Esta tarde de febrero, una treintena de casas muestra un signo particular en la colonia Majucla. Una»X» azul pintada con spray. En esta zona, una con alta presencia pandilleril, los autores de los trazos no son los miembros de una estructura delincuencial, sino agentes de la Policía Nacional Civil, que han decidido dejar en claro cuáles son las viviendas que, para ellos, albergan a personas sospechosas de estar vinculadas con pandilleros. La mayoría de ellas están deshabitadas, pues sus antiguos ocupantes han sido forzados a dejarlas por los mismos agentes. Con justificación o sin ella.
«Desde hace algunos meses, las autoridades están sacando a algunas familias. No sabemos las causas, puede ser por delitos o no sabemos… Nosotros solo los vemos salir con sus cosas, a algunos hasta les hemos prestado nuestros camiones para que lo hagan… en un cálculo que podemos hacer con lo que conocemos, que son los niños que venían a clases aquí, hemos contado que se tuvieron que ir hasta 55 niños”, comenta Rodolfo Méndez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en la Majucla.
Majucla es una pequeña colonia ubicada entre el límite de los municipios de Cuscatancingo y Apopa, conformada por unas 300 viviendas distribuidas en 16 pasajes. Y a lo que el líder religioso se refiere es al hecho de que, al menos desde diciembre de 2016, varias familias han tenido que salir del sitio, presuntamente, por amenazas de al menos cuatro miembros del puesto que la Policía Nacional Civil ha instalado en el vecindario.
Las autoridades justifican la medida como parte de un plan de recuperación de casas que han sido usurpadas por personas vinculadas a delincuentes, lo que es real en algunos casos. Sin embargo, hay al menos cuatro familias que no cumplen con lo anterior, pues o son dueños legales de sus casas, lo que han demostrado mediante la presentación de escrituras a su nombre, o alquilan desde hace años los inmuebles para su residencia, lo que se respalda en la muestra de múltiples recibos de pago y contratos de arrendamiento con los dueños originales.
Otros tres grupos familiares, que también fueron amenazados para que se retiraran del sitio, han decidido permanecer en el lugar, dos de ellos tras un periodo fuera de la colonia. Ninguna persona perteneciente a ellos cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, tienen pintada una «X» en la fachada de su casa. Un distintivo como este, en una colonia como la Majucla, implica la categorización como delincuente o colaborador. Un mote difícil de quitar.
«La ‘X’, la marca esta, muchas veces, se pone tras una investigación muy limitada. Lo más que se hace es certificar que una persona tiene familiares que han sido perfilados como pandilleros o que guardan prisión en un penal pandillero, aunque nunca hayan mostrado una conducta que contravenga a la legalidad», afirma un investigador de la zona, quien pidió anonimato para hacer comentarios sobre el tema.
Ese es el caso de las familias de las que forman parte María y Marta (nombres ficticios), que son madres de miembros de estas estructuras. O el de una señora que en este trabajo llamaremos Rita, pues pidió que su identidad fuera resguardada por temor a represalias, cuya hija fue pareja de un pandillero. La relación terminó hace varios años, no sin un hecho de violencia de por medio: fue golpeada y su vida estuvo en riesgo. Algunas casas incluso tienen trazadas dos «X». Eso las identifica como una vivienda en la que alguna vez habitó un pandillero.
Una relación de parentesco con un delincuente, sin embargo, no es motivo suficiente para que una persona deba dejar su vivienda. Según explica el abogado Pedro Cruz, miembro de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos, ninguna persona puede ser expulsada de su residencia si la ocupa de manera legítima. Esto constituye la violación de varios derechos humanos, como el de la libertad para elegir donde vivir o el de tener una vivienda digna. El profesional recomienda que, si esto sucede, los afectados se acerquen a la Fiscalía General de la República, la Inspectoría General de Seguridad o la PDDH.
Sin embargo, las familias que abandonaron su casa afirman que la decisión fue tomada tras una serie de intimidaciones, que fueron, según narran, desde los insultos hasta agresiones físicas. Estas, según las víctimas, iban dirigidas, sobre todo, a mujeres.
Ponen como paradigma la situación de la dueña de una casa en la zona, quien no residía allí, pero la alquilaba para otras personas. Esta fue al puesto policial a reclamar los malos tratos a sus inquilinos, quienes, presuntamente, habían sido intimidados por las autoridades. Al llegar, estos la esposaron, la tiraron al suelo y la golpearon. Esta versión de la víctima es respaldada por el testimonio de cuatro testigos consultados por separado.
