Corte Cuentas

Mismas reglas, pero hoy el árbitro sí pita. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 30 enero 2017 / EDH

En los últimos años, varios personajes públicos del ámbito político han justificado actos cuestionables en el aforismo símbolo de la mediocridad, el cual reza “siempre se ha hecho así”. Esa respuesta se ha obtenido ante los discusiones sobre la asignación arbitraria de fondos a las mal llamadas organizaciones no gubernamentales (porque el “no” está de más al financiarse con fondos públicos); también ante las críticas sobre lo desfinanciado del Presupuesto General de la Nación, cuando algunas partidas que necesitan millones de dólares cuentan con una asignación de mil dólares para el año, la respuesta ha sido “así se hacía antes y nadie decía nada”; y cuando se cuestiona la necesidad de que los funcionarios y empleados públicos gocen de un seguro médico privado, además de necesario lo consideran una práctica que siempre ha tenido cabida.

diario hoyAl menos en el ordenamiento jurídico, pocas cosas han cambiado desde los años noventa a la fecha. Contamos con la Constitución que fue emitida en 1983 y cuyas reformas más relevantes se hicieron en 1991. La mayoría de las leyes generales son preconstitucionales o tienen ya varios años de encontrarse funcionando. Con las mismas reglas, algunas instituciones que se encontraban “dormidas” ahora ejercen un rol más activo en el control al poder público.

La Corte de Cuentas recientemente aceptó su facultad para investigar el uso del dinero público otorgado a instituciones que no pertenecen al Estado, con lo cual los ojos de la ciudadanía se encuentran puestos en el desarrollo de estas auditorías; también esperamos que la nueva conformación de esta Corte traiga consigo un despegue en la actividad que esta institución contralora está obligada a realizar. Por otro lado, la Fiscalía General de la República también ha tenido un ascenso inédito en sus labores, pues ha demostrado la capacidad de enfrentarse e investigar a cualquier persona involucrada en delitos de corrupción.

Por su parte, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, después de muchos años de encontrarse amordazada, ahora tiene bajo la mira el patrimonio y enriquecimiento ilícito de los funcionarios del país. El Instituto de Acceso a la Información Pública, una de las instituciones de creación más reciente, ha puesto al alcance de la ciudadanía la posibilidad de obtener información sobre la administración pública que antes era secreta. Y el Tribunal Supremo Electoral está despertando lentamente en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, con la deuda pendiente de adquirir un rol más activo en los próximos periodos electorales que se avecinan.

Las reglas del juego en El Salvador, en relación al correcto funcionamiento de las instituciones públicas, son las mismas que hace varios años. Sin embargo, hoy el árbitro se ha dado cuenta que tiene un silbato que funciona si lo quiere usar. En los últimos años hemos visto que los órganos de control están más conscientes de su rol y entienden que deben tomarse en serio su trabajo, por lo que se refleja más cada acción que realizan por mínima que sea. La actuación de las instituciones públicas puede mejorar a través de reformas legales o constitucionales que faciliten o fortalezcan su desenvolvimiento; sin embargo, el reciente “despertar” de muchas instituciones (que se sintetiza en “hacer el trabajo que les corresponde”) no depende solo de la actualización legislativa o constitucional, sino también de la conciencia de los funcionarios del rol que juegan y de las facultades que se les ha otorgado. Los funcionarios “se creen” su rol y lo ejecutan; en esto radica la importancia de la correcta elección de funcionarios, pues estos deben estar dispuestos a realizar su trabajo a pesar de las críticas y presiones que podrían recibir.

Hemos pasado de una época en la que no se investigaba nada, en la que lo normal era la inactividad de las instituciones y en la que los actores políticos o funcionarios tomaban decisiones sin temer algún tipo de consecuencia; a una época en la que estos mismos actores se encuentran bajo constante escrutinio y cuestionamiento público. Como ciudadanía nos toca poner los ojos en el trabajo de esos árbitros, presionando la continuidad de su labor y la presentación de resultados.

Carta a ARENA: Hagan lo correcto, sin dejarse chantajear por nadie. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 22 noviembre 2016 / EDH

Estimados areneros:
Voy a retomar unas palabras que les dije en cartas anteriores. El 29 de octubre, saliendo de viaje, les escribí: “Espero que los diputados no le den ningún cheque en blanco al gobierno; o sea, ningún préstamo sin que el gobierno corrija el presupuesto para el 2017 y firme con el FMI los compromisos adquiridos en la negociación.” Al regresar me di cuenta que exactamente esto pasó: un salvataje sin garantías de nada. Ustedes le aprobaron al gobierno 550 millones de dólares, pero el presupuesto para el 2017 no está corregido para responder al mandato constitucional. Ustedes dieron votos para una Ley de Responsabilidad Fiscal que, según los expertos de su propio partido, no tiene dientes. Se inyectó sangre, pero no lograron parar la hemorragia.

diario hoyAl solo regresar al país y sin todavía poder entender bien lo que había pasado, les escribí en la carta del 15 de noviembre: “Como oposición tienen la obligación de evitar que el gobierno lleve al país al impago – pero no de ayudarle al gobierno a esconder datos y seguir mintiendo a la ciudadanía. Esto sería complicidad. En estas negociaciones fiscales no puede haber compromiso de confidencialidad con el gobierno que vaya encima del compromiso de transparencia que ustedes tienen con los ciudadanos.” Ahora, una semana después me doy cuenta que no hay transparencia sobre cómo se llegó al acuerdo sobre los 550 millones. O sea, nadie entiendo cómo ARENA, que tuvo el sartén por el mango, al fin se dejó torcer el brazo. Tuve que armar el rompecabezas arrancándoles confidencias a varios de los actores y expertos involucrados.

