Ring de Hoy

#RingDeHOY – Las “OffShore”: su legalidad y su ética. Juan Manuel Rogel vs. Luis Alonso Cruz

EDH20160413OPI026P

Sí, avalo las “offshore”

Juan Manuel Rogel, 13 abril 2016 / EDH

Claro que es legal, tan legal como lo es para un policía, un guardia de seguridad o para un atleta de tiro el adquirir un arma de fuego. Su posesión per se no es ilegal y tampoco mala, lo que sí se reconoce es que conlleva una gran responsabilidad. La legalidad o no reside en el propósito, en el uso que se le dé a la misma.

Últimamente se le ha dado una connotación negativa a la palabra offshore, por lo que me gustaría detenerme a explicar un poco su significado. Offshore es una palabra de origen anglosajón que significa alejado de la costa, en el ámbito empresarial y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son aquellas empresas registradas en un país diferente a aquel en el que desarrollan sus actividades de negocio. Ahora, el hecho en sí de crear una empresa offshore no es ilegal ya que la ley no obliga a mantener el dinero en el país y tampoco implica que su par local no tribute de manera correcta y transparente, no obstante, cabe la posibilidad que se utilicen las empresas offshore con el objeto de eludir o evadir impuestos.

Eludir es la reducción del monto de impuestos a pagar dentro del marco legal.  Un ejemplo claro es buscar el monto mínimo a pagar del impuesto sobre la renta a través de la deducción de financiamiento de estudios, salud o deducción de donaciones.  Lo cual tampoco va en contra de la ética ya que la misma ley me lo permite y no estamos obligados a pagar más impuestos que los que la ley nos obliga.

En cambio la evasión sí es un delito, ya que consiste en ocultar bienes o ingresos intencionalmente con el fin de no pagar impuestos.  Por ejemplo, recordemos al comercio que ofrece no dar factura para descontarte el impuesto o aquella persona que miente en su declaración. Al final es algo que va más allá de la utilización de algún tipo específico de empresa. No obstante, si se utiliza una empresa offshore para evadir impuestos o un arma para cometer un delito, es su mal uso el que catalogamos de malo y o la creación o elaboración de la misma.

Dentro de los factores positivos de crear una empresa offshore se pueden mencionar los siguientes: Agilidad y eficiencia en la consolidación de operaciones en diferentes países, al haber tributado como se debe en cada operación la offshore ofrece un recinto en que se consolidan los resultados sin necesidad de tanta fiscalización, bajo un régimen que optimiza la rentabilidad de los resultados, asimismo se logra diversificar el riesgo país y minimizar los tiempos necesarios para poder reinvertir los flujos en cualquier país que desee.

De igual forma, ofrecen beneficios de seguridad y discreción para sus propietarios, muchas veces los inversionistas de alto perfil desean mantener su identidad en secreto mientras realizan transacciones importantes ya que muchas veces su simple nombre incrementa el flujo de personas interesadas en el proyecto y por ende el precio de las mismas. Aparte, en entornos con alta inseguridad, la protección de identidad dentro de una offshore es una práctica común para mantener un perfil bajo.

En síntesis, el simple hecho de crear o poseer una offshore, o de portar o distribuir una arma, no  representan ningún delito o acción contra la ética. Lo que sí carece de ética y legalidad es declarar culpable a un país como Panamá, que no ha hecho más que trabajar en pro de un sistema tributario más justo y transparente. En lo personal considero que es nuestro deber investigar e instruirnos adecuadamente antes de emitir un determinado juicio de valor sobre esta situación.

@jmrogelm, MBA de INCAE con mención en Finanzas y Lic. en Económia y Negocios de ESEN

No, no avalo las “offshore”

Luis Alonso Cruz, 13 abril 2016 / EDH

En los últimos días se hicieron públicos los resultados de la investigación periodística denominada “Panamá Papers”. Esta investigación surge a partir de una serie de documentos que fueron filtrados y muestran cómo la firma legal panameña Mossack Fonseca ayudó a instaurar empresas offshore en ese país con el fin de obtener ventajas tributarias. El  tema ha estado en el foco de las discusiones debido a que involucra a empresarios, líderes políticos y medios de comunicación alrededor del mundo, incluido El Salvador, poniendo en discusión cómo personas adineradas operan para ocultar sus riquezas y evitar el pago de impuestos u otras obligaciones legales.

