Mauricio Funes

Joao Santana: el fantasma que hablaba al oído del presidente Funes. EL FARO

La agencia Polistepeque tenía tres meses de vida cuando el gobierno descubrió que solo la compañía del amigo del presidente había incluido en su escritura de constitución las dos palabras indispensables para entregar un millonario contrato por servicios de publicidad. Desde entonces, una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones que siempre trabajó a la sombra canalizó la publicidad del Ejecutivo hacia la empresa del gurú brasileño del márketing político, hoy preso por corrupción en su país.

A la izquierda, el expresidente Mauricio Funes en el día de su juramentación, el 1 de junio de 2009. A la derecha, foto de Joao Santana de febrero de 2016, en Brasil. Santana dirigió la campaña electoral de Funes y fue fundador de Polistepeque, la agencia contratada por la presidencia de Funes. Montaje fotográfico realizado por El Faro. Imágenes de El Faro y AFP.

A la izquierda, el expresidente Mauricio Funes en el día de su juramentación, el 1 de junio de 2009. A la derecha, foto de Joao Santana de febrero de 2016, en Brasil. Santana dirigió la campaña electoral de Funes y fue fundador de Polistepeque, la agencia contratada por la presidencia de Funes. Montaje fotográfico realizado por El Faro. Imágenes de El Faro y AFP.

Jimmy Alvarado, 13 febrero 2017 / EL FARO

el faroEn noviembre de 2009, dos emisarios de la Presidencia de la República llegaron al despacho del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a transmitir una orden del gobernante, Mauricio Funes. Francisco Gómez, el presidente de la ANDA, debía firmar un documento que recogía el acuerdo para que 12 titulares de oficinas del Ejecutivo contrataran de manera colectiva los servicios de publicidad de una empresa: Polistepeque, S.A. de C.V.

“No puedo firmar ese contrato”, respondió Gómez a los visitantes, que eran la directora de Publicidad de la Presidencia, Patricia Zablah, y el director de Adquisiciones, Ricardo Marroquín. Le pedían que firmara el acuerdo, sin consultar con la junta directiva de la institución, lo cual contradecía la Ley de ANDA, y él se rehusó. Gómez, al igual que prácticamente todo el gabinete de gobierno, desde hacía algunos días estaba al tanto de la posibilidad de contratar a Polistepeque, pero sus reservas se debían a que para contratar servicios de publicidad de la Presidencia sin necesidad de someterlos a concurso debían cumplirse una serie de condiciones que él no creía que se cumplían.

Por eso requirió a los dos emisarios documentos que justificaran la contratación directa. Les pidió que fundamentaran por qué iba a ser más barato contratar solo a Polistepeque en lugar de a varias agencias, y solicitó pruebas de que la compañía recién fundada era la única empresa que podía proveer los servicios requeridos. Gómez insistía en esos documentos porque sustentarían las condiciones bajo las cuales la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) sí permitiría soslayar una licitación. Les dijo que solo con dichos documentos iba a convocar a los directivos de ANDA para que le autorizaran con sus votos firmar el contrato.

Pero ni Zablah ni Marroquín llevaban esa documentación, así que Gómez se mantuvo firme. “Esto le va a traer consecuencias”, dice Gómez que le advirtió Zablah, quien luego se retiró con Marroquín. Dos meses más tarde, el 4 de enero de 2010, Gómez sería destituido por Funes “por falta de confianza”.

Mientras aquello ocurría, el jefe inmediato de Patricia Zablah solo era espectador. Según el reglamento del Órgano Ejecutivo, el secretario de Comunicaciones, David Rivas, era el responsable de la construcción de la imagen del gobierno de Mauricio Funes. Además, la dirección de Publicidad está adscrita a la Secretaría de Comunicaciones. Pero dice Rivas que Zablah ni le informaba sobre los pasos que daba ni le pedía aval: el presidente Funes había decidido crear una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones y marginar a Rivas de esa responsabilidad. “Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes, porque ella era de su confianza”.

Aunque Rivas sostiene que él fue marginado del proyecto Polistepeque, un memorando fechado el 27 de julio de 2009 muestra que al menos en un inicio tomó parte de una serie de decisiones que permitieron al gobierno tejer un traje a la medida para la agencia del publicista brasileño Joao Santana, que en dos años y medio obtuvo contratos con el gobierno por al menos 5.6 millones de dólares. El uso de ese traje requirió de un pequeño grupo de trabajo en el que, además de Zablah, destacaba Luis Verdi, un hombre de confianza de Santana.

Luis Verdi (izquierda) camina detrás del presidente Mauricio Funes durante una visita del mandatario a Verapaz el 10 de noviembre 2009. Foto: Luis Umaña

Luis Verdi (izquierda) camina detrás del presidente Mauricio Funes durante una visita del mandatario a Verapaz el 10 de noviembre 2009. El acuerdo que permitió dar toda la publicidad del Ejecutivo sin necesidad de licitación está fechado seis días más tarde, 16 de noviembre. Verdi asegura que él se convirtió en asesor del presidente Funes “en el último cuatrimestre de 2009”. El Faro, sin embargo, fue testigo de cómo Verdi hacía correcciones al discurso de toma de posesión del nuevo presidente el mismo 1 de junio de ese año. Foto: Luis Umaña

En la elaboración del traje participaron desde el presidente Funes hasta los funcionarios que suscribieron el acuerdo fechado 19 de noviembre de 2009, el mismo que Gómez se negó a firmar. Según una quincena de fuentes consultadas por este periódico, entre exfuncionarios y documentos del Ejecutivo de aquellos días, Verdi y Zablah administraban los contratos y la billetera que desde la Presidencia se encargaba de canalizar los pagos a Polistepeque. Las mismas fuentes ubican al presidente Funes dando el banderillazo de salida a la relación del gobierno con Polistepeque, y dejando caer la banderilla para clausurarla a inicios de 2012.

¿Quién fue el responsable de esta operación que evitó competencia a Polistepeque, que creó una secretaría fantasma en la Presidencia y que canalizó al menos 5.6 millones de dólares hacia la empresa del magnate brasileño que hoy guarda prisión en Brasil acusado de corrupción? David Rivas señala a Funes. Y Funes se hace a un lado: “Si desean una entrevista sobre el tema de Polistepeque, pídansela a mi ex secretario de Comunicaciones, David Rivas. Yo no tengo nada que decir de Polistepeque que no haya dicho ya cuando fui presidente”, respondió el exmandatario ante una petición de entrevista que este periódico le hizo llegar vía Twitter.

Rivas afirma que Patricia Zablah desempeñaba funciones que le correspondía a él supervisar, pero que, por ejemplo, no le consultaba decisiones como la selección de la agencia de publicidad para el gobierno o la asignación del grueso de la pauta publicitaria en los medios de comunicación más grandes, TCS, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.

El documento que Gómez se negó a firmar lleva por encabezado “Resolución Conjunta de Contratación Directa para la Adquisición de Servicios RCD/001/009” y eventualmente fue firmado por 11 funcionarios del Ejecutivo: el presidente Mauricio Funes, el ministro de Educación y vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén; el ministro de Seguridad, Manuel Melgar; el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la secretaria de Cultura, Breni Cuenca; el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el director del Seguro Social, Óscar Kattán; la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez; el presidente del Fondo Social para la Vivienda, Tomás Chévez; el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Nicolás Salume, y el sustituto de Gómez, Marco Antonio Fortín. Según David Rivas, él no participó en ninguna reunión con titulares del Ejecutivo en la que se firmó dicho documento. Los contratos institución por institución comenzaron a llover a partir de mayo de 2010.

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Todas las firmas de Patricia Zablah

En junio de 2009, Funes nombró a Patricia Zablah como directora de Publicidad, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones. El nombre de Zablah ya aparecía en el Registro de Comercio como directiva de la empresa Noticieros y Entrevistas, junto con Mauricio Funes y Hato Hasbún, quien fuera secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia de Funes. Hoy es secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana. Esa empresa producía el programa de televisión “La Entrevista con Mauricio Funes”. Zablah era la encargada del contenido y de gestionar la llegada de los entrevistados al programa.

Rivas subraya que aunque Zablah estaba subordinada a él en el organigrama de la Presidencia, solo atendía lo que Funes le encargaba. “Con Patricia Zablah terminamos enemistados porque ella creía que estaba arriba de mí y que no me debía rendir cuentas, que su jefe era el presidente de la República y que ella podía tomar decisiones porque contaba con el respaldo del presidente”, dice Rivas.

Dos exfuncionarios de Presidencia de la República que conocieron la manera en que se manejaba la publicidad del Ejecutivo en los primeros años del quinquenio Funes aceptaron hablar con El Faro bajo condición de anonimato. Los dos coinciden en que en materia de publicidad, Zablah y Verdi eran en la práctica una Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia paralela a la que conducía Rivas. Ellos eran quienes tomaban las decisiones sobre campañas y pautas en medios. Verdi no tenía nombramiento en la secretaría, y en la información oficial de la Presidencia solo se le nombra como “asesor presidencial”.

Esos dos exfuncionarios de la Presidencia perfilan a Luis Verdi como un “superministro sin despacho”, porque al menos durante tres años y medio acompañaba a Funes a las reuniones con los ministros. “Mi función siempre fue técnica, relacionada con la estrategia comunicacional y elaboración de mensajes y discursos”, explicó Verdi sus funciones a El Faro, vía correo electrónico. Negó que hubiera liderado una estructura paralela que manejara los pagos de publicidad o que decidiera en qué medios colocar la publicidad gubernamental. “Esas responsabilidades las ejerció siempre la Secretaría de Comunicaciones. No existió tal estructura paralela que ejerciera esas funciones”.

Verdi dice que tenía un equipo en Presidencia de la República que seguía sus órdenes. “Por la naturaleza de mi asesoría constituí un equipo que me asistía en mis tareas específicas de asesoramiento del expresidente que, insisto, se relacionaban con las estrategias de comunicación”, dijo Verdi. El comunicador argentino dejó su cargo de asesor a mediados de 2013 para unirse al equipo de Joao Santana que asesoró una de las campañas presidenciales en Panamá.