No tiene sentido derramar lágrimas sobre leche derramada. La negociación no ha terminado, y si ustedes están dispuestos a hacer un análisis crítico (y autocrítico), lo que no se logró en la primera ronda se puede arreglar en las siguientes.

Para lograr esto, hay algunos pasos lógicos que tienen que dar.

  • Cambiar su el equipo de negociación y no permitir nunca que uno de sus negociadores vaya sólo a una bilateral a Casa Presidencial.
  • Ahora que el gobierno está urgido que se elijan los magistrados de la Corte de Cuentas, aprovechar esta situación e insistan que se seleccionen exclusivamente profesionales idóneos e independientes. Si el FMLN no accede a esto, que se olvide a cobrar el cheque de los 550 millones..
  • Poner como condición para cualquier acuerdo futuro que primero se haga una reforma a la recién aprobada Ley de Responsabilidad Fiscal, poniéndole los dientes necesarios. La otra vía sería poner los dientes que faltan directamente al Código Penal. Si el presidente veta esta reforma, no habrá acuerdo.
  • Una vez que se tiene una legislación con sólidos dientes penales, se resuelve el problema con el presupuesto 2017. El mismo gobierno lo va a retirar y rehacer el presupuesto, como la Constitución manda – para evitarse consecuencias legales.
  • Poner como segundo candado un acuerdo vinculante con el Fondo Monetario Internacional.
  • Involucrar a los diputados y la opinión pública en cada paso de la negociación. Escuchen a su propia gente y sus amigos. Todos sabemos que en la última votación, si no hubiera sido por presión de la jefatura, mucho más que 3 diputados se hubieran negado a ratificar el acuerdo de la mesa fiscal.
  • Insistir en que el gobierno conteste la pregunta de Manuel Hinds: ¿Dónde está el pisto, que al gobierno entró por recaudación y préstamos?

Una vez que están los 4 candados (una Corte de Cuentas independiente, acuerdo con el FMI, Ley con dientes, y transparencia hacía la sociedad), y sólo entonces, la mesa estará nivelada y se podrá discutir la esencia del asunto: ¿Cómo parar la hemorragia?

Una vez que se tenga los candados y esté parada la hemorragia, hay que ponerle al paciente la sangre que sea necesaria. Antes, no tiene sentido. Cualquier neurocirujano les puede explicar esto.

Les deseo la paciencia, la sabiduría y el coraje de hacer lo correcto, sin dejarse chantajear por el gobierno y por su propios miedos a las encuestas. Saludos,

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Institucionalidad incompleta. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 15 febrero 2016 / EDH

Las últimas noticias sobre el inicio de juicios de enriquecimiento ilícito contra un expresidente de la República, un diputado y un exfuncionario, nos ha hecho esperanzarnos en que la salud de un sistema enfermo de corrupción y el mal manejo de los fondos del Estado sean situaciones que vayan mejorando; y nos hace añorar el correcto funcionamiento de todas las instituciones encargadas de controlar las actuaciones de los funcionarios. Además, nos ha puesto a pensar, ¿cómo cambiaría nuestra actualidad nacional si todas las instituciones públicas cumplieran con el rol que legal o constitucionalmente se les ha otorgado y realmente funcionaran?

Casi siempre acostumbramos a exigir resultados al Órgano Ejecutivo en su papel de administrador del Estado; a la Asamblea Legislativa, como símbolo de representatividad de todas las ideologías ciudadanas; y al sistema judicial, como encargado de impartir justicia en el país. Aunque la Corte Suprema de Justicia tiene muchos problemas pendientes de resolver (tales como la depuración judicial, la pronta y cumplida justicia, etc.), en los últimos años ha sido la institución que ha desplegado sus facultades y ha hecho sentir su presencia en el ámbito diario hoynacional. La Sala de lo Constitucional ha emitido resoluciones que han cambiado el status quo de prácticas inconstitucionales en temas electorales, elección de funcionarios, correcto funcionamiento de las instituciones y derechos sociales. La Sección de Probidad ha revivido en menos de un año la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito; y además, ojalá que sus actuaciones también brinde los incentivos necesarios a no realizar prácticas incorrectas.

Sin embargo, estos no son los únicos órganos creados para incidir en labores de control de los demás instituciones del Estado o para tomar decisiones trascendentales en el manejo del país. Entidades como la Corte de Cuentas de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Fiscalía General de la República, han permanecido enterradas en la inoperancia y en la dependencia a los partidos políticos desde hace varias décadas. De todos es conocido el reparto partidario de las instituciones que se efectuaban en la Asamblea Legislativa, los cual ha traído como resultado el arraigo del encubrimiento de malas prácticas y la sobre población de plazas por afinidad política, en detrimento del verdadero servicio civil.

