#RingDeHOY – Las “OffShore”: su legalidad y su ética. Juan Manuel Rogel vs. Luis Alonso Cruz

Sí, avalo las «offshore»

Juan Manuel Rogel, 13 abril 2016 / EDH

Claro que es legal, tan legal como lo es para un policía, un guardia de seguridad o para un atleta de tiro el adquirir un arma de fuego. Su posesión per se no es ilegal y tampoco mala, lo que sí se reconoce es que conlleva una gran responsabilidad. La legalidad o no reside en el propósito, en el uso que se le dé a la misma.

Últimamente se le ha dado una connotación negativa a la palabra offshore, por lo que me gustaría detenerme a explicar un poco su significado. Offshore es una palabra de origen anglosajón que significa alejado de la costa, en el ámbito empresarial y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son aquellas empresas registradas en un país diferente a aquel en el que desarrollan sus actividades de negocio. Ahora, el hecho en sí de crear una empresa offshore no es ilegal ya que la ley no obliga a mantener el dinero en el país y tampoco implica que su par local no tribute de manera correcta y transparente, no obstante, cabe la posibilidad que se utilicen las empresas offshore con el objeto de eludir o evadir impuestos.

Eludir es la reducción del monto de impuestos a pagar dentro del marco legal.  Un ejemplo claro es buscar el monto mínimo a pagar del impuesto sobre la renta a través de la deducción de financiamiento de estudios, salud o deducción de donaciones.  Lo cual tampoco va en contra de la ética ya que la misma ley me lo permite y no estamos obligados a pagar más impuestos que los que la ley nos obliga.

En cambio la evasión sí es un delito, ya que consiste en ocultar bienes o ingresos intencionalmente con el fin de no pagar impuestos.  Por ejemplo, recordemos al comercio que ofrece no dar factura para descontarte el impuesto o aquella persona que miente en su declaración. Al final es algo que va más allá de la utilización de algún tipo específico de empresa. No obstante, si se utiliza una empresa offshore para evadir impuestos o un arma para cometer un delito, es su mal uso el que catalogamos de malo y o la creación o elaboración de la misma.

Dentro de los factores positivos de crear una empresa offshore se pueden mencionar los siguientes: Agilidad y eficiencia en la consolidación de operaciones en diferentes países, al haber tributado como se debe en cada operación la offshore ofrece un recinto en que se consolidan los resultados sin necesidad de tanta fiscalización, bajo un régimen que optimiza la rentabilidad de los resultados, asimismo se logra diversificar el riesgo país y minimizar los tiempos necesarios para poder reinvertir los flujos en cualquier país que desee.

De igual forma, ofrecen beneficios de seguridad y discreción para sus propietarios, muchas veces los inversionistas de alto perfil desean mantener su identidad en secreto mientras realizan transacciones importantes ya que muchas veces su simple nombre incrementa el flujo de personas interesadas en el proyecto y por ende el precio de las mismas. Aparte, en entornos con alta inseguridad, la protección de identidad dentro de una offshore es una práctica común para mantener un perfil bajo.

En síntesis, el simple hecho de crear o poseer una offshore, o de portar o distribuir una arma, no  representan ningún delito o acción contra la ética. Lo que sí carece de ética y legalidad es declarar culpable a un país como Panamá, que no ha hecho más que trabajar en pro de un sistema tributario más justo y transparente. En lo personal considero que es nuestro deber investigar e instruirnos adecuadamente antes de emitir un determinado juicio de valor sobre esta situación.

@jmrogelm, MBA de INCAE con mención en Finanzas y Lic. en Económia y Negocios de ESEN

No, no avalo las «offshore»

Luis Alonso Cruz, 13 abril 2016 / EDH

En los últimos días se hicieron públicos los resultados de la investigación periodística denominada “Panamá Papers”. Esta investigación surge a partir de una serie de documentos que fueron filtrados y muestran cómo la firma legal panameña Mossack Fonseca ayudó a instaurar empresas offshore en ese país con el fin de obtener ventajas tributarias. El  tema ha estado en el foco de las discusiones debido a que involucra a empresarios, líderes políticos y medios de comunicación alrededor del mundo, incluido El Salvador, poniendo en discusión cómo personas adineradas operan para ocultar sus riquezas y evitar el pago de impuestos u otras obligaciones legales.

En principio dependerá del marco jurídico de cada país determinar su legalidad. En cuanto a si son éticas argumentaré que no lo son a partir de tres elementos. El primero, es que este tipo de prácticas, donde es difícil conocer el origen del dinero, fomenta la utilización de éstas para fines ilícitos porque permite el lavado de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o corrupción, limpiándose al registrarlas como utilidades de una sociedad legalmente constituida en un paraíso fiscal. El segundo, es que minan las finanzas públicas, pues a través de las sociedades offshore evitan el pago de impuestos en los lugares en donde realizan la actividad económica y crean valor.

Debido a estas prácticas, países como Estados Unidos han fortalecido las medidas para atacar estas iniciativas, como por ejemplo en la aprobación de la Ley FATCA en 2010, que busca disminuir la evasión de impuestos en el extranjero. Tercero, este tipo de acciones fomenta la fuga de capitales, fenómeno lesivo para las economías de los países pobres, pues genera una diferenciación entre empresas que pagan impuestos y empresas que no, favoreciendo la competencia desleal. ¿Por qué los pequeños y microempresarios sí deben pagar impuestos mientras que los grandes empresarios usan offshore para “ahorrarlos” con evidentes e injustas ventajas?

Para comprender los costos a las economías locales asociados a este fenómeno, es importante conocer algunas estimaciones. De acuerdo a Gabriel Zucman (1), economista de la Universidad de California en Berkeley, los costos fiscales en Estados Unidos debido a estos esquemas ascendieron a US$128,000 millones. Para comprender la relevancia de estos montos, cabe señalar que los ingresos tributarios de El Salvador en el 2015 fueron de US$4,119 millones. ¿Cuántas escuelas, clínicas u hospitales se podrían construir con el dinero evadido?

