Luis Mario Rodríguez

Dos referentes políticos para la reflexión… De Luis Mario Rodríguez

El expresidente y el exsecretario serán recordados como políticos de “pura cepa”, comprometidos con el ideario de sus respectivos institutos políticos, pero, sobre todo, identificados con las necesidades más urgentes de los ciudadanos.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 12 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

La reacción de prominentes líderes de los dos partidos mayoritarios ante la muerte de Armando Calderón Sol y de Hato Hasbún nos confirma la falta que le hace al país la práctica del diálogo social y de la negociación política. Uno, expresidente de la República por ARENA, el primero después de la firma del Acuerdo de Paz. El otro, exsecretario presidencial en las dos administraciones del FMLN, encargado de la “gobernabilidad democrática”, de las comunicaciones y, en determinado momento, de coordinar el espinoso asunto de la seguridad pública. A los dos les correspondió administrar momentos históricos para sus entidades políticas y para la Nación.

EDH logEmpezar a tejer una relación con la exguerrilla, ya no con la finalidad de concluir un conflicto armado sino con el propósito de reconocer su legítimo derecho como fuerza opositora en la Asamblea Legislativa y en los gobiernos locales, no fue una tarea sencilla. Se requirió de una dosis alta de tolerancia, apertura, carácter y sentido de responsabilidad. Los testimonios de destacadas figuras del partido de izquierda evidencian que el expresidente Calderón Sol lo hizo bien. Eran frecuentes, incluso antes de su penoso deceso, las expresiones de admiración hacia el político de derecha. Se rememora su predilección por el debate y la flexibilidad ante las peticiones que beneficiaran a la población sin importar el origen político de las iniciativas. El impulso de trascendentales reformas constitucionales vinculadas al fortalecimiento del sistema político y a la transparencia de las elecciones; la participación ciudadana a través de la Comisión Nacional de Desarrollo; y una acentuada personalidad, sencilla pero al mismo tiempo firme e imperturbable, que facilitó el trayecto de un quinquenio presidencial donde el respeto, la paciencia y la condescendencia allanaron la relación con el FMLN, representan algunos de los legados más importantes del Doctor Calderón Sol.

Por otra parte, sin la alternancia en la Presidencia la transición democrática que inició en 1992 se habría visto limitada. Esta fue una condición que consolidó los Acuerdos de Paz y cada vez, con mayor convicción, los partidos la consideran como una característica estable de la política salvadoreña. La sucesión en el Ejecutivo no eliminó las tensiones propias de una forma distinta de gobernar. El arribo de la izquierda al poder generó ansiedades que debieron ser correctamente administradas. Siendo la primera vez que la presidencia recaía en una organización con postulados socialistas, las expectativas y los temores alcanzaron niveles muy elevados. Las dudas y la desconfianza del empresariado y de buena parte de la sociedad civil se justificaban debido al pasado y a la orientación ideológica de las propuestas del FMLN. Hato Hasbún encaró esta realidad. Tendió puentes, fundamentalmente con el sector productivo, y desamarró poco a poco los nudos generados por el recelo y el escepticismo que, sábado tras sábado, eran alimentados por los constantes ataques y descalificaciones que el presidente de turno enfilaba en contra de empresarios, académicos, líderes de opinión, dirigentes sindicales y sociales que criticaban su gestión.

Estar al frente de una secretaría presidencial cuyo desafío principal era el de persuadir a las élites productivas, laborales y sociales, de que el diálogo sí era posible y que sus demandas serían canalizadas y llevadas a la práctica, significó un reto monumental para “don Hato”. A pocos días de la presidencial de 2009, con la incertidumbre de quién sería el nuevo inquilino de Casa Presidencial, suscribimos con el flamante exsecretario, él en representación del FMLN y algunos otros por diferentes movimientos ciudadanos, un acuerdo que establecía el compromiso de promover entendimientos institucionales que permitieran un fluido intercambio de propuestas para el desarrollo nacional. Desde entonces, demostró una inclinación muy clara a la creación de espacios en los que pudiera discutirse, distendidamente, sobre la difícil situación nacional en materia económica, de seguridad pública y social.

