La agencia Polistepeque tenía tres meses de vida cuando el gobierno descubrió que solo la compañía del amigo del presidente había incluido en su escritura de constitución las dos palabras indispensables para entregar un millonario contrato por servicios de publicidad. Desde entonces, una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones que siempre trabajó a la sombra canalizó la publicidad del Ejecutivo hacia la empresa del gurú brasileño del márketing político, hoy preso por corrupción en su país.
A la izquierda, el expresidente Mauricio Funes en el día de su juramentación, el 1 de junio de 2009. A la derecha, foto de Joao Santana de febrero de 2016, en Brasil. Santana dirigió la campaña electoral de Funes y fue fundador de Polistepeque, la agencia contratada por la presidencia de Funes. Montaje fotográfico realizado por El Faro. Imágenes de El Faro y AFP.
Jimmy Alvarado, 13 febrero 2017 / EL FARO
En noviembre de 2009, dos emisarios de la Presidencia de la República llegaron al despacho del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a transmitir una orden del gobernante, Mauricio Funes. Francisco Gómez, el presidente de la ANDA, debía firmar un documento que recogía el acuerdo para que 12 titulares de oficinas del Ejecutivo contrataran de manera colectiva los servicios de publicidad de una empresa: Polistepeque, S.A. de C.V.
“No puedo firmar ese contrato”, respondió Gómez a los visitantes, que eran la directora de Publicidad de la Presidencia, Patricia Zablah, y el director de Adquisiciones, Ricardo Marroquín. Le pedían que firmara el acuerdo, sin consultar con la junta directiva de la institución, lo cual contradecía la Ley de ANDA, y él se rehusó. Gómez, al igual que prácticamente todo el gabinete de gobierno, desde hacía algunos días estaba al tanto de la posibilidad de contratar a Polistepeque, pero sus reservas se debían a que para contratar servicios de publicidad de la Presidencia sin necesidad de someterlos a concurso debían cumplirse una serie de condiciones que él no creía que se cumplían.
Por eso requirió a los dos emisarios documentos que justificaran la contratación directa. Les pidió que fundamentaran por qué iba a ser más barato contratar solo a Polistepeque en lugar de a varias agencias, y solicitó pruebas de que la compañía recién fundada era la única empresa que podía proveer los servicios requeridos. Gómez insistía en esos documentos porque sustentarían las condiciones bajo las cuales la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) sí permitiría soslayar una licitación. Les dijo que solo con dichos documentos iba a convocar a los directivos de ANDA para que le autorizaran con sus votos firmar el contrato.
Pero ni Zablah ni Marroquín llevaban esa documentación, así que Gómez se mantuvo firme. «Esto le va a traer consecuencias», dice Gómez que le advirtió Zablah, quien luego se retiró con Marroquín. Dos meses más tarde, el 4 de enero de 2010, Gómez sería destituido por Funes «por falta de confianza».
Mientras aquello ocurría, el jefe inmediato de Patricia Zablah solo era espectador. Según el reglamento del Órgano Ejecutivo, el secretario de Comunicaciones, David Rivas, era el responsable de la construcción de la imagen del gobierno de Mauricio Funes. Además, la dirección de Publicidad está adscrita a la Secretaría de Comunicaciones. Pero dice Rivas que Zablah ni le informaba sobre los pasos que daba ni le pedía aval: el presidente Funes había decidido crear una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones y marginar a Rivas de esa responsabilidad. «Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes, porque ella era de su confianza».
Aunque Rivas sostiene que él fue marginado del proyecto Polistepeque, un memorando fechado el 27 de julio de 2009 muestra que al menos en un inicio tomó parte de una serie de decisiones que permitieron al gobierno tejer un traje a la medida para la agencia del publicista brasileño Joao Santana, que en dos años y medio obtuvo contratos con el gobierno por al menos 5.6 millones de dólares. El uso de ese traje requirió de un pequeño grupo de trabajo en el que, además de Zablah, destacaba Luis Verdi, un hombre de confianza de Santana.
