crisis fiscal

Muerte por negligencia. De Manuel Hinds

Y el gobierno debe asumir de una vez por todas su responsabilidad para con el pueblo, pasando por los ajustes que, siendo dolorosos, son necesarios. 

Manuel Hinds, 10 marzo 2017 / EDH

El gobierno, la oposición, y el país entero se han ido acomodando a la situación fiscal de la manera más peligrosa que existe—negligente, descuidadamente, sin buscar una cura sino reaccionando a los cada vez más frecuentes síntomas del daño que esta situación está causando a El Salvador. La imagen que más se adapta a lo que está pasando es la de un alcohólico tirado en la cuneta, con una herida que este momento no es lo que lo va a matar pero que no se le cura y está en peligro de infectarse, que cada cierto tiempo se acerca a la familia para exigir que le den dinero porque si no se lo dan va a morir de inanición, infecciones o sobredosis de alcohol y alguna otra droga. Cada vez que se acerca a la familia, ésta se siente chantajeada pero cede dándole un poco, una cantidad que no va a sacarlo de la cuneta, no va a limpiar las heridas, pero que evitará que muera en este momento.

Esta dinámica es la peor de todas porque asegura que la situación se vaya deteriorando día a día hasta que en un momento las heridas se van a infectar y la crisis se convertirá en algo agudo que causará muchos daños graves antes de poderse resolver. Ya estos daños se están dando. El país se ha convertido en el paria de los mercados de deuda, las tasas de interés que está pagando son enormes y substraen de recursos que debían ser utilizados en actividades esenciales para el funcionamiento del gobierno. Los efectos negativos de la carestía de recursos no sólo están afectando al FMLN y al gobierno actual sino que están comprometiendo recursos que el próximo gobierno podría utilizar para resolver los problemas tan serios que tiene el país.

El gobierno y el FMLN escogieron este camino para el país a fines del año pasado al concentrarse en extraer permisos de la Asamblea para seguir endeudando al país, en la creencia de que así, poco a poco, iban a ir extrayendo permisos de uno en uno, sin tener que enfrentar la necesidad de parar la hemorragia de fondos que el manejo irresponsable de los recursos está causando. En ese momento creyeron que con amenazar con la expropiación de las pensiones o con otras medidas terribles iban siempre a conseguir los dólares para seguir el juego, sin descartar que si no lo lograban, podría siempre tratar de expropiarlas. Por eso descartaron el único camino que hay hacia la solución verdadera del problema: armar un programa de medidas que reduzca el déficit para volver otra vez solvente al estado y usar el financiamiento adicional para proveer fondos mientras esas medidas tienen efecto. El problema no es diseñar estas medidas, que son relativamente sencillas, sino tener la voluntad política de hacerlo. El FMLN debería tener esta voluntad porque la estrategia del chantaje de a poquitos le está causando un altísimo costo político que puede terminar acabando al partido.

Por el otro lado, el acceso a la estrategia del chantaje gradual debe ser negado al gobierno. ARENA debe regresar a la postura con la que comenzó en sus tratos sobre este problema: condicionar su apoyo legislativo a que la crisis se resuelva de una vez por todas, con una solución técnica que rescate a este y a los gobiernos futuros de la negligencia fiscal que está debilitando tanto al país. Y el gobierno debe asumir de una vez por todas su responsabilidad para con el pueblo, pasando por los ajustes que, siendo dolorosos, son necesarios. Debe abandonar la loca ambición de detener los arreglos para negociar una salida en la que el costo de los problemas actuales y sus ajustes se lo pueda echar a ARENA. Ha habido demasiadas mentiras, demasiada incapacidad y demasiada irresponsabilidad con el pueblo. Esas son cosas que ya pasaron y que no se pueden borrar. Lo que le queda es resolver el problema para minimizar los daños.

ARENA tiene que cooperar en dar una solución real de una vez por todas a este problema para evitar una tragedia nacional.