¿Dónde está una Corte de Cuentas que fiscalice el buen manejo de los fondos y evite el despilfarro en viajes, carros innecesarios para instituciones, sobresueldos, plazas subocupadas, viáticos excesivos, gastos injustificados, entre muchísimos más? ¿Cuándo aparecerá un Tribunal de Ética Gubernamental que investigue las dádivas, las acciones cuestionables y actitudes reprochables de los funcionarios, y además que sancione los actos contrarios a la ley? ¿Cuándo tendremos un Consejo Nacional de la Judicatura que evalúe correctamente a las personas que ingresan o se encuentran en la carrera judicial y vele porque los nombramientos se hagan por capacidad y no por simple simpatía? Ojalá ahora la Fiscalía General de la República vaya despuntando en sus pasos y sus actuaciones no se queden en nada como las anteriores gestiones.

La lucha contra la corrupción y las malas prácticas corresponde a todas las instituciones antes señaladas, y como ciudadanos debemos exigir su correcto funcionamiento en el control o desarrollo de asuntos públicos. Un pensamiento sesgado y mediocre es cuestionar a las instituciones que actualmente dan muestras de un funcionamiento independiente, bajo el argumento que “¿por qué  no lo hicieron antes?”. Probablemente en épocas anteriores dichas entidades estaban conformadas por miembros distintos, y de ninguna forma esto se debe convertir en miedo o justificación para seguir permitiendo los abusos y las malas prácticas. Ojalá los funcionarios que hoy integran todas estas instituciones se tomen en serio el rol para el que se les ha nombrado y den muestras reales del trabajo que realizan. Si en algún momento consideran que poco pueden hacer para impulsar el desarrollo de sus respectivas instituciones, quizá lo mejor es que vayan pensando en renunciar. Y si no, sería saludable que evalúen ante terceros objetivos sus actuaciones y enmienden los errores cometidos. La situación actual del país no permite que nos demos el lujo de conformarnos.

Corte de Cuentas autorizó a CEL el pago de $108.5 millones por El Chaparral

Aunque la contraloría dijo en 2012 que sus opiniones no son de cumplimiento obligatorio, CEL usó dos informes para justificar el pago a Astaldi.

Screen Shot 2015-10-21 at 4.05.23 PMEL-DIARIO-DE-HOY-LOGO21 octubre 2015 / EDH

Pese a que la Corte de Cuentas de la República (CCR)  afirmó en 2012 que las opiniones de esa institución no son de cumplimiento obligatorio, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) usó dos informes de la contraloría estatal para hacer el arreglo directo y pagarle $108.5 millones a la constructora italiana Astaldi por las obras inconclusas en la presa El Chaparral.

Eso se desprende de los documentos que ayer entregó la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL a los exdiputados de ARENA Mario Valiente y Mariella Peña Pinto, en cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitida el pasado 14 de octubre, en la que obligó a la estatal a dar la documentación. 

Valiente y Peña Pinto pidieron la información a CEL en julio de este año. Y aunque la autónoma dio los documentos a los exlegisladores, indicó que mantendrá la reserva sobre el caso porque existen investigaciones en curso.

“Nosotros insistimos que hay reserva judicial sobre este caso pero tenemos que cumplir una resolución del IAIP. Esto no significa que la información adquiere carácter público”, dijo Óscar Lara, apoderado legal de la CEL.

Los informes

Uno de los informes que usó la CEL para justificar el millonario pago, durante el gobierno de Mauricio Funes, data del 28 de junio de 2012 y fue firmado por el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla Hernández.

La opinión emitida señala que el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) prevé que terminar un contrato implica reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados. “En cuanto a la decisión de extinguir el contrato y pagar la suma que se acuerde, la Junta Directiva de CEL debe apegarse a las disposiciones legales aplicables”.

La obra estaba valorada en $219 millones, lo que significa que le pagaron a la empresa como si hubiera construido la mitad del proyecto, cuando en realidad tenía un avance del 29.28%.

El otro informe que usó la autónoma es del 5 de julio de 2012, es decir 6 días antes de firmar el arreglo directo. En ese documento, la Corte respaldó la decisión del entonces presidente de CEL, José Leopoldo Samour, de hacer el pago de los $108.5 millones.

Screen Shot 2015-10-21 at 4.05.56 PMEl informe también fue firmado por Bonilla Hernández, quien consideró correcta la decisión del arreglo directo, tal y como se negoció con Astaldi. Tras esa opinión, el 11 de julio, se firmaba el acuerdo entre CEL y la empresa en las oficinas de la autónoma.

“La figura de mutuo acuerdo, como forma anticipada de extinguir los contratos administrativos y sus efectos están contemplados en la LACAP, por lo que su utilización está en concordancia con el principio de legalidad (…) consideramos que es correcta la actuación de la junta directiva de la entidad que usted preside (Samour)”, dice la correspondencia.

También se confirma en los documentos que Samour fue autorizado de forma unilateral para suscribir junto con el apoderado legal y presidente de Astaldi, Mario Pieragostini, el arreglo directo. Según el acta 3,521 de fecha 5 de junio de 2012, la junta directiva ratificó las actuaciones realizadas por Samour, incluyendo las consultas a la Corte y otros procedimientos previos.

CEL también entregó una copia del acuerdo de arreglo directo con Astaldi, opiniones de auditoría interna de la autónoma y los informes de los auditores externos de la Comisión, los cuales al final recomendaron liquidar el contrato por la vía del areglo directo entre las partes.