David Rivas caracteriza a Verdi como “el enlace entre Polistepeque y la Presidencia” y subraya su papel en el manejo de la publicidad que, al menos durante la primera mitad de la administración, fue canalizada toda a la empresa de Santana. “Luis Verdi estaba metido de cabeza en el tema de la publicidad y en evaluar las encuestas de opinión, y junto con Patricia Zablah iba a los almuerzos con los directores de medios para ver el tema de pauta de publicidad. Verdi era el representante de Joao Santana”.

El gurú del marketing político brasileño fue el responsable de la campaña electoral que dio a Funes el triunfo el 15 de marzo de 2009. Esa noche, durante su discurso de celebración, Funes recordó el trabajo de Santana y Verdi en la campaña. “Agradezco a nuestros amigos del Brasil y la Argentina, que hicieron posible que pudiéramos enfrentar la campaña del miedo, la campaña sucia que lanzaron nuestros adversarios”, dijo el presidente electo, en el redondel Masferrer, de San Salvador.

Los dos exfuncionarios atribuyen a Zablah la idea de seguir trabajando con el equipo de Santana una vez iniciara el primer gobierno del FMLN. “Patricia manifestó que Mauricio Funes no podía someter su imagen de presidente a los publicistas de “derecha” del país que lo odian y que, por lo tanto, era necesario recurrir a una empresa de confianza”, dice uno de ellos.

Un tercer exfuncionario de la Presidencia que también pidió que se mantenga bajo reserva su identidad por temor a represalias, explica que una semana antes de la toma de posesión del 1 de junio, ya estaba decidido que el equipo de Santana se encargaría de la publicidad del Ejecutivo desde el inicio de la administración Funes. Agrega que ya para entonces tenían listas las acciones de comunicación del nuevo gobierno, que se divulgarían bajo el lema “Unir, crecer, incluir”.

Funes asumió la presidencia y pronto hizo alarde de que, a diferencia de los gobiernos anteriores, el suyo no destinaría recursos públicos para hacer propaganda sobre los primeros días de la administración. Mientras tanto, el camino para Polistepeque se allanaba en silencio. Antes de que transcurrieran los primeros 100 días, en una carta del 4 de septiembre de 2009, Patricia Zablah detallaba al director de adquisiciones de la Presidencia, Ricardo Marroquín, las características que debía reunir la agencia de publicidad que necesitaban: “Debe ser una empresa que haya administrado contratos superiores a los 5 millones de dólares con gobiernos internacionales”, escribió Zablah.

El perfil de la empresa que Zablah pedía que se contratara para manejar la publicidad del Ejecutivo parecía una descripción en la que se enlistaban las características de Polistepeque: una empresa con experiencia internacional, con servicios dados a otros gobiernos, y que se definiera como agencia y productora.

Zablah, entonces sí, explicaba el propósito de la contratación que dos meses más tarde iba a pedirle el presidente de la ANDA: la disminución de costos, y lo planteaba como un argumento central de la compra conjunta que iban a hacer una docena de instituciones del Ejecutivo. “Debe tener la capacidad de ofrecer el servicio descrito a todas las instituciones de la administración pública esto con el fin de disminuir los costos en este rubro para todas las instituciones que podrían involucrarse”. Rivas asegura que no se enteró del diseño de la contratación que terminó favoreciendo a Polistepeque.

Durante los primeros dos años y medio del gobierno Funes, Zablah dejó un rastro en 10 oficinas del Ejecutivo, en la Presidencia y en varios medios de comunicación a los que visitó en aquellos meses. Su nombre y firma la retratan como intermediaria en la aprobación de pagos de 10 instituciones del Ejecutivo a Polistepeque. Por ejemplo, aparece en los documentos de los pagos que el Ministerio de Seguridad hizo a la agencia, aunque dicho ministerio declara hoy que el contrato con Polistepeque es “inexistente”, porque ante una solicitud de información de El Faro, la respuesta fue que no lo encontraron. Zablah aprobó los 233 presupuestos de servicios de publicidad para Seguridad que acompañaron a igual número de facturas, algunas por promocionales impresos que costaron mil 364 dólares y otras por la colocación de spots de televisión en espacios prime time por 278 mil dólares. Así es como la firma de Zablah aparece en todos los presupuestos en los que se justificó que este ministerio erogara 1 millón 89 mil 4 dólares con 98 centavos entre el 31 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

El extravío de documentos que respaldan la contratación de Polistepeque también afectó al menos a otra institución del Ejecutivo: el Ministerio de Obras Públicas. El ministro de esta cartera, Gerson Martínez, a pesar de que suscribió el acuerdo fechado 19 de noviembre de 2009, eventualmente se negó a que el MOP pagara a Polistepeque. Lo que sucedió, explica, es que cuando llegó el momento del cobro, debido a que la Presidencia de la República era la responsable de centralizar las contrataciones, esta debía entregar los documentos que sustentaran la prestación de los servicios por parte de Polistepeque. Pero la Presidencia carecía de la documentación que respaldara la compra de servicios por más de 27 mil dólares y por eso, dice Martínez, él se rehusó a que se pagara un solo centavo. En otras dos instituciones del Ejecutivo, aunque pagaron a Polistepeque por los servicios brindados, ya no tienen la documentación de respaldo sobre comunicaciones y controles administrativos porque la destruyeron hace tiempo.

Antes de que llegara el momento de hacer esas contrataciones, sin embargo, todavía había que justificar que Polistepeque era la única compañía presente en El Salvador con las características que buscaba el gobierno. Y el estudio que concluía eso iba a hacerlo una persona ajena al gobierno que poco después de entregar su informe sería contratada por la Presidencia de la República.

Infografía de El Faro sobre el caso Polistepeque: Andrea Burgos

La versión de Rivas sobre su nula participación en toda la trama que rodea la contratación de Polistepeque parece quedar confirmada en cada notificación de solicitud de servicio que Zablah firmaba en nombre de cada una de las 10 dependencias del Ejecutivo que contrataron a Polistepeque. “El objeto del presente contrato consiste en el Suministro de Servicios denominados: Servicios de Agencia de Publicidad para Diseño, Producción e Implementación de Campañas Publicitarias, y estará bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, en especial de la Dirección de Publicidad de la misma”, dice una de las cláusulas. Y luego explica el mecanismo: “La notificación de Solicitud del Servicio, (deberá ser) extendida por la Institución a través de la Dirección de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República”.

Cuando este periódico preguntó a Rivas por qué si él era el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, estuvo a un lado de esas contrataciones, responde: “A mí se me comunicó de forma verbal que la persona que iba a ver el tema de la publicidad iba a ser Patricia Zablah”. ¿Quién se lo comunicó? “Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes”.

Información ya fue destruida

En junio de 2008, Joao Santana tomó la dirección de la campaña que llevó a la presidencia a Mauricio Funes. Este asumió el cargo el 1 de junio de 2009 y cinco semanas más tarde, el 7 de julio, Santana registró su nueva empresa Polistepeque, S.A. de C.V. Dos meses más tarde, Zablah detallaba cómo debía ser la compañía a contratar, y un mes más tarde, el 15 de octubre, un consultor cuyo contrato tampoco existe en la Presidencia de la República, rindió un informe en el que estableció que solo Polistepeque reunía el perfil que buscaba Zablah. Con dicho documento como respaldo, la administración Funes dio paso a la contratación de Polistepeque sin someter a concurso la prestación de los servicios.

La contratación directa, según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), procede cuando se cumple al menos uno de los siguientes requisitos: si se ha abierto concurso dos veces y ninguna empresa ha participado; si hay un único proveedor de un bien o servicio, o si hay urgencia por alguna calamidad que impida esperar el tiempo que toma una licitación porque se pone en riesgo el interés general. La contratación de Polistepeque solo podía caber bajo el argumento de que era la única compañía que podía proveer el servicio. Y en eso fueron claves las palabras “agencia” y “productora”, aunque…

Un tercer exfuncionario de la Presidencia que pidió el anonimato por temor a represalias asegura que en realidad hubo un estudio que determinó que al menos dos agencias ya establecidas en El Salvador mucho antes de la llegada de Santana estaban en capacidad de dar el servicio que se necesitaba. “Pero se les desestimó porque se creía que sus directivos eran personas demasiado cercanas al partido Arena”, dijo esta fuente.

El Faro preguntó a David Rivas si, dado que él era el secretario de Comunicaciones, no advirtió al presidente Funes sobre una posible violación a la LACAP al optar por la contratación directa para favorecer a la agencia del amigo del gobernante. “Con el presidente no lo conversé. Lo conversé con otras personas y lo que me dijeron es que se le encargó a una persona que hiciera la indagación y me dijeron que esa persona había establecido que no existía en el medio nacional una agencia con capacidad para darnos el servicio que nosotros requeríamos”.

Ese consultor fue el abogado Luis Paulino Selva Estrada, quien entregó un informe al director de Adquisiciones, Ricardo Marroquín. En la Presidencia no hay un documento que haga constar que a Selva Estrada se le pagó por su trabajo. Con ese informe se abrió la puerta para que Polistepeque obtuviera en los siguientes meses contratos por al menos 5.6 millones de dólares con una decena de instituciones del Ejecutivo.

Para hacer su estudio, Selva Estrada se dedicó a revisar documentación pública en el Registro de Comercio y fue ahí donde, semanas después de que Santana fundara Polistepeque, encontró que solo esta incluía en su escritura de constitución, aquellas dos palabras que Zablah había decidido que tenían que respaldar a la agencia que se contratara: agencia y productora. El informe de Selva Estrada añadió que las escrituras de Apex Publicidad, de Máxima, de Obermet y de Bianchi y Asociados carecían de esos términos. Basado en ese hallazgo, Selva Estrada recomendó en su informe del 15 de octubre de 2009 a Ricardo Marroquín, no licitar y entregar el contrato a la empresa de Santana. Dos meses y medio después de presentado el informe, Selva Estrada fue contratado en la Dirección de Adquisiciones a cargo de Marroquín. El Faro buscó una entrevista con el abogado Selva Estrada, pero al cierre de este reportaje no había respondido las solicitudes que se le hicieron.

David Rivas dice que cuando conversó este punto con Zablah, esta le aseguró que todo estaba en regla.