El expresidente y el exsecretario serán recordados como políticos de “pura cepa”, comprometidos con el ideario de sus respectivos institutos políticos, pero sobre todo, identificados con las necesidades más urgentes de los ciudadanos. Los dos se auxiliaron de su sentido del humor, pero especialmente fue su sensibilidad humana la que les permitió cumplir su misión como hijos predilectos de esta Patria.

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De nuevo la seguridad pública…. De Luis Mario Rodríguez

Mientras la sociedad no exija un compromiso integral, los políticos y las mismas víctimas y familiares de estas seguirán conformándose con parches legales, demostraciones de fuerza y estrategias dispersas.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 21 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Las últimas decisiones del gobierno para mitigar las condiciones de inseguridad combinan reformas legales con una mayor presencia policial y de efectivos militares. De la misma manera que en administraciones anteriores, de derecha y de izquierda, las autoridades quieren hacer creer a la gente que las circunstancias mejorarán aumentando penas y exhibiendo al ejército en las calles. Para quienes sufren en carne propia la crueldad de los extorsionistas, homicidas y ladrones, estas medidas les parecerán correctas e imprescindibles.

EDH logEn aquellas zonas donde las pandillas, y no el Estado, son las que establecen las reglas de “convivencia social” por supuesto que resulta mil veces preferible que sean los agentes de la PNC o la Fuerza Armada los que cuiden y protejan a su familia. La idea que ha venido cincelándose desde hace varios años en la opinión pública, de que no importa que se viole la ley con tal de resolver la crítica situación de violencia que soportan los habitantes, sigue tomando forma y alentando al Estado a emprender “todo tipo de actos” para generar una sensación de alivio entre la población afectada.

El dilema de la falta de seguridad permanecerá sin modificación alguna de continuar todos, los funcionarios y los habitantes, aceptando una solución que indudablemente nos conduce siempre a los mismos resultados. Los primeros insisten en estos métodos porque de lo contrario pueden obtener efectos adversos en las próximas elecciones; y los segundos admiten los remedios anunciados porque simplemente no soportan el infierno que padecen diariamente. De esta manera las trabas que ocasionan las decenas de homicidios y delitos de todo tipo para el comercio, el crecimiento económico y el ejercicio de las libertades, debido a la mala imagen que proyecta el país, no harán más que multiplicarse y ampliar su radio de acción limitando el desarrollo nacional.

Cuando en 2014 el presidente Sánchez Cerén creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia se anunció una nueva etapa de acuerdos entre los distintos sectores que enfrentaría la epidemia de asesinatos que afecta a la Nación. Este fue también el objetivo de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social durante la última administración del partido ARENA. Ambas instancias presentaron sendos planes en la materia, cuyo seguimiento e implementación “brillaron por su ausencia”. De haberse ejecutado estas iniciativas la realidad en este ámbito habría mejorado.

A cinco meses de las elecciones es poco probable que los responsables de la seguridad pública, la presidencia y el partido en el poder renuncien a una estrategia muy similar sino idéntica a la utilizada por los gobiernos de derecha. Y al final los dañados somos todos. Es así porque se prefieren los votos y se desprecia la vida de los cientos de salvadoreños que la pierden como consecuencia de un hecho delictivo. Mientras la sociedad no exija un compromiso integral, los políticos y las mismas víctimas y familiares de estas seguirán conformándose con parches legales, demostraciones de fuerza y estrategias dispersas.

Es innegable que a los policías y a los soldados debe cuidárseles. Quienes atentan contra ellos desafían a la comunidad entera. También es una verdad comprobada que para encarar a la delincuencia se necesitan recursos. Con una policía desmotivada, sin el equipo idóneo, con la existencia amenazada, lo mismo que la de sus allegados, no es posible luchar contra un flagelo cuyas raíces tienen varios metros de profundidad. Esas dos condiciones, la protección de las fuerzas de seguridad y el auxilio presupuestario, deben ser parte de una política criminal que incluya acciones de prevención del delito, reinserción y rehabilitación de los pandilleros y de los malhechores condenados, y una severa aplicación de la ley que respete el Estado de Derecho y que al mismo tiempo imponga orden en el territorio.

Cuando se convive con el mal, como ocurre en El Salvador, se pierde la sensibilidad y la capacidad de exigir un arreglo definitivo de las contrariedades y las penas que nos agobian. Por eso es necesario recordarle a los electores que la obligación de sus representantes es la de cumplir con sus promesas, en este caso la de recuperar el control de la seguridad y no la de proteger su reelección.