Esos documentos forman parte de la información que recibieron ayer Valiente y Peña Pinto (ver listado).

Pero las opiniones de la Corte de Cuentas no son de cumplimiento obligatorio, según declaró el entonces presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo, al periódico electrónico El Faro en agosto de 2012.

Aclaró que si bien el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP, “estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatarlas”.

No puede hacer licitación

Por otra parte la Corte, según la información entregada a Valiente y Peña Pinto, también dio luz verde para que la autónoma no haga una licitación pública para la contratación de diseño y construcción de la presa, la cual a la fecha continúa abandonada, aunque las actuales autoridades de CEL han anunciado su continuación.

“La figura que bajo estas circunstancias puede invocarse es el calificativo de urgencia de conformidad a las leyes vigentes”, indica la Contraloría.

Otro documento de la Unidad de Auditoría Interna de la CEL recomendó terminar la relación contractual de la autónoma con su contratista en base a la LACAP pagando solo  $85 millones (el valor de la obra realizada), sin justificar el pago de  $23.5 millones adicionales.

Esos documentos emiten   otras “recomendaciones” a la junta directiva de CEL e incluso revelan que Samour buscaba continuar con la obra con un nuevo estudio realizado por Novotec, una empresa española que en enero de 2012 recomendó seguir la obra pero con ciertas modificaciones de diseño tras realizar un análisis técnico-científico. 

Caso CEL/Chaparral: Último informe de la Corte de Cuentas excluye anomalías

Seis meses después del primer informe, la Corte ya no cuestionó “arreglo directo” ni pago de $108.5 millones a Astaldi, como lo hicieron los auditores al principio. Tampoco cuestionó a CEL por no proceder contra constructora. 

La obra estaba valorada en $219 millones, Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

La obra estaba valorada en $219 millones, Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

22 sept. 2015 / EDH

El informe inicial de los auditores de la Corte de Cuentas sobre El Chaparral, emitido en diciembre de 2014, cuestiona la legalidad del “arreglo directo” y el pago de $108.5 millones que la CEL en el gobierno de Mauricio Funes le hizo a la empresa Astaldi pese a que esta última abandonó la construcción de la represa.

Pero el último informe de la Corte de Cuentas, con fecha 12 de junio de 2015, sólo menciona de manera pasajera este aspecto que es crucial y no lo cuestiona, mucho menos plantea sanciones. Esto favorece a los directivos de CEL y del gobierno de Mauricio Funes, que tomaron la decisión de pagarle a Astaldi pese a que no concluyó la obra y hasta el mismo Funes defendió el arreglo.

Tampoco el último informe cuestiona por qué la CEL no procedió contra Astaldi por sus incumplimientos, como sí lo señalaron los auditores seis meses antes en el informe preliminar.

Estos son sólo  algunos de los puntos que los auditores que vieron de primera mano las fallas del proyecto detallaron en su informe inicial de diciembre de 2014, pero que  cambian radicalmente o ni se mencionan en el último informe de la Corte de Cuentas de junio de 2015.

En este último informe, la Corte de Cuentas ya no detalla cada una de las irregularidades señaladas en el primero; solo dedica  cerca de 36 de las 43 páginas al cuestionamiento de pagos indebidos de la CEL a las dos supervisoras externas de la obra, las firmas Euroestudios e Ingetec. Esto es lo único que se reitera respecto al primer informe.

El Diario de Hoy pudo comprobar esas diferencias sustanciales al hacer un análisis comparativo de ambos documentos y sólo después que la Corte de Cuentas accediera  a entregar el informe de junio de 2015 obligada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por gestión de este periódico en aras del interés de la ciudadanía.

La contraloría inicialmente se resistió a dar acceso al informe aduciendo que tenía “reserva” por no ser un proceso concluido.

El proyecto El Chaparral ha sido objeto de duros cuestionamientos después que la empresa Astaldi lo dejara inconcluso alegando “imprevistos imprevisibles”. Pese a este incumplimiento, la CEL en el gobierno Funes le terminó pagando $108.5 millones, casi el equivalente al 50%, pese a que el avance se señaló que era de una tercera parte.

La obra estaba valorada en $219 millones, es decir, se les pagó la mitad del proyecto. Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

En diciembre no lo avalaron; en junio  pasado sí lo hicieron

En el informe preliminar,  emitido en diciembre de 2014, luego de que los funcionarios de la CEL se defendieran del señalamiento, los auditores que vieron el caso de primera mano confirmaron que no pueden avalar que mediante el “arreglo directo” el gobierno de Mauricio Funes, a través de la CEL, le pagara $108.5 millones a la constructora Astaldi como si hubiera ejecutado el 49.3 %  de la obra.

Los auditores determinaron que se pagó mucho más a lo que fue el avance real,  pues lo que se ejecutó fue sólo la tercera parte, el 29.28%, tal como en su momento lo habían registrado los supervisores, tanto los de la CEL como los de las dos firmas externas contratadas para la supervisión del  proyecto, Euroestudios S.L. y el Consorcio Ingenieros Civiles y Eléctricos S.A.  (Ingetec).

“No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de la CEL), sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, dijeron los auditores en el informe de diciembre.

Luego explicaban por qué la administración de la CEL, bajo la batuta de Leopoldo Samour, había errado en el cálculo del pago: “El tipo de contrato valorado por eventos no permite evaluarlo de esa manera, como si fuera por precios unitarios”, dijeron.