La solución del problema fiscal. De Manuel Hinds

manuel hindsManuel Hinds, 3 marzo 2017 / EDH

El gobierno parece estar tomando medidas para resolver su problema fiscal. El miércoles pasado anunció que está dispuesto a rebajar $126 millones de gastos anuales, una cifra que, aunque insuficiente, es sustancial. Si el gobierno sigue este curso se dará cuenta de que el manejo prudente de sus finanzas y la firmeza en mantenerlas bajo control le darán muchos beneficios. El manejo que ha hecho hasta ahora ha sido terriblemente negativo para el país y para el gobierno.

diario hoyEn vez de ayudar a resolver los problemas del pueblo, este manejo los ha ido aumentando, generando problemas que no habían sucedido en el país desde hace muchas, muchas décadas. Desde hace al menos ochenta años, la gente que trabaja en el gobierno no había tenido que preocuparse por la recepción de su salario a tiempo. Ahora hay maestros que tienen tres o cuatro meses de que no les pagan. La lista de los medicamentos que no hay en los hospitales está subiendo a una velocidad espeluznante. Las escuelas no tienen material. Los proveedores no reciben pago por lo que ya entregaron. El país ha estado al borde de que le corten la electricidad que compra de Guatemala y varias oficinas de gobierno están bajo la amenaza de apagones.

Todo esto añade a las angustias que ya tenía el pueblo salvadoreño. Son angustias muy básicas y que tienen un impacto negativo enorme en el progreso del país porque no se puede esperar que una persona que no haya recibido su salario por cuatro meses pueda concentrarse en su trabajo y no en estar haciendo arreglos continuos con sus acreedores y con sus proveedores para poder sobrevivir sin pagarles. Esto se vuelve una cadena porque dichos acreedores y proveedores también tienen problemas al no recibir pagos, de modo que pagos detenidos en el empleador más grande del país se multiplican en la sociedad, esparciendo la angustia y convirtiendo el crédito informal de un instrumento que puede ayudar a la inversión pequeña en uno que sólo se usa para compensar dichos pagos.

El impacto político de este descontento no puede pasar inadvertido para el gobierno, ni por supuesto para la oposición. Para el gobierno no pagar los sueldos es peor que bajar los gastos. Pero la oposición no debe ponerse en la posición de bloquear reducciones necesarias de éstos, excepto cuando dichas reducciones realmente representen un peligro para la Nación. Ningún ciudadano gana de estos problemas. El desgaste de que el gobierno no cumpla con sus obligaciones no es sólo para el gobierno y el FMLN sino también y primordialmente para el pueblo que está regresando a los problemas que tenía en los Años Veinte con el pago de sus salarios.

Pero el FMLN también debe dejar de ver a las finanzas públicas como una fuente de financiamiento político y tratar de sustituir con ellas los ingresos que el partido recibía de Venezuela. Debe entender que los impuestos no son el derecho real que una vez fueron en la época del absolutismo, algo que el pueblo tiene que dar para que los que están en el gobierno se sustraigan de los problemas económicos del país. Los impuestos son el pago que la ciudadanía hace para recibir servicios públicos eficientes. El gobierno ha olvidado esto y debe recordarlo.

También debe entender que las pensiones no son hechas para resolverle problemas fiscales al gobierno sino a la población trabajadora. Y el gobierno, menos que nadie, puede apropiarse de fondos que los pensionados presentes o futuros han ahorrado para su vejez, ni pagándoles tasas de interés mucho más bajas de interés (que repercuten en pensiones más bajas) ni directamente apropiándose de las pensiones, volviendo peor el problema fiscal por crear una enorme deuda con los ciudadanos.

Pero, habiendo dicho esto, la propuesta de la sociedad civil tiene muchas medidas que ayudan a rebajarle el costo al gobierno, que en el neto quedan rebajadas a la mitad. Decir que esto no ayuda es ya un capricho de un partido que se imaginaba que iba a quedarse con los miles de millones de ahorros de la sociedad para gastárselos ahorita mismo y dejar a los gobierno futuros una deuda enorme sin otra manera de pagarse que con enormes impuestos.

