Flores

Encuesta EDH/Predictiva: Mayoría prefiere que su pensión la manejen las AFP. El 77% considera que el país va por rumbo equivocado

Sólo el 21% de los participantes en la encuesta Predictvia para El Diario de Hoy dice que prefiere que sus ahorros de pensiones estén en manos del gobierno y no de los privados.

, 23 febrero 2016 / EDH

diario hoyUn amplio sector de la población prefiere que sus ahorros de pensiones sigan siendo manejados por una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y no por el gobierno central, según los datos de la más reciente encuesta Predictvia para El Diario de Hoy.

El 65% de los encuestados dice que está de acuerdo con que el dinero de su pensión sea administrado por una AFP, mientras que el 21% prefiere que sea por el gobierno. Solo un 13% no supo qué contestar.

Dicho sondeo se da en el marco de la discusión sobre una reforma de pensiones por parte del gobierno, que busca crear una sistema mixto de pensiones donde el Estado administraría una parte de los fondos de los cotizantes, la correspondiente a los ahorrantes con salarios inferiores a $500, y otra parte, la que exceda a dicho salario, que estará bajo resguardo de las AFP.

En ese sentido, la encuesta incluye la pregunta: “¿Sabe usted que el gobierno está promoviendo una reforma de la ley de pensiones para poder hacer uso y manejar el dinero ahorrado por los trabajadores?”.

Una mayoría contundente del 91% señala que sí conoce acerca de las intenciones del gobierno de impulsar una reforma de pensiones. Apenas un 5% dice que no sabe, mientras que el otro 4% prefiere no opinar al respecto.

La encuesta también advierte que casi la mitad de los encuestados cotiza con las AFP. Un 48% responde que cotiza con una administradora de fondos privada, mientras que un 50% señala que ha cotizado en el sistema público, pero solo un 1% asegura que no sabe.

El tema ha causado polémica entre diversos sectores, uno de ellos el de las gremiales empresariales, quienes consideran que la reforma pondría en peligro el dinero de los ahorrantes, contrario al sector gubernamental, quien considera que se le debe permitir hacer uso de los fondos para poder pagar las pensiones del sistema actual.

El presidente Salvador Sánchez Cerén pidió el sábado pasado que se “calmen los temores” alrededor de las reforma de pensiones, pues consideró que seguirán siendo las AFP las que se encarguen de administrar el dinero de los ahorrantes.

Sin percibir mejoría en seguridad

La población considera que el clima de inseguridad, lejos de mejorar, persiste. Además, asegura que no ha habido mejoría en las últimas semanas pese a planes del Ejecutivo.

Un 85% de los que participaron en el sondeo señalan que no ha habido mejoría en materia de seguridad en el país en las últimas semanas.

Esta cifra contrasta con apenas el 12% de los salvadoreños que creen que sí han visto una mejoría en esa materia. Sólo un 3% responde que no sabe qué contestar.

Otro porcentaje mayor de la población sostiene que los cambios recientes de funcionarios no han abonado a reducir los índices de inseguridad.

Ante la pregunta “¿Cree usted que la rotación de funcionarios que hizo el presidente Sánchez Cerén a fines del mes pasado ayudará a lograr mayor eficacia en el combate contra la criminalidad?”, sólo un 14% responde de forma afirmativa.

Una mayoría del 69% por ciento, en tanto, cree que estas rotaciones no tendrán mayor impacto, mientras que un 17% prefirió no responder.

Al separar a los encuestados por género, la tendencia arroja que las mujeres tienen menos optimismo con respecto a la seguridad, pues un 87% dice no percibir mejoría en la seguridad pública, versus un 83% de hombres.

El 22 de enero, el presidente Sánchez Cerén nombró al exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Seguridad y Justicia, en lugar de Benito Lara, mientras que el exsubdirector Howard Cotto fue nombrado titular de dicha corporación.

Captura de militares

La mitad de los salvadoreños encuestados por Predictvia no está de acuerdo con que la PNC haya capturado a los militares requeridos por la justicia española por su presunta participación en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.

El 48% dice no estar de acuerdo, versus un 35% que sí se muestra en favor. Hay un 16% que no supo qué responder.

Mientras, un 53% se mostró en contra de que los militares sean extraditados, frente a un 32% que sí lo considera necesario y otro 15% que no supo responder.

