tregua

Carta a Mijango: Te quieren acabar. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 19 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Mi amigo Raul:
Te quieren acabar. Muerte civil. Muerte penal. Y hasta la muerte física. Tiran para matar, desde la Fiscalía General de la República, desde los medios, analistas y expertos de Seguridad (no importa cuánto hayan fracasado con sus propuestas y políticas).

Destruyéndote a vos quieren erradicar del imaginario nacional, de una vez por todas, la idea del diálogo y de la mediación en el contexto de la política de seguridad, prevención y reinserción. Unos (los del FMLN y el masgobierno) porque les estorba esta idea, porque desde el 2014 apuestan todo a la represión y la solución militar. Otros, porque destruyéndote a vos quieren llevarse de encuentro a Funes y Munguía Payés. Otros, porque quieren legitimar su triste historial de mano dura bajo los gobiernos de ARENA…

EDH logSos el blanco ideal. No pueden enjuiciar a Funes y Munguía Payés, porque no hay delito que les pueden imputar. No pueden enjuiciar a Fabio Colindres, porque es obispo de la Iglesia Católica. No se atreven a enjuiciarme a mi, porque con razón mucha gente sospecharía que quieren callar a la única voz que consistentemente en los medios critica la política de Seguridad del gobierno y la actuación de la Fiscalía.

Te escogieron a vos, porque saben que ningún sector poderoso de la sociedad te va a defender. Ni el FMLN, porque para ellos sos traidor, como cualquiera de izquierda que no se somete a su control. Ni ARENA, porque sos ex guerrillero y crítico de sus políticas.

OEA-Tregua

Raul Mijango (derecha) con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, monseñor Fabio Colindres y Adam Blackwell, secretario de seguridad multidimensional de la OEA, en el penal de Mariona

Me preguntaron si pongo la mano en el fuego por vos. La respuesta es: sí, porque tengo 30 años de conocerte. Pasamos juntos por la guerra y la construcción de la paz. Sé de qué madera sos hecho. Sé que te ofreciste de mediador, no para ayudar a las pandillas, sino para ayudar al país a encontrar un camino para salir de la terrible matanza que bloquea la democracia, el crecimiento, el bienestar y la fibra social de la nación. Estuve a la par tuya docenas de veces cuando encaraste a los líderes de las pandillas para que cumplieran su palabra de convertirse en parte de la solución del problema de la violencia que ellos mismos (pero no solo ellos) han generado.

Estuve a la par tuya cuando los amenazaste a hacer las gestiones necesarias para que los volvieran a encerrar en Zacatraz y boten la llave si usaban violencia para chantajear al gobierno y la sociedad.

Me consta que vos nunca has sido cómplice de los pandilleros, ni para meterles teléfonos a los penales (acusación absurda, porque ahí han tenido teléfonos antes, durante y después de la tregua, simplemente por que el sistema penitenciario es corrupto), ni para extorsionar empresas, como ahora te acusa la Fiscalía en un nuevo juicio. Te acusan de extorsión en un caso donde trataste de mediar entre una empresa y las pandillas para evitar que atentaran contra los empleados. Qué manera de agradecer a un mediador.

Ambos casos están basados exclusivamente en el testimonio de “Nalo”, el cabecilla de la pandilla 18-Revolucionarios que vendió su alma a la Fiscalía a cambio de que le otorgaran inmunidad en casos de asesinatos, robos, extorsiones, tráfico de drogas y de armas.

La figura del testigo criteriado fue creada para que delincuentes de menor escala ayuden a esclarecer delitos mayores a los cometidos por él. La Fiscalía ha pervertido este instrumento legal, dando inmunidad a un asesino y traficante de armas y drogas para que testifique en el caso de la supuesta introducción de ilícitos a los penales. Le salvan de una condena segura de 50 a 60 años para mandarte a vos a la cárcel por 14 años. No solo es mal negocio, es éticamente inaceptable.

Ahora estás grave y hospitalizado y al darte de alta vas a seguir enfermo, pero igual te quieren meter en una bartolina. Te quieren matar.

Pero no estás solo. En este país hay muchos que te vamos a defender y pedir tu libertad y un juicio justo.

Ten fuerza, Raúl. Te lo pide tu amigo

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Negociaron con pandillas. De Erika Saldaña

Es saludable que inicie un debate serio sobre este tema. Con énfasis en serio. Ojala que no se limite a enmarcar el problema de los pactos electorales con pandillas en el contexto de la tregua, sino donde verdaderamente pertenece: las políticas de Seguridad post tregua del FMLN y la ausencia de alternativas por parte de ARENA.