Comenzando a caerse. De Manuel Hinds

manuel hindsManuel Hinds, 17 febrero 2017 / EDH

En varias ocasiones he descrito el problema fiscal del gobierno del FMLN como una gotera que, si no se repara, puede botar el techo. Lo he descrito como una gotera porque, vista en sus números fríos, la famosa crisis no sería crisis si el gobierno fuera manejado por personas competentes y responsables. Al gobierno le ha entrado y todavía le entra el dinero a borbollones desde que el FMLN está en el poder y, de una situación fiscal muy razonablemente buena cuando tomó la presidencia en 2009 ha pasado a una en la que no le alcanza el dinero para nada.

diario hoyLa he descrito como una gotera que puede botar el techo porque no hay fortaleza que resista el impacto sostenido de la negligencia, el desorden y el desperdicio desaforado con los que el FMLN maneja las finanzas públicas y el gobierno en general. Es claro que en este ambiente, en algún momento el agua va a corroer una viga, o a romper una columna, o a erosionar una fundación. Hasta este momento la situación de impago del gobierno había afectado a los proveedores y a los usuarios de los servicios públicos, que cada vez carecen más de materiales, y que cada vez son peores, pero este impacto había sido difuso. El dinero no llegaba a las escuelas y tampoco a los hospitales y unidades de salud, y la gente sufría esto pero como individuos. La gente estaba sufriendo, pero el gobierno podía pretender que todo funcionaba.

Pero el miércoles se supo que la negligencia del gobierno había cruzado otra línea, una en que los efectos de cruzarla se sentirán en conjunto y simultáneamente por toda la población: debido a la enorme y vieja mora del gobierno del FMLN, las empresas guatemaltecas que exportan energía a El Salvador han decidido ya no venderle electricidad al país. Este es el comienzo de un proceso de descalabro de la oferta de electricidad que si no es prontamente corregido llevará a escasez de electricidad, mayores costos, racionamientos y un colapso en la producción del país. El costo de una escasez de electricidad no solo es el foco que no se encendió o la comida que se pudrió en la refrigeradora sino también el tiempo perdido en la operación de maquinaria y las consecuentes pérdidas en salarios y producción.

El FMLN toma estos problemas con la misma falta de interés que ha mostrado en todas sus tareas de gobierno. En realidad, llegar a escaseces y racionamiento no es una novedad para los gobiernos marxistas. En Cuba todo es racionado y en Venezuela ya casi todo, lo cual es muy bienvenido para los partidos hermanos del FMLN en esos países. El racionamiento les presenta la oportunidad de darles electricidad a unos sí y a otros no, haciendo que la gente vaya dependiendo más de estar bien con los del gobierno y el partido para sobrevivir. Les ayuda a apretar la soga en el cuello de la población.

El racionamiento, obviamente, tendría un costo político para el FMLN pero, seguramente, si llegamos a los apagones, el gobierno primero le restará importancia al hecho (diciendo, por ejemplo, que en muchos lados hay apagones) y, segundo, le echará la culpa a ARENA por no aprobarle más endeudamiento en la Asamblea.

El gobierno confía en que le puede echar la culpa de su pésimo gobierno a ARENA porque ésta, ocupada en visitar y revisitar sus sedes locales para asegurarse y reasegurarse de la lealtad de sus funcionarios internos para las siguientes elecciones internas, nunca tiene tiempo ni interés para decir nada y menos para protestar firmemente. Como resultado, mientras peor es el gobierno del FMLN, más cae la popularidad no sólo del FMLN sino también de ARENA. Y hay menos protección contra los abusos del FMLN.

Mucha gente no lo realiza, pero por este camino iremos, poco a poco, cayendo en la desgracia de Venezuela.

Nuestro día de la marmota. De Ricardo Avelar

Ricardo Avelar, 15 febrero 2017 / EDH

Cada dos de febrero, en Punxsutawney, Pensilvania, se celebra el “Día de la marmota” (Groundhog Day), en el cual uno de estos roedores llamado Phil predice si el invierno estadounidense se alargará o si se apresurará la llegada de la primavera.

