JORGE CASTILLO

El Debate sobre una CICIG: Un clamor social no compartido por el poder político. De Jorge Castillo

La impunidad hace referencia a la actuación delictiva de alguien, cuyos actos quedan libres de sanción. Por el altísimo índice de delitos que no son castigados (95%) en nuestro país la impunidad es la regla, no la excepción. Algo habrá que hacer.

Jorge Castillo, politólogo

Jorge Castillo, politólogo

Jorge Castillo, 20 julio 2015 / EL MUNDO

El activismo de la sociedad civil guatemalteca ha tenido éxito, en parte porque se ha enfocado a combatir la corrupción, caldo de cultivo de la impunidad, pero también, por no permitir que la  clase política se inmiscuya. Otros lo dirían mejor: “No se le dan las llaves al ladrón”.

La ambientación para esa lucha inició cuando la ONU y el Gobierno de ese país acordaron crear, el 12 de diciembre de 2006, una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Contó con la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en el mes de mayo del año siguiente.

Después, el Congreso ratificó el acuerdo, tomando vida aquel ente foráneo ad hoc. Ocho años después, la CICIG apoya al Ministerio Público, a la PNC y a otras entidades del Estado en la investigación de delitos y en el desmantelamiento de los grupos que los propician, incluyendo la vinculación de éstos con funcionarios del Estado. Además, genera recomendaciones al Estado sobre reformas jurídicas e institucionales y está facultada para actuar como denunciante, como querellante y como promotora de la persecución penal contra los funcionarios corruptos. Su efectividad ha sido determinante para que el mandato para su permanencia se haya venido prorrogando.

Los vientos de cambio en el vecino país se sienten y expanden a Honduras y El Salvador. Eso hace entrar en pánico a aquellos gobernantes que, en sociedad con amigos, compadres y familiares, han hecho muy rentable su circunstancial paso por el Estado y se oponen a que emerja un ente similar. De ahí que la reciente “sugerencia” del Consejero del Departamento de Estado de EE.UU., Thomas Shannon, sobre una posible creación en El Salvador de un organismo similar a la CICIG, no caiga en gracia a nuestros probos funcionarios, quienes, a diferencia de su postura en el pasado sobre la “Comisión de la Verdad”, ahora aducen que una CICIG a la salvadoreña no es conveniente, entre otras cosas, por las siguientes: trastocaría nuestra soberanía; sería inconstitucional; resultaría innecesaria porque tenemos instituciones fuertes; no necesitamos intervención extranjera; eso solo aplica para países con instituciones débiles; tenemos  mecanismos constitucionales para resolver nuestros problemas (célebre frase que debería esculpirse en letras de bronce en una pared de la Sala de lo Constitucional, para futura jurisprudencia); los resultados de esas comisiones terminan siendo manipulados políticamente (grave aseveración si se aplicara retroactivamente a la “Comisión de la Verdad”); sería como aceptar que el país ha fracasado en combatir la corrupción; en fin, una retahíla de aseveraciones que formarían el libreto ideal para hacer más millonario a Jim Carrey, en caso decidiera realizar la segunda parte de su película “Mentiroso, mentiroso”.

En nuestro país no se puede tapar el sol con un dedo. Los vientos de cambio empiezan a sentirse, especialmente a nivel de nuestras redes sociales. La sociedad civil madura, toma conciencia de sus errores electorales, sabe lo que ocurre en la región, continente y planeta.

Llegará el momento en que su desencanto -su cólera diríamos-  tendrá que encontrar una vía de escape ante el evidente debilitamiento del régimen político, la descomposición ética en los partidos políticos e instituciones llamadas a ejercer fiscalización y la terquedad de algunos, de seguir viendo al Estado como botín, especialmente durante los últimos 26 años. Lo mejor sería que todos leyéramos el telegrama que el Arcipreste de Talavera (1398-1470) le envía a la clase política salvadoreña (1989-2015) “Cuando la barba de tu vecino vieres pelar, pon la tuya a remojar”.

Al final, el país está harto de escuchar discursos de cómo se planifican las cosas buenas; lo que quiere, son ejemplos de cómo se castigan las malas.

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