Luis Verdi (izquierda) camina detrás del presidente Mauricio Funes durante una visita del mandatario a Verapaz el 10 de noviembre 2009. El acuerdo que permitió dar toda la publicidad del Ejecutivo sin necesidad de licitación está fechado seis días más tarde, 16 de noviembre. Verdi asegura que él se convirtió en asesor del presidente Funes «en el último cuatrimestre de 2009». El Faro, sin embargo, fue testigo de cómo Verdi hacía correcciones al discurso de toma de posesión del nuevo presidente el mismo 1 de junio de ese año. Foto: Luis Umaña
En la elaboración del traje participaron desde el presidente Funes hasta los funcionarios que suscribieron el acuerdo fechado 19 de noviembre de 2009, el mismo que Gómez se negó a firmar. Según una quincena de fuentes consultadas por este periódico, entre exfuncionarios y documentos del Ejecutivo de aquellos días, Verdi y Zablah administraban los contratos y la billetera que desde la Presidencia se encargaba de canalizar los pagos a Polistepeque. Las mismas fuentes ubican al presidente Funes dando el banderillazo de salida a la relación del gobierno con Polistepeque, y dejando caer la banderilla para clausurarla a inicios de 2012.
¿Quién fue el responsable de esta operación que evitó competencia a Polistepeque, que creó una secretaría fantasma en la Presidencia y que canalizó al menos 5.6 millones de dólares hacia la empresa del magnate brasileño que hoy guarda prisión en Brasil acusado de corrupción? David Rivas señala a Funes. Y Funes se hace a un lado: «Si desean una entrevista sobre el tema de Polistepeque, pídansela a mi ex secretario de Comunicaciones, David Rivas. Yo no tengo nada que decir de Polistepeque que no haya dicho ya cuando fui presidente», respondió el exmandatario ante una petición de entrevista que este periódico le hizo llegar vía Twitter.
Rivas afirma que Patricia Zablah desempeñaba funciones que le correspondía a él supervisar, pero que, por ejemplo, no le consultaba decisiones como la selección de la agencia de publicidad para el gobierno o la asignación del grueso de la pauta publicitaria en los medios de comunicación más grandes, TCS, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.
El documento que Gómez se negó a firmar lleva por encabezado «Resolución Conjunta de Contratación Directa para la Adquisición de Servicios RCD/001/009» y eventualmente fue firmado por 11 funcionarios del Ejecutivo: el presidente Mauricio Funes, el ministro de Educación y vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén; el ministro de Seguridad, Manuel Melgar; el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la secretaria de Cultura, Breni Cuenca; el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el director del Seguro Social, Óscar Kattán; la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez; el presidente del Fondo Social para la Vivienda, Tomás Chévez; el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Nicolás Salume, y el sustituto de Gómez, Marco Antonio Fortín. Según David Rivas, él no participó en ninguna reunión con titulares del Ejecutivo en la que se firmó dicho documento. Los contratos institución por institución comenzaron a llover a partir de mayo de 2010.
Todas las firmas de Patricia Zablah
En junio de 2009, Funes nombró a Patricia Zablah como directora de Publicidad, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones. El nombre de Zablah ya aparecía en el Registro de Comercio como directiva de la empresa Noticieros y Entrevistas, junto con Mauricio Funes y Hato Hasbún, quien fuera secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia de Funes. Hoy es secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana. Esa empresa producía el programa de televisión «La Entrevista con Mauricio Funes». Zablah era la encargada del contenido y de gestionar la llegada de los entrevistados al programa.
Rivas subraya que aunque Zablah estaba subordinada a él en el organigrama de la Presidencia, solo atendía lo que Funes le encargaba. «Con Patricia Zablah terminamos enemistados porque ella creía que estaba arriba de mí y que no me debía rendir cuentas, que su jefe era el presidente de la República y que ella podía tomar decisiones porque contaba con el respaldo del presidente», dice Rivas.
