Luis Mario Rodríguez

Las reformas electorales. De Luis Mario Rodríguez

Urgen sanciones más severas para quienes incumplan la normativa electoral. Las campañas adelantadas, la violación del silencio electoral y las infracciones a la regulación del financiamiento político responden, sin lugar a duda, a las mínimas consecuencias que perciben los transgresores.

4 abril 2019 / EL DIARIO DE HOY

El sistema electoral enfrentará una revisión integral en los próximos meses. En resumen, los cambios podrían afectar a la gobernanza electoral, al ejercicio del sufragio, al escrutinio de los resultados y al régimen sancionatorio.
Para recuperar la confianza de los ciudadanos en la autoridad electoral es necesario debatir si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe mantener su configuración actual. Se requiere de un organismo especializado en Derecho Electoral. Con las sentencias de la Sala de lo Constitucional se esperaba que el TSE estuviera integrado por funcionarios ajenos a todo tipo de influencia partidaria. Sin embargo, se señala que el organismo está plagado de cuotas políticas.

El clientelismo se ha tomado al árbitro electoral. Esta realidad, que convive con la que existe en la mayoría de instancias públicas, solo puede resolverse profesionalizando a los empleados y funcionarios del Tribunal. No es una tarea fácil ni las transformaciones serán a corto plazo. Sin embargo, se aprobar una legislación que gradualmente evalúe al personal, capacite a aquellos que muestren deficiencias, aplique un estricto protocolo de ingreso y ascensos y establezca un procedimiento que premie el buen desempeño en el trabajo. Es decir, las contrataciones en el TSE tienen que pasar del “cuotismo” al mérito. Si se ajusta el sistema por esa vía, en realidad no importaría si las funciones administrativas y jurisdiccionales permanecen concentradas o si se crean dos instancias separadas.

En cuanto al ejercicio del sufragio, son varias las reformas que podrían valorarse. Se debe facilitar el voto a sectores vulnerables y a los privados de libertad que no hayan recibido sentencia. Las personas de la tercera edad, con un alto grado de incapacidad, certificada por la seguridad social, podrían votar en sus casas de habitación. Esto pasa por presupuestar el costo que supone la logística para el TSE. También se debe considerar el voto de los “reos sin sentencia”. Esta decisión exige el análisis de la jurisprudencia internacional sobre el derecho al sufragio de aquellos individuos que no han sido condenados. En ambos casos la votación podría realizarse en una fecha diferente, aunque cercana, a la de las elecciones generales. Por otra parte, es indispensable la modificación del mecanismo utilizado para el voto desde el exterior. El doble registro al que están obligados los interesados en sufragar representa un grave desincentivo. Probablemente el cambio del voto “epistolar”, por correspondencia, al voto “presencial”, en las embajadas o consulados de El Salvador alrededor del mundo, estimularía la participación de la diáspora en las elecciones. En 2021 este segmento también podrá votar por diputados y alcaldes.

El escrutinio de los resultados es otra de las etapas que precisa de examen. El sistema de listas abiertas que permite al ciudadano elegir candidatos de diferentes partidos no puede ser modificado por la Asamblea Legislativa. A diferencia de otros países, en El Salvador la forma de la candidatura para las elecciones legislativas fue establecida por sentencia judicial. Solo un cambio de jurisprudencia constitucional podría cerrar las listas y establecer de nuevo el “voto por bandera”. Ante esta realidad los “acomodos” deben realizarse por otras vías. La aplicación de tecnología para los escrutinios preliminar y final debe ser obligatoria. Ahora mismo el Código Electoral exige el conteo en mesa de forma manual. En la medida que se exija su automatización mejorará sensiblemente el procesamiento de los resultados. El empleo de lectores ópticos, que en fracción de segundos arrojen el cálculo de las marcas recibidas por cada candidato y el de los votos enteros por cada partido —cuidando que no ocurra el “error humano”—, aceleraría la publicación de los resultados. Por otro lado, la capacidad de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos es fundamental (JRV). Incentivar a que los universitarios cumplan con esta función puede reforzar el trabajo de las mesas. Aunque en los comicios de 2018 y 2019 la labor de las JRV fue superior al de otros años y dado que la “ciudadanización” de estos organismos se estableció por sentencia de la Sala de lo Constitucional, se debe procurar que estén a cargo de personas con una formación académica aceptable.