Algunos, también, fueron capturados sin que para ello mediara un delito. El lugar al que fueron conducidos de manera corriente fue la subdelegación de Ciudad Futura, en Cuscatancingo. La estadía de las personas osciló entre apenas unas horas hasta tres días, según registros de la propia subdelegación. La causa anotada es siempre la misma: resistencia a la autoridad. Los siete grupos familiares también aseguran que han sido víctimas de constantes allanamientos, donde los cuerpos de seguridad entran a sus casas sin la autorización de un juez.
Los miembros de las familias que se fueron afirman que un día llegó una amenaza verbal, en la que se les daba un plazo para salir del sitio, que, según los relatos, podía ir desde unas horas hasta una semana. Acataron la orden por temor a represalias.
Por lo tanto, pueden ser considerados parte de un porcentaje paradójico en los desplazamientos forzados que ya recoge la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en un informe sobre el tema publicado en agosto de 2016. El mismo toma insumos reportados en las delegaciones locales y la central de la PDDH desde el inicio de 2014 hasta el primer trimestre de 2016. Allí se recogen 236 casos, que se desagregan en victimario y hecho violatorio.
El 86.6 % de estos desplazamientos forzados fueron desencadenados por pandillas. Hechos como los anteriores ya han sido cubiertos en esta revista en trabajos previos (como “El estado de los desplazados», donde se recoge que, según el Fondo Social para la Vivienda, entre 2010 y 2015 al menos 641 familias abandonaron sus casas por amenazas por parte de pandillas). Pero lo llamativo es que el 6.7 % de los casos (16) corresponde a miembros de la PNC; seis de ellos fueron por acoso e igual número por amenazas. Dos de ellos fueron provocados por lesiones.
“Madre e hija, denunciaron que han recibido amenazas de muerte por parte de miembros de la PNC y por temor a represalias no han denunciado en ninguna institución. El hijo de la señora era una pandilla, durante el sepelio de su hijo llegaron agentes policiales e hicieron varias capturas, incluidas ella y su hija, acusándolas de tener vínculos con grupos criminales, fueron puestas en libertad seis días después. Expresan sentir temor por la PNC y buscan movilizarse del lugar”, dice el caso 8 presentado en el informe.
Los vecinos en la comunidad Majucla, aquellos que no han tenido problemas con la autoridad, tienen dos versiones de los hechos. De entre 10 encuestados, seis aseguran que los individuos que se describen en este reportaje eran “personas trabajadoras” y que lo que ha ocurrido representa una injusticia enmarcada en el complejo mundo de las medidas extraordinarias. El resto se muestra de acuerdo con las acciones, bajo la idea de que ellos aún no han sido afectados, sus casas no han sido mancilladas con una «X».
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Las víctimas de la comunidad Majucla han presentado denuncias sobre los hechos en diferentes instancias. Cuatro de ellos lo han hecho ante la Fiscalía General de la República y ante diferentes sedes de la Inspectoría General de Seguridad Pública. Según esta última institución no es posible brindar información de los casos, pues se trata de procesos en vías de investigación y la decisión también corresponde a instrucciones giradas por el titular de la institución, Tito Zelada, quien habría pedido a sus subalternos no dar comentarios a la prensa.
En la PDDH se reportan apenas tres denuncias. Pero una de ellas corresponde a un caso colectivo presentado por los habitantes de Villa Hermosa, comunidad vecina de la Majucla, contra agentes del mismo puesto policial, aunque en el registro se manifiesta que la acusada es la subdelegación ubicada en Ciudad Futura.
“Yo creo que las autoridades ya identificaron quiénes son familiares de pandilleros, aunque eso no corresponde ningún delito”, dice el pastor Rodolfo Méndez, del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.
Eso se puede palpar en una visita a la colonia. Allí, al menos unas 30 casas están marcadas con una X. Según las autoridades, eso es signo de que una persona está siendo investigada por posibles vínculos con la estructura criminal que opera en la zona, la MS. Otras tienen dos de estos trazos. Según los lugareños, eso es símbolo de que esta vivienda ya no se puede habitar, pues había sido ocupada en el pasado por pandilleros o allí vivía uno. Esto último pasa con la vivienda de Maritza (nombre ficticio). Ella era madre de un colaborador de la pandilla, «alguien que le hacía algunos mandados», que fue asesinado hace un tiempo.