Pero en el informe de junio de este año más bien la Corte de Cuentas da luz verde al procedimiento, diciendo que por no tener experiencia en valuar ese tipo de obras buscaron a empresas del ramo, que no mencionan,  que les dieron el visto bueno a lo pagado.

 “(…) tomaron como base de base un costo de  $85,000,000.00 el cual técnicamente no logramos validar por carecer de equipo y la experticia técnica en eser tipo de obra”.

“No obstante, revisamos estimaciones de empresas con experiencia en ese tipo de proyectos, quienes estimaron valores cercanos a esa cantidad, por lo cual el monto a nuestro juicio resultó razonable”, dice el informe emitido seis meses después.

No cuestiona a la CEL por no proceder contra Astaldi

El informe de junio pasado tampoco le  cuestiona a la CEL que no agotó los mecanismos  para resolver el conflicto con la Astaldi de manera oportuna antes de buscar el “arreglo directo”.

La CEL contrató a la Astaldi bajo la modalidad “llave en mano” a la Astaldi, eso significaba que no podían alterar los términos del contrato y obligaba a la empresa a cumplirlo en el tiempo y monto convenido de $219 millones.

Pero en 2010, la constructora paró los trabajos en El Chaparral y reclamó a la CEL más dinero bajo el argumento de que se había encontrado con “imprevistos imprevisibles” en el sitio de la obra.

En el informe de los auditores del ente contralor se revela que los supervisores de la CEL y de las firmas externas recomendaron a las autoridades de la autónoma que el reclamo no procedía y que debía continuar con las obras, pero que la constructora recurrió directamente a la presidencia de la autónoma.

En diciembre,los auditores dejan plasmado en su informe que no hallaron documentación de cuál fue la respuesta de la CEL a la Astaldi, pero que luego vino el arreglo directo y el pago global sin que se supiera cómo lo habían calculado.

“No se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por  la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato” con la Astaldi, determinaron los auditores.

 Le recriminaron también a la CEL que no tomara en cuenta el informe de valúo de la supervisión externa a cargo de Euroestudios e Ingetec y el que optara por $85 millones como cantidad base para negociar el arreglo, que era el cálculo mayor de tres que tenía como opción.

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Reitera atraso de la obra

Con estos pagos, que además no correspondían con la obra ejecutada, los auditores le criticaron a la CEL que no aplicó las políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público impuestas por el Órgano Ejecutivo en 2012.

Aunque en el informe de auditoría de junio de este año ya no le cuestiona todos estos aspectos, sí le reitera, aunque de manera indirecta, que se pagó por una obra con un retraso del 68.48 %.

“El proyecto presentó atrasos desde sus inicios, los cuales fueron incrementándose a partir de mayo de 2010, acumulando a junio de 2012 el 68.48 % de atraso”, dice en parte de las conclusiones.

Y puntualiza que: “El avance general del proyecto a junio de 2012 fue del 29.28 %, (según supervisión)”.

 Sin embargo, omiten la otra parte de esta conclusión plasmada en el informe inicial, cuando dijeron: “(…) siendo que el contratista no comprobó ni justificó las situaciones que lo generaron; asimismo, CEL no determinó el incumplimiento contractual”.

En ese sentido, los auditores confirman parcialmente el hallazgo plasmado en su informe preliminar, únicamente el relativo al poco avance de la obra reportada por los supervisores al momento de que el entonces titular de la CEL, Leopoldo Samour, y el presidente de la Astaldi, Mario Pieragostini firmaran el arreglo directo.

En el último informe ya no le señalan a la CEL, como sí lo hizo en el preliminar, que no procediera contra la Astaldi ante un evidente incumplimiento del contrato luego que paralizara los trabajos por cuenta propia y sin que demostrara técnica ni contractualmente los “imprevistos imprevisibles” que alegaba, ni presentara los diseños detallados como estaba obligada por contrato.

Tampoco detalla, como en el primer informe, el uso inadecuado que hizo la Astaldi de los fondos que la CEL le entregó en concepto de anticipo del contrato.

En el último informe, los contralores solo registraron la transferencia de ese anticipo y que al 31 de diciembre de 2011 faltaba desembolsar $60 millones pero que “no podemos asegurar que se haya utilizado en su totalidad en el Proyecto”. Tal afirmación difiere mucho de lo que afirmaron en su primer informe.

“Verificamos gastos no justificados por el valor de $7,507,006.50, relacionados con transferencias de fondos a Astaldi S.p.A. Sucursal Costa Rica por $1,000,000.00 y Sucursal Panamá por $11,000,000.00, ascendiendo a un total dede $12,000,000.00 realizadas  de la cuenta de anticipo, de las cuales únicamente se reportó y justificó la cantidad de $4,492,993.50”, dijeron en diciembre de 2014.

También  determinaron que Astaldi sucursal El Salvador “utilizó para otros proyectos un monto de 42,311,143.65 delancitipo entregado a Corinca S.A. de C.V por $5,000,000.00”.
Hay dos datos interesantes en el informe de junio: uno de ellos es que mantienen el cuestionamiento a la CEL de haber hecho “pagos indebidos” por $210 mil 921  a las firmas supervisoras .

El otro cuestionamiento que no incluyen es el haberle pagado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) $1.4 millones en concepto de comisiones, algo que según dijeron es ilícito y que no lograron justificar.

