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La hora de la verdad en El Salvador. De Azam Ahmed/NY Times

Los pandilleros se enfrentan a la mano dura del gobierno y a la letalidad policial mientras algunos intentan encontrar una salida a un punto muerto con las autoridades tras el fracaso de una tregua. Pero ¿eso es siquiera algo que quieren los salvadoreños?

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Santiago es integrante de la facción de Barrio 18 conocida como los Sureños. crédito Moises Saman/Magnum, para The New York Times

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Azam Ahmed es el jefe del buró de The New York Times en México.

Azam Ahmed, 29 noviembre 2017 / THE NEW YORK TIMES

EN MARZO DE 2016, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció un conjunto de “medidas extraordinarias” que, según declaró, acabarían con las pandillas que habían convertido a El Salvador en el país con el mayor número de homicidios sobre la faz de la Tierra. Una tregua respaldada por el gobierno cuatro años antes fracasó y la tasa de homicidios había aumentado a 104 por cada 100.000 personas a nivel nacional y a cerca del doble en la capital, San Salvador. Ahora el partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recurriría a la mano dura. Se desplegarían las fuerzas armadas, se envalentonaría a la policía y las cárceles quedarían sobrepobladas.

Poco después del anuncio, apareció un video. Era una respuesta de las tres pandillas más importantes de El Salvador: la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13, y su contraparte y enemiga Barrio 18, dividida en dos facciones, los Sureños y los Revolucionarios. En el video aparecía un hombre con lentes oscuros y un pañuelo que le NEW YORK TOMES NYTcubría el rostro. Los rayos del sol se filtraban desde una puerta abierta detrás de él, haciendo resplandecer su silueta oscura, lo que le daba una atmósfera amenazante al video, como si su intención fuera exigir el pago de un rescate. Sin embargo, el mensaje tenía un propósito totalmente distinto. En la grabación, el hombre decía que a partir de ese momento no habría más matanzas. Las pandillas habían entablado una nueva tregua, independiente del gobierno. Básicamente, la mano dura no tenía razón de ser.

“Le hacemos conciencia al gobierno en general que no podrá terminar con las pandillas”, dice el hombre, “ya que somos parte de la comunidad de nuestro país”. Con ese enfoque, un ataque contra las pandillas sería un ataque contra el pueblo y un ataque de ese tipo tendría un costo. En el video se acusaba al FMLN, que surgió de la guerra civil salvadoreña hace más de dos décadas, de batallar para mantener su promesa de ser la voz del pueblo. Las pandillas son el pueblo, afirma el hombre con la cara tapada y concluye: “Tenemos herramientas como para poder venir a destruir la política de este país”.

De pie, justo al lado de la cámara, estaba un fornido hombre de 33 años de edad que pertenece a Barrio 18 Sureños. La mayoría de sus amigos lo conocen como Santiago. Él había escrito el discurso pero no pudo pronunciarlo porque se recuperaba de una operación de vesícula biliar. Santiago había ascendido de manera inusual en la jerarquía de Barrio 18. Como uno de los seis miembros de una comisión política especial instaurada por los líderes, ayudó a mantener la tregua de 2012 que disminuyó los homicidios de El Salvador casi a la mitad y despertó en las pandillas el sentimiento de poder político que ahora demostraban.

Desde entonces, se separó del trabajo cotidiano de la vida de las pandillas —que en El Salvador consiste básicamente en extorsionar a los dueños de pequeños negocios— y operaba más como un defensor de los derechos humanos en una zona de conflicto. Mantenía un registro de los miembros muertos de cada pandilla, independientemente de si habían fallecido a manos de rivales o, como sucedía cada vez con mayor frecuencia, de las autoridades. Llevaba a las víctimas de abusos policiales a presentar denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Instaba a miembros de la Iglesia, a organismos no gubernamentales y a periodistas a alzar la voz en contra de las medidas extraordinarias del gobierno. El video fue, en cierto modo, el punto final de sus esfuerzos. Si al gobierno no le importaba detener la violencia, las pandillas tratarían de conseguir la paz por cuenta propia.

“¿Qué dice nuestra
existencia del gobierno y los
servicios que no provee?
Existimos porque no
hay nada más”.
Santiago

Cuando conocí a Santiago en agosto de 2016 y me habló sobre su participación en el video, era el último de los miembros originales del comité político. Los demás fueron asesinados o estaban detenidos. El actual gobierno rechazó la tregua, no solo por considerarla una aberración, sino una asociación delictiva. Las medidas extraordinarias que dieron rienda suelta a la brutalidad de las fuerzas policiales, también se centraron en evitar que los pandilleros se comunicaran: fueron confinados en aislamiento dentro de las cárceles y se les prohibieron las visitas. Organizarse entre ellos, se volvió subversivo.

Cuando lo conocí, Santiago estaba sentado en el segundo piso de un restaurante familiar repleto de gente en San Salvador; estaba comiendo un plato de sopa. Vestía jeans, botas de trabajo y una camisa tipo polo que escondía sus tatuajes. Se veía como cualquier otro trabajador disfrutando de su almuerzo.

“Cuéntame del terrorismo”, dijo Santiago. Había escuchado que trabajé en Afganistán y me preguntó: “¿Cómo lo defines?”. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a las pandillas como grupos terroristas, una medida que parecía diseñada —por lo menos en parte— para conseguir la colaboración de Estados Unidos. Durante más de una hora, mientras Santiago fumaba cigarrillos y tomaba una michelada, hablamos sobre el terrorismo en Afganistán, Irak, Siria y Palestina. Santiago aceptó que las pandillas de El Salvador eran violentas, pero la suya era una violencia de otra naturaleza. “El único paralelo que veo es que representamos a una comunidad determinada, a un segmento de la sociedad que ha sido marginado”, dijo. “Pero nuestra violencia no es ideológica y, sin duda, tampoco es religiosa”.

Le pregunté por qué las pandillas decían que representaban a alguien más que a sí mismas. ¿Qué servicios le brindan a las comunidades? El Talibán regía a aquellos bajo su control con leyes que, aunque brutales, se hacían cumplir con mayor frecuencia que las del gobierno. Las pandillas, en cambio, eran depredadoras que mataban a comerciantes por no pagar sobornos y se enfrentaban a pandillas rivales por cuestiones de territorio y respeto que no tenían nada que ver con las necesidades de la comunidad.

Santiago asintió con la cabeza. “La cuestión no es cuáles servicios brindamos”, dijo. “La cosa es más fundamental: ¿qué dice nuestra existencia del gobierno y los servicios que no provee? Existimos porque no hay nada más”.

AL IGUAL QUE EL FMLN, las pandillas de El Salvador fueron el resultado de la larga guerra civil que comenzó en 1980. Entonces, el FMLN era una constelación de grupos de izquierda que se enfrentaba al gobierno de derecha. A medida que las batallas se hicieron cada vez más violentas, cientos de miles de salvadoreños se mudaron a Estados Unidos, estableciéndose principalmente en Los Ángeles, donde sus hijos se organizaron para protegerse de otras minorías pobres que también habían quedado al margen del “sueño americano”. Para cuando fueron deportados, años más tarde, ya habían formado las pandillas que ahora carcomen a la sociedad salvadoreña y que han sido considerablemente brutales, famosas por decapitar a sus enemigos e ignorar por completo el destino de los civiles atrapados en el fuego cruzado. Ahora, como sucedió durante la guerra civil, cientos de miles de refugiados han huido, incluyendo a más de 50.000 menores de edad que en los últimos años han intentado hacer el viaje por tierra hasta Estados Unidos.

El primero en ejercer la mano dura fue el partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista, conocido como ARENA, que ganó por primera vez la presidencia en 1989. Eso solo sirvió para fortalecer la determinación y cohesión de las pandillas. Cuando el FMLN asumió el poder en 2009, intentó algo diferente. Comenzó a trabajar en secreto para negociar una tregua entre las pandillas en pugna del país. La premisa era sencilla: a través de intermediarios de confianza reunirían a los principales líderes en las cárceles de seguridad, permitirían que interactuaran y los alentarían a forjar la paz en las calles.

Cuando esa tregua finalmente se materializó en 2012, el índice nacional de homicidios cayó casi a la mitad. Sin embargo, a medida que se hizo pública, surgieron varios cuestionamientos: ¿las pandillas simplemente estaban consolidándose antes de desatar otra ola de violencia? ¿Los líderes recibían un tratamiento especial que incluía acceso a drogas y prostitutas? ¿El gobierno estaba apostando por una estrategia en la que las pandillas podrían exigir negociar si mataban a más personas? Una vez que se dio a conocer, la tregua nunca gozó de mucha popularidad entre los salvadoreños; Estados Unidos se opuso ferozmente a esa medida. En 2014, el gobierno comenzó a distanciarse del esfuerzo y la tasa de homicidios comenzó a aumentar de forma considerable.

Lo que está sucediendo es como una
guerra en casi todos los sentidos, pero en el vocabulario de la guerra no hay palabras para describir esta nueva variante.