En principio dependerá del marco jurídico de cada país determinar su legalidad. En cuanto a si son éticas argumentaré que no lo son a partir de tres elementos. El primero, es que este tipo de prácticas, donde es difícil conocer el origen del dinero, fomenta la utilización de éstas para fines ilícitos porque permite el lavado de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o corrupción, limpiándose al registrarlas como utilidades de una sociedad legalmente constituida en un paraíso fiscal. El segundo, es que minan las finanzas públicas, pues a través de las sociedades offshore evitan el pago de impuestos en los lugares en donde realizan la actividad económica y crean valor.

Debido a estas prácticas, países como Estados Unidos han fortalecido las medidas para atacar estas iniciativas, como por ejemplo en la aprobación de la Ley FATCA en 2010, que busca disminuir la evasión de impuestos en el extranjero. Tercero, este tipo de acciones fomenta la fuga de capitales, fenómeno lesivo para las economías de los países pobres, pues genera una diferenciación entre empresas que pagan impuestos y empresas que no, favoreciendo la competencia desleal. ¿Por qué los pequeños y microempresarios sí deben pagar impuestos mientras que los grandes empresarios usan offshore para “ahorrarlos” con evidentes e injustas ventajas?

Para comprender los costos a las economías locales asociados a este fenómeno, es importante conocer algunas estimaciones. De acuerdo a Gabriel Zucman (1), economista de la Universidad de California en Berkeley, los costos fiscales en Estados Unidos debido a estos esquemas ascendieron a US$128,000 millones. Para comprender la relevancia de estos montos, cabe señalar que los ingresos tributarios de El Salvador en el 2015 fueron de US$4,119 millones. ¿Cuántas escuelas, clínicas u hospitales se podrían construir con el dinero evadido?

Algunos que defienden el uso de offshore para la evasión de impuestos aseguran que es la corrupción la que “motiva” esta práctica. Este argumento está fuera de lugar pues justifica una práctica antiética con otra que también lo es, ambas igual de nocivas para el desarrollo de los países y por tanto igual de condenables.

Por otra parte, se señala a la carga tributaria del país de origen como la responsable de incentivar, este argumento tiene un profundo sesgo ideológico, una concepción ultraliberal que plantea que el mejor Estado es aquel donde menos se pagan impuestos, solo basta revisar la carga tributaria de los países escandinavos que tienen el mejor Índice de Desarrollo Humano e Índice de Percepción de la Corrupción para para demostrar que este argumento es mentira. Esta postura sacrifica el bien común en favor de una minoría capaz de llevar a cabo estas acciones, profundizando los obstáculos que perpetúan la pobreza y reproduciendo las desigualdades económicas y sociales.

Las OffShore existen porque hay personas que quieren seguir teniendo negocios oscuros y lavando dinero para disfrutar las ganancias solapadamente, si exigimos transparencia hay que exigirla en todos los ámbitos de la sociedad incluyendo el mercado. Seamos coherentes y no defendamos ni la corrupción en el gobierno ni la corrupción en el mercado.

Miembro de Progre, Licenciado en CC. JJ. por la UCA, Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

#RingdeHoy: ¿Conviene declarar inconstitucional la Ley de Amnistía? Dos posiciones.

 EDH20150929OPI027P

Sí.
“La práctica cotidiana ha demostrado que la impunidad es un mal.”

Máster en Democracia y Buen Gobierno Universidad de Salamanca, Lic. Ciencias Jurídicas UCA, Candidata al Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Twitter: @sgrubiop

Sonia Rubio, 29 sept. 2015 / EDH

Es sencillo: sin justicia no hay democracia. La práctica cotidiana ha demostrado que la impunidad es un mal que socaba los cimientos democráticos de cualquier país pues, además de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, emite un mensaje que cualquier barbarie —por grave que sea— no será castigada, que las actividades estatales no serán revisadas y que son válidas cualquier práctica corrupta. Por ello, cuando ha pasado un poco más dos décadas desde la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec y “esa paz” aún no se traduce en justicia y verdad para las múltiples víctimas —y sus familiares— de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, con soltura puede decirse que persisten graves déficits democráticos en el país.

Una de las principales razones es la cuestionable Ley de Amnistía General que exoneró de responsabilidad penal a quienes cometieron terribles crímenes durante la guerra civil. Gracias a esta ley, los responsables de brutales hechos —como los referidos en el Informe de la Comisión de la Verdad— caminan libremente por la calle, incluso algunos todavía se encuentran activos en la vida política, sin miedo de ser sometidos a juicios y sin mayor protección que el blindaje institucional otorgado. En una frase: viven con mayor tranquilidad que muchas de sus víctimas.