Dos exfuncionarios de Presidencia de la República que conocieron la manera en que se manejaba la publicidad del Ejecutivo en los primeros años del quinquenio Funes aceptaron hablar con El Faro bajo condición de anonimato. Los dos coinciden en que en materia de publicidad, Zablah y Verdi eran en la práctica una Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia paralela a la que conducía Rivas. Ellos eran quienes tomaban las decisiones sobre campañas y pautas en medios. Verdi no tenía nombramiento en la secretaría, y en la información oficial de la Presidencia solo se le nombra como «asesor presidencial».
Esos dos exfuncionarios de la Presidencia perfilan a Luis Verdi como un «superministro sin despacho», porque al menos durante tres años y medio acompañaba a Funes a las reuniones con los ministros. «Mi función siempre fue técnica, relacionada con la estrategia comunicacional y elaboración de mensajes y discursos», explicó Verdi sus funciones a El Faro, vía correo electrónico. Negó que hubiera liderado una estructura paralela que manejara los pagos de publicidad o que decidiera en qué medios colocar la publicidad gubernamental. «Esas responsabilidades las ejerció siempre la Secretaría de Comunicaciones. No existió tal estructura paralela que ejerciera esas funciones».
Verdi dice que tenía un equipo en Presidencia de la República que seguía sus órdenes. «Por la naturaleza de mi asesoría constituí un equipo que me asistía en mis tareas específicas de asesoramiento del expresidente que, insisto, se relacionaban con las estrategias de comunicación», dijo Verdi. El comunicador argentino dejó su cargo de asesor a mediados de 2013 para unirse al equipo de Joao Santana que asesoró una de las campañas presidenciales en Panamá.
David Rivas caracteriza a Verdi como «el enlace entre Polistepeque y la Presidencia» y subraya su papel en el manejo de la publicidad que, al menos durante la primera mitad de la administración, fue canalizada toda a la empresa de Santana. «Luis Verdi estaba metido de cabeza en el tema de la publicidad y en evaluar las encuestas de opinión, y junto con Patricia Zablah iba a los almuerzos con los directores de medios para ver el tema de pauta de publicidad. Verdi era el representante de Joao Santana».
El gurú del marketing político brasileño fue el responsable de la campaña electoral que dio a Funes el triunfo el 15 de marzo de 2009. Esa noche, durante su discurso de celebración, Funes recordó el trabajo de Santana y Verdi en la campaña. «Agradezco a nuestros amigos del Brasil y la Argentina, que hicieron posible que pudiéramos enfrentar la campaña del miedo, la campaña sucia que lanzaron nuestros adversarios», dijo el presidente electo, en el redondel Masferrer, de San Salvador.
Los dos exfuncionarios atribuyen a Zablah la idea de seguir trabajando con el equipo de Santana una vez iniciara el primer gobierno del FMLN. «Patricia manifestó que Mauricio Funes no podía someter su imagen de presidente a los publicistas de «derecha» del país que lo odian y que, por lo tanto, era necesario recurrir a una empresa de confianza», dice uno de ellos.
Un tercer exfuncionario de la Presidencia que también pidió que se mantenga bajo reserva su identidad por temor a represalias, explica que una semana antes de la toma de posesión del 1 de junio, ya estaba decidido que el equipo de Santana se encargaría de la publicidad del Ejecutivo desde el inicio de la administración Funes. Agrega que ya para entonces tenían listas las acciones de comunicación del nuevo gobierno, que se divulgarían bajo el lema «Unir, crecer, incluir».