Paolo Luers

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 14 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

El FMLN y ARENA habrían negociado con las pandillas a cambio de incentivar o intimidar las votaciones presidenciales de 2014. A los dos partidos políticos mayoritarios de El Salvador poco les importó el historial criminal de estos grupos, los fines para los cuales podrían utilizar el dinero recibido en sus negociaciones, ni las consecuencias que el fortalecimiento de estos grupos tendría en la vida de muchos salvadoreños. A estos partidos políticos únicamente les interesó mantener o recuperar el poder.

EDH logEmpecemos por lo incomprensible. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre que es válido sentarse a negociar aspectos políticos del país, como una votación, con grupos que se encuentran fuera de la ley? Las pandillas son ese fenómeno social cuya raíz no hemos comprendido a cabalidad. Probablemente son producto de la desigualdad, violencia y falta de oportunidades, pero eso no excluye el hecho que son grupos de personas que han cometido graves delitos contra la sociedad y cuya reinserción o aceptación no puede ocurrir fuera de los parámetros que dibuja la ley.

Cuando en 2016 se dieron a conocer audios y videos publicados por el periódico digital El Faro, en el que aparecían funcionarios de ambos partidos mayoritarios intentando hacer acuerdos con los jefes de las principales pandillas, a los partidos no les tocó más que aceptar esas reuniones; eso sí, aduciendo otro tipo de motivos y tratando de justificar cualquier rastro de ilegitimidad. ARENA manifestó que sus reuniones se realizaron con el fin de que las pandillas permitieran una votación libre en los territorios controlados y cesaran el acoso a votantes en la segunda vuelta presidencial de 2014; mientras que el FMLN expresó que las reuniones del Ministro de Gobernación con pandilleros respondían a un apoyo económico para renovar los documentos únicos de identidad y programas de microcrédito.

Los partidos políticos han desgastado tanto su credibilidad en El Salvador, que ya pocos (o solo su voto duro) creen en las justificaciones que otorgan. Aunque manifiesten que sus propósitos eran distintos a incidir en las elecciones de 2014, no hay nada que justifique que negociaron con pandillas. Si su intención era detener acciones ilegítimas, su deber era acudir a las instancias correspondientes a denunciar y hacer públicos los hechos, no sentarse a ofrecer beneficios a pandilleros.

A los políticos no les importó que estos grupos han robado, matado, violado e intimidado a muchas personas; el único fin que ARENA y el FMLN habrían tenido en la cabeza era conseguir ganar las elecciones y con estas negociaciones dejaron claro que estaban dispuestos a pagar cualquier precio, dinero y vidas de salvadoreños. Usaron a grupos que depredan a la sociedad para ganar unas elecciones. Es algo vil. Despreciable.

Por otro lado, con este tipo de negociaciones queda expuesta la incapacidad de los actuales partidos políticos de ganar una elección con base en propuestas y trabajo. A ARENA y el FMLN les salía más fácil lograr que las personas votaran o dejaran de votar por la fuerza, a las alternativas naturales en un país civilizado: presentar planes de gobierno con propuestas decentes y que los ciudadanos fueran los que evaluaran esas propuestas en las urnas. No tienen ni la mínima capacidad de gobernar de manera decente, por lo que se tuvieron que auxiliar de los métodos más bajeros que existen.

ARENA y el FMLN atentaron directamente con el sistema político y contra la democracia misma. Si las elecciones libres son un presupuesto necesario para la existencia de un Estado constitucional de Derecho, el solo intento de alterar la voluntad popular a través de compra de votos o de la intimidación a ciudadanos libres para que no asistieran a las urnas, los vuelve culpables de atentar contra la esencia del sistema republicano.

Los partidos políticos ya se encontraban inmersos en una crisis por culpa de su misma ineptitud para dirigir los temas trascendentales para la ciudadanía; estas negociaciones con grupos criminales los siguen llevando camino al abismo. El posible resquebrajamiento del sistema de partidos políticos será culpa de la desconfianza que ellos mismos han sembrado con acciones reprochables como estas. O cambian su forma de hacer política, o la historia recordará a estas legislaturas y gobiernos como los únicos responsables de la total decadencia de El Salvador.

Naufragio. De Christian Villalta

Pocos periodistas y columnistas tienen la capacidad (y voluntad) de abordar el tema de “la tregua” no de manera de blanco/negro o bueno/malo, sino de manera diferenciada y honesta. Christian Villalta es uno de estos pocos. No estoy de acuerdo con todos sus planteamientos, pero sí estoy convencido que este es el debate que necesitamos.

Paolo Luers/Segunda Vuelta

CRISTIAN VILLALTA

Christian Villalta, director de El Gráfico

Christian Villalta, 13 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Entiendo que los detalles de “la Tregua” le paren los pelos y remuevan las entrañas. Cada uno de los detalles que figuran en el relato de Carlos Burgos Nuila, alias Nalo, mueve a la opinión pública del estupor ante la variedad de delitos que presuntamente se habrían cometido en el marco de “la Tregua” con la anuencia del Ejecutivo, a la indignación por el albedrío del que los funcionarios hicieron gala.