-Usted señala a la directora de Publicidad, como responsable de las gestiones para la contratación de Polistepeque, pero según el organigrama de la Presidencia, ella estaba subordinada a usted. ¿Cómo puede usted desvincularse de la decisión de contratar a Polistepeque si usted era el superior inmediato de Patricia Zablah?

-Te hablo con franqueza. Yo no participé en el proceso de licitación ni de contratación de Polistepeque. Te hablo con absoluta verdad.

-Pero usted era el secretario de Comunicaciones. ¿En ningún momento objetó nada?

-Yo pregunté “¿todo está bien?” Y “sí, sí, sí, todo está en regla”, me dijeron.

Aunque Rivas se desmarca de toda responsabilidad, en un memorando del 27 de julio de 2009, dirigido a los ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia y presidentes de autónomas, les informa que por instrucciones del presidente Funes toda búsqueda de servicios de publicidad deberá canalizarse por medio de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. No precisa que por medio de la Dirección de Publicidad que dirigía Patricia Zablah. El exfuncionario sostiene que eso fue todo lo que él hizo en relación con lo que, eventualmente, se convertiría en la contratación directa de Polistepeque. Además, que la intención de ese memorando era coordinar la comunicación, no centralizarla en favor de la empresa de Joao Santana.

Memorando del 27 julio de 2009 enviado por David Rivas en el que les ordena a ministros, viceministros y jefes de autónomas -por instrucción de Mauricio Funes- la coordinación de las licitaciones de publicidad y la aprobación de campañas en Casa Presidencial. Foto: Archivo El Faro.

Memorando del 27 julio de 2009 enviado por David Rivas en el que les ordena -por instrucción de Mauricio Funes- a ministros, viceministros y jefes de autónomas que coordinen y que pidan la aprobación para licitar y para llevar a cabo campañas de publicidad a la secretaría de comunicaciones de Presidencia de la República. Foto: Archivo El Faro.

“Les reitero mi llamado a coordinar con la Secretaría de Comunicaciones cualquier proceso de planeación de campañas publicitarias que tengan previsto realizar, ya que será necesario el aval previo de esta dependencia de la Presidencia de la República para poder licitar y desarrollar cualquier esfuerzo comunicacional”, instruía Rivas -en dicho memorando- a ministros, viceministros y presidentes de autónomas.

El Faro reveló en enero de 2010 la maniobra del presidente de la República para otorgar todo el pastel publicitario del Ejecutivo al amigo del presidente Funes.

Las gestiones de la estructura paralela posibilitaron que Polistepeque recibiera al menos 5.6 millones de dólares del gobierno Funes sin tener que competir con ninguna otra agencia de publicidad. Esta cifra, parcial, ha sido recogida por El Faro gracias a la información contable de 10 oficinas del Ejecutivo, que todavía guardan información relativa al gasto de publicidad. Esas gestiones permitieron a Santana mantener una incidencia en las comunicaciones y en la construcción de la imagen del gobierno, aunque ni él ni quien había sido su mano derecha durante la campaña, Luis Verdi, se expusieron en público.

El Faro solicitó información sobre contratos de publicidad y controles administrativos de prestación de servicios a 12 instituciones del Ejecutivo y descubrió que algunas la han destruido. De las 12 instituciones, una -la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)- dijo que no usó los servicios de Polistepeque y, por lo tanto, no tiene ningún documento. Una segunda, el ISSS, respondió que en 2011 el jefe de comunicaciones dio instrucciones para destruir documentación sobre comunicaciones oficiales y controles administrativos de los años 2009 y 2010. Es decir, se destruyó documentación con apenas un año de existencia. Mientras, el FSV destruyó el 20 de julio de 2015 reportes contables del año 2010 amparándose en el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera (AFI). Ese artículo dice que deben pasar al menos cinco años para que documentos sobre comunicaciones oficiales puedan ser destruidos, y 10 años para que pueda destruirse reportes contables.

Polistepeque cerró operaciones en El Salvador en en enero de 2012. Solo en sus primeros 19 meses facturó 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones provinieron de pagos por servicios de publicidad de 10 instituciones del Ejecutivo. El último movimiento de Polistepeque en El Salvador data de 2012, cuando la empresa transfirió a sus dos accionistas -Joao Santana y Mónica Moura- 3 millones de dólares por medio de un préstamo, según información contable presentada por Polistepeque ante el Registro de Comercio.

Mauricio Funes, al igual que sus predecesores, decidió que el gasto en publicidad de su gobierno debía mantenerse lejos de los ojos de los ciudadanos. El secretario privado de Funes, Francisco Cáceres, declaró bajo reserva durante siete años la información de todos los expedientes sobre adjudicación y contratación de servicios de agencias de publicidad. Tras la orden de 2016 de la Sala de lo Constitucional de dar a conocer dicha información, la Presidencia publicó algunas piezas del rompecabezas Polistepeque. Pero no divulgó -y dice no tener- información de control administrativo del gasto en publicidad. La Dirección de Adquisiciones respondió que esos documentos no están incluidos en el expediente de compras de publicidad, y la Unidad Financiera contestó que no hace control administrativo de la compra de esos servicios. ANDA, Seguridad, Salud, Educación, Fonavipo y Hacienda tienen sus propios registros de control administrativo donde entre facturas, pólizas y presupuestos se puede reconstruir un poco del negocio de Polistepeque durante la administración Funes.

David Rivas insiste en que él no tiene idea de cuánto se pagó a Polistepeque, porque él no manejaba esa área.

Luis Verdi informó, vía correo electrónico, que él trabajó para Polistepeque entre 2008 y 2009. Asimismo, negó que él hubiera dirigido dentro de la Presidencia de la República una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones. Sostuvo, además, que su tarea era, esencialmente, asesorar al presidente en el tema de discursos y que no manejaba la publicidad. -Añadió que en algún momento Héctor Silva estuvo en su equipo de trabajo.

Cuando Verdi llegó a El Salvador ya tenía en su currículo asesorías en comunicación a algunos gobiernos. Por ejemplo, fue asesor del presidente argentino Eduardo Duhalde. Y Santana tenía en sus antecedentes recientes el diseño de la exitosa campaña para la reelección del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Silva dice que en el segundo semestre de 2011, cuando él trabajaba como consejero en la embajada de El Salvador en Washington, fue contactado por Verdi para invitarlo a que desarrollara un proyecto de divulgación de las políticas del presidente Funes. “Pedí permiso sin goce de sueldo a Cancillería y trabajé en ese proyecto entre noviembre de 2011 y enero de 2012”, añade. Lo que se planeaba era un programa de televisión en el que el mandatario expusiera la marcha de su administración. “Eso no tenía nada que ver con el programa de radio que inició después”. Durante esos tres meses, dice Silva, su sueldo lo pagó la Presidencia de la República.

El Faro buscó en reiteradas ocasiones a Patricia Zablah para pedirle una entrevista. Por medio de correo electrónico, por medio de una carta que fue recibida por el portero del edificio de apartamentos donde vive, y también por medio de mensajes de Whatsapp a uno de sus familiares. Nunca respondió las solicitudes. El Faro logró contactar con Ricardo Marroquín, pero este dijo que no haría comentarios.

Patricia Zablah, Joao Santana, Polistepeque cerró operaciones en enero de 2012. Pocos días antes, dice David Rivas, hubo una reunión en la que se selló el fin de aquella relación entre Funes y Santana. “Joao le dijo a Mauricio que para él no era negocio El Salvador porque los ingresos que obtenía eran muy bajos”. Y el presidente le respondió que tenía que comprender la realidad de este país. “Ubicate, este no es ni Brasil ni Argentina, es El Salvador y no tenemos recursos”. El empresario añadió, entonces, que si esa era la única respuesta que iba a obtener, prefería cerrar su empresa en El Salvador. “Entonces andate”, le dijo el presidente. Y Santana se marchó el 31 de enero.

*Con reportes de Sergio Arauz

Fiscalía confirma investigación penal contra expresidente Mauricio Funes

Fiscal Andrés Amaya reveló que existe investigación penal abierta. Corte Suprema pidió que se aplique la ley contra lavado de dinero.

San Ignacio, lunes 19 de abril de 2010. De izquierda  a derecha Mauricio Funes, presidente de la república, Vanda Pignato, primera dama, Robert Blau, encargado de negocios de embajada de los Estados Unidos. El gobierno de El Salvador y FOMILENIO inauguraron el instituto nacional  de San Ignacio para fomenta la educación media en la zona norte de Chalatenango. Y parte de los fondos de la Corporación Reto del Milenio para la construcción de carretera Logintudinal del norte. Foto EDH Jorge Reyes

, 30 marzo 2016 / EDH

La unidad especializada en Delitos de Corrupción de la Fiscalía General ha abierto una investigación penal contra el expresidente Mauricio Funes Cartagena.

Monto investigado podría ascender por 85 armas

diario hoyEl jefe del equipo anticorrupción del Ministerio Público, Andrés Amaya, confirmó lo anterior al presentar una acusación formal contra Funes, su hijo Diego Funes y la exprimera Dama, Vanda Pignato, por presunto enriquecimiento ilícito de 728 mil dólares.

La acusación fue presentada en la Cámara Segunda de lo Civil, que abrió un juicio a Funes tras recibir un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal  Amaya no detalló los delitos por los que se le ha abierto la investigación penal a Funes. Sin embargo,  la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrirle una investigación a Funes por presuntos hechos delictivos contemplados en la normativa penal y la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos y la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de origen o destinación ilícita.

“Asimismo, es procedente informar al Fiscal General de la República sobre la posible comisión de un hecho delictivo”, se lee en la resolución de la Corte Suprema.

La Ley de Extinción de Dominio, según se explica en la resolución, busca extinguir los bienes que hubieren sido obtenidos de forma ilícita.

“Al respecto es de indicar que dichas leyes contienen regulaciones referidas a la incautación y destino de bienes que provienen de actos de corrupción”, establece el documento.

Acusación incluye a hijo y exprimera Dama

La Fiscalía presentó ante la Cámara la acusación formal contra Funes, su hijo Diego Roberto Funes, y a la exprimera Dama, Vanda Pignato,  por presunto enriquecimiento ilícito que asciende a $728, 329.

El Ministerio Público presentó a la Cámara 54 expedientes contenidos en 21 cajas, en los cuales se determina el patrimonio no justificado por el exmandatario y su familia, según explicó el fiscal Amaya.

