Administrando la pobreza y la escasez, sin creación de futuro: el enfoque público dominante. De Alberto Arene

Las dos noticias/realidades publicadas en la sección de economía de LA PRENSA GRÁFICA el martes recién pasado justifican e introducen el título de esta columna: “FMI: Avance en situación fiscal es insuficiente”/“El Salvador, entre los países con menos competitividad y talento”. En trabajos académicos y conferencias impartidas, en mi paso un par de años en el gobierno, en una centena de columnas escritas y en mi observación del enfoque y práctica de muchos funcionarios y políticos, he confirmado que el enfoque de administrar la pobreza y la escasez sin creación de futuro ha sido el dominante, condenando al país a la prolongación de la pobreza y a la irrelevancia.

17 mayo 2018 / La Prensa Gráfica

El primer artículo retoma el comunicado de prensa del FMI: “El crecimiento potencial (de la economía) sigue siendo más bajo de lo deseable, el nivel de deuda sigue siendo alto y se proyectan grandes brechas de financiamiento para 2019 y más allá. En este contexto, los directores (del FMI) enfatizaron la necesidad de una mayor consolidación fiscal, el fortalecimiento del sector financiero y la implementación de reformas estructurales de largo alcance para mejorar el entorno empresarial y apoyar el empleo formal”. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló que la revisión que ha hecho el FMI califica la deuda del país hasta 12 años: “Entre 2019 y 2024 está considerado que la deuda baje 10 puntos, es un esfuerzo bien grande para la próxima administración si quisieran adoptar estas medidas”. Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), comentó: “En los últimos años la reducción del déficit fiscal fue en buena medida por recorte de dos variables importantes: el gasto social y la inversión pública… los niveles del Ministerio de Educación para 2018 son los mismos que en 2013, y los niveles de gasto del Ministerio de Salud son los mismos que en 2014”.

El segundo artículo afirma que El Salvador ocupa la posición 100 de 119 países en el Índice Global de Competitividad del Talento que publica la Escuela de Negocios INSEAD, que mide cómo los países y las ciudades pueden atraer y retener el talento. Para medir se hace una división entre habilidades vocacionales, que son las capacidades que se adquieren con entrenamiento o experiencia, y su impacto se mide por qué tanto estas habilidades permiten a las personas encontrar un empleo. El Salvador tiene sus peores indicadores en las áreas de investigación y desarrollo, uso de la tecnología, relación entre pago y productividad, el mercado y el clima de negocios. En Centroamérica, Costa Rica es la mejor evaluada con el puesto 35, seguido por Panamá 45, Guatemala 84, Honduras 92, El Salvador 100, sin medir a Nicaragua.

En la última década el país se endeudó y deterioró considerablemente sus finanzas públicas, reduciendo al mismo tiempo la inversión privada, el crecimiento y las capacidades competitivas, aumentando las calificaciones de riesgo y deteriorando la confianza y el clima de negocios. Terminó con un ajuste desordenado que redujo el gasto y la inversión social, sin implementar un ajuste ordenado e integral, en un gobierno que se apartó considerablemente del Asocio para el Crecimiento dejado por el primer gobierno. Aunque desnaturalizado, el Asocio se “salvó” por presiones del sector privado, de la oposición y del mismo gobierno de Estados Unidos, con muchos retrasos, contradicciones y sinsabores a través de los años.

El partido y su gobierno nunca aceptaron y asumieron la prioridad de la inversión y el crecimiento, adversando los asocios públicos-privados, comenzando con la concesión del Puerto de La Unión y la ampliación del Aeropuerto Internacional. Ahora –y mañana– el país paga sus consecuencias, pero también su partido política y electoralmente…

Las falsas distinciones. De Manuel Hinds

Independientemente de cómo se generó, si no se resuelve la crisis fiscal, el país entero pagará un precio todavía más alto que el que hasta ahora ha pagado. Resolver la crisis será caro, pero la alternativa, no resolverla, es peor.

Manuel Hinds, 9 junio 2017 / EDH

¿Qué le importa al ciudadano que no tiene una cuenta o un crédito bancario si hay crédito disponible, o si las tasas de interés suben, o si las calificaciones de la deuda del gobierno están bajas, o si el gobierno, como ya hizo, entra en impago? Es muy común la idea de que esas cosas sólo le importan a las empresas grandes que tienen crédito y relaciones con el exterior, y a sus dueños.

Esta, sin embargo, es una falsa distinción que ignora las infinitas interrelaciones de una economía moderna. En el fondo proviene de la idea que la economía es un terreno en el que la sociedad entera pelea por una cantidad de bienes y servicios que no cambia, de tal forma que los sectores sólo ganan cuando le quitan algo a los otros sectores, y que si a un sector le va mal a los otros no les afecta e incluso pueden ver mejorada su situación. Este error es muy grave, ya que los sectores dependen unos de otros, de modo que, por ejemplo, si las tasas de interés suben, o los plazos de las inversiones se reducen, la inversión se reducirá, con lo que la tasa de creación de empleos se va a reducir, y las personas que buscan un trabajo se quedarán desempleadas, y los que tengan trabajo verán sus salarios estancarse.

El error también es muy costoso. Todo el país está siendo afectado negativamente por la situación macroeconómica del país, y especialmente por el impago en el que cayó el gobierno hace unas semanas, en parte por creer en esa falsa idea de que las suertes económicas del gobierno, las empresas y los ciudadanos son independientes entre sí. Teniendo el dinero para pagar, el gobierno entró en impago, pensando que con eso le daría un susto a ARENA para que le diera sus votos para seguir endeudándose. La magnitud de la ignorancia del gobierno se evidenció con este hecho. No se dio cuenta de que al dejar de pagar la calificación de la deuda del país caería al peor de sus niveles, lo cual le impediría tomar más dinero prestado porque nadie se lo prestaría. Sólo hasta haberlo hecho se dio cuenta el gobierno de que había serruchado la rama en la que estaba sentado.

El problema es que el que cayó al abismo no fue sólo el gobierno sino el país entero, incluyendo, muy prominentemente, a los que no tienen cuentas bancarias y a los que ni siquiera se han dado cuenta de que sus crecientes dificultades en sus empresas y en sus trabajos (y en su lucha por conseguir trabajo), están relacionados muy cercanamente con el manejo imprudente de las cuentas fiscales.

Este problema no comenzó con el innecesario impago del gobierno. Había comenza-do en la administración anterior del FMLN, en la que se inició el deterioro del manejo fis-cal. El país, de tener una de las mejores calificaciones de deuda de Latinoamérica (grado de inversión) desde los años noventas, pasó a tener una de las peores y terminó con la segunda peor que existe. Todo este proceso ha tenido un impacto devastador en las posibilidades de conseguir inversión nacional y extranjera, y en la creación de empleos. Este gobierno está teniendo pésimas calificaciones de la población en términos de su manejo económico. Ya es hora de que se dé cuenta de que los desmanes en gastos tienen consecuencias muy negativas en el crecimiento de la economía y en la creación de empleos, y que estos tienen consecuencias también muy negativas en la aprobación de la ciudadanía.

Pero ahora nos encontramos en una situación muy grave. Independientemente de cómo se generó, si no se resuelve la crisis fiscal el país entero pagará un precio todavía más alto que el que hasta ahora ha pagado. Resolver la crisis será caro, pero la alternativa, no resolverla, es peor. Así, el país debe hacer todo lo necesario para resolverla de una manera razonable (darle las pensiones de los trabajadores al gobierno no es razonable), y aprender la lección de no darles el poder otra vez a los que no manejan el fisco responsablemente.

La tormenta perfecta que se aproxima… ¡Despertemos! De Alberto Arene

Nuestra pequeña nación dividida, sin recursos, estrategia y plan sería incapaz de afrontarla.

Alberto Arene, 8 junio 2017 / LPG

El bajo crecimiento de la economía y al sobreendeudamiento público se agregarán en los próximos 3 años un drástico ajuste de las finanzas públicas y la reversión de la migración a Estados Unidos, la válvula de escape histórica a los problemas y contradicciones acumuladas. Nuestra pequeña nación dividida sin recursos, estrategia y plan sería incapaz de afrontar la tormenta perfecta que se aproxima.

2017 concluirá con 2 % de crecimiento, 2018 con 1.8 % y 2019 con 1.7 % (Banco Mundial). La deuda pública podría cerrar este año con 67.2 % del PIB (J.P. Morgan) –22 puntos por encima del máximo recomendable para pequeñas economías dolarizadas de bajo crecimiento– y acercarse al 75 % con la actualización de las cuentas nacionales.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) dijo que el Gobierno “no ha logrado ni logrará la meta que se propuso de crecimiento del 3 % del PIB para su Gobierno, que el gasto social se redujo 7.6 % en el último año y que el gobierno ha postergado el diálogo fiscal incluyente. Las restricciones fiscales le están pasando factura a la política social del gobierno”.

Del tamaño del hoyo fiscal es el ajuste requerido y el nuestro es considerable, aún más con proyecciones de crecimiento tan bajas. No hay pesadilla peor que una cirugía delicada sin anestesia, tan semejante a un ajuste severo sin recursos financieros. Y lo es por lo recesivo en la economía, por reducir tanto el nivel de vida de los pobres y de la clase media, y por sus efectos tan negativos en la gobernabilidad.