Para conocer algunas reacciones por parte de la PNC se trató de entrevistar a los jefes de la subdelegación de Ciudad Futura y de la delegación de Ciudad Delgado. En las oportunidades que se les buscó siempre se obtuvo como respuesta que no estaban en el sitio.
Para otro investigador policial consultado para este trabajo, que prefiere no identificarse, es en cierto modo comprensible la generalización que hacen los policías en cuanto a que una persona que sea familiar de un pandillero puede estar vinculada con las actividades de la estructura.
“Las pandillas tienen códigos muy específicos por los que rigen su actividad. Y uno de los más marcados es que ellos también generalizan. Si alguien es el hermano o la madre de un pandillero, de alguna forma, para ellos también pertenece a esa pandilla. Pasa lo mismo con alguien que vive en un territorio enemigo. Para ellos también es un enemigo. Tal vez sea una equivocación que la policía tome como suyos estos códigos, que pueden acarrear lamentables malos entendidos”, comenta el investigador.
Ahora, en Majucla, las voces de unos 40 niños suenan en el edificio contiguo al templo del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Están en un recreo mientras regresan a sus clases religiosas, con la que la institución busca generar esa cuota de prevención que el gobierno central todavía no alcanza a llevar a la comunidad. El reloj roza las 4 de la tarde y el pastor Rodolfo Méndez decide salir un poco del inmueble para disfrutar de la brisa que ya comienza a refrescar la tarde.
Desde la calle, el pastor recibe un saludo de un joven que lleva una mochila, al que responde al instante con un sonoro “Dios te bendiga”. Lo señala y afirma que es el hermano de dos pandilleros, uno de los cuales está en la cárcel. También que es el primero de su grupo familiar que asiste a la universidad. Que su casa es una de escasos recursos, donde apenas se cubren las necesidades básicas. “Pero a él nunca lo han molestado, nunca he visto que lleguen a su casa los policías o que lo detengan por la calle”, agrega.
Final. La Majucla está conformada por apenas 16 pasajes, que parten de una única calle principal que termina en la autopista Este-Oeste.
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Los abusos de autoridad de miembros de la PNC han ocupado parte de la agenda mediática en los últimos meses. Las presuntas víctimas son, sobre todo, jóvenes que viven en comunidades asoladas por las pandillas. Nombres como el de Miguel Ángel Deras y Wendy Morales llegan a la cabeza para ejemplificarlos.
Otro caso paradigmático es el de Daniel Avilés Alemán, quien fue capturado en la colonia Altavista el 10 de enero de 2017. Fue acusado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico de una libra de marihuana, valorada en unos $500, que según el requerimiento fiscal estaba en un solo paquete. Algo que no cuadra, pues según un exagente de la DAN, lo más común es que, en una captura en exteriores, se encuentren pequeños paquetes destinados para la venta individual, no uno solo indivisible.
Otra inconsistencia es la del lugar de captura. Se dice que fue apresado en un parqueo, cuando en realidad el operativo sucedió en una cancha, de lo que ha dado cuenta incluso un empleado del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Tonacatepeque, municipio donde está ubicado dicho centro de recreo. La Inspectoría General de Seguridad Pública inició un proceso de investigación contra los dos agentes que realizaron la captura. Esta ya está lista y tendrá que ser pedida por el juez que lleva el caso en su etapa de instrucción.
Para Tatiana Alemán, hermana del acusado, el caso tiene mucho de esperanzador, con posibles pruebas de descargo que garantizarán la libertad de Daniel cuando se lleve a cabo la vista pública.
Pero otro tipo de reparo también la preocupa. La que conforma con Daniel, su madre (Meira) y sus demás hermanos es una familia con pocas entradas de dinero. Y en el proceso de Daniel, entre papeleo y el pago de honorario de abogados, han tenido que erogar más de $3,000, conseguidos hasta el momento gracias a un préstamo personal realizado por la joven y a la ayuda de familiares en el extranjero.
“Cuando uno está en una situación como esta, no le importa gastar con tal de reparar una injusticia. Pero poco a poco una va cayendo en la cuenta de que ese dinero luego se tendrá que pagar. Y si a Daniel lo liberan, ¿quién nos responderá luego por eso? Solo nos van a quedar las deudas”, comenta Tatiana.
La Policía Nacional Civil fue la institución más denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2016, con 1,253 expedientes abiertos a miembros de la corporación.