“No hay una justificación que nos lleve a establecer que ese incremento de 728 mil dólares sea producto lícito, sino que hasta este momento tenemos los indicios suficientes como para poder determinar que este incremento es no justificado”, sostuvo el representante fiscal.

Inhabilitación

Explicó que basada en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la  Fiscalía solicita a la Cámara, una vez esta determine el delito por el cual Funes y sus familiares han sido señalados, que el exmandatario quede inhabilitado por 10 años de ejercer cualquier cargo público y que los bienes a su nombre pasen al Estado.

Amaya explicó que entre las irregularidades establecidas por la Sección de Probidad de la CSJ se encuentra que Vanda Pignado, siendo Secretaria de Inclusión Social, no percibió ingresos, pero  sí pagó deudas.

“Era la Secretaria de Inclusión Social pero no devengaba ni un centavo; entonces no se le ha establecido que ella pudo haber obtenido el ingreso lícitamente hasta este momento”, manifestó el fiscal.

Según la Corte Suprema de Justicia, el monto global de siete créditos, uno a nombre de Funes y seis a nombre de la exprimera Dama, es de $70, 342. Esta cantidad no fue incluida en la declaración patrimonial del expresidente, al igual que el número de armas que registró a su nombre: 85.

Las irregularidades, de acuerdo con la resolución emitida por el máximo tribunal, no se limitan hasta ahí:  Funes también pagó mucho antes un préstamo de $131, 900 previsto a cancelarse en siete años.

Amaya confirmó que el ingreso no justificado de Funes podría ascender una vez que se realicen las pericias correspondientes a la investigación.

Los magistrados de la Corte resolvieron enviar a juicio civil a Funes en febrero, luego que el informe de la sección de Probidad  determinó que mientras este había ejercido el cargo de presidente de la República mostró un incremento injustificado de su patrimonio.

El documento refleja que el exmandatario durante su gestión percibió en total $520, 629, cantidad cuyo origen no fue determinado.

Mientras que después de su cargo, Probidad señaló que Funes presentaba $181,500 tampoco justificados. Además, la sección del máximo tribunal cuestionó el origen de $150,323 de ahorros, cuando según los análisis de ingresos, Funes no tenía la posibilidad de ahorrar durante su gestión.

Ante esto, las autoridades judiciales ordenaron congelarle cuatro cuentas bancarias y le restringieron la transferencia a terceros de ocho vehículos de su propiedad y de su hijo Diego.

Al igual que el exmandatario, su hijo y Pignato cuentan con 20 días hábiles para presentar ante la Cámara los alegatos de defensa por los señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito.

Corte teme destrucción de informes de viajes de Funes

Funcionarios de Capres aseguraban que el archivo existía pero estaba “reservado”.

Mauricio Funes

, 27 febrero 2016 / EDH

diario hoyLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema teme que fue destruida la información sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes y la ex Primera Dama, Vanda Pignato, después que primero Casa Presidencial informara que los expedientes estaban resguardados y más recientemente el presidente Salvador Sánchez Cerén les notificara que “no se encontraban”.

Sea lo que sea, el Tribunal Constitucional le ha dado un plazo de tres días a la Presidencia de la República para que remita la documentación, so pena de certificar los hechos a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación formal.

Este incidente se produce en medio de la investigación que envuelve a Funes después de que la Corte Suprema ordenara enviarlo a juicio por presunto enriquecimiento ilícito de $702 mil, supuestamente por compras e ingresos cuyo origen no ha justificado.

“Ordénase a la Presidencia de la República que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, remita a este Tribunal una copia de la documentación que registre y respalde los viajes -incluyendo la logística de seguridad y transporte- efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama, en misiones internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014”, dice la resolución emitida ayer.

Si el fallo fue notificado ayer mismo, el plazo comienza a correr el lunes y concluye el próximo miércoles.

Investigación fiscal

“En caso de no dar cumplimiento a la medida cautelar en el plazo que ahora se concede, este Tribunal ordenará a la Secretaría que certifique a la Fiscalía General de la República sobre los hechos vertidos en el presente proceso de amparo, a fin de que este lleven a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la posible comisión de delitos y las deducciones de responsabilidad correspondientes”, advierten los magistrados constitucionalistas.

La Sala cuestiona el hecho de que la información de los viajes de Funes le fue denegada a diferentes peticionarios con el argumento de que era “reservada”, es decir, que existía pero que no podía dar a conocer.

Pero más recientemente el presidente Sánchez Cerén notificó que, de acuerdo a su Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos, “se han revisado detenidamente los archivos de esta Secretaría sin encontrar información relativa a los viajes -incluyendo la logística de seguridad y transporte- efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama, en Misiones Internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014”.

Sin embargo, el gobernante remite copia de 49 acuerdos ejecutivos por los que Funes deja encargado de la Presidencia al Primer Designado o al mismo Sánchez Cerén, en periodos consecutivos de uno a ocho días.

En cuanto a la información que también le fue requerida y relativa a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el periodo de Funes, Sánchez Cerén informa que de acuerdo con su Secretario de Comunicaciones, “se han revisado los archivos de esta Secretaría de Comunicaciones sin encontrar documentación que ampare” estas actividades.

Lo que sí remitió la Presidencia es copia de la información sobre los servicios de agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas para el año 2010 y sus prórrogas, que se compone de 27 piezas documentales y la cual asegura “ha sido resguardada”.

Para los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “las declaraciones del Presidente de la República sugieren una grave omisión por parte de los funcionarios públicos responsables del resguardo de documentos que hasta el día de hoy, ostentan la calidad de información de carácter restringido”.

“Las circunstancias descritas por el representante del Órgano Ejecutivo sugieren también la posible comisión de otras acciones, potencialmente constitutivas de delitos… Puede presumirse que, hasta las fechas antes señaladas, la información en cuestión existía y se encontraba bajo la tutela de estos funcionarios por lo que, puede inferirse que tal documentación fue objeto de extravío, sustracción o destrucción indebidas….”, dice la resolución.

Información estaba “guardada”

Un hecho claro para los magistrados es que, de acuerdo con el Índice de Información Reservada de la Presidencia de la República -instrumento de carácter público que puede ser encontrado en el Portal de Transparencia de la referida institución-, la “Documentación de viajes y logística de seguridad y transporte efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama en Misiones Oficiales Internacionales” fue inventariada y clasificada como información reservada por la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos el día 30-I-2013.

Igual se hizo, según la misma fuente, con la información relativa a “Actividades Protocolarias de Alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales”.

Además, dicen los magistrados, es válido presumir que cada uno de los 49 decretos ejecutivos de ausencia corresponde a un viaje realizado por Funes, “con lo cual surge el deber de contar con documentación que registre y respalde cada una de estas salidas realizadas por el primer mandatario, en los períodos señalados”.

Aplica para exPrimera Dama

Para la Sala, esta misma exigencia también es aplicable a los viajes realizados por la Primera Dama de la República durante el mismo período de tiempo.

En el caso de las actividades protocolarias, considera que tanto la Presidencia como la Cancillería de la República deben contar con un registro de cuándo se recibieron misiones internacionales en el país.

La Sala recuerda las audiencias que convocó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para obligar a Casa Presidencial a entregar la información y en las cuales la Presidencia de la República, “en ningún momento, alegó la inexistencia o el extravío de la información reservada”.

Es más, en esa ocasión, la Presidencia alegó “que dicha información se encontraba en diversas dependencias de la institución, que esta había sido producida a lo largo de cinco años y que se usaba como insumo para el cumplimiento de las atribuciones de otros Órganos de Estado”.

Incluso, el abogado Pavel Benjamín Cruz Álvarez, apoderado especial de la Presidencia de la República, manifestó al IAIP que “fue informado por las unidades administrativas correspondientes que se (habían) tomado las medidas de resguardo y la copia de seguridad de la información que obra en poder de este ente obligada”.

Funde cuestiona las declaraciones de bienes de tres expresidentes

Considera que, a juzgar por antecedentes de Saca, Funes y Flores, no es creíble lo que han declarado ante oficina de Probidad de la CSJ.

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23 agosto 2015 / EDH

Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes,  no son  “creíbles” y es necesario que la Corte de Cuentas haga públicos los exámenes de auditoría a esas declaraciones, señaló Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.

Por petición de El Diario de Hoy y personas particulares, la oficina de Probidad de la Corte Suprema hizo públicas el jueves las declaraciones de los exgobernantes, tanto las que presentaron al inicio de sus periodos como al final.

Transparencia Internacional, cuya representación en el país la tiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), basa sus dudas en que no se tiene certeza de que las versiones públicas de las declaraciones que ha entregado la Corte estén diciendo la verdad sobre las finanzas de los exmandatarios.

El fundamento principal de esas duda es que tanto Flores como Saca y Funes terminaron su mandato con cuestionamientos en temas relacionados a manejo de dinero en sus gestiones y en sus campañas, según Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac (Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador)

“Es una versión pública (los documentos). Hay que tener cuidado porque no sabemos si en realidad qué cosas se ocultan allí”, advierte Burgos sobre el contenido de las declaraciones en las que, añade, destaca el expresidente Antonio Saca con un incremento en su patrimonio cuando dejó el cargo en 2009.

Según la información proporcionada por la oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expresidente Saca reportó en su balance patrimonial cuando empezó su gestión el 1 de junio de 2004 que tenía bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, por valor de 4 millones 16 mil 249 dólares.

Pero cuando salió de la presidencia, el 31 de mayo de 2009, sus bienes subieron a 14 millones 451 mil 589 dólares.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

Esto significa, según análisis de contadores consultados, que el mandatario tuvo un aumento de su patrimonio de $10 millones 435 mil 34, equivalente a un 259.8 %. Es decir, cuadriplicó  sus bienes.

En el informe que presentó a la sección de Probidad, Saca también dice que no tuvo durante esa época ninguna deuda, lo que según los contadores, de haberlas tenido, se podría concluir que de allí pudieron haber salido los fondos para contar que le permitieron tener en ese momento un patrimonio que sobrepase los 10 millones de dólares.