No hay escapatoria al ajuste que ya comenzó desordenadamente y con limitados recursos y que se profundizará en los próximos 3 años. Si hay acuerdo fiscal con la oposición y el Fondo Monetario Internacional, el ajuste de ingresos y gastos oscilará entre 3 y 4 % del PIB logrando el gobierno recursos para inyectarle liquidez a la economía y amortiguar el impacto. Si no hay acuerdo, el ajuste sería más radical y recesivo, acompañado de iliquidez, impagos, subidas adicionales de tasas de interés, y recortes aún mayores del gasto social y de la inversión pública.

Este último escenario es precisamente el que busca ARENA para capitalizar al máximo la debacle de los dos últimos dos años de gobierno del FMLN, profundizando la crisis económica, social y política. De ganar la presidencia en estas condiciones, ARENA enfrentaría la terrible pesadilla de levantar un país con exacerbada crisis generalizada, división y confrontación nacional.

En su columna la semana pasada, Sandra de Barraza afirma: “Lo que han logrado es su propia cosecha. A esta altura es imposible responsabilizar a la oposición de lo actuado… porque gobernar significa administrar el poder y para esto hay que negociar y negociar con estrategia” (LPG, “Quedan 24 meses”). Con algunas reservas, coincido con esta afirmación porque el Gobierno ha adolecido: 1. de una estrategia de crecimiento económico y de sostenibilidad fiscal, imperando un manejo de caja hace tiempo agotado; 2. de una estrategia consistente de negociación con ARENA y el sector privado, cuyo diseño y ejecución recaería en el secretario técnico y en nuevos titulares de las carteras involucradas. La responsabilidad última no recae en el ministro de Hacienda con más de dos años expresando su deseo de irse, sino en el presidente de la República que lo ha sostenido a pesar de la oposición de sus más cercanos colaboradores en el gobierno, en la Asamblea Legislativa y en el partido.

Salvador Samayoa, uno de los amigos del presidente y de varios de sus colaboradores, lo dijo la semana pasada: “Para terminar el quinquenio con mejores resultados y mayor sentido de concordia y de unidad nacional, habría que hacer cambios importantes en el equipo de gobierno, y habría que llegar muy pronto a un acuerdo fiscal que le dé oxígeno y estabilidad al gobierno a la vez que desmonte o alivie las ansiedades y desconfianza de otros sectores. Lo más necesario en este momento es la confianza para dinamizar la inversión, el crecimiento y el empleo” (EDH). Y la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) subrayó: “Considerando la proximidad de los compromisos de pago del Gobierno ante distintos acreedores, el deterioro de la calificación de riesgo país y la importancia de que dichos compromisos se cumplan para evitar las graves consecuencias, incluidas el deterioro económico y el empleo, que provocaría un segundo impago, enfatizamos la importancia de que a la brevedad se logren acuerdos políticos…”.

Como si esta tormenta no fuera suficiente, el gobierno de los Estados Unidos anunció su intención de finalizar el Estatus de Protección Temporal que ahora protege a 190 mil compatriotas que allí residen y trabajan. Está considerando, además, un impuesto de 2 % a las remesas y una reducción de 40 % a la cooperación de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, sin hablar del repudio republicano y demócrata y de eventuales recortes adicionales a El Salvador por su alianza con la dictadura chavista.

Nuestra pequeña nación dividida, sin recursos, estrategia y plan sería incapaz de afrontar la tormenta perfecta que se aproxima. ¡Despertemos!

«El FMLN es irresponsable con la administración de los recursos”: Javier Simán

Javier Simán lidera al principal sector productor y exportador del país y lamenta los obstáculos que se mantienen como la burocracia y la tramitología.

María José Saavedra, 25 abril 2017 / LPG

La industria es el sector que más empleo genera en el tejido productivo salvadoreño, con una planilla de 170,000 colaboradores, pero además es el responsable de casi el 100 % de las exportaciones del país. Por eso cada año la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) elabora un ranking para reconocer, por rama, a las empresas que dieron el extra para hacer crecer las ventas al exterior. En vísperas de esta celebración a las empresas exportadoras, el presidente de la gremial, Javier Simán, compartió el panorama comercial, así como los obstáculos que siguen minando a los productores, como la tramitología y la burocracia. A escala económica y fiscal, Simán reprocha el trabajo de la administración actual y señala que poco o nada han hecho por mantener en equilibrio las finanzas públicas que ya navegan por las aguas turbias de un “impago selectivo”.

Desde 2010, las exportaciones han mostrado altos y bajos en su tendencia, sin sobrepasar los $5,500 millones, y de estas el 96 % son industriales, nadie mejor que ustedes para explicar por qué no crecen las exportaciones.

El 96.4 % del total de las exportaciones son industriales, para ser exactos. Nosotros crecimos 4 % en 2015, el año pasado bajamos 2.7 %. Nicaragua nos está alcanzando poco a poco, está creciendo y nosotros nos estamos estancando. Parte de esa variabilidad se debe a que la mayoría de las exportaciones son industriales y los precios de nuestros productos dependen de los precios de las materias primas que compramos. Por ejemplo, el

50 % de las exportaciones son textiles y confección; entonces, si sube el algodón, sube el precio de las prendas que exportamos, no quiere decir que ganamos más, quiere decir que nos cuesta más caro y vendemos más caro. De repente baja el costo del algodón y facturamos más barato. El Gobierno a veces se entusiasma y dice: “Crecimos en las exportaciones”, pero en realidad hay que ver el volumen. Pero obviamente las exportaciones no están creciendo. Nosotros deberíamos tener una tendencia de crecimiento al venderle 48 % de las exportaciones a Estados Unidos y el 42 % a Centroamérica. Si nosotros estamos exportando a estos países que crecen, deberíamos estar creciendo en las exportaciones. Pero el principal problema es la incertidumbre política, ese es el tema que no genera confianza. Los inversionistas no van a invertir en un país donde no están claras las reglas. Mire Nicaragua, en los últimos siete años ha crecido 33.7 %, y nosotros solo hemos crecido 13.4 %; y Nicaragua es un gobierno de ideología de izquierda igual que el nuestro, o sea que no es un tema de ideología, es un tema de qué actitud tienen los gobiernos.

En 2011 se lanzó la política industrial, ¿para qué sirvió, quedó algo de eso?

No se ha avanzado. Esa era la tercera política industrial. Ya había dos antes de esa, pero a la hora de las horas no se ha implementado nada, está estancada. Luego vino la Ley de Fomento a la Productividad, se ha formado un consejo y solo tuvimos una reunión, así que no hemos avanzado mucho.

En 2014 se asignó al comisionado para la inversión, ¿cuánto ha mejorado la tramitología para hacer negocios en el país desde entonces?

Se nombró al vicepresidende (Óscar Ortiz) como comisionado presidencial y en algún momento teníamos reuniones frecuentes con él para tocar los temas de los obstáculos a la competitividad. Después se conformó la famosa mesa de diálogo entre el Gobierno y la ANEP, y en esa mesa es donde se iban a tocar todos esos temas. Pero desde octubre del año pasado no hemos vuelto a reunirnos en esa mesa, o sea que ya perdió el impulso que llevaba. Nosotros por supuesto estamos en la disposición de continuar, pero sentimos que del lado del Gobierno ya no hay ese interés en empujar.

¿El tema de la tramitología y burocracia sigue igual?

Se ha complicado, está peor, principalmente en el tema de aduanas. Hubo un cambio en la dirección de aduana y el nuevo director ha llegado con muchas arbitrariedades y eso está entorpeciendo mucho el comercio. Nosotros hemos sido bien claros de que facilitación del comercio no quiere decir facilitar contrabando, no hay que sacrificar la recaudación fiscal ni el control aduanero con ser ágil. Pero de ninguna manera estamos sugiriendo que aflojen las medidas de control, todo lo contrario. El contrabando al que más afecta es a la industria local. Pero la falta de agilidad es lo que nos está matando, hay productos perecederos que vienen de Guatemala que se pierden en la frontera porque pasan mucho tiempo allí.

Usted llegó en 2010 a la ASI. ¿Cuáles son los obstáculos que continúan desde ese entonces?

Algunos obstáculos los hemos sobrepasado, otros hemos aprendido a vivir con ellos. Recuerde que una medida fue quitar el “drawback”, que era el único incentivo, y se eliminó. Las empresas ahora tienen que competir sin esa ventaja, algunas lo están haciendo mejor que otras. Hemos tenido que aprender a ser competitivos. Pero el tema de la energía eléctrica, ¿recuerda que estaba en $0.22 y $0.23 el kilovatio y logramos que bajara a $0.09? Ya volvió a subir a $0.13, claro que es mejor que lo que pagábamos antes, pero pudiéramos estar en $0.08. Estamos mejor que 2010 en este aspecto, pero no como deberíamos estar. En el tema del precio de la energía creo que el trabajo conjunto con el Consejo Nacional de Energía ha dado buenos resultados. En la tramitología no. Cada día son más trámites, más permisos, mucha burocracia, mucha arbitrariedad que hay que pedir permiso por todo. Hemos visto una tendencia de que en los reglamentos exageran los requerimientos cuando la ley no lo exige. Por eso los resultados que verá en el ranking son la respuesta del esfuerzo de los empresarios y sus trabajadores, porque de parte del Gobierno cada vez son más los obstáculos.