LPGSin embargo, hay cuatro acotaciones no por poco populares menos imprescindibles: primera, que la información fundamental que sustenta la acusación fiscal parte del testimonio de un pandillero, criminal confeso, que está sometido a toda la presión posible de las autoridades; segunda, que los autores intelectuales de este despropósito, de este paréntesis de ilegalidad en la política de seguridad del Estado, no están siendo juzgados; tercera, si el ministerio público pondera así de alto la confesión de su testigo estrella, ¿por qué no ha procedido contra los políticos del Fmln y Arena que habrían financiado a las pandillas a cambio de conductas electorales?; y cuarta, que la atención pública se está centrando en la anécdota penitenciaria, y no en ese naufragio que ha sido la política de seguridad de los dos gobiernos del Fmln.

Las acotaciones no son populares porque la tendencia en la opinión pública, la inercia de la cosa es someter a guillotina a los operarios de “la Tregua”, desde Raúl Mijango hasta Nelson Rauda, incluyendo a todos aquellos que se hayan permitido decir en público, durante el último sexenio, que el manodurismo no era la solución al problema pandilleril, y que no había que descartar otros caminos. Ese listado, pese a ser tan heterogéneo como para juntar a varios jerarcas católicos, al colega Paolo Luers y a algunos voceros de la izquierda no alineada con el oficialismo, nunca incluyó oficialmente ni a Mauricio Funes ni a Munguía Payés ni a Óscar Ortiz, pese a que fueron padres de esa criatura.

El Salvador no tuvo ocasión de discutir sobre esos “otros caminos” para el problema de las maras, su sostenido reclutamiento y el flagelo que suponen para cientos de miles de ciudadanos. Y buena parte de la culpa la tuvieron las administraciones areneras que confiaron en el músculo policial, hiperactivado con los esteroides de un discurso maníqueo; con el tejido social dejado a su suerte, sin inversiones sociales decisivas en las comunidades urbanas marginales, la represión sólo sirvió para fortalecer más una visión del mundo y de la vida que es caldo nutricio de la pandilla.

Acto seguido, fue decepcionante que nuestros dos primeros gobiernos de izquierda no hayan tenido un plan para trabajar este tema, ni siquiera una filosofía, una lectura unívoca. Esa es la única explicación a lo torpe de sus actuaciones en estos siete años, mismas que pasaron de lo reactivo a lo clandestino, y de lo clandestino nuevamente a lo reactivo, rayando otra vez el manodurismo. Por clandestino, me refiero a que durante poco menos de tres años, el Ejecutivo y su círculo cercano creyeron posible resolver la encrucijada de las maras a hurtadillas del país, en un ejercicio innecesariamente conspirativo.

Esa es la más pesada de las culpas que el Fmln soporta en esta materia: que cualquier enfoque no represivo ni militar sobre la reconstrucción de la comunidad marginal y excluida -ese, no otro, es el camino para combatir a la pandilla- se vea socavado y satanizado por la discutida ejecución de “la Tregua”.

Con independencia de lo que el juez haga con el testimonio de alias Nalo, es imperativo que el Gobierno reconozca el fracaso del enfoque represivo, y que acepte su responsabilidad en este juego de sombras.

“No podemos seguir pidiendo más violencia”: María José Cornejo/crominóloga

Yessica Espinoza, 26 junio 2017 / EL MUNDO (SV)

La criminología cultural ¿cómo ve la violencia y las pandillas del país?

La criminología cultural trataría entender las razones detrás de la violencia. No podemos hacer aseveraciones uniformes sobre la violencia que ejercen las pandillas, hay crímenes pasionales por ejemplo; la violencia es bastante expresiva, no siempre cumple un propósito funcional, sino un propósito de expresar algo, por eso es que se dan expresiones de violencia que parecieran extremas e irracionales. Las pandillas podrían verse como la necesidad de un sector de la población de recobrar cierta identidad, de tener una posición en la sociedad, de ser escuchados, pero que lo están haciendo de una manera nociva y dañina tanto para ellos como para la sociedad. Entonces hay que ver por qué están llegando a este extremo de expresión, por qué están llegando a este tipo de daños. La criminología cultural intentaría entrar a estas comunidades, comprender la cultura de la calle, las fuerzas que están operando en las comunidades.

¿Qué factores están provocando estas expresiones?

Uno de los factores es la represión del Estado, cómo estos poderes se están configurando de manera que las salidas que le ven para revelarse, oponerse y resistir estas fuerzas es la violencia, que no cumple un propósito más que decir préstennos más atención o devuélvannos cierto nivel de dignidad.

También hay procesos económicos, el alto nivel de desigualdad porque cuando se analiza el fenómeno de las pandillas en el país, vemos marcadísimo el tener comunidades marginales frente a otras sumamente opulentas y esa brecha genera emociones, enojos y todo tipo de cosas subjetivas que impactan al joven, que es un factor para crear sociedades violentas.