Basta con realizar un breve análisis del cuerpo normativo y el impacto de esta Ley para advertir su incompatibilidad con el régimen democrático que decimos tener; y, para detectar sus vicios constitucionales y las trasgresiones a los compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño. Con todo, es preciso aclarar que el problema jurídico no radica en sí en “la amnistía”, sino en su forma, contenido y alcance. La misma Constitución establece la potestad legislativa de otorgarlas; pero como sucede con otras potestades, no puede ser absoluta. Hay  al menos dos límites taxativos: el primero es que este tipo de recurso jurídico—político no puede ser invocado para evadir responsabilidades penales producto de delitos cometidos durante el mismo período gubernamental que operaba en la emisión de la ley (las autoamnistías); y, el segundo, los valores constitucionales y particularmente los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico salvadoreño, que operan como verdaderas barreras de protección contra los excesos legislativos de las transitorias mayorías parlamentarias.

En otras palabras, para que esta amnistía sea válida no podría recaer sobre un acto cometido por su emisor, es decir, no se vale “el autoperdón”; y menos aún, que ese hecho constituya una grave violación a los derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lamentablemente, ambas condiciones confluyen en la amnistía salvadoreña, y por eso riñe con nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que la amnistía salvadoreña ha servido como obstáculo legal para impedir a las víctimas, o sus familiares, el desarrollo de un debido proceso que permita “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos” (Caso Mozote, párr.283).

Bajo esta realidad es ilusorio la construcción de sociedades realmente democráticas, ya que no puede existir un Estado de Derecho en el que una fracción de la ciudadanía se encuentre exento de ciertas responsabilidades, y donde los crímenes queden impunes bajo el sofisma que el sacrificio de las víctimas es necesario para “la reconciliación nacional”. Precisamente, por ello la Sala de lo Constitucional debe reconocer el carácter justiciable de los derechos humanos y debe dejar patente que la Ley de Amnistía, al conllevar a la impunidad y a la injusticia, se encuentra en flagrante incompatibilidad con el marco jurídico salvadoreño.

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No.
“Si se formó la paz y no queremos volver a estos fantasmas,, no nos conviene.”

Publicista, Asesor de Comunicaciones y Director Ejecutivo de JRN. @xluiscarlosx

Luis Carlos Tenorio, 29 sept. 2015 / EDH

Primero analicemos el término amnistía, un acto jurídico normalmente emanado del poder legislativo, porque una serie de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. Por decirle así, es perdonar actos que se han hecho bajo un conflicto armado donde no se sabe a ciencia cierta quienes son los culpables. No podemos confundir tampoco la amnistía con el indulto, donde la persona sigue siendo culpable pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena individual y no colectiva.

En nuestro país vivimos unos de los conflictos armados más grandes y despiadados de la historia dejando a miles de víctimas a lo largo y ancho de todo El Salvador. Las cifras a ciencia cierta de cada caso no se conocen ya que no existía en el tiempo de la guerra un entidad como medicina legal y al final, las víctimas podían ser las que los reporteros pudieran calcular de declaraciones de ambos bandos.

Imaginemos que estamos en una balacera, donde los disparos vienen de cualquier lado y sin ningún control, de ambos lados hay bajas y existen víctimas inocentes. ¿Cómo determinamos a quién se le atribuye esa muerte? Volviendo al tema de la guerra civil en nuestro país en los años 80, ¿cómo determinamos el dolo en la muerte de civiles inocentes?  Si en nuestro país, ni siquiera contamos con una base de datos de ADN o una institución no politizada para investigar seriamente los crímenes o actos de guerra que se hayan suscitado.
No estoy defendiendo ni a uno ni a otro de los involucrados, lo que si defiendo es la justicia y la base legal, pero si en un momento no existen pruebas veraces, esto no queda más que en suposiciones y contubernios que no pueden ser juzgados. La violencia nunca debe de ser una solución a ningún problema, como dicen no existe guerra buena o necesaria con excepción de la II Guerra Mundial y la Guerra de las Galaxias.

La amnistía donde se juzga a un “criminal político” fue lo que vino a crear tensiones entre las potencias europeas en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, lo que hizo fue abrir esa caja de pandora donde este “criminal político” dejó de ser visto como reformador idealista y pasó a ser considerado un traidor a la unidad nacional, algo casi equiparado con el delito político externo, estas razones tienen sus consecuencias, toda guerra tiene sus actos barbáricos e inhumanos porque se descontrolan, como en la guerra de El Salvador, que comenzó quizás por alguna causa, cuando se intervino políticamente se perdió eso y se convirtió en la búsqueda del poder y del territorio.