En ese sentido, la encuesta hace la siguiente pregunta a los participantes: “¿Está usted de acuerdo en que se mantenga vigente la ley de amnistía y reconciliación que se promulgó para facilitar el cumplimiento de los acuerdos de paz?”. Una mayoría del 66% señaló que está de acuerdo, mientras que un 22% dijo no estar de acuerdo. Sólo el 12% no supo qué responder.

El 77% considera que el país va por rumbo equivocado

Otro 81% advierte que el gobierno no ha hecho nada para crear más empleos.

, 23 febrero 2016 / EDH

La mayoría de participantes en la encuesta Predictvia para El Diario de Hoy (77%) considera que el país va por el rumbo equivocado.

Solo un 15% respondió positivo a la pregunta: “Tomando en consideración la situación de seguridad, empleo, salud, educación y respeto a las libertades democráticas, ¿le parece que el rumbo del país es correcto o equivocado?” Mientras, el 7% de los encuestados contestó que no sabía.

Esta visión de los salvadoreños coincide con los resultados otra pregunta en la encuesta: “¿La situación económica suya y de su familia está ahora igual, mejor o peor que al inicio del gobierno del presidente Sánchez Cerén?”

Un 58% contestó que su situación monetaria está peor con el gobierno actual, mientras que el 35% señala que sigue igual. Ambos valores suman un 93% de encuestados que no ven con buenos ojos su situación económica de cara al actual gobierno.

La población también es bastante pesimista cuando se le pregunta por los esfuerzos del gobierno para la atracción de inversión y generación de empleos.

“¿Está haciendo el gobierno lo necesario para estimular el crecimiento económico y la creación de empleos estables y bien remunerados?” es la pregunta que se realizó a los participantes del sondeo.

Un contundente 81% respondió que no ve señales de que el gobierno haga esfuerzos en esa dirección. En tanto, sólo el 11% cree que sí se están viendo frutos, versus un 9% que prefirió no responder.

Un rasgo a destacar en los datos es que el sector femenino de los encuestados es el que menos cree que ha mejorado su situación económica y la de su familia.

El 59% de las mujeres que participaron cree que su situación está peor, frente a un 56% del sector masculino.

En otro contexto, la encuesta también preguntó a los ciudadanos si consideran que el expresidente Francisco Flores fue sometido a un juicio justo antes de su fallecimiento, el 31 de enero pasado.

Un poco más de la mitad, el 51%, consideró que el exmandatario no tuvo un juicio justo, mientras el 32% que cree lo contrario. Aquí, el porcentaje de los que no supieron que responder fue del 17%.

Los 29 funcionarios que investiga Probidad, incluyendo Luis Martínez

Mauricio Funes figura en la lista de investigados, pese a que lo niega. Aparecen también exfiscal Luis Martínez, ediles, diputados y otros.

Mauricio Funes

, 3 febrero 2016 / EDH

diario hoyExpresidentes de la República, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados actuales y anteriores, alcaldes e incluso el exfiscal General Luis Martínez, figuran en la lista de 29 funcionarios, cuyas declaraciones de patrimonio están bajo la lupa de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre esos investigados figura el expresidente Mauricio Funes, quien ayer negó en una entrevista televisiva que esté siendo investigado por sospecha de enriquecimiento ilícito, sino auditado.

“Es una mentira de los medios y periodistas que estamos siendo investigados (él y otros 28 funcionarios y exfuncionarios) por sospechas de enriquecimiento ilícito”, afirmó por la mañana Funes.

Sus declaraciones contrastan con la lista de 29 funcionarios actuales y anteriores que están siendo “investigados”, según un documento de la Corte, en la que aparece él.

La investigación sobre la declaración de bienes de Funes, de Antonio Saca y Francisco Flores (ya fallecido), surgió luego de que Transparencia Internacional Capítulo El Salvador  solicitó las auditorías a los tres exmandatarios.

La Corte tiene hasta el próximo 23 de febrero de plazo para entregar esos informes, dado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El primer informe  que se conoce es el de Funes, y el martes fue discutido en Corte Plena, donde se decidiría si se ordenaba o no juicio, tal como lo ha hecho ya con el diputado Reynaldo López Cardoza y Leonel Flores, exdirector general del ISSS en la era Funes.

Pero Corte Plena decidió darle tres días hábiles a Funes para que complete información. El mismo Funes lo confirmó ayer tras declarar ante la Fiscalía sobre la tregua.

