Mes: febrero 2017

Carta a los bien asegurados: ¿No les da pena? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 28 febrero 2017 / EDH

Poco estimados funcionarios beneficiarios de seguros privados de salud:
Ya hemos puesto contra la pared a los diputados por el lujo que se dan con los seguros privados que se recetaron. Tan así que ya no se atrevieron a firmar nuevos contratos millonarios.

Pero poco a poco va saliendo a la luz toda la vergonzosa verdad: No sólo los diputados se recetaron estos privilegios, es práctica común en todo el Estado. La Prensa Gráfica averiguó que entre 2012 y 2016 el Estado derogó más de 144 millones de dólares para seguros médicos privados de sus altos funcionarios. Y va en ascenso: En el año 2012 fueron 20 millones, en el 2016 ya fueron 38 millones. Obra del gobierno del “cambio” y del otro del “buen vivir”…

diario hoyDe paso sea dicho: Estos números no son completos. Faltan los millones que gastan las autónomas como CEL, ANDA y CEPA, así como las superintendencias para asegurar a sus funcionarios. El total real debe sobrepasar los 50 millones anuales.

La pregunta del millón (literalmente) es: ¿Quiénes son los funcionarios que se benefician? Veamos el ejemplo del Ministerio de Justicia y Seguridad: Se gastó 15.76 de los 144 millones para seguros privados, un promedio de 3.15 millones al año. Entonces, ¿qué beneficio tienen de este seguro los agentes que diariamente arriesgan su vida y su salud? No creo que esta suma haya alcanzado para asegurar a los 23 mil policías. ¿Será que repartieron este pastel sólo entre los altos funcionarios del ministerio, de la PNC y de Centros Penales, o sea entre los que mejor salario tienen y menos riesgos corren?

c5rm3ktvaaafo6bOtro caso interesante es el de Salud. Resulta mentira, pero también este ministerio, que maneja a los hospitales públicos, gastó en seguros médicos privados: 155 mil, o 30 mil al año. Así de caros que son estos seguros, esta suma sólo puede cubrir a un puñado de altos funcionarios. Privilegios de cúpulas.

Obviamente, los ministros, viceministros y directores de Salud no confían en sus propios hospitales, conociendo la falta crónica de insumos y medicamentos, la sobrecarga laboral de enfermeras y médicos, la falta de camas. ¿Sería injusto que exigiéramos que los responsables del sistema de salud pública se sometan a los servicios que ellos brindan a los ciudadanos? Es al revés: Mientras ellos no dependan, para su salud y su vida, de los servicios públicos que ellos mismos administran, los hospitales nacionales y del Seguro Social van a estar en la situación precaria que todos conocemos.

Pregunto a la ministra de Salud, al director general de la PNC, al ministro de Seguridad, y al director de Centros Penales: ¿No les da pena gastar millones en su propia salud, mientras diariamente mandan a los policías, los custodios penitenciarios, las enfermeras y los médicos a arriesgar su salud para servir a la gente?

Podría hacer este tipo de preguntas a todas las cúpulas de las instituciones que año por año gastan en privilegios para ellos mismos, mientras llevan al estado al punto de la quiebra financiera y a la incapacidad de garantizar los servicios públicos básicos que deben a los ciudadanos.

Resumen: A los funcionarios que ganan suficiente, el Estado les paga salud privada. A los que no alcanzan para pagárselo, les dejan los hospitales desfinanciados.

Todos sabemos que los seguros médicos privados no son el único privilegio de los mandamases. Además se recetan camionetas de lujo, vales de gasolina, gastos de representación, y viajes, todo a costa de fondos públicos.

¿Hasta cuándo creen ustedes que la ciudadanía les deja pasar este autoservicio de beneficios? Saludos,

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Posdata:

El Ministerio de Salud contestó en twitter:
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Si es así, mi crítica no aplica a las autoridades de Salud y felicito a los titulares. Queda la pregunta si los datos reportados por La Prensa Gråfica sobre gastos de seguros privados en las instituciones del goberno entre 2012 y 2016 son erróneas o aplican a la administración anterior.
En este contexto, La Prensa Gråfica publicó el día de hoy 28 de febrero lo siguiente:
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Vea los artículos de La Prensa Gráfica:

27 de febrero: País paga $144 millones en seguros privados

28 de febrero: CEL, CEPA, ANDA, ISSS y hospitales gastan $53.5 millones en seguros

“Invito a los funcionarios o a algún diputado que vaya al Rosales”: Xiomara Rodríguez

Xiomara Rodríguez enfrentó la precariedad del sistema de salud público el 28 de diciembre de 2015, cuando su hijo de 14 años fue diagnosticado con leucemia, un cáncer en la sangre, y fue llevado al Hospital Nacional Rosales, específicamente al área de Oncología, donde pasó su más dura batalla.

rosales

Beatriz Benítez, 27 febrero 2017 / LPG

la prensa graficaRecuerda que de entrada le tocó comprar lo más mínimo que ella cree que debería tener el hospital para sus pacientes: guantes, mascarillas y una inyección para evitar que su hijo convulsionara.No solo eso, también la mandaron a la Cruz Roja Salvadoreña a comprar sangre porque las personas con cáncer requieren plaquetas. Su sorpresa fue que los hospitales públicos tienen un acuerdo de no comprarle sangre a la Cruz Roja, y tuvo que buscar donantes.