¿La vergüenza del mundo? De Luis Mario Rodríguez

El compromiso del TSE para el 2018 es enorme. No se consumará con declaraciones que ahuyentan a los aliados y generan anticuerpos. A los responsables de administrar el proceso les corresponde tejer acuerdos y buscar la asistencia técnica necesaria para asegurar el respeto de la voluntad popular. Insistir en culpar a otra instancia es buscar un refugio para la propia ineficacia.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 14 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

El titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) insiste en criticar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Ahora agregó a su discurso que “somos la vergüenza del mundo por el sistema de votación que tenemos”. Además, aunque el comentario no tiene ninguna relación con su labor al frente de la máxima autoridad electoral, dijo que “le agrada más cantar el Himno Nacional con la mano izquierda que con la derecha”.

EDH logLa censura del magistrado presidente a las sentencias de la Sala no le eximirá, ni a él ni a sus colegas del Tribunal, de la responsabilidad que podría derivar de un nuevo fracaso en la organización del proceso electoral, como ocurrió en 2015. Ni la resolución que abrió las listas y estableció la posibilidad para que el elector cruce su voto, ni la que ordenó integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) con personas no afiliadas a los partidos políticos, ni mucho menos la que ha condicionado la entrega de la deuda política y la inscripción de los candidatos a que los institutos políticos revelen la identidad de los donantes que financiaron las campañas de 2014 y 2015, representan un obstáculo para el buen desarrollo del próximo evento electoral.

Ciertamente las listas abiertas y la posibilidad de elegir candidatos a diputados de distintos partidos dificultan el conteo de los votos y de las marcas. Sin embargo, con una adecuada tecnología que transmita y procese correctamente los resultados no tendrían que presentarse mayores inconvenientes. En el 2012 la empresa que brindó los servicios tecnológicos lo hizo de manera profesional y sin contratiempos. En esa ocasión el cálculo era más sencillo porque únicamente elegíamos candidatos de un solo partido; sin embargo, el software puede adaptarse para sumar los votos enteros y los fraccionados ahora que el sistema cambió. También influirá la oportuna capacitación de los miembros de las JRV para que no se repita el problema de las inconsistencias en las actas que provocó el recuento de los votos en la circunscripción de San Salvador.

Respecto de la integración de las JRV, si bien ahora la responsabilidad recae sobre el TSE, la tarea se simplifica con las alianzas que éste puede pactar con universidades y organizaciones de la sociedad civil que contribuyan complementando con voluntarios las listas que los partidos están obligados a remitirles. Por supuesto que esta faena pasa por suscribir convenios con los centros de educación superior para concederles horas sociales a los universitarios y además capacitarles y entregarles los instructivos que expliquen con detalle los pasos a seguir para desempeñar su labor como parte de las JRV. El aula virtual donada por el PNUD complementará este trabajo que se debe sumar a la obligatoria instrucción presencial a nivel nacional.

En cuanto al control del financiamiento político y el seguimiento del fallo que mandó publicar los nombres de los patrocinadores de las campañas, se trata de un veredicto que le permitirá al país prevenir situaciones como la ocurrida en Guatemala, en donde se cancelaron dos partidos por violentar las normas que los obligan a llevar contabilidad formal y a informar sobre el dinero recibido además que varios de sus líderes están procesados judicialmente, incluida la fallida querella en contra del presidente Jimmy Morales.

El compromiso del TSE para el 2018 es enorme. No se consumará con declaraciones que ahuyentan a los aliados y generan anticuerpos. A los responsables de administrar el proceso les corresponde tejer acuerdos y buscar la asistencia técnica necesaria para asegurar el respeto de la voluntad popular. Insistir en culpar a otra instancia es buscar un refugio para la propia ineficacia.

Una buena tecnología, la pertinente y puntual capacitación, una amplia y clara campaña de educación cívica que explique por qué es importante votar, elegir y exigir y además que recuerde las formas de votar, una sólida y firme actuación de los fiscales electorales, una observación electoral nacional e internacional, antes, durante y después de los comicios, la pronta y cumplida administración de justicia electoral, además de la madurez política de los contendientes para aceptar los resultados, son algunas de las claves para lograr que las elecciones sean transparentes, equitativas y libres.

