Saca

Hay corrupción de todos. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

22 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Hoy quería escribir un bonito mensaje de Navidad… pero se me atravesaron los “audios presidenciales” publicados por la Revista Factum. En ellos se puede escuchar a los expresidentes Funes y Saca conspirar contra el expresidente Flores; citando textualmente el reportaje: “Funes y Saca supieron, en 2013, de la existencia de un documento que comprometía a Flores con posibles ilícitos y decidieron obtenerlo a toda costa, no para favorecer a la justicia, sino para atacar al adversario”. Una trama de complot político digno de una serie de Netflix.

Lo que revelan esos audios es algo que ya sabíamos o que al menos sospechábamos: las instituciones de nuestro país han sido corrompidas durante décadas y el Órgano Ejecutivo ha sido utilizado para fines personales y no para servir plenamente a la población. Eso lo han hecho tanto gobiernos de ARENA como del FMLN; todos los gobiernos post-Acuerdos de Paz. Unos más y otros menos, pero hay que tener claro algo: corrupción es corrupción, venga de donde venga.

A pesar de lo anterior, es curioso y lamentable cómo los sesgos todavía se encuentran presentes en la ciudadanía y nublan el pensamiento racional, ya sea por prejuicios personales o por conveniencia política. En todos los lados del espectro político han sucedido hechos cuestionables relacionados con la corrupción, pero muchas veces se tiende a defender a quienes nos simpatizan, aunque hayan actuado mal; y se acusa a la hoguera al oponente, sin importar la gravedad del asunto.

Cada quien está en el derecho de sacar sus propias conclusiones del reporte periodístico. Para unos, lo más importante del reportaje de Factum es que Francisco Flores recibió dinero de Taiwán destinado para damnificados por el terremoto de 2001 y lo desvió a cuentas de su partido. Para otros lo más relevante es que GANA nació del brazo del expresidente Antonio Saca y financiado indebidamente con dinero público. Y para otros, que “el gobierno del cambio” cayó en lo que tanto criticaba. Lo cierto es que hay corrupción de todos lados.

En las últimas décadas se han utilizado los escasos recursos del Estado para sobornar, sufragar gastos de asuntos que nada tienen que ver con cuestiones públicas, disponer de instituciones estatales para intereses personales. Y los que hemos perdido con estas actuaciones de los funcionarios somos todos los ciudadanos; tenemos deplorables servicios de salud, educación y seguridad pública. La calidad de vida de todos los salvadoreños ha sido desmejorada por culpa de la corrupción.

Como sociedad debemos madurar y aprender a ver la viga incrustada en el ojo propio, no solo la paja que anda rondando los ojos ajenos. Es fácil ver la corrupción del equipo contrario, pero, para ser coherentes, deberíamos ser los primeros en poner el grito en el cielo por los malos actos de quienes nos simpatizan. Uno de los problemas que tenemos como país es que hemos normalizado la corrupción por sectores o de quienes nos caen bien, sin pensar que esto lo único que incentiva es a multiplicarla. La finalidad debería ser combatir la corrupción de todos.

Que la época navideña nos sirva para reflexionar sobre la sociedad que queremos; una que trabaja junta, sin importar la ideología política, para sacar adelante al país; o una que siempre viva en confrontación defendiendo intereses de los que nos simpatizan. Una sociedad que se desarrolle por el buen camino solo la vamos a lograr estableciendo acuerdos mínimos en que todos los sectores estemos de acuerdo. Uno de los asuntos en los que todos deberíamos concordar es que la corrupción no se tolera de ningún lado.

Postdata: Feliz Navidad y felices fiestas a todos los que se toman el tiempo de leer esta columna. Gracias.

“Saqueo público”. De Eduardo Torres

Eduardo Torres, abogado y ex-director editorial de El Diario de Hoy

12 junio 2018 / El Diario de Hoy

Rechazo categóricamente que haya recibido dinero de la Administración Saca, de la de Funes, ni de nadie, para comprar mi conciencia en el ejercicio de la función periodística. Ni dinero público ni dinero privado. Me honra que durante mis décadas de ejercicio periodístico nadie llegara siquiera a insinuarme la posibilidad de una “menta”, quizá porque mi conciencia nunca estuvo, está, ni estará a la venta.