Para 2014, la industria había invertido $2,300 millones, una cifra alta. En medio de todo, ¿cuáles son las ventajas de invertir en El Salvador?

La industria desde 2009 ya lleva invertidos $3,762 millones, pero en maquinaria y equipo, no son plantas nuevas; y eso es principalmente para mantenerse a la vanguardia y poder ser más competitiva. No es que estemos invirtiendo en ampliaciones ni nada de eso. Esto demuestra que la industria salvadoreña está en el país y se va a quedar independientemente del gobierno que tengamos, porque los gobiernos van y vienen, pero la industria es a largo plazo.

En los premios ASI de 2014 empezaba el Gobierno actual y en su discurso usted dijo lo siguiente: “Estamos convencidos de que el Gobierno y sector privado no podemos caminar por rumbos opuestos… Dialogar por dialogar solo sirve a los que quieren aparentar”. ¿Tres años después qué opina?

Mantengo lo que dije. Cítelo otra vez, porque en realidad el Gobierno habla de mesas de diálogo, pero él ya lo abandonó, no hemos sido nosotros. El Gobierno es el que ha dejado de participar en las mesas de diálogo con el sector privado. Por eso más que hablar de diálogo, nos gusta hablar de debate… de diálogo ya hay demasiado. Parece que no hay voluntad sincera de trabajar con nosotros porque se sientan, pero al mismo tiempo nos están atacando de evasores, de contrabandistas, que somos corruptos, y nosotros no somos partido político, que se peleen con ARENA, pero no con nosotros, porque somos los generadores de esas oportunidades de trabajo.

A escala económica, ¿cuáles son las perspectivas para el país?

Nosotros vemos grandes oportunidades que se están desaprovechando. Imagínese: Estados Unidos es el 48 % de las exportaciones y esa economía está creciendo fuerte y lo que nosotros les exportamos solo representa el 0.5 %, o sea que podríamos exportar lo que queramos bajo CAFTA. Pero no hay un clima de confianza. Los inversionistas cuando ven ese problema del impago creen que el país va a entrar en crisis, creen que van a sacarlos.

Sobre la crisis fiscal, ¿cómo observa el clima político para resolver esta situación en medio de una gran polarización? En la parte contable se hizo una reforma fiscal, se ha aumentado la deuda, se han quitado los subsidios y ya se cayó en impago selectivo, ¿cuál es el talón de Aquiles?

Desde el punto de vista político no creo que sea polarización. El FMLN no ha cumplido los compromisos que adquirió en las negociaciones anteriores, entonces hoy no hay voluntad de los otros partidos de concederle más deuda. Yo no creo que sea polarización política, es que el FMLN es irresponsable con la administración de los recursos, sigue gastando, sigue endeudándose, sigue contratando plazas. El gobierno del FMLN no ha cumplido nada hasta ahora. Es lógico que los partidos difícilmente le van a dar el apoyo cuando no han cumplido. En mi opinión, nunca se debe de romper el diálogo, los partidos deben de sentarse. ARENA debe de mantener un diálogo abierto pensando ambos en el paso y no en las elecciones. El haber fallado un pago nos baja de categoría como país. Desde el punto de vista contable, este gobierno es el que más recursos ha tenido con más recaudación y más endeudamiento. La pregunta que hacemos es ¿en qué se han gastado el pisto? Cómo es posible que incumplan un pago que desde hace tiempo sabían que tenían que hacer y que ni siquiera estaba en el presupuesto.

Vienen tiempos electorales y eso mueve las aguas. Pero es claro que quien reciba el país no tendrá la situación fácil sea el partido que sea. ¿Usted quisiera asumir ese reto?

Sí, hay rumores, sí se nos ha acercado más que todo de las universidades, el sector académico, empresarial, más que todo sociedad civil, no de partido político, nadie de ARENA se me ha acercado. Yo no estoy en ningún partido político. Ahorita es muy prematuro para hablar de candidaturas presidenciales cuando tenemos a la vuelta de 11 meses elecciones de diputados y alcaldes, que es la elección más importante. Lanzo un llamado a todos los ciudadanos que esto no es cuestión de los actores políticos, esto es de todos los salvadoreños que debemos elegir diputados y alcaldes idóneos. Hoy por hoy, seguimos trabajando con la responsabilidad que tenemos desde la ASI. Pero sí no deja de halagarnos que algunos nos mencionan. Nadie tiene que pensar en una candidatura con una ambición personal, se tiene que pensar en qué es lo mejor para el país. Yo, si lo hiciera, sería solo por mis hijas, por dejarles un mejor país.

Crisis fiscal y presupuesto para bobos. De Paolo Luers

Negar sus votos en caso que el gobierno no está dispuesto a corregir el presupuesto no es sabotaje. Es el ejercicio de un derecho y deber constitucional.

Paolo Luers, 17 abril 2017 / EDH-Observadores

Luego de vacaciones, regresamos a lo mismo. Nuevamente vamos a escuchar tanto a los mal intencionados como a los sabios ingenuos exhortando ambos, gobierno y oposición, por igual a dejar de ser necios y a bloquear la solución al problema fiscal. Pongamos las cosas claras: Necio es quien no tiene razón y sigue insistiendo. Pero los que tienen razón y sostienen su posición, no son necios, son coherentes.

El gobierno tenía la oportunidad (y el deber) de poner todas las cartas sobre la mesa y presentar un presupuesto general de la nación completo, incluyendo todas las obligaciones del Estado y todos los gastos necesarios para cumplir su plan de gobierno. Pero el gobierno no lo hizo, porque entonces, su presupuesto hubiera tenido un déficit de unos 2000 millones de dólares. El gobierno hubiera tenido que ir a la Asamblea y negociar con ARENA el financiamiento de este presupuesto. En esta negociación, el gobierno hubiera pedido financiarlo con préstamos, y la oposición hubiera exigido enfrentar buena parte del déficit con recortes de gastos. No pongamos todo en el mismo saco: Una posición es necia, la otra es necesaria.

La Constitución manda que un presupuesto que incluye préstamos necesita mayoría calificada de la Asamblea. Esto significa que el gobierno está obligado a presentar un presupuesto y un plan de financiarlo aceptables para 56 diputados. Si un gobierno quiere deshacerse de esta obligación, tiene que ganar en elecciones parlamentarias una mayoría calificada de 56 votos que se lo permita. Mientras esta mayoría no exista, el gobierno está obligado a presentar un presupuesto aceptable para sus adversarios. No sé cual parte de esta regla simple el gobierno y muchos “sabios” no entienden

El FMLN no dispone de una mayoría para aprobar préstamos sin aprobación de la oposición. Pero tampoco quiere negociar su presupuesto con la oposición. Prefiere extorsionar y enganchar a los partidos minoritarios para alcanzar mayoría simple (de 43 votos) para aprobar un presupuesto incompleto – o sea, desaparecer el déficit omitiendo algunos rubros. En esta ficción el presupuesto parece equilibrado y financiado.

Pero estas mentiras siempre tienen patas cortas. Las obligaciones de pagar pensiones a los militares, de cancelar préstamos hechos al fondo de pensiones, de pasar el FODES a las alcaldías, no desaparecen por arte de magia. Las pueden desaparecer en el papel donde se imprime el presupuesto, pero no en la realidad. Por tanto, ahora que tienen encima estas obligaciones perfectamente previsibles, piden a la Asamblea que les autorice los préstamos que desaparecieron a la hora de presentar el presupuesto.

Por supuesto ARENA dice que no. Serían bobos si aceptaran esta extorsión. El gobierno, de manera fraudulenta, se hizo de un presupuesto que todo el mundo sabía que no reflejaba los gastos reales. Hoy echan la culpa a la oposición y le exigen que retrospectivamente les aprueben los préstamos necesarios para cubrir el déficit, con el argumento extorsionista que si ARENA les niega sus votos, afecta a la población. Este chantaje no extraña, es parte del populismo del FMLN. Pero sí extraña que analistas independientes les compren este relato y presionan por igual a gobierno y oposición.

Entonces, ahora está en la agenda lo que hubiera tenido que discutirse antes de aprobar el presupuesto: ¿Cómo financiarlo, con préstamos o con recortes, o con qué combinación de ambos? Y el gobierno tiene que enfrentar este debate y hacer concesiones, porque así lo demanda la Constitución: Para financiar un presupuesto con deuda necesitan mayoría calificada, y no la tienen sin los votos de ARENA.

Negar sus votos en caso que el gobierno no está dispuesto a corregir el presupuesto no es sabotaje. Es el ejercicio de un derecho y deber constitucional.

El que tiene que ceder es el gobierno. Tiene que aceptar que el presupuesto que con ayuda de sus aliados aprobó, es incompleto y desfinanciado. ARENA no se va a negar categóricamente a cubrir una parte del déficit presupuestario con deuda. Lo que sí tiene que rechazar es la idea de aprobar más deuda mientras el gobierno no acepte negociar el ajuste necesario para reducir gastos.