Esta tradición le ha producido mucha atención a este pueblo de no más de 6,300 habitantes, el cual por un día es el centro de la atención de los meteorólogos de todo el país y de los encargados de notas curiosas que siempre dan a conocer nuevos datos del ahora mítico Punxsutawney.

diario hoyEn 1993, el actor Bill Murray protagonizó una película en honor a este día y terminó de darle la popularidad que ahora goza. En esta, el meteorólogo Phil Connors, quien es enviado a cubrir este evento, se ve obligado a quedarse una noche más en el pueblo tras una nevada que le impide salir.

Sin embargo, al amanecer algo extraño sucede. En lugar de estar en el 3 de febrero, después del show de Phil, el meteorólogo vive una constante repetición del dos de febrero: vuelve a ver el mismo acto de la marmota, se encuentra a la misma gente y todo transcurre como el día anterior.

El Salvador fácilmente podría adaptar este galardonado filme. Creo que el escenario perfecto sería en torno a las constantes -y torpes- discusiones sobre la situación fiscal del país. La trama es más o menos así:

Parte 1, la crisis: El gobierno se empieza a quedar sin liquidez. Con esto, peligra el pago de las pensiones, el pago a proveedores del Estado o la asignación que se hace a las alcaldías. Los salarios públicos no llegan a tiempo y si esto sucede a final de año, los aguinaldos tampoco.

Ante esto, viene una avalancha de opiniones. Por un lado, voceros del sector público ven necesario aumentar el endeudamiento para cubrir los vacíos previamente anunciados. De no ser así, amenazan con más impuestos y recurren a la confiable historia de la baja recaudación.

La oposición contesta, diciendo que esta no es la primera crisis, que ya les ofrecieron responsabilidad fiscal, que no cumplieron y que no volverán a aprobar más fondos. La sociedad civil pide no solo hablar de la recaudación, sino cuestionar cómo se ejecuta el dinero recaudado.

Parte 2, la predicción: Cada vez que el gobierno anuncia crisis, una oleada de analistas son consultados en los diferentes medios. Como siempre, las preguntas de rigor giran en torno a qué tan mal estamos, todo lo que está en riesgo y si esta vez la oposición dará sus votos para nuevos préstamos.

Generalmente, se piensa que la polarización impedirá el logro de nuevos acuerdos y que se avecina un invierno fiscal muy largo y peligroso para el país.

Parte 3, el realismo mágico: Por estrategia electoral, persuasión o ingenuidad, no sé, pero en el punto más álgido del impasse fiscal, cuando nada parece moverse y después de montar mesas protocolarias, se obtienen los votos necesarios para las emisiones que el gobierno solicita.

A veces, la oposición cede, pero amenaza con no volver a apoyar. A veces, algunos diputados rompen filas con sus partidos y se unen al plan del gobierno. A veces se negocian cláusulas de sensatez en el gasto. Estas últimas casi nunca se cumplen.

Tras el mágico acto de concertación, se vuelve a radicalizar la política. El gobierno no necesita más a la oposición y deja de “hablarles bonito”. Los opositores, por su parte, prometen no volver a dejarse engañar.

Parte 4, viene (otra) crisis: el gobierno se terminó el dinero empieza a quedar sin liquidez… Y así sucesivamente. La duda: ¿es una nueva crisis o se volvió a amanecer en la anterior?

La película de Bill Murray fue un éxito rotundo y es indudablemente un clásico para su día de descanso. Por otra parte, nuestro Día de la Marmota fiscal está condenado a un fracaso, pues habrá un día donde a pesar de la insistencia del gobierno y la ingenuidad de la oposición, ya no habrá soluciones y ahí la predicción será una sola: nuestra crisis será muy, muy larga.