Funes asumió la presidencia y pronto hizo alarde de que, a diferencia de los gobiernos anteriores, el suyo no destinaría recursos públicos para hacer propaganda sobre los primeros días de la administración. Mientras tanto, el camino para Polistepeque se allanaba en silencio. Antes de que transcurrieran los primeros 100 días, en una carta del 4 de septiembre de 2009, Patricia Zablah detallaba al director de adquisiciones de la Presidencia, Ricardo Marroquín, las características que debía reunir la agencia de publicidad que necesitaban: «Debe ser una empresa que haya administrado contratos superiores a los 5 millones de dólares con gobiernos internacionales”, escribió Zablah.
El perfil de la empresa que Zablah pedía que se contratara para manejar la publicidad del Ejecutivo parecía una descripción en la que se enlistaban las características de Polistepeque: una empresa con experiencia internacional, con servicios dados a otros gobiernos, y que se definiera como agencia y productora.
Zablah, entonces sí, explicaba el propósito de la contratación que dos meses más tarde iba a pedirle el presidente de la ANDA: la disminución de costos, y lo planteaba como un argumento central de la compra conjunta que iban a hacer una docena de instituciones del Ejecutivo. “Debe tener la capacidad de ofrecer el servicio descrito a todas las instituciones de la administración pública esto con el fin de disminuir los costos en este rubro para todas las instituciones que podrían involucrarse”. Rivas asegura que no se enteró del diseño de la contratación que terminó favoreciendo a Polistepeque.
Durante los primeros dos años y medio del gobierno Funes, Zablah dejó un rastro en 10 oficinas del Ejecutivo, en la Presidencia y en varios medios de comunicación a los que visitó en aquellos meses. Su nombre y firma la retratan como intermediaria en la aprobación de pagos de 10 instituciones del Ejecutivo a Polistepeque. Por ejemplo, aparece en los documentos de los pagos que el Ministerio de Seguridad hizo a la agencia, aunque dicho ministerio declara hoy que el contrato con Polistepeque es «inexistente», porque ante una solicitud de información de El Faro, la respuesta fue que no lo encontraron. Zablah aprobó los 233 presupuestos de servicios de publicidad para Seguridad que acompañaron a igual número de facturas, algunas por promocionales impresos que costaron mil 364 dólares y otras por la colocación de spots de televisión en espacios prime time por 278 mil dólares. Así es como la firma de Zablah aparece en todos los presupuestos en los que se justificó que este ministerio erogara 1 millón 89 mil 4 dólares con 98 centavos entre el 31 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
El extravío de documentos que respaldan la contratación de Polistepeque también afectó al menos a otra institución del Ejecutivo: el Ministerio de Obras Públicas. El ministro de esta cartera, Gerson Martínez, a pesar de que suscribió el acuerdo fechado 19 de noviembre de 2009, eventualmente se negó a que el MOP pagara a Polistepeque. Lo que sucedió, explica, es que cuando llegó el momento del cobro, debido a que la Presidencia de la República era la responsable de centralizar las contrataciones, esta debía entregar los documentos que sustentaran la prestación de los servicios por parte de Polistepeque. Pero la Presidencia carecía de la documentación que respaldara la compra de servicios por más de 27 mil dólares y por eso, dice Martínez, él se rehusó a que se pagara un solo centavo. En otras dos instituciones del Ejecutivo, aunque pagaron a Polistepeque por los servicios brindados, ya no tienen la documentación de respaldo sobre comunicaciones y controles administrativos porque la destruyeron hace tiempo.
Antes de que llegara el momento de hacer esas contrataciones, sin embargo, todavía había que justificar que Polistepeque era la única compañía presente en El Salvador con las características que buscaba el gobierno. Y el estudio que concluía eso iba a hacerlo una persona ajena al gobierno que poco después de entregar su informe sería contratada por la Presidencia de la República.