La versión de que aquí hay dos actores que por falta de voluntad de ponerse de acuerdo hunden al país en una crisis de impago, sólo sirve para quitarle presión al gobierno y pasarla a la oposición, debilitando la posición correcta de hacer valer el mandato constitucional de un presupuesto nacional equilibrado y financiado. No confundamos la necedad del gobierno, que a cualquier costo quiere seguir adelante con sus políticas populistas-electorales, con la necesaria oposición contra un presupuesto inconstitucional, que de todos modos le cuesta tanto asumir a ARENA.

“Cuando a una economía se le cierra toda fuente de financiamiento, debe hacer recortes masivos de gastos”: Carmen Aída Lazo

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios de la ESEN, cree que el gobierno se verá obligado a sentarse con Arena a buscar una salida a la crisis fiscal, a más tardar a mediados de año. De otra forma, no podrá hacer frente a sus compromisos de pagos. Lazo analiza la propuesta del FMI de hacer recortes de gastos por casi mil millones de dólares en un plazo de tres años, y advierte que si el ajuste no se hace de forma premeditada y con conocimiento de los costos y beneficios que trae, el país se ajustaría por la fuerza, con un previsible gran impacto en empleo y remuneraciones estatales, en el monto de las pensiones y en los servicios de Salud y Educación. Recordemos la crisis de Grecia, sugiere.

Carmen Aída Lazo advierte que el gobierno tiene una ventana de oportunidad de menos de dos años para llevar a cabo ajustes para disminuir los gastos que deben financiarse con la emisión de deuda. Foto El Faro: Víctor Peña. Foto El Faro: Víctor Peña

Jimmy Alvarado, 3 abril 2017 / EL FARO

El gobierno de El Salvador tiene dos caminos: una es que impulse desde ya un doloroso ajuste de unos mil millones de dólares que se aplicaría en 2017, 2018 y 2019, o ignora las señales de alarma y entonces el país se ajustará por sí solo y a la fuerza en un escenario de «ajuste desordenado», donde es previsible que el gasto social sufra un impacto directo.

Esa es la conclusión de la economista Carmen Aída Lazp, decana de la Escuela Superior de Economía y Negocios, en esta entrevista en que advierte que el tiempo para tomar las decisiones adecuadas se agota. La proximidad de dos elecciones nacionales es uno de los factores que obligan a iniciar en cuestión de meses un proceso que lleve en paralelo un recorte de gastos estatales y otro de incremento de ingresos. Evidentemente, dice, es mejor encarar un proceso con costos y beneficios conocidos, que uno como el de la crisis de Grecia, en el que la economía se contrae y los salarios y las pensiones se recortan drásticamente.

La situación es esta: el gobierno está cerca de topar la tarjeta de crédito y las obligaciones del pago de la deuda no le dan margen de maniobra para impulsar políticas de redistribución. Lazo analiza la propuesta que en 2016 hizo a El Salvador el Fondo Monetario Internacional, que pide a El Salvador que ajuste gastos en un 3.5 % del PIB. El FMI presentó un menú de opciones de recorte que incluye, entre otros, la reducción de salarios en el sector estatal. La economista de la ESEN no necesariamente está de acuerdo con que se ejecute esa medida, pero advierte que lo peor será no hacer nada.

Por ahora, la deuda de corto plazo que el gobierno tiene pendiente de honrar en favor de quienes adquieren letras del tesoro (Letes) suma un poco más de los 700 millones de dólares. Teóricamente, el tope de deuda por Letes es de mil 300 millones de dólares, dice Lazo, pero el mercado es el que impone la relidad, y el tope realista es de 900 millones. Más allá de eso, los bancos internacionales muestran poco interés en adquirirlas y, si lo hacen, requieren pagos de tasas demasiado altas. Esto, debido a los problemas de iliquidez que sufre el gobierno particularmente desde el año pasado.

Sobre la reforma de pensiones que se debate desde 2016, Lazo dice que ni la propuesta del gobierno ni la de las AFP le convence: carecen de una mención a la revisión tanto de la edad de retiro como de la tasa de cotización. Y eso dice, es insoslayable. Si no se cambia la edad de retiro y si no se aumenta la tasa de cotización, los futuros jubilados podrán recibir pensiones inferiores a un 30 % del último sueldo devengado.

Lazo se desempeñó como analista senior en el Ministerio de Economía, entre 2005 y 2009, es decir, durante el gobierno del presidente Antonio Saca. Tiene una maestría en macroeconomía en la Universidad Pontificia de Chile y otra en administración pública en Harvard University y fue una de las coordinadoras en 2009 del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Justo la administración Saca estuvo marcada por un incremento significativo en los subsidios estatales, sobre los cuales Lazo tiene grandes reparos. Comienza por recordar que los subsidios cuestan al Estado unos 500 millones de dólares al año y que no están focalizados. Añade que el gobierno gasta tres veces más en subsidios no focalizados que en los programas sociales como el vaso de leche, que sí tienen un blanco poblacional preciso. «Hemos gastado un Fomilenio al año en subsidios, sin tener claridad del impacto que han tenido».

Carmen Aída Lazo advierte que el gobierno tiene una ventana de oportunidad de menos de dos años para llevar a cabo ajustes para disminuir los gastos que deben financiarse con la emisión de deuda. Foto El Faro: Víctor Peña. Foto El Faro: Víctor Peña

El gobierno cerró 2017 -según una presentación de enero de 2017 del ministro de Hacienda Carlos Cáceres ante los diputados- con un déficit fiscal de 3.1 % del PIB (863.6 millones de dólares). Según Lazo, la propuesta del FMI, que incluye subir dos puntos al IVA (del 13 al 15 %), crear un impuesto al patrimonio y uno a las pensiones altas, es balanceada. Recomienda aprovechar lo que resta de la administración Sánchez Cerén para llevarla a cabo, porque la receta puede evitar una crisis mayor cuyo momento de inicio dice es difícil precisar. Pero esa crisis mayor puede suponer un impacto en las áreas de salud y educación.

En términos de volumen, el ingrediente principal de la receta del FMI consiste en recortar alrededor de 1.4 % las remuneraciones del gobierno. Según el análisis de Lazo, es en las remuneraciones del gobierno donde el FMI ve el principal problema del agujero en el presupuesto que no logra cubrirse y la propuesta implica congelar de forma gradual en tres años los niveles salariales. Un recorte de 1.4 % del PIB en remuneraciones este año equivaldría a quitar 392 millones de dólares de los salarios que paga el gobierno. Lazo considera que tiene sentido revisar este rubro y cita un estudio del FMI que muestra que El Salvador tiene el gasto en remuneraciones más alto en Centroamérica.

I) La tarjeta de crédito del gobierno ya casi está topada

¿Qué necesidades no van a poder cubrirse con el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa para 2017?
El decreto mediante el que se aprobó el presupuesto establece que hacen falta 230 millones de dólares para pagar al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y 52 millones para pagar pensiones del IPSFA. Los subsidios a la energía eléctrica están fuera del presupuesto y, en el decreto, le piden a la CEL que se haga cargo. Además, tenemos una sobrestimación de ingresos: el gobierno dice que los ingresos van a subir 300 millones de dólares y es difícil que suba ese monto. El año pasado subieron apenas ciento y pico millones.

El año pasado el gobierno pretendía emitir mil 200 millones de dólares en nueva deuda para salir del peligro del impago, pero solo fue autorizado para emitir bonos por 550 millones de dólares, de los cuales más de la mitad serán para pagar deuda de corto plazo. Hay quienes estiman que en julio tenga que volver a sentarse con el partido Arena para lograr autorización para emitir más bonos y pagar otra parte de la deuda de corto plazo.
Es bien difícil dar con precisión una fecha de cuándo se va a necesitar. No tengo la información clara de los flujos que permita decir en qué momento, pero he escuchado lo mismo de personas que tienen más información debido a que este año se parece demasiado al año pasado en presupuesto. Esperaría que en junio haya otra negociación, pero no se puede afirmar con total certeza. Y sí, parte de la emisión de 550 millones fue usada para pagar parte de las letras del tesoro (Letes).

¿De cuánto es el tope de la tarjeta de crédito del gobierno en Letes para poder sufragar gastos no incluidos en el presupuesto?
El máximo que el país puede endeudarse teóricamente en Letes, por cómo quedó el presupuesto, es de unos mil 300 millones de dólares. El gobierno podría pensar en usar esa vía de financiamiento y así evitar tener que estar negociando. Obviamente el uso de ese mecanismo de financiamiento de corto plazo va a depender de la disponibilidad que tienen los bancos, pero a mi entender, los bancos internacionales pueden mostrarse reacios a seguir tomando Letes. En la medida en que exista o no exista ese mecanismo, puede cambiar el escenario de junio.

¿Por qué pueden mostrarse reacios a comprar Letes los bancos?
Por el escenario que ha ocurrido recientemente y que es tan conocido en el extranjero el tema fiscal… Preveo que algunos bancos van a ser más cautelosos que en el pasado para volver a prestar, aunque obviamente el gobierno tiene sus mecanismos para inducir a que los agentes económicos tomen las Letes.