 Solo se limitan a detallar lo que han devengado del préstamo de $163 millones con el BCIE y el alto costo de pagar comisiones por fondos que no se utilizan.

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Hay juicio de cuentas por El Chaparral

Fuentes de la Corte de Cuentas confirmaron que se ha abierto juicio de cuentas a cinco funcionarios que estuvieron involucrados en la ejecución y cierre a través de arreglo del contrato con la firma Astaldi.

Obras sin avances. Foto aérea de la zona de construcción de El Chaparral, que está estancada desde 2010 y ha estado rodeada de polémica.

Obras sin avances. Foto aérea de la zona de construcción de El Chaparral, que está estancada desde 2010 y ha estado rodeada de polémica.

Mariana Belloso, 23 agosto 2015 / LPG

El proyecto de El Chaparral, que de concluirse será la quinta presa hidroeléctrica con la que contará El Salvador, sigue bajo la lupa de las autoridades salvadoreñas.

Esta vez es la Corte de Cuentas de la República la que ha decidido abrir un juicio de cuentas (cuyo número de expediente es CAM – I-JC-020-2015) contra cinco de las personas que estuvieron involucradas en la ejecución y posterior cierre del contrato con la empresa que construiría la presa hidroeléctrica.

Además de esto, la Fiscalía General de la República mantiene un proceso abierto sobre el mismo proyecto (ver nota aparte).

¿La razón? Supuestas anomalías en la firma, ejecución y posterior cierre a través de un arreglo del contrato con la firma italiana Astaldi. Dicho contrato se firmó en 2008 y se dio por finalizado en 2012, con un arreglo que incluyó el pago de $85,000 por los avances confirmados a dicha fecha, además de una compensación por $28.4 millones.

La administración Mauricio Funes negoció y acordó este pago, para lograr dar por concluido el contrato con los italianos y, según el argumento del exfuncionario, evitar que el caso llegara a un arbitraje internacional.

Examen especial

La Corte de Cuentas de la República emitió en junio de este año la versión final del informe del examen especial a la ejecución del contrato llave en mano suscrito entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa Astaldi S.p.A., para la construcción de El Chaparral.

El examen abarca además la adjudicación y ejecución del contrato con el consorcio Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S. A. (INGETEC) y EUROESTUDIOS S. L. para la prestación de servicios de supervisión a la construcción de la hidroeléctrica.

Dicho examen abarca el periodo del 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013, y concluye con varias observaciones sobre el manejo financiero del proyecto.

Una fuente de la Corte dijo que a raíz de estos hallazgos se ha abierto un juicio de cuentas en la Cámara Primera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas, en contra de: Miguel Orlando Chávez Martínez, del Departamento de Contabilidad de la CEL; Roberto Ernesto Jacome, tesorero institucional de la autónoma; Jaime Eduardo Contreras, ex director ejecutivo de la entidad; y Mario Roberto Campos Monterrosa, responsable de la obra en El Chaparral.

Las observaciones

Una versión preliminar del examen sobre la ejecución de los contratos con Astaldi y con EUROESTUDIOS-INGETEC fue publicada en diciembre pasado por la Corte, y se dio espacio para que los funcionarios señalados pudieran aclarar las observaciones realizadas por los auditores.

Luego de tomar en cuenta las aclaraciones y argumentos presentados por los involucrados, los auditores concluyeron que persistían al menos cuatro de las inconsistencias señaladas en el examen preliminar.

En primer lugar, según el examen, la CEL transfirió $65.97 millones a ASTALDI S.p.A. en concepto de anticipo, del cual, al 31 de diciembre de 2011, solo se había amortizado $5.9 millones, “quedando una diferencia pendiente de $60.05 millones que no podemos asegurar que se haya utilizado en su totalidad en el proyecto”, aseguraron los auditores.

Segundo, el proyecto presentó atrasos desde sus inicios, que fueron aumentando a partir de mayo de 2010. A junio de 2012 el atraso era del 68.48 %. El avance general del proyecto a junio de 2012 fue del 29.28 %, según la supervisión.

En tercer lugar, los auditores señalan que hubo pagos indebidos por $210,912.71 en concepto de gastos reembolsables y no elegibles al consorcio INGETEC y EUROESTUDIOS, a quienes también la CEL les reconoció $1.3 millones en compensación por el perjuicio causado por finalizar contrato de construcción de El Chaparral mediante arreglo directo.

Una cuarta observación involucraba al costo de $85 millones que CEL le reconoció a ASTALDI al momento de acordar el cierre del contrato para la construcción de El Chaparral. “Técnicamente no logramos validar por carecer de equipo y la experticia técnica en ese tipo de obra”, reconocieron los auditores. Sin embargo, concluyeron, con base en estimaciones de empresas con experiencia en ese tipo de proyectos, que este resultó razonable.

Una quinta observación se centra en el hecho de que la CEL contrató con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) un préstamo por $163 millones, del cual únicamente se desembolsó, al 31 de diciembre de 2011, un monto de $32.98 millones. Quedó pendiente un saldo no desembolsado de $130.01 millones, por el que la CEL deberá gestionar reestructuración, ya que el objeto de este fue liquidado con el arreglo directo. El costo de no utilizar este dinero implica una erogación adicional de $5.3 millones, hasta 2011, y $975,112.38 anuales desde entonces.