Algunos que defienden el uso de offshore para la evasión de impuestos aseguran que es la corrupción la que “motiva” esta práctica. Este argumento está fuera de lugar pues justifica una práctica antiética con otra que también lo es, ambas igual de nocivas para el desarrollo de los países y por tanto igual de condenables.

Por otra parte, se señala a la carga tributaria del país de origen como la responsable de incentivar, este argumento tiene un profundo sesgo ideológico, una concepción ultraliberal que plantea que el mejor Estado es aquel donde menos se pagan impuestos, solo basta revisar la carga tributaria de los países escandinavos que tienen el mejor Índice de Desarrollo Humano e Índice de Percepción de la Corrupción para para demostrar que este argumento es mentira. Esta postura sacrifica el bien común en favor de una minoría capaz de llevar a cabo estas acciones, profundizando los obstáculos que perpetúan la pobreza y reproduciendo las desigualdades económicas y sociales.

Las OffShore existen porque hay personas que quieren seguir teniendo negocios oscuros y lavando dinero para disfrutar las ganancias solapadamente, si exigimos transparencia hay que exigirla en todos los ámbitos de la sociedad incluyendo el mercado. Seamos coherentes y no defendamos ni la corrupción en el gobierno ni la corrupción en el mercado.

Miembro de Progre, Licenciado en CC. JJ. por la UCA, Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Are the Russians actually behind the Panama Papers? De Clifford G. Gaddy

Clifford G. Gaddy Senior Fellow, Foreign Policy, Center on the United States and Europe

Clifford G. Gaddy, 7 abril 2016 / BROOKINGS

The “Panama Papers”—does this strike anyone else as a very fishy story? It’s like something out of a cheap spy movie.

In early 2015, “John Doe” sends (out of the blue) an email to the German newspaper Süddeutsche Zeitung (SZ), offering 11.5 million documents from a Panamanian law firm relating to offshore shell companies. SZ accepts. Under the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), some 400 journalists from 80 countries spend a year sifting through the documents. Then, in a coordinated launch, they present their first findings: With nearly identical language in all media (down to the local TV station in Washington that I happened to watch this week), they talk about the grand new revelations of corruption, money laundering, and financial secrecy by over 140 world leaders.

Most reports, no matter where, feature Russian President Vladimir Putin as the headliner. But that might obscure a much bigger and more twisted story.

The dog that didn’t bark

Despite the headlines, there is no evidence of Putin’s direct involvement—not in any company involved in the leak, much less in criminal activity, theft, tax evasion, or money laundering. There are documents showing that some of his “friends” have moved “up to two billion dollars” through these Panama-based shell companies.

[T]here is no evidence of Putin’s direct involvement.

But nothing in the Panama Papers reveals anything new about Putin. It is in fact far less of a story than has been alleged for a long time. For over 10 years, there have been suspicions that Putin has a vast personal fortune, claimed at first to be $20 billion, then $40, $70, even $100… And now all they find is “maybe” a couple of billion belonging to a friend?

This is the dog that didn’t bark.

Some (geo)political context is important here. In recent years, the media has become a key battleground in which Russia and the West have attempted to discredit each other. Early last year, circles in the West sought to use the media to respond to what they described as Russia’s “hybrid warfare,” especially information war, in the wake of the Russian annexation of Crimea and related activities. They identified corruption as an issue where Putin was quite vulnerable. It’s worth looking at the Panama Papers in that context: Journalists are targeting Putin far out of proportion to the evidence they present.

As soon as one delves below the headlines, it’s a non-story. A “friend of Putin” is linked to companies that channel a couple of billion dollars through the offshore companies. Why? To evade Russian taxes? Really? To conceal ownership? From whom? You don’t need an offshore registration to do that. To evade sanctions? That’s a credible reason, but it makes sense only if the companies were registered after mid-2014. Were they?

This information will not harm Putin at all—instead, it gives Putin cover, so he can shrug and say: “Look, everybody does it.” A more serious possibility is that the leaked data will lead to scandals throughout the West, where corruption does matter—a point I’ll discuss. On net, the Russians win.

The cui bono principle connects profits with motives, asking who stands to gain from a certain action. If it’s the Russians who win, isn’t it possible that they are somehow behind at least part of this story?

Who is “John Doe”?

The ICIJ is the self-described elite of investigative journalists—but what have they discovered about the source of all these documents? The only information we have about John Doe is from SZ, which begins its story: «Over a year ago, an anonymous source contacted the Süddeutsche Zeitung (SZ) and submitted encrypted internal documents from the law firm Mossack Fonseca.» When the staff at SZ asked John Doe about his motive, he reportedly replied in an email: “I want to make these crimes public.”

But how can the journalists—and the public—be sure he’s trustworthy, and that the documents are real, complete, and unmanipulated? It’s not clear that John Doe is a single individual, for one, nor why he would have been confident that he could reveal the documents without revealing himself. He’d also have access to a pretty impressive documents cache, which suggests that an intelligence agency could have been involved.

Moreover, the revelation brings collateral damage upon legal business and innocent individuals—was that not a worry? In my view, no responsible person with a real concern for rule of law would advocate this sort of sweeping document release. There might be many unintended consequences; it could topple regimes, with unforeseen consequences. It’s pure and naïve anarchism, if the thinking was (as it seems from the outside) to create maximum chaos and hope it will all purge the system of its evils. In any event, the potential for using such a leak for political purposes is immense.

[T]he potential for using such a leak for political purposes is immense.

If “we” (in the United States or the West) released these documents, the motive would apparently be to embarrass Putin. This is part of the fantasy that we can defeat Putin in an information war. If that was the motive, the result is pathetic: No real damage is being done to Putin, but there is collateral damage to U.S. allies.