De los 550 millones de dólares en bonos emitidos en febrero de este año, alrededor de 300 millones permitieron bajar la deuda de Letes a poco más de 700 millones, y el gobierno aún intenta colocar otros 600 millones de dólares en Letes, si los bancos mantienen su interés en comprarlas.
Eso es como en teoría, porque eso es como un tope. Pero lo que pasa en el mercado es que históricamente después de los 900 millones empieza a exigir mayor tasa de interés, porque se alcanza el tope natural de las Letes. Está ese tope legal de 1,300 millones de dólares y está un tope natural de 900 millones o de mil millones de dólares. Hemos visto que, por encima de los 900 o de los mil millones, el mercado se pone nervioso y comienza a exigir una tasa de interés alta. Ahorita la tasa para las Letes está arriba del 6 % y es ahí Hacienda comienza a decir que no puede pagar una tasa de interés tan alta.

¿A qué se debe que superar los 900 millones en Letes la presión sobre el gobierno aumenta?
Es que en la medida en que el gobierno comienza a aumentar ese saldo, debe pagar mayores tasas de interés, que representa un costo fiscal y se ha visto que encima de los 900 millones el mercado comienza a exigir mayor tasa de interés, y muy pocos compran o nadie participa. Eso es una observación empírica.

También ha ido aumentando la tasa que El Salvador debe pagar por los bonos. ¿En qué momento las tasas de interés que deba pagar el gobierno se vuelven tan altas que ya no le es atractivo conseguir recursos emitiendo estos títulos?
Hay dos posturas en relación con la colocación reciente de los bonos al 8.6 %. Por parte del gobierno, dicen: «Colocamos y hubo bastante demanda». La otra perspectiva es la de muchos analistas que concluyen que la emisión fue muy cara, sobre todo si se observa el comportamiento de otros países. Escuchaba que por haber colocado a esa tasa El Salvador va a tener que pagar 50 millones más al año, en servicio de la deuda, dinero que hubiera podido gastar si lo hubiera colocado a una tasa menor. El gobierno habría podido colocar a una tasa menor si tuviera un acuerdo con el Fondo Monetario que le permitiera tener acceso a recursos precautorios, lo cual no se tiene actualmente. Obviamente un gobierno en la medida en que necesite fondos los tendrá que buscar aunque sea caro, pero lo que sucede es que el pago del servicio de la deuda como porcentaje de los gastos del gobierno se vuelve más grande.

¿Y cuándo puede ya no ser conveniente conseguir recursos por medio de la emisión de bonos?
Si no se hace ningún ajuste, si seguimos en la inercia que hemos seguido, estaríamos llegando en el 2020 a una deuda en relación al PIB del 73 %. Es un incremento sustancial si uno considera que a mediados de los años 2000 estábamos en una deuda del 40 % o del 45 %. Ahorita estamos a niveles equivalentes a los que teníamos al salir de la guerra. Si seguimos el mismo patrón, se espera que lleguemos a un 73 % y la situación va a ser más difícil de manejar.

II) Menos de dos años para prevenir el sacrificio del gasto social

La economista Carmen Aída Lazo explica que las dos medidas principales que propone el Fondo Monetario Internacional para lograr detener el ritmo de endeudamiento del gobierno pasan por hacer un recorte en las remuneraciones del gobierno y en aumentar dos puntos del IVA. Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017

¿Qué opina usted de la propuesta del FMI para detener esta espiral de deuda?
El Fondo Monetario hizo una publicación muy dura en el artículo IV de Consulta. Dice que para evitar esa espiral de deuda el país debería hacer un ajuste en tres años de alrededor del 3 % del PIB. Es un ajuste que tendría costos, pero si se hace ordenado permitiría reestabilizar el rumbo de la deuda y que no haya incrementos.

Una de las medidas que propone el FMI es revisar los salarios de los empleados del gobierno.
Sí. Sobre las remuneraciones del gobierno, el FMI calcula que si trabajamos bien ese tema, dadas las conocidas distorsiones, podríamos ahorrar 1.4 % del PIB. Es decir casi la mitad del ajuste que considera necesario.

Para el año 2017 eso supondría un recorte de unos 392 millones de dólares en remuneraciones. ¿Es esa la medida más importante que propone el FMI para estabilizar la situación?
Correcto. Además, el FMI proyecta un escenario hasta 2021 en el cual no habría cambios. ¿Cuál sería ese escenario? Los salarios en 2012 fueron de 2 mil 5 millones de dólares. Este año la previsión es de 2 mil 648 millones de dólares. Es un gasto considerable y uno diría, bueno, a lo mejor es necesario aumentar salarios, pero lo que pasa es que en otro estudio el FMI compara el nivel salarial de El Salvador y resulta que el gobierno gasta el 9.2 % del PIB en salarios del sector público, mientras que el promedio de los países de la región es de 7.5 % del PIB.

¿Y eso es porque El Salvador tiene un Estado proporcionalmente más grande que el resto de países de la región o porque El Salvador paga un promedio mayor de salarios en el sector público?
Se debe tanto a la existencia de salarios altos -el FMI en otro estudio encontró evidencia de un «premio» relativo a sector privado- así como al aumento en el número de plazas.

¿Qué implica hacer un ajuste en remuneraciones de los empleados del gobierno?
No es que el FMI esté diciendo, a mi entender, que se reduzcan plazas. Está pidiendo que se congelen los niveles salariales, porque son sustancialmente mayores a los del sector privado para plazas equivalentes. En la medida en que se congelen los niveles salariales, se van a ir reduciendo como porcentaje del PIB. Mi valoración es que el FMI ha hecho recomendaciones bastante balanceadas, que tienen elementos duros, pero también incorpora otros para mejorar el elemento redistributivo.

¿Esos elementos redistributivos son ayudas directas por medio de bonos o subsidios, o se refiere a la prestación de servicios del Estado en áreas como educación o salud?
El FMI no especifica cuáles exactamente son, pero podrían ser transferencias a población más vulnerable, por ejemplo vía Comunidades Solidarias.

El FMI en su receta también propone que un tercio del ajuste del 3.5 % del PIB que pide se cubra con el aumento de dos puntos al IVA, y entonces todos los salvadoreños, incluidos los más pobres, cubrirían esa parte.
Sí. El FMI se ha cuidado de que no se vea como una receta. Por eso ponen menú potencial de medidas. La bondad del IVA es que es fácil de recaudar, aparte de que es un impuesto ya establecido. Los organismos como el FMI tienen una preferencia por estos impuestos porque distorsionan menos la economía, pero es un impuesto regresivo porque a quienes tienen menores ingresos les consume un mayor porcentaje de su presupuesto y pueden ahorrar menos. Un aumento al IVA golpearía a alguien con menores posibilidades de ahorro. Pero es fácil de recaudar y no hace más compleja la administración tributaria. Siempre estará en un menú, porque aunque a los políticos no les guste, es un impuesto que recauda. El debate debería enfocarse en el tema de la justicia en el lado tributario y en la focalización del gasto. Por ese lado están las posibilidades de redistribuir: educación de calidad y acceso a servicios.

¿Cómo debemos interpretar que apenas se acaba de hacer el aumento al salario mínimo y ya están pensando en la posibilidad de un incremento al IVA?
Bueno, el salario mínimo beneficia a un grupo, pero deja fuera a todas las personas que no tienen un empleo formal. Y toda la población va a ver que los precios de las cosas aumentan un 2 %, con lo que yo esperaría un aumento generalizado de precios de esa magnitud: del 2 %. En general, el país ha estado con inflaciones bien bajas, y subir el IVA es un aumento de precios. El año pasado El Salvador tuvo deflación, pues los precios cayeron 0.9 %. El aumento al IVA frenaría un poco la actividad económica, y por eso puede tener efectos en el empleo, pero hay que tomar en cuenta que estamos en un contexto de baja inflación. Quizá eso pueda ayudar a que no haya una impresión de un impacto importante en los precios, porque venimos de un proceso de inflación sumamente bajo. Va a afectar a los hogares.

¿Y tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral ve viable que los diputados asuman el costo político de aumentar el IVA?
Obviamente hay que admitirlo: la ventana de oportunidad es bastante corta. Vamos a empezar campaña. Considero que ahorita que ha habido un reconocimiento del gobierno sobre la necesidad del ajuste, hay que darle su mérito al gobierno. Nunca es fácil para nadie reconocerlo. No soy política y no sé si van a aprovechar esta ventana de oportunidad.

¿Es una ventana de dos años o de cuánto?
Menos. Es antes de que inicie la campaña para la elección del próximo año. La gente habla de cuatro meses para obtener un acuerdo político. Para que estas medidas pasen, deben ir con apoyo político. La gente debe entender la alternativa. Si no se hace el ajuste, el país se va a ajustar.  Sí o sí. La pregunta es: ¿lo queremos hacer ahora y lo queremos hacer conociendo los costos y los beneficios, o queremos hacerlo de forma desordenada? La población va a pagar los costos de los ajustes que no se hicieron en el pasado de una u otra forma.

Usted dice que el ajuste sucederá, lo queramos o no. ¿Qué implica que las cosas sigan igual y que el gobierno no haga el ajuste y que, por lo tanto, sea el país el que se ajuste?
Recuerde que al estar en una economía dolarizada tenemos menores márgenes de maniobra. La política fiscal viene a ser el principal brazo de la política económica. Veamos como ejemplo el caso de Grecia. Es un referente por ser un caso reciente y porque se trató de un país sin moneda propia, como El Salvador. Uno ve que cuando una economía entra en default y se le cierran todos los chorros de financiamiento, debe hacer recortes masivos de gastos. En primera línea, van los gastos sociales. Eso se ve en países que han vivido una crisis. Nosotros no la hemos visto. En una crisis se ven caídas del PIB del 15 %. El desempleo de los jóvenes sube del 25 % al 40 % y no es una situación de corto plazo. Grecia ahorita está con niveles casi de precrisis. Ocurre que en las crisis el sistema de pagos de la economía se cierra y eso no lo hemos visto todavía. Lo podemos evitar si hacemos los ajustes necesarios, pero si no los hacemos, podemos llegar a ese punto en que la economía caiga en un impago.