“Eso significa darles el pasaje, darles la comida, y si pierden el día, pagárselos, porque a los enfermos de cáncer, como el caso de mi hijo, no nos pedían dos donantes, nos pedían 15 donantes, y eso los tenemos que tener porque, si no, no le ponen las quimioterapias”, cuenta.Rodríguez dice que en el Rosales la respuesta constante de los médicos es ‘falta tal medicamento’. “A veces había quimioterapias que te faltaban tres medicamentos, uno que valía $15, y necesitabas ponerte cinco botes… había otro medicamento que nos costó $900”.

Irónicamente, quizá ella no lo sabía, pero este centro de salud ha gastado $13,900.3 en seguros médicos privados en los últimos cinco años, un promedio de $2,780.00 cada año, en complicidad con los $144.6 millones que ha gastado el Estado en seguros privados.

“Qué podrían hacer con esos millones invirtiéndolos en los hospitales públicos”, reacciona cuando se entera. “La prioridad debería ser los hospitales, y los hospitales públicos, porque ahí es donde va a parar todo el mundo cuando está ya con enfermedades terminales”, sostiene Rodríguez.

Comenta que gracias a que tiene un salario mensual no se le dificultó comprar algunas medicinas, pues cuenta que hay gente que no tiene ni para pagar los pasajes, y menos para comprar medicinas.

screen-shot-2017-02-27-at-12-58-46-pmRelata que un día los médicos reunieron a los familiares de pacientes para explicarles la crisis que tenían con algunos medicamentos caros y pedirles que se “rebuscaran” para conseguirlos. “Había una señora que contó que ella había hipotecado el terreno de su casa y que con eso había logrado comprar los medicamentos. Pero eso solo de una quimioterapia, pero no es solo una, sino un montón”, dice.

La falta de medicamentos y la insalubridad del hospital no son los únicos problemas, también cree que los jóvenes, a la par del tratamiento, necesitan acompañamiento psicológico, pero no hay. Dice que su hijo desde el primer día que ingresó y vio cómo sufría la gente, solo hizo dos quimioterapias, y le dijo: ‘mamá, no quiero volver’.

“Yo invito a los funcionarios o algún diputado a que vaya, pero que vaya de verdad, al Hospital Rosales”, reta Rodríguez.

“Mi hijo murió en junio, y casi un año un año después no salgo de las deudas de pagar todos los gastos que tuve que hacer. Yo que tengo un empleo; y te imaginás esa señora que hipotecó su terreno, también se murió, y seguramente eso le costó a la familia quedarse sin su terreno”, expresa Xiomara.

“Yo no he vuelto al Hospital Rosales porque me trae demasiados malos recuerdos, pero me imagino que la situación es exactamente la misma. Porque las personas con cáncer siguen estando en el mismo edificio viejo que está inhabilitado porque fue dañado por los terremotos”, concluye Rodríguez.

Tendencias y preferencias electorales. De Roberto Rubio

La oposición no logra capitalizar el fuerte desgaste gubernamental. ¿Por qué?

roberto rubioRoberto Rubio, 27 febrero 2017 / LPG

En los datos proporcionados por las tres últimas encuestas que miden tendencias y preferencias electorales (LPG, IUDOP/UCA y Gallup) se extraen dos grandes conclusiones. En primer lugar, una constante caída del FMLN y ARENA, los cuales se sitúan en sus niveles más bajos desde hace muchos años; así también resalta el práctico estancamiento del resto de partidos políticos. En segundo lugar, una fuerte tendencia al alza de las personas que no se decantan por ningún partido o no se sienten identificados con alguno de ellos; alcanzando este segmento uno de sus niveles más altos.

la prensa graficaEn cuanto a lo primero, no hay duda que la incapacidad del gobierno de enfrentar adecuadamente los principales y agudos problemas que tiene el país ha erosionado severamente la base de apoyo del partido oficial. El estancamiento económico y falta de empleo, la crítica situación fiscal, la profundización de importantes problemas sociales, el deterioro de varios servicios públicos, la opacidad y la corrupción, la torpeza y paraplejía política, las dificultades para enfrentar la violencia, la extorsión y el control territorial de las pandillas, son todos ellos factores que han contribuido a ese sustantivo desgaste del FMLN ante parte importante de la población, e incluso de algunas de sus bases tradicionales de apoyo. Con más de 7 años en el gobierno, la zafada de echarle la culpa a los 20 años de ARENA ha ido perdiendo mucha fuerza y credibilidad.