Esta la falta de atención a estos jóvenes, que pareciera que a la sociedad no le importa y la manera en que se responde, que el Estado no da oportunidades, sino que está presente como una institución de control y de represión de comportamientos.

¿ Qué soluciones propone la Criminología Cultural para controlar el fenómeno de las pandillas ?

La criminología ve necesario abordar el tema desde las causales grandes y hacer esfuerzos en todas estas partes. Hablamos de la cultura de la sociedad, medios de comunicación que replican ciertas historias, el Estado con sus políticas y están las víctimas y victimarios. Por ejemplo, la educación por medio de la academia, que puedan entrarle a otras teorías o a ayudar a pensarlo de manera distinta, no solo pensarlo desde la perspectiva de control social. Desde lo medios de comunicación es necesario no replicar discursos que nos repitan la misma historia de la pandilla, el pandillero, es el culpable sin entender qué hubo detrás de cualquier evento criminal, ir más allá de solo el conteo de muertos, se debe tratar de comprender qué realmente pasó en ese suceso, pues cada uno tiene su particularidad. El Estado tiene la responsabilidad no solo de controlar sino de desarrollar a la juventud y de crear espacios y oportunidades para los jóvenes, tiene la responsabilidad de minimizar el daño social de sus propias políticas porque las políticas de represión generan un gran daño social porque los jóvenes que no están en las pandillas viven una violencia permanente de experimentar operativos que llegan a derribar las puertas de las casas, de ver a hombres armados todos los días.

¿Cómo podrá hacer eso el Estado?

El Estado necesita un cambio mental, un cambio de paradigma y para cambiar el paradigma del control, de que todo se trata de controlar a la sociedad, tiene que entender que hay políticas que están destruyendo el tejido social y están perdiendo el control por medio de ese rompimiento. Es un cambio de paradigma que se puede apoyar en instituciones académicas y que la sociedad debe pedir porque al final es la sociedad la que genera ese debate público. La sociedad pide que se minimice la violencia pero debe pedir una respuesta distinta y tenemos que partir de que lo que tenemos no nos está funcionando, sabemos que las políticas nos han generado más violencia. No podemos seguir pidiendo más violencia. Para mí que la respuesta para que el Estado cambie viene de la sociedad.

¿Cómo ve el papel de las autoridades de seguridad en el tema de las pandillas?

Las autoridades de seguridad deberían acercarse a las comunidades. Hay que aceptar que las pandillas tienen autoridad en las comunidades, eso es una realidad. Pero hay que partir que no será la violencia la que les va a arrebatar esa autoridad, sino que hay otras formas de mediar, de dialogar, entonces las autoridades deben acercarse a los líderes comunales, religiosos, por ejemplo, para encontrar formas de mediación para aplacar e ir retomando el control de las comunidades; pero para el Gobierno es muy difícil aceptar que las pandillas tienen autoridad y control pero no deberíamos de verlo como debilidad que ya el Estado no tiene el control, si hay que dialogar, hay que dialogar.

En ese sentido, ¿estaría la criminología cultural a favor de la tregua?

La tregua es un tema bastante complicado. De todas las políticas de seguridad que el Estado ha aplicado, la tregua ha sido la única política de seguridad que ha logrado disminuir el nivel de homicidios. Eso nos dejó una gran lección más allá de si es legal o ilegal dialogar con los pandilleros o si fue legal o ilegal los mecanismos de la implementación.

Hay que entender que el principio de diálogo funcionó, fue efectivo. Pero como se ha movido de que no nos vamos a ensuciar las manos negociando con actores criminales tenemos ese paradigma pero es injusto que el Estado venga a decir que no se va meter a dialogar con actores criminales y que la sociedad que sufre la violencia diga que no se va a ensuciar las manos, cuando esos diálogos son necesarios y dan estabilidad. Yo veo a la tregua como un experimento que valdría la pena repensarlo, quizás le faltó transparencia y claridad al proceso y por supuesto, hizo falta mecanismos que le dieran sostenibilidad. Un diálogo tiene que ir más allá de un cese al fuego, se tendría que crear oportunidades, involucrado a la policía de una manera más integral y al resto de la sociedad también.

Pero, después de la tregua, la criminalidad aumentó...

Eso se venia venir, precisamente por la falta de otros mecanismos. La tregua se manipuló de mil maneras. Habían varios discursos que se dieron a la vez: por un lado el presidente Funes decía que apoyaba al diálogo y por otro decía que no; enviaron una serie de mensajes mixtos que le restaron credibilidad. También, al no haber una estructura que le diera sostenibilidad de acuerdos y por último que al romper con la tregua, entran otra vez con represión y aún con más de la que había antes. Incrementó la violencia desde los dos lados, el Estado le dio un giro completo a la política que llevaba.