Amnistía es un olvido mutuo, ese olvido que acompaña a ese perdón que en los corazones de muchos no existirá jamás, lastimosamente esto solo divide más y no abona a la paz que fue firmada.

Por todo lo que ha sufrido  el pueblo salvadoreño, se esperaría que jamás vuelva a suceder pero con una ola de violencia que aumenta día con día, donde volvemos a ver  “coches bombas”, que preocupa de sobre manera, que se iguala a la época de guerra pero no podemos estar pensando en ese pasado oscuro. La historia nos debe servir para aprender, para no repetirse y no para juzgar.
Veredicto: Si se firmó la paz y no queremos volver a esos fantasmas, no nos conviene como salvadoreños que se declare inconstitucional la Ley de Amnistía.

El Ring de Hoy: ¿Debe existir el salario mínimo?

ring salario

Sí debe existir salario mínimo

Economista de ESEN Candidata en Maestría de Desarrollo Internacional en Washington DC. Twitter: @ivettemcg

Economista de ESEN
Candidata en Maestría de Desarrollo Internacional en Washington DC. Twitter: @ivettemcg

Ivette Contreras, 24 agosto 2015 / EDH

Considero que el salario mínimo debe existir porque contribuye al poder de negociación de aquellos trabajadores más desfavorecidos y garantiza que el crecimiento económico se desarrolle con mayor equidad. Además, como presentaré más adelante, no hay evidencia económica de que el salario mínimo aumente el desempleo. Más aún, creo que la verdadera interrogante en torno a este tema debería enmarcarse en cuál es el nivel óptimo de este salario mínimo y no en su existencia.

En la vida real, la definición de un salario se basa principalmente en el poder de negociación de ambas partes. Una característica común en los trabajos no calificados y que ofrecen salarios bajos es que las habilidades para realizarlos no son especializadas y, tristemente, eso implica, desde el punto de vista del empleador, que los trabajadores son sustituibles de manera rápida, por lo que el poder de negociación de ellos es prácticamente nulo.

Por ejemplo: imaginen una fábrica que contrata 1,000 personas seleccionándolas a partir de 10,000 personas que por apremiante necesidad hacen fila para ser contratados. Es claro que sin límites la empresa tomará el más barato o al más necesitado, independientemente si este salario corresponde o no a su verdadera productividad. De esta manera, un salario más bajo no necesariamente reduce el desempleo (la fábrica no contratará más de 1,000 empleados que necesita) y lo que sucede es que hay una efectiva trasferencia de riqueza del trabajador al empleador. Un salario mínimo bien calculado, evita que factores ajenos a la productividad de una persona definan su salario.

Un argumento clásico para desacreditar al salario mínimo es que genera desempleo. Desafortunadamente, esta es una idea demasiado simplista. Por ejemplo, supongamos que el salario que corresponde a la productividad de un trabajador no calificado es de $300 mensuales. Si el salario mínimo se fija en $600 es claro que habrá desempleo, pero si se fija cerca de $300 no tendría por qué hacerlo.

No se trata de desacreditar una medida de protección solamente porque puede ser abusada. Más aún las investigaciones en torno al tema no dan indicios de que los gobiernos fijen salarios mínimos excesivos que generan desempleo. Por ejemplo, en el estudio realizado por el CEPR (Centro de Investigación Económica y de Políticas) en el año 2013 para Estados Unidos se demuestra que pequeños aumentos del salario mínimo actual no afectan significativamente el nivel de desempleo, lo que parece indicar que en la práctica los gobiernos fijan salarios mínimos que están cerca o abajo de los niveles que corresponden a la productividad de los empleados no calificados.

También se culpa a las políticas de salarios mínimos por los niveles de informalidad en nuestros países. Sin embargo, la informalidad no es causada por la existencia de un salario mínimo, se genera por la falta de monitoreo en relaciones laborales. El salario es tan solo un componente porque personas en informalidad no cuentan con contratos, prestaciones laborales o incluso beneficios como vacaciones y aguinaldo. Y aquí salimos perdiendo todos, los trabajadores por no contar con sus derechos, el gobierno por no recibir impuestos y las empresas por no poder operar fuera de las sombras.

En resumen, la discusión debería enmarcarse en fijar un nivel de salario mínimo efectivo. Es decir, aquel salario que corresponda a la productividad de los trabajadores, un salario que efectivamente les ayude a los empleados a recuperar su poder de negociación con los empleadores. Esto implica un seguimiento serio de los resultados laborales del país y compromiso a que no sea tan solo una medida política.