Uso político de programas sociales. De Luis Mario Rodríguez

Este tipo de estrategias puede utilizarse por quienes gobiernan o por la oposición política. Ambos estarían cometiendo un ilícito al influenciar a los ciudadanos para que, de manera libre u obligatoria, respalden a los candidatos que conceden dádivas.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 24 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

En algunos países el uso político de los programas sociales es sancionado como delito electoral. Se trata de promesas que el gobierno de turno, central o local, realiza a los ciudadanos proponiéndoles beneficios a cambio de su voto.

EDH logEl pedido de los partidos suele no ser evidente y explícito. No reclaman el voto abiertamente pero señalan que los “favores” que se han recibido en los últimos años continuarán si se mantienen en el cargo las mismas autoridades. Ciertamente los servicios que proporcionan las administraciones públicas resuelven los problemas de la gente; sin embargo, en ocasiones las alcaldías o el Ejecutivo calculan electoralmente cuándo es más recomendable entregar los bienes con el propósito de inducir la voluntad del elector para favorecer a determinada organización partidaria. Por esa razón se prohíbe la inauguración de obras con anticipación a las elecciones.

Este tipo de estrategias puede utilizarse por quienes gobiernan o por la oposición política. Ambos estarían cometiendo un ilícito al influenciar a los ciudadanos para que, de manera libre u obligatoria, respalden a los candidatos que conceden dádivas a cambio del sufragio. La gente, con miles de necesidades, suele no razonar su voto, principalmente en regiones en las que abunda la pobreza y son escasas las oportunidades de empleo y, por tanto, atiende sin reparos el llamado del oficialismo o el de sus adversarios para hacerse acreedora de alimentos, materiales de construcción o dinero en efectivo, entre otros posibles recursos. Nicaragua con el “plan techo solidario”, en el que se reparten láminas a los pobladores; Venezuela, con las “misiones”, y acá mismo, con los proyectos de Alba Petróleos, que el estudio de la Universidad de Salamanca calificó como “clientelares”, son algunos de los sitios en los que se evidencia el empleo interesado de las políticas gubernamentales.

En México se presentó un ejemplo adicional. La “tarjeta rosa”, también conocida como “salario rosa”, llama a pagar un sueldo mensual a las mujeres que se dedican a labores del hogar. En las recientes elecciones, el Partido de Acción Nacional (PAN) denunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el cometimiento de un supuesto delito electoral. “Se promete a las votantes que si gana el PRI podrán cambiar la tarjeta por otra en la que se les depositaría mensualmente una cantidad de dinero”. La acusación específica consiste en que se estaría remunerando u ofreciendo remunerar a cambio del voto, conducta que en ese país está penalizada con prisión de seis meses a tres años.

Impedir estos comportamientos fraudulentos es vital para preservar la equidad de las competencias electorales. Lo mismo se puede decir del acceso de los candidatos a los medios de comunicación públicos, de la prohibición para utilizar recursos del Estado con la finalidad de promover a los aspirantes del oficialismo, y de la regulación tanto del dinero que perciben los partidos para sufragar los gastos de campaña como de las fuentes de donde proviene.

Siguiendo con el ejemplo mexicano, recientemente, de cara a las elecciones generales de julio de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un conjunto de normas denominado “cancha pareja”. Son disposiciones que aplican para todos aquellos que aspiren a un puesto de elección popular. Persiguen garantizar la libertad de expresión en redes sociales de cualquier ciudadano, periodista o actor político, y regular el uso de recursos, públicos o privados, para costear la propaganda. En México el financiamiento público para los comicios del próximo año asciende a $6,788.90 millones de pesos equivalentes a un aproximado de USD$340 millones de dólares. El INE no decide cuántos recursos obtienen los partidos, solo aplica lo establecido en la Constitución. Entre el PAN y el PRI se repartirán $2,970 millones de pesos.

A las necesidades de una tecnología electoral adecuada, de la integración de las Juntas Receptoras de Votos y la capacitación de sus miembros, de reformas a la legislación para agregar otras causales que permitan el recuento y la apertura de las urnas, se suman las de controlar, de manera rigurosa, cualquier actuación encaminada a la compra de votos, de manera explícita o disfrazada, y la de vigilar el origen y el uso del dinero en la política.