La versión de Rivas sobre su nula participación en toda la trama que rodea la contratación de Polistepeque parece quedar confirmada en cada notificación de solicitud de servicio que Zablah firmaba en nombre de cada una de las 10 dependencias del Ejecutivo que contrataron a Polistepeque. «El objeto del presente contrato consiste en el Suministro de Servicios denominados: Servicios de Agencia de Publicidad para Diseño, Producción e Implementación de Campañas Publicitarias, y estará bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, en especial de la Dirección de Publicidad de la misma”, dice una de las cláusulas. Y luego explica el mecanismo: «La notificación de Solicitud del Servicio, (deberá ser) extendida por la Institución a través de la Dirección de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República».
Cuando este periódico preguntó a Rivas por qué si él era el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, estuvo a un lado de esas contrataciones, responde: «A mí se me comunicó de forma verbal que la persona que iba a ver el tema de la publicidad iba a ser Patricia Zablah». ¿Quién se lo comunicó? «Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes».
Información ya fue destruida
En junio de 2008, Joao Santana tomó la dirección de la campaña que llevó a la presidencia a Mauricio Funes. Este asumió el cargo el 1 de junio de 2009 y cinco semanas más tarde, el 7 de julio, Santana registró su nueva empresa Polistepeque, S.A. de C.V. Dos meses más tarde, Zablah detallaba cómo debía ser la compañía a contratar, y un mes más tarde, el 15 de octubre, un consultor cuyo contrato tampoco existe en la Presidencia de la República, rindió un informe en el que estableció que solo Polistepeque reunía el perfil que buscaba Zablah. Con dicho documento como respaldo, la administración Funes dio paso a la contratación de Polistepeque sin someter a concurso la prestación de los servicios.
La contratación directa, según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), procede cuando se cumple al menos uno de los siguientes requisitos: si se ha abierto concurso dos veces y ninguna empresa ha participado; si hay un único proveedor de un bien o servicio, o si hay urgencia por alguna calamidad que impida esperar el tiempo que toma una licitación porque se pone en riesgo el interés general. La contratación de Polistepeque solo podía caber bajo el argumento de que era la única compañía que podía proveer el servicio. Y en eso fueron claves las palabras «agencia» y «productora», aunque…
Un tercer exfuncionario de la Presidencia que pidió el anonimato por temor a represalias asegura que en realidad hubo un estudio que determinó que al menos dos agencias ya establecidas en El Salvador mucho antes de la llegada de Santana estaban en capacidad de dar el servicio que se necesitaba. «Pero se les desestimó porque se creía que sus directivos eran personas demasiado cercanas al partido Arena», dijo esta fuente.
El Faro preguntó a David Rivas si, dado que él era el secretario de Comunicaciones, no advirtió al presidente Funes sobre una posible violación a la LACAP al optar por la contratación directa para favorecer a la agencia del amigo del gobernante. «Con el presidente no lo conversé. Lo conversé con otras personas y lo que me dijeron es que se le encargó a una persona que hiciera la indagación y me dijeron que esa persona había establecido que no existía en el medio nacional una agencia con capacidad para darnos el servicio que nosotros requeríamos».
Ese consultor fue el abogado Luis Paulino Selva Estrada, quien entregó un informe al director de Adquisiciones, Ricardo Marroquín. En la Presidencia no hay un documento que haga constar que a Selva Estrada se le pagó por su trabajo. Con ese informe se abrió la puerta para que Polistepeque obtuviera en los siguientes meses contratos por al menos 5.6 millones de dólares con una decena de instituciones del Ejecutivo.
Para hacer su estudio, Selva Estrada se dedicó a revisar documentación pública en el Registro de Comercio y fue ahí donde, semanas después de que Santana fundara Polistepeque, encontró que solo esta incluía en su escritura de constitución, aquellas dos palabras que Zablah había decidido que tenían que respaldar a la agencia que se contratara: agencia y productora. El informe de Selva Estrada añadió que las escrituras de Apex Publicidad, de Máxima, de Obermet y de Bianchi y Asociados carecían de esos términos. Basado en ese hallazgo, Selva Estrada recomendó en su informe del 15 de octubre de 2009 a Ricardo Marroquín, no licitar y entregar el contrato a la empresa de Santana. Dos meses y medio después de presentado el informe, Selva Estrada fue contratado en la Dirección de Adquisiciones a cargo de Marroquín. El Faro buscó una entrevista con el abogado Selva Estrada, pero al cierre de este reportaje no había respondido las solicitudes que se le hicieron.