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Sí debe existir salario mínimo

Miembro Comité Académico CREO. Estudiante a egresar de Lic. En Economía Empresarial, Universidad Dr. José Matías Delgado. Twitter: @Rafa_Ruiz

Miembro Comité Académico CREO. Estudiante a egresar de Lic. En Economía Empresarial, Universidad Dr. José Matías Delgado. Twitter: @Rafa_Ruiz

Rafael Ruiz Monroy, 24 agosto 2015 / EDH

¿Quién no desearía un aumento en sus ingresos? Claramente creo que todos quisiéramos uno. Sin embargo, se nos olvida que más dinero, implica ganarlo, la riqueza posee sus propias causas.

La pobreza en cambio, es el estado natural del hombre, pues se nace desnudo, y es a través del trabajo coordinado de millones de personas que fabricamos vestimenta y todo aquello que nos ha otorgado una vida más cómoda y alejada de la intemperie. Pero a todo esto es importante reflexionar, ¿cómo hemos logrado producir tantos bienes y servicios? La respuesta es compleja, pero si la queremos simplificar, podemos decir que ha sido a través de la libre asociación para la producción o lo que también llamamos Capitalismo.

Las teorías más clásicas de producción han planteado tres elementos necesarios, el uso de la tierra, trabajo y capital, cada uno de estos con sus respectivos “salarios”: renta para la tierra, salario para el trabajo y utilidades para el capital. Esta premisa clásica fue muy criticada en sus tiempos por Marx, él predecía que esta visión de la economía haría que las personas dejarán de ser dueñas de factores concentrando así en pocas manos el capital, dejando a los trabajadores con nada más disponible para ganar que el salario.

Hay que tomar nota que cuando se habla de salarios rara vez se piensa en este origen complejo de participación entre factores productivos. Sólo se habla de lo bien que le haría a las personas un poco de dinero extra. Lo cual es un análisis demasiado superficial. Por ello, conceptos como el del salario mínimo deben quedar en desuso, pues se encuentra en un graso error así como la predicción de Marx sobre nuestro presente.

Pues el Capitalismo, permitió un aumento de la productividad sin precedentes, la división del trabajo generó una especialización del conocimiento de tal grado que hizo necesaria la creación de redes en grandes cadenas de suministro gestionadas alrededor de todo el globo, las organizaciones modernas cuentan con expertos en temas de producción, diseño, comercialización, ventas, finanzas, contabilidad, recursos humanos, logística, impuestos, contratos, etc.

El mundo moderno se encuentra lleno de asalariados que han venido a convertirse  en el factor productivo más importante, incluso que el mismo capital. Los individuos de hoy cuentan con la capacidad de trabajar por cuenta propia brindando sus conocimientos a múltiples compañías, en EE.UU. son 9 de cada 10 y en la India 19 de 20 los que trabajan en un esquema de emprendimiento.

¿Y el Salario mínimo? Ha sido siempre inservible (hoy más que nunca), pues su objetivo ha sido proteger a aquella mano de obra que su valor producido a la compañía es tan mínimo que su salario en términos de su productividad resultaría muy chico. Eso nunca funcionó pues cada aumento al salario mínimo siempre ha significado un encarecimiento del trabajo poco calificado, acotando las oportunidades de empleo. Hoy eso resulta aún más difícil de cumplir en el actual esquema de economía del conocimiento, pues seguir insistiendo en aumentos al salario mínimo o tan siquiera permitir su  existencia apresuraría dos grandes situaciones de desempleo:

–  Se acelerarían aquellos procesos de automatización para sustituir a los trabajos menos calificados por máquinas.

–  Dificultades para la creación de redes de emprendedores, con deseos de realizar proyectos, pero con costos muy altos debido a los salarios mínimos.

Ante este contexto de gran innovación y conocimiento, la garantía de los trabajadores no puede ser un salario mínimo, sino lo debe ser su productividad y la gran cantidad de información y tecnificación disponible gracias a la informática.

Ring de Hoy: ¿Debe ser la salud de los jefes de Estado información de carácter público?

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Investigadora, Departamento de Estudios Legales, FUSADES

Investigadora, Departamento de Estudios Legales, FUSADES

Carmina Castro de Villamariona , 11 agosto 2015 / EDH

En medio de una de las mayores crisis de inseguridad que ha sufrido el país en los últimos años, el presidente Salvador Sánchez Cerén partió a Cuba. Ante las duras críticas en redes sociales, se aclaró por medio de un comunicado oficial que se trataba de un viaje para realizar un chequeo médico rutinario, programado con meses de antelación.