Ahora bien, se esperaría que ante el desgaste y deterioro electoral del partido de gobierno, la oposición se fortaleciera. Sin embargo esto no sucede. Al contrario, ARENA baila al mismo son declinante del FMLN. En otros términos, la oposición no logra capitalizar el fuerte desgaste gubernamental. ¿Por qué? Habrá muchas razones, pero valga mencionar tres gruesas. Por un lado, muchos votantes siguen identificando a ARENA como el partido de los ricos y grandes empresarios. Por otro lado, el inadecuado manejo de sus diferencias internas, lo que le dificulta tomar decisiones y posiciones coherentes, oportunas y acertadas. Algo que también le limita contar con un liderazgo claro y firme. Finalmente, la falta de reconocimiento de sus errores y “pecados” del pasado le resta credibilidad a sus propuestas. Así por ejemplo, el no reconocer los hechos de opacidad, corrupción e impunidad cometidos durante su gestión (que los hubo), o al menos el simple hecho de no pedir perdón por ello, hace que sus propuestas de combatir tales males sean percibidas por un importante segmento de la población más como producto del oportunismo político que de la convicción ética.

Esos factores explican en buena parte el porqué el nuevo líder de ARENA, a pesar de su procedencia no tradicionalmente orgánica, su buena presencia mediática, etcétera, no ha logrado impedir esos niveles bajos de aceptación electoral. La marca del partido pesa demasiado, es una verdadera ancla.

En cuanto a la segunda gran conclusión que nos dejan las últimas encuestas, se constata el marcado ascenso de las personas que toman distancia o expresan su descontento/desencanto hacia el actual sistema político. Es cierto que este segmento de la población, ahora mayoritario, a la hora de estar frente a las urnas se decanta más por el voto de castigo de los gobernantes de turno (por no tomar en cuenta este elemento muchas veces fallan las encuestas). Pero también es cierto que si a este segmento poblacional se les presenta la oportunidad de una renovación sustantiva y real en uno de los partidos existentes, o de un nuevo y creíble partido, sin duda inclinarían sus preferencias electorales hacia ellos. Como también pueden hacerlo hacia posturas populistas.

Ese espacio nuevo, o esa tercera vía, está ahora más presente que nunca. Nadie por el momento lo ha sabido ocupar, y no será nada fácil ocuparlo en las actuales circunstancias y con leyes electorales que son un verdadero obstáculo a la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Mientras ello sucede, será importante contar con la renovación y el cambio al interior de los partidos existentes, y sobre todo con los esfuerzos políticos ciudadanos en favor de la democracia.

Las casas marcadas de La Majucla. De Moisés Alvarado

Los miembros de cuatro familias han debido dejar sus hogares en la urbanización Majucla, de Cuscatancingo, ante presuntas amenazas de miembros de la Policía Nacional Civil, que se han traducido, también, en detenciones y allanamientos arbitrarios. Estas cuentan con comprobantes que legitiman su residencia en los inmuebles, pero el parentesco de algunos con pandilleros los ha puesto en la mira de las autoridades. Un problema más para los habitantes de una de las comunidades más estigmatizadas del Área Metropolitana de San Salvador.

Juventud. Unas 300 familias habitan la urbanización. Muchas de ellas tienen parentesco con miembros de pandillas, algo casi ineludible en un fenómeno social como este.

Juventud. Unas 300 familias habitan la urbanización. Muchas de ellas tienen parentesco con miembros de pandillas, algo casi ineludible en un fenómeno social como este.

Moisés Alvarado, 26 febrero 2017 / LPG-Séptimo Sentido

septimo sentidoEsta tarde de febrero, una treintena de casas muestra un signo particular en la colonia Majucla. Una”X” azul pintada con spray. En esta zona, una con alta presencia pandilleril, los autores de los trazos no son los miembros de una estructura delincuencial, sino agentes de la Policía Nacional Civil, que han decidido dejar en claro cuáles son las viviendas que, para ellos, albergan a personas sospechosas de estar vinculadas con pandilleros. La mayoría de ellas están deshabitadas, pues sus antiguos ocupantes han sido forzados a dejarlas por los mismos agentes. Con justificación o sin ella.

“Desde hace algunos meses, las autoridades están sacando a algunas familias. No sabemos las causas, puede ser por delitos o no sabemos… Nosotros solo los vemos salir con sus cosas, a algunos hasta les hemos prestado nuestros camiones para que lo hagan… en un cálculo que podemos hacer con lo que conocemos, que son los niños que venían a clases aquí, hemos contado que se tuvieron que ir hasta 55 niños”, comenta Rodolfo Méndez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en la Majucla.

Majucla es una pequeña colonia ubicada entre el límite de los municipios de Cuscatancingo y Apopa, conformada por unas 300 viviendas distribuidas en 16 pasajes. Y a lo que el líder religioso se refiere es al hecho de que, al menos desde diciembre de 2016, varias familias han tenido que salir del sitio, presuntamente, por amenazas de al menos cuatro miembros del puesto que la Policía Nacional Civil ha instalado en el vecindario.

Las autoridades justifican la medida como parte de un plan de recuperación de casas que han sido usurpadas por personas vinculadas a delincuentes, lo que es real en algunos casos. Sin embargo, hay al menos cuatro familias que no cumplen con lo anterior, pues o son dueños legales de sus casas, lo que han demostrado mediante la presentación de escrituras a su nombre, o alquilan desde hace años los inmuebles para su residencia, lo que se respalda en la muestra de múltiples recibos de pago y contratos de arrendamiento con los dueños originales.