David Rivas dice que cuando conversó este punto con Zablah, esta le aseguró que todo estaba en regla.
-Usted señala a la directora de Publicidad, como responsable de las gestiones para la contratación de Polistepeque, pero según el organigrama de la Presidencia, ella estaba subordinada a usted. ¿Cómo puede usted desvincularse de la decisión de contratar a Polistepeque si usted era el superior inmediato de Patricia Zablah?
-Te hablo con franqueza. Yo no participé en el proceso de licitación ni de contratación de Polistepeque. Te hablo con absoluta verdad.
-Pero usted era el secretario de Comunicaciones. ¿En ningún momento objetó nada?
-Yo pregunté «¿todo está bien?» Y «sí, sí, sí, todo está en regla», me dijeron.
Aunque Rivas se desmarca de toda responsabilidad, en un memorando del 27 de julio de 2009, dirigido a los ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia y presidentes de autónomas, les informa que por instrucciones del presidente Funes toda búsqueda de servicios de publicidad deberá canalizarse por medio de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. No precisa que por medio de la Dirección de Publicidad que dirigía Patricia Zablah. El exfuncionario sostiene que eso fue todo lo que él hizo en relación con lo que, eventualmente, se convertiría en la contratación directa de Polistepeque. Además, que la intención de ese memorando era coordinar la comunicación, no centralizarla en favor de la empresa de Joao Santana.
«Les reitero mi llamado a coordinar con la Secretaría de Comunicaciones cualquier proceso de planeación de campañas publicitarias que tengan previsto realizar, ya que será necesario el aval previo de esta dependencia de la Presidencia de la República para poder licitar y desarrollar cualquier esfuerzo comunicacional», instruía Rivas -en dicho memorando- a ministros, viceministros y presidentes de autónomas.
El Faro reveló en enero de 2010 la maniobra del presidente de la República para otorgar todo el pastel publicitario del Ejecutivo al amigo del presidente Funes.
Las gestiones de la estructura paralela posibilitaron que Polistepeque recibiera al menos 5.6 millones de dólares del gobierno Funes sin tener que competir con ninguna otra agencia de publicidad. Esta cifra, parcial, ha sido recogida por El Faro gracias a la información contable de 10 oficinas del Ejecutivo, que todavía guardan información relativa al gasto de publicidad. Esas gestiones permitieron a Santana mantener una incidencia en las comunicaciones y en la construcción de la imagen del gobierno, aunque ni él ni quien había sido su mano derecha durante la campaña, Luis Verdi, se expusieron en público.
El Faro solicitó información sobre contratos de publicidad y controles administrativos de prestación de servicios a 12 instituciones del Ejecutivo y descubrió que algunas la han destruido. De las 12 instituciones, una -la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)- dijo que no usó los servicios de Polistepeque y, por lo tanto, no tiene ningún documento. Una segunda, el ISSS, respondió que en 2011 el jefe de comunicaciones dio instrucciones para destruir documentación sobre comunicaciones oficiales y controles administrativos de los años 2009 y 2010. Es decir, se destruyó documentación con apenas un año de existencia. Mientras, el FSV destruyó el 20 de julio de 2015 reportes contables del año 2010 amparándose en el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera (AFI). Ese artículo dice que deben pasar al menos cinco años para que documentos sobre comunicaciones oficiales puedan ser destruidos, y 10 años para que pueda destruirse reportes contables.