Finalmente —y no termina acá la lista de reformas— urgen sanciones más severas para quienes incumplan la normativa electoral. Las campañas adelantadas, la violación del silencio electoral y las infracciones a la regulación del financiamiento político responden, sin lugar a duda, a las mínimas consecuencias que perciben los transgresores. Si el castigo consistiera en perder el cargo obtenido por el voto popular seguro cambiaría el comportamiento de los actores políticos.

Las cicatrices del “Correísmo”. De Luis Mario Rodríguez

Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento.

28 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

El Siglo XXI está siendo testigo de peligrosas embestidas a los sistemas políticos. Se han promovido nuevas constituciones, reformas a las vigentes y recursos ante los máximos tribunales de justicia para interpretar la ley fundamental al antojo de los presidentes de turno. La finalidad, en casi todos los casos, fue la de allanar la reelección presidencial indefinida, el uso de las consultas populares como forma de evadir a los partidos representados en los congresos, la toma de las instituciones de control político y el debilitamiento del sistema de partidos.

La trama también incluye a los sistemas electorales. Con el propósito de hacerse con el poder, algunos mandatarios han promovido cambios a su conveniencia. En Nicaragua se fijó en 35% el porcentaje de votos para ganar la presidencia siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera mayor a cinco puntos. Luego se eliminó este último requisito.

Para habilitar la figura de la reelección, Ortega dispuso que la Corte Suprema de Justicia —lacayos del régimen— se pronunciara a favor de esa petición. En Honduras y Bolivia se recurrió a la misma estrategia. Juan Orlando Hernández fue habilitado como candidato y continúa al frente del Ejecutivo. Evo Morales, después de perder el referéndum para la reelección presidencial, obtuvo el favor del Tribunal Constitucional Plurinacional, servil a sus intereses, y ahora busca el tercer período que lo mantendría en el puesto hasta el 2025.

La otra maniobra ha consistido en manipular los organismos electorales. Esta táctica les permite a los autoritarios manosear la inscripción de las candidaturas, viciar el trazo de las circunscripciones electorales y el número de cargos que se disputarán en cada una de ellas, denegar la presencia de observadores internacionales, omitir la investigación cuando hay incumplimientos de la normativa electoral y desistir de la imposición de sanciones cuando los infractores son los que compiten con la bandera del partido oficial.

Los impulsores de estas medidas han obtenido sus cargos por el voto popular. De hecho se quedan en las sillas presidenciales por el respaldo de sus seguidores en las urnas. Sin embargo, compiten en elecciones donde la equidad está alterada, en las que el ventajismo oficial les facilita el camino, donde los tribunales electorales no son imparciales y en los que las condiciones están dadas para que su partido gane.

Luego vienen las limitaciones a los derechos fundamentales. Se restringe la libertad de expresión, se acosa a los medios y a los periodistas, se intimida a los opositores, en algunos lugares se les encarcela, se utiliza a la autoridad pública para reprimir, se tuerce la justicia, se persigue a los líderes gremiales, del sector privado y de los sindicatos, y se hace todo por desgastar a los partidos políticos mientras que se ensalza a los movimientos populares que terminan siendo grupos de fachada al servicio del oficialismo.

Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento. El pasado 24 de marzo Ecuador celebró las primeras elecciones seccionales (prefectos, alcaldes, concejos urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales) después de diez años de gobierno de Rafael Correa. En 2017, Lenin Moreno, actual gobernante, ahora enemigo acérrimo del expresidente Correa, terminó con una etapa que aflojó por completo los cimientos del republicanismo.

Una de las manifestaciones de ese decaimiento institucional fue la creación, en 2008, del “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” (CPCCS) que tiene a su cargo la organización de los procesos para el nombramiento de los titulares de la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral, el Contralor General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral. También nombra al Defensor del Pueblo. El Consejo es una “supraautoridad” que mal utilizada sirve para secuestrar al Estado; ese fue el uso que le dio Correa. En 2018 los ecuatorianos decidieron destituir a los integrantes del CPCCS, nombrar autoridades provisionales y elegir a los nuevos consejeros por votación popular. Esta elección también tuvo lugar el domingo alrededor de una campaña de voto nulo.