@docAvelar

Nadie quiere ser el villano. De Erika Saldaña

Los partidos políticos deben dejar a un lado los oportunismos o intereses políticos y construir respuestas efectivas a los problemas que aquejan a El Salvador, aun si estas son medidas impopulares.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 12 febrero 2017 / EDH

Escuchar sobre la necesidad de que los partidos políticos mayoritarios se sienten a dialogar para encontrar respuesta a los problemas del país se ha convertido en el pan diario de los salvadoreños. El Ejecutivo ha organizado mesas en los temas de desarrollo económico, sostenibilidad de finanzas públicas y reforma de pensiones; la oposición le ha puesto pausa a esos diálogos, señalando la falta de voluntad de cumplir los acuerdos que poco a poco se fueron armando. Mientras dura esa pausa, la ciudadanía continúa echándose al hombro los problemas que se generan de la mala administración de las finanzas estatales, tales como la escasez en los servicios públicos y deterioro en áreas como educación, salud y seguridad.

diario hoyLa urgencia de un diálogo político en que las partes le den valor y sentido a la opinión del otro no es nada nuevo. Probablemente, la necesidad de este se encuentra desde que los dos partidos mayoritarios se consolidaron como tales. Ambos institutos políticos han centrado sus esfuerzos en mantener, obtener o regresar al poder, alejándose del ideal de procurar el bienestar de todos los ciudadanos en una sociedad democrática. Algunas personas consideran que para alcanzar este ideal es necesario estar en una posición de dominio de los órganos Ejecutivo y Legislativo, para así ejecutar las políticas que se consideren convenientes para cada problema.

Sin embargo, la solución a los problemas que afectan a El Salvador no puede resumirse en que uno u otro partido se encuentre en el poder, sino que ambos sean capaces de construir soluciones conjuntas; y, además, que estas respuestas  sean realistas al problema que se enfrentan. Cuando cualquiera de los partidos ofrece soluciones generalmente lo hace analizando una sola óptica de manera sesgada; el problema lo ven solo de un lado y por tanto las propuestas para solventarlo son incompletas. Y, además, las medidas que deben tomarse en muchas ocasiones son impopulares.

Cuando hablamos de solucionar el problema fiscal de El Salvador es necesario reducir el gasto del Estado; y hacer referencia al gasto no hablo de los montos asignados a los programas sociales como tienden a hacerlo ver los funcionarios de Gobierno, sino al gasto superfluo que no supone ningún beneficio para la población, tales como viajes, seguros médicos, alimentos, carros, gasolina, etc. Además, es imperativo que se reduzca la plantilla laboral en las instituciones públicas, pues existen plazas innecesarias y sueldos arbitrarios e insostenibles para las finanzas públicas.

En la respuesta al problema fiscal también debe analizarse el ingreso, pues es claro que el dinero que actualmente se recauda no alcanza para cubrir las obligaciones adquiridas y los gastos necesarios. Quizá sea necesario establecer impuestos adicionales o aumentar los porcentajes de los que ya tenemos; también, es obligatorio buscar la forma de combatir la evasión y elusión fiscal, así como ampliar la base tributaria mediante la formalización de muchas empresas y personas. La solución no se limita a una u otra opción, tienen que tenerse en cuenta ambas, gasto e ingreso.

En el caso de la reforma de pensiones, algunos expertos señalan la necesidad de evaluar las posibilidades de aumentar las tasas de cotización y edad de retiro de los ciudadanos. Todas las medidas mencionadas anteriormente son impopulares, pues muchos no quiere que se limiten sus beneficios, que se ordenen los sueldos, que se prescinda de los servicios de muchos en instituciones estatales, y definitivamente nadie quiere que se cobren más impuestos, pagar más al sistema de pensiones y trabajar más años. Pero si se quiere solventar el problema de manera integral, son medidas que vale la pena analizar o establecerse.

Para que los diálogos y negociaciones entre el Gobierno y la oposición tengan sentido, es necesario que estas realmente resuelvan los problemas que afectan al país, no que sean placebos que alivien temporal o falsamente las coyunturas. Estas respuestas pueden ser impopulares, pues a nadie le gusta hacer sacrificios en el corto o mediano plazo, pero pueden constituirse como las respuestas adecuadas. Los partidos políticos deben dejar a un lado los oportunismos o intereses políticos y construir respuestas efectivas a los problemas que aquejan a El Salvador, aun si estas son medidas impopulares. Nadie quiere ser el villano ante los votantes, pero, en este caso, todos tienen que serlo.