“Hubo una buena cantidad de magistrados… que consideraron que el informe estaba incompleto porque, y eso es lo que me notificaron hoy, en mi declaración de salida al compararla con la de entrada allí hay unos gastos que dentro de la declaración patrimonial no aparecen justificado  su origen. Pero eso no significa que su origen sea ilícito”, alegó.

Pero según él, en ese informe no se le reportan “hallazgos de enriquecimiento ilícito”, sino una serie de gastos y compras que no aparece justificado de dónde proviene. Y  puso de ejemplo la compra de un vehículo.

Los otros investigados

En la lista de “investigados” aparece Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y actual presidente de Proesa, quien también ha negado que esté siendo siendo investigado.

Aparecen los diputados Guillermo Gallegos, y Jesús Grande, de GANA, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, de ARENA, y Francisco Merino, del PCN.

También están bajo la lupa varios jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Cuentas, el  expresidente de la Corte Suprema, Agustín García.

Entre otros funcionarios aparecen los exministros Miguel Lacayo,  René Figueroa y David Gutiérrez, el extitular de CEL, José L. Samour, Miguel Menéndez, quien dirigió Cifco, y el exdirector de la PNC, Francisco Salinas.

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Luis Martínez, exfiscal general en la mira de Probidad

La Sección de Probidad esta auditando las declaraciones de bienes e ingresos de 29 funcionarios y ex funcionarios, incluye a varios diputados.

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4 febrero 2016 / EDH

Las declaraciones de bienes e ingresos del exfiscal general de la República, Luis Martínez, se encuentra en revisión junto a las de 28 funcionarios y exfuncionarios más en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por posibles sospechas de enriquecimiento ilicito.

De acuerdo a fuentes de la Corte Suprema de Justicia, en este momento se auditan las declaraciones de bienes de propiedad e ingresos del exfiscal general desde cuando fue electo y cuando dejó la institución.

Además del exfiscal general se encuentran en el listado, el exdirector de la Policía Nacional Civil general Francisco Ramón Salinas Rivera.

Siete reflexiones sobre las declaraciones patrimoniales. De José Miguel Arévalo Rengifo

Los salvadoreños debemos revisar nuestros niveles de tolerancia e indignación ante posibles hechos de corrupción, y entender, de una vez por todas, que la corrupción no distingue entre colores partidarios.

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

Miguel Arévalo Rengifo, 28 agosto 2015 / EDH

Hace algunos días, pudimos conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes de la República, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ordenó a la Sección de Probidad que entregue versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de cualquier funcionario o exfuncionario, que sean solicitadas por los ciudadanos. De lo que observamos en estas declaraciones patrimoniales, podemos hacer las siguientes reflexiones:

1. Los expresidentes del país han gozado del mismo salario: $3,467.43 mensuales. Este debería de ser el salario máximo dentro de la función pública, siendo totalmente injustificable que otro funcionario devengue un mayor salario que el presidente de la República. En ese sentido, los $7,000 dólares mensuales que se destinan a quien ocupe el cargo de presidente de PROESA, por ejemplo, es un abuso para todos los salvadoreños que con nuestros impuestos pagamos mensualmente su salario y  se debe revisar al igual que muchos otros.

2. Todas las declaraciones dejan dudas razonables sobre su veracidad. En algunos casos, la Sección de Probidad ha buscado indagar más. Pero hemos tenido casos lamentables, como el de 2006, cuando el Jefe de la Sección de Probidad quiso investigar las cuentas bancarias del expresidente Flores y la Corte Suprema de Justicia le quitó la facultad de solicitar información protegida por el secreto bancario. Si bien la Corte le devolvió a la Sección de Probidad esta facultad en 2014, pudiera volverse a tomar un acuerdo como el de 2006, ante un panorama que les incomode. Por ello, es importante que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tenga, por ley, plenas facultades para investigar y verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales.

3. En cuanto al expresidente Saca, declaró que había logrado acumular, a lo largo de sus 39 años de vida, activos por un monto de $4 millones de dólares. Durante los siguientes cinco años de su período presidencial, incrementó sus activos en $10.4 millones de dólares, tal como lo plasmó en su declaración patrimonial, al cesar del cargo. Ello no incluye el valor de su nueva residencia, ya que no aparece reflejada. Esto indica, al menos, una posible “presunción de enriquecimiento ilícito”, según la definición del Art. 240 de la Constitución. Sin embargo, a la fecha ni el Fiscal General de la República ni el Gobierno, han mostrado el mínimo interés de investigar, contrario a lo que ha ocurrido con otros casos.