Funde cuestiona las declaraciones de bienes de tres expresidentes

Considera que, a juzgar por antecedentes de Saca, Funes y Flores, no es creíble lo que han declarado ante oficina de Probidad de la CSJ.

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23 agosto 2015 / EDH

Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes,  no son  “creíbles” y es necesario que la Corte de Cuentas haga públicos los exámenes de auditoría a esas declaraciones, señaló Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.

Por petición de El Diario de Hoy y personas particulares, la oficina de Probidad de la Corte Suprema hizo públicas el jueves las declaraciones de los exgobernantes, tanto las que presentaron al inicio de sus periodos como al final.

Transparencia Internacional, cuya representación en el país la tiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), basa sus dudas en que no se tiene certeza de que las versiones públicas de las declaraciones que ha entregado la Corte estén diciendo la verdad sobre las finanzas de los exmandatarios.

El fundamento principal de esas duda es que tanto Flores como Saca y Funes terminaron su mandato con cuestionamientos en temas relacionados a manejo de dinero en sus gestiones y en sus campañas, según Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac (Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador)

“Es una versión pública (los documentos). Hay que tener cuidado porque no sabemos si en realidad qué cosas se ocultan allí”, advierte Burgos sobre el contenido de las declaraciones en las que, añade, destaca el expresidente Antonio Saca con un incremento en su patrimonio cuando dejó el cargo en 2009.

Según la información proporcionada por la oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expresidente Saca reportó en su balance patrimonial cuando empezó su gestión el 1 de junio de 2004 que tenía bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, por valor de 4 millones 16 mil 249 dólares.

Pero cuando salió de la presidencia, el 31 de mayo de 2009, sus bienes subieron a 14 millones 451 mil 589 dólares.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

Esto significa, según análisis de contadores consultados, que el mandatario tuvo un aumento de su patrimonio de $10 millones 435 mil 34, equivalente a un 259.8 %. Es decir, cuadriplicó  sus bienes.

En el informe que presentó a la sección de Probidad, Saca también dice que no tuvo durante esa época ninguna deuda, lo que según los contadores, de haberlas tenido, se podría concluir que de allí pudieron haber salido los fondos para contar que le permitieron tener en ese momento un patrimonio que sobrepase los 10 millones de dólares.

Además es el único expresidente, de los cuatro exmandatarios de los cuales se pidió  los registros patrimoniales a la CSJ, y que tuvo un aumento de más del 250% en plena crisis económica mundial.

Según la declaración, el exmandatario pasó de tener bienes muebles y otros por un valor de 951 mil 351 dólares en 2004, a 3 millones 467 mil 736 dólares en 2009, lo que significa que lo aumentó en poco más de 2 millones y medio de dólares.

Mientras que en el caso de los bienes inmuebles, los disminuyó. Al iniciar su mandato tenía propiedades por 262 mil 857 dólares y terminó con 194 mil 285 dólares.

La pregunta que plantea uno de los contadores es: ¿por qué la cifra de bienes muebles (que son aquellos objetos como electrodomésticos, vehículos, etc.) sobrepasan en cifra a los bienes inmuebles (que puede ser cualquier propiedad como casas)?

Debido a que en los informes entregados por la oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ no se dan detalles sobre la lista de bienes inmuebles y muebles es difícil determinar cuántas viviendas reportó. Igualmente cuántos son los bienes muebles que tiene y que sumaron los más de $3 millones.

En los casos del expresidente Francisco Flores y Mauricio Funes, los incrementos, según la declaración entregada por la CSJ, fueron menores en comparación con los de Saca.

Según ese informe, Flores ingresó a la presidencia con un patrimonio de 1 millón 954 mil 757 dólares y salió con 2 millones 314 mil 412 dólares.

En tanto en el caso de Funes, el informe publicado dice que reportó un patrimonio inicial de 611 mil 884 dólares y al final de 669 mil 794 dólares.

A diferencia del expresidente Saca, tanto Funes como Flores sí declararon tener deudas, lo que hace que  reportaran un incremento de su patrimonio al salir de su gestión.

Los cuestionamientos

Roberto Burgos, de Funde-Alac, insiste en que tales números no pueden ser creíbles, en primer lugar porque habría que ver el examen de auditoría a esos informes; y en segundo lugar porque, añade,  los tres expresidentes mencionados reúnen una historia de señalamientos que hacen increíble sus informes.

De cada uno pone ejemplos concretos. De Funes dice que su estilo de vida de lujo que dejó públicamente en evidencia no equivale con los egresos ni los ingresos reportados ante la CSJ.

“Eso no valen ni los relojes que se ha comprado en su gestión” y de lo cual hay fotografías, cuestiona Burgos.

Pero entre los evidentes lujos, a los que según Burgos el anterior presidente efemelenista era “aficionado” y con los que termina su mandato.

“Ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume, que tantas veces le señalamos, y tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, afirma Burgos.

Pero su cuestionamiento a los declarado por Funes no llega allí. “Estamos hablando de una persona que se rodeó de una vida de lujos, de abuso de poder y ahora resulta que su declaración patrimonial aparece con el incremento menor de todos los expresidentes de los últimos 15 años. Eso es muy poco creíble”, apunta (ver nota aparte).