Otros tres grupos familiares, que también fueron amenazados para que se retiraran del sitio, han decidido permanecer en el lugar, dos de ellos tras un periodo fuera de la colonia. Ninguna persona perteneciente a ellos cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, tienen pintada una “X” en la fachada de su casa. Un distintivo como este, en una colonia como la Majucla, implica la categorización como delincuente o colaborador. Un mote difícil de quitar.

“La ‘X’, la marca esta, muchas veces, se pone tras una investigación muy limitada. Lo más que se hace es certificar que una persona tiene familiares que han sido perfilados como pandilleros o que guardan prisión en un penal pandillero, aunque nunca hayan mostrado una conducta que contravenga a la legalidad”, afirma un investigador de la zona, quien pidió anonimato para hacer comentarios sobre el tema.

Ese es el caso de las familias de las que forman parte María y Marta (nombres ficticios), que son madres de miembros de estas estructuras. O el de una señora que en este trabajo llamaremos Rita, pues pidió que su identidad fuera resguardada por temor a represalias, cuya hija fue pareja de un pandillero. La relación terminó hace varios años, no sin un hecho de violencia de por medio: fue golpeada y su vida estuvo en riesgo. Algunas casas incluso tienen trazadas dos “X”. Eso las identifica como una vivienda en la que alguna vez habitó un pandillero.

Una relación de parentesco con un delincuente, sin embargo, no es motivo suficiente para que una persona deba dejar su vivienda. Según explica el abogado Pedro Cruz, miembro de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos, ninguna persona puede ser expulsada de su residencia si la ocupa de manera legítima. Esto constituye la violación de varios derechos humanos, como el de la libertad para elegir donde vivir o el de tener una vivienda digna. El profesional recomienda que, si esto sucede, los afectados se acerquen a la Fiscalía General de la República, la Inspectoría General de Seguridad o la PDDH.

Sin embargo, las familias que abandonaron su casa afirman que la decisión fue tomada tras una serie de intimidaciones, que fueron, según narran, desde los insultos hasta agresiones físicas. Estas, según las víctimas, iban dirigidas, sobre todo, a mujeres.

Ponen como paradigma la situación de la dueña de una casa en la zona, quien no residía allí, pero la alquilaba para otras personas. Esta fue al puesto policial a reclamar los malos tratos a sus inquilinos, quienes, presuntamente, habían sido intimidados por las autoridades. Al llegar, estos la esposaron, la tiraron al suelo y la golpearon. Esta versión de la víctima es respaldada por el testimonio de cuatro testigos consultados por separado.

Algunos, también, fueron capturados sin que para ello mediara un delito. El lugar al que fueron conducidos de manera corriente fue la subdelegación de Ciudad Futura, en Cuscatancingo. La estadía de las personas osciló entre apenas unas horas hasta tres días, según registros de la propia subdelegación. La causa anotada es siempre la misma: resistencia a la autoridad. Los siete grupos familiares también aseguran que han sido víctimas de constantes allanamientos, donde los cuerpos de seguridad entran a sus casas sin la autorización de un juez.

Los miembros de las familias que se fueron afirman que un día llegó una amenaza verbal, en la que se les daba un plazo para salir del sitio, que, según los relatos, podía ir desde unas horas hasta una semana. Acataron la orden por temor a represalias.

Por lo tanto, pueden ser considerados parte de un porcentaje paradójico en los desplazamientos forzados que ya recoge la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en un informe sobre el tema publicado en agosto de 2016. El mismo toma insumos reportados en las delegaciones locales y la central de la PDDH desde el inicio de 2014 hasta el primer trimestre de 2016. Allí se recogen 236 casos, que se desagregan en victimario y hecho violatorio.

El 86.6 % de estos desplazamientos forzados fueron desencadenados por pandillas. Hechos como los anteriores ya han sido cubiertos en esta revista en trabajos previos (como “El estado de los desplazados”, donde se recoge que, según el Fondo Social para la Vivienda, entre 2010 y 2015 al menos 641 familias abandonaron sus casas por amenazas por parte de pandillas). Pero lo llamativo es que el 6.7 % de los casos (16) corresponde a miembros de la PNC; seis de ellos fueron por acoso e igual número por amenazas. Dos de ellos fueron provocados por lesiones.

“Madre e hija, denunciaron que han recibido amenazas de muerte por parte de miembros de la PNC y por temor a represalias no han denunciado en ninguna institución. El hijo de la señora era una pandilla, durante el sepelio de su hijo llegaron agentes policiales e hicieron varias capturas, incluidas ella y su hija, acusándolas de tener vínculos con grupos criminales, fueron puestas en libertad seis días después. Expresan sentir temor por la PNC y buscan movilizarse del lugar”, dice el caso 8 presentado en el informe.