Cuando Sánchez Cerén llegó al poder en junio de 2014, le retiró el apoyo gubernamental a la tregua. Siete meses después había encarcelado a los líderes de las pandillas en prisiones de máxima seguridad, cortando sus líneas de comunicación. Uno de los periodos más pacíficos desde la guerra civil dio lugar a uno de los más mortíferos y no solo porque la guerra entre las pandillas iba en aumento, sino porque la violencia policial también se incrementó de manera drástica.

Las autoridades mataron a ocho veces más presuntos integrantes de las pandillas en 2015 que en 2013. El diario salvadoreño El Faro reveló que por cada oficial de policía que murió en un tiroteo entre enero y agosto de 2016 fueron asesinados 53 presuntos pandilleros. Es mucho más probable que un combatiente resulte herido a que muera en la historia de la guerra moderna. Sin embargo, en un periodo de veinte meses en el que sucedieron 1074 tiroteos contra presuntos pandilleros, la policía mató a 693 y solo lesionó a 255. El vicepresidente Óscar Ortiz ha afirmado públicamente que los policías tienen el derecho de usar la fuerza letal “sin ningún temor a sufrir consecuencias”.

Lo que está sucediendo es como una guerra en casi todos los sentidos, pero en el vocabulario de la guerra no hay palabras para describir esta nueva variante. Las pandillas son algo parecido a una insurrección, pero no parecen tener ningún objetivo político excepto evitar que se les mate. La existencia de seudodiplomáticos como Santiago refleja una nueva dinámica, alguna vez impensable, con una potencial voluntad de algunos de los bandos para dejar las armas. En diciembre de 2016, los líderes de la MS-13 declararon a El Faro que estarían dispuestos a negociar con el gobierno; incluso mencionaron la posibilidad de desmantelar la pandilla en caso de lograr la paz.

Antes esta opción ni siquiera estaba sobre la mesa, pero los dirigentes parecen haber evolucionado a raíz de la tregua. En febrero, se creó la Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo y el grupo contactó a un enviado especial de las Naciones Unidas, pidiéndole que iniciara un diálogo entre las pandillas y el gobierno.

Presuntos pandilleros que fueron detenidos durante una redada en San Salvador en 2016. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

El FMLN, hasta ahora, no ha correspondido a estas propuestas, ni tampoco lo han hecho muchos de los salvadoreños. Una encuesta reciente arrojó que un 40 por ciento de los adultos del país avalaría el uso de la tortura para combatir a las pandillas, mientras que casi un 34,6 por ciento aprobaría asesinatos extrajudiciales. Los políticos son impopulares, pero también lo son las pandillas.

En la colonia Montreal de Mejicanos, un barrio violento ubicado en lo alto de una colina que está bajo el control de la MS-13, un residente me dijo que las pandillas mataron a un muchacho que se negó a entrar al grupo, lo sepultaron en una fosa clandestina y le prohibieron a sus padres que recuperaran el cuerpo. En Aguilares, asistí al funeral de un conductor de autobús que fue asesinado porque sus jefes se negaron a pagarle a dos pandillas diferentes en la misma ruta. Su hermano me contó que el dolor y la ira lo hicieron pensar en unirse a sus rivales pero, en cambio, dejaría que el gobierno acabara con ellos.

Una pandilla de El Salvador gana en un año lo que un cartel mexicano recaba en una semana. MS-13, la pandilla más grande del país, con 40.000 miembros, recauda unos 30 millones de dólares anualmente de los pagos de extorsiones de unos cuantos dólares, a veces recibidos en monedas, y los distribuye en dádivas a sus miembros, muchos de los cuales viven de cualquier alimento que puedan tomar por la fuerza de los vendedores locales. Parecen no tener interés en las ideologías. El poder que tienen proviene de su condición como el único grupo organizado presente en los barrios pobres de El Salvador; como la única “familia” de decenas de miles de niños salvadoreños abandonados y, para muchos, son la única economía que existe.

El poder que tienen las
pandillas proviene de su
condición como el único
grupo organizado presente
en los barrios pobres
de El Salvador.

En última instancia, comentó Santiago, las pandillas tendrían que sobrellevar las medidas extremas hasta las siguientes elecciones, en marzo de 2018. Santiago estima que las pandillas fácilmente podrían constituir un diez por ciento de los votos, una porción decisiva en un sistema bipartidista. El país celebrará elecciones de dirigentes y legisladores municipales, muchos de zonas que están bajo el control de las pandillas. Esos grupos podrían utilizar su poder para exigirle a ARENA que aligere la mano dura en caso de que el partido resulte electo en un acto de represalia contra el FMLN por adoptar una estrategia tan estricta contra ellos.

“El gobierno tendrá que pagar la factura por lo que ha hecho”, dijo Santiago. “Deberán responder ante nosotros, de una manera u otra”.

SANTIAGO RARA VEZ SE QUEDABA más de un día en el mismo lugar. A veces pasaba una o dos noches en la casa de su exnovia, con quien tuvo una hija que ahora tiene 7 años. También tiene un hijo de 5 años con otra mujer. En raras ocasiones se ha quedado con su abuela. Otras veces, cuando sentía que una zona estaba más caliente, se quedaba en casas alquiladas que parecían abandonadas, al menos desde el exterior.

Su obsesión con la seguridad estaba justificada: Marvin, su contraparte de la MS-13, había sido “levantado” a medianoche de su casa. Lo mismo le pasó a Nalo, el representante de Barrio 18 Revolucionarios en las discusiones de la tregua. Durante una noche, cuando llegamos a una de las casas alquiladas, Santiago se detuvo en un garaje donde había crecido la maleza y se quedó ahí por un minuto, observando a su alrededor.

La casa estaba a oscuras; era una estructura de un piso con las cortinas cerradas detrás de ventanas con herrería. Al otro lado de la calle, alguien instaló un sistema de bocinas y colgó un letrero para transformar una casa similar en una iglesia. Las voces de los evangélicos alabando a Dios sonaban a lo largo de la calle que, de lo contrario, estaría en silencio. Convencido de que no había nadie afuera, Santiago quitó las cadenas del garaje, abrió las puertas oxidadas y entró.

El interior se veía un poco mejor. La tela desgastada de los muebles de la sala estaba cubierta de quemaduras de cigarro. Los pasillos estaban llenos de telarañas. Santiago había cerrado el suministro de agua la última vez que fue y los baños no tenían agua. Decidió esperar a que la misa al otro lado de la calle terminara para volver a abrir la llave de paso. “Prefiero que la gente no me vea aquí”, dijo.

Había una nueva televisión de pantalla plana en la pared. Santiago se sentó en el sofá y encendió la tele para ver las noticias locales. Mencionó que le gusta mantenerse informado sobre los acontecimientos políticos en otras partes de América Latina.

“Deberán responder ante
nosotros, de una
manera u otra”.
Santiago

Mientras cambiaba los canales sonó su teléfono celular. Respondió y escuchó en silencio por un momento. “¿Quieres presentar una denuncia?”, preguntó finalmente. “Yo o alguien más del equipo puede llevarte a la oficina de derechos humanos mañana para llenar el papeleo”. Escuchó otra vez, dijo que entendía y colgó con un suspiro.

Era la esposa de uno de los líderes, dijo. Su marido llevaba años encarcelado y hacía meses que a ella no se le permitía hablar con él, desde que entraron en vigor las medidas extraordinarias. Dijo que la policía todavía la acosaba, pasaba por su casa, rompía sus muebles y le robaba objetos de valor. Ella había pensado en presentar una denuncia, pero había rumores de que las prisiones podrían volver a permitir las visitas de los familiares. Si presentaba una denuncia, la policía podría impedirle ver a su esposo. Al final decidió dejarlo todo por la paz.

A Santiago le gustaba su trabajo pero cada vez era más difícil. Comentó que la mayoría de sus amigos habían muerto o estaban en la cárcel. Unos cuantos se habían ido a Estados Unidos y vivían tranquilos con sus esposas e hijos. A veces pensaba que debería seguirlos, pero temía que lo descubrieran las autoridades estadounidenses. “Soy el último que queda de mi grupo”, dijo. “Cualquier cosa que pase, no será buena”.

Santiago se unió a Barrio 18 en 1998, a los 15 años. Su padre, que había sido un oficial de policía, abandonó a su familia para irse a Estados Unidos cuando Santiago todavía era muy pequeño; en su juventud tuvo pocas ambiciones excepto, quizá, que su vida tomara un rumbo distinto. Durante los primeros años como miembro de Barrio 18, pasó sus días trabajando en una tapicería mientras terminaba el bachillerato por la noche. Mantenía a su madre con el dinero de trabajos esporádicos, pero quería algo más. Dijo que le gustaba ser parte de una comunidad pero “no tenía ningún objetivo, además de serlo; solo quería saber cómo era la vida de pandillero”.

Poco a poco, las pandillas comenzaron a formalizarse con códigos de conducta que prohíben los ataques contra compañeros y el uso de drogas duras como el crack. El mismo Santiago fue parte de esa evolución. Justo antes de terminar la escuela secundaria, lo invitó a comer uno de los fundadores de la pandilla Barrio 18, Carlos Mojica, conocido como el Viejo Lin. Mojica se había propuesto convertir a Barrio 18 en algo más parecido a la delincuencia organizada. Santiago fue a la reunión saliendo de la escuela y todavía vestía su uniforme cuando se sentaron. Mojica sonrió.