Además es el único expresidente, de los cuatro exmandatarios de los cuales se pidió  los registros patrimoniales a la CSJ, y que tuvo un aumento de más del 250% en plena crisis económica mundial.

Según la declaración, el exmandatario pasó de tener bienes muebles y otros por un valor de 951 mil 351 dólares en 2004, a 3 millones 467 mil 736 dólares en 2009, lo que significa que lo aumentó en poco más de 2 millones y medio de dólares.

Mientras que en el caso de los bienes inmuebles, los disminuyó. Al iniciar su mandato tenía propiedades por 262 mil 857 dólares y terminó con 194 mil 285 dólares.

La pregunta que plantea uno de los contadores es: ¿por qué la cifra de bienes muebles (que son aquellos objetos como electrodomésticos, vehículos, etc.) sobrepasan en cifra a los bienes inmuebles (que puede ser cualquier propiedad como casas)?

Debido a que en los informes entregados por la oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ no se dan detalles sobre la lista de bienes inmuebles y muebles es difícil determinar cuántas viviendas reportó. Igualmente cuántos son los bienes muebles que tiene y que sumaron los más de $3 millones.

En los casos del expresidente Francisco Flores y Mauricio Funes, los incrementos, según la declaración entregada por la CSJ, fueron menores en comparación con los de Saca.

Según ese informe, Flores ingresó a la presidencia con un patrimonio de 1 millón 954 mil 757 dólares y salió con 2 millones 314 mil 412 dólares.

En tanto en el caso de Funes, el informe publicado dice que reportó un patrimonio inicial de 611 mil 884 dólares y al final de 669 mil 794 dólares.

A diferencia del expresidente Saca, tanto Funes como Flores sí declararon tener deudas, lo que hace que  reportaran un incremento de su patrimonio al salir de su gestión.

Los cuestionamientos

Roberto Burgos, de Funde-Alac, insiste en que tales números no pueden ser creíbles, en primer lugar porque habría que ver el examen de auditoría a esos informes; y en segundo lugar porque, añade,  los tres expresidentes mencionados reúnen una historia de señalamientos que hacen increíble sus informes.

De cada uno pone ejemplos concretos. De Funes dice que su estilo de vida de lujo que dejó públicamente en evidencia no equivale con los egresos ni los ingresos reportados ante la CSJ.

“Eso no valen ni los relojes que se ha comprado en su gestión” y de lo cual hay fotografías, cuestiona Burgos.

Pero entre los evidentes lujos, a los que según Burgos el anterior presidente efemelenista era “aficionado” y con los que termina su mandato.

“Ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume, que tantas veces le señalamos, y tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, afirma Burgos.

Pero su cuestionamiento a los declarado por Funes no llega allí. “Estamos hablando de una persona que se rodeó de una vida de lujos, de abuso de poder y ahora resulta que su declaración patrimonial aparece con el incremento menor de todos los expresidentes de los últimos 15 años. Eso es muy poco creíble”, apunta (ver nota aparte).

En el caso del expresidente Saca, ve “bien raro” el documento en el que al analizarlo detenidamente “pareciera que tiene cero pasivos… sí hay  varias contradicciones”, dice y añade que lo más sorprendente es el incremento “cuantioso” (en más de $10.4 millones) en sus ingresos durante su mandato.

Dice que tampoco los números rendidos ante la CSJ son creíbles y trae a cuenta que hasta el mismo partido le cuestionó el manejo y destino de más de $200 millones tomados de la llamada partida secreta que la Fiscalía nunca investigó y quedó como “parte de la dinámica política habitual de este país de ataques recíprocos”.

Dice que tampoco se investigó las concesiones de frecuencias de radio de que gozaba antes de ganar la Presidencia  y que antes transfirió a sus socios porque la Constitución no lo permite.

En las elecciones de 2014, cuando se postuló nuevamente a la presidencia, volvió a transferir a su hijo mayor sus acciones, por lo cual la Sala de lo Constitucional de CSJ invalidó su candidatura.

“Ese fraude de ley también nos hace dudar de esa declaración patrimonial”, afirma.

En el caso de Flores, le achaca su admisión ante una comisión de diputados sobre fondos recibidos del gobierno  de Taiwán durante su gestión que no fueron sometidos a ningún control contable.

“Con esta afirmación del mismo presidente Francisco Flores, yo dudaría de toda su declaración, no tendría mucha credibilidad”, dice Burgos.

De  Salvador Sánchez Cerén Burgos espera una gestión limpia y no surjan sospechas como tampoco de sus familiares que emplea en el gobierno (hijos, yernos y nieta).

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Funde dice: Funes no refleja el millonario donativo de Salume

La representante de Transparencia Internacional recuerda el cuestionado donativo de $3 millones al expresidente en apoyo a su campaña.

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23 agosto 2015 / EDH

Parte de las dudas que asaltan a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador cuando lee la declaración patrimonial presentada por Mauricio Funes ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia es que no reflejan, por ejemplo, los costos de  una vida lujosa que llevó y los tres millones de dólares que recibió del empresario Nicolás Salume Barake en la campaña que lo llevó a la presidencia del país.

Para Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, la representante de Transparencia Internacional,  el incremento en su patrimonio con el que entra y sale Funes, según su declaración, no es creíble.

“En el caso del expresidente Funes ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume que tantas veces le señalamos”, aseveró Burgos.

Pero “tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, ahondó Burgos.

El expresidente Funes levantó polémica cuando admitió públicamente que había encontrado la forma de no pagar los impuestos de ley por el donativo de $3 millones.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los perdones de deudas son gravables. Y también establece que las donaciones estarán exentas del pago del impuesto siempre y cuando se produzcan entre ascendientes y descendientes, que no fue el caso de Salume Barake-Funes.

Después de recibir ese donativo en campaña, Funes nombró a su donante Primer Designado a la Presidencia, una decisión que Funde cuestionó porque era visto como pago de favores.

Las versiones

 El exmandatario defendió en su momento que se trató de un dinero para el FMLN, aunque luego afirmó que se transfirió a una cuenta bancaria personal.

En un principio dijo Funes que el dinero se lo había prestado Salume y que habían firmado un mutuo acuerdo, después dijo el dinero se lo había perdonado el empresario.

“El préstamo no se pagó porque sencillamente fue un donativo, él (Salume) lo donó. Una vez gané, él lo donó. Yo no tengo ninguna obligación con él y no sé por qué siguen insistiendo con eso. Yo no tengo ninguna deuda porque sencillamente don Nicolás Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mí como candidato y no al FMLN”, justificó en su momento.

También dijo que los $3 millones no entraron a la contabilidad del FMLN. Previo a esto, durante su campaña política, Funes había manejado la versión de que había contraído un préstamo con “ un empresario respetable y exitoso que en el pasado apoyó al partido ARENA”.

“Muchos se preguntan de dónde se financia mi campaña. Yo le digo que de los fondos de un empresario que tiene suficiente dinero para haberme hecho ese préstamo y más. ¿Por qué hice ese préstamo? Porque era la única manera de competir con la campaña de ARENA. El partido FMLN únicamente ha recibido el dinero que proviene de la deuda política y de algunas colectas con algunos empresarios y eso no ha alcanzado para financiar mi campaña”, justificó el ex mandatario.

En el contexto de este hecho  el abogado constitucionalista y excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, dijo que los presidentes son fácilmente “auditables” cuando concluyen su gestión, a través de las declaraciones patrimoniales, ahora públicas.

“Si el presidente por 60 meses, si gana $5 mil al mes, eso hace $300 mil al año, lo que tenga por encima de eso, de su declaración de probidad, si ha subido más de $300 mil, es que hay dinero mal habido”, afirmó el exdirigente efemelenista luego de hacer cuentas de lo que gana mensualmente Funes y su deuda que se creía tenía a esa fecha.

En julio de 2014 Funes dijo que salió de Casa Presidencial con un menor patrimonio personal y que en la declaración patrimonial estableció que el único bien inmueble que posee es una casa que compró hace 20 años.

“Yo entro (a la Presidencia) con un patrimonio determinado y salgo con el mismo patrimonio, incluso con menos porque vendí dos vehículos que compré cuando era periodista”, confirmó Funes.

Salume, luego de entregar este dinero a Funes, fue nombrado primer designado a la presidencia.

Funes ataca a la UCA por editorial de CEL-Enel

Eugenia Velásquez, 20 junio 2015 / EDH

Mauricio Funes arremetió ayer a través de su cuenta de Twitter contra la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a raíz de un editorial publicado el 18 de junio en el que se cuestiona el origen del litigio entre CEL-Enel y del proceso penal abierto contra varios exfuncionarios.

En su editorial, la UCA señala que Funes “comenzó a fabricar un caso en el que, entre otras cosas, se hablaba de violaciones constitucionales y de daños graves al Estado salvadoreño. Y así nació la acusación en la que los jueces dicen que el contrato era legal y que, por tanto, quienes lo autorizaron o firmaron no violaron las leyes del momento”.

Screenshot_2015-06-20-01-01-55Funes salió al paso y escribió en su cuenta de Twitter: “Qué vergüenza. La UCA se suma a la posición de la derecha oligárquica de que el caso CEL/ENEL es un juicio político. A quién responde ahora?”

En su editorial, la UCA enfatiza que después de la venta de acciones del Estado a la italiana Enel, “no puede dudarse ya de que es político el caso que se mantiene contra quienes autorizaron o firmaron el contrato…”

El editorial de la UCA sostiene que mantener vigente el caso en contra de los antiguos directivos de la CEL más parece ser “una tapadera de ese modo administrativo de burlar el Estado de derecho. Para ser confiable, el FMLN debería abandonar toda sombra de corrupción”.

Según la Universidad, “mientras se juzga a los que hicieron el convenio (CEL-Enel), el cual era legal en su momento, “se olvida y elimina del debate un modo de administrar fondos públicos que se puede llamar corrupto. Y se puede porque, más allá de la legalidad o ilegalidad de la administración de INE y la CEL, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas”.

Y añade que se está frente a una “irregularidad y un retorcimiento jurídico que solo es explicable por la debilidad corrupta de los jueces y por la presión política de quien detenta el poder estatal”.

Esto ante el argumento que manejó Funes durante su administración presidencial de que en el caso CEL-Enel hubo “delito por los daños que se infligieron al Estado”.