Fiel a mis convicciones he evitado siempre referirme a procesos como el de “Saqueo público”, que le competen a la Fiscalía General de la República, a jueces de primera instancia y a tribunales superiores de justicia, ya que por principio y por formación creo, para todos, en el principio de inocencia y en el debido proceso, sea el caso de mayor o menor envergadura. Debo en esta única oportunidad romper esta norma de vida por haber sacado “terminación” de la tormenta desatada con el caso anticorrupción destapado la semana anterior.

La historia fue así: una publicación digital saca un “supuesto listado” (titulado así) de periodistas que habrían recibido dinero de las partidas secretas de las administraciones de Funes y Saca; alguien toma los nombres y los tuitea y esto es retuiteado por alguien con mayor alcance en la blogosfera. Hasta ahí nada que aclarar, ya que en especial el mundo del Twitter se presta para eso y más; tampoco se puede pretender ponerle puertas al campo.

De esos dos “supuestos listados” Mauricio Funes escribe un Tweet mencionando cuatro nombres, incluido el mío —señalando a tres medios de comunicación donde trabajamos y/o trabajan las personas citadas— y le pregunta al Fiscal General: “Señor Fiscal, va a incriminar a los periodistas que según su criteriado estrella recibieron dineros ilegales de partidas de Capres?”. Es esto lo que me obliga a aclarar que jamás recibí un solo centavo ni público ni privado para comprar mi voluntad durante el ejercicio de mi labor periodística. Mi conciencia nunca ha estado, está, ni estará a la venta.

Las órdenes de captura emanadas por la Fiscalía General de la República en contra de Mauricio Funes y de treinta personas más en el marco de la megaoperación “Saqueo público’” es por mucho el tema del momento. Escucho la defensa mediática de Funes, como la de este pasado sábado en CNN en Español, y los cuestionamientos al o los testigos criteriados en el caso, así como sus señalamientos hacia el Fiscal. También escuché ayer la reveladora entrevista del Fiscal General en TCS y los argumentos que dan los fiscales del caso.

En 1999, invitado por USAID, fui uno de tres salvadoreños que asistimos a un congreso internacional anticorrupción, celebrado en Durban, Sudáfrica. Dos cosas me quedaron claras, entre otros: la primera es que hay que quitar discrecionalidad en el uso de los fondos públicos; y la segunda, que hay que romper los vacíos legales (“loopholes”) —evitar que existan limbos jurídicos—. Los fondos públicos son sagrados, su apropiación repercute aún más donde la vulnerabilidad es mayor; va en contra del ser humano, que es el centro de la actividad del Estado.

Apoyo la lucha anticorrupción.

 

Los 29 funcionarios que investiga Probidad, incluyendo Luis Martínez

Mauricio Funes figura en la lista de investigados, pese a que lo niega. Aparecen también exfiscal Luis Martínez, ediles, diputados y otros.

Mauricio Funes

, 3 febrero 2016 / EDH

diario hoyExpresidentes de la República, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados actuales y anteriores, alcaldes e incluso el exfiscal General Luis Martínez, figuran en la lista de 29 funcionarios, cuyas declaraciones de patrimonio están bajo la lupa de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre esos investigados figura el expresidente Mauricio Funes, quien ayer negó en una entrevista televisiva que esté siendo investigado por sospecha de enriquecimiento ilícito, sino auditado.

“Es una mentira de los medios y periodistas que estamos siendo investigados (él y otros 28 funcionarios y exfuncionarios) por sospechas de enriquecimiento ilícito”, afirmó por la mañana Funes.

Sus declaraciones contrastan con la lista de 29 funcionarios actuales y anteriores que están siendo “investigados”, según un documento de la Corte, en la que aparece él.

La investigación sobre la declaración de bienes de Funes, de Antonio Saca y Francisco Flores (ya fallecido), surgió luego de que Transparencia Internacional Capítulo El Salvador  solicitó las auditorías a los tres exmandatarios.

La Corte tiene hasta el próximo 23 de febrero de plazo para entregar esos informes, dado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El primer informe  que se conoce es el de Funes, y el martes fue discutido en Corte Plena, donde se decidiría si se ordenaba o no juicio, tal como lo ha hecho ya con el diputado Reynaldo López Cardoza y Leonel Flores, exdirector general del ISSS en la era Funes.

Pero Corte Plena decidió darle tres días hábiles a Funes para que complete información. El mismo Funes lo confirmó ayer tras declarar ante la Fiscalía sobre la tregua.