“Sigue estudiando lo más que puedas”, recuerda que le dijo. “La gente como nosotros necesita encontrar algo que le interese, algo en qué ocupar su mente”. Le entregó a Santiago una lista de lecturas que incluía la Constitución de El Salvador y la Biblia. “Me dijo que debería ir a la iglesia”, recordó Santiago. “Pensé que estaba loco pero luego me dijo: ‘No estoy diciendo que te hagas cristiano pero confía en mí, no encontrarás paz en ningún otro lugar’”. Santiago tomó en serio su consejo, memorizó pasajes bíblicos y comenzó a organizar eventos evangélicos. El suyo fue un evangelio extraño, uno que combinaba principios cristianos, como la unidad y el amor, con la aceptación de la violencia y la delincuencia que define a las pandillas.

Todo eso cambió en 2006, cuando Santiago fue acusado de intento de homicidio tras un tiroteo con la MS-13, aunque afirma que él no participó. Después de que el gobierno retiró los cargos por falta de pruebas, decidió que era hora de poner fin al capítulo criminal de su vida. Preguntó a los dirigentes si podría concentrar sus energías en encontrar canales para la paz. Estuvieron de acuerdo.

Después de una persecución a pie, un policía arresta a un hombre sospechoso de ser pandillero y de haber participado en el robo de una camioneta. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Santiago nunca me dijo cómo ni con qué se le pagaba por su trabajo, pero no podría haber sido mucho. Su hija se mantenía de las remesas que enviaban los parientes de la madre de la niña desde Estados Unidos. El único flujo de ingresos lucrativo al que podrían haber tenido acceso, de los carteles de narcotráfico que pasaban por su territorio, estaba vedado.

Le pregunté a Santiago por qué las pandillas, dada la cantidad de miembros que tenían, nunca intentaron cobrarles dinero a los carteles. Se rio. “No, cómo crees, hombre”, dijo. Con la guerra del gobierno en su contra, las pandillas difícilmente podían darse el lujo de entablar una pelea con los carteles. “He leído un poco sobre Hitler”, comentó Santiago. “Lo agarraron porque abrió demasiados frentes”.

Santiago es un conversador ágil y lleno de energía y cuando se le da rienda suelta —puede pasar de hablar sobre el gobierno comunista de China al proceso de paz en Colombia y la Rusia de Putin— mueve los brazos y el torso como un director de orquesta, como si estuviera convocando sus mejores ideas. Una vez me dijo que, en otra vida, le habría gustado estudiar Derecho, una profesión más a tono con su curiosidad intelectual. También me contó que no lamentaba haberse unido a una pandilla, pero sí no haber iniciado sus esfuerzos de reforma antes.

Las estructuras de pandillas son celulares y, a nivel de barrio, a menudo operan independientemente de la dirección general. Santiago conocía a casi todos y pasaba sus días al teléfono con sus rivales; algunas veces se reunía con ellos en persona. Intercambiaban detalles de la muerte más reciente a manos de un rival o de la policía. Hablaban de las próximas reuniones con la iglesia o con líderes de organizaciones no gubernamentales. Planeaban la emisión de comunicados conjuntos y mantenían abiertas las líneas de comunicación para evitar cualquier contratiempo en el cese al fuego.

“Nos dimos cuenta del error
quizá 24 meses después de
que había comenzado la
tregua, pero ya era
demasiado tarde”.
Santiago, pandillero

A veces se preguntaba si se habría unido a la pandilla, si su crianza hubiese sido distinta. Aunque muchos miembros de las pandillas culpan al gobierno por romper la primera tregua, para Santiago el fracaso fue más simple que eso. La tregua había mejorado las vidas de los pandilleros, quienes morían en menor cantidad, y del gobierno, que podía darse el crédito por las estadísticas de homicidios más bajas. Sin embargo, los salvadoreños promedio no veían muchas mejoras en sus vidas. Las extorsiones continuaron, al igual que el asesinato de inocentes. Santiago comentó que el principal error de la tregua fue continuar exigiéndole dinero a los civiles, ya que eso la había condenado al fracaso.

“Es muy triste llegar a esa conclusión”, me comentó. “Nos dimos cuenta del error quizá 24 meses después de que había comenzado la tregua, pero ya era demasiado tarde. Debimos haber empezado por ahí”.

Le pregunté a Santiago si alguna vez permitiría que su hijo se uniera a una pandilla. “Mi hijo es el niño más extrovertido que te puedas imaginar”, comentó, dejando escapar una sonrisa. “Te da la mano, te pregunta tu nombre y quiere contarte todo sobre la escuela. Si quisiera unirse a una pandilla, sería como en unos diez años. Para entonces, espero que esta dinámica de violencia haya cambiado; de no ser así, nadie va a querer formar parte de eso”.

MÁS DE 22.000 AGENTES de policía son responsables de la seguridad en El Salvador y ahora trabajan junto con 14.000 soldados. En vez de que las fuerzas armadas se volvieran algo parecido a una fuerza policial interna, la policía es la que se ha convertido en una especie de cuerpo militar invasor. Una noche, temprano, acompañé a un capitán de policía a patrullar Soyapango, municipio con una población de 300.000 habitantes repleto de casas de techos bajos y casuchas de lámina al este de la capital. Es considerado uno de los lugares más peligrosos del país. Mientras nos desplazábamos por una avenida estrecha y repleta de peatones, pasamos junto a un hombre que llevaba en brazos a una mujer inconsciente; el pánico era evidente en el rostro del hombre. Ni él detuvo a la patrulla para pedir ayuda ni los policías se la ofrecieron.

El capitán y un conductor recogieron a tres jóvenes oficiales que estaban en la banqueta de la plaza central, todos ellos de 27 años y graduados el mismo año de la academia de policía. Nos alejamos de las bulliciosas calles del centro de Soyapango y nos encaminamos hacia un barrio llamado Horizontes, en medio del territorio de la MS-13. Hubo un cambio perceptible en cuanto al abandono de la zona, incluso pese al ruinoso estado general de San Salvador. Las calles estaban reducidas a escombros, los lotes baldíos estaban llenos de maleza y abandonados; la mayoría de las casas estaban hechas de bloques de hormigón, sin una capa de pintura o yeso. Los terrenos estaban llenos de basura, como si fuera hierba silvestre.

El plan, en el supuesto de que hubiera uno, era buscar una casa “destroyer” —un escondite o casa de seguridad— en Horizontes, donde se creía que algunos miembros de la MS-13 podrían estarse refugiando después de un tiroteo con la policía. En realidad, la misión era mucho más simple: hacer “acto de presencia”, para mostrar que podían ir y venir como quisieran en territorio enemigo; un recordatorio para las pandillas, o cualquier persona que les ayudara, de que el gobierno no se quedaría de brazos cruzados.

Un oficial me dijo que él y sus compañeros habían matado a cinco pandilleros en un enfrentamiento armado dos semanas antes, justo en el lugar por donde caminábamos. Señaló hacia a una tubería de aguas residuales. “Uno de ellos murió allí”, dijo, ajustando su rifle de asalto. Contó que los sobrevivientes habían corrido, pero la policía creía que los pandilleros se ocultaban en esa casa “destroyer”.

La casa, sin pintura y con las ventanas tapadas con maderas, parecía abandonada. Un policía al que apodaban el Chino, golpeó la puerta. Al no recibir respuesta, golpeó el pánel de la ventana frontal. Para nuestra sorpresa, un joven que solo traía calzoncillos puestos entró en la sala, con las manos levantadas. El policía brincó por la ventana y le apuntó con el arma. “De rodillas”, gritó: “¿Qué estás haciendo aquí?”.

El joven se dejó caer de rodillas. “Aquí vivo”, contestó, alzando apenas la mirada. “Mentira”, espetó el policía. “Te estás escondiendo”.

En el centro de la habitación había un sofá de hule espuma con una sábana sucia y retorcida. Un sofá muy rasgado, con los resortes expuestos a través del terciopelo desgastado, yacía contra la pared. El Chino le preguntó desde cuándo estaba en la banda. “No estoy en nada”, contestó, “vendo tomates en el mercado central. Aquí vivo con mi novia. Está embarazada de nuestro segundo hijo”.

El policía le ordenó que se tumbara en el suelo y después colocó la punta de su bota debajo de la barbilla del joven y con ella le levantó un poco el rostro, mirándolo directamente a los ojos. “No creo que tu esposa viva aquí”, dijo. “Así”.

Otro oficial entró por el patio trasero; traía en las manos un cinturón de policía con la funda de la pistola colgando. “¿Le quitaste esto a un policía?”, reclamó el Chino, lanzando el cinturón sobre el colchón.

El muchacho comenzó a suplicar. “No, ustedes me matarían”, dijo, meneando la cabeza. “Imagínense, cómo voy a hacer algo como eso, con dos hijos”. Los policías salieron para avisar por la radio sobre el presunto robo del cinturón. Desde el otro extremo, recibieron órdenes de dejar al chico en paz. Tenía 17, era menor de edad, así que no valía la pena.