La policía arreció la represión contra las pandillas por medio de la FES, FIRT y GRP y aseguran que es necesario a la par de la rehabilitación. ¿Lo ve viable?

Yo veo contradictorio que el mismo Estado que busca eliminar hable de rehabilitar. No se puede hablar de que queremos rehabilitar y queremos erradicar, o se habla de una cosa o de otra. Claro que se deben regular actividades o controlar el crimen pero no hablar de erradicar grupos, porque es una materia bien peligrosa, porque nos podríamos convertir en Estado genocida cuando hemos designado a un grupo como culpable y buscamos su eliminación total y la sociedad también apoya y hay situaciones que se están saliendo de control como por ejemplo las ejecuciones sumarias. Hay que ir cambiando el lenguaje y reorientando el paradigma de cómo lo entendemos.

¿Es posible la rehabilitación de un pandillero?

La criminología cultural no ve al joven como desviado o teniendo una falla psicológica. Creo que lo que se tiene que rehabilitar es la sociedad, las condiciones que han permitido que estos grupos existan, entonces cuando hablamos de reinserción, por ejemplo, ¿reinserción a qué? ¿A una sociedad que condena, que es violenta, que no le da valor a las comunidades? Lo que necesitamos es rehabilitarnos todos para ser una sociedad más abierta a la juventud, a que el concepto de desarrollo vaya más orientado a las sociedades, no solo a carreteras, centros comerciales y se nos olvida la gente que es el centro de todo.

Perfil

María José Cornejo es salvadoreña y candidata al Doctorado en Criminología Global y Cultural en la Universidad de Kent, Reino Unido. Se graduó como Masters en Política Pública Internacional en la Universidad de Tsukuba, Japón y tiene una Licenciatura en Ciencia Política y Manejo de Negocios en la Universidad de Ozarks, Estados Unidos. Ha sido comentarista del libro “Pandillas como Movimiento Social” de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y conferencista en Washington D.C. con el tema “Mediación en Conflicto Criminal: Riesgos y Potenciales y la Tregua de Pandillas en El Salvador”, presentado en la Reunión Anual de la Asociación de Criminología Americana.

Carta a los que creen en la justicia: Acusar es más fácil que comprobar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 mayo 2017 / MAS! y EDH

Estimados amigos:
Los columnistas no solemos ir a audiencias judiciales. Las dejamos a los reporteros. Pero para opinar, a veces hay que ir a la fuente de las noticias. Fui al inicio de la audiencia, en la cual se va a decidir si el llamado “caso tregua” merece pasar a vista pública.

La jueza levantó la reserva sobre el caso. Buena noticia, porque ya era absurdo que los acusados y sus defensores no podían hablar en público, mientras que los medios estaban llenos de filtraciones de la Fiscalía, hechas para conseguir pre-condenas.

Si se hubiera mantenido la reserva, no podría contar lo que pasó una hora antes de la audiencia. La Fiscalía había solicitado un “reconocimiento”: un jefe pandillero criteriado tenía que identificar a dos acusados. La diligencia fue declarada nula, porque la Fiscalía sentó a su “testigo” en la entrada, donde podía ver a los dos acusados en su ingreso para luego “reconocerlos”. Pero a pesar de esta maniobra burda, el criteriado declaró que no sabía a quién tenía que reconocer. De paso, la FGR quemó a su criteriado, identificándolo con nombre y apellido en su escrito de acusación…

Luego la Fiscalía comenzó a exhibir sus pruebas. Reprodujeron el audio de una reunión de los mediadores con pandilleros presos: monseñor Fabio Colindres, uno de los mediadores, dando una especie de sermón, diciendo a los pandilleros que “los que han hecho el mal, pueden encontrar el amor y hacer el bien”… A la media hora, la jueza interrumpió y señaló a los fiscales que no había escuchado nada relevante para comprobar las acusaciones. Pero me gustó que hayan reproducido el audio de monseñor, porque perfectamente caracterizaba el esfuerzo de los mediadores: convencer a los líderes pandilleros que en vez de seguir delinquiendo deberían contribuir a reducir y superar la violencia.

Obviamente no era lo que los fiscales querían transmitir. Presentaron un montón de elementos para comprobar algo que todo el mundo sabe, que nadie (ni los acusados) niegan y que además no forma parte de los delitos que les imputan: Establecieron que los mediadores (entre ellos el acusado principal Raúl Mijango) gestionaron una tregua entre las pandillas y que el gobierno de Mauricio Funes adoptó una política pública de facilitar esta gestión, con el fin de reducir la violencia.

Pero esto no aporta nada a la comprobación de los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. La tregua no es sujeto de este juicio. Nadie definió como delito la tregua, mucho menos la política oficial del Estado que facilitó su gestión.