A muchos ciudadanos nos surgieron preguntas como: ¿Si se trataba de un chequeo rutinario, no era lo más razonable y prudente posponerlo hasta después de la crisis? ¿Qué podría aquejarle al presidente que durante la grave situación que tenía al transporte público bajo ataque haya decidido realizar el viaje? ¿Cuánto duraría el viaje? ¿Quién lo está pagando? ¡Tenemos derecho a saberlo!

Los funcionarios públicos, especialmente los de elección popular, voluntariamente aceptan un grado de escrutinio mayor. Por ende, hay una disminución del ámbito de su privacidad, puesto que hay un interés superior de la colectividad en conocer cómo actúan y qué intereses o circunstancias pueden influenciar sus acciones.

La enfermedad de un presidente presenta un conflicto entre su derecho a la privacidad y el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Tratándose de una enfermedad terminal o que limite su capacidad para ejercer el cargo; su privacidad debe ceder ante el mayor peso que tiene el interés público de conocer su estado de salud. Un padecimiento grave trasciende la esfera de lo privado y tiene consecuencias trascendentales, pues el Art. 131 ord. 20 de la Constitución establece como atribución de la Asamblea Legislativa el declarar la incapacidad física o mental del presidente.

En Estados Unidos el presidente de turno se somete periódicamente a un examen médico cuyos resultados son anunciados en conferencias de prensa. En El Salvador, al carecer de esta práctica, no existe un mecanismo que permita verificar el estado de salud del titular del Órgano Ejecutivo y, en su caso, activar las medidas del art. 131 Cn. ord 20.

La información sobre los viajes de los presidentes es pública, incluso cuando sea pagado con fondos privados. Tan es así que la Constitución determina en el Art. 158 que el presidente debe contar con licencia de la Asamblea Legislativa para salir del territorio nacional, pero la práctica es que se conceden los permisos por períodos amplios y no por cada viaje. Además, el art. 10 dela Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que la información sobre cualquier viaje que sea pagado con fondos públicos, es pública.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), está tramitando un caso sobre información de los viajes del expresidente Funes y que Sánchez Cerén denegó. Lastimosamente, en la resolución inicial, cuya revocatoria está pendiente desde hace más de 6 meses, el IAIP aceptó la reserva injustificada.

En el caso del viaje del presidente Sánchez Cerén, existe un claro y legítimo interés público de conocer el por qué, quien al asumir su cargo dijo que se ponía al frente del sistema nacional de seguridad ciudadana, decidió salir del país en el momento más álgido de la crisis. Lo deseable en un país democrático es que los funcionarios, que son representantes del pueblo sean francos y transparentes con la ciudadanía. Un comunicado vago, provocado por una filtración de información, no satisface el derecho a saber de la ciudadanía.

No

Abogado, notario, maestro en Ciencia Política,  coordinador general Asociación de Jóvenes Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador, coordinador de Incidencia Política Asociación Jóvenes Contra la Violencia El Salvador. @alvarengamartir

Abogado, notario, maestro en Ciencia Política,
coordinador general Asociación de Jóvenes Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador, coordinador de Incidencia Política Asociación Jóvenes Contra la Violencia El Salvador. @alvarengamartir

Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir, 11 agosto 2015 / EDH

Para fundamentar el NO que doy como respuesta a la interrogante planteada, considero oportuno y pertinente en primer lugar referirme a lo que expresamente se regula al respecto en la Ley de Acceso a la Información Pública; misma que entro en plena vigencia en nuestro país el día 8 de mayo del año 2012.

En el literal a) del artículo 24 de dicho cuerpo normativo se establece con claridad que es información confidencial “la referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, así como archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de la persona“.

Por información confidencial hemos de entender, conforme a lo desarrollado en el literal f) del artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública, “aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido”.

Así las cosas, y en apego irrestricto a lo contenido en nuestro ordenamiento jurídico vigente, se colige que la salud de todos y cada uno de quienes habitamos en El Salvador (incluyendo por supuesto a los jefes de Estado) constituye información confidencial y por ende su acceso público y divulgación por parte de terceros están expresamente prohibidos.

Ahora bien, y a pesar de la certeza jurídica antes descrita, ahondemos un poco en torno a si la salud de los jefes de estado debiese ser de carácter público.

No obstante podría argumentarse distinto a mi persona que desde el momento en el que la salud de nuestros gobernantes tenga incidencia en el manejo de la cosa pública, nace un derecho de saber cómo es posible que evolucionen sus cuadros; en definitiva, considero que tanto el expediente clínico, como el estado de salud de los jefes de estado constituyen información que deben permanecer como un asunto de carácter privado y confidencial; en tanto debe privilegiarse su protección al estar en presencia de datos personales.