4. La declaración del expresidente Funes no incluye, dentro de sus pasivos, el “préstamo/donación” de $3 millones que recibió durante su campaña presidencial. Esto se podría deberseS a lo que él mismo reveló públicamente, cuando manifestó que había buscado la manera de no pagar impuestos.

5. En cuanto a las declaraciones patrimoniales que continúan pendientes (Cristiani y Calderón Sol), la sociedad tendrá también el derecho de conocerlas y hacer sus valoraciones. Sin embargo, cualquier intento de investigar una eventual presunción de enriquecimiento ilícito llegará muy tarde, ya que lastimosamente, nuestra Constitución establece un corto período de 10 años para que prescriba este delito. Este plazo se debería de revisar.

6. El poder conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales evidencia, una vez más, cómo el derecho de libertad de expresión está íntimamente vinculado con el derecho de acceso a la información pública, ya que al estar al tanto de información de interés nacional, los ciudadanos podemos emitir opiniones y propiciar un debate, lo cual es sano y necesario en toda democracia. Lástima que el IAIP no es siempre así de coherente con sus resoluciones, y no nos quiere dar acceso a los gastos en publicidad y viajes de los expresidentes.

7. Los funcionarios corruptos ahora tendrán más temor de presentar su declaración patrimonial, por lo que optarán por no hacerlo, ya que la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece multas de ₡100 colones por no presentarla. Por ende, hoy más que nunca, es de urgencia nacional que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva Ley de Probidad Pública, impulsada desde la sociedad civil, la cual establece sanciones más severas, aumenta los controles sobre el enriquecimiento y sobre los conflictos de interés, además de otorgar plenas facultades a la Sección de Probidad para investigar y sancionar a los funcionarios que incumplan con la ley.
Los salvadoreños debemos revisar nuestros niveles de tolerancia e indignación ante posibles hechos de corrupción, y entender, de una vez por todas, que la corrupción no distingue entre colores partidarios, por lo que nuestra lucha en contra de ella tampoco debe hacerlo. Basta de dividirnos sobre quién se podría haber robado nuestro dinero, dejemos la polarización para los fanáticos.

@Arévalo_Rengifo

Funde cuestiona las declaraciones de bienes de tres expresidentes

Considera que, a juzgar por antecedentes de Saca, Funes y Flores, no es creíble lo que han declarado ante oficina de Probidad de la CSJ.

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23 agosto 2015 / EDH

Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes,  no son  “creíbles” y es necesario que la Corte de Cuentas haga públicos los exámenes de auditoría a esas declaraciones, señaló Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.

Por petición de El Diario de Hoy y personas particulares, la oficina de Probidad de la Corte Suprema hizo públicas el jueves las declaraciones de los exgobernantes, tanto las que presentaron al inicio de sus periodos como al final.

Transparencia Internacional, cuya representación en el país la tiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), basa sus dudas en que no se tiene certeza de que las versiones públicas de las declaraciones que ha entregado la Corte estén diciendo la verdad sobre las finanzas de los exmandatarios.

El fundamento principal de esas duda es que tanto Flores como Saca y Funes terminaron su mandato con cuestionamientos en temas relacionados a manejo de dinero en sus gestiones y en sus campañas, según Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac (Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador)

“Es una versión pública (los documentos). Hay que tener cuidado porque no sabemos si en realidad qué cosas se ocultan allí”, advierte Burgos sobre el contenido de las declaraciones en las que, añade, destaca el expresidente Antonio Saca con un incremento en su patrimonio cuando dejó el cargo en 2009.

Según la información proporcionada por la oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expresidente Saca reportó en su balance patrimonial cuando empezó su gestión el 1 de junio de 2004 que tenía bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, por valor de 4 millones 16 mil 249 dólares.

Pero cuando salió de la presidencia, el 31 de mayo de 2009, sus bienes subieron a 14 millones 451 mil 589 dólares.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

Esto significa, según análisis de contadores consultados, que el mandatario tuvo un aumento de su patrimonio de $10 millones 435 mil 34, equivalente a un 259.8 %. Es decir, cuadriplicó  sus bienes.