“Hubo una buena cantidad de magistrados… que consideraron que el informe estaba incompleto porque, y eso es lo que me notificaron hoy, en mi declaración de salida al compararla con la de entrada allí hay unos gastos que dentro de la declaración patrimonial no aparecen justificado  su origen. Pero eso no significa que su origen sea ilícito”, alegó.

Pero según él, en ese informe no se le reportan “hallazgos de enriquecimiento ilícito”, sino una serie de gastos y compras que no aparece justificado de dónde proviene. Y  puso de ejemplo la compra de un vehículo.

Los otros investigados

En la lista de “investigados” aparece Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y actual presidente de Proesa, quien también ha negado que esté siendo siendo investigado.

Aparecen los diputados Guillermo Gallegos, y Jesús Grande, de GANA, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, de ARENA, y Francisco Merino, del PCN.

También están bajo la lupa varios jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Cuentas, el  expresidente de la Corte Suprema, Agustín García.

Entre otros funcionarios aparecen los exministros Miguel Lacayo,  René Figueroa y David Gutiérrez, el extitular de CEL, José L. Samour, Miguel Menéndez, quien dirigió Cifco, y el exdirector de la PNC, Francisco Salinas.

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Luis Martínez, exfiscal general en la mira de Probidad

La Sección de Probidad esta auditando las declaraciones de bienes e ingresos de 29 funcionarios y ex funcionarios, incluye a varios diputados.

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4 febrero 2016 / EDH

Las declaraciones de bienes e ingresos del exfiscal general de la República, Luis Martínez, se encuentra en revisión junto a las de 28 funcionarios y exfuncionarios más en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por posibles sospechas de enriquecimiento ilicito.

De acuerdo a fuentes de la Corte Suprema de Justicia, en este momento se auditan las declaraciones de bienes de propiedad e ingresos del exfiscal general desde cuando fue electo y cuando dejó la institución.

Además del exfiscal general se encuentran en el listado, el exdirector de la Policía Nacional Civil general Francisco Ramón Salinas Rivera.

CNR y VMT no dan informes sobre Funes, Saca y Reyes

Corte en pleno advierte a estas dos instituciones públicas como a dos bancos que entreguen datos; si no, se deducirán responsabilidades legales.

La decisión fue tomada por la Corte Plena, el pasado 3 de noviembre.

La decisión fue tomada por la Corte Plena, el pasado 3 de noviembre.

, 5 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyPese a que la legislación les obliga, instituciones como el Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) no han entregado la información que les ha requerido la Sección de Probidad de la Corte Suprema (CSJ) sobre bienes y propiedades de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes y del exdiputado Sigfrido Reyes.

Similares trabas ha encontrado en dos instituciones financieras, según informaron fuentes del máximo tribunal.

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó a advertir al Jefe de Registro Público de Vehículos Automotores, del VMT, al director del CNR y a los representantes legales de las dos instituciones bancarias que de seguir negando u omitiendo la información solicitada por la sección de Probidad, se “realizarán las gestiones pertinentes a fin de que se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes”.

“La Sección de Probidad es una especie de órgano instructor para indagar los posibles actos de enriquecimiento ilícito que hayan realizado los funcionarios públicos al ejercer su cargo, a efecto de que sea la propia CSJ la que decida si procede instar el inicio de un proceso contra el funcionario responsable”, les recuerdan los magistrados en su resolución.

Según fuentes de la CSJ, Probidad informó el pasado 3 de noviembre, sobre la falta de respuesta a sus requerimientos a casi un mes de solicitados.

Probidad detalló que el 12 de octubre pasado solicitó al Registro Público de Vehículos Automotores del VMT información de los expresidentes  Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena, así como del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes, pero no ha obtenido respuesta.

Similar situación ocurrió con el CNR, que si bien envió con celeridad la información sobre los expresidentes, no lo ha hecho en el caso de   Sigfrido Reyes.

Este último tiene registradas al menos 11 propiedades, según documentación que este periódico solicitó al CNR y le fue entregada en menos de una semana (ver notas previas).

Probidad solicitó la información de Reyes el 9 de octubre, según la fuente.

A una de las instituciones bancarias Probidad les requirió datos financieros de Saca, Funes y Reyes el 9 de octubre, y el 27 de ese mismo mes les fue enviada pero incompleta, asegurando que solo podían dar datos de los últimos 10  años, para lo cual se amparaban en el artículo 451 del Código de Comercio.