If the Russians did it, a good motive might be to deflect the West’s campaign against Putin’s corruption. But as I’ve explained, any actual reputational damage to Putin or Russia caused by the Panama Papers is in fact pretty trivial. For that cheap price, the Russians would have 1) exposed corrupt politicians everywhere, including in “model” Western democracies, and 2) fomented genuine destabilization in some Western countries. What I wonder, then: Is it a set-up? The Russians threw out the bait, and the United States gobbled it down. The Panama Paper stories run off Putin like water off a duck’s back. But they have a negative impact on Western stability.

The Panama Paper stories run off Putin like water off a duck’s back. But they have a negative impact on Western stability.

So let’s say that the “who” is the Russians, and the “why” is to deflect attention and show that “everybody does it.” But how? Given Russia’s vaunted hacking capabilities, a special cyber unit in the Kremlin may have been able to obtain the documents. (Monssack Fonseca is maintaining that the leak was not an inside job.) But it is most likely that such an operation would be run out of an agency called the Russian Financial Monitoring Service (RFM). RFM is Putin’s personal financial intelligence unit—he created it and it answers only to him. It is completely legitimate and is widely recognized as the most powerful such agency in the world, with a monopoly on information about money laundering, offshore centers, and related issues involving Russia or Russian nationals. An operation like the Panama Papers, which is only about financial intelligence, would have to be run out of RFM. Not the FSB, not some ad hoc gang in the Kremlin. While it might not (legally) have access to secrets kept by a firm like Mossack Fonseca, it’s privy to lots of international financial information through the international body of which it is a leading member, the Financial Action Task Force. In short, Russians are better equipped than anyone—more capable and less constrained—to hack into secret files.

As for how to leak the documents, it would actually be pretty ingenious to “incriminate” Russia in a seemingly serious (and headline-grabbing) way without actually revealing incriminating information. That’s exactly what we have. The Panama Papers revealed no Russian secrets. They added nothing to the rumors already circulating about Putin’s alleged private fortune. And the story-that-isn’t-a-story was advanced by none other than the ICIJ. So, done right, the last thing anyone would suspect is that the Panama Papers are a Russian operation.

A more serious Russian motive?

Granted, this would be a complicated operation just to defuse the West’s campaign to point to “Putin the kleptocrat.” But maybe there’s another motive.

As many have already pointed out, it’s curious that the Panama Papers mention no Americans. But it’s possible that they do and that the ICIJ hasn’t revealed that information. Perhaps, since the ICIJ is funded by Americans, they’re not going to bite the hand that feeds them. But suppose the ICIJ actually doesn’t have information on Americans—that calls into question the original data, which if actually real and uncensored would most probably include something on Americans. There are undoubtedly many American individuals and companies that have done business with the Mossack Fonseco crew, and it wouldn’t make sense for a collection of 11.5 million documents involving offshore finances to omit Americans entirely. Perhaps, then, someone purged those references before the documents were handed over to the German newspaper. The “someone” would, following my hypothesis, be the Russians—and the absence of incriminating information about Americans is an important hint of what I think to be the real purpose of this leak.

The Panama Papers contain secret corporate financial information, some of which—by far not all—reveals criminal activity. In the hands of law enforcement, such information can be used to prosecute companies and individuals; in the hands of a third party, it is a weapon for blackmail. For information to be effective as a blackmail weapon, it must be kept secret. Once revealed, as in the Panama Papers case, it is useless for blackmail. Its value is destroyed.

Therefore, I suggest that the purpose of the Panama Papers operation may be this: It is a message directed at the Americans and other Western political leaders who could be mentioned but are not. The message is: “We have information on your financial misdeeds, too. You know we do. We can keep them secret if you work with us.” In other words, the individuals mentioned in the documents are not the targets. The ones who are not mentioned are the targets.

[T]he individuals mentioned in the documents are not the targets. The ones who are not mentioned are the targets.

Kontrol, the special Russian variety of control

In sum, my thinking is that this could have been a Russian intelligence operation, which orchestrated a high-profile leak and established total credibility by “implicating” (not really implicating) Russia and keeping the source hidden. Some documents would be used for anti-corruption campaigns in a few countries—topple some minor regimes, destroy a few careers and fortunes. By then blackmailing the real targets in the United States and elsewhere (individuals not in the current leak), the Russian puppet masters get “kontrol” and influence.

If the Russians are behind the Panama Papers, we know two things and both come back to Putin personally: First, it is an operation run by RFM, which means it’s run by Putin; second, it’s ultimately about blackmail. That means the real story lies in the information being concealed, not revealed. You reveal secrets in order to destroy; conceal in order to control. Putin is not a destroyer. He’s a controller

 

Clifford Gaddy, an economist specializing in Russia, is the co-author of “Bear Traps on Russia’s Road to Modernization” (Routledge, 2013). His earlier books include “Russia’s Virtual Economy” (Brookings Institution Press, 2002) and “The Siberian Curse” (Brookings Institution Press, 2003). His current book project is entitled “Russia’s Addiction: The Political Economy of Resource Dependence,” and is set to be published in 2015. Gaddy is also the co-author of the recently released second edition of “Mr. Putin: Operative in the Kremlin” (Brookings Institution Press, 2015).

What needs to be revealed. De Wolfgang Krach, Editor in Chief, Süddeutsche Zeitung

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung, publicado en Stuttgart, pero con circulación nacional, es el medio líder del consorcio de 100 medios de todo el mundo que procesan los Panama Papers. Es a este periódico de gran prestigio que la fuente anónima entregó los millones de documentos sobre las compañías offshore en Panamá.

Aquí un editorial del Süddeutsche Zeitung, titulado «Lo que hay que revelar», publicado en inglés por su importancia internacional.