Los vecinos en la comunidad Majucla, aquellos que no han tenido problemas con la autoridad, tienen dos versiones de los hechos. De entre 10 encuestados, seis aseguran que los individuos que se describen en este reportaje eran “personas trabajadoras” y que lo que ha ocurrido representa una injusticia enmarcada en el complejo mundo de las medidas extraordinarias. El resto se muestra de acuerdo con las acciones, bajo la idea de que ellos aún no han sido afectados, sus casas no han sido mancilladas con una “X”.

***

Las víctimas de la comunidad Majucla han presentado denuncias sobre los hechos en diferentes instancias. Cuatro de ellos lo han hecho ante la Fiscalía General de la República y ante diferentes sedes de la Inspectoría General de Seguridad Pública. Según esta última institución no es posible brindar información de los casos, pues se trata de procesos en vías de investigación y la decisión también corresponde a instrucciones giradas por el titular de la institución, Tito Zelada, quien habría pedido a sus subalternos no dar comentarios a la prensa.

En la PDDH se reportan apenas tres denuncias. Pero una de ellas corresponde a un caso colectivo presentado por los habitantes de Villa Hermosa, comunidad vecina de la Majucla, contra agentes del mismo puesto policial, aunque en el registro se manifiesta que la acusada es la subdelegación ubicada en Ciudad Futura.

“Yo creo que las autoridades ya identificaron quiénes son familiares de pandilleros, aunque eso no corresponde ningún delito”, dice el pastor Rodolfo Méndez, del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.

Eso se puede palpar en una visita a la colonia. Allí, al menos unas 30 casas están marcadas con una X. Según las autoridades, eso es signo de que una persona está siendo investigada por posibles vínculos con la estructura criminal que opera en la zona, la MS. Otras tienen dos de estos trazos. Según los lugareños, eso es símbolo de que esta vivienda ya no se puede habitar, pues había sido ocupada en el pasado por pandilleros o allí vivía uno. Esto último pasa con la vivienda de Maritza (nombre ficticio). Ella era madre de un colaborador de la pandilla, “alguien que le hacía algunos mandados”, que fue asesinado hace un tiempo.

Para conocer algunas reacciones por parte de la PNC se trató de entrevistar a los jefes de la subdelegación de Ciudad Futura y de la delegación de Ciudad Delgado. En las oportunidades que se les buscó siempre se obtuvo como respuesta que no estaban en el sitio.

Para otro investigador policial consultado para este trabajo, que prefiere no identificarse, es en cierto modo comprensible la generalización que hacen los policías en cuanto a que una persona que sea familiar de un pandillero puede estar vinculada con las actividades de la estructura.

“Las pandillas tienen códigos muy específicos por los que rigen su actividad. Y uno de los más marcados es que ellos también generalizan. Si alguien es el hermano o la madre de un pandillero, de alguna forma, para ellos también pertenece a esa pandilla. Pasa lo mismo con alguien que vive en un territorio enemigo. Para ellos también es un enemigo. Tal vez sea una equivocación que la policía tome como suyos estos códigos, que pueden acarrear lamentables malos entendidos”, comenta el investigador.

Ahora, en Majucla, las voces de unos 40 niños suenan en el edificio contiguo al templo del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Están en un recreo mientras regresan a sus clases religiosas, con la que la institución busca generar esa cuota de prevención que el gobierno central todavía no alcanza a llevar a la comunidad. El reloj roza las 4 de la tarde y el pastor Rodolfo Méndez decide salir un poco del inmueble para disfrutar de la brisa que ya comienza a refrescar la tarde.

Desde la calle, el pastor recibe un saludo de un joven que lleva una mochila, al que responde al instante con un sonoro “Dios te bendiga”. Lo señala y afirma que es el hermano de dos pandilleros, uno de los cuales está en la cárcel. También que es el primero de su grupo familiar que asiste a la universidad. Que su casa es una de escasos recursos, donde apenas se cubren las necesidades básicas. “Pero a él nunca lo han molestado, nunca he visto que lleguen a su casa los policías o que lo detengan por la calle”, agrega.

 

Final. La Majucla está conformada por apenas 16 pasajes, que parten de una única calle principal que termina en la autopista Este-Oeste.

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Los abusos de autoridad de miembros de la PNC han ocupado parte de la agenda mediática en los últimos meses. Las presuntas víctimas son, sobre todo, jóvenes que viven en comunidades asoladas por las pandillas. Nombres como el de Miguel Ángel Deras y Wendy Morales llegan a la cabeza para ejemplificarlos.

Otro caso paradigmático es el de Daniel Avilés Alemán, quien fue capturado en la colonia Altavista el 10 de enero de 2017. Fue acusado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico de una libra de marihuana, valorada en unos $500, que según el requerimiento fiscal estaba en un solo paquete. Algo que no cuadra, pues según un exagente de la DAN, lo más común es que, en una captura en exteriores, se encuentren pequeños paquetes destinados para la venta individual, no uno solo indivisible.

Otra inconsistencia es la del lugar de captura. Se dice que fue apresado en un parqueo, cuando en realidad el operativo sucedió en una cancha, de lo que ha dado cuenta incluso un empleado del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Tonacatepeque, municipio donde está ubicado dicho centro de recreo. La Inspectoría General de Seguridad Pública inició un proceso de investigación contra los dos agentes que realizaron la captura. Esta ya está lista y tendrá que ser pedida por el juez que lleva el caso en su etapa de instrucción.