Pero, Probidad dijo que no tomaron en cuenta lo regulado en el artículo 12 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, además de incumplir el plazo de 3 días que dio.

En la otra institución bancaria, Probidad solicitó información el 10 de septiembre del presente año, pero en este caso sobre el expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón.

Once días después mandaron los datos de manera parcial, por lo que Probidad remitió una nueva nota haciendo hincapié en la información incompleta, pero no fue hasta el 1 de octubre que el banco les solicitó una prórroga de 30 días más para brindar los informes.

El retraso en contestar a las solicitudes de información de Probidad es igual al del resto de instituciones, tanto financieras como públicas.

Se informó que algunas han llegado al atrevimiento de responderle a la sección de Probidad que “hagan la gestión por medio del Oficial de Información” y esperen los 10 días hábiles que manda la ley. Otras no contestan siquiera.

Advertencia

Por lo anterior, la Corte Plena (sesión de los 15 magistrados de la CSJ) emitió una resolución en la cual advierte al CNR, VMT y los dos bancos  que cualquier autoridad estatal, incluidas las que tienen bajo su responsabilidad los registros públicos, y las privadas, tienen la “obligación” de remitir la información solicitada.

También recordaron que, según lo establece el artículo 240 de la Constitución de la República, la Corte tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de los datos.

El artículo 322, inciso 1, del Código Penal tipifica como delito de desobediencia de funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que se “negare abiertamente a dar el debido cumplimiento de una sentencia, decisión u órdenes de un superior, dictadas dentro del ámbito de su competencia”.

La sanción por este delito es prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo por igual tiempo.

El artículo 338 del mismo Código estipula el delito de desobediencia para el caso de particulares, cuya sanción está establecida con prisión de uno a tres años y el pago de una multa de 50 a 100 días multa.

“Previénese… que atiendan los requerimientos realizados por esta Corte, mediante el Jefe de la Sección de Probidad y, en caso de negar u omitir la remisión de la información solicitada, dentro del plazo establecido por la Sección de Probidad, se realizarán las gestiones pertinentes a fin de que se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes”, resolvió la Corte en pleno.

En el caso de los dos expresidentes, Probidad se encuentra realizando las auditorías de esas declaraciones patrimoniales.

Siete reflexiones sobre las declaraciones patrimoniales. De José Miguel Arévalo Rengifo

Los salvadoreños debemos revisar nuestros niveles de tolerancia e indignación ante posibles hechos de corrupción, y entender, de una vez por todas, que la corrupción no distingue entre colores partidarios.

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

Miguel Arévalo Rengifo, 28 agosto 2015 / EDH

Hace algunos días, pudimos conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes de la República, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ordenó a la Sección de Probidad que entregue versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de cualquier funcionario o exfuncionario, que sean solicitadas por los ciudadanos. De lo que observamos en estas declaraciones patrimoniales, podemos hacer las siguientes reflexiones:

1. Los expresidentes del país han gozado del mismo salario: $3,467.43 mensuales. Este debería de ser el salario máximo dentro de la función pública, siendo totalmente injustificable que otro funcionario devengue un mayor salario que el presidente de la República. En ese sentido, los $7,000 dólares mensuales que se destinan a quien ocupe el cargo de presidente de PROESA, por ejemplo, es un abuso para todos los salvadoreños que con nuestros impuestos pagamos mensualmente su salario y  se debe revisar al igual que muchos otros.

2. Todas las declaraciones dejan dudas razonables sobre su veracidad. En algunos casos, la Sección de Probidad ha buscado indagar más. Pero hemos tenido casos lamentables, como el de 2006, cuando el Jefe de la Sección de Probidad quiso investigar las cuentas bancarias del expresidente Flores y la Corte Suprema de Justicia le quitó la facultad de solicitar información protegida por el secreto bancario. Si bien la Corte le devolvió a la Sección de Probidad esta facultad en 2014, pudiera volverse a tomar un acuerdo como el de 2006, ante un panorama que les incomode. Por ello, es importante que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tenga, por ley, plenas facultades para investigar y verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales.