Segunda Vuelta

WOLFGANG KRACH, director del diario Süddeutsche Zeitung (SZ)

Süddeutsche Zeitung (SZ)

Wolfgang Krach, 7 abril 2016 / Süddeutsche Zeitung

One year ago «John Doe» sent a message. «John Doe’s» real name certainly is not John Doe. But this name, commonly used in the US by people who would like to uphold their anonymity, popped up. John asked a question that aroused our curiosity: «Interested in data? I would be happy to share.» And with that, one of the most unusual and exciting chapters in the history of Süddeutsche Zeitung (SZ) started.

SZ is now able to give insights into a demimonde, a shadow world which up to this point nobody from outside has ever been able to look into. This is a world in which people covertly shove back and forth assets worth millions. Here is where they park company shares, a world in which they buy yachts and airplanes.

In this shadowy world some of the action is completely legal. It can be reasonable for a German bank manager to keep secret the fact that he owns a mansion on the island of Mallorca. He might decide to hide the necessary papers in an offshore company. Fair enough as long as his assets are taxed in his home country. However, this is not the case for many of the business activities which are handled through offshore companies in overseas tax havens.

Often, those accounts are solely a cover-up for unlawful activities and shall protect criminals. SZ has evaluated data together with 400 journalists from all over the world during the past twelve months. Suddenly it becomes obvious how gigantic the problem of offshore businesses really is und how urgent it is for the world community to act upon it.

So far it has commonly been known that rich people and companies use offshore firms to avoid – as they see it – annoying taxation as much as possible. This is already shameless often and violates the societal contract, because these taxes are desperately needed for national budgets. The missing money can’t be used for community purposes: the construction of schools, rail tracks and public housing. But the offshore problem goes far beyond that. Apparently terror groups are using this system to finance themselves, as SZ’s stories will show. Criminal regimes in Syria and elsewhere are presumably capable to bypass sanctions imposed by the international community und able to continue a war with barrel bombs against its own people.

Members of China’s state and party leadership up to the entourage of the president himself apparently have set up an extraordinary amount of companies in or through Panama to hide millions of dollars abroad. Even before we published the results of our research, we received threats by those people who were confronted with our findings. The spokesperson of the Russian President Vladimir Putin prepared his people for an «information attack» of Western media. That was the Kremlin’s official answer to questions we had raised about those dubious transfers of huge amounts of money by the President’s entourage and about the fabulous wealth of close friends of Putin.

The law firm in Panama running many of these business deals, announced retaliatory measures against coming publications. The use of «information/documentation unlawfully obtained» would be a crime.

When Edward Snowden passed on his knowledge about the wiretapping of the NSA the US government also accused him of a crime: betrayal of secrets. Colleagues from The Guardian had to justify themselves because they published the material obtained by Snowden.

Many John Does are currently out there in the financial world. For media outlets the decisive question is not only if these informations were obtained legitimately. There are two other crucial points: Is the source trustworthy? And is there a legitimate public interest?

Together with their partners Süddeutsche Zeitung checked and compared thousands of documents John Doe had delivered to us. We double cross examined with other publications and documents or files from lawsuits. Not in a single case there were any doubts. And the public interest here is obvious: The secrets of the Panama Papers need to be revealed.

This interest is not a voyeuristic one. It must not be kept secret if a state – as in the case of Snowden – is gathering information about its citizens, continuously breaching law or the legal shell of friends and allies. On the same token it must not be kept a secret when the community of states – as in the case of the offshore business – does nothing or not enough if a criminal regimes breaches sanctions. This has to be revealed.

Lea también en Süddeutsche Zeitung la nota
sobre la firma Mossak Fonseca y su fundador: The Firm

Mecafé tiene dos offshore en Panamá y comparte prestanombre con Ada Mitchell Guzmán («Michi»)

Dentro del consorcio de más de 100 medios que a nivel mundial se encargan a analizar los «panama papers» que documentan las sociedades anónimas creadas en Panamá, al El Faro le toca la parte que involucra inversionistas salvadoreños. El Faro primero publicó una introducción a la compleja temática, y luego una primera nota que aquí reproducimos, sobre las inversiones de «Mecafé», amigo de Mauricio Funes, en sociedades anónimas en Panamá.

Segunda Vuelta

El empresario de seguridad José Miguel Menéndez, Mecafé, junto a Mauricio Funes, después del discurso del entonces candidato presidencial del FMLN en el ENADE de 2009. Foto archivo El Faro –

Mossack Fonseca creó para José Miguel Antonio Menéndez Avelar, “Mecafé”, dos empresas offshore en Panamá, y ayudó a que éstas triangularan movimientos de dinero a través de cuentas bancarias del bufete en Bahamas. Documentos internos de la firma revelan además que una offshore de Mecafé comparte prestanombre con Latin American Spa, el negocio de Aída Mitchell Guzmán Sigüenza, con quien Mauricio Funes tiene un hijo. Su otra compañía abre un camino que lleva hasta Subes El Salvador, empresa encargada de cobrar por el uso del Sitramss. 

César Castro Fagoaga, 6 abril 2016 / EL FARO

José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, creó en Panamá dos empresas offshore dirigidas formalmente por prestanombres, que volvieron invisibles durante los últimos años cuentas bancarias y movimientos de dinero a través de Bahamas. Documentos internos del bufete Mossack Fonseca, revelados como parte de la investigación de los conocidos como #PanamáPapers, evidencian además que una empresa panameña del amigo y financista del expresidente Mauricio Funes comparte prestanombre con Latin American Spas Inc, empresa perteneciente a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, madre del hijo menor del expresidente. La filtración muestra también que la otra offshore de Mecafé otorgó poderes a uno de los directivos originales de la empresa Subes El Salvador, contratista del sistema de transporte público impulsado por el actual gobierno del FMLN.

El cómo constituyó las empresas, de entrada, resulta complicado. Está diseñado para que lo sea.