Para Tatiana Alemán, hermana del acusado, el caso tiene mucho de esperanzador, con posibles pruebas de descargo que garantizarán la libertad de Daniel cuando se lleve a cabo la vista pública.

Pero otro tipo de reparo también la preocupa. La que conforma con Daniel, su madre (Meira) y sus demás hermanos es una familia con pocas entradas de dinero. Y en el proceso de Daniel, entre papeleo y el pago de honorario de abogados, han tenido que erogar más de $3,000, conseguidos hasta el momento gracias a un préstamo personal realizado por la joven y a la ayuda de familiares en el extranjero.

“Cuando uno está en una situación como esta, no le importa gastar con tal de reparar una injusticia. Pero poco a poco una va cayendo en la cuenta de que ese dinero luego se tendrá que pagar. Y si a Daniel lo liberan, ¿quién nos responderá luego por eso? Solo nos van a quedar las deudas”, comenta Tatiana.

La Policía Nacional Civil fue la institución más denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2016, con 1,253 expedientes abiertos a miembros de la corporación.

Equilibrio. Foto ilustrativa que no corresponde a los hechos descritos. La población en general ve con buenos ojos los esfuerzos por recuperar territorios antes dominados por pandillas por parte de las autoridades. También exigen que esto no se traduzca en atropellos a los derechos humanos..

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“Es bien difícil ser de aquí, a veces nos cuesta que nos den trabajo porque ven el lugar donde vivimos, dicen ‘la Majucla’ y como que se asustan”, comenta Maritza, sentada en las afueras de su pasaje, sobre lo que significa vivir en una comunidad estigmatizada por el tema de las pandillas; una donde es impensable para un foráneo poner un pie sin avisar.

Una donde una persona puede ser asesinada en el mismo pasaje donde vivía, como fue el caso de Guadalupe del Carmen Abarca, atacada en la salida del pasaje 14 el 4 de enero de 2016. O donde se puede presenciar el asesinato de un repartidor de mercadería, como el ocurrido el 18 de junio de 2012. La víctima fue identificada como José Manuel García, quien era distribuidor de granos básicos. Ambos casos todavía continúan en la impunidad. En 2016 también se reportaron presuntos enfrentamientos entre pandilleros y agentes policiales.

“Hoy los muchachos (pandilleros) casi no permanecen aquí abajo (la parte más cercana de la colonia a la autopista Este-Oeste), están más arriba. Hoy de toda cosa entra aquí con más facilidad, la gente del cable, comerciantes”, comenta Maritza, en una declaración paradójica: ha sido víctima del atropello de la autoridad y su costumbre de marcar casas con una “X”, pero reconoce ciertas ventajas de la realidad actual de su colonia.

Sin embargo, salir a otro lado también representa un problema. Ese es el caso de Rita, quien salió de Majucla tras una amenaza de un agente de la PNC.

La primera complicación fue encontrar sitio en otra comunidad dominada por la misma pandilla, para no poner en riesgo a su grupo familiar, que además de su esposo incluye a sus dos hijas y a su nieta. Lo consiguió, pero el calvario apenas comenzaba. Al poco tiempo, un pandillero se acercó a preguntar su procedencia y, también, a pedirle que le hicieran favores, como permitirle a un “postero” (especie de alertador del grupo) cargar su teléfono celular en su casa.

“Nos da miedo que nos vinculen con ellos. ¿Cómo les decimos que no? Por lo menos allá ya teníamos mucho tiempo de vivir, los muchachos de allá no se metían con nosotros. No le voy a mentir diciéndole que era todo tranquilidad… de alguna forma ya habíamos aprendido a vivir allí”, comenta Rita. Este año tenían planeado comprar la casa que alquilan desde hace 15 años. Pero el plan ha cambiado.

Marta, por su parte, aún estaba terminando de pagar sus cuotas en el Fondo Social para la Vivienda, como lo demuestran sus comprobantes de pago. Ahora el gasto se ha duplicado: debe cubrir el monto de las mensualidades junto al del alquiler del nuevo lugar en el que reside, donde también tiene presencia la pandilla MS.

“Con todo y los problemas, allá está mi casita… quisiera volver allá abajo”, dice Marta. Y allá abajo es la Majucla, donde ahora, cuando el reloj ya pasa de las 4 de la tarde, varias docenas de niños continúan sus clases esperando regresar a sus hogares, algo que, al menos para cuatro familias, ahora es algo imposible de hacer, al menos hasta que de sus fachadas desaparezcan las “X”.

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Algo anda mal en Altavista o los siempre sospechosos de todo

La judicialización de las investigaciones de Probidad. De Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Contra y viento y marea, en los últimos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una titánica labor que ha desembocado en el inicio de procesos judiciales de enriquecimiento injustificado contra varios exfuncionarios, incluidos entre ellos dos expresidentes de la República.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 27 febrero 2017 / LPG

En uno de los casos promovidos, ya existe sentencia judicial condenatoria.