En el informe que presentó a la sección de Probidad, Saca también dice que no tuvo durante esa época ninguna deuda, lo que según los contadores, de haberlas tenido, se podría concluir que de allí pudieron haber salido los fondos para contar que le permitieron tener en ese momento un patrimonio que sobrepase los 10 millones de dólares.

Además es el único expresidente, de los cuatro exmandatarios de los cuales se pidió  los registros patrimoniales a la CSJ, y que tuvo un aumento de más del 250% en plena crisis económica mundial.

Según la declaración, el exmandatario pasó de tener bienes muebles y otros por un valor de 951 mil 351 dólares en 2004, a 3 millones 467 mil 736 dólares en 2009, lo que significa que lo aumentó en poco más de 2 millones y medio de dólares.

Mientras que en el caso de los bienes inmuebles, los disminuyó. Al iniciar su mandato tenía propiedades por 262 mil 857 dólares y terminó con 194 mil 285 dólares.

La pregunta que plantea uno de los contadores es: ¿por qué la cifra de bienes muebles (que son aquellos objetos como electrodomésticos, vehículos, etc.) sobrepasan en cifra a los bienes inmuebles (que puede ser cualquier propiedad como casas)?

Debido a que en los informes entregados por la oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ no se dan detalles sobre la lista de bienes inmuebles y muebles es difícil determinar cuántas viviendas reportó. Igualmente cuántos son los bienes muebles que tiene y que sumaron los más de $3 millones.

En los casos del expresidente Francisco Flores y Mauricio Funes, los incrementos, según la declaración entregada por la CSJ, fueron menores en comparación con los de Saca.

Según ese informe, Flores ingresó a la presidencia con un patrimonio de 1 millón 954 mil 757 dólares y salió con 2 millones 314 mil 412 dólares.

En tanto en el caso de Funes, el informe publicado dice que reportó un patrimonio inicial de 611 mil 884 dólares y al final de 669 mil 794 dólares.

A diferencia del expresidente Saca, tanto Funes como Flores sí declararon tener deudas, lo que hace que  reportaran un incremento de su patrimonio al salir de su gestión.

Los cuestionamientos

Roberto Burgos, de Funde-Alac, insiste en que tales números no pueden ser creíbles, en primer lugar porque habría que ver el examen de auditoría a esos informes; y en segundo lugar porque, añade,  los tres expresidentes mencionados reúnen una historia de señalamientos que hacen increíble sus informes.

De cada uno pone ejemplos concretos. De Funes dice que su estilo de vida de lujo que dejó públicamente en evidencia no equivale con los egresos ni los ingresos reportados ante la CSJ.

“Eso no valen ni los relojes que se ha comprado en su gestión” y de lo cual hay fotografías, cuestiona Burgos.

Pero entre los evidentes lujos, a los que según Burgos el anterior presidente efemelenista era “aficionado” y con los que termina su mandato.

“Ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume, que tantas veces le señalamos, y tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, afirma Burgos.

Pero su cuestionamiento a los declarado por Funes no llega allí. “Estamos hablando de una persona que se rodeó de una vida de lujos, de abuso de poder y ahora resulta que su declaración patrimonial aparece con el incremento menor de todos los expresidentes de los últimos 15 años. Eso es muy poco creíble”, apunta (ver nota aparte).

En el caso del expresidente Saca, ve “bien raro” el documento en el que al analizarlo detenidamente “pareciera que tiene cero pasivos… sí hay  varias contradicciones”, dice y añade que lo más sorprendente es el incremento “cuantioso” (en más de $10.4 millones) en sus ingresos durante su mandato.

Dice que tampoco los números rendidos ante la CSJ son creíbles y trae a cuenta que hasta el mismo partido le cuestionó el manejo y destino de más de $200 millones tomados de la llamada partida secreta que la Fiscalía nunca investigó y quedó como “parte de la dinámica política habitual de este país de ataques recíprocos”.

Dice que tampoco se investigó las concesiones de frecuencias de radio de que gozaba antes de ganar la Presidencia  y que antes transfirió a sus socios porque la Constitución no lo permite.

En las elecciones de 2014, cuando se postuló nuevamente a la presidencia, volvió a transferir a su hijo mayor sus acciones, por lo cual la Sala de lo Constitucional de CSJ invalidó su candidatura.

“Ese fraude de ley también nos hace dudar de esa declaración patrimonial”, afirma.