A su vez, Funes fue cuestionado en la red social por pronunciarse en contra de la UCA: “El expresidente siente vergüenza de la UCA, por tener opinión distinta a él”, fue uno de los cuestionamientos, a lo que él respondió: “Mi crítica no es porque UCA no opina como Yo. El asunto es que utiliza los mismos argumentos de la derecha oligárquica”, contestó.

“La caja chica”

En su editorial, la UCA reseñó que “ya desde la administración de Antonio Saca se decía que la CEL funcionaba como la caja chica del Gobierno. En efecto, la Comisión, como propietaria de la mayoría de acciones de INE, y esta de LaGeo, terminaba disponiendo de cantidades millonarias de dinero. LaGeo generaba ganancias netas de más de 100 millones de dólares al año, que, más allá de auditorías externas privadas, no tenían más control que la voluntad última del Presidente de la República, a través de su gente de confianza en la CEL. Cuando, según el contrato entre la CEL y ENEL, la inversión de la empresa italiana le significaría que la mayoría de acciones de LaGeo fuera suya, el Gobierno de Saca se negó. ENEL reclamó y el caso pasó a arbitrajes internacionales, y en todos perdió El Salvador”.

“El Gobierno del FMLN ha presumido siempre de ser menos corrupto que los de ARENA. Pero en el caso que nos ocupa, continúa utilizando el modo anómalo de administrar las ganancias de LaGeo que inició la administración de Francisco Flores. Y llamamos corrupta a esa triangulación entre el Ejecutivo, la CEL, como entidad autónoma del Estado, e INE, como empresa privada, liberada en cuanto tal de toda supervisión de la Corte de Cuentas”, dice el editorial.

Por su parte, Funes reclama a la UCA que esta institución educativa no puede asegurar que hubo “corrupción” en Inversiones Energéticas (INE), una entidad que fue constituida con fondos de la CEL, y de la cual LaGeo es subsidiaria actualmente. “Su falta de rigor científico no deja de ser difamatorio”, espetó Funes.

Y afirma que los ingresos de INE son “auditados por la Corte de Cuentas en la medida que pasan a CEL” y que durante su Gobierno sirvieron para pagar $180 millones anuales de subsidio a la energía.

A la fecha, el litigio entre CEL y Enel continúa deliberándose en el Tribunal Cuarto de Sentencia y se prevé que se realice una audiencia con exdirectivos acusados, para definir el caso de una vez, el próximo 3 de julio.

Lea el editorial de la UCA en cuestión

ARENA pide que se investigue relación entre Funes y Polistepeque

Propuso crear una comisión especial para revisar el contrato con la empresa.

polisteRafael Mendoza, 16 junio 2015/EDH

La bancada de ARENA propuso ayer la creación de una comisión especial para investigar los términos en que se realizó el contrato de servicios de publicidad suscrito por la Presidencia de la República con la empresa Polistepeque Comunicación y Marketing S.A. de C.V.

La empresa era propiedad del exasesor del presidente Mauricio Funes, Joao Filho de Santana, actualmente investigado en Brasil por supuesta evasión fiscal.

“Con toda razón esto genera incertidumbre y preocupación de que dineros del pueblo salvadoreño se hayan involucrado en hechos que pudieran llegar incluso al cometimiento de delitos de lavado de dinero u otras acciones ilícitas”, señala la moción, que ingresará a la sesión plenaria de esta semana.

De acuerdo con la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso, se debe crear una comisión especial para determinar cómo fue la relación contractual con esta empresa.

“Sabemos que nunca hubo claridad en cual fue la relación Funes-Polistepeque ni el proceso de contratación de esta empresa, y no sabemos si se violó la ley Lacap”, dijo la diputada tricolor.

El Diario de Hoy envió el pasado 7 de mayo una solicitud al Oficial de Información de la Presidencia de la República, pidiendo copias de los contratos otorgados desde 2009 a 2014, el monto pagado por servicios de publicidad a tal firma y copia del acuerdo ejecutivo mediante el cual se avaló su contratación directa, pero dicha información fue negada, argumentando que dichos datos podrían afectar costos en futuras contrataciones de esa dependencia del Estado.

“Ustedes mismos han pedido información acerca del caso y no se les ha dado, lo cual quiere decir han violado la ley de acceso al a Información Pública”, señaló Valdivieso.

Según dijo, no están señalando que el exmandatario haya cometido una ilegalidad, pero señaló que si no hay nada que ocultar la información debe ser revelada.

“Esto no quiere decir que violó la ley, no lo estamos asegurando, pero debemos exigir claridad en los asuntos de transparencia de nación”, señaló la tricolor.

Sostuvo que si la comisión especial determina que la información debe ser brindada, la Presidencia no puede negarse, porque “deben entregar cuentas”.

La diputada tricolor, Patricia Valdivieso, recordó que en países como Guatemala y Honduras se han dado movilizaciones masivas de la sociedad civil en las que exigen renuncia de funcionarios por supuestos casos de corrupción.

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La publicidad secreta de Funes – El Faro

Polistepeque – El Faro

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Capres oculta pagos a firma brasileña de publicidad Polistepeque. Su dueño bajo investigación en Brasil

Presidencia aduce su negativa a dar esa información en que está bajo reserva desde 2012 y ha sido prorrogada.

joaoNota El Diario de Hoy, 8 junio 2015

Lo que la administración Funes pagó a la empresa Polistepeque Comunicación y Marketing S.A. de C.V., propiedad de Joao Filho de Santana, actualmente investigado en Brasil por supuesta evasión fiscal, sigue siendo un secreto bien guardado tras los muros de Casa Presidencial.

El Diario de Hoy envió el pasado 7 de mayo al Oficial de Información de la Presidencia de la República una solicitud de información sobre el dinero público con el que se liquidó sus servicios a Santana, un amigo personal del exmandatario que se hizo de los contratos de publicidad de la Presidencia en su gestión y de otras instituciones públicas.

Se solicitó a Capres copias de los contratos otorgados desde 2009 a 2014, el monto pagado por servicios de publicidad a tal firma y copia del acuerdo ejecutivo mediante el cual se avaló su contratación directa.

La fundamentación de la negativa del oficial Benjamín Pavel ha sido la misma que ha dado cada vez que se le han pedido datos relacionados a lo que Funes gastó en publicidad oficial, pese a que se trata de dinero de los contribuyentes y a que ya es historia pasada. Además, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) dice claramente que debe ser publicada de oficio.

En su resolución, argumenta su negativa en que se trata de información reservada desde el 7 de mayo de 2012 y que entre lo que dio pie a declarar esa reserva está que la interacción gubernamental entre competidores debe propiciar la libre competencia y que en vista de una “eventual contratación estatal por medio de licitación o contratación directa de servicios de publicidad para la Presidencia de la República, la divulgación de la información relacionada los servicios a proveer, anteriores oferentes, costos, términos de la contratación gubernamental, y demás documentación que se incorpora a los archivos de adquisición institucional” podría tener repercusiones.

Entre esas repercusiones menciona una posible distorsión en los precios de los servicios de publicidad en perjuicio de la Presidencia.

Se escudan en una declaración del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de que “proporcionar dicha información traería como consecuencia una ventaja indebida entre los propios medios de comunicación”, entre otros puntos.

En resumen, dicen que reservar esta información es “en aras de preservar el bien jurídico de la libre competencia, evitar un perjuicio directo a la Presidencia por el aumento de los precios en las ofertas de contratación gubernamental de este rubro y la posibilidad de generar una ventaja indebida a un competidor o grupo de competidores frente a otros”.

En diciembre del año pasado, se la negaron a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador. El caso llegó hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y este respaldó los argumentos de Capres. Con esta decisión avaló el secretismo que impuso Funes y que ratificó Salvador Sánchez Cerén.

Exasesor es investigado

Aunque es una información de contratos pasados, la veda impide saber cuánto se benefició la empresa Polistepeque de los contratos del Estado salvadoreño, cuyas “hermanas” y su propietario, el exasesor de Funes, están bajo la mira de la policía brasileña, que indaga si se utilizó un millonario pago en Angola para lavar dinero en Brasil y beneficiar al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Según medios brasileños, las autoridades sospechan que constructoras brasileñas que operan en Angola destinaron, en 2012, $16 millones a Santana para que de manera indirecta el PT pudiera saldar las deudas que tenía con su empresa Polis Propaganda & Marketing.

La sospecha surgió cuando una sucursal de la empresa de Santana, Polis Caribe, transfirió $16 millones desde República Dominicana, y pagó impuestos de 3 millones por esa transacción. Según las autoridades, no es común que alguien con negocios en el exterior asuma tan elevada carga fiscal para ingresar el dinero a Brasil, de allí que abrieran una investigación ante la versión de que constructoras brasileñas en Angola serían en realidad la fuente de este dinero.

Santana se ha defendido diciendo que se trata de una operación totalmente legal y transparente de recursos que ganó en la campaña presidencial de 2012 en Angola.

En el país, también habría ganado mucho dinero gracias, en parte, a las contrataciones avaladas por el expresidente Funes en Casa Presidencial y varias instituciones estatales.

En enero de 2012, el periódico digital El Faro publicó cómo la empresa del exasesor de Funes había ganado $8.5 millones por servicios de publicidad

La publicación aclaraba que no logró determinar cuánto de esa cantidad se lo había pagado la Casa Presidencial, pero coincidía el tiempo en el que la había ganado con el inicio de la presidencia del excomunicador, fue entre junio de 2009 y diciembre de 2010.

También reveló que las ventas netas de Polistepeque crecieron en seis meses de $117 mil a $578 mil 345 según lo indicaban documentos del Registro de Comercio.

El Faro también había publicado en enero de 2010 cómo Polistepeque se había hecho de los contratos de publicidad en la presidencia de Funes: fue a través de un acuerdo ejecutivo del 19 de noviembre de 2009 en el que se ordenaba, sin licitación pública de por medio, la contratación directa de servicios de agencia de publicidad para el diseño, producción e implementación de campaña para 27 instituciones del Ejecutivo.

De esa manera, Funes se habría saltado la ley de licitaciones públicas que establece que la contratación directa aplica solo cuando el servicio lo brinda una sola fuente o si la especialidad profesional técnica o artística no permite promover una licitación.