Indudablemente, el sufrimiento de enfermedades o padecimientos está claramente reservado al ámbito de intimidad de cada persona y su familia; para el caso que nos ocupa a los jefes de estado; quienes finalmente son los únicos facultados para comunicar su estado de salud con quien así lo dispongan, en tanto dicha información les pertenece como individuos.

Siendo importante destacar además que a los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros, anestesiólogos, etc.) que atienden a cualquier persona, pero en este caso en particular a los jefes de estado, les asiste el secreto médico, a partir del cual se obligan a guardar silencio acerca de aquellas circunstancias que el paciente le comunica sobre su peculiar situación de debilidad o enfermedad; no estando por tanto habilitados para divulgar a terceros información al respecto.

En ese orden de ideas, ya el legislador definió en el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública que, en el caso de que se hiciera uso de los mecanismos en ella desarrollados y recibiese una solicitud de información respecto al estado de salud del jefe de estado, para que los entes obligados (Presidencia de la República y sus correspondientes Secretarias) procedieran a proporcionar dicha información, que tiene carácter de privada y confidencial, debiese mediar un consentimiento previo, expreso y libre del titular de la misma.

El Ring de Hoy: ¿Debe establecerse una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador?

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Leonor Selva. Leonor Selva, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la ESEN, con estudios de postgrado en Políticas Publicas.

Leonor Selva. Leonor Selva, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la ESEN, con estudios de postgrado en Políticas Publicas.

Leonor Selva, 28 julio 2015 / EDH

Según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuando se instaló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encontró “un país ideológicamente dividido, una sociedad civil escéptica, y una población que había pasado de padecer la violencia de motivación política, a la violencia común y la creciente presencia e influencia de la delincuencia organizada nacional”; además, su sistema judicial presentaba –según estadísticas oficiales– un grado de impunidad del 96% en los casos de delitos contra la vida. Sin embargo, a pesar de que muchos en El Salvador usaríamos esas palabras exactas para describir la situación de nuestro país, el Secretario General de partido oficial, señor Medardo González, descartaba la idea de una CICIES (versión salvadoreña de dicha Comisión), aduciendo que las circunstancias de ambos países “no son comparables”.

Tanto El Salvador como Guatemala forman parte de la subregión del Triángulo Norte (también conocida como la región más peligrosa del mundo). Organismos internacionales advierten sobre la frágil institucionalidad de ambos países y su alto grado de vulnerabilidad ante la corrupción e infiltración del crimen organizado. La tasa de impunidad de homicidios en nuestro país es del 95% (solo un punto porcentual menos que Guatemala); y no obstante se ha vuelto bastante frecuente que salgan a la luz posibles casos de corrupción en el gobierno, pocos son investigados y judicializados apropiadamente.

En ese sentido, pareciera que lo único que vuelve incomparable la situación de ambos países es que cuando se creó la CICIG en Guatemala, su clase política desconocía –y quizás subestimaba– el potencial impacto de su decisión, mientras que, en El Salvador, hemos presenciado los resultados de las investigaciones de dicha comisión, y sobre todo, el efecto que la CICIG ha tenido –y continuará teniendo– en la sociedad guatemalteca. Quizás por eso nuestros representantes se sienten más renuentes a la idea (ya saben, por aquello de no echarse la soga al cuello).

En contraste con el entusiasmo con que se reciben fondos de cooperación y se aprueban préstamos internacionales, cuando se habla de una comisión internacional que combata la impunidad, afloran las denuncias de violaciones a la soberanía del país. Sobre este punto, es importante recalcar que, por ejemplo, la CICIG no sustituye a las autoridades nacionales en la investigación y persecución del delito, sino que trabaja dentro un marco de cooperación en el que: interviene en los procesos judiciales como querellante adhesivo, asesora técnicamente a las agencias fiscales (quienes son los que formalmente investigan los casos), y se rige por las leyes nacionales. En el plano político, la CICIG tiene la facultad de recomendar reformas legislativas y propuestas de políticas públicas, pero su adopción sigue siendo competencia estatal. Por lo demás, la CICIG fortalece la capacidad técnica e instalada de las instituciones por medio asesoramiento, capacitaciones, intercambio de conocimiento, igual que cualquier otro programa de cooperación. Es así que, la CICIG no compite con el Ministerio Publico; lo acompaña y refuerza en cada paso.

Entonces, es claro que la instalación de una CICIES no representaría ningún tipo de amenaza a la soberanía del Estado. ¿Y sabe cuánto nos costaría esto a los salvadoreños? Absolutamente nada, pues la comisión se financia íntegramente con donaciones internacionales.