El registro de Panamá es casi público. Cualquiera puede digitar nombres y en la pantalla aparecerán miles de empresas con los accionistas y directivos reales. No todos eligieron constituirlas con la ayuda de la firma legal Mossack Fonseca. Sí lo hizo José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, amigo personal y financista del expresidente Mauricio Funes. Gracias a Mossack Fonseca, el empresario y exfuncionario salvadoreño pudo ocultar durante los últimos tres años su nombre como accionista y apoderado de dos sociedades offshore creadas en Panama: Headford Business S.A. y Rayne Services Corp.

Mecafé, dueño en El Salvador de Cosase, una empresa de seguridad privada que durante la administración Funes se benefició de millonarios contratos con instituciones gubernamentales, eligió a Mossack Fonseca, especializada en crear telarañas de compañías shell (o empresas coraza) y fabricar juntas directivas ficticias, para ocultar algunas de sus actividades financieras. Pero la masiva filtración de millones de registros internos de la firma, y la posterior investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), iniciada por el diario alemán Süddeustche Zeitung, y desarrollada por más de 100 medios de comunicación de todo el mundo, incluido El Faro, ha permitido desenredar la madeja que lleva hasta él.

Para llegar a Mecafé hay que cavar. La pieza más importante en su estrategia de opacidad es el bufete salvadoreño Rusconi, Medina y Asociados, socio de la firma regional Central Law. Muchos de los socios del bufete aparecen como clientes en documentos internos de Mossack Fonseca, lo que sugiere que la creación de sociedades offshore en Panamá es un servicio habitual de este bufete a sus clientes. Los abogados de Rusconi Medina no son los dueños de las empresas que trabajan con la firma panameña, sino sus intermediarios, la conexión entre El Salvador y Mossack Fonseca. El abogado Luis Alonso Medina, uno de los propietarios de Central Law El Salvador, aparece como cliente de Mossack Fonseca —o intermediario— en 34 compañías offshore que operan o han operado en Panamá o las Islas Vírgenes Británicas.

Las comunicaciones internas en Mossack Fonseca indican que Medina viajó a Panamá en junio de 2012 para cerrar la compra de una sociedad creada el 24 de noviembre de 2011 en el despacho de la firma panameña. Se trataba solo de un cascarón. Entre las prácticas habituales de Mossack Fonseca está tener sociedades ya creadas, con directiva incluida, a la espera de un dueño.

La sociedad Headford Business S.A., con un capital autorizado de $10,000, fue constituida ante el notario Juan José Ferrán y asentada en registro público panameño con el número 214417. Nació a partir de otras dos sociedades, Cheswick Inc. y Eastshore Inc., dos de las muchas empresas shell que Mossack Fonseca ha usado para crear decenas de offshore. La nueva junta directiva fue formada por los panameños José Jaime Meléndez, Yenny Martínez, Hercibelle González, Jaqueline Alexander y Verna de Nelson.

Verna Elizabeth Lee de Nelson, de 52 años, es una empleada de Mossack Fonseca, del área corporativa. Su nombre como directiva aparece en más de 16,000 compañías, activas e inactivas, inscritas en Panamá. Es, evidentemente, una prestanombres.

Junio de 2012 fue un mes ocupado para la junta directiva de Headford, que desde su creación en noviembre de 2011 no había tenido actividad. El 11 de junio de 2012 el director presidente de Headford, José Jaime Meléndez, un oficinista, y la directora Yenny Martínez, secretaria, comparecieron ante el mismo notario para otorgar un poder a favor del salvadoreño José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mecafé.

Detalle del documento por el que el entonces presidente de Headford, el oficinista José Jaime Meléndez, otorgó un poder general de representación de la empresa al empresario salvadoreño José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mecafé.

 

Once días después, los directores Meléndez, Martínez y González firmaron otro acuerdo en el que autorizaban a Headford para abrir una cuenta en el FPB Bank Inc. de Panamá.

Los acuerdos de la junta directiva para otorgar poder a Mecafé sobre la sociedad, así como para abrir la cuenta en el FPB panameño, fueron enviados por Mossack Fonseca a la oficina del abogado Luis Alonso Medina en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, en El Salvador.

El Faro llamó a Medina para preguntarle por la naturaleza de sus servicios a Mecafé y su relación con Mossack Fonseca. Se le escribieron correos electrónicos a dos cuentas diferentes e incluso se visitó las oficinas de Central Law en Santa Elena. No hubo respuesta del abogado o su firma para este reportaje.

El acuerdo más llamativo de Headford, sin embargo, estaba por venir. El 11 de septiembre de 2012, tres meses después de haber adquirido la sociedad offshore y el poder a nombre de Mecafé, el abogado Medina solicitó un nuevo poder a nombre de un tercero. Un documento que de entrada es irregular.

Medina escribió a Amauri Bautista, un abogado de Mossack Fonseca: “De parte de Headford Business, me urge un Poder similar al anexo. Datos: a favor de Luis Roberto Sandoval Ayala, conocido por Roberto Sandoval. Debe ser emitido con fecha de Febrero de 2012. Favor indicarme el costo y cuándo podría estar listo. No necesito apostillas”.

Era septiembre de 2012, pero Medina quería que el poder para Roberto Sandoval luciera como si hubiera sido emitido siete meses antes. Mossack Fonseca cumplió y emitió un nuevo acuerdo, de su junta directiva pantalla, para las 10:00 am del 6 de febrero de 2012. La emisión de documentos, digamos, retroactivos, fechados antes del día en el que fueron realmente emitidos, es otro de los servicios habituales de Mossack Fonseca a sus clientes.

Ahora, ¿quién es Roberto Sandoval? Luis Roberto Sandoval Ayala, según consta en el documento único de identidad, enviado por el abogado Medina hacia Mossack Fonseca, es un hombre moreno, de 33 años, nacido en Candelaria de la Frontera (Santa Ana), de ocupación motorista, y reside, según consta en el poder emitido a su nombre, en la Colonia Las Margaritas, de Soyapango.