La labor desempeñada por la Sección de Probidad, más el entendimiento exacto del compromiso constitucional asumido por varios de los magistrados de la Corte, ha permitido que hayamos iniciado una nueva etapa en la que –esperemos todos– los funcionarios respondan y sean sancionados cuando se han enriquecido con fondos públicos.

Estamos viviendo una realidad que aún nos tiene asombrados. Estamos presenciando el inicio de investigaciones y procesos judiciales, cuyas consecuencias probablemente todavía no logramos vislumbrar a cabalidad. A su vez, eso ha generado cierto optimismo porque nos conduce a pensar que, talvez ahora sí, se aplicará la ley sin ningún tipo de distinción.

En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.

Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.

Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.

Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte.

Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.

Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.

La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.

Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.

¡Crucifíquenlo! De Max Mojica

Me resisto a pensar que una persona, por mucho que se le impute un delito o se le condene por un crimen, pierde la humanidad con la que está revestido. Yo me resisto a gritar junto a otros cuando ven a los reos: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo!

max mojica-xMax Mojica, 27 febrero 2017 / EDH

Hace algunos días, publiqué en mi página de Facebook y en mi cuenta de Twitter, un post en donde hacía una comparación entre una foto de la segunda guerra mundial, en donde soldados nazis conducían a mujeres judías en un tren de ganado hacia un campo de concentración, comparándola con una foto publicada en los medios locales, en donde la PNC transportaba imputados –incluyendo a una mujer locutora de radio imputada por narcotráfico– en un camión de los que usualmente se utilizan en El Salvador para ese mismo fin: transporte de ganado.

diario hoyPara mi sorpresa, mi post en vez de generar comentarios de solidaridad y simpatía, me acarreó una serie de criticas y justificaciones, las cuales iban desde el consabido “son criminales y se lo merecen”, hasta sutiles explicaciones como la de “la diferencia es que los judíos no habían cometido crímenes, ellos sí”, como si por el solo hecho de ser imputado un crimen a una persona, le naciera el derecho a los entes administrativos de aplicación de justicia o a la sociedad misma, de cebar sus venganzas, frustraciones, resentimientos y morbo sobre ellos, queriéndolos ver humillados, derrotados, exhibidos, condenados anticipadamente y en consecuencia, sometidos al más vil de los tratos.

Resulta importante dar un repaso por la historia, notaremos que muchas injusticias han ocurrido precisamente al amparo de las leyes promulgadas por los hombres. Empecemos por el caso judío. De acuerdo con las leyes del Tercer Reich, ser judío equivalía a ser delincuente, eran considerados “enemigos del Estado”. Así las cosas, los ciudadanos alemanes “cumplían con la ley” al entregarlos a la Gestapo para su deportación a los campos de concentración, para cerrar sus negocios o quemar y destruir toda obra de arte o literaria creada por ellos. Sería interesante hacer la pregunta a los que ahora justifican el inhumano trato que dan las autoridades a los reos salvadoreños, si en 1942 hubiesen asimismo justificado el trato que las autoridades alemanas brindaban a los judíos, por el hecho de que este estaba amparado por una “ley”.

En Estados Unidos, con base en las leyes de “segregación racial”, era “legal” no permitir la entrada a un afroamericano a un restaurante, a un baño público, al acceso a una escuela o a un hospital “para blancos” o a los asientos delanteros del transporte público, leyes que mantuvieron su vigencia hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Tratar como ciudadanos de segunda a mujeres, afroamericanos, latinos, asiáticos y otras minorías étnicas o sexuales, era “legal” en Estados Unidos para esas épocas, por lo que es necesario reflexionar si por el solo hecho que ese trato estaba amparado por una ley, esa ley era realmente justa y de conveniente aplicación.

Una de las exhibiciones públicas de reos más emblemática de la historia es la que experimentó el mismo Jesucristo, por lo que creo que sería bueno analizar un poco el proceso judicial al que se le sometió. Como recordarán, su juicio político se basó en una presunta desobediencia a las leyes del emperador, ya que era la única forma que tenía el Sanedrín para obtener una condena a muerte por parte de las autoridades romanas. Antes de su condena, fue presentado al pueblo encadenado, torturado y coronado de espinas. En esa ocasión, Poncio Pilatos pronunció las palabras “ecce homo”: “este es el hombre”, pretendiendo saciar con la vista del reo torturado y humillado, a una muchedumbre embriagada de sangre. Cuando les preguntó ¿qué hago con él? las masas, no saciadas con el dolor del preso, gritaron hasta el paroxismo: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Ante lo cual Pilatos, aún conociendo que era inocente, no tuvo empacho de firmar su sentencia de muerte para quedar bien con las histéricas masas. Es un caso documentado, donde la opinión pública incide en la decisión de un Juez.

Y es que muchas veces lo que es “legal”, no necesariamente es correcto o justo, y lo que en alguna época se consideró “normal” o “socialmente aceptado”, no necesariamente lo será posteriormente en una sociedad más civilizada y comprometida con el respeto a los derechos humanos. Me resisto a pensar que una persona, por mucho que se le impute un delito o se le condene por un crimen, pierde la humanidad con la que está revestido. Yo me resisto a gritar junto a otros cuando ven a los reos: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo!