Cuando habla de que el gasto social va en primera línea, ¿implica, por ejemplo, no pagar pensiones?
Las pensiones se reducen sustancialmente. Eso pasó en Grecia. Hace un recorte del gasto salarial en la administración pública. Eso se llama el ajuste desordenado. Es del lado del gasto. Los gastos más vulnerables son los gastos sociales. El Estado sigue pagando su deuda, porque no puede salirse de los mercados.

Un gobierno no puede decir que deja de pagar la deuda. ¿Usted dice que sigue asumiendo el compromiso recortando gastos en educación, salud, en pensiones, etcétera?
Sí. En el gasto en salarios se pasa a un esquema de recorte de personal. Es eso o sacrificar otras cosas. Estamos en un muy buen momento para hacer el ajuste. Es complicado de asimilar para la población. El ministro de Hacienda ha hablado del subsidio al transporte, que es un subsidio complicadísimo, al igual que el de la energía. Están hablando del tema salarial. Un impuesto a la propiedad recaudaría 0.6 % del PIB. No es un impuesto de gran recaudación, pero el FMI lo toma como parte de su propuesta. Este año, el gobierno metió un ahorro en bienes y servicios del 17 %. Ahí es importante que no se sacrifiquen bienes y servicios esenciales, como medicamentos, pero ahí también van otros temas como la publicidad.  Hay otras medidas en la propuesta del FMI: por ejemplo, focalizar los subsidios, que permitirían agregar al ajuste un 0.4 % del PIB. Lo estamos comenzando a ver, pero todavía no podemos decir que se va a alcanzar las metas. Tampoco hay un decreto de austeridad, aunque lo estamos comenzando a escuchar. La revisión de los salarios del gobierno la estamos comenzando a escuchar de forma tímida. Todavía en el presupuesto de este año hubo un aumento en relación al presupuesto de 2016 de 60 millones de dólares en salarios del sector público. El FMI también propone poner impuestos a las pensiones altas.

¿Es un impuesto a las pensiones de los cotizantes del ISSS y del INPEP que pasaron voluntariamente a las AFP?
Cabal, a los optados. Es un grupo que recibe una pensión que no está acorde a lo que ellos ahorraron. Es un tema complicadísimo, pero en ese grupo hay pensiones sumamente altas. Hay leyendas urbanas de pensiones de 8 mil dólares. Están pagadas con los impuestos de todos. Incluso con los impuestos de las personas que nunca van a recibir una pensión: la mayoría de salvadoreños que están en la informalidad. El FMI propone impuestos a esas pensiones que no están acorde al aporte que hicieron esas personas. Aunque he escuchado que es inconstitucional poner impuestos a la seguridad social…

III) La CEL ya no puede pagar el subsidio a la electricidad

Durante la presidencia Saca comenzó el que ahora es un grave problema de los subsidios.
La administración Saca instaura los subsidios en la magnitud grande. Ya había un subsidio al gas antes de la administración Saca, pero era de 40 millones de dólares. Este subsidio durante la administración Saca llega a ser de 140 millones, porque el precio del petróleo y del gas se va altísimo. Usted pagaba lo mismo que antes, pero el Estado absorbía el resto. Algunos subsidios regresaron como el del transporte público, que retorna porque el precio del diésel subió.

Nicolás Salume hijo dijo, cuando era presidente de la CEL en la administración Saca, que cargar a la institución con la responsabilidad de financiar el subsidio a la electricidad podía llevarla a la quiebra. Este año se proyecta recortes de subsidios sí o sí. ¿Cuándo debieron comenzar los recortes para que no fueran abruptos los efectos de quitarlos?
Sí, hubo problemas en el pasado. El problema con los subsidios es que adolecen de dos errores: de inclusión y de exclusión. Los de inclusión consisten en que los subsidios los reciben hogares que no debieron haberlos recibido y los de exclusión se deben a que hay hogares que no los reciben y debieron haberlos recibido. Un error de inclusión fue que cuando se disparó el precio de los combustibles, aumentaron los subsidios. Eso fue durante la administración Saca. Suben los precios del petróleo a nivel internacional. Sube la presión en gas, energía y combustible. Todos ellos están atados al precio del petróleo. El presidente Saca dijo que iba a congelar la tarifa eléctrica. La congeló de 2008 hasta que él saliera. Pasó independientemente de que usted necesitara o no el subsidio. Cuando se congeló la tarifa, no pagaban lo que debían haber pagado. Esto es el acumulado de una historia de ese tipo.

El subsidio a la energía fue parte del problema.
Varios países cometieron el error que ante el incremento de los precios del petróleo implementaron subsidios a la energía. Esos subsidios son carísimos. Tienen el problema de que lo termina recibiendo un porcentaje de la población que no lo necesita. En El Salvador, un porcentaje importante de la población cocina con leña y no reciben el subsidio al gas porque cocinan con leña. Hace como 10 años, el Banco Mundial hizo un informe interesante que analizó los problemas de los subsidios. En este informe argumentaban el desmantelamiento de los subsidios por el lado de la energía. En el 2008, Fusades hizo un estudio conducido por argentinos, que concluyó que los subsidios con más errores eran el del gas y el del transporte. Como de los mejorcitos estaba el de la energía eléctrica de los hogares con 100 kilovatios hora. Es decir, que la historia de los subsidios inicia o tiene un período en el que no son tan importantes, pero a partir de la crisis del petróleo empiezan a darse estos subsidios que hoy le cuestan al gobierno hasta 500 millones de dólares al año. Los subsidios al gas, al transporte público, a la electricidad, son tres veces mayores que el monto de los programas sociales como el vaso de leche, paquetes agrícolas, paquetes escolares, PATI, etcétera, y estos últimos sí están focalizados.

¿Puede decirse que los programas sociales están mejor focalizados que los subsidios?
Creo que sí. De hecho, de algunos programas sociales hay evaluaciones, cosa que no hay para los subsidios. Si hay evidencia de que el programa llega al destinatario, es un programa que debe continuar. Por ejemplo, Comunidades Solidarias sí ha sido evaluado.

Este año quedó establecido que los subsidios a la energía los debe pagar la CEL y no están incluidos en el presupuesto de 2017.
Y la CEL no puede pagarlo. Tiene presiones fuertes de los bancos, como del KFW (un banco alemán). Quitarlos va a ser costoso para la familia. Debe analizarse académicamente para conocer bien el impacto. Como digo, hemos gastado un Fomilenio al año en subsidios sin tener claridad del impacto que han tenido.

Carmen Aída Lazo señala que la decisión de incrementar los subsidios a la energía sin llevar a cabo una focalización sobre quienes realmente lo necesitaban durante la administración del presidente Saca explica en gran medida por qué ahora el gobierno plantea que ya no puede seguirlos costeando. Foto El Faro: Víctor Peña

IV) Pensiones de un tercio del salario

Sobre el tema de pensiones, se viene diciendo desde hace mucho tiempo que es una bomba de tiempo. Las recomendaciones del FMI son incrementar la edad de jubilación y aumentar el porcentaje de cotización.
Mi opinión es que si se quiere arreglar a largo plazo el tema de las pensiones no hay otra salida: hay que entrarle a las medidas paramétricas. Se puede tener un mejor sistema y no importa que sea de reparto o privado. Eso es un tema que está sobredimensionado: ¿quién tiene el control de los recursos? Si el sistema sigue como está, va a tener una tasa de reemplazo –porcentaje del salario que se convertiría en pensión- del 30 %. Si subimos unos cinco años más la edad de retiro, podría ser del 40 %. El aumento de la edad de retiro impacta en los montos de las pensiones, aunque estamos claros que no todas las profesiones y ocupaciones tienen las condiciones para seguir trabajando hasta los 65 años… El Salvador tiene una de las edades más bajas de jubilación. Si me jubilo a los 55 años, mi esperanza de vida es de 30 años hasta que me muera. No hay forma de que mi ahorro me alcance.

¿Por qué dice que se ha sobredimensionado el debate sobre quién tiene el control del sistema?
Porque usted puede tener un sistema de reparto bien calibrado o uno individual que recibe lo que usted aportó. La ventaja del sistema privado era que te prometían que no iba a haber subsidios cruzados, sino que te iban a dar lo que ahorraste. Esa era la promesa. Iba a evitar presiones para no dar pensiones que no fueran iguales al aporte. Pero vienen los decretos 1217 y el 100 -estos decretos establecieron que los trabajadores que se pasaron del ISSS y del INPEP de forma voluntaria u obligatoria a una AFP iban a tener los mismos beneficios que si se quedaban en el antiguo sistema aunque no hubieran aportado cuotas de sus salarios equivalentes a las pensiones que iban a recibir- y pierde sentido el sistema de pensiones. A los optados les dicen que van a recibir un beneficio independientemente de lo aportado.