 

Lecciones del 16J. De Luis Mario Rodríguez

La coordinación de esfuerzos entre las organizaciones civiles y los partidos de oposición que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le demostró al mundo que en realidad la insatisfacción social, más que existir en perjuicio de la democracia, se encamina contra aquellos que abusan del poder.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 20 julio 2017 / EDH

La consulta popular celebrada en Venezuela el pasado 16 de julio nos demuestra que la sociedad civil es capaz de enfrentar, con la Constitución y la ley en la mano, a quienes pretenden secuestrar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Lo hizo a pesar del corto tiempo con el que contó, la insuficiencia de recursos y las amenazas del oficialismo por boicotear el ejercicio democrático convocado por la Asamblea Nacional. No la detuvo ni la represión de la que han sido víctimas los estudiantes ni las decenas de muertos a causa de la violencia empleada por las fuerzas de seguridad del Estado.

EDH logLa coordinación de esfuerzos entre las organizaciones civiles y los partidos de oposición que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le demostró al mundo que en realidad la insatisfacción social, más que existir en perjuicio de la democracia, se encamina contra aquellos que abusan del poder, que reprimen la libertad de expresión, que disfrazan el populismo con el ropaje de programas sociales insostenibles financieramente y que ignoran principios básicos de todo sistema republicano como la separación de poderes, la libertad de expresión y la renovación de las autoridades a través de elecciones libres, transparentes y justas.

Un antecedente previo se presentó en 2015 en los comicios parlamentarios donde los partidos de la MUD ganaron la mayoría de diputados. En esa ocasión los movimientos ciudadanos desplegaron una campaña en redes sociales acerca de las condiciones que debía cumplir el proceso electoral. Un grupo de abogados y politólogos de varios países latinoamericanos viajamos a Caracas, invitados por el Centro Carter, para persuadir al liderazgo civil venezolano para trabajar por una finalidad concreta: evitar la dispersión de objetivos, impedir la parcialidad del Consejo Nacional de Elecciones y exigir la limpieza de los resultados. Las acciones se enfilaron entonces a esa meta común y, aunque los recursos financieros fueron escasos, contribuyeron al triunfo de la oposición.

Pueden identificarse otros factores, pero algunos de las circunstancias que allanaron el camino del éxito para que más de siete millones de venezolanos atendieran el llamado de la oposición el 16J fueron el hartazgo de la gente con la situación política, social, económica y de seguridad, la actuación sincronizada de organizaciones partidarias, la sólida ofensiva internacional, la observación por parte de figuras notables del ámbito político, el establecimiento de “puntos soberanos” –mesas donde se votaba- en todos los estados de Venezuela y en el extranjero, además de la granítica participación de la sociedad civil.

En el caso salvadoreño, a partir de 2010 ha despuntado un favorable protagonismo de todos aquellos que, sin pertenecer a un partido político, quieren influir en el correcto funcionamiento del Estado. Ciertamente desde los Noventa varias agrupaciones no partidarias vienen empujando una agenda orientada a fortalecer la independencia de las instituciones, a promover la transparencia y a mejorar el sistema electoral. Sin embargo, con la integración de la Sala de lo Constitucional en 2009 y más recientemente, con la conformación de la Corte Plena, tomó nuevos brillos el interés de la población organizada por impulsar medidas que respalden la decidida aplicación de la ley, el uso correcto de los fondos públicos y una más efectiva contraloría y rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

En 2017 el país cuenta con iniciativas de jóvenes, grupos promotores de la probidad, la transparencia y el acceso a la información, consorcios que aglutinan a diferentes gremiales, sindicatos, universidades y centros de pensamiento, además de otras alianzas surgidas recientemente como DECIDE y FUERZA CIUDADANA que persiguen propósitos semejantes vinculados a la consolidación institucional y al acatamiento del orden jurídico. Sus integrantes son una mezcla de personas que nunca han militado en partidos políticos, otras que lo hicieron por muchos años y ahora prefieren aportar su experiencia desde otro tipo de asociaciones, académicos, profesionales, trabajadores, empresarios y un buen número de recién graduados en varias de las mejores universidades del mundo.

Ojalá que sin perder la identidad y la intención de cada cual, quienes dirigen estas instancias piensen en una gran “coalición civil” que identifique actividades puntuales en las que se muestre el “músculo” que empieza a tonificarse aceleradamente para defender la democracia.