No pretendo con este artículo promover que se suavicen condenas ni hacer una apología en favor del delito o de los criminales, pero yo, mientras pueda, alzaré mi voz para procurar que se le brinde un trato humano a estos salvadoreños que, por errores cometidos, lo han perdido todo. Mi voz estará ahí para recordar a la sociedad, que ellos siguen siendo personas y, por tanto, continúan teniendo derechos: la crueldad no rehabilita a nadie.

@MaxMojica

Jungla de asfalto. Erika Saldaña

Un Estado no solo se construye con instituciones y funcionarios, sino también con una ciudadanía comprometida con el cumplimiento de las leyes y la Constitución, incluyendo esas normas que nos obligan a autorregular las conductas.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 27 febreror 2017 / EDH

La semana pasada, mientras transitaba a vuelta de rueda sobre el habitual y estresante congestionamiento del bulevar de Los Héroes, me puse a reflexionar acerca de los distintos tipos de conductores que imperan en esta jungla llamada tráfico. Los especímenes que he podido observar son los siguientes:

1. El vivo: este ser se la lleva de vivo; cree que es lo suficientemente habilidoso para lograr pasar antes que el semáforo cambie a rojo, pero el destino lo obliga a quedarse a media calle bloqueando al prójimo, ya que el tráfico no le permite avanzar; también se cree listo porque ahorrará tiempo al cruzar la doble línea amarilla, pero solo arma tráfico.

diario hoy2. El dueño de la calle: narcisista al volante, cree que tiene derecho a detenerse a media calle, a subir o bajar gente donde quiera o a parquearse donde hay una señal que prohíbe hacerlo; ese que piensa que con poner las luces intermitentes se vuelve invisible y no genera tráfico por hacer su voluntad.

3. El bestia: prepotente y mal educado que, solo por ir encima de un pedazo de lata (lata cara, pero lata al fin), se cree con el derecho de maltratar, humillar e insultar gestores de tránsito; piensa que su tiempo vale más que el de los demás, con licencia para desconocer a las autoridades, señales de tránsito y todo aquel que se le atraviese en su camino. Pita como loco en el tráfico o cuando alguien se niega a pasarse el semáforo en rojo, maneja bolo y atenta con pasarse llevando a la gente en cada esquina.

4. El falto: le faltan 10 para el peso; alguien lo botó de chiquito y se cree cool por ir whatsappeando, tuiteando, tomando selfies y facebookeando al mismo tiempo que maneja; avanza lento por ir poniendo filtros de Snapchat y es ese que debería dar gracias a Dios que no ha causado un accidente por esta irresponsabilidad. Aquí también caben los que botan basura en la calle y los que usan los espacios reservados para personas con discapacidad o embarazadas.

5. El busero: ser especial que abarca las características de todas las categorías anteriores, con el agravante que lleva cincuenta personas más a su cargo; hace mérito para una larga parada en el purgatorio. Sus intrépidas maniobras (en la nave forrada de versículos bíblicos) causan terror en las calles.

6. El motociclista atrevido: junto a su primo hermano, el ciclista temerario, se creen con el derecho de hacer un tercer carril entre dos carros, la doble línea amarilla se convierte en su freeway y otros vivimos estresados por ellos; ante un posible accidente la culpa siempre es del carro, no del abusivo motociclista que se mete donde quiere.

7. El buen conductor: respeta las señales de tránsito, cede el paso, agradece a los gestores de tránsito, se hace a un lado si tiene un imprevisto, espera llegar a su destino para chatear, anda bolsa para basura en el carro. No son muchos, pero existen.

Si usted cabe dentro de las seis primeras categorías déjeme decirle que tiene un problema. Sufre de falta de educación, respeto y empatía con los demás, elementos necesarios para la convivencia en una sociedad democrática. Un Estado no sólo se construye con instituciones y funcionarios, sino también con una ciudadanía comprometida con el cumplimiento de las leyes y la Constitución, incluyendo esas normas que nos obligan a autorregular las conductas.

Si día a día nos dedicamos a exigir un buen comportamiento de nuestros funcionarios, comencemos por dar el ejemplo en el ámbito que nos corresponde. Pocos pasos distancian a los que incumplen las leyes de tránsito de los que evaden impuestos o se enriquecen ilícitamente; todos estos casos son reflejo, en distinta medida, de violaciones a la ley. Resulta contradictorio que los ciudadanos reclamemos a los funcionarios o políticos cuando somos incapaces de cumplir la ley en aspectos mínimos de convivencia.

La necesidad de demostrar educación, respeto a las leyes, tolerancia, paciencia, etc., no es algo que solo debe exigirse en el ámbito político o público; como sociedad debemos ser los primeros en poner en práctica y fomentar estos principios si queremos que El Salvador mejore. Queda en nosotros convertirnos en una ciudadanía civilizada o ser un espécimen más en la jungla de asfalto.