Funes admitió su decisión y la justificó en que había hecho una investigación de mercado y no encontraron agencias de publicidad y productoras en el país en calidad y experiencia necesaria para asumir la propaganda o de la publicidad gubernamental.

La Superintendencia de Competencia se declaró incompetente en la denuncia que promovió sobre esa decisión la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad, según publicó El Faro.

Además destacó que la oficina de la Presidencia que compraba publicidad multiplicó su presupuesto entre 2002 y 2012: de $1.3 a $12.6 millones.

Escándalo, Brasil investigará a publicista que asesoró a Chávez

Joao Santana

Joao Santana

4 de junio 2015/EFE

La policía abrió una averiguación contra Joao Santana para aclarar el origen de 16 millones de dólares que ingresó desde Angola.
La policía federal de Brasil abrió una investigación contra Joao Santana, uno de los principales asesores de mercadotecnia del Partido de los Trabajadores, para esclarecer el origen de 16 millones de dólares que ingresó al país en 2012 provenientes de Angola, informó el diario Folha de Sao Paulo.

El diario brasileño refiere que la policía sospecha que los recursos fueron pagados por empresas brasileñas que actúan en el país africano y serían una forma indirecta de saldar deudas que el PT tenía con el asesor tras la campaña de Fernando Haddad a la Alcaldía de Sao Paulo.
Agrega que el dinero pagado por las compañías habría sido introducido en Brasil como parte de los recursos obtenidos por Santana durante la gestión de la campaña del presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.
“La acusación no conseguirá dar dos pasos y mantenerse en pie porque parte de una premisa falsa y se basa en interpretaciones absurdas y que huyen de la realidad”, afirmó en un video Santana, presidente de Polis Propaganda e Márketing, empresa responsable de las últimas dos campañas electorales de la presidente Dilma Rousseff.

“La campaña de Haddad pagó a mi empresa 30 millones de reales; la campaña de Angola pagó 20 millones de dólares. Son campañas independientes, con recursos independientes”, agregó.

Santana coordinó la campaña para la reelección del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2006. El publicista también ha trabajado con mandatarios como Mauricio Funes en El Salvador, Ollanta Humala en Perú, Danilo Medina en República Dominicana y Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.
(Agencia Efe)

Polistepeque facturó millones en publicidad sin competir en licitación

La razón que dio en aquel momento la agencia publicitaria era que no había suficiente atractivo para hacer negocios en El Salvador, pese a que facturó $8.5 millones en sus primeros 19 meses.

 Nota EDH, 5 mayo 2015

De acuerdo con una publicación del diario digital El Faro de enero de 2012, año en el que la empresa de publicidad del brasileño Joao Santana se retiró del país, Polistepeque facturó $8.5 millones en sus primeros 19 meses de operación.

El medio electrónico relata en su reportaje que el 4 de febrero de 2010, un mes después de que El Faro revelara que el entonces presidente Mauricio Funes había contratado a Polistepeque prácticamente como la agencia exclusiva de la publicidad del Ejecutivo, la compañía de Santana hizo un amago de retirarse del país.

La razón que dio en aquel momento la agencia publicitaria era que supuestamente no encontraban suficiente atractivo para hacer negocios en El Salvador.

Pero el medio afirma que al terminar ese año 2010, los datos indicaban otra realidad. “Las ventas netas de la empresa llegaban ya a los 8 millones de dólares. Este periódico no sabe cuánto de ese monto fue vendido a la administración Funes, aunque fuentes de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP) dicen creer que Polistepeque trabaja casi exclusivamente para el Ejecutivo”, dice la publicación.

El medio se basa en información del Centro Nacional de Registros, para afirmar que “Polistepeque Comunicación y Marketing tuvo ventas netas, entre junio de 2009 y diciembre de 2010, de 8 millones 574 mil 211 dólares”.

Polistepeque, que presta servicios de comunicación publicitaria de audio y video profesional, nació tres días después de que Funes tomara posesión de la presidencia: el 4 de junio de 2009, indica la publicación.

Y añade que el Registro de Comercio muestra que su capital de fundación fue de 117 mil dólares y que seis meses más tarde sus ventas netas sumaban 578 mil 345 dólares.

El Faro reseña en su reportaje todos los intentos que realizó por obtener la información sobre gastos en publicidad del gobierno de manera oficial, pero todos fueron infructuosos porque ningún funcionario se las facilitó. Incluso se la pidieron directamente al mismo Funes y tampoco la dio.

Funes, por el contrario, después de las publicaciones sobre Polistepeque lo que hizo fue defender la contratación de la empresa sin pasar por el proceso de licitación. Y desde que fue electo presidente alardeó de su amistad con Joao Santana.

El medio digital recuerda que en enero de 2010 “reveló un acuerdo presidencial fechado 19 de noviembre de 2009, por el cual se ordenaba, sin licitación pública de por medio, la contratación directa de servicios de agencia de publicidad para el diseño, producción e implementación de campaña para 11 instituciones del Ejecutivo“.

También informó en aquel momento que lo que se conocía de Polistepeque Comunicación y Marketing era que sus fundadores, Joao Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura (su esposa), además eran propietarios de una filial de marketing político en Brasil y Argentina.La razón que dio en aquel momento la agencia publicitaria era que no había suficiente atractivo para hacer negocios en El Salvador, pese a que facturó $8.5 millones en sus primeros 19 meses.

 

La publicidad secreta de Funes

El gobierno del presidente que hace 29 meses dijo deber todo lo que es a la libertad de expresión y que la defendería desde el puesto en el que estuviera, se niega a revelar sus gastos de publicidad. Mientras las solicitudes de información a cuatro destinatarios distintos obtuvieron un silencio presidencial y un recordatorio de que hasta en mayo estarán obligados a entregarla, la agencia publicitaria favorita de Funes, Polistepeque, facturó $8.5 millones en sus primeros 19 meses de operación.

Efraín Lemus, 2 de enero 2012/El Faro

“Si no se permite al profesional de prensa el acceso a las fuentes informativas, de hecho se le está negando al pueblo un derecho esencial”. Con esa sentencia en mente, El Faro solicitó por escrito el 5 de octubre pasado a tres fuentes informativas distintas del gobierno de Mauricio Funes, que informaran a este periódico sobre el gasto publicitario de esta administración. Después de casi dos meses sin que las fuentes informativas atendieran la petición, el 30 de noviembre El Faro agregó a la lista de emplazados al mismo presidente Funes. Durante un mes, su respuesta ha sido el silencio. Un silencio que contrasta con aquella sentencia que él mismo mandó publicar en un campo pagado en La Prensa Gráfica del 31 de julio de 2009, a propósito del Día del Periodista, en la que con dos meses en el cargo prometía desterrar el secreto con que las administraciones anteriores habían manejado las cuentas de publicidad del gobierno: “Las puertas de mi gobierno que llevan a la información estarán siempre abiertas de par en par.”

Ahora, cumplida más de la mitad del quinquenio de Funes, su gobierno ha actuado de manera similar al de su predecesor, Antonio Saca, al mantener en la oscuridad el dinero de los salvadoreños que se destina al gasto publicitario.

Aunque se sabe que una agencia publicitaria propiedad de uno de sus amigos -Polistepeque- tiene el privilegio de llevar el grueso de las cuentas de la administración, la información precisa sobre cuánto se produce, a qué precio se le vende al Ejecutivo y cuánto cuesta pautarlo en los medios de comunicación, no está disponible. La página en internet del servicio de Transparencia Fiscal del gobierno permite al público hacer consultas de información de la ejecución del presupuesto, pero no tiene disponibles los datos específicos de publicidad y propaganda.

El expresidente Saca en varias ocasiones dijo a los periodistas de El Faro que si querían saber cuánto gastaba su gobierno en publicidad, podían averiguarlo por dos vías: o preguntándole a su secretario de Comunicaciones, Julio Rank -quien nunca proporcionó ni un solo dato-, o consultarlo en la página web del Ministerio de Hacienda. “Ahí lo pueden ver en el sitio en internet de Hacienda”, respondía Saca.

A pesar de que desde mayo pasado está vigente la Ley de Acceso a la Información Pública, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Secretaría de Comunicaciones, ni la Subsecretaría de Transparencia proporcionaron a El Faro la información solicitada el 5 de octubre. A El Faro le parecían esas las puertas adecuadas que llevaran a la información sobre el gasto publicitario, pero no estaban abiertas de par en par, como había prometido Funes en aquel campo pagado. En aquel saludo a los periodistas Funes había incluido una promesa más a aquellos periodistas que aún tenían la expectativa de que las cuentas publicitarias del Ejecutivo se transparentarían: “No habrá más secretos, porque los secretos son una forma indirecta de la censura que repudiamos“, decía este gobernante que durante un tiempo, cuando fue entrevistador de televisión, tenía un espacio de opinión titulado “Sin censura”.

Pasados casi dos meses de hechas las solicitudes originales, la única respuesta que El Faro obtuvo fue la del subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, pero este respondió solo para decir que él era la puerta equivocada para llegar a la información que buscábamos. Por eso, el 30 de noviembre, la Presidencia de la República recibió de El Faro una solicitud de información dirigida al presidente Mauricio Funes. Se acabó el año y Funes no respondió.

En teoría, el ejercicio de la libertad de expresión incluye el derecho de las personas a que se le entregue la información que solicita, especialmente si se trata de aquella que manejan los gobiernos. Según la legislación internacional vigente en El Salvador –la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo- de la cual El Salvador es parte, dentro de la garantía de la libertad de expresión contenida en el artículo 6 de la Constitución de la República, toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. A la luz de este marco jurídico, ni debería hacer falta una Ley de Acceso a la Información Pública para que los gobernantes se sintieran obligados a entregar información sobre el manejo del Estado.

La ley, en su artículo 2, se refiere de la siguiente manera a lo que llama “Derecho de acceso a la información pública”: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna.”

Uno de los propósitos de la normativa es promover la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y en la fiscalización de la función pública, y uno de los principios que la rigen es el de la máxima publicidad, es decir, que toda la información generada o en poder del Estado es pública y su difusión es irrestricta, salvo las excepciones incluidas en la ley.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió hace años que no se puede hablar de democracia plena en una sociedad sin pleno acceso a la información. Y en 2004, el entonces relator de la Organización de Estados Americanos para la libertad de expresión, Eduardo Bertoni, resumía: “Una sociedad informada es más democrática”. A más información, mejores decisiones. Y viceversa.