La FGR tendrá que presentar pruebas concretas para sustentar acusaciones concretas de delitos concretos: por ej. que los acusados introdujeron (o permitieron la introducción) de ilícitos en los penales. Las argumentaciones de los fiscales son suposiciones. No hay “cuerpos de delito”, no hay actas de decomiso, no hay fechas y lugares de entrada de ilícitos. Con este vacío se les va a caer más de la mitad del caso.

Lo que queda es “asociación ilícita”. ¿Pero asociación ilícita para qué? Los fiscales tuvieron que aclarar que nadie está acusado de pertenecer a una pandilla. Tampoco puede ser asociación para gestionar la tregua, porque la tregua no es tipificada como delito.

“¿Asociación ilícita para qué?”. Esta será la pregunta central que la Fiscalía tendrá que contestar para que este caso pueda ir a vista pública. Y hasta ahora no hay elemento visible de cómo van a comprobar que estos 21 hombres y mujeres conspiraron para cometer delitos.

Queden pendientes de este caso y mantengan su mente abierta. Hasta ahora no hay caso.
Saludos,

‘We fear soldiers more than gangsters’: El Salvador’s ‘iron fist’ policy turns deadly. THE GUARDIAN

State security forces have turned the war on gangs into an extrajudicial siege in Distrito Italia, where young men are being killed indiscriminately with impunity.

A masked and armed policeman patrols a gang-controlled neighborhood in San Salvador. Violence has heightened between police and gangs in response to government crackdown. Photograph: Alex Peña/AP

A masked and armed policeman patrols a gang-controlled neighborhood in San Salvador. Violence has heightened between police and gangs in response to government crackdown. Photograph: Alex Peña/AP

2c5b27dNina Lakhani, 6 febrero 2017 / THE GUARDIAN

guardianA group of teenage boys were celebrating a birthday with cake and cold beers, larking around and uploading selfies to Facebook. It should have been an ordinary scene played out among old friends, but in El Salvador, these are anything but ordinary times.

Shortly before 11pm, soldiers with rifles quietly descended from the surrounding hills and cornered the youngsters in an alleyway. Most of the teens were were thrown face-down on the ground – but two boys ran, and the soldiers gave chase.

Juanita Ortega was getting ready for bed when she realised that her son Pablo, 19, was in danger.

“Bang! Bang! Bang! I heard gun shots and ran outside to look for my son,” said Ortega, who asked that she and her son be referred to with pseudonyms for fear of reprisal.

“They were hitting the boys on the ground with their rifle butts. I shouted to my neighbours – ‘Get up! Come quickly! They’re going to kill our children!’ – and then I realised my son wasn’t there,” she said.

Pablo made a break for the dusty main street, but a bullet caught him in the thigh and he fell to the ground. Soldiers dragged him to an overgrown patch of waste ground nearby, where he was later found dead, apparently strangled with his own shirt.

Frontpage The Guardian Online

Frontpage The Guardian Online

Almost immediately, a white double cabin pick-up arrived at the scene. A different group of soldiers were dropped off, and the unit which had carried out the attack was driven away, witnesses said.

Forensic scientists arrived several hours later to take away the body. No witnesses were interviewed. Morning newspapers reported the incident as the death of another gang member.

Distrito Italia is an impoverished neighbourhood just north of San Salvador whose cosmopolitan name belies a grim reality. For years, it has been dominated by the Mara Salvatrucha (MS13), one of the country’s two main street gangs, who for the past 25 years have been locked in a battle to control territory.

But the street gangs are not the only factions involved in the violence. State security forces have laid virtual siege to gang-controlled communities where being a young male is enough to get you arrested, tortured or killed.

The government’s promise to apply a mano dura (“iron fist”) policy against gangs seems to have become a shoot-to-kill policy under which anyone living in a gang-controlled neighbourhood risks falling victim to extrajudicial violence.

While some of the victims have been gang members, others have nothing to do with organised crime. Pablo Ortega had only finished high school a few days before he was killed.

“I saw soldiers covering the pool of blood with earth where my son fell,” sobbed Ortega, inside her modest home. “The authorities say he was killed in a shootout with gang members, but it’s a lie, he was never a gangster.”

The interview is interrupted by the sound of a gun being loaded just outside the window. Two police officers saunter past with their hands ready on their pistols; dogs bark, doors slam shut.

“I’m scared, you have to go, I have another son,” pleads Ortega. “It’s like during the [civil] war, they’re killing young people but talking about it can get you killed as well.”

El Salvador’s 12-year war between leftwing guerrillas and US-supported military dictatorships left 80,000 dead, 8,000 missing and a million displaced in 12 years.

The conflict ended in 1992, but peace never came to this small Central American country: although the murder rate dropped 20% last year, El Salvador remains the most deadly country in the world after Syria.

During the civil war, the conflict was described in cold war terms: the government described its enemies as terrorists. Nowadays, the violence continues, but the language has changed: a law passed last year established the gangs as “terrorist groups”.

