Mary Anastasia O’Grady

La lección de El Salvador para Colombia. De Mary Anastasia O’Grady

 Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador. ENLARGE Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador. Photo: European Pressphoto Agency

Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador.

mary anastasíaMary Anastasia O’Grady, 1 agosto 2016 / THE WALL STREET JOURNAL

Los planes para un acuerdo de “paz” entre el gobierno de Colombia y la organización narcoterrorista conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a mostrar grietas en julio cuando una unidad clave de la guerrilla anunció que no se desmovilizaría. Otros frentes de combatientes de las FARC aparentemente mantienen posturas similares y se espera que se unan a grupos subversivos rivales y otras redes delictivas si el acuerdo se concreta.

Ahora, la iniciativa respaldada por el presidente estadounidense Barack Obama enfrenta un mayor escrutinio porque el modelo se basa en el pacto que El Salvador alcanzó en 1992 con el grupo guerrillero marxista conocido como FMLN, el cual se ha venido abajo.

The-Wall-Street-Journal-LogoLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano falló el 13 de julio que la amnistía general otorgada a las dos partes del conflicto negaba a las víctimas sus derechos. La Sala citó asesinatos específicos, secuestros y masacres que, dijo, podrían no estar cubiertos por la amnistía. Los grupos de derechos humanos se regocijaron. El fiscal general de El Salvador tiene ahora la tarea de investigar y procesar a los perpetradores y a los autores intelectuales.

Lo que se conoce hasta ahora del acuerdo de Colombia también viola su constitución al permitir que los criminales de guerra eviten la cárcel y se postulen a cargos de elección popular. Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el pacto equivale a un tratado internacional y, por ende, está por encima de la constitución. Pero como lo muestra el caso de El Salvador, se necesitan más que trucos políticos para apaciguar los fantasmas de las atrocidades de la guerra.

El acuerdo de El Salvador, que también fue respaldado por EE.UU., otorgó igualmente derechos políticos a los beneficiarios de la amnistía. Durante dos décadas, los guerrilleros trabajaron para rehabilitar el nombre del FMLN. Hoy, el partido está instalado en la presidencia, tiene una mayoría simple en el Congreso y controla varios cargos en el poder judicial

Pero los líderes del FMLN, discípulos de Fidel Castro, nunca dejaron de lado sus sueños de tiranía tropical. Utilizaron a candidatos moderados para quedarse con una parte del poder gubernamental y luego debilitaron gradualmente las instituciones civiles y gubernamentales usando los métodos de los dictadores Hugo Chávez, de Venezuela, y Recep Erdogan, de Turquía. Un ejemplo de la represión insidiosa es la persecución política de los opositores de la izquierda populista.

A algunos salvadoreños les preocupa que la decisión de la Sala de lo Constitucional reactive el conflicto. Pero lo que más importa es que la independencia del poder judicial sea respetada y que las investigaciones se lleven a cabo en forma transparente sin la interferencia política. Todo esto está en riesgo ya que el gobierno del FMLN y la organización del partido son los que tendrían más que perder si una justicia independiente lleva a cabo sus funciones.

Como observó el economista salvadoreño Manuel Hinds en una columna que publicó 17 de julio en El Diario de Hoy, una investigación exhaustiva decapitará la estructura política del FMLN. Muchos miembros de su cúpula están presuntamente ligados a las masacres, asesinatos y secuestros en la lista de la Sala de lo Constitucional. Uno de los líderes guerrilleros más notorios fue Salvador Sánchez Cerén, el actual presidente salvadoreño. Además, la decisión de la Sala cubre los asesinatos que el FMLN perpetró contra sus propios miembros, una práctica en la que presuntamente se apoyó Sánchez Cerén para aterrorizar y controlar a sus subordinados.

Compare la situación del FMLN con la del opositor partido Arena y sus figuras elegidas por voto popular. Ninguno de ellos estaba siquiera en posiciones de poder durante los años 80 y comienzos de los 90, cuando los rebeldes libraban la guerra contra el Estado. De todas maneras, el FMLN es el partido en el poder y no saldrá de allí sin dar batalla. En reacción a al fallo, Sánchez Cerén hizo un llamado a “todos los sectores comprometidos con la paz, el progreso y la justicia social a asumir esta situación con responsabilidad y madurez en función de los intereses del país”. En otras palabras, encontremos un arreglo político para ignorar la decisión.

Un partido Arena más seguro confiaría en el estado de derecho. Pero en lugar de ello, respondió pidiendo que una comisión bipartidista analice el fallo, sugiriendo que está procediendo con cautela.

Arena tiene razón en temer una investigación parcial debido al poder político del FMLN. Durante años, la izquierda ha amenazado con implicar al ex presidente de Arena, Alfredo Cristiani, en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de esta en 1989. La acusación es absurda puesto que los asesinatos casi descarrilan las conversaciones de paz que Cristiani encabezaba en ese entonces. De todas formas, el ex mandatario es vulnerable al acoso persistente del FMLN sobre el tema. Altos mandos de las fuerzas armadas pueden enfrentar suertes similares independientemente de si ordenaron cometer delitos o no.

A pesar de estos riegos, los demócratas de Arena estarían equivocados si ayudan al FMLN a disminuir la estatura de la Sala de lo Constitucional. Como lo señaló Hinds en su columna, es una de las pocas instituciones que quedan que protege a la democracia del despotismo. Los ex guerrilleros ya trataron de aniquilar la Sala de lo Constitucional en 2012. Si Arena les sigue el juego, equivaldría a rendirse, algo idéntico a lo que querían los guerrilleros hace 30 años.

Así que colombianos, tengan cuidado: es mucho más probable que una amnistía para los crímenes de guerra de las FARC lleve al grupo guerrillero al poder que antes que traer la paz al país.