Las cicatrices del “Correísmo” están profundamente arraigadas en los ecuatorianos. Debieron lidiar diez años con la censura, con el odio de clases y con la desinstitucionalización para comenzar a restablecer su confianza en el Estado de Derecho. Correa sigue vivo políticamente —su movimiento ganó consejerías en las elecciones del domingo— pero los ciudadanos ahora son menos influenciables y más sensibles para rechazar los discursos populistas.

Justicia y seguridad. De Luis Mario Rodríguez

14 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

El “plan cuscatlán” prioriza la prevención en materia de seguridad. Se refiere a la “inclusión social” como estrategia para alejar a los jóvenes de las pandillas. Con este propósito la próxima administración impulsará el arte, el deporte y la cultura. También ofrece becas, infraestructura productiva, empleo joven y la creación de centros de desarrollo comunitario.

Como implementadores del plan se identifica a un equipo de gobierno integrado por las carteras de seguridad, educación, salud e infraestructura; y agregan a los encargados de promover la transparencia, la innovación y la tecnología.

La inseguridad continúa alejando a los inversionistas, provoca ansiedad y miedo en la población y margina al país presentándolo como una nación violenta y sin cohesión social. Hasta ahora los gobiernos han administrado el problema sin encontrar una solución integral. Las elevadas tasas de homicidios y extorsiones no han disminuido sostenidamente en los últimos tres quinquenios.

Se presentan oscilaciones en la cantidad de asesinatos de un mes a otro pero los repuntes al alza son más frecuentes. Asimismo las extorsiones siguen con cifras oscuras de denuncias porque las víctimas temen las represalias de los pandilleros. En general no hay una estrategia efectiva para combatir a la delincuencia. Tampoco existe una política criminal y además falta determinación gubernamental para reorientar los recursos necesarios en la atención de esta crisis.

La combinación de varias instituciones públicas dentro del equipo de seguridad es una buena decisión. Sin embargo los altos índices de criminalidad y la violencia social que testimoniamos diariamente exigen una transformación del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y una revisión exhaustiva de la Policía Nacional Civil y la Inspectoría General, de la Academia Nacional de Seguridad Pública y de la Dirección General de Centros Penales.

Cuando en el pasado se dispuso fusionar en una sola instancia los campos de la justicia y la seguridad se debilitó el vínculo con el resto de instituciones del sector justicia. El Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República aportaron en el pasado valiosas recomendaciones para atacar los distintos tipos delictivos. Las reformas aprobadas a finales de los noventa e inicios del dos mil para erradicar el secuestro fueron el resultado del debate entre el Ejecutivo, los administradores de justicia, la PNC y la Asamblea Legislativa. Las gremiales empresariales, a través de sus abogados, se sumaron como un actor protagónico en esta tarea.

Concentrado en el ámbito de la justicia, el titular de ese ministerio tendrá más espacio para la planificación estratégica y podrá analizar, con mayor rigor, las reformas estructurales de carácter legal e institucional para enfrentar la epidemia delincuencial. Su relación con el fiscal, los diputados, los jueces y la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de abogados y a los empresarios, tendrán que celebrarse con la periodicidad y la urgencia que requiere la actual situación.

Adicionalmente la información estadística podría fluir con mayor consistencia y objetividad. Por ahora siguen las contradicciones entre Medicina Legal, la PNC y la FGR en cuanto al número de homicidios. Sin datos exactos las tácticas de las autoridades para encarar a los malhechores fracasarán repetidamente. La creación de un observatorio a cargo de este ministerio, con ayuda de la cooperación internacional, podría ser otra herramienta eficaz para delimitar nuevos proyectos.

Por otra parte la PNC debe recuperar la mística que le impregnaron los acuerdos de paz. No se trata únicamente de asignarle más dinero y equipar como se debe a los agentes. Es indispensable rescatar la confianza de los ciudadanos en la institución policial. Para este fin se requiere de un plan de incentivos, de la depuración constante del cuerpo policial, de la discusión acerca de la formación que reciben los futuros policías y del protagonismo de la Inspectoría General para sancionar severamente los comportamientos indebidos de algunos miembros de la corporación.