Pasando esa casa, llegamos a un campo de tiro utilizado por las pandillas. En la pared de bloques de hormigón había grafitis de unas burdas siluetas humanas con círculos torcidos a la altura del corazón. El hormigón estaba lleno de orificios de bala. En una pared contigua, alguien había garabateado las palabras “Ver, oír y callar”, un lema de las pandillas en El Salvador.

“Me entristece la pobreza.
Siento pena por estas familias,
por los que se involucran
en las pandillas, pero sobre todo
por los inocentes que mueren”.
Policía salvadoreño

Caminamos al Valle de las Delicias, un barrio situado a pocas calles de ahí. Las paredes de los edificios estaban revestidas de enormes murales de color azul y negro, monumentos conmemorativos a los líderes caídos que, a pesar de la decadencia de la zona, todavía tenían buen aspecto. Mientras íbamos caminando por un callejón encontramos a otro joven delgado, de pelo rizado y cicatrices de acné en todo el rostro, que estaba haciendo una llamada con uno de esos enormes teléfonos celulares que se fabricaban en los noventa. Un oficial le arrebató el teléfono, arrojándolo a un colega, y procedió a cachear al hombre con rudeza.

“No he hecho nada”, dijo el joven. Sus padres se asomaron de inmediato a la puerta.

El padre, que era más pequeño que su hijo y llevaba una camiseta amarillenta, preguntó: “No hizo nada, ¿por qué lo están hostigando?”. El oficial presionó el cuello del muchacho hasta torcerle la espalda. Le pidió a sus colegas una cámara para grabarlo. “No tiene antecedentes penales, ¿por qué lo van a meter al sistema?”, preguntó el padre.

“Cállate o sigues tú”, espetó el oficial.

Los policías dejaron a los familiares que estaban furiosos en el porche. “Mira cómo lo maltratan, solo porque es joven”, me dijo el padre. “No entiendo cómo pueden vivir consigo mismos, si también tienen hijos. ¿Qué les parecería que alguien les hiciera eso a sus hijos?”.

Un grupo de jóvenes observan las andanzas de las pandillas en el vecindario de Las Palmas, controlado por Barrio 18 Revolucionarios. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Al terminar el patrullaje caminamos por los márgenes del barrio, marcados por un inmenso árbol de ceiba que se elevaba casi 40 metros por encima del estacionamiento, al fondo de un terreno baldío. El oficial que había registrado al chico me preguntó por lo que me había dicho la familia. Le dije e hizo una pausa para reflexionar.

“En estas comunidades marginadas, cada familia tiene al menos una persona involucrada con las pandillas”, dijo. “Claro que me entristece. Me entristece la pobreza, siento pena por estas familias, por los que se involucran en las pandillas, pero sobre todo por los inocentes que mueren”. Un camión de policía estaba parado debajo del follaje del árbol. Los oficiales se subieron al camión uno por uno.

“Todo esto tiene que ver con la pobreza y la marginación”, dijo, asintiendo con la cabeza mientras miraba un bote de basura cerca de las raíces del árbol, donde estaban escritas, en inglés, las palabras: Fuck Police.

POR LO GENERAL, SANTIAGO se sentía solo en su trabajo. La vida de pandillero gira en torno a la delincuencia, no la paz, por lo que se mantenía al margen. Hasta el año pasado, su comunidad incluía a un grupo informal de algunos altos líderes religiosos, diplomáticos y el comité de la pandilla. Se reunían para discutir estrategias encaminadas a reiniciar la tregua o por lo menos mantener abiertas las líneas de comunicación.

Con la presión ejercida por las medidas extraordinarias, las reuniones prácticamente habían cesado. A pesar de ello, Santiago trataba de comunicarse con los miembros del grupo y en ocasiones visitaba a algunos. Así fue como en una tarde de sábado, en octubre, condujo su auto a las oficinas de la Iglesia luterana para ponerse al día con el obispo Medardo Gómez.

“¿Dígame?”, preguntó la recepcionista, mirando a Santiago. “Vengo a ver al obispo”, dijo Santiago con una sonrisa de oreja a oreja. “Está en una reunión”, respondió ella, sin levantar la vista de la computadora.

Santiago tomó asiento y esperó. Casi era mediodía y había un puñado de personas haciendo antesala en la oficina del obispo. La mayoría vestía ropa formal. Santiago llevaba una camisa, jeans y un par de Nike que le había dado un amigo. Después de unos minutos, una mujer mayor con un traje planchado y joyería fina entró en el vestíbulo. Se paró en seco cuando vio a Santiago en la sala de espera.

“Ay, Dios mío, si eres tú”, exclamó, y corrió hacia él para darle un abrazo. “¿Sabe que estás aquí?”, preguntó ella, girando la cabeza hacia la puerta de la oficina del obispo. “Hace meses que no te vemos”, dijo entusiasmada. “¿Cómo va todo? Supimos de Alex”, agregó, refiriéndose a un miembro del comité político de Barrio 18 Revolucionarios al que habían detenido. “La situación es horrible ahora. Eres el primero que vemos en meses”.

Lo llevó hasta la puerta del obispo y lo anunció. El obispo, un anciano de ojos vidriosos, estaba sentado a la cabecera de una sencilla mesa de conferencias, en una reunión con unas cuantas personas. Los demás asistentes dejaron la sala cuando entró Santiago y el obispo se puso de pie para saludarlo. “Qué bueno verte aquí, no estaba seguro de si te habían agarrado también”, dijo al colocar su mano sobre la cabeza de Santiago. “Le dije a Alex que necesitaba hacer cambios en su rutina. Pero lo pescaron en su casa, al amanecer”.

“Gracias a Dios que no le hicieron nada más”, respondió Santiago.

Alex, al igual que Santiago, formaba parte de la comisión política desde sus inicios, a partir de que se anunció la tregua. Ahora estaba en prisión acusado de homicidio, dijo el obispo Gómez.

“Me han dicho que hay testimonios que afirman que no fue él”, continuó el obispo, con la mirada fija en la mesa como si no hablara con nadie en particular. “Tal vez lo prueben”. Dirigió la mirada hacia Santiago, que observaba la vasta colección de fotos en el escritorio y las paredes de la oficina del obispo. “Parece que eres el último que queda”.

Marvin, contraparte de Santiago dentro de MS-13, estaba en la cárcel y se sospechaba que estaba colaborando con las autoridades con base en un acuerdo negociado de culpabilidad. Nalo, uno de los principales líderes de Barrio 18 Revolucionarios, cuyo verdadero nombre es Carlos Eduardo Burgos Nuila, corrió la misma suerte. Mientras tanto, Alex fue encarcelado pero, hasta donde se sabía, no había firmado ningún acuerdo de ese tipo. Aunque las pandillas buscaron remplazos para todos con el fin de retomar las comunicaciones con el resto de la comisión, los vínculos eran nuevos y todavía inciertos.

La policía salvadoreña durante una redada en el vecindario Horizontes, en Soyapango Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Santiago le preguntó al obispo qué había pasado con los demás miembros del grupo informal: los diplomáticos, los trabajadores de las ONG y los líderes religiosos. La recepcionista entró con el almuerzo del obispo, un estofado caldoso que el obispo miró con decepción.

El obispo dijo que estaba planeando un foro para reunir a los líderes locales y funcionarios del gobierno para hablar sobre las medidas extraordinarias, en específico sobre el impacto de la violencia en los barrios. Levantó el tazón a la altura de los labios y dio un sorbo antes de agarrar un pedazo de costilla que se veía duro de roer. “Debemos insistir en el diálogo y hacerlo avanzar a todos los niveles”, dijo. “No hay que verlo solamente como un diálogo con las pandillas, hay que integrar y fomentar esto con todos”.

El obispo tenía la débil esperanza de que si los residentes de las zonas afectadas se acercaban a hablar con los funcionarios, ellos escucharían las historias de la miseria que había ocasionado su política. “Las medidas solo han empeorado las cosas, en vez de ayudar”, dijo. “La idea de un foro es para decir a nivel nacional e internacional: ‘Miren, las medidas extraordinarias no están funcionando’”. Hizo una pausa y suspiró. “No podemos negar que la cantidad de muertos ha disminuido”, continuó. “Pero la forma en la que la policía se comporta ha hecho que dejen de ser agentes de seguridad. Ahora son agentes de la muerte”.

Santiago se entusiasmó. Escuchar que un respetado líder religioso se hiciera eco de sus palabras le hizo sentir algo parecido a una catarsis. Estos días, dijo, la policía montaba supuestos tiroteos solo para matar a pandilleros y la explicación que daban después era que se trataba de terroristas. “¿Parezco terrorista?”, le preguntó al obispo.

El obispo negó con la cabeza y empujó su silla hacia atrás. Tenía unas ojeras pronunciadas. Se le hacía tarde para una reunión en otra parte de la ciudad. Miró a Santiago. “No, no tengo duda de que solo dicen eso para justificar la represión y solicitar asistencia internacional”, dijo.