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EE.UU. ayuda a un gobierno que tiene a estadounidenses como blanco. De Mary Anastasia O’Grady

La columnista del Wall Street Journal ya escribió en febrero 2015 una nota señalando que en El Salvador hay un juicio de carácter político y que entre los acusados se encuentran dos ciudadanos y empresarios estadounidenses. En esta nueva nota retoma el Caso CEL-ENEL.

mary anastasíaMary Anastasia O’Grady, 1 junio 2015/The Wall Street Journal

Dos ciudadanos estadounidenses enfrentan 10 años en una cárcel salvadoreña pese a que no hay evidencia de que hayan infringido la ley. Su acusador es el gobierno del ex guerrillero marxista Salvador Sánchez Cerén, uno de los “clientes” favoritos de la ayuda extranjera del gobierno de Barack Obama.

Mientras Miguel Lacayo y Thomas Hawk, que tienen doble ciudadanía, se quedan en el aire en El Salvador, la Millennium Challenge Corporation (MCC) y el Departamento de Estado de Estados Unidos continúan inyectando dinero al país. En una carta a este diario con fecha del 5 de octubre, los miembros de la junta de MCC Lorne Craner and Susan McCue defendieron una nueva promesa de inversión de US$277 millones firmada en septiembre. “El Salvador pasó los estrictos criterios de MCC respecto de libertad económica, justicia e inversión en la gente”, escribieron.

Eso probablemente fue una noticia para los acusados —a los que se les imputaron cargos en 2013— y para cualquiera que no esté aliado con el partido del presidente Sánchez Cerén. Roberto Rubio —que trabajó en políticas públicas para el FMLN durante la guerra civil salvadoreña y ahora es el representante local de Transparencia Internacional—, advirtió en mayo que la persecución de enemigos políticos llevada a cabo por el gobierno del FMLN evoca a los gobiernos militares de los años 70. La Asociación Nacional de la Empresa Privada también acusó al gobierno de usar “páginas web, redes sociales y boletines electrónicos para perseguir a quienes defienden la libre expresión, generan empleo y son considerados como oposición por el Estado”.

En 2002, durante la presidencia de Francisco Flores, Lacayo fue ministro de Economía y Hawk era miembro de la junta directiva de la estatal eléctrica conocida como CEL. El Salvador contrató los servicios de Deutsche Bank DBK.XE -2.27% para encontrar un socio estratégico para que CEL desarrollara sus recursos geotérmicos.

La compañía italiana Enel Green Power ganó esa licitación en un proceso transparente. En 2008, la empresa trató de hacer más inversiones para obtener la mayoría en la empresa conjunta, llamada LaGeo, según lo estipulado en el contrato. CEL, a petición del gobierno, trató de bloquearlo.

En 2014, tras dos apelaciones por parte de CEL, la corte francesa designada en el contrato para dirimir disputas tomó una decisión final a favor de Enel. En vez de aceptar la propiedad minoritaria, el gobierno de Sánchez Cerén pagó US$280 millones por 36,2% de Enel en LaGeo.

El FMLN se opone a cualquier esfuerzo por reducir el rol del Estado en la economía y los cargos de corrupción incitan a los votantes. El gobierno parece estar decidido a declarar el acuerdo con Enel como corrupto para avivar la hostilidad popular contra sus opositores políticos. En 2013 alegó que los acusados, incluyendo a otros ex funcionarios salvadoreños, conspiraron para darle a Enel un pacto endulzado a costa del país.

El primer juez que evaluó los cargos en 2013 los declaró sin fundamento. Sin embargo, el fiscal general Luis Martínez exigió audiencias al respecto. Ahora hay más de 110.000 páginas de documentos ante la corte, pero él aún no ha identificado públicamente delito alguno.

En cambio, este caso se basa en la teoría de que, arriesgando 10 años de prisión, Lacayo como “instigador” convenció a otras 19 personas de hacerle un favor ilegal a Enel de manera gratuita. Es una aseveración ridícula. Sin embargo, el 6 de mayo, otro juez dictaminó que ocho de los acusados originales deben ir a juicio. La semana pasada, el centro de estudios salvadoreño Fusades calificó los cargos de “criminalización indebida de una política pública”.

Este caso expone la destrucción deliberada del estado de derecho. En 2000, el Índice de Libertad Económica de The Wall Street Journal/Heritage ubicó a El Salvador como la novena economía más libre del mundo. Ahora es la número 62. La semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo que en 2014 El Salvador recibió apenas 3% de toda la inversión extranjera directa en Centroamérica.

No obstante, Washington no ha dejado de inundar El Salvador con ayuda extranjera. Como parte de la iniciativa de US$1.000 millones de ayuda para Centroamérica del vicepresidente Joe Biden, el Departamento de Estado ha solicitado US$119 millones para El Salvador para el año fiscal 2016. Esto no incluye gastos en seguridad. La nueva inyección de dinero de MCC llevó sus compromisos con El Salvador en los últimos siete años a más de US$700 millones.

Esto es tan sólo una gota en el océano presupuestario del gobierno estadounidense, que alcanza casi US$4 billones. No obstante, es mucho dinero para los revolucionarios de un país pequeño que tienen la meta de usar el monopolio del Estado para desmantelar la democracia.

McCue no respondió a mis solicitudes de comentarios desde enero. Craner, quien ya no se encuentra en la junta de MCC, me dijo en un correo electrónico en enero que respalda su defensa del estado de derecho en El Salvador, pero que no sabía sobre el conocido caso de CEL-Enel. Dijo que lo “investigaría”. La semana pasada me dijo en un correo que ahora cree que MCC debería repensar su apoyo.

Ese es un pobre consuelo para las víctimas de la represión del FMLN que EE.UU. está financiando.