El caso ENEL. Editorial UCA

En un editorial inusualmente fuerte, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA) clasifica el juicio contra los ex-funcionarios relacionados con el acuerdo de la CEL con la italiana ENEL como “caso político”, cuya única razón es distraer de la corrupción en el sector energético durante las administraciones de los presidentes Tony Saca y Mauricio Funes. (SV)

UCAEditorial UCA, 18 junio 2015

Hoy en día, y después de la venta de acciones del Estado a la compañía italiana ENEL, no puede dudarse ya de que es político el caso que se mantiene contra quienes autorizaron o firmaron el contrato de privatización progresiva de la empresa estatal LaGeo. Todos sabemos que la negativa a que se diera el traslado de la mayoría de acciones a ENEL tiene una motivación corrupta. Efectivamente, cuando el Gobierno se comprometió a traspasar acciones a la empresa italiana, a cambio de nuevas inversiones y tecnología, se fundó, casi simultáneamente, una empresa, Inversiones Energéticas, conocida como INE, que manejaba las acciones de LaGeo y por supuesto se quedaba con los dividendos que producían. El socio mayoritario de esta empresa era la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, más conocida como CEL. La constitución de INE dejaba en la práctica los dineros producidos por LaGeo en manos de la CEL y, a través de ella, en las del Gobierno de la República, todo sin control de la Corte de Cuentas.

Ya desde la administración de Antonio Saca se decía que la CEL funcionaba como la caja chica del Gobierno. En efecto, la Comisión, como propietaria de la mayoría de acciones de INE, y esta de LaGeo, terminaba disponiendo de cantidades millonarias de dinero. LaGeo generaba ganancias netas de más de cien millones de dólares al año, que, más allá de auditorías externas privadas, no tenían más control que la voluntad última del Presidente de la República, a través de su gente de confianza en la CEL. Cuando, según el contrato entre la CEL y ENEL, la inversión de la empresa italiana le significaría que la mayoría de acciones de LaGeo fuera suya, el Gobierno de Saca se negó. ENEL reclamó y el caso pasó a arbitrajes internacionales, y en todos perdió El Salvador.

Ante ese fracaso, que traería la pérdida del control estatal de las jugosas sumas de dinero que producía LaGeo, el Gobierno de Mauricio Funes comenzó a fabricar un caso en el que, entre otras cosas, se hablaba de violaciones constitucionales y de daños graves al Estado salvadoreño. Y así nació la acusación en la que los jueces dicen que el contrato era legal y que, por tanto, quienes lo autorizaron o firmaron no violaron las leyes del momento. Sin embargo, también afirman que hay delito por los daños que se infligieron al Estado. Se está, pues, frente a una irregularidad y un retorcimiento jurídico que solo es explicable por la debilidad corrupta de los jueces y por la presión política de quien detenta el poder estatal. Mientras se está juzgando a los que firmaron un contrato que era perfectamente legal en su momento, se olvida y elimina del debate un modo de administrar fondos públicos que se puede llamar corrupto. Y se puede porque, más allá de la legalidad o ilegalidad de la administración de INE y la CEL, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas.

Si el argumento del daño al Estado fuera auténtico, habría que juzgar a los que aprobaron leyes que facilitaron ese perjuicio. Y sobre todo habría que ampliar las actividades judiciales. Porque, por poner un ejemplo, la ley que permitió privatizar los bancos durante el Gobierno de Alfredo Cristiani le hizo mucho más daño al Estado que el contrato entre la CEL y ENEL. Con el agravante de que en el proceso de privatización sí hay pruebas contundentes de enriquecimiento desmesurado de algunos funcionarios de ese entonces. Mantener el caso contra los antiguos directivos de la CEL no tiene fundamentación legal, no es ético, ni responde a los intereses del Estado. Es un caso político, y como tal debe ser revertido. Al igual que para superar la derrota judicial internacional se tuvo que comprar las acciones de ENEL. Acciones, por cierto, que si hubieran sido fruto de un delito, no las habría podido adquirir el Estado.

El Gobierno del FMLN ha presumido siempre de ser menos corrupto que los de Arena. Pero en el caso que nos ocupa, continúa utilizando el modo anómalo de administrar las ganancias de LaGeo que inició la administración de Francisco Flores. Y llamamos corrupta a esa triangulación entre el Ejecutivo, la CEL, como entidad autónoma del Estado, e INE, como empresa privada, liberada en cuanto tal de toda supervisión de la Corte de Cuentas. Continuar con el caso contra los directivos de la CEL parece ser una tapadera de ese modo administrativo de burlar el Estado de derecho. Para ser confiable, el FMLN debería abandonar toda sombra de corrupción. Y debería eliminar los modos corruptos o socialmente injustos heredados de Arena; por ejemplo, ese modo vergonzoso de subir el salario mínimo que aumenta la desigualdad entre los mismos pobres. Un partido que obtuvo una buena parte de su fuerza de la participación campesina en la lucha por la justicia no debería mantener esos sueldos mínimos del campo, tan ofensivos a la dignidad humana y al trabajo, y tan desigualmente injustos.

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