Polistepeque vendió $8.5 millones en primeros 19 meses 

El 4 de febrero de 2010, un mes después de que El Faro revelara que Funes había contratado a Polistepeque prácticamente como la agencia exclusiva de la publicidad del Ejecutivo, la compañía, propiedad del gurú brasileño de mercadeo político Joao Santana, hizo un amago de retirarse del país. La razón era que supuestamente no encontraban suficiente atractivo hacer negocios en El Salvador.

Terminado ese año, sin embargo, las ventas netas de la empresa llegaban ya a los 8 millones de dólares. Este periódico no sabe cuánto de ese monto fue vendido a la administración Funes, aunque fuentes de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP) dicen creer que Polistepeque trabaja casi exclusivamente para el Ejecutivo.

La agencia publicitaria no respondió las solicitudes de información que le hizo El Faro. Lo que se conoce de Polistepeque Comunicación y Marketing es que sus fundadores, Joao Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura, también son propietarios de una casa especializada en marketing político con actividades en Brasil y Argentina. También se sabe que dirigieron la campaña del candidato Mauricio Funes y que una vez este tomó las riendas del Ejecutivo ordenó que los ministerios, autónomas y oficinas adscritas a la presidencia compraran la publicidad a la empresa que su asesor recién había fundado. También se conoce, gracias a la información en el Centro Nacional de Registros, que Polistepeque Comunicación y Marketing tuvo ventas netas, entre junio de 2009 y diciembre de 2010, de 8 millones 574 mil 211 dólares.

Polistepeque, que presta servicios de comunicación publicitaria de audio y vídeo profesional, nació tres días después de que Funes tomara posesión de la presidencia: el 4 de junio de 2009. El Registro de Comercio muestra que su capital de fundación fue de 117 mil dólares y que seis meses más tarde sus ventas netas sumaban 578 mil 345 dólares.

En enero de 2010, El Faro reveló un acuerdo presidencial fechado 19 de noviembre de 2009, por el cual se ordenaba, sin licitación pública de por medio, la contratación directa de servicios de agencia de publicidad para el diseño, producción e implementación de campaña para 11 instituciones del Ejecutivo: el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Secretaría de la Cultura, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Fondo Social para la Vivienda, Fondo Nacional de Vivienda Popular, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.

A las agencias publicitarias salvadoreñas no les hizo gracia la decisión presidencial, que las marginaba de los contratos con el Ejecutivo para favorecer a una empresa que nacía con un cliente cautivo. El 12 de enero de 2010, cuatro días después de la publicación del reportaje de El Faro, Ana Alicia Arbizú, representante de la junta directiva de la ASAP, presentó una denuncia ante la Superintendencia de Competencia. Arbizú denunciaba que, gracias a la figura del contrato directo, las empresas locales fueron marginadas del proceso de contratación, beneficiando directamente a la empresa de Santana, y según la ASAP eso constituía una práctica anticompetitiva.

La ley de adquisiciones y contrataciones públicas establece que un contrato directo procede cuando el servicio es proporcionado por una sola fuente o cuando la especialidad profesional, técnica o artística no permite promover una licitación. Ese fue el argumento que esgrimió Funes cuando le llovieron críticas de empresarios publicitarios salvadoreños: “Hicimos una investigación de mercado y no encontramos, dentro de las agencias de publicidad y productoras existentes en el país, las calidades y la experiencia necesaria para asumir una parte de la propaganda gubernamental o de la publicidad gubernamental”, dijo.

La Superintendencia de Competencia resolvió declararse incompetente para conocer el caso. Explicó que la resolución cuestionada no abarcaba a todo el sector público y que la figura de contratación directa que usó la Presidencia formaba parte de la “discrecionalidad” lícita de los funcionarios. “Esta Superintendencia no tiene entre sus atribuciones concedidas en la Ley de Competencia, conocer del caso. Tampoco posee competencia para emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del ejercicio de una facultad discrecional concedida a la administración pública por la LACAP”, quedó consignado en la resolución que firmó el superintendente de competencia, José Enrique Argumedo, el 14 de enero de 2010.

Al siguiente mes, en febrero, la cofundadora de Polistepeque envió al periódico brasileño Folha de Sao Paulo una carta en la que informaba que su empresa no tenía interés de renovar contrato con el gobierno salvadoreño. El motivo que esgrimía Mónica Regina Cunha Moura era que el posible fin del contrato obedecía a otros negocios más atractivos que estaban siendo realizados en países vecinos.

Pero la compañía nunca se retiró y, por el contrario, si sus ventas en los primeros siete meses de operación -de junio a diciembre de 2009- habían sido de poco más de medio millón, en 2010 sus ventas alcanzaron 7 millones 995 mil 866 dólares. La ganancia sobre las ventas declarada fue de un millón 423 mil 173 dólares.

Aunque ASAP fracasó en su denuncia ante la Superintendencia de Competencia, la presión sobre el Gobierno les dio resultados. En febrero de 2010, gracias a una negociación en la que participaron el entonces presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Carlos Enrique Araujo, y Gerardo Cáceres, un asesor de Funes, el Ejecutivo accedió a licitar 18 cuentas para la producción y colocación de publicidad que no estaban en el contrato directo. Además, se licitaría 12 cuentas para el servicio de colocación de medios que sí estaban en la contratación directa que la administración Funes dio a Polistepeque.

El Faro pidió una entrevista con Alberto Lemus Zelaya, presidente de ASAP, para conocer cuál es su actual relación con el gobierno. También se pidió, por medio de correo electrónico, la versión de los representantes de Polistepeque, para conocer por qué decidieron continuar sus operaciones en el país y si admiten que su éxito empresarial -durante 2009 la empresa tenía 5,850 acciones que valían 49.45 dólares cada una. Un año después, la misma cantidad de acciones se cotizaban en 294 dólares- se debe a su relación con el Ejecutivo. Asimismo, se les quería preguntar cuánto facturan en publicidad a la administración Funes. Al cierre de esta nota no habían respondido las peticiones.

A la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda también se les pidió el gasto de producción por publicidad y el gasto por colocación de pauta publicitaria en los medios de comunicación. No respondieron, pero hay números ilustrativos: según la empresa de monitoreo Publisearch, entre junio y octubre de 2009, en plena crisis económica el Gobierno gastó 1.7 millones en concepto de publicidad. En diciembre de ese mismo año adelantó compras en ocho medios de comunicación por 4.18 millones de dólares.

El sitio web del Ministerio de Hacienda permite hacer consultas de información en línea. Un periodista de El Faro probó el mecanismo preguntando en qué parte de la página de Hacienda o en del portal de Transparencia Fiscal se puede encontrar el detalle mes a mes y con montos por rubro del gasto publicitario del Ejecutivo. La respuesta fue la siguiente: el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera (AFI) establece como una responsabilidad del Ministerio detallar el rubro de “adquisiciones de bienes y servicios”, pero solo a nivel global.

Bajo el rubro de “adquisiciones de bienes y servicios” se encuentra la cuenta “servicios generales y arrendamientos” y bajo esta cuenta otra llamada “servicios de publicidad”, que incluye los gastos de publicidad y propaganda a través de cualquier medio de comunicación y comprende los contratos con las agencias publicitarias, productoras televisivas y otros medios de comunicación. Esos datos no están publicados en el portal de Transparencia Fiscal porque ahí se encuentran solo los montos globales de los rubros de agrupación presupuestaria, respondió Hacienda.

En 2008, en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, los participantes -entre ellos El Salvador- suscribieron la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, en la que se comprometieron a orientar la gestión pública hacia resultados y, por lo tanto, sujetarse al control social y a la rendición de cuentas periódica.

Cuánto del presupuesto de la nación se destina a publicidad y cuánto de este corresponde al Ejecutivo, es un misterio, pero posiblemente los datos globales sirvan, al menos como un referente sobre los énfasis del Estado. En los últimos 10 años, entre las principales instituciones del Estado hubo algunas que lograron duplicar su presupuesto. Son los casos del Órgano Judicial, del Ministerio de Seguridad y, sobre todo, de Salud, que pasó de 232 millones en el año 2002, a 520.48 millones aprobados para este año.

Sin embargo, hubo otras que tuvieron mejor suerte en el mismo período: la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República triplicaron sus ingresos. En el caso de la Presidencia podría argumentarse que ha absorbido instituciones como la Secretaría de Cultura -antes estaba adscrita a Educación con el nombre de Concultura- o ha asumido el costo de Ciudad Mujer. Pero dentro de la presidencia de la República llama la atención que precisamente la oficina encargada de la compra de publicidad haya visto multiplicado por nueve su presupuesto entre 2002 y 2012: pasó de 1.36 millones a 12.65 millones.

Además, mientras que generalmente en las otras instituciones del Estado citadas solo una porción marginal de su presupuesto (entre un 15 y un 25%) se destina a la compra de bienes y servicios y unos dos tercios se destinan al pago de remuneraciones y funcionamiento, en el caso de la Presidencia de la República la proporción es a la inversa.

En aquella carta abierta a los periodistas publicada el 31 de julio de 2009, Funes recordaba sus días como entrevistador: “Quienes abrazamos la profesión periodística dedicamos nuestra energía en defender con la pluma y la palabra la libre circulación de la información y el derecho de los pueblos a la misma”, decía. El titular de aquella carta, escrito todo en grandes letras mayúsculas, podía ser motivo de optimismo para un país acostumbrado al secretismo: “Todo lo que soy lo debo a la libertad de expresión y siempre la defenderé, esté en el puesto que esté”.

En su pronta carta de respuesta a la solicitud de El Faro del 5 de octubre, el subsecretario de Transparencia explicaba que la solicitud debía dirigirse a otras oficinas, como la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Marcos Rodríguez también pedía que, en caso de que no hubiera respuesta positiva, se le informara a él para procesar el caso. En todo caso, el subsecretario cerraba su carta de respuesta a El Faro con un recordatorio: “Tome en cuenta que la obligación de brindar esa información, por parte de la instancia correspondiente, corre a partir de mayo de 2012″.