3. En cuanto al expresidente Saca, declaró que había logrado acumular, a lo largo de sus 39 años de vida, activos por un monto de $4 millones de dólares. Durante los siguientes cinco años de su período presidencial, incrementó sus activos en $10.4 millones de dólares, tal como lo plasmó en su declaración patrimonial, al cesar del cargo. Ello no incluye el valor de su nueva residencia, ya que no aparece reflejada. Esto indica, al menos, una posible “presunción de enriquecimiento ilícito”, según la definición del Art. 240 de la Constitución. Sin embargo, a la fecha ni el Fiscal General de la República ni el Gobierno, han mostrado el mínimo interés de investigar, contrario a lo que ha ocurrido con otros casos.

4. La declaración del expresidente Funes no incluye, dentro de sus pasivos, el “préstamo/donación” de $3 millones que recibió durante su campaña presidencial. Esto se podría deberseS a lo que él mismo reveló públicamente, cuando manifestó que había buscado la manera de no pagar impuestos.

5. En cuanto a las declaraciones patrimoniales que continúan pendientes (Cristiani y Calderón Sol), la sociedad tendrá también el derecho de conocerlas y hacer sus valoraciones. Sin embargo, cualquier intento de investigar una eventual presunción de enriquecimiento ilícito llegará muy tarde, ya que lastimosamente, nuestra Constitución establece un corto período de 10 años para que prescriba este delito. Este plazo se debería de revisar.

6. El poder conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales evidencia, una vez más, cómo el derecho de libertad de expresión está íntimamente vinculado con el derecho de acceso a la información pública, ya que al estar al tanto de información de interés nacional, los ciudadanos podemos emitir opiniones y propiciar un debate, lo cual es sano y necesario en toda democracia. Lástima que el IAIP no es siempre así de coherente con sus resoluciones, y no nos quiere dar acceso a los gastos en publicidad y viajes de los expresidentes.

7. Los funcionarios corruptos ahora tendrán más temor de presentar su declaración patrimonial, por lo que optarán por no hacerlo, ya que la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece multas de ₡100 colones por no presentarla. Por ende, hoy más que nunca, es de urgencia nacional que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva Ley de Probidad Pública, impulsada desde la sociedad civil, la cual establece sanciones más severas, aumenta los controles sobre el enriquecimiento y sobre los conflictos de interés, además de otorgar plenas facultades a la Sección de Probidad para investigar y sancionar a los funcionarios que incumplan con la ley.
Los salvadoreños debemos revisar nuestros niveles de tolerancia e indignación ante posibles hechos de corrupción, y entender, de una vez por todas, que la corrupción no distingue entre colores partidarios, por lo que nuestra lucha en contra de ella tampoco debe hacerlo. Basta de dividirnos sobre quién se podría haber robado nuestro dinero, dejemos la polarización para los fanáticos.

@Arévalo_Rengifo

Funde cuestiona las declaraciones de bienes de tres expresidentes

Considera que, a juzgar por antecedentes de Saca, Funes y Flores, no es creíble lo que han declarado ante oficina de Probidad de la CSJ.

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23 agosto 2015 / EDH

Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes,  no son  “creíbles” y es necesario que la Corte de Cuentas haga públicos los exámenes de auditoría a esas declaraciones, señaló Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.

Por petición de El Diario de Hoy y personas particulares, la oficina de Probidad de la Corte Suprema hizo públicas el jueves las declaraciones de los exgobernantes, tanto las que presentaron al inicio de sus periodos como al final.

Transparencia Internacional, cuya representación en el país la tiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), basa sus dudas en que no se tiene certeza de que las versiones públicas de las declaraciones que ha entregado la Corte estén diciendo la verdad sobre las finanzas de los exmandatarios.

El fundamento principal de esas duda es que tanto Flores como Saca y Funes terminaron su mandato con cuestionamientos en temas relacionados a manejo de dinero en sus gestiones y en sus campañas, según Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac (Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador)

“Es una versión pública (los documentos). Hay que tener cuidado porque no sabemos si en realidad qué cosas se ocultan allí”, advierte Burgos sobre el contenido de las declaraciones en las que, añade, destaca el expresidente Antonio Saca con un incremento en su patrimonio cuando dejó el cargo en 2009.

Según la información proporcionada por la oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expresidente Saca reportó en su balance patrimonial cuando empezó su gestión el 1 de junio de 2004 que tenía bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, por valor de 4 millones 16 mil 249 dólares.

Pero cuando salió de la presidencia, el 31 de mayo de 2009, sus bienes subieron a 14 millones 451 mil 589 dólares.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

Esto significa, según análisis de contadores consultados, que el mandatario tuvo un aumento de su patrimonio de $10 millones 435 mil 34, equivalente a un 259.8 %. Es decir, cuadriplicó  sus bienes.