Equilibrio. Foto ilustrativa que no corresponde a los hechos descritos. La población en general ve con buenos ojos los esfuerzos por recuperar territorios antes dominados por pandillas por parte de las autoridades. También exigen que esto no se traduzca en atropellos a los derechos humanos..
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“Es bien difícil ser de aquí, a veces nos cuesta que nos den trabajo porque ven el lugar donde vivimos, dicen ‘la Majucla’ y como que se asustan”, comenta Maritza, sentada en las afueras de su pasaje, sobre lo que significa vivir en una comunidad estigmatizada por el tema de las pandillas; una donde es impensable para un foráneo poner un pie sin avisar.
Una donde una persona puede ser asesinada en el mismo pasaje donde vivía, como fue el caso de Guadalupe del Carmen Abarca, atacada en la salida del pasaje 14 el 4 de enero de 2016. O donde se puede presenciar el asesinato de un repartidor de mercadería, como el ocurrido el 18 de junio de 2012. La víctima fue identificada como José Manuel García, quien era distribuidor de granos básicos. Ambos casos todavía continúan en la impunidad. En 2016 también se reportaron presuntos enfrentamientos entre pandilleros y agentes policiales.
“Hoy los muchachos (pandilleros) casi no permanecen aquí abajo (la parte más cercana de la colonia a la autopista Este-Oeste), están más arriba. Hoy de toda cosa entra aquí con más facilidad, la gente del cable, comerciantes”, comenta Maritza, en una declaración paradójica: ha sido víctima del atropello de la autoridad y su costumbre de marcar casas con una «X», pero reconoce ciertas ventajas de la realidad actual de su colonia.
Sin embargo, salir a otro lado también representa un problema. Ese es el caso de Rita, quien salió de Majucla tras una amenaza de un agente de la PNC.
La primera complicación fue encontrar sitio en otra comunidad dominada por la misma pandilla, para no poner en riesgo a su grupo familiar, que además de su esposo incluye a sus dos hijas y a su nieta. Lo consiguió, pero el calvario apenas comenzaba. Al poco tiempo, un pandillero se acercó a preguntar su procedencia y, también, a pedirle que le hicieran favores, como permitirle a un “postero” (especie de alertador del grupo) cargar su teléfono celular en su casa.
“Nos da miedo que nos vinculen con ellos. ¿Cómo les decimos que no? Por lo menos allá ya teníamos mucho tiempo de vivir, los muchachos de allá no se metían con nosotros. No le voy a mentir diciéndole que era todo tranquilidad… de alguna forma ya habíamos aprendido a vivir allí”, comenta Rita. Este año tenían planeado comprar la casa que alquilan desde hace 15 años. Pero el plan ha cambiado.
Marta, por su parte, aún estaba terminando de pagar sus cuotas en el Fondo Social para la Vivienda, como lo demuestran sus comprobantes de pago. Ahora el gasto se ha duplicado: debe cubrir el monto de las mensualidades junto al del alquiler del nuevo lugar en el que reside, donde también tiene presencia la pandilla MS.
“Con todo y los problemas, allá está mi casita… quisiera volver allá abajo”, dice Marta. Y allá abajo es la Majucla, donde ahora, cuando el reloj ya pasa de las 4 de la tarde, varias docenas de niños continúan sus clases esperando regresar a sus hogares, algo que, al menos para cuatro familias, ahora es algo imposible de hacer, al menos hasta que de sus fachadas desaparezcan las “X”.
Paolo Luers, 28 febrero 2017 / EDH
De paso sea dicho: Estos números no son completos. Faltan los millones que gastan las autónomas como CEL, ANDA y CEPA, así como las superintendencias para asegurar a sus funcionarios. El total real debe sobrepasar los 50 millones anuales.
Otro caso interesante es el de Salud. Resulta mentira, pero también este ministerio, que maneja a los hospitales públicos, gastó en seguros médicos privados: 155 mil, o 30 mil al año. Así de caros que son estos seguros, esta suma sólo puede cubrir a un puñado de altos funcionarios. Privilegios de cúpulas.
Paolo Luers, 25 febrero 2017 / 
MARCOS RODRÍGUEZ: CAPRES me dijo que no gastan nada para preparar la “participación ciudadana” para el show sabatino del presidente. ¿Cuánto gastaron en los “Diálogos Comunitarios” en Acajutla previos al evento?
Segunda Vuelta 