La incertidumbre… De Luis Mario Rodríguez

El escepticismo no es buen compañero de viaje. Aleja la inversión local y extranjera, impide la adopción de acuerdos sobre aspectos fundamentales en materia económica, produce una “sospecha” en cualquier acto o declaración que hagan los funcionarios públicos y los políticos.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 13 julio 2017 / EDH

La incertidumbre se ha convertido en “la madre” de todos los problemas nacionales. La falta de certeza sobre diferentes aspectos que podrían afectar el bienestar general agobia a los ciudadanos diariamente. Cada quien se resguarda, como puede, de la amenaza de las pandillas; las empresas, principalmente las micro y pequeñas, viven con el agobio de las extorsiones; los empleados perciben la preocupación de sus jefes por la excesiva burocracia y los consecuentes retrasos que esa situación causa en el EDH logcumplimiento de las metas y los objetivos anuales; las plenarias legislativas se han convertido en una “caja de sorpresas” en las que se desconoce si serán aprobadas reformas que afecten al sistema de pensiones, a la libertad de expresión y al combate a la corrupción o, si por fin, se adoptarán medidas que garanticen la fidelidad de los resultados en las próximas elecciones.

A la desconfianza la alimentan las amenazas de los funcionarios y la excesiva regulación gubernamental. Recientemente el titular del Tribunal Supremo Electoral advirtió a las organizaciones civiles abstenerse de “desestabilizar” las próximas elecciones legislativas y municipales. Por otro lado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó el proyecto de prevención de la violencia en el que se propone la “autorregulación” para que los medios de comunicación filtren el contenido de las noticias relacionadas con hechos de violencia para no afectar la salud mental de los salvadoreños.

Asimismo las carteras de Salud y Educación anunciaron la aprobación de la “normativa de tiendas y cafetines escolares saludables”, la que, según las gremiales empresariales de alimentos y bebidas, no fue estudiada en la mesa donde se estaba analizando el contenido de la misma desde hace por lo menos dos años.

El sector privado también se queja de los constantes retrasos en las aduanas, la arbitrariedad con la que se aplican las leyes fiscales y el retroceso en la facilitación del comercio. Una regulación adicional tiene que ver con el examen psicológico para obtener la licencia de conducir.

En materia de estabilidad política la duda surge cuando se estudian las consecuencias generadas en otros sistemas por la insatisfacción ciudadana con la democracia. Como ya se ha comentado, “la demonización” de los partidos por parte de la población los ha debilitado hasta el punto de afectar la composición de los congresos, es decir, el número de partidos y diputados que los integran, mostrando rupturas significativas, lo que ha entorpecido la gobernabilidad legislativa, dificultando a su vez el avance de los programas presidenciales que necesitan de leyes para su implementación. Ciertamente lo anterior depende de la capacidad del mandatario para “tejer” alianzas; pero esta tarea se vuelve más difícil si los partidos con los que debe discutir son diez y no dos o tres y, si además, existen varios diputados independientes, cada uno con su propia percepción de la realidad.

En definitiva, el escepticismo no es buen compañero de viaje. Aleja la inversión local y extranjera, impide la adopción de acuerdos sobre aspectos fundamentales en materia económica, produce una “sospecha” en cualquier acto o declaración que hagan los funcionarios públicos y los políticos y, en resumen, no permite resolver los dilemas colectivos. Cuando se está al acecho permanentemente, los actores se enfocan en lo urgente y descuidan lo importante. ¿Cuánta energía, creatividad e imaginación malgastamos semanalmente dedicándonos, entre otros temas, a pensar en las estrategias para evitar que el Estado expropie los fondos de pensiones; a calcular cuál es el plan de la autoridad electoral para evitar que se repitan los enredos de los comicios de 2015; a bregar con los inconvenientes que imponen las oficinas públicas para facilitar los negocios y a detener todo intento de pervertir las instituciones nombrando funcionarios de segundo grado con agenda ideológica y partidaria?

Uno de los más importantes asuntos que deben atender los precandidatos presidenciales y los aspirantes a diputados y a alcaldes es la creación de certeza, predictibilidad y seguridad jurídica que piden los empresarios, los trabajadores y los ciudadanos. Continuar sin una visión de país, con el camino empedrado y lleno de obstáculos hacia el futuro, aumentará la incredulidad y sumará más años al enorme retraso que ya presenta el desarrollo nacional.