Santiago acompañó al hombre hasta la salida y, acto seguido, encendió un cigarrillo en el patio del edificio, al lado de una fuente vacía y repleta de follaje. “Estas charlas me dan fuerza; me dicen que no estoy solo”, agregó, mientras sacudía las cenizas en un bote de basura vacío. “Al menos alguien piensa como yo”.

ESTE VERANO las cosas comenzaron desmoronarse para Santiago. La campaña del gobierno contra las pandillas continuó y la tregua, aunque todavía en efecto, pendía de un hilo. En agosto, los fiscales sometieron a juicio a 18 personas que no pertenecían a las pandillas pero que participaron en la creación de la tregua original de 2012; en su mayoría funcionarios y servidores públicos de escalafones bajos a los que le achacaron cargos de asociación delictiva y contrabando de mercancías prohibidas en las cárceles.

Santiago vio el juicio en televisión. Marvin y Nalo se habían convertido en testigos del gobierno después de su arresto; el segundo fue testigo estrella durante el juicio. Testificó que a los pandilleros en prisión les daban cenas de pollo frito y televisores de pantalla plana por su disposición a reducir la tasa de homicidios, pero también describió el reparto de dinero proveniente de los partidos políticos más importantes antes de las elecciones presidenciales de 2014, que incluyó más de 250.000 dólares como retribución por el apoyo de las pandillas.

Sin embargo, no se acusó ni se citó a dar testimonio a ningún político ni tampoco a los autores intelectuales de la tregua, entre los cuales estaba el actual ministro de Defensa. Finalmente, todos los acusados fueron absueltos y el juez convocó a los fiscales a acusar a los individuos que solo seguían órdenes del gobierno.

Sin dejarse abatir por esa derrota en los tribunales, el gobierno apeló la decisión del juez de inmediato y presentó una nueva ronda de acusaciones por extorsión, pero ahora en contra de quienes participaron en la tregua de 2012. Poco importaba: la mano dura del gobierno ya había desintegrado a la comisión política. Aunque la tregua seguía vigente entre las pandillas, se trataba más de la supervivencia frente las agresiones del gobierno que de forjar la paz.

Si bien Santiago sentía pena por los pandilleros exintegrantes de la comisión, sobre todo se sentía devastado debido a que los años de trabajo —construyendo alianzas y generando confianza en la sociedad civil, forjando relaciones con rivales, convenciendo a la gente de las calles sobre su visión— se habían convertido en un espectáculo público.

Santiago tenía sus propios problemas y preocupaciones. Para fines de agosto pasado, incluso antes de que los acusados fueran declarados inocentes, ya se preparaba para huir del país.

“La violencia tiene que alcanzar
un nivel mucho mayor que el
actual para que llegue la
hora de la verdad”.
Santiago, pandillero de Barrio 18

Sabía que no habría ningún respiro, al menos no hasta las elecciones de 2018. Mucho antes del juicio, Santiago escribió un manifiesto para las pandillas. Por primera vez en décadas, no apoyarían al FMLN en las urnas. En cambio, usarían su poder político para hacer que perdieran las elecciones, ya fuera apoyando a un partido de derecha o, posiblemente, a candidatos independientes.

El acuerdo tradicional, según cuenta, era que ellos recibían una compensación monetaria por apoyar al FMLN. Sin embargo, el presidente Sánchez Cerén, del FMLN, había roto su larga relación con las pandillas al emprender la guerra en su contra. Por eso, las pandillas responderían retirando su diez por ciento de los votos para castigar al partido en la legislatura. Los demás partidos políticos empezaron a tener acercamientos: políticos que buscaban acceso, favores, los votos antes de las elecciones del próximo año. “Ahora somos la chica bonita con la que todos quieren bailar”, me comentó Santiago.

Pero lo harían sin él. Las autoridades lo habían encontrado.

En febrero de este año, meses antes de que comenzara el juicio y después de una reunión con el obispo Gómez, su auto fue detenido para una inspección de rutina. La policía revisó los registros de su automóvil, así como su identificación, y lo dejó ir. Pero Santiago tenía sus sospechas. Mandó a revisar su auto con un especialista, que encontró un dispositivo de rastreo GPS pegado al chasis. Santiago cambió de vehículo.

En abril, poco después de Semana Santa, la policía lo detuvo de nuevo. En esa ocasión, lo acusaron de resistirse al arresto y lo detuvieron. Cuatro días después llegaron dos fiscales y un investigador de la policía con una oferta. El juicio por la tregua estaba a unos meses de comenzar y Santiago podía testificar contra sus excompañeros o ir a la cárcel por el resto de su vida, por posibles cargos de tráfico de armas, fraude electoral y contrabando en las cárceles. Luego de hacer la oferta, las autoridades se vieron obligadas a dejarlo ir, pues no tenían ningún motivo para retenerlo.

Pero sabía que lo arrestarían otra vez y se enfrentaría al mismo dilema. No quiso delatar a nadie ni debilitar lo que él genuinamente creía que era la única forma de salir del ciclo de violencia que consume a El Salvador. Eso equivaldría a darle la espalda a todo aquello por lo que había trabajado, así como a todos a los que había tratado de convencer. Tampoco podía imaginarse, a sus 34 años, pasar el resto de su vida en una celda de aquellas prisiones sobrepobladas y llenas de enfermedades. Decidió huir.

La última vez que hablamos no quiso decirme dónde estaba, solo que no tenía planes de regresar a El Salvador, por lo menos no durante el próximo año. Ya no era el optimista de hacía seis meses. Aún pensaba que el FMLN perdería las elecciones presidenciales de 2019 y que su pueblo, las pandillas y su comunidad se asegurarían de dificultarles las legislativas y municipales del próximo año. Pero, mientras tanto, creía que no podía hacer nada para avanzar el diálogo; el esfuerzo, por ahora, estaba fracturado.

“Ahorita soy un poco más realista”, manifestó. “Podría decir que, sin importar cuál partido gane, no van a buscar una alternativa”. Para que ambos lados de la guerra civil negociaran se requirieron años en los que se perdieron decenas de miles de vidas. Lo mismo sucedería con esta guerra, porque las guerras solo terminan cuando alguien gana o cuando ambas partes se hartan de las muertes. “La violencia tiene que alcanzar un nivel mucho mayor que el actual para que llegue la hora de la verdad”, dijo. “Solo entonces se comenzará a pensar en una solución integrada. La verdad es que este país aún tiene que derramar más sangre”.

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Mijango tenía razón. De Roberto Valencia

roberto-valenciaRoberto Valencia, 29 agosto 2017 / EL FARO

En lo sustancial, tenía razón Mijango, el mediador in chief, en su análisis sobre lo que se le venía encima a El Salvador.

Tenía razón el denostado Raúl Mijango cuando, hace ya dos años y finiquitado el controversial proceso que convenimos en llamar la Tregua, nos concedió una larga entrevista –una más, esta vez on the record– con la vaga pretensión de que sus respuestas, las de un testigo privilegiado, sirvieran como colofón a una de las políticas públicas que más incidencia ha tenido en la evolución de las maras y de los mareros.

el faroTenía razón Mijango cuando dijo: “Las posibilidades de construir paz en el país se han agotado, y ahora toca esperar a que los sedientos de muerte y de sangre, tanto en las pandillas como en el gobierno, se sacien y vuelvan a considerar que es necesario trabajar por la paz”.

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Foto Víctor Peña.

Aquella entrevista tuvo lugar el 1º de octubre de 2015, meses después de que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén abortara sus negociaciones con los pandilleros y le apostara todo a la versión más sangrienta y brutal del manodurismo de todas las ensayadas tras la firma de los Acuerdos de Paz. Para entonces, los “sedientos de muerte y de sangre” de uno y otro lado ya estaban desatados. De un lado, las pandillas asesinaron a más de 60 policías en ese año, muertes brutales y cobardes en su inmensa mayoría, y también se atrevieron a desafiar a la sociedad entera con un paro del transporte público; del otro lado, se había consumado ya la masacre de la finca San Blas e incontables samblases más que la Policía Nacional Civil, con la anuencia de la Fiscalía y de la sociedad en general, encubre y tolera bajo la etiqueta de “enfrentamientos”. Poco ha cambiado en dos años.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “¿Cuánto tiempo va a durar [la guerra]? No sé pero, en la experiencia que conocí y viví en el conflicto armado de los ochenta, fueron diez años y más de 50,000 muertos. En 1982 se hizo la primera propuesta de búsqueda de soluciones negociadas, pero en aquel momento las dos partes creyeron en la victoria militar. Es igual que ahora, que el gobierno está tratando de buscar una victoria militar, mientras que una vía negociada permitiría ahorrar tiempo, ahorrar muertos y ahorrar sufrimientos, y resolver el problema de una forma eficaz”.

Han pasado dos años y 9,000 asesinatos desde aquellas palabras, y no se atisban todavía señales inequívocas de que las maras estén perdiendo el control en sus canchas, o de que el diálogo pueda emerger como solución a un problema tan desbordado que solo los más miopes entusiastas del manodurismo creen que se puede resolver por la vía represiva.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “Cientos de grupos [clicas] antes respondían a las directrices de las ranflas nacionales, pero ahora han caído en la anarquía, operan de forma autónoma, unidas solo por la idea de practicar la violencia”.