Por todo lo anterior, una comisión internacional contra la impunidad constituiría una valiosa herramienta para erradicar la corrupción en el gobierno, depurar nuestras instituciones de seguridad y justicia y para que, como ciudadanía, restablezcamos nuestro carácter soberano.

La CICIES no es la solución mágica a todos nuestros problemas, pero actualmente es nuestra mejor apuesta, pues aportaría tres cosas que parecen ausentes en nuestro gobierno: independencia, capacidad técnica y voluntad para combatir la impunidad.

@LeonorSelva

No debe establecerse

Luis Alonso Cruz. Miembro de Progre Licenciado en CC. JJ. por la UCA. Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.Becario OEA del Posgrado en Ética pública, Transparencia y Anticorrupción otorgado por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina

Luis Alonso Cruz. Miembro de Progre
Licenciado en CC. JJ. por la UCA.
Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.Becario OEA del Posgrado en Ética pública, Transparencia y Anticorrupción otorgado por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina

Luis Alonso Cruz, 28 julio 2015 / EDH

La impunidad es un problema en El Salvador; impunidad en todos los ámbitos, desde los que roban millones hasta los que pagan al policía para evitar una multa de tránsito. El sistema de justicia es en parte responsable de que se genere este problema. No tenemos una fiscalía fuerte, ni leyes con penas aceptables, mucho menos un Órgano Judicial probo y que castigue en verdad a culpables. La institucionalidad salvadoreña es aún débil y la respuesta debería ser solventar nuestros problemas fortaleciéndola nosotros mismos sin recurrir a instituciones foráneas.

En los últimos días ha surgido la idea de crear una CICIES que replique a la CICIG, pero olvidan que la función principal de este último organismo es “combatir cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad y maquinaria clandestina de seguridad” ¿Es el problema que nosotros tenemos en el país? No, es más, si uno revisa el informe de labores de la CICIG se lee que este objetivo no ha sido cumplido.

Si nos comparamos con Honduras y Guatemala nos damos cuenta que tenemos avances, pequeños pero los hay. Por ejemplo en Honduras se organizan marchas por la publicación en la que se da a conocer que la candidatura del actual Presidente fue pagada con dinero proveniente de la corrupción, en El Salvador se conoció que parte de la candidatura del Presidente elegido en 2004 también fue pagada con dinero que tenía otros fines. En Honduras hay marchas exigiendo un proceso penal, en El Salvador el proceso ya esta judicializado e irónicamente hacen marchas para exigir la liberación del acusado tildando el proceso de “persecución política”.

En el país conocemos de casos de corrupción como la red en Correos de El Salvador que cobraba servicios y depositaba el dinero en cuentas privadas, un ministro que exigía apoyo para la campaña de su partido político a cambio de contratar servicios, un ministro que aceptó como “lugar de entrega” de los productos la bodega del vendedor o una junta directiva que entregaba terrenos  a militares y diputados cuando debían ser destinados a agricultores. Todos estos casos fueron judicializados con resultados diferentes, unos prescribieron, otros generaron condenas a servicio comunitario sin responsabilidad patrimonial. No debemos olvidar que la CICIG está obligada a cumplir las leyes guatemaltecas, es decir, en nuestro país se tendrían los mismos resultados porque nuestras leyes y procesos permiten estos casos de impunidad.

No hay que olvidar que estamos ante una gran oportunidad para fortalecer de verdad la institucionalidad del sistema de justicia, me refiero a la elección del Fiscal General de la República. Si tan solo la Asamblea eligiera a la persona correcta se podrían obtener los resultados que todos esperamos. Es necesario resaltar la responsabilidad que tiene la Asamblea en elegir una persona, como muchas que han participado en los procesos de selección, que garantice el estricto cumplimiento de la ley y no posea conflictos de interés por su relación con partidos políticos o grupos de poder.

En el país hay personas que siendo exfiscales auxiliares conocen muy bien cómo funciona la FGR e inclusive han renunciado a la misma porque no estaban de acuerdo con sus superiores; entre ellos u otras personas con verdadera independencia, podrían elegir a quien desempeñe el trabajo al frente de la FGR. ¿Por qué no hacemos marchas exigiendo que la Asamblea elija un buen fiscal?

La persecución del delito y el mismo sistema de justicia penal requiere que se elijan en cargos a personas capaces de devolver la institucionalidad y ganar la confianza de la ciudadanía con su trabajo y apego a sus funciones; hagamos lo mismo con nuestro sistema de justicia.