La antesala del 25 aniversario… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 22 diciembre 2016 / EDH

El año concluye sin Presupuesto General de la Nación, con la denuncia de los trabajadores sobre la ilegalidad en el procedimiento para elegir a sus representantes en el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM) y con la amenaza del partido de gobierno de crear una entidad paralela a la Sala de lo Constitucional.

diario hoyA las puertas del veinticinco aniversario del acuerdo de paz el panorama del 2017 es muy desalentador. Las aspiraciones de quienes pretendían aprovechar este acontecimiento para delinear un “pacto” que redujera el alto grado de polarización parecen esfumarse sin ni siquiera haber sensibilizado a los actores políticos. Las maniobras de estos últimos se encaminan más a la lucha “preelectoral” que a la conmemoración de un suceso que enrumbó al país por la senda democrática. Se profundiza la división y el odio de “clases”, se agita a la población en contra de las instituciones y se tuercen las ideas con el propósito de generar un peligroso rencor colectivo.

Las fuerzas políticas no alcanzan a dimensionar el riesgo que representa la frágil situación fiscal del país. El pacto que suscribieron apenas hace un mes se ignora por completo y mientras tanto se continúan encontrando excusas para mantener el endeudamiento público al borde del desplome. Presentar una proyección de ingresos y gastos que “sincere” las necesidades financieras del Estado no debería significar mayor problema. La mala práctica, desde finales del tercer gobierno de derecha hasta la actualidad, de afirmar que el proyecto de presupuesto es “equilibrado” y que no existe la necesidad de contraer más deuda cuando en realidad sucede todo lo contrario, además de incumplir las disposiciones constitucionales que regulan las finanzas públicas, impide resolver el problema de insolvencia de manera definitiva.

Por otra parte la integración del CNSM, en clara violación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y, por tanto, la aprobación del aumento del salario mínimo contraria a derecho, tensiona aún más las relaciones entre las autoridades y el sector productivo nacional. Estratégicamente el discurso oficial se ha centrado en la “falta de sensibilidad social” de los empresarios por oponerse a un ingreso digno para los trabajadores. La Asociación Nacional de la Empresa Privada y las gremiales que la integran han señalado su aval al incremento salarial siempre y cuando este se realice cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley. De hecho existía un acuerdo entre empleados y empleadores, representados en la entidad tripartita, que el gobierno no atendió.

El tercer hecho político con el que concluye el 2016 fue una nueva agresión a la independencia de los órganos fundamentales del Estado. Por enésima ocasión el oficialismo arremetió contra la Sala de lo Constitucional. Ahora lo hizo durante el festejo de los 33 años de existencia de la Constitución de República. El FMLN Propuso sustituir a esa instancia por un “tribunal independiente”. El partido de izquierda fundamenta su iniciativa, entre otras razones, por las sentencias de la Sala que “han declarado ilegal los nombramientos de funcionarios de la Corte de Cuentas de la República y de la misma Corte Suprema de Justicia”. En los últimos cuatro años, varias resoluciones de esa instancia han apartado de sus cargos a algunos de los titulares de diferentes instituciones, cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea Legislativa, debido a que los elegidos presentaban vínculos con determinados partidos políticos, porque no se comprobó su idoneidad o como consecuencia de la violación del procedimiento constitucional que faculta a la Asamblea a designar la sustitución de únicamente un tercio de los magistrados de la cúpula del Órgano Judicial. Los argumentos jurídicos de esas decisiones cumplen con la pretensión ciudadana de contar con instituciones autónomas que no respondan a intereses partidarios ni ideológicos.

Ante el comportamiento de algunos funcionarios, diputados y dirigentes políticos, queda como último recurso la presión ciudadana. La sociedad civil organizada ha mostrado su determinación en aspectos muy específicos: la reforma electoral, la investidura de funcionarios de segundo grado cuya conducta se rija exclusivamente por las atribuciones que le prescribe la ley y la lucha contra la corrupción. Ahora es el momento de batallar contra la demagogia, el populismo, el clientelismo político y la falta de acuerdos.