El gobierno presenta como uno de los grandes logros de las Medidas Extraordinarias haber dificultado como nunca antes la comunicación entre las ranflas encarceladas y los pandilleros en la libre. Y seguramente sea cierto, seguramente hoy sea más difícil que nunca que escapen órdenes o consignas de las cárceles, pero ¿nos hemos preguntado si eso per se ayuda o entorpece para buscar una solución a este conflicto tan enraizado y complejo?

Por último, creo también que tenía razón Mijango cuando dijo: “Yo llegué al convencimiento de que ya no hay capacidad nacional, con actores nacionales, de encontrar una salida a este problema. Siento que nos hemos polarizado demasiado, y que de alguna manera nos hemos satanizado entre nosotros mismos, y que el mismo Consejo [el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia] terminó siendo un fantoche que para lo único que ha servido es para justificar y legitimar la acción represiva del gobierno”.

La sociedad salvadoreña, a pesar de lo que asegura la propaganda gubernamental, está muy lejos –muy lejos– de dar con la fórmula para rehabilitar y reinsertar a más de 60,000 pandilleros activos y no menos de 400,000 personas entre familiares condescendientes, novias, simpatizantes, aspirantes, colaboradoras… Y, lo más preocupante, de dar con la fórmula para que cientos, quizá miles de niños y adolescentes salvadoreños no sigan queriendo –más que nada en este mundo– integrarse en la pandilla de su colonia o de su cantón, como lo quieren hoy.

Mijango fue el mediador por excelencia. Un tipo rupestre, malcae, franco, hábil, campechano, descuidado, el perro flaco al que se le pegan todas las pulgas. La persona que más se involucró en la Tregua, un proceso con luces y sombras que esta sociedad hizo descarrilar. Pero ese denostado Mijango es, sin duda, una de las personas en este mundo que más y mejor conoce el fenómeno de las maras y a sus líderes más influyentes. Alguien que podría asesorar, aconsejar, tender puentes, pero que esta sociedad prefiere verlo encarcelado, haya o no motivos.

Me temo que en lo esencial tenía razón Mijango: tal cual van las cosas, tendrán que pasar años de muerte y sangre, décadas quizá, hasta los que los sedientos se sacien, hasta que en la sociedad salvadoreña vuelvan a surgir voces valientes y de peso que juzguen necesario trabajar en serio por la paz.

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Si alguien quiere leer completa aquella entrevista, puede hacerlo en este enlace.

Carta a Mijango: Te quieren acabar. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 19 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Mi amigo Raul:
Te quieren acabar. Muerte civil. Muerte penal. Y hasta la muerte física. Tiran para matar, desde la Fiscalía General de la República, desde los medios, analistas y expertos de Seguridad (no importa cuánto hayan fracasado con sus propuestas y políticas).

Destruyéndote a vos quieren erradicar del imaginario nacional, de una vez por todas, la idea del diálogo y de la mediación en el contexto de la política de seguridad, prevención y reinserción. Unos (los del FMLN y el masgobierno) porque les estorba esta idea, porque desde el 2014 apuestan todo a la represión y la solución militar. Otros, porque destruyéndote a vos quieren llevarse de encuentro a Funes y Munguía Payés. Otros, porque quieren legitimar su triste historial de mano dura bajo los gobiernos de ARENA…

EDH logSos el blanco ideal. No pueden enjuiciar a Funes y Munguía Payés, porque no hay delito que les pueden imputar. No pueden enjuiciar a Fabio Colindres, porque es obispo de la Iglesia Católica. No se atreven a enjuiciarme a mi, porque con razón mucha gente sospecharía que quieren callar a la única voz que consistentemente en los medios critica la política de Seguridad del gobierno y la actuación de la Fiscalía.

Te escogieron a vos, porque saben que ningún sector poderoso de la sociedad te va a defender. Ni el FMLN, porque para ellos sos traidor, como cualquiera de izquierda que no se somete a su control. Ni ARENA, porque sos ex guerrillero y crítico de sus políticas.

OEA-Tregua

Raul Mijango (derecha) con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, monseñor Fabio Colindres y Adam Blackwell, secretario de seguridad multidimensional de la OEA, en el penal de Mariona

Me preguntaron si pongo la mano en el fuego por vos. La respuesta es: sí, porque tengo 30 años de conocerte. Pasamos juntos por la guerra y la construcción de la paz. Sé de qué madera sos hecho. Sé que te ofreciste de mediador, no para ayudar a las pandillas, sino para ayudar al país a encontrar un camino para salir de la terrible matanza que bloquea la democracia, el crecimiento, el bienestar y la fibra social de la nación. Estuve a la par tuya docenas de veces cuando encaraste a los líderes de las pandillas para que cumplieran su palabra de convertirse en parte de la solución del problema de la violencia que ellos mismos (pero no solo ellos) han generado.

Estuve a la par tuya cuando los amenazaste a hacer las gestiones necesarias para que los volvieran a encerrar en Zacatraz y boten la llave si usaban violencia para chantajear al gobierno y la sociedad.

Me consta que vos nunca has sido cómplice de los pandilleros, ni para meterles teléfonos a los penales (acusación absurda, porque ahí han tenido teléfonos antes, durante y después de la tregua, simplemente por que el sistema penitenciario es corrupto), ni para extorsionar empresas, como ahora te acusa la Fiscalía en un nuevo juicio. Te acusan de extorsión en un caso donde trataste de mediar entre una empresa y las pandillas para evitar que atentaran contra los empleados. Qué manera de agradecer a un mediador.

Ambos casos están basados exclusivamente en el testimonio de “Nalo”, el cabecilla de la pandilla 18-Revolucionarios que vendió su alma a la Fiscalía a cambio de que le otorgaran inmunidad en casos de asesinatos, robos, extorsiones, tráfico de drogas y de armas.

La figura del testigo criteriado fue creada para que delincuentes de menor escala ayuden a esclarecer delitos mayores a los cometidos por él. La Fiscalía ha pervertido este instrumento legal, dando inmunidad a un asesino y traficante de armas y drogas para que testifique en el caso de la supuesta introducción de ilícitos a los penales. Le salvan de una condena segura de 50 a 60 años para mandarte a vos a la cárcel por 14 años. No solo es mal negocio, es éticamente inaceptable.

Ahora estás grave y hospitalizado y al darte de alta vas a seguir enfermo, pero igual te quieren meter en una bartolina. Te quieren matar.

Pero no estás solo. En este país hay muchos que te vamos a defender y pedir tu libertad y un juicio justo.

Ten fuerza, Raúl. Te lo pide tu amigo

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Negociaron con pandillas. De Erika Saldaña

Es saludable que inicie un debate serio sobre este tema. Con énfasis en serio. Ojala que no se limite a enmarcar el problema de los pactos electorales con pandillas en el contexto de la tregua, sino donde verdaderamente pertenece: las políticas de Seguridad post tregua del FMLN y la ausencia de alternativas por parte de ARENA.

Paolo Luers

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 14 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

El FMLN y ARENA habrían negociado con las pandillas a cambio de incentivar o intimidar las votaciones presidenciales de 2014. A los dos partidos políticos mayoritarios de El Salvador poco les importó el historial criminal de estos grupos, los fines para los cuales podrían utilizar el dinero recibido en sus negociaciones, ni las consecuencias que el fortalecimiento de estos grupos tendría en la vida de muchos salvadoreños. A estos partidos políticos únicamente les interesó mantener o recuperar el poder.

EDH logEmpecemos por lo incomprensible. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre que es válido sentarse a negociar aspectos políticos del país, como una votación, con grupos que se encuentran fuera de la ley? Las pandillas son ese fenómeno social cuya raíz no hemos comprendido a cabalidad. Probablemente son producto de la desigualdad, violencia y falta de oportunidades, pero eso no excluye el hecho que son grupos de personas que han cometido graves delitos contra la sociedad y cuya reinserción o aceptación no puede ocurrir fuera de los parámetros que dibuja la ley.

Cuando en 2016 se dieron a conocer audios y videos publicados por el periódico digital El Faro, en el que aparecían funcionarios de ambos partidos mayoritarios intentando hacer acuerdos con los jefes de las principales pandillas, a los partidos no les tocó más que aceptar esas reuniones; eso sí, aduciendo otro tipo de motivos y tratando de justificar cualquier rastro de ilegitimidad. ARENA manifestó que sus reuniones se realizaron con el fin de que las pandillas permitieran una votación libre en los territorios controlados y cesaran el acoso a votantes en la segunda vuelta presidencial de 2014; mientras que el FMLN expresó que las reuniones del Ministro de Gobernación con pandilleros respondían a un apoyo económico para renovar los documentos únicos de identidad y programas de microcrédito.

Los partidos políticos han desgastado tanto su credibilidad en El Salvador, que ya pocos (o solo su voto duro) creen en las justificaciones que otorgan. Aunque manifiesten que sus propósitos eran distintos a incidir en las elecciones de 2014, no hay nada que justifique que negociaron con pandillas. Si su intención era detener acciones ilegítimas, su deber era acudir a las instancias correspondientes a denunciar y hacer públicos los hechos, no sentarse a ofrecer beneficios a pandilleros.

