Florent Zemmouche

La falsa respuesta. De Florent Zemmouche

Hay obsesiones de algunos hombres políticos que se pueden resumir en una sola palabra: armar. Pretenden resolver los graves problemas de inseguridad en nuestro país armando a ultranza. Pero están equivocados. Y si su error es multifacético, también revela un síntoma recurrente de la ineficacia política.

Florent Zemmouche, 26 mayo 2017 / LPG

Por lo general, estos políticos se inscriben dentro de un mismo marco de ideas retrógradas e inadecuadas como lo son el restablecimiento de la pena de muerte o la legalización de grupos de “autodefensas comunales”. Incluso, este último proyecto ha sido ya apoyado mediante el financiamiento de licencias de tenencia de armas de una comunidad. Por cierto, es interesante que un diputado en cualidad de hombre público proponga una medida y mientras tanto, sin que sea aceptada, como ciudadano lambda, la aplique. Es una manera particular de entender y de practicar el proceso democrático. Tal separación del individuo no puede existir para un hombre político quien no es un ciudadano cualquiera. Además, preciso es notar que si bien el dinero da cierto poder, el poder no rima necesariamente con la inteligencia.

Frente a cada nuevo caso de violencia, aquellos dirigentes repiten su inquietante leitmotiv: hay que armar a la población. Tal propuesta es fruto de una observación errónea de la realidad. La inseguridad proviene precisamente de la tenencia masiva de armas en El Salvador. Impulsar su distribución en la sociedad civil no resuelve el problema, lo incrementa. Tal acción es perniciosa. Hay que optar por la dinámica contraria, la del desarmamiento. Por ejemplo, en vez de pagar para armar, ¿por qué no dar dinero a cambio de cada arma depositada definitivamente en manos de una organización designada para ello?

El hecho de apoyar económicamente la tenencia de armas denota la cobardía de los políticos que se destituyen de sus responsabilidades. La seguridad pública es un deber constitucional del Estado. Le incumbe fundamentalmente conservar y proteger la vida de sus ciudadanos, con sus fuerzas de seguridad. El monopolio de la violencia legítima es, según Max Weber, la definición misma del Estado. Otorgarle a cada individuo la posibilidad de defenderse por sí mismo destruiría ese monopolio central destinado a garantizar el orden. Desaparecería entonces el Estado, dejando la sociedad ser devorada por una guerra de todos contra todos.

En realidad, este tipo de medida obedece a la lógica de la política-espectáculo que nos gobierna y cuya esencia es la inmediatez. Somos impacientes. Y la impaciencia destroza la eficacia de la acción política. Queremos que todos los problemas se resuelvan inmediatamente mientras que la política no puede concentrarse sola y exclusivamente en el presente. Tiene que proponer una visión, un proyecto, un futuro. Su trabajo es una construcción. Entendamos entonces que la respuesta a la violencia en nuestro país es un largo proceso que requiere paciencia. Sus resultados no serán inmediatos. La política de la “mano dura” es un paliativo. Por cierto, los abusos policiales y los estragos colaterales ya son numerosos y a cargo de profesionales. ¿Cuántos serán los errores con novatos?

Así no se resuelve el verdadero problema. Las raíces de la plaga permanecen intactas. Detrás de la violencia se esconde una sociedad que no funciona. Un Estado que no cumple con sus deberes. Si hay dinero que gastar, que sea usado de manera sensata. ¿Por qué no financiar escuelas? ¿Docentes? ¿Por qué no apoyar económicamente la construcción de estructuras sociales en todo el país? ¿Por qué no dedicarse a integrar los territorios abandonados? Seamos exigentes y rigurosos para estar a la altura de las dificultades. No caigamos en la trampa de la impaciencia y de la rabia.

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Los territorios perdidos de la república. De Florent Zemmouche

Un reciente estudio sobre las maras y su funcionamiento económico muestra cuánto este aspecto y su impacto son en realidad mínimos.

lorent.jpgFlorent Zemmouche, 23 diciembre 2016 / LPG

La fuerza de las pandillas es otra. Al contrario de lo que afirman ciertas autoridades, no hay que sobrestimar las maras: su violencia y potencia no es teórica, abstracta ni pensada. Es más bien concreta, impulsiva y pragmática.

Justificar el problema de las maras aseverando su ilusoria gran potencia económica resulta ser facilidad y demagogia. Este discurso oficial esconde vergüenza, ceguera e hipocresía. ¿Si las maras son fuertes y peligrosas? Sí. Absolutamente. ¿Si son mafias tentaculares precisamente organizadas como las sicilianas o japonesas? No. A pesar de lo que se ha dicho y escuchado, la respuesta es no. El sistema que las pandillas imponen en El Salvador es concreto. Lo que tienen son territorios y armas, es decir, la práctica de una violencia sin límites. Y lo más inquietante es que estas fuerzas concretas son el fruto de nuestras propias fallas, de nuestra propia debilidad.

la prensa graficaLa influencia de las maras va creciendo ahí donde la del Estado va cayendo hasta desaparecer por completo. Están presentes en zonas abandonadas por la república. Así, las pandillas deducen su legitimidad subsanando la ausencia estatal con una presencia que si bien es criminal, es sobre todo presencia. Se trata de regiones completamente olvidadas por nosotros y por las autoridades: son dos mundos paralelos, el nuestro, y el de los huérfanos del Estado. Son salvadoreños que sobreviven ahí, encontrándose diariamente con el vacío estatal. Y tal soledad es la miel del crimen y de las maras. Por lo tanto, he aquí el problema, es esa desigualdad e incompetencia de nuestro sistema. No le temamos a la concesión ni a la responsabilidad.

Responder por la violencia o por la guerra sería considerar únicamente la parte visible del iceberg. Y dentro de esta misma lógica, organizar negociaciones ocultas (o al menos eso se cree) con dirigentes de las pandillas es un paliativo que obedece a intereses solamente vanos y particulares. Tenemos que atacar a las raíces de la realidad, al subsuelo del problema. Así se llega a los verdaderos desafíos, centrales, como lo es la educación nacional: la estructura social del país necesita el ímpetu de una borrasca de frescura. El presupuesto de educación tiene que ser la prioridad máxima. Sí, esto ya se ha dicho y repetido. Pero ahora hay que hacerlo. Se puede crear más escuelas, cuidar y formar a los docentes ya que de su capacitación y motivación depende en gran parte las del alumno. Un niño tiene que preferir siempre la sala de clases. Incluso, no tendría que escoger; pero cuando se plantea tal elección (y es el caso demasiadas veces), la decisión final tiene que ser la buena. Necesitamos hijos del Estado, no hijos del crimen. Para ello, el árbol educativo con todas sus ramas requiere una atención digna. Debe transmitir los valores de la república, proponer oportunidades, empleos, salarios y la importancia social que soporta cada camino elegido. Asimismo, le incumbe al sistema, mediante una valorización esencial de todos los ciudadanos, que soñar y realizarse sea realmente posible. La escuela nacional tiene que funcionar e ir a clases valer la pena.

La ONG ConTextos ha visto con una clarividencia ejemplar la importancia de este problema. Su acción se concentra justamente y principalmente en los desiertos sociales que son las aulas salvadoreñas. El cambio evolutivo es posible. Apoyemos. Y construyamos un Estado fuerte cuya fuerza no tiene por qué rimar con violencia. Pidamos simplemente responsabilidad, la de no olvidar ni abandonar a nadie.