La renuncia de los diputados… De Luis Mario Rodríguez

En los controversiales temas “liberales” y “conservadores”, como lo señaló la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Claudia Umaña, “lo relevante es abrir el espacio a la discusión”.

Luis Mario Rodríguez, 6 julio 2017 / EDH

El alboroto causado por la renuncia de dos diputados a su reelección para la Legislatura 2018-2021 por el principal partido de oposición ha provocado el debate sobre los procedimientos y criterios que se están aplicando en las elecciones internas de los partidos políticos. Estos últimos fallaron al no divulgar públicamente los requisitos que exigirían para tamizar las solicitudes de los aspirantes a precandidatos. Transparentar esta información probablemente habría evitado el escándalo mediático que causó el rechazo de las personas propuestas por los legisladores Wright y Valiente como sus suplentes.

El episodio del fin de semana nos deja dos reflexiones. La primera tiene relación con las condiciones establecidas por las dirigencias de los institutos políticos para la inscripción de los precandidatos. Puede tratarse de la experiencia en actividades de servicio, la preparación académica y la militancia previa, entre otros aspectos. Estas formalidades deben ser coherentes con lo dictado por la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones y con los requerimientos que señala la Constitución de la República. En efecto, se requiere de filtros que prevengan una inscripción masiva de aspirantes, algunos de los cuales probablemente no reúnan el perfil indispensable para los cargos respectivos. Sin embargo, los reglamentos de los partidos no pueden imponer, a quienes aspiren a competir, “barreras de entrada” más allá de las indicadas en las sentencias de la Sala y en la Carta Magna.

Por otra parte, si la normativa está apegada a Derecho surge la obligación de aplicarla de manera uniforme a todos los precandidatos. No es válido exigir determinadas calificaciones a unos y a otros relajarle su imposición con tal que puedan ser aceptados sin problema alguno. En otras palabras, el “colador” tiene que ser parejo y no arbitrario. De lo contrario, los partidos se exponen a reclamos y a nulidades que pondrían en riesgo la inscripción de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral.

En un proceso de este tipo las reglas son fundamentales. Su ambigüedad o su empleo abusivo e injusto puede provocar sismas innecesarios en los partidos. También es fundamental que quienes valoren la posibilidad de someterse a la competencia por la candidatura a diputado, alcalde, presidente o vicepresidente calculen los riesgos, asuman que otros buscan ganar el proceso y reconozcan los resultados. Si no están conformes existen los mecanismos para apelar las decisiones hasta llegar, si fuera el caso, a pedir la intervención del árbitro electoral.

La segunda consideración tiene que ver con los valores, las posturas y los principios de los precandidatos. Aspectos como la probidad y el compromiso con materias asociadas a la transparencia, al acceso a la información pública, a la separación de poderes, a los derechos fundamentales y, en general, a las condiciones de todo sistema democrático, indudablemente no tienen discusión alguna. Los que no comulguen con estas ideas no podrían ser tomados en cuenta.

Luego vienen los controversiales temas “liberales” y “conservadores”. Se trata, por ejemplo, del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio y la legalización de las drogas. Son áreas en las que algunos estamos convencidos que no hay espacio para posiciones “relativas” que den lugar a “medias tintas”. Muchos sostenemos que no es posible valorar ningún tipo de aborto, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que el consumo de las drogas puede generar estragos irreparables para quienes las usan. Sin embargo, la realidad se impone y buena parte del electorado, en especial los jóvenes, exige un debate acerca de estas cuestiones.

Este es uno de los retos más complejos para los partidos sobre todo cuando su ideario es incompatible con aquellos asuntos. En estos casos, como lo señaló la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Claudia Umaña, “lo relevante es abrir el espacio a la discusión”, teniendo presente que finalmente el partido, si es conservador, no respaldará esta agenda y, por tanto, algunos de los aspirantes posiblemente decidan no inscribirse en el proceso, o si se trata de diputados electos, se les permitirá votar diferente a sus colegas, alegando “objeción de conciencia”, aunque en el resto de la agenda legislativa se coincida en un ciento por ciento.