A los políticos no les importó que estos grupos han robado, matado, violado e intimidado a muchas personas; el único fin que ARENA y el FMLN habrían tenido en la cabeza era conseguir ganar las elecciones y con estas negociaciones dejaron claro que estaban dispuestos a pagar cualquier precio, dinero y vidas de salvadoreños. Usaron a grupos que depredan a la sociedad para ganar unas elecciones. Es algo vil. Despreciable.

Por otro lado, con este tipo de negociaciones queda expuesta la incapacidad de los actuales partidos políticos de ganar una elección con base en propuestas y trabajo. A ARENA y el FMLN les salía más fácil lograr que las personas votaran o dejaran de votar por la fuerza, a las alternativas naturales en un país civilizado: presentar planes de gobierno con propuestas decentes y que los ciudadanos fueran los que evaluaran esas propuestas en las urnas. No tienen ni la mínima capacidad de gobernar de manera decente, por lo que se tuvieron que auxiliar de los métodos más bajeros que existen.

ARENA y el FMLN atentaron directamente con el sistema político y contra la democracia misma. Si las elecciones libres son un presupuesto necesario para la existencia de un Estado constitucional de Derecho, el solo intento de alterar la voluntad popular a través de compra de votos o de la intimidación a ciudadanos libres para que no asistieran a las urnas, los vuelve culpables de atentar contra la esencia del sistema republicano.

Los partidos políticos ya se encontraban inmersos en una crisis por culpa de su misma ineptitud para dirigir los temas trascendentales para la ciudadanía; estas negociaciones con grupos criminales los siguen llevando camino al abismo. El posible resquebrajamiento del sistema de partidos políticos será culpa de la desconfianza que ellos mismos han sembrado con acciones reprochables como estas. O cambian su forma de hacer política, o la historia recordará a estas legislaturas y gobiernos como los únicos responsables de la total decadencia de El Salvador.

Naufragio. De Christian Villalta

Pocos periodistas y columnistas tienen la capacidad (y voluntad) de abordar el tema de “la tregua” no de manera de blanco/negro o bueno/malo, sino de manera diferenciada y honesta. Christian Villalta es uno de estos pocos. No estoy de acuerdo con todos sus planteamientos, pero sí estoy convencido que este es el debate que necesitamos.

Paolo Luers/Segunda Vuelta

CRISTIAN VILLALTA

Christian Villalta, director de El Gráfico

Christian Villalta, 13 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Entiendo que los detalles de “la Tregua” le paren los pelos y remuevan las entrañas. Cada uno de los detalles que figuran en el relato de Carlos Burgos Nuila, alias Nalo, mueve a la opinión pública del estupor ante la variedad de delitos que presuntamente se habrían cometido en el marco de “la Tregua” con la anuencia del Ejecutivo, a la indignación por el albedrío del que los funcionarios hicieron gala.

LPGSin embargo, hay cuatro acotaciones no por poco populares menos imprescindibles: primera, que la información fundamental que sustenta la acusación fiscal parte del testimonio de un pandillero, criminal confeso, que está sometido a toda la presión posible de las autoridades; segunda, que los autores intelectuales de este despropósito, de este paréntesis de ilegalidad en la política de seguridad del Estado, no están siendo juzgados; tercera, si el ministerio público pondera así de alto la confesión de su testigo estrella, ¿por qué no ha procedido contra los políticos del Fmln y Arena que habrían financiado a las pandillas a cambio de conductas electorales?; y cuarta, que la atención pública se está centrando en la anécdota penitenciaria, y no en ese naufragio que ha sido la política de seguridad de los dos gobiernos del Fmln.

Las acotaciones no son populares porque la tendencia en la opinión pública, la inercia de la cosa es someter a guillotina a los operarios de “la Tregua”, desde Raúl Mijango hasta Nelson Rauda, incluyendo a todos aquellos que se hayan permitido decir en público, durante el último sexenio, que el manodurismo no era la solución al problema pandilleril, y que no había que descartar otros caminos. Ese listado, pese a ser tan heterogéneo como para juntar a varios jerarcas católicos, al colega Paolo Luers y a algunos voceros de la izquierda no alineada con el oficialismo, nunca incluyó oficialmente ni a Mauricio Funes ni a Munguía Payés ni a Óscar Ortiz, pese a que fueron padres de esa criatura.

El Salvador no tuvo ocasión de discutir sobre esos “otros caminos” para el problema de las maras, su sostenido reclutamiento y el flagelo que suponen para cientos de miles de ciudadanos. Y buena parte de la culpa la tuvieron las administraciones areneras que confiaron en el músculo policial, hiperactivado con los esteroides de un discurso maníqueo; con el tejido social dejado a su suerte, sin inversiones sociales decisivas en las comunidades urbanas marginales, la represión sólo sirvió para fortalecer más una visión del mundo y de la vida que es caldo nutricio de la pandilla.

Acto seguido, fue decepcionante que nuestros dos primeros gobiernos de izquierda no hayan tenido un plan para trabajar este tema, ni siquiera una filosofía, una lectura unívoca. Esa es la única explicación a lo torpe de sus actuaciones en estos siete años, mismas que pasaron de lo reactivo a lo clandestino, y de lo clandestino nuevamente a lo reactivo, rayando otra vez el manodurismo. Por clandestino, me refiero a que durante poco menos de tres años, el Ejecutivo y su círculo cercano creyeron posible resolver la encrucijada de las maras a hurtadillas del país, en un ejercicio innecesariamente conspirativo.

Esa es la más pesada de las culpas que el Fmln soporta en esta materia: que cualquier enfoque no represivo ni militar sobre la reconstrucción de la comunidad marginal y excluida -ese, no otro, es el camino para combatir a la pandilla- se vea socavado y satanizado por la discutida ejecución de “la Tregua”.

Con independencia de lo que el juez haga con el testimonio de alias Nalo, es imperativo que el Gobierno reconozca el fracaso del enfoque represivo, y que acepte su responsabilidad en este juego de sombras.

“No podemos seguir pidiendo más violencia”: María José Cornejo/crominóloga

Yessica Espinoza, 26 junio 2017 / EL MUNDO (SV)

La criminología cultural ¿cómo ve la violencia y las pandillas del país?

La criminología cultural trataría entender las razones detrás de la violencia. No podemos hacer aseveraciones uniformes sobre la violencia que ejercen las pandillas, hay crímenes pasionales por ejemplo; la violencia es bastante expresiva, no siempre cumple un propósito funcional, sino un propósito de expresar algo, por eso es que se dan expresiones de violencia que parecieran extremas e irracionales. Las pandillas podrían verse como la necesidad de un sector de la población de recobrar cierta identidad, de tener una posición en la sociedad, de ser escuchados, pero que lo están haciendo de una manera nociva y dañina tanto para ellos como para la sociedad. Entonces hay que ver por qué están llegando a este extremo de expresión, por qué están llegando a este tipo de daños. La criminología cultural intentaría entrar a estas comunidades, comprender la cultura de la calle, las fuerzas que están operando en las comunidades.

¿Qué factores están provocando estas expresiones?

Uno de los factores es la represión del Estado, cómo estos poderes se están configurando de manera que las salidas que le ven para revelarse, oponerse y resistir estas fuerzas es la violencia, que no cumple un propósito más que decir préstennos más atención o devuélvannos cierto nivel de dignidad.

También hay procesos económicos, el alto nivel de desigualdad porque cuando se analiza el fenómeno de las pandillas en el país, vemos marcadísimo el tener comunidades marginales frente a otras sumamente opulentas y esa brecha genera emociones, enojos y todo tipo de cosas subjetivas que impactan al joven, que es un factor para crear sociedades violentas.

Esta la falta de atención a estos jóvenes, que pareciera que a la sociedad no le importa y la manera en que se responde, que el Estado no da oportunidades, sino que está presente como una institución de control y de represión de comportamientos.

¿ Qué soluciones propone la Criminología Cultural para controlar el fenómeno de las pandillas ?

La criminología ve necesario abordar el tema desde las causales grandes y hacer esfuerzos en todas estas partes. Hablamos de la cultura de la sociedad, medios de comunicación que replican ciertas historias, el Estado con sus políticas y están las víctimas y victimarios. Por ejemplo, la educación por medio de la academia, que puedan entrarle a otras teorías o a ayudar a pensarlo de manera distinta, no solo pensarlo desde la perspectiva de control social. Desde lo medios de comunicación es necesario no replicar discursos que nos repitan la misma historia de la pandilla, el pandillero, es el culpable sin entender qué hubo detrás de cualquier evento criminal, ir más allá de solo el conteo de muertos, se debe tratar de comprender qué realmente pasó en ese suceso, pues cada uno tiene su particularidad. El Estado tiene la responsabilidad no solo de controlar sino de desarrollar a la juventud y de crear espacios y oportunidades para los jóvenes, tiene la responsabilidad de minimizar el daño social de sus propias políticas porque las políticas de represión generan un gran daño social porque los jóvenes que no están en las pandillas viven una violencia permanente de experimentar operativos que llegan a derribar las puertas de las casas, de ver a hombres armados todos los días.