En el caso de Flores, le achaca su admisión ante una comisión de diputados sobre fondos recibidos del gobierno  de Taiwán durante su gestión que no fueron sometidos a ningún control contable.

“Con esta afirmación del mismo presidente Francisco Flores, yo dudaría de toda su declaración, no tendría mucha credibilidad”, dice Burgos.

De  Salvador Sánchez Cerén Burgos espera una gestión limpia y no surjan sospechas como tampoco de sus familiares que emplea en el gobierno (hijos, yernos y nieta).

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Funde dice: Funes no refleja el millonario donativo de Salume

La representante de Transparencia Internacional recuerda el cuestionado donativo de $3 millones al expresidente en apoyo a su campaña.

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23 agosto 2015 / EDH

Parte de las dudas que asaltan a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador cuando lee la declaración patrimonial presentada por Mauricio Funes ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia es que no reflejan, por ejemplo, los costos de  una vida lujosa que llevó y los tres millones de dólares que recibió del empresario Nicolás Salume Barake en la campaña que lo llevó a la presidencia del país.

Para Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, la representante de Transparencia Internacional,  el incremento en su patrimonio con el que entra y sale Funes, según su declaración, no es creíble.

“En el caso del expresidente Funes ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume que tantas veces le señalamos”, aseveró Burgos.

Pero “tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, ahondó Burgos.

El expresidente Funes levantó polémica cuando admitió públicamente que había encontrado la forma de no pagar los impuestos de ley por el donativo de $3 millones.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los perdones de deudas son gravables. Y también establece que las donaciones estarán exentas del pago del impuesto siempre y cuando se produzcan entre ascendientes y descendientes, que no fue el caso de Salume Barake-Funes.

Después de recibir ese donativo en campaña, Funes nombró a su donante Primer Designado a la Presidencia, una decisión que Funde cuestionó porque era visto como pago de favores.

Las versiones

 El exmandatario defendió en su momento que se trató de un dinero para el FMLN, aunque luego afirmó que se transfirió a una cuenta bancaria personal.

En un principio dijo Funes que el dinero se lo había prestado Salume y que habían firmado un mutuo acuerdo, después dijo el dinero se lo había perdonado el empresario.

“El préstamo no se pagó porque sencillamente fue un donativo, él (Salume) lo donó. Una vez gané, él lo donó. Yo no tengo ninguna obligación con él y no sé por qué siguen insistiendo con eso. Yo no tengo ninguna deuda porque sencillamente don Nicolás Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mí como candidato y no al FMLN”, justificó en su momento.

También dijo que los $3 millones no entraron a la contabilidad del FMLN. Previo a esto, durante su campaña política, Funes había manejado la versión de que había contraído un préstamo con “ un empresario respetable y exitoso que en el pasado apoyó al partido ARENA”.

“Muchos se preguntan de dónde se financia mi campaña. Yo le digo que de los fondos de un empresario que tiene suficiente dinero para haberme hecho ese préstamo y más. ¿Por qué hice ese préstamo? Porque era la única manera de competir con la campaña de ARENA. El partido FMLN únicamente ha recibido el dinero que proviene de la deuda política y de algunas colectas con algunos empresarios y eso no ha alcanzado para financiar mi campaña”, justificó el ex mandatario.

En el contexto de este hecho  el abogado constitucionalista y excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, dijo que los presidentes son fácilmente “auditables” cuando concluyen su gestión, a través de las declaraciones patrimoniales, ahora públicas.

“Si el presidente por 60 meses, si gana $5 mil al mes, eso hace $300 mil al año, lo que tenga por encima de eso, de su declaración de probidad, si ha subido más de $300 mil, es que hay dinero mal habido”, afirmó el exdirigente efemelenista luego de hacer cuentas de lo que gana mensualmente Funes y su deuda que se creía tenía a esa fecha.

En julio de 2014 Funes dijo que salió de Casa Presidencial con un menor patrimonio personal y que en la declaración patrimonial estableció que el único bien inmueble que posee es una casa que compró hace 20 años.

“Yo entro (a la Presidencia) con un patrimonio determinado y salgo con el mismo patrimonio, incluso con menos porque vendí dos vehículos que compré cuando era periodista”, confirmó Funes.

Salume, luego de entregar este dinero a Funes, fue nombrado primer designado a la presidencia.