Polistepeque cerró operaciones en El Salvador en en enero de 2012. Solo en sus primeros 19 meses facturó 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones provinieron de pagos por servicios de publicidad de 10 instituciones del Ejecutivo. El último movimiento de Polistepeque en El Salvador data de 2012, cuando la empresa transfirió a sus dos accionistas -Joao Santana y Mónica Moura- 3 millones de dólares por medio de un préstamo, según información contable presentada por Polistepeque ante el Registro de Comercio.
Mauricio Funes, al igual que sus predecesores, decidió que el gasto en publicidad de su gobierno debía mantenerse lejos de los ojos de los ciudadanos. El secretario privado de Funes, Francisco Cáceres, declaró bajo reserva durante siete años la información de todos los expedientes sobre adjudicación y contratación de servicios de agencias de publicidad. Tras la orden de 2016 de la Sala de lo Constitucional de dar a conocer dicha información, la Presidencia publicó algunas piezas del rompecabezas Polistepeque. Pero no divulgó -y dice no tener- información de control administrativo del gasto en publicidad. La Dirección de Adquisiciones respondió que esos documentos no están incluidos en el expediente de compras de publicidad, y la Unidad Financiera contestó que no hace control administrativo de la compra de esos servicios. ANDA, Seguridad, Salud, Educación, Fonavipo y Hacienda tienen sus propios registros de control administrativo donde entre facturas, pólizas y presupuestos se puede reconstruir un poco del negocio de Polistepeque durante la administración Funes.
David Rivas insiste en que él no tiene idea de cuánto se pagó a Polistepeque, porque él no manejaba esa área.
Luis Verdi informó, vía correo electrónico, que él trabajó para Polistepeque entre 2008 y 2009. Asimismo, negó que él hubiera dirigido dentro de la Presidencia de la República una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones. Sostuvo, además, que su tarea era, esencialmente, asesorar al presidente en el tema de discursos y que no manejaba la publicidad. -Añadió que en algún momento Héctor Silva estuvo en su equipo de trabajo.
Cuando Verdi llegó a El Salvador ya tenía en su currículo asesorías en comunicación a algunos gobiernos. Por ejemplo, fue asesor del presidente argentino Eduardo Duhalde. Y Santana tenía en sus antecedentes recientes el diseño de la exitosa campaña para la reelección del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Silva dice que en el segundo semestre de 2011, cuando él trabajaba como consejero en la embajada de El Salvador en Washington, fue contactado por Verdi para invitarlo a que desarrollara un proyecto de divulgación de las políticas del presidente Funes. «Pedí permiso sin goce de sueldo a Cancillería y trabajé en ese proyecto entre noviembre de 2011 y enero de 2012», añade. Lo que se planeaba era un programa de televisión en el que el mandatario expusiera la marcha de su administración. «Eso no tenía nada que ver con el programa de radio que inició después». Durante esos tres meses, dice Silva, su sueldo lo pagó la Presidencia de la República.
El Faro buscó en reiteradas ocasiones a Patricia Zablah para pedirle una entrevista. Por medio de correo electrónico, por medio de una carta que fue recibida por el portero del edificio de apartamentos donde vive, y también por medio de mensajes de Whatsapp a uno de sus familiares. Nunca respondió las solicitudes. El Faro logró contactar con Ricardo Marroquín, pero este dijo que no haría comentarios.
Patricia Zablah, Joao Santana, Polistepeque cerró operaciones en enero de 2012. Pocos días antes, dice David Rivas, hubo una reunión en la que se selló el fin de aquella relación entre Funes y Santana. «Joao le dijo a Mauricio que para él no era negocio El Salvador porque los ingresos que obtenía eran muy bajos». Y el presidente le respondió que tenía que comprender la realidad de este país. «Ubicate, este no es ni Brasil ni Argentina, es El Salvador y no tenemos recursos». El empresario añadió, entonces, que si esa era la única respuesta que iba a obtener, prefería cerrar su empresa en El Salvador. «Entonces andate», le dijo el presidente. Y Santana se marchó el 31 de enero.
*Con reportes de Sergio Arauz
Segunda Vuelta 