A él, la Junta Directiva de Headford le autoriza a “administrar la sociedad sin limitación alguna”, según el acta de esa reunión celebrada supuestamente en las oficinas de Mossack Fonseca.

Detalle del acuerdo de poder retroactivo a favor del motorista Roberto Sandoval, también directivo de Subes, solicitado por los abogados salvadoreños de Mecafé y emitido por Mossack Fonseca en septiembre de 2012, pero elaborado con fecha de febrero de 2012.

 

En esas fechas, tanto en febrero como en junio de 2012, Roberto Sandoval, el motorista de Candelaria de la Frontera, aparecía en la junta directiva de otra empresa en El Salvador.

En San Salvador, el 28 de abril de 2011, ante el notario Alberto Ulloa, Rafael Augusto Zerbino Stajano, 56 años, y Horacio Vicente Fernández Ambielle, 60 años, uruguayo, administrador único de Subes Uruguay, constituyeron la empresa Subes El Salvador. El nombre, tanto como en Uruguay, proviene de Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes), y es la empresa que en El Salvador se dedica, a través de tarjetas electrónicas prepagadas, a cobrar por el uso del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de San Salvador (Sitramss), el proyecto insignia de las dos últimas administraciones del FMLN, publicitado como solución para problema histórico de transporte público en San Salvador.

Subes El Salvador, según los datos del Centro Nacional de Registros, nació con un capital semilla $3 millones. La nueva junta directiva, necesaria para autorizar obligaciones arriba de $100,000, estaba formada por el presidente José Mauricio Cortez Aguilar, un abogado salvadoreño; el vicepresidente José Eduardo Villanueva Barahona, hondureño, ingeniero industrial; el segundo vicepresidente Alejandro Gustavo Valle, argentino, ingeniero mecánico; el secretario Isidro Antonio Carballo Acevedo.

Y los directores suplentes: Silvia del Carmen Escamilla Delgado; Suleyma Mayandi Morales Salinas, de ocupación secretaria; Emilio Martínez Ramos, electricista; y Luis Roberto Sandoval Ayala, un motorista de Candelaria de la Frontera.

Roberto Sandoval, director suplente en la junta directiva de Subes El Salvador, es la misma persona a la cual Headford Business, la sociedad offshore de Mecafé, otorgó un poder irregular en septiembre de 2012. Sandoval se mantuvo en la junta directiva de Subes hasta el 11 de abril de 2013.

El spa y las transacciones de Rayne

Las sociedades offshore son empresas creadas en países donde éstas no tienen actividad económica. Muchas de ellas, miles, como lo demuestra la filtración de Mossack Fonseca, fueron creadas para mantener a sus propietarios en el anonimato, para funcionar con documentos apócrifos y para realizar transacciones bancarias sin el control de autoridad alguna.

En septiembre de 2012, tres meses después de adquirir Headford, Medina cotizó con Mossack Fonseca otra offshore para Mecafé. En el mismo destino que la anterior: Panamá.

Rayne Services Corp. fue inscrita el 17 de julio de 2012 en el registro público panameño, bajo el asiento 133361. Fue creada a partir de las sociedades panameñas Dubro Limited S.A. y Aliator S.A, otras empresas shell de Mossack Fonseca que permiten comprender el esquema de prestanombres, e indirectamente la conexión hasta el spa de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, una mujer que mantuvo una relación personal con el expresidente Funes durante sus años de gobierno, para el que éste gestionó un pasaporte diplomático en aquellos años y que, según reflejan las declaraciones de Probidad del exmandatario, tiene un hijo con él.

Los directores de Rayne, la nueva sociedad de Mecafé, eran los panameños Paulo Ruiz, Yadira de Boutaud, Yakeline Pérez, Yenny Martínez y Hercibelle González. Hercibelle y Yenny son las mismas personas que aparecen en la junta directiva de Headford, la otra offshore de Mecafé.

Hercibelle aparece como directiva en otras 9,020 empresas en Panamá; Yenny, en ocho. Son, evidentemente, prestanombres.

La confirmación de la compra de Rayne, como se sustenta en correos entre empleados de Mossack Fonseca, fue el 12 de septiembre de 2012. Sin embargo, una vez hecha la transacción -por un total de $458-, las acciones a nombre de José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mecafé, fueron emitidas con fecha anterior.

El acta de la junta directiva de Rayne que contiene el acuerdo para emitir 100 acciones, de $100 cada una, a favor de Mecafé, afirma que este fue tomado el 19 de julio de 2012.

El procedimiento fue similar al de Headford. Tras vender a precio de saldo las acciones a Mecafé, la junta directiva acordó, el 30 de octubre de ese mismo año, permitir que Rayne abriera una cuenta con el FPB Bank Inc.

Pero, a diferencia de lo sucedido en Headford, el destino de la cuenta de Rayne está más claro. En noviembre de 2012 Luis Alonso Medina, el abogado del despacho Rusconi, Medina y Asociados que tramitó las dos offshore para Mecafé, intercambió varios correos con Edison Teano, uno de los abogados de Mossack Fonseca.

Según estos correos, en poder de El Faro, Medina quería una solución para enviar dinero desde empresas offshore en Luxemburgo y Panamá a empresas offshore en Panamá y una regular en El Salvador. Teano le presentó las Escrow, cuentas bancarias manejadas por sociedades de Mossack Fonseca en Bahamas, que funcionan bajo una premisa que le explica en los correos: “recibir fondos y, una vez se cumpla la condición que se establece en el contrato, enviar los fondos a los destinatarios finales”.

Teano añade: “Nuestros honorarios por este servicio son de 1.25% de los montos que sean enviando a través de nuestra cuenta”.

La respuesta de Medina contiene un detallado perfil del uso estimado anual que tendría la cuenta: seis transacciones internacionales con cantidades máximas de $900,000, dos transferencias locales con cantidades máximas de $600,000 y transferencias internas -entre sociedades- de hasta un máximo de $50,000.