En el caso del expresidente Saca, ve “bien raro” el documento en el que al analizarlo detenidamente “pareciera que tiene cero pasivos… sí hay  varias contradicciones”, dice y añade que lo más sorprendente es el incremento “cuantioso” (en más de $10.4 millones) en sus ingresos durante su mandato.

Dice que tampoco los números rendidos ante la CSJ son creíbles y trae a cuenta que hasta el mismo partido le cuestionó el manejo y destino de más de $200 millones tomados de la llamada partida secreta que la Fiscalía nunca investigó y quedó como “parte de la dinámica política habitual de este país de ataques recíprocos”.

Dice que tampoco se investigó las concesiones de frecuencias de radio de que gozaba antes de ganar la Presidencia  y que antes transfirió a sus socios porque la Constitución no lo permite.

En las elecciones de 2014, cuando se postuló nuevamente a la presidencia, volvió a transferir a su hijo mayor sus acciones, por lo cual la Sala de lo Constitucional de CSJ invalidó su candidatura.

“Ese fraude de ley también nos hace dudar de esa declaración patrimonial”, afirma.

En el caso de Flores, le achaca su admisión ante una comisión de diputados sobre fondos recibidos del gobierno  de Taiwán durante su gestión que no fueron sometidos a ningún control contable.

“Con esta afirmación del mismo presidente Francisco Flores, yo dudaría de toda su declaración, no tendría mucha credibilidad”, dice Burgos.

De  Salvador Sánchez Cerén Burgos espera una gestión limpia y no surjan sospechas como tampoco de sus familiares que emplea en el gobierno (hijos, yernos y nieta).

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Funde dice: Funes no refleja el millonario donativo de Salume

La representante de Transparencia Internacional recuerda el cuestionado donativo de $3 millones al expresidente en apoyo a su campaña.

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23 agosto 2015 / EDH

Parte de las dudas que asaltan a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador cuando lee la declaración patrimonial presentada por Mauricio Funes ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia es que no reflejan, por ejemplo, los costos de  una vida lujosa que llevó y los tres millones de dólares que recibió del empresario Nicolás Salume Barake en la campaña que lo llevó a la presidencia del país.

Para Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, la representante de Transparencia Internacional,  el incremento en su patrimonio con el que entra y sale Funes, según su declaración, no es creíble.

“En el caso del expresidente Funes ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume que tantas veces le señalamos”, aseveró Burgos.

Pero “tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, ahondó Burgos.

El expresidente Funes levantó polémica cuando admitió públicamente que había encontrado la forma de no pagar los impuestos de ley por el donativo de $3 millones.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los perdones de deudas son gravables. Y también establece que las donaciones estarán exentas del pago del impuesto siempre y cuando se produzcan entre ascendientes y descendientes, que no fue el caso de Salume Barake-Funes.

Después de recibir ese donativo en campaña, Funes nombró a su donante Primer Designado a la Presidencia, una decisión que Funde cuestionó porque era visto como pago de favores.

Las versiones

 El exmandatario defendió en su momento que se trató de un dinero para el FMLN, aunque luego afirmó que se transfirió a una cuenta bancaria personal.

En un principio dijo Funes que el dinero se lo había prestado Salume y que habían firmado un mutuo acuerdo, después dijo el dinero se lo había perdonado el empresario.

“El préstamo no se pagó porque sencillamente fue un donativo, él (Salume) lo donó. Una vez gané, él lo donó. Yo no tengo ninguna obligación con él y no sé por qué siguen insistiendo con eso. Yo no tengo ninguna deuda porque sencillamente don Nicolás Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mí como candidato y no al FMLN”, justificó en su momento.

También dijo que los $3 millones no entraron a la contabilidad del FMLN. Previo a esto, durante su campaña política, Funes había manejado la versión de que había contraído un préstamo con “ un empresario respetable y exitoso que en el pasado apoyó al partido ARENA”.

“Muchos se preguntan de dónde se financia mi campaña. Yo le digo que de los fondos de un empresario que tiene suficiente dinero para haberme hecho ese préstamo y más. ¿Por qué hice ese préstamo? Porque era la única manera de competir con la campaña de ARENA. El partido FMLN únicamente ha recibido el dinero que proviene de la deuda política y de algunas colectas con algunos empresarios y eso no ha alcanzado para financiar mi campaña”, justificó el ex mandatario.

En el contexto de este hecho  el abogado constitucionalista y excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, dijo que los presidentes son fácilmente “auditables” cuando concluyen su gestión, a través de las declaraciones patrimoniales, ahora públicas.

“Si el presidente por 60 meses, si gana $5 mil al mes, eso hace $300 mil al año, lo que tenga por encima de eso, de su declaración de probidad, si ha subido más de $300 mil, es que hay dinero mal habido”, afirmó el exdirigente efemelenista luego de hacer cuentas de lo que gana mensualmente Funes y su deuda que se creía tenía a esa fecha.

En julio de 2014 Funes dijo que salió de Casa Presidencial con un menor patrimonio personal y que en la declaración patrimonial estableció que el único bien inmueble que posee es una casa que compró hace 20 años.

“Yo entro (a la Presidencia) con un patrimonio determinado y salgo con el mismo patrimonio, incluso con menos porque vendí dos vehículos que compré cuando era periodista”, confirmó Funes.

Salume, luego de entregar este dinero a Funes, fue nombrado primer designado a la presidencia.