En la propuesta de pensiones del gobierno, el estudio actuarial que fundamenta las estimaciones no es público. En la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), que integran Fusades, ANEP y las AFP, no está claro de dónde provienen las cifras ni queda claro si hay un estudio actuarial que respalde que las promesas que hacen en su propuesta pueden cumplirse como, por ejemplo, que uno podría retirar un porcentaje de sus ahorros. ¿Cuál es su valoración sobre las dos propuestas de reforma de pensiones?
En ambos casos, si no tenemos información, es difícil emitir una opinión. Entiendo que la ICP tuvo acceso a la base de cotizantes. Entiendo que las estimaciones tienen alguna solidez que no puedo corroborar. Entiendo que les ayudó un consultor chileno a calibrar. Lo que no me gusta de las dos propuestas es que no abordan el tema paramétrico. Quedó ausente. Me pregunto sobre la sostenibilidad a largo plazo que puedan tener ambas.

¿Usted considera insoslayable que la reforma que venga –sea del gobierno o de la ICP- debe incluir que los cotizantes trabajen más años para poder jubilarse y que van a tener que aportar una mayor cuota de su salario al mes?
Sí. Es una conclusión. El sistema, para que sea sostenible va a tener que tocar un tema que no se ha tocado, que es el de los parámetros. El secretario técnico ya comenzó a hablar de la edad de retiro, y esa es una señal a la que hay que prestar atención. La propuesta de la ICP tiene su mérito: sí habla de que hay que tocar la tasa de cotización. La reforma del gobierno dice que hay una reducción de beneficios a los optados. Creo que hay que estudiar los componentes de ambas reformas. Se lo he dicho a los miembros de la ICP: no puede ser todo o nada. Es necesario valorar los componentes y hacer simulaciones. Si es un tema que lo desconocemos, con un spot no vamos a estar suficientemente informados. En otros países la edad de retiro está indexada a la esperanza de vida.

Yo he escuchado de especialistas en el tema que debemos ser pesimistas con la propuesta de reforma de pensiones que pase: los beneficios no van a ser ni la mitad del último salario que coticemos durante los últimos 10 años antes de jubilarnos.
Con suerte, con suerte, sería del 40 %. Las pensiones que tuvieron los del sistema de pensiones anterior (del ISSS y del INPEP) eran del 63 % y a veces del 100 %. Las nuevas generaciones, si no hay cambios paramétricos, es posible que tengan pensiones menores al 30 % del último salario. Así es.

¿No es un defecto de la propuesta del gobierno y de la ICP prometer mejores pensiones? Es decir, las condiciones no están dadas para que las pensiones sean las que los trabajadores idealizan y no creo que alguien idealice una pensión del 40 % de su salario?
Eso se los he dicho. Hay que revelar el verdadero costo intergeneracional de estas cosas. Por las decisiones que se tomaron en el pasado, esta generación de jóvenes sin que haya tenido una participación plena en las decisiones va a pagar los costos. Y bueno, en el contexto de polarización de este país las posturas se simplifican y los mensajes se tienden a empaquetar. No creo que sea algo malo o adrede de las partes, sino que quieren enviar un mensaje claro. En este mensaje, tanto el gobierno como la ICP simplifican y nosotros tenemos que escarbar para entender.

Muerte por negligencia. De Manuel Hinds

Y el gobierno debe asumir de una vez por todas su responsabilidad para con el pueblo, pasando por los ajustes que, siendo dolorosos, son necesarios. 

Manuel Hinds, 10 marzo 2017 / EDH

El gobierno, la oposición, y el país entero se han ido acomodando a la situación fiscal de la manera más peligrosa que existe—negligente, descuidadamente, sin buscar una cura sino reaccionando a los cada vez más frecuentes síntomas del daño que esta situación está causando a El Salvador. La imagen que más se adapta a lo que está pasando es la de un alcohólico tirado en la cuneta, con una herida que este momento no es lo que lo va a matar pero que no se le cura y está en peligro de infectarse, que cada cierto tiempo se acerca a la familia para exigir que le den dinero porque si no se lo dan va a morir de inanición, infecciones o sobredosis de alcohol y alguna otra droga. Cada vez que se acerca a la familia, ésta se siente chantajeada pero cede dándole un poco, una cantidad que no va a sacarlo de la cuneta, no va a limpiar las heridas, pero que evitará que muera en este momento.

Esta dinámica es la peor de todas porque asegura que la situación se vaya deteriorando día a día hasta que en un momento las heridas se van a infectar y la crisis se convertirá en algo agudo que causará muchos daños graves antes de poderse resolver. Ya estos daños se están dando. El país se ha convertido en el paria de los mercados de deuda, las tasas de interés que está pagando son enormes y substraen de recursos que debían ser utilizados en actividades esenciales para el funcionamiento del gobierno. Los efectos negativos de la carestía de recursos no sólo están afectando al FMLN y al gobierno actual sino que están comprometiendo recursos que el próximo gobierno podría utilizar para resolver los problemas tan serios que tiene el país.

El gobierno y el FMLN escogieron este camino para el país a fines del año pasado al concentrarse en extraer permisos de la Asamblea para seguir endeudando al país, en la creencia de que así, poco a poco, iban a ir extrayendo permisos de uno en uno, sin tener que enfrentar la necesidad de parar la hemorragia de fondos que el manejo irresponsable de los recursos está causando. En ese momento creyeron que con amenazar con la expropiación de las pensiones o con otras medidas terribles iban siempre a conseguir los dólares para seguir el juego, sin descartar que si no lo lograban, podría siempre tratar de expropiarlas. Por eso descartaron el único camino que hay hacia la solución verdadera del problema: armar un programa de medidas que reduzca el déficit para volver otra vez solvente al estado y usar el financiamiento adicional para proveer fondos mientras esas medidas tienen efecto. El problema no es diseñar estas medidas, que son relativamente sencillas, sino tener la voluntad política de hacerlo. El FMLN debería tener esta voluntad porque la estrategia del chantaje de a poquitos le está causando un altísimo costo político que puede terminar acabando al partido.

Por el otro lado, el acceso a la estrategia del chantaje gradual debe ser negado al gobierno. ARENA debe regresar a la postura con la que comenzó en sus tratos sobre este problema: condicionar su apoyo legislativo a que la crisis se resuelva de una vez por todas, con una solución técnica que rescate a este y a los gobiernos futuros de la negligencia fiscal que está debilitando tanto al país. Y el gobierno debe asumir de una vez por todas su responsabilidad para con el pueblo, pasando por los ajustes que, siendo dolorosos, son necesarios. Debe abandonar la loca ambición de detener los arreglos para negociar una salida en la que el costo de los problemas actuales y sus ajustes se lo pueda echar a ARENA. Ha habido demasiadas mentiras, demasiada incapacidad y demasiada irresponsabilidad con el pueblo. Esas son cosas que ya pasaron y que no se pueden borrar. Lo que le queda es resolver el problema para minimizar los daños.

ARENA tiene que cooperar en dar una solución real de una vez por todas a este problema para evitar una tragedia nacional.

La solución del problema fiscal. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 3 marzo 2017 / EDH

El gobierno parece estar tomando medidas para resolver su problema fiscal. El miércoles pasado anunció que está dispuesto a rebajar $126 millones de gastos anuales, una cifra que, aunque insuficiente, es sustancial. Si el gobierno sigue este curso se dará cuenta de que el manejo prudente de sus finanzas y la firmeza en mantenerlas bajo control le darán muchos beneficios. El manejo que ha hecho hasta ahora ha sido terriblemente negativo para el país y para el gobierno.

En vez de ayudar a resolver los problemas del pueblo, este manejo los ha ido aumentando, generando problemas que no habían sucedido en el país desde hace muchas, muchas décadas. Desde hace al menos ochenta años, la gente que trabaja en el gobierno no había tenido que preocuparse por la recepción de su salario a tiempo. Ahora hay maestros que tienen tres o cuatro meses de que no les pagan. La lista de los medicamentos que no hay en los hospitales está subiendo a una velocidad espeluznante. Las escuelas no tienen material. Los proveedores no reciben pago por lo que ya entregaron. El país ha estado al borde de que le corten la electricidad que compra de Guatemala y varias oficinas de gobierno están bajo la amenaza de apagones.

Todo esto añade a las angustias que ya tenía el pueblo salvadoreño. Son angustias muy básicas y que tienen un impacto negativo enorme en el progreso del país porque no se puede esperar que una persona que no haya recibido su salario por cuatro meses pueda concentrarse en su trabajo y no en estar haciendo arreglos continuos con sus acreedores y con sus proveedores para poder sobrevivir sin pagarles. Esto se vuelve una cadena porque dichos acreedores y proveedores también tienen problemas al no recibir pagos, de modo que pagos detenidos en el empleador más grande del país se multiplican en la sociedad, esparciendo la angustia y convirtiendo el crédito informal de un instrumento que puede ayudar a la inversión pequeña en uno que sólo se usa para compensar dichos pagos.

El impacto político de este descontento no puede pasar inadvertido para el gobierno, ni por supuesto para la oposición. Para el gobierno no pagar los sueldos es peor que bajar los gastos. Pero la oposición no debe ponerse en la posición de bloquear reducciones necesarias de éstos, excepto cuando dichas reducciones realmente representen un peligro para la Nación. Ningún ciudadano gana de estos problemas. El desgaste de que el gobierno no cumpla con sus obligaciones no es sólo para el gobierno y el FMLN sino también y primordialmente para el pueblo que está regresando a los problemas que tenía en los Años Veinte con el pago de sus salarios.