A estas tareas, propias de un ministerio de seguridad, se añaden otras como la coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y con otros países para la formación de los cuerpos de investigadores en la PNC, el seguimiento al Plan El Salvador Seguro, y la administración de los centros penales para convertir a las cárceles en verdaderos centros de readaptación.

Restablecer la seguridad es un reto de dimensiones extraordinarias. Las reformas tibias solo postergarán las consecuencias y profundizarán las secuelas. De manera similar al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, cuando concentró todo su potencial en rescatar la tranquilidad para esa ciudad, el presidente electo debería considerar este tema como el más importante para el siguiente quinquenio.

Radicalismo, enojo y anarquía. De Luis Mario Rodríguez

8 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Los casos de Andrés Manuel López Obrador en México, Jair Messias Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en los Estados Unidos nos confirman que los actuales son tiempos de radicalismo, enojo y anarquía. La neutralidad se hizo a un lado. Ahora se apela al deterioro de la institucionalidad, al declive de los partidos tradicionales y a la necesidad de refundar el Estado. Los discursos de Pablo Iglesias, líder de Podemos en España, y el de Alexis Tsipras en Grecia, cuyas opciones políticas triunfaron, nos confirman que las estrategias electorales se han desplazado de los mensajes moderados y conciliadores, que buscan atraer a los votantes del centro, a las consignas subidas de tono, que exageran las consecuencias que provocaría seguir apoyando a los de siempre y pretender resolver los problemas con las tácticas tradicionales.

La situación es tal que a las sociedades comienza a importarles poco o nada el Estado de Derecho. El Barómetro de las Américas viene reflejando esta realidad desde hace varios años. Quienes, por ejemplo, sufren la violencia en carne propia no reparan en el respeto de la legalidad y estarían de acuerdo con que se quebrante el orden jurídico con el solo propósito de erradicar la delincuencia. Este comportamiento allana el camino para “nuevos autoritarismos”, ya no amparados en la participación de la Fuerza Armada, pero con claras señales de irrespeto a la independencia de los Órganos del Estado.

El fenómeno no es nuevo. En los Noventa, Alberto Fujimori fue conocido en el mundo entero por atentar contra el Congreso peruano. Fujimori se enfrentaba a una crisis económica severa y a un reto insurreccional por parte de la guerrilla de Sendero Luminoso. El 5 de abril de 1992 decidió clausurar el Congreso, suspendió la Constitución, intervino la justicia y declaró el estado de emergencia. Lo hizo con el respaldo del ejército y con amplio apoyo entre la opinión pública. Bajo presión de la comunidad internacional, convocó a elecciones en noviembre de 1992 y la cámara electa elaboró una nueva Constitución con mayores facultades ejecutivas. En 1995 fue reelegido.

En 2017, apenas hace un año, en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia invalidó las competencias de la Asamblea Nacional. Veinticuatro años antes, el entonces presidente Jorge Serrano Elías intentó cerrar el Congreso guatemalteco. A diferencia de Maduro, Serrano Elías no contaba con la Corte Suprema de Justicia. Mientras en Guatemala fue la Corte Constitucional la que evitó la disolución del Congreso ordenada por el presidente, en Venezuela fue el propio Tribunal Supremo el que decidió asumir las funciones del Legislativo.

Los sucesos descritos evidencian con claridad que las instancias públicas se convierten en el último frente de batalla para preservar la democracia. Maduro, Ortega y los Castro las aniquilaron con el fin de concentrar el poder. Más sutil, pero no menos criticable, fue la conducta de Juan Orlando Hernández y Evo Morales, que recurrieron a la manipulación de la justicia con el propósito de obtener el visto bueno de los magistrados constitucionales a su reelección consecutiva en el cargo. Antes lo intentaron, pero no tuvieron éxito, Óscar Arias en Costa Rica y Álvaro Uribe en Colombia.

El respaldo popular, nacido de la desilusión de la gente por la falta de resultados, refuerza la intención de gobernar adecuando la ley a los intereses del mandatario de turno y olvidándose del bien común. Otras maniobras para desmantelar el Estado y alinear la legislación hacia el populismo son la reforma de la Constitución y las consultas populares. Se trata de acciones legítimas que degeneran en instrumentos al servicio del clientelismo político y del abuso de autoridad.