¿Cómo podrá hacer eso el Estado?

El Estado necesita un cambio mental, un cambio de paradigma y para cambiar el paradigma del control, de que todo se trata de controlar a la sociedad, tiene que entender que hay políticas que están destruyendo el tejido social y están perdiendo el control por medio de ese rompimiento. Es un cambio de paradigma que se puede apoyar en instituciones académicas y que la sociedad debe pedir porque al final es la sociedad la que genera ese debate público. La sociedad pide que se minimice la violencia pero debe pedir una respuesta distinta y tenemos que partir de que lo que tenemos no nos está funcionando, sabemos que las políticas nos han generado más violencia. No podemos seguir pidiendo más violencia. Para mí que la respuesta para que el Estado cambie viene de la sociedad.

¿Cómo ve el papel de las autoridades de seguridad en el tema de las pandillas?

Las autoridades de seguridad deberían acercarse a las comunidades. Hay que aceptar que las pandillas tienen autoridad en las comunidades, eso es una realidad. Pero hay que partir que no será la violencia la que les va a arrebatar esa autoridad, sino que hay otras formas de mediar, de dialogar, entonces las autoridades deben acercarse a los líderes comunales, religiosos, por ejemplo, para encontrar formas de mediación para aplacar e ir retomando el control de las comunidades; pero para el Gobierno es muy difícil aceptar que las pandillas tienen autoridad y control pero no deberíamos de verlo como debilidad que ya el Estado no tiene el control, si hay que dialogar, hay que dialogar.

En ese sentido, ¿estaría la criminología cultural a favor de la tregua?

La tregua es un tema bastante complicado. De todas las políticas de seguridad que el Estado ha aplicado, la tregua ha sido la única política de seguridad que ha logrado disminuir el nivel de homicidios. Eso nos dejó una gran lección más allá de si es legal o ilegal dialogar con los pandilleros o si fue legal o ilegal los mecanismos de la implementación.

Hay que entender que el principio de diálogo funcionó, fue efectivo. Pero como se ha movido de que no nos vamos a ensuciar las manos negociando con actores criminales tenemos ese paradigma pero es injusto que el Estado venga a decir que no se va meter a dialogar con actores criminales y que la sociedad que sufre la violencia diga que no se va a ensuciar las manos, cuando esos diálogos son necesarios y dan estabilidad. Yo veo a la tregua como un experimento que valdría la pena repensarlo, quizás le faltó transparencia y claridad al proceso y por supuesto, hizo falta mecanismos que le dieran sostenibilidad. Un diálogo tiene que ir más allá de un cese al fuego, se tendría que crear oportunidades, involucrado a la policía de una manera más integral y al resto de la sociedad también.

Pero, después de la tregua, la criminalidad aumentó...

Eso se venia venir, precisamente por la falta de otros mecanismos. La tregua se manipuló de mil maneras. Habían varios discursos que se dieron a la vez: por un lado el presidente Funes decía que apoyaba al diálogo y por otro decía que no; enviaron una serie de mensajes mixtos que le restaron credibilidad. También, al no haber una estructura que le diera sostenibilidad de acuerdos y por último que al romper con la tregua, entran otra vez con represión y aún con más de la que había antes. Incrementó la violencia desde los dos lados, el Estado le dio un giro completo a la política que llevaba.

La policía arreció la represión contra las pandillas por medio de la FES, FIRT y GRP y aseguran que es necesario a la par de la rehabilitación. ¿Lo ve viable?

Yo veo contradictorio que el mismo Estado que busca eliminar hable de rehabilitar. No se puede hablar de que queremos rehabilitar y queremos erradicar, o se habla de una cosa o de otra. Claro que se deben regular actividades o controlar el crimen pero no hablar de erradicar grupos, porque es una materia bien peligrosa, porque nos podríamos convertir en Estado genocida cuando hemos designado a un grupo como culpable y buscamos su eliminación total y la sociedad también apoya y hay situaciones que se están saliendo de control como por ejemplo las ejecuciones sumarias. Hay que ir cambiando el lenguaje y reorientando el paradigma de cómo lo entendemos.

¿Es posible la rehabilitación de un pandillero?

La criminología cultural no ve al joven como desviado o teniendo una falla psicológica. Creo que lo que se tiene que rehabilitar es la sociedad, las condiciones que han permitido que estos grupos existan, entonces cuando hablamos de reinserción, por ejemplo, ¿reinserción a qué? ¿A una sociedad que condena, que es violenta, que no le da valor a las comunidades? Lo que necesitamos es rehabilitarnos todos para ser una sociedad más abierta a la juventud, a que el concepto de desarrollo vaya más orientado a las sociedades, no solo a carreteras, centros comerciales y se nos olvida la gente que es el centro de todo.

Perfil

María José Cornejo es salvadoreña y candidata al Doctorado en Criminología Global y Cultural en la Universidad de Kent, Reino Unido. Se graduó como Masters en Política Pública Internacional en la Universidad de Tsukuba, Japón y tiene una Licenciatura en Ciencia Política y Manejo de Negocios en la Universidad de Ozarks, Estados Unidos. Ha sido comentarista del libro “Pandillas como Movimiento Social” de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y conferencista en Washington D.C. con el tema “Mediación en Conflicto Criminal: Riesgos y Potenciales y la Tregua de Pandillas en El Salvador”, presentado en la Reunión Anual de la Asociación de Criminología Americana.

Carta a los que creen en la justicia: Acusar es más fácil que comprobar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 mayo 2017 / MAS! y EDH

Estimados amigos:
Los columnistas no solemos ir a audiencias judiciales. Las dejamos a los reporteros. Pero para opinar, a veces hay que ir a la fuente de las noticias. Fui al inicio de la audiencia, en la cual se va a decidir si el llamado “caso tregua” merece pasar a vista pública.

La jueza levantó la reserva sobre el caso. Buena noticia, porque ya era absurdo que los acusados y sus defensores no podían hablar en público, mientras que los medios estaban llenos de filtraciones de la Fiscalía, hechas para conseguir pre-condenas.

Si se hubiera mantenido la reserva, no podría contar lo que pasó una hora antes de la audiencia. La Fiscalía había solicitado un “reconocimiento”: un jefe pandillero criteriado tenía que identificar a dos acusados. La diligencia fue declarada nula, porque la Fiscalía sentó a su “testigo” en la entrada, donde podía ver a los dos acusados en su ingreso para luego “reconocerlos”. Pero a pesar de esta maniobra burda, el criteriado declaró que no sabía a quién tenía que reconocer. De paso, la FGR quemó a su criteriado, identificándolo con nombre y apellido en su escrito de acusación…

Luego la Fiscalía comenzó a exhibir sus pruebas. Reprodujeron el audio de una reunión de los mediadores con pandilleros presos: monseñor Fabio Colindres, uno de los mediadores, dando una especie de sermón, diciendo a los pandilleros que “los que han hecho el mal, pueden encontrar el amor y hacer el bien”… A la media hora, la jueza interrumpió y señaló a los fiscales que no había escuchado nada relevante para comprobar las acusaciones. Pero me gustó que hayan reproducido el audio de monseñor, porque perfectamente caracterizaba el esfuerzo de los mediadores: convencer a los líderes pandilleros que en vez de seguir delinquiendo deberían contribuir a reducir y superar la violencia.

Obviamente no era lo que los fiscales querían transmitir. Presentaron un montón de elementos para comprobar algo que todo el mundo sabe, que nadie (ni los acusados) niegan y que además no forma parte de los delitos que les imputan: Establecieron que los mediadores (entre ellos el acusado principal Raúl Mijango) gestionaron una tregua entre las pandillas y que el gobierno de Mauricio Funes adoptó una política pública de facilitar esta gestión, con el fin de reducir la violencia.

Pero esto no aporta nada a la comprobación de los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. La tregua no es sujeto de este juicio. Nadie definió como delito la tregua, mucho menos la política oficial del Estado que facilitó su gestión.

La FGR tendrá que presentar pruebas concretas para sustentar acusaciones concretas de delitos concretos: por ej. que los acusados introdujeron (o permitieron la introducción) de ilícitos en los penales. Las argumentaciones de los fiscales son suposiciones. No hay “cuerpos de delito”, no hay actas de decomiso, no hay fechas y lugares de entrada de ilícitos. Con este vacío se les va a caer más de la mitad del caso.

Lo que queda es “asociación ilícita”. ¿Pero asociación ilícita para qué? Los fiscales tuvieron que aclarar que nadie está acusado de pertenecer a una pandilla. Tampoco puede ser asociación para gestionar la tregua, porque la tregua no es tipificada como delito.

“¿Asociación ilícita para qué?”. Esta será la pregunta central que la Fiscalía tendrá que contestar para que este caso pueda ir a vista pública. Y hasta ahora no hay elemento visible de cómo van a comprobar que estos 21 hombres y mujeres conspiraron para cometer delitos.

Queden pendientes de este caso y mantengan su mente abierta. Hasta ahora no hay caso.
Saludos,