¿A dónde está el pisto? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 19 diciembre 2016 / EDH

En recientes declaraciones, la embajadora de los Estados Unidos de América, Jean Manes, expresó en un evento público una frase que da para reflexionar sobre las finanzas de El Salvador; dijo que en este país “dinero hay, pero ¿a dónde se va?”. Esto puede resultar contradictorio cuando vemos la situación de pobreza en la que viven muchas personas, la falta de presupuesto para el pago de pensiones del sistema público o la falta de inversión en infraestructura en escuelas, hospitales y lugares públicos; de lo anterior podríamos pensar que, como país pobre que somos, no hay dinero.

Sin embargo, en las últimas semanas hemos sido testigos de una situación reveladora y preocupante: en El Salvador sí hay dinero para financiar diversas organizaciones privadas. No hay fondos para montar la infraestructura necesaria para llevar agua a algunos sectores de la sociedad o para comprar medicamentos urgentes en los hospitales públicos; pero sí hay dinero (o al menos previsiones presupuestarias) para ser asignado a la fundación que dirigía la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa o para personas u organizaciones  afines al partido político en el Gobierno.

diario hoyLa organización Acción Ciudadana ha revelado recientemente que alrededor de catorce millones de dólares anuales podrían estar siendo destinados al financiamiento de instituciones privadas, sobre las cuales es muy probable que no exista ningún control. En primer lugar, no hay control sobre las condiciones que dieron lugar a las que se les entregara el dinero; por otra parte, también es muy posible que sobre estas organizaciones que reciben dinero de los contribuyentes no exista ningún tipo de control posterior a la entrega del dinero, ni sobre los objetivos para el que requieren los fondos, ni si realmente son ejecutados para un fin estatal o social.

Otra cuestión preocupante, como lo ha manifestado Acción Ciudadana, es el hecho que muchas de las organizaciones que aparecen en el Presupuesto General de la Nación, como beneficiarias de estos fondos para su financiamiento, han manifestado que no recibieron el dinero que se señala. Aquí vale volverse a preguntar, ¿A dónde está el pisto? ¿Quiénes fueron los receptores finales del dinero?

El financiamiento a organizaciones privadas podría ser uno de los agujeros por donde se va el dinero público y que nos hace creer que no hay o no alcanza. Esto se suma a la ya conocida cadena de mal gasto o mala administración de fondos públicos que vemos en forma de alimentos, viajes, carros, seguros y viáticos de funcionarios o empleados públicos. Y también se agrega a lo señalado por la embajadora de los Estados Unidos de América, a todo ese dinero que se pierde en corrupción, sobornos o, de forma más clara, robo de fondos públicos.

Todo lo anterior tiene como raíz común la mala elaboración presupuestaria, más su ineficiente y descontrolada ejecución que no garantiza el buen uso del dinero que aportamos todos los salvadoreños. Como ya lo he manifestado en anteriores columnas, la ley de presupuesto debe especificar la cantidad, finalidad y entidad que debe realizar los gastos públicos en sus aspectos cuantitativo (cuánto dinero dispone) y cualitativo (el fin específico para el cual está destinado). Por otra parte, bajo el principio de transparencia presupuestaria, es deber de cada uno de los funcionarios rendir cuentas sobre la administración y destino de los fondos públicos; lo anterior, con la finalidad de prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción o mala administración en el manejo y destino del dinero del Estado.

La corrupción, mala administración o robo, desvía el dinero que debería ser ocupado para mejorar escuelas y abastecer de medicamentos los hospitales del país; está claro que las finanzas públicas no tienen la capacidad para mantener el ritmo de gastos innecesarios o mal asignados, mucho menos está para financiar organizaciones privadas de las cuales desconocemos lo motivos que impulsaron a asignarles fuertes cantidades de dinero. La Corte de Cuentas debe actuar firmemente en las auditorías a estos casos y la ciudadanía tiene que estar pendiente de la actuación de todas las instituciones públicas, pues es el dinero de los salvadoreños lo que está en la mira. Sigamos preguntando, ¿A dónde está el pisto?