Ante este panorama no queda más que recurrir a la separación de poderes. Este tipo de líderes necesitan límites; de eso se trata precisamente la democracia. En las elecciones del 6 de noviembre el Partido Demócrata recuperó la mayoría en la Cámara de Representantes y anunció de inmediato investigaciones contra el actual presidente. En México, el candidato electo será juramentado como nuevo inquilino de Los Pinos el 1 de diciembre; cuenta con el control total del Congreso y del Senado. Son dos coyunturas en las que pondremos a prueba la hipótesis de esta columna de opinión.

La política exterior. De Luis Mario Rodríguez

1 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La política exterior y la diplomacia en general deben ser un asunto prioritario en la agenda de los presidenciables. El deterioro institucional de Centroamérica y particularmente la tensa situación de Nicaragua; el estatus migratorio de los salvadoreños en los Estados Unidos y las advertencias del presidente Trump ante las caravanas de migrantes, incluyendo las dos que recientemente iniciaron su recorrido desde El Salvador; la ruptura con Taiwán y el establecimiento de relaciones con la República Popular China; y las demandas de organismos hemisféricos para que se restablezca el orden constitucional por la omisión de los legisladores en el cumplimiento de sus obligaciones, son solo algunos de los aspectos que marcarán los próximos cinco años.

¿Qué piensan los candidatos sobre las graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Ortega, acerca del secuestro de las instituciones, la represión, las trabas a las libertades de expresión y asociación, la persecución de los líderes de las organizaciones estudiantiles que piden el respeto del Estado de derecho y la celebración de comicios transparentes y equitativos administrados por un tribunal electoral imparcial?

Las circunstancias son propicias para anunciar acciones inmediatas si persiste el abuso de autoridad en Nicaragua. El impulso de una resolución del Sistema de la Integración Centroamericana exigiendo la sumisión del gobierno a las reglas básicas de un Estado democrático, la apertura para que jóvenes perseguidos por el oficialismo obtengan estatus de refugiados mientras se restituye la normalidad y el equilibrio de poderes, y el “llamado a consulta” del Embajador de El Salvador en Nicaragua como protesta diplomática por el desprecio de los principios de una sociedad libre, son, como mínimo, algunas de las decisiones que ya debieron exigir los aspirantes a presidir el Ejecutivo.

Otro de los temas sobre los cuales los candidatos tienen que pronunciarse es el de la migración. ¿Cuál es la estrategia del próximo gobernante salvadoreño para que la economía del país absorba a más de un cuarto de millón de compatriotas que retornarían si concluye el Estatus de Protección Temporal que mantendrán hasta septiembre de 2019? Si prospera la apelación interpuesta por el Presidente de los Estados Unidos, la resolución del juez que detuvo la cancelación del TPS quedará sin efecto. Con el surgimiento de las “caravanas migrantes” ¿cuáles son las acciones para evitar que los Estados Unidos reduzca, o peor aún, suspenda la cooperación en materia de seguridad, combate a la corrupción y desarrollo económico?

El trato con la República Popular China, si se decide mantener ese vínculo diplomático, es otra de las cuestiones sobre las que han de emitir opinión las fórmulas presidenciales. ¿Qué tipo de pactos comerciales se pondrán en vigor? ¿Cuáles son las medidas para evitar que la infraestructura que ocupen empresas chinas se utilice con fines distintos a los establecidos en las licitaciones públicas? Una declaración de los candidatos sobre la manera en la que recompondrán el descontento de los Estados Unidos con la decisión de terminar la asociación diplomática con Taiwán, o si, de ser el caso, piensan restablecer esa relación, sería conveniente.

El incumplimiento de la obligación por los diputados de renovar un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha ubicado al país en el radar de la comunidad internacional. La falta de respaldo a las resoluciones de la OEA cuando su Secretario General solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al caso venezolano, el apoyo del mandatario salvadoreño al quebrantamiento de la institucionalidad en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y la inobservancia de los requisitos para que El Salvador continúe formando para de la entidad que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 159 países, representan otros desafíos que deberá enfrentar quien gobierne entre 2019 y 2024.