“In the 1980s, having long hair and carrying a book made you a target; being young still makes you a target today,” said Jeanne Rikkers, director of research at the violence prevention NGO Cristosal.

Yet it could have been different. After years of escalating violence, the murder rate almost halved in mid-2012 after government-appointed negotiators helped facilitate a truce between MS13 andd its main rival Barrio, 18. The deal was imperfect, but for the first time in years, there was some hope of peace.

By mid-2014, however, the truce had fallen apart amid broken promises, political rivalries and tough-on-crime electioneering.

The FLMN – founded by former rebels – won a second term in government and soon declared war on the gangs. In January 2015 vice-president Oscar Ortíz gave security forces the green-light to use deadly force against suspected gang members “without any fear of suffering consequences”.

el salvador gangs

Gang members are escorted upon arrival at a maximum security prison in Zacatecoluca in El Salvador. Photograph: Marvin Recinos/AFP/Getty Images

And they have. Police records obtained by the investigative news website El Faro show that 693 alleged gang members were killed and 255 were injured in 1,074 armed confrontations between January 2015 and August 2016.

In the same period, 24 police and soldiers were killed. That imbalance points to the excessive use of lethal force and summary execution, said Ignacio Cano, a police violence expert at the State University of Rio de Janeiro.

In contrast, police officers arrested just 88 suspected gang members in the whole of 2013 and 2014.

Rikkers said: “The public discourse is warlike. It focuses on eliminating gang members – not crime. [But] the mano dura approach hasn’t worked and won’t suddenly start to work in the future. In the meantime, we are turning a blind eye to grave human rights abuses.”

Those who speak out are often targeted themselves.

Pablo’s murder was among dozens of suspected unlawful killings documented by Dany Romero, a former MS13 member who dedicated himself to violence prevention after his release from prison in 2006.

Last July, he was arrested, accused of using his NGO as a front for gang activities, and detained in maximum-security on terrorism charges.

“Dany had a lot of information that could be a big problem for the state,” said Arnau Baulenas, legal director at the Central American University’s Institute of Human Rights.

Such cases mean that victims’ relatives are wary of speaking out.

Since her son’s death last year, Ortega has often seen the same unit of soldiers in her neighbourhood, but has not dared denounce them to the authorities, for fear of putting her surviving son at risk. “I tell you sincerely, we fear the soldiers more than we ever feared the gangsters,” said Ortega.

Those who monitor the killings say that similarities between the cases cannot be dismissed.

In June, another young man in Distrito Italia was killed in similar circumstances.

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Marcela Beltran at her home which police have raided several times since the attempted murder of her son Cristian. Photograph: Nina Lakhani

The family of Jaime Velásquez, 22, admit that he was a gang member. (They asked for him to be referred to with a pseudonym to protect his surviving relatives).

One night in June 2016, he was on lookout duty, when the soldiers arrived. He was shot seven times and left lying in the street. Witnesses told the Guardian there was no gun battle, and no soldiers were injured. A pick-up truck arrived to take the soldiers away. There was no police investigation.

“The soldiers don’t protect us, they kills us like dogs,” said Velásquez’s older sister

Prosecutors say many of the abuse allegations are concocted by the gangs, and deny being lenient on security forces.

“To date, no investigation has made us think that there is a policy of extrajudicial killings or death squads,” sad Allan Hernandez, director of specialist units.

el salvador gangs

Cristian Hernández was left in a coma after being beaten and tortured by police and soldiers in January 2016. Photograph: Nina Lakhani

“I can guarantee you 100% that prosecutors treat every murder with the same interest. A murder is a murder … In each case we look at the evidence.”

San Miguel Tepezontes is a picturesque rural town 20 miles east of the capital, situated high above Lake Ilopango. It doesn’t have Distrito Italia’s air of menace, but police say two rival gangs operate here, and last September dozens were arrested in a round-up of alleged MS13 members .

One of them was Cristian Hernández Beltrán, a car mechanic.

Nine months earlier Hernández, then 19, had been detained along with a friend by police officers, and driven to an isolated hillside a few miles away. Hernandez was given electric shocks, and beaten round the head with a rock; his fingernails were pulled out.

His unformed attackers threw him into the back of the police truck assuming he was dead, and drove a few miles along a country road before dumping him in the undergrowth. Somehow he managed to crawl into the road and was discovered by a neighbour.

His mother, Marcela Beltran, found him in hospital in an induced coma with grave injuries to his skull and brain. Hernandez didn’t recognise her for a month. He has permanent damage to his vision, hearing, sense of taste and balance, and needs reconstructive surgery to repair his skull.

Beltran, 34, reported the attack immediately, and managed to convince the police to launch a full investigation. But her determination has come at a high price.

The day after Cristian was released from hospital, the perpetrators came to the family home. Over the next few months, he was followed, detained and beaten again, until finally, in September, he was arrested again and accused of extortion and abetting gang murders.

