en 2016 China fue su segundo mercado, detrás de Estados Unidos, por el valor de las exportaciones. Asimismo Costa Rica recibió donaciones. Un estadio en 2011 valorado en $100 millones y otro aporte no reembolsable de $24 millones en 2015.

La llegada de inversión china tomará tiempo. El Salvador debe ajustar las condiciones de competitividad para atraer empresas. Una cosa es la China comunista que veda la libertad y el respeto de los derechos humanos, y otra la forma en la que manejan sus inversiones al estilo capitalista. Eso sí, lo que fluirá con mayor velocidad y prontitud serán los regalos, el clientelismo y el dinero para la campaña electoral.