En el informe que presentó a la sección de Probidad, Saca también dice que no tuvo durante esa época ninguna deuda, lo que según los contadores, de haberlas tenido, se podría concluir que de allí pudieron haber salido los fondos para contar que le permitieron tener en ese momento un patrimonio que sobrepase los 10 millones de dólares.

Además es el único expresidente, de los cuatro exmandatarios de los cuales se pidió  los registros patrimoniales a la CSJ, y que tuvo un aumento de más del 250% en plena crisis económica mundial.

Según la declaración, el exmandatario pasó de tener bienes muebles y otros por un valor de 951 mil 351 dólares en 2004, a 3 millones 467 mil 736 dólares en 2009, lo que significa que lo aumentó en poco más de 2 millones y medio de dólares.

Mientras que en el caso de los bienes inmuebles, los disminuyó. Al iniciar su mandato tenía propiedades por 262 mil 857 dólares y terminó con 194 mil 285 dólares.

La pregunta que plantea uno de los contadores es: ¿por qué la cifra de bienes muebles (que son aquellos objetos como electrodomésticos, vehículos, etc.) sobrepasan en cifra a los bienes inmuebles (que puede ser cualquier propiedad como casas)?

Debido a que en los informes entregados por la oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ no se dan detalles sobre la lista de bienes inmuebles y muebles es difícil determinar cuántas viviendas reportó. Igualmente cuántos son los bienes muebles que tiene y que sumaron los más de $3 millones.

En los casos del expresidente Francisco Flores y Mauricio Funes, los incrementos, según la declaración entregada por la CSJ, fueron menores en comparación con los de Saca.

Según ese informe, Flores ingresó a la presidencia con un patrimonio de 1 millón 954 mil 757 dólares y salió con 2 millones 314 mil 412 dólares.

En tanto en el caso de Funes, el informe publicado dice que reportó un patrimonio inicial de 611 mil 884 dólares y al final de 669 mil 794 dólares.

A diferencia del expresidente Saca, tanto Funes como Flores sí declararon tener deudas, lo que hace que  reportaran un incremento de su patrimonio al salir de su gestión.

Los cuestionamientos

Roberto Burgos, de Funde-Alac, insiste en que tales números no pueden ser creíbles, en primer lugar porque habría que ver el examen de auditoría a esos informes; y en segundo lugar porque, añade,  los tres expresidentes mencionados reúnen una historia de señalamientos que hacen increíble sus informes.

De cada uno pone ejemplos concretos. De Funes dice que su estilo de vida de lujo que dejó públicamente en evidencia no equivale con los egresos ni los ingresos reportados ante la CSJ.

“Eso no valen ni los relojes que se ha comprado en su gestión” y de lo cual hay fotografías, cuestiona Burgos.

Pero entre los evidentes lujos, a los que según Burgos el anterior presidente efemelenista era “aficionado” y con los que termina su mandato.

“Ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume, que tantas veces le señalamos, y tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, afirma Burgos.

Pero su cuestionamiento a los declarado por Funes no llega allí. “Estamos hablando de una persona que se rodeó de una vida de lujos, de abuso de poder y ahora resulta que su declaración patrimonial aparece con el incremento menor de todos los expresidentes de los últimos 15 años. Eso es muy poco creíble”, apunta (ver nota aparte).

En el caso del expresidente Saca, ve “bien raro” el documento en el que al analizarlo detenidamente “pareciera que tiene cero pasivos… sí hay  varias contradicciones”, dice y añade que lo más sorprendente es el incremento “cuantioso” (en más de $10.4 millones) en sus ingresos durante su mandato.

Dice que tampoco los números rendidos ante la CSJ son creíbles y trae a cuenta que hasta el mismo partido le cuestionó el manejo y destino de más de $200 millones tomados de la llamada partida secreta que la Fiscalía nunca investigó y quedó como “parte de la dinámica política habitual de este país de ataques recíprocos”.

Dice que tampoco se investigó las concesiones de frecuencias de radio de que gozaba antes de ganar la Presidencia  y que antes transfirió a sus socios porque la Constitución no lo permite.

En las elecciones de 2014, cuando se postuló nuevamente a la presidencia, volvió a transferir a su hijo mayor sus acciones, por lo cual la Sala de lo Constitucional de CSJ invalidó su candidatura.