Pero el FMLN también debe dejar de ver a las finanzas públicas como una fuente de financiamiento político y tratar de sustituir con ellas los ingresos que el partido recibía de Venezuela. Debe entender que los impuestos no son el derecho real que una vez fueron en la época del absolutismo, algo que el pueblo tiene que dar para que los que están en el gobierno se sustraigan de los problemas económicos del país. Los impuestos son el pago que la ciudadanía hace para recibir servicios públicos eficientes. El gobierno ha olvidado esto y debe recordarlo.

También debe entender que las pensiones no son hechas para resolverle problemas fiscales al gobierno sino a la población trabajadora. Y el gobierno, menos que nadie, puede apropiarse de fondos que los pensionados presentes o futuros han ahorrado para su vejez, ni pagándoles tasas de interés mucho más bajas de interés (que repercuten en pensiones más bajas) ni directamente apropiándose de las pensiones, volviendo peor el problema fiscal por crear una enorme deuda con los ciudadanos.

Pero, habiendo dicho esto, la propuesta de la sociedad civil tiene muchas medidas que ayudan a rebajarle el costo al gobierno, que en el neto quedan rebajadas a la mitad. Decir que esto no ayuda es ya un capricho de un partido que se imaginaba que iba a quedarse con los miles de millones de ahorros de la sociedad para gastárselos ahorita mismo y dejar a los gobierno futuros una deuda enorme sin otra manera de pagarse que con enormes impuestos.

Comenzando a caerse. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 17 febrero 2017 / EDH

En varias ocasiones he descrito el problema fiscal del gobierno del FMLN como una gotera que, si no se repara, puede botar el techo. Lo he descrito como una gotera porque, vista en sus números fríos, la famosa crisis no sería crisis si el gobierno fuera manejado por personas competentes y responsables. Al gobierno le ha entrado y todavía le entra el dinero a borbollones desde que el FMLN está en el poder y, de una situación fiscal muy razonablemente buena cuando tomó la presidencia en 2009 ha pasado a una en la que no le alcanza el dinero para nada.

La he descrito como una gotera que puede botar el techo porque no hay fortaleza que resista el impacto sostenido de la negligencia, el desorden y el desperdicio desaforado con los que el FMLN maneja las finanzas públicas y el gobierno en general. Es claro que en este ambiente, en algún momento el agua va a corroer una viga, o a romper una columna, o a erosionar una fundación. Hasta este momento la situación de impago del gobierno había afectado a los proveedores y a los usuarios de los servicios públicos, que cada vez carecen más de materiales, y que cada vez son peores, pero este impacto había sido difuso. El dinero no llegaba a las escuelas y tampoco a los hospitales y unidades de salud, y la gente sufría esto pero como individuos. La gente estaba sufriendo, pero el gobierno podía pretender que todo funcionaba.

Pero el miércoles se supo que la negligencia del gobierno había cruzado otra línea, una en que los efectos de cruzarla se sentirán en conjunto y simultáneamente por toda la población: debido a la enorme y vieja mora del gobierno del FMLN, las empresas guatemaltecas que exportan energía a El Salvador han decidido ya no venderle electricidad al país. Este es el comienzo de un proceso de descalabro de la oferta de electricidad que si no es prontamente corregido llevará a escasez de electricidad, mayores costos, racionamientos y un colapso en la producción del país. El costo de una escasez de electricidad no solo es el foco que no se encendió o la comida que se pudrió en la refrigeradora sino también el tiempo perdido en la operación de maquinaria y las consecuentes pérdidas en salarios y producción.

El FMLN toma estos problemas con la misma falta de interés que ha mostrado en todas sus tareas de gobierno. En realidad, llegar a escaseces y racionamiento no es una novedad para los gobiernos marxistas. En Cuba todo es racionado y en Venezuela ya casi todo, lo cual es muy bienvenido para los partidos hermanos del FMLN en esos países. El racionamiento les presenta la oportunidad de darles electricidad a unos sí y a otros no, haciendo que la gente vaya dependiendo más de estar bien con los del gobierno y el partido para sobrevivir. Les ayuda a apretar la soga en el cuello de la población.

El racionamiento, obviamente, tendría un costo político para el FMLN pero, seguramente, si llegamos a los apagones, el gobierno primero le restará importancia al hecho (diciendo, por ejemplo, que en muchos lados hay apagones) y, segundo, le echará la culpa a ARENA por no aprobarle más endeudamiento en la Asamblea.

El gobierno confía en que le puede echar la culpa de su pésimo gobierno a ARENA porque ésta, ocupada en visitar y revisitar sus sedes locales para asegurarse y reasegurarse de la lealtad de sus funcionarios internos para las siguientes elecciones internas, nunca tiene tiempo ni interés para decir nada y menos para protestar firmemente. Como resultado, mientras peor es el gobierno del FMLN, más cae la popularidad no sólo del FMLN sino también de ARENA. Y hay menos protección contra los abusos del FMLN.

Mucha gente no lo realiza, pero por este camino iremos, poco a poco, cayendo en la desgracia de Venezuela.

Nuestro día de la marmota. De Ricardo Avelar

Ricardo Avelar, 15 febrero 2017 / EDH

Cada dos de febrero, en Punxsutawney, Pensilvania, se celebra el “Día de la marmota” (Groundhog Day), en el cual uno de estos roedores llamado Phil predice si el invierno estadounidense se alargará o si se apresurará la llegada de la primavera.

Esta tradición le ha producido mucha atención a este pueblo de no más de 6,300 habitantes, el cual por un día es el centro de la atención de los meteorólogos de todo el país y de los encargados de notas curiosas que siempre dan a conocer nuevos datos del ahora mítico Punxsutawney.

En 1993, el actor Bill Murray protagonizó una película en honor a este día y terminó de darle la popularidad que ahora goza. En esta, el meteorólogo Phil Connors, quien es enviado a cubrir este evento, se ve obligado a quedarse una noche más en el pueblo tras una nevada que le impide salir.

Sin embargo, al amanecer algo extraño sucede. En lugar de estar en el 3 de febrero, después del show de Phil, el meteorólogo vive una constante repetición del dos de febrero: vuelve a ver el mismo acto de la marmota, se encuentra a la misma gente y todo transcurre como el día anterior.

El Salvador fácilmente podría adaptar este galardonado filme. Creo que el escenario perfecto sería en torno a las constantes -y torpes- discusiones sobre la situación fiscal del país. La trama es más o menos así:

Parte 1, la crisis: El gobierno se empieza a quedar sin liquidez. Con esto, peligra el pago de las pensiones, el pago a proveedores del Estado o la asignación que se hace a las alcaldías. Los salarios públicos no llegan a tiempo y si esto sucede a final de año, los aguinaldos tampoco.

Ante esto, viene una avalancha de opiniones. Por un lado, voceros del sector público ven necesario aumentar el endeudamiento para cubrir los vacíos previamente anunciados. De no ser así, amenazan con más impuestos y recurren a la confiable historia de la baja recaudación.

La oposición contesta, diciendo que esta no es la primera crisis, que ya les ofrecieron responsabilidad fiscal, que no cumplieron y que no volverán a aprobar más fondos. La sociedad civil pide no solo hablar de la recaudación, sino cuestionar cómo se ejecuta el dinero recaudado.

Parte 2, la predicción: Cada vez que el gobierno anuncia crisis, una oleada de analistas son consultados en los diferentes medios. Como siempre, las preguntas de rigor giran en torno a qué tan mal estamos, todo lo que está en riesgo y si esta vez la oposición dará sus votos para nuevos préstamos.

Generalmente, se piensa que la polarización impedirá el logro de nuevos acuerdos y que se avecina un invierno fiscal muy largo y peligroso para el país.

Parte 3, el realismo mágico: Por estrategia electoral, persuasión o ingenuidad, no sé, pero en el punto más álgido del impasse fiscal, cuando nada parece moverse y después de montar mesas protocolarias, se obtienen los votos necesarios para las emisiones que el gobierno solicita.

A veces, la oposición cede, pero amenaza con no volver a apoyar. A veces, algunos diputados rompen filas con sus partidos y se unen al plan del gobierno. A veces se negocian cláusulas de sensatez en el gasto. Estas últimas casi nunca se cumplen.

Tras el mágico acto de concertación, se vuelve a radicalizar la política. El gobierno no necesita más a la oposición y deja de “hablarles bonito”. Los opositores, por su parte, prometen no volver a dejarse engañar.

Parte 4, viene (otra) crisis: el gobierno se terminó el dinero empieza a quedar sin liquidez… Y así sucesivamente. La duda: ¿es una nueva crisis o se volvió a amanecer en la anterior?

La película de Bill Murray fue un éxito rotundo y es indudablemente un clásico para su día de descanso. Por otra parte, nuestro Día de la Marmota fiscal está condenado a un fracaso, pues habrá un día donde a pesar de la insistencia del gobierno y la ingenuidad de la oposición, ya no habrá soluciones y ahí la predicción será una sola: nuestra crisis será muy, muy larga.

@docAvelar