Los envíos, según el perfil de uso, serían hechos por Railway International Trading Corp y Rayne Services Corp. La primera es otra sociedad offshore creada en Panamá por el despacho Infante y Pérez Almillano; la segunda, la sociedad de Mecafé.

Medina explica a Teano en sus correos que los envíos serán por “ingresos por servicios prestados, comisiones, etc” y “el retiro será paulatino de acuerdo a las necesidades”.

A partir de aquí el entramado de gestiones se vuelve más complicado. Porque está diseñado que así sea.

A finales de 2013, Medina solicitó a Mossack Fonseca el cambio de agente residente -la administración de la sociedad- para Headford Business. La sociedad pasó a ser controlada por el bufete CPA/Tax Chambonett y Asociados. El acuerdo, incorporado al registro panameño en enero de 2014, muestra como nuevo presidente de la junta directiva a Raúl Elías Berrío Castillo, un empleado de CPA.

Ese acuerdo quedó guardado en los registros de Mossack Fonseca.

En octubre de 2015, otra ejecutiva de Mossack Fonseca inició un trámite para incorporar una sociedad administrada por CPA a la lista de clientes de Mossack Fonseca. Estaba previsto que utilizaran a las mismas sociedades Dubro Limited S.A. y Aliator S.A, con las que se creó Rayne Services, para recibir a la offshore panameña World Product Supply Corp.

Esta última serviría para la creación de dos nuevas sociedades que, en resumen, desvanecerían los fondos de la colombiana Paola Riviere, dueña en Cali de una empresa de productos botánicos.

Mossack Fonseca inició el proceso, pero se topó con un problema. El departamento de Quejas de la firma panameña encontró una coincidencia que requería más papeleo: la operación incluía a una persona que, según los registros de Mossack Fonseca, estaba expuesta políticamente: Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

Berrío Castillo, presidente de la junta de Headford Business, la sociedad de Mecafé, era también director en World Product Supply Corp. Nada extraño para un empleado de un bufete con prácticas similares a las de Mossack Fonseca. Nada extraño para un hombre que aparece como directivo en otras ochenta compañías, incluida Latin American Spas Inc.

Edwin Ovidio Benítez, del Departamento de Quejas de Mossack, lo describió en un correo: “La información encontrada muestra que (es) director de la compañía Latin American Spas Inc, la cual es propiedad de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, relacionada con el expresidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014)”.

Este vínculo, la participación de Berrío Castillo en Latin American Spas Inc, ya había sido revelado por El Faro el 26 de mayo de 2014 en un reportaje titulado “El presidente Funes, una cadena de favores y un spa”, una investigación que demostraba cómo allegados del empresario Miguel Menéndez, Mecafé, habían escalado posiciones dentro del gobierno Funes, y la ayuda que Mecafé había correspondido para que Guzmán Sigüenza equipara un spa en una colonia residencial de San Salvador.

Ese spa no está abierto al público hasta el momento, pero el balance en los registros salvadoreños muestra que Latin American Spas efectuó operaciones financieras por más de un millón de dólares en 2015.

Detalle del acuerdo de nombramiento, en diciembre de 2013, de Raúl Berrío Castillo como nuevo presidente de Headford. Berrío es también directivo de la empresa Latin American Spas Inc, perteneciente a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

 

Lo que la filtración de Mossak Fonseca muestra ahora es que Mecafé y Latin American Spas, la empresa de Guzmán Sigüenza, se valieron de los mismos directores ficticios, y el mismo sistema de empresas matrioska, para crear y mantener sus empresas offshore en Panamá. El Faro pidió una entrevista con José Miguel Menéndez a través de su oficina y le escribió por correo electrónico para preguntarle por sus empresas en Panamá, pero no obtuvo respuesta.

El expresidente Funes dedicó, un día después de hacerse pública la investigación global de los #PanamaPapers, numerosos mensajes en su cuenta de Twitter @FunesCartagena para hablar del escándalo internacional desatado por el trabajo de investigación liderado por el ICIJ.

“Para quien pregunta sobre las firmas offshore: son sociedades creadas por ricos y poderosos para esconder fortunas y evadir impuestos locales”, escribió Funes el lunes 4, a las 13:26 horas. “Develan comportamiento que debe ser investigado con el fin de erradicar prácticas de evasión de responsabilidades tributarias”, agregó después.

A esa hora, la información sobre las empresas offshore de Mecafé, miembro del movimiento “Amigos de Mauricio”, financista de su campaña, funcionario y contratista de su gobierno, y sobre el pretanombre que comparte con Ada Mitchell Guzmán, aún no era pública.

The Panama Papers

Toda la historia de los PANAMA PAPERS comenzó en el periódico  Süddeutsche Zeitung (SZ), uno de los medios más importantes de Alemania. A ellos se les entregó todo el material sobre las compañías off shore en Panamá, y ellos crearon un consorcio internacional de medios para revisar, estudiar y publicar el vasto material. Publicamos aquí la introducción general del Süddeutsche Zeitung (SZ) en los Panama Papers.

Segunda Vuelta

 

Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Vanessa Wormer and Wolfgang Jaschensky, 3 abril 2016 / Süddeutsche Zeitung

Over a year ago, an anonymous source contacted the Süddeutsche Zeitung (SZ) and submitted encrypted internal documents from Mossack Fonseca, a Panamanian law firm that sells anonymous offshore companies around the world. These shell firms enable their owners to cover up their business dealings, no matter how shady.

In the months that followed, the number of documents continued to grow far beyond the original leak. Ultimately, SZ acquired about 2.6 terabytes of data, making the leak the biggest that journalists had ever worked with. The source wanted neither financial compensation nor anything else in return, apart from a few security measures.