“Ese fraude de ley también nos hace dudar de esa declaración patrimonial”, afirma.

En el caso de Flores, le achaca su admisión ante una comisión de diputados sobre fondos recibidos del gobierno  de Taiwán durante su gestión que no fueron sometidos a ningún control contable.

“Con esta afirmación del mismo presidente Francisco Flores, yo dudaría de toda su declaración, no tendría mucha credibilidad”, dice Burgos.

De  Salvador Sánchez Cerén Burgos espera una gestión limpia y no surjan sospechas como tampoco de sus familiares que emplea en el gobierno (hijos, yernos y nieta).

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Funde dice: Funes no refleja el millonario donativo de Salume

La representante de Transparencia Internacional recuerda el cuestionado donativo de $3 millones al expresidente en apoyo a su campaña.

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23 agosto 2015 / EDH

Parte de las dudas que asaltan a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador cuando lee la declaración patrimonial presentada por Mauricio Funes ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia es que no reflejan, por ejemplo, los costos de  una vida lujosa que llevó y los tres millones de dólares que recibió del empresario Nicolás Salume Barake en la campaña que lo llevó a la presidencia del país.

Para Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, la representante de Transparencia Internacional,  el incremento en su patrimonio con el que entra y sale Funes, según su declaración, no es creíble.

“En el caso del expresidente Funes ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume que tantas veces le señalamos”, aseveró Burgos.

Pero “tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, ahondó Burgos.

El expresidente Funes levantó polémica cuando admitió públicamente que había encontrado la forma de no pagar los impuestos de ley por el donativo de $3 millones.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los perdones de deudas son gravables. Y también establece que las donaciones estarán exentas del pago del impuesto siempre y cuando se produzcan entre ascendientes y descendientes, que no fue el caso de Salume Barake-Funes.

Después de recibir ese donativo en campaña, Funes nombró a su donante Primer Designado a la Presidencia, una decisión que Funde cuestionó porque era visto como pago de favores.

Las versiones

 El exmandatario defendió en su momento que se trató de un dinero para el FMLN, aunque luego afirmó que se transfirió a una cuenta bancaria personal.

En un principio dijo Funes que el dinero se lo había prestado Salume y que habían firmado un mutuo acuerdo, después dijo el dinero se lo había perdonado el empresario.

“El préstamo no se pagó porque sencillamente fue un donativo, él (Salume) lo donó. Una vez gané, él lo donó. Yo no tengo ninguna obligación con él y no sé por qué siguen insistiendo con eso. Yo no tengo ninguna deuda porque sencillamente don Nicolás Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mí como candidato y no al FMLN”, justificó en su momento.

También dijo que los $3 millones no entraron a la contabilidad del FMLN. Previo a esto, durante su campaña política, Funes había manejado la versión de que había contraído un préstamo con “ un empresario respetable y exitoso que en el pasado apoyó al partido ARENA”.

“Muchos se preguntan de dónde se financia mi campaña. Yo le digo que de los fondos de un empresario que tiene suficiente dinero para haberme hecho ese préstamo y más. ¿Por qué hice ese préstamo? Porque era la única manera de competir con la campaña de ARENA. El partido FMLN únicamente ha recibido el dinero que proviene de la deuda política y de algunas colectas con algunos empresarios y eso no ha alcanzado para financiar mi campaña”, justificó el ex mandatario.

En el contexto de este hecho  el abogado constitucionalista y excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, dijo que los presidentes son fácilmente “auditables” cuando concluyen su gestión, a través de las declaraciones patrimoniales, ahora públicas.

“Si el presidente por 60 meses, si gana $5 mil al mes, eso hace $300 mil al año, lo que tenga por encima de eso, de su declaración de probidad, si ha subido más de $300 mil, es que hay dinero mal habido”, afirmó el exdirigente efemelenista luego de hacer cuentas de lo que gana mensualmente Funes y su deuda que se creía tenía a esa fecha.

En julio de 2014 Funes dijo que salió de Casa Presidencial con un menor patrimonio personal y que en la declaración patrimonial estableció que el único bien inmueble que posee es una casa que compró hace 20 años.

“Yo entro (a la Presidencia) con un patrimonio determinado y salgo con el mismo patrimonio, incluso con menos porque vendí dos vehículos que compré cuando era periodista”, confirmó Funes.

Salume, luego de entregar este dinero a Funes, fue nombrado primer designado a la presidencia.