En un mundo que, siguiendo a Henry Kissinger, las relaciones internacionales se han vuelto por vez primera auténticamente globales, nadie puede actuar como si todo dependiera de decisiones locales. En el siglo XXI quienes pretendan atender los problemas nacionales sin tener en cuenta que las comunicaciones ahora son instantáneas, que la economía mundial opera de manera simultánea en todos los continentes, y que la defensa de la democracia ahora es internacional, habrán fracasado en su intento por dirigir a la Nación.

Cinco temas ineludibles. De Luis Mario Rodríguez

25 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La realidad obliga a los presidenciables a pronunciarse sobre cinco temas de trascendencia nacional: la situación fiscal, la inseguridad pública, la acefalía en la Sala de lo Constitucional, la elección del próximo Fiscal General de la República y la situación de los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos. La indiferencia, el silencio y la superficialidad de los planteamientos no son opción. Se trata de materias de relevante importancia de las que depende la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico y social y la protección de los derechos humanos. No incluir en sus agendas las medidas puntuales para cada uno de esos tópicos debe interpretarse como incapacidad para gobernar.

Los próximos cinco años marcarán la ruta hacia una de dos vías: el descalabro de las finanzas del Estado o el reordenamiento de la deuda pública. La primera nos encaminaría a un nuevo impago y al incumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales; aumentaría el “riesgo país”, se incrementarían los intereses y no seríamos objeto de más préstamos. La firma de un pacto fiscal, por el contrario, impulsaría la implementación del plan de gobierno, reorientaría el destino del gasto público para más inversión y abriría un debate acerca de las fuentes para más ingresos, incluyendo, principalmente, los incentivos para el crecimiento económico.

La lucha contra el crimen debe enfocarse de manera diferente. El abordaje deber incluir los aspectos legales, financieros y estratégicos. El próximo presidente está obligado a discutir y acordar con los operadores de justicia, la policía y la Fiscalía General las herramientas jurídicas que permitan hacer frente a la delincuencia. Es necesario transparentar el presupuesto de seguridad y probar, con evidencias, los rubros a reforzar. La manera en la que se ha invertido el impuesto que resulta de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia no ha demostrado su eficiencia. No hay resultados concretos con los que la autoridad justifique el sacrificio que hace la población pagando ese gravamen. La información es otro asunto a revisar. Los datos no son uniformes; no sabemos “quién pone los muertos” ni hay estadísticas claras que diferencien a los asesinados de los desaparecidos. Sin números y, peor aún, sin análisis riguroso y científico de la data, no hay táctica que resulte exitosa.

Por otra parte la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción son cuestiones ineludibles. La elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del próximo Fiscal General está intrínsecamente vinculado a ese desafío. Las señales no son alentadoras. Los diputados cumplieron esta semana 100 días de retraso en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La apertura del proceso para elegir al titular de la FGR evidencia la intención de un “combo legislativo”. Los aspirantes a dirigir el Ejecutivo no han dado muestras claras para zanjar esta delicada trama. Ahora es el momento de manifestar el liderazgo que ejercerán sobre los grupos parlamentarios con los que tendrán que lidiar en los próximos tres años. No se les pide imponer candidatos a su conveniencia sino sugerir a los más capaces teniendo en cuenta los distintos baremos presentados por las organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo aplica para el próximo Fiscal General. Una mala decisión puede descalabrar el ritmo que ha tomado la erradicación de este flagelo.

Finalmente los migrantes. La caravana de hondureños camino a Estados Unidos nos muestra el drama que viven millones de centroamericanos. En el caso de nuestros compatriotas, de otorgarle la razón la Corte Suprema de Justicia al presidente Trump, quedaría sin efecto la orden preliminar de suspensión que emitió el juez federal de distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, que impide que el gobierno cancele por ahora el TPS para los inmigrantes de Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua. Eso significa que el 9 de septiembre de 2019 los más de 260,000 salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal retornarían a suelo nacional ¿Cuál es el plan para insertarlos a la economía nacional? ¿Cuál será el impacto en las políticas de seguridad si en medio de los miles de repatriados vienen peligrosos pandilleros?

Gobernar en el próximo quinquenio no será nada sencillo.