The data provides rare insights into a world that can only exist in the shadows. It proves how a global industry led by major banks, legal firms, and asset management companies secretly manages the estates of the world’s rich and famous: from politicians, Fifa officials, fraudsters and drug smugglers, to celebrities and professional athletes.

A group effort

The Süddeutsche Zeitung decided to analyze the data in cooperation with the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ had already coordinated the research for past projects that SZ was also involved in, among them Offshore Leaks, Lux Leaks, and Swiss Leaks. Panama Papers is the biggest-ever international cooperation of its kind. In the past 12 months, around 400 journalists from more than 100 media organizations in over 80 countries have taken part in researching the documents. These have included teams from the Guardian and the BBC in England, Le Monde in France, and La Nación in Argentina. In Germany, SZ journalists have cooperated with their colleagues from two public broadcasters, NDR and WDR. Journalists from the Swiss Sonntagszeitung and the Austrian weekly Falter have also worked on the project, as have their colleagues at ORF, Austria’s national public broadcaster. The international team initially met in Washington, Munich, Lillehammer and London to map out the research approach.

Making of

Vea el video en este link:

http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/assets/videos/48114089843ac63b30a11d8b9e3730a158b469bd6d8fc2480de3318bc06fa7417fe73408ac5a0e6087f3bc3e1285c5ae7837d717bdc89bffa88df3d40f6b5ec8.mp4

The data

The Panama Papers include approximately 11.5 million documents – more than the combined total of the Wikileaks Cablegate, Offshore Leaks, Lux Leaks, and Swiss Leaks. The data primarily comprises e-mails, pdf files, photo files, and excerpts of an internal Mossack Fonseca database. It covers a period spanning from the 1970s to the spring of 2016.

 

Moreover, the journalists crosschecked a large number of documents, including passport copies. About two years ago, a whistleblower had already sold internal Mossack Fonseca data to the German authorities, but the dataset was much older and smaller in scope: while it addressed a few hundred offshore companies, the Panama Papers provide data on some 214,000 companies. In the wake of the data purchase, last year investigators searched the homes and offices of about 100 people. The Commerzbank was also raided. As a consequence of their business dealings with Mossack Fonseca, Commerzbank, HSH Nordbank, and Hypovereinsbank agreed to pay fines of around 20 million euros, respectively. Since then, other countries have also acquired data from the initial smaller leak, among them the United States, the UK, and Iceland.

The system

The leaked data is structured as follows: Mossack Fonseca created a folder for each shell firm. Each folder contains e-mails, contracts, transcripts, and scanned documents. In some instances, there are several thousand pages of documentation. First, the data had to be systematically indexed to make searching through this sea of information possible. To this end, the Süddeutsche Zeitung used Nuix, the same program that international investigators work with. Süddeutsche Zeitung and ICIJ uploaded millions of documents onto high-performance computers. They applied optical character recognition (OCR) to transform data into machine-readable and easy to search files. The process turned images – such as scanned IDs and signed contracts – into searchable text. This was an important step: it enabled journalists to comb through as large a portion of the leak as possible using a simple search mask similar to Google.The journalists compiled lists of important politicians, international criminals, and well-known professional athletes, among others. The digital processing made it possible to then search the leak for the names on these lists. The «party donations scandal» list contained 130 names, and the UN sanctions list more than 600. In just a few minutes, the powerful search algorithm compared the lists with the 11.5 million documents.

The research

For each name found, a detailed research process was initiated that posed the following questions: what is this person’s role in the network of companies? Where does the money come from? Where is it going? Is this structure legal?Generally speaking, owning an offshore company is not illegal in itself. In fact, establishing an offshore company can be seen as a logical step for a broad range of business transactions. However, a look through the Panama Papers very quickly reveals that concealing the identities of the true company owners was the primary aim in the vast majority of cases. From the outset, the journalists had their work cut out for them. The providers of offshore companies – among them banks, lawyers, and investment advisors – often keep their clients’ names secret and use proxies. In turn, the proxies’ tracks then lead to heads of state, important officials, and millionaires. Over the course of the international project, journalists cooperated with one another to investigate thousands of leads: they examined evidence, studied contracts, and spoke with experts.

Among others, Mossack Fonsecas’ clients include criminals and members of various Mafia groups. The documents also expose bribery scandals and corrupt heads of state and government. The alleged offshore companies of twelve current and former heads of state make up one of the most spectacular parts of the leak, as do the links to other leaders, and to their families, closest advisors, and friends. The Panamanian law firm also counts almost 200 other politicians from around the globe among its clients, including a number of ministers.

The company

The company at the center of all these stories is Mossack Fonseca, a Panamanian provider of offshore companies with dozens of offices all over the world. It sells its shell firms in cities such as Zurich, London, and Hong Kong – in some instances at bargain prices. Clients can buy an anonymous company for as little as USD 1,000. However, at this price it is just an empty shell. For an extra fee, Mossack Fonseca provides a sham director and, if desired, conceals the company’s true shareholder. The result is an offshore company whose true purpose and ownership structure is indecipherable from the outside. Mossack Fonseca has founded, sold, and managed thousands of companies. The documents provide a detailed view of how Mossack Fonseca routinely accepts to engage in business activities that potentially violate sanctions, in addition to aiding and abetting tax evasion and money laundering.

About Süddeutsche Zeitung

Headquartered in Munich, Süddeutsche Zeitung (SZ) is one of Germany’s leading newspapers. SZ has a total readership of 4.4 million for its print and online media. Its investigative journalism team counts five people, three of which are members of the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). The Süddeutsche Zeitung has won a number of prestigious awards for its research work. Its team has cooperated with other media organizations on a number of projects, including Offshore Leaks, Swiss Leaks, and Lux Leaks, which ICIJ coordinated. At the beginning of 2015, an anonymous source began sending the Süddeutsche Zeitung data from Mossack Fonseca, a provider of offshore companies. This marked the beginning of the Panama Papers project.

 

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