In a success of sorts, three police officers and two soldiers have been accused of Cristian’s attempted murder. But the teenager remains in prison on charges of belonging to a terrorist group.

“My son isn’t a gangster, he’s been persecuted to make me shut up. Cristian is scared they will kill me, they could kill us all, but I won’t stop – the police cannot be untouchable,” said Beltran.

Columna transversal: La sequía que causa inundaciones. Un ejercicio en lógica. De Paolo Luers

Usar la fuerza del orden para acciones de aniquilamiento y de “limpieza social” expone a los policías a riesgos incalculables, sin que el gobierno tenga capacidad de protegerlos.

paolo3Paolo Luers, 21 octubre 2016 / EDH

Demasiadas vidas de policías le ha costado al país la guerra contra las pandillas. Dentro de los miles de muertes que esta guerra cobra al país cada año, las de los policías son las que duelen más a la sociedad.

El Diario de Hoy hizo, en su edición del 18 de octubre, un recuento de cada uno de los 29 policías entre los más de 4 mil homicidios acontecidos entre el 1 de enero y el 2 de septiembre del 2016. Tal vez de esta forma contribuyamos a crear conciencia del precio inaceptable que la sociedad está pagando en esta guerra.

diario hoySin embargo, me toca explicar por qué no estoy de acuerdo con el enfoque que se dio a este homenaje a los policías víctimas de la violencia. En la portada, la nota se anuncia de una manera ambigua: “Tregua precedió matanza de policías”, reza la madera. Es como decir: “Sequía precedió inundaciones”.

Pero al interior del periódico, el titular cambia: “La tregua que aumentó los asesinatos a policías”. Ya no se trata una secuencia en el tiempo, sino de una causalidad: Es por culpa de la tregua que aumentaron los asesinatos a policías.

Es como decir: durante meses de fumigación, se logra bajar la incidencia del dengue. Cuando se deja de fumigar, el dengue se vuelve epidemia. ¿Qué tiene la culpa: la temporada de fumigación, o la suspensión? Imagínense un titular como este: “Campaña de fumigación precede epidemia de dengue…”.

En la nota se reitera la tesis del titular: “Los datos llevan a inferir que las treguas tuvieron como efecto el aumento de policías asesinados”.  Sólo que los datos citados en la nota son falsos: “En 2011 hubo 38 policías asesinados. El 2012 cerró con 40 policías asesinados”.

Según las estadísticas de la misma PNC, los datos son muy diferentes: en el 2009 murieron 18 policías; en el 2010: 18; en el 2011: 17, pero también 12 militares. (En el 2011, la Fuerza Armada había asumido el control periférico de los centros penales, incluyendo la revisión corporal de las esposas, hijas o madres que visitaban a los internos, lo que causó muchos conflictos).

La tregua comenzó a mitad de marzo del 2012. Este año, la cifra de policías asesinados o caídos en combate bajó a 15 (8 de ellos en los tres primeros meses, antes de iniciar la tregua). En el año 2013 son los 14 policías caídos.

A partir de junio del 2013 arrancó la campaña electoral, y el gobierno comenzó a desmarcarse de la tregua y a desmontar el esquema de mediación, que le dio sostenimiento. Y en 2014, con la tregua dada por muerta, el número de policías muertos casi se triplicó, llegando a 39. En el 2015, marcado por la plena implementación de la nueva política de Seguridad del gobierno Sánchez Cerén y su confrontación directa a las pandillas, la cifra de bajas de la policía llegó a 62.

Viendo estos números comparativos del 2009 al 2015, es obvio que durante la tregua no sólo se redujeron los homicidios en general, sino también las cifras de policías víctimas de la delincuencia. La conclusión lógica es: La tregua bajó los homicidios contra policías, y al desmontar el gobierno la tregua en el 2013/14, la cifra de policías aumentó drásticamente.

Esta conclusión -la única lógica que las cifras permiten- es diametralmente contraria a la tesis sostenida en la nota de El Diario de Hoy. Resulta que no es la tregua que aumentó los asesinatos, sino su desmontaje por parte del gobierno del FMLN.

Al gobierno de Sánchez Cerén le conviene que la sociedad acepte su tesis de que fue la tregua que causó el posterior aumento de la violencia, incluyendo las altas cifras de bajas entre los policías. Porque de otra manera el gobierno del FMLN tendría que tomar responsabilidad por la manera irresponsable en que desmontó la tregua y puso a los policías a implementar una guerra de confrontación militar, para la cual no están preparados. Usar la fuerza del orden para acciones de aniquilamiento y de “limpieza social” expone a los policías a riesgos incalculables, sin que el gobierno tenga capacidad de protegerlos. Sin quererlo, notas periodísticas como la mencionada resultan ayudando al gobierno a encubrir sus fracasos.