CICIG

El régimen tiene miedo. De Federico Hernández Aguilar

Y es porque tiene miedo, pánico, terror, al único poder verdadero: el de los ciudadanos.

federicoFederico Hernández Aguilar, 29 junio 2016 / EDH

Y mucho. Demasiadas señales lo demuestran. ¿Por qué se envía a grupos de choque para amedrentar a una veintena de pacíficos ciudadanos que pedían la instalación de una CICIES contra la corrupción? ¿Por qué se realiza una esperpéntica reunión de partidos de izquierda en San Salvador y se termina afirmando que la CICIG, en la vecina Guatemala, no es más que un caso emblemático de “intervencionismo imperialista”? ¿Por qué se arremete contra la Sala de lo Constitucional, que está velando por la independencia partidaria de las instituciones, y se olvida que Schafik Handal, por ejemplo, fue un duro detractor de la Corte de Cuentas cuando ésta estaba en manos del PCN?

diario hoy¿Por qué se insiste en el discurso de la transparencia y sin embargo se dejan tantos cabos sueltos alrededor de la cada día más huérfana “tregua entre pandillas”? ¿Por qué ningún líder del FMLN ha conseguido responder hasta hoy a las elementales preguntas que surgen en torno a la polémica gestión de Sigfrido Reyes al frente de la Asamblea Legislativa?

¿Por qué se encubre todavía la identidad del funcionario que mató accidentalmente a un motociclista hace dos meses, pese a que el anónimo conductor manejaba un vehículo oficial adscrito a Casa Presidencial? ¿Por qué se mantienen las reservas sobre los viajes que hizo Mauricio Funes durante su mandato? ¿Por qué tantas reacciones desaforadas ante las críticas de la sociedad civil organizada? ¿Por qué tantas actitudes defensivas, embestidas gratuitas y ridículas tesis conspirativas?

Por miedo. No existe otra razón. El oficialismo tiene miedo. Y este miedo nace de la dimensión ideológica que históricamente le ha dado el FMLN al poder político, en sintonía con algunos de los más delirantes supuestos de Marx, Engels, Lenin y Gramsci. Así lo confiesa el propio Foro de Sao Paulo en su estrambótica declaración de San Salvador: “Es vital no perder de vista el carácter instrumental de cualquier sistema político como medio de legitimación del poder de clase, al margen de quien lo ejerza…”. Y casi a renglón seguido: “La izquierda debe definir estrategias para aumentar su presencia en la integralidad del poder político, avanzando en el cambio de la correlación de fuerzas en la institucionalidad del Estado, lo cual requiere no reducir la lucha política al Poder Ejecutivo”. ¡Cuánta sutileza!

Por supuesto, semejante cháchara intelectualoide debió producirle fuertes dolores de cabeza a Medardo González, porque él prefirió ser mucho más explícito que todos los cerebritos reunidos en el bermejo foro hemisférico: “Tenemos la sartén por el mango del Estado de El Salvador” (sic). Así de simple. Sin tanta vuelta de académicos formados en la Patricio Lumumba. Hegemonía pura y dura. Punto. Cualquier reinterpretación de las palabras de don Medardo posee ecos del mejor pragmatismo estalinista: “Camaradas, por favor, no nos perdamos: tenemos el poder, y el poder que no sirve para conservar y aumentar el poder, es cualquier cosa menos poder”.

El miedo a perder poder es uno de los peores calvarios del político mediocre. El juicio adverso le genera ansiedades; vive entregándole su paz interior a los vaivenes de las encuestas de opinión, y, en consecuencia, suele ver enemigos por doquier. Como no ha llegado al cargo que ostenta para servir a los demás, tampoco cree posible que haya entre sus críticos gente honesta a la que mueva el patriotismo desinteresado. De ahí que sus reacciones frente a la reprobación de sus medidas traspasen fácilmente los límites del respeto y la tolerancia.

El FMLN se niega a entregar ninguna cuota de poder. Los que aún dudaban respecto de la agenda antidemocrática del partido oficial, ya no tienen razones objetivas para seguir dudando. El Frente llama “golpismo”, “injerencia” o “agresión imperial” a cualquier cosa que amenace su hegemonía, tanto si se trata de un fallo de control constitucional como de un ofensivo grupo de personas alzando pancartas. Y es porque tiene miedo, pánico, terror, al único poder verdadero: el de los ciudadanos.

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Izquierda continental rechaza a la CICIG. De José Rubén Zamora

José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, Guatemala

José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, Guatemala

José Rubén Zamora, 29 junio 2016 / EL PERIODICO

La XXII edición del Foro de São Paulo realizada en El Salvador entre el 23 y 26 de junio finalizó con 23 conclusiones, entre las cuales se rechaza el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por considerarla una “injerencia de los Estados Unidos”, que irrespeta la soberanía de los países. Los países firmantes se refirieron de esta forma al tema:

En la actual coyuntura es importante resaltar que en Guatemala se produjo una maniobra política impulsada por las fuerzas de la derecha empresarial, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, para construir el triunfo electoral del cómico Jimmy Morales, apoyado por exmilitares de la ultraderecha, como parte de su estrategia global en contra de la corrupción, iniciada con el golpe en contra de la dirigencia de la FIFA. La estrategia imperialista ha comprendido debilitar a los candidatos que les resultaban indeseables en las pasadas elecciones, para en un segundo momento afectar a los grupos oligárquicos involucrados en evasión de impuestos y lavado de activos. Esa estrategia incluye perseguir penalmente a Screen Shot 2016-06-30 at 4.32.36 PMfuncionarios y empresarios corruptos, introducir cambios en el sistema de justicia, fortalecer algunos espacios democráticos y cambios importantes en el modelo económico oligárquico plutocrático, que limita el crecimiento de la economía nacional, ha generalizado la pobreza (según datos oficiales, el 60 por ciento de la población vive en la pobreza), y construye un escenario de generalizada inestabilidad.

En Guatemala, Estados Unidos está aprovechando el trabajo a favor del fortalecimiento de la justicia que ha impulsado la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) creada por la ONU, originalmente a raíz de los Acuerdos de Paz, para desmantelar las estructuras de poder paralelo que sembraron el terror en el país entre 1954 y los primeros años de la década del noventa. En ese sentido, aunque el fortalecimiento de la justicia que se está produciendo en Guatemala es real y beneficioso para el país, la intención de Estados Unidos es crear un efecto demostración, que les permita promover comisiones internacionales similares, controladas por ellos, como ya pasó en Honduras con la creación de una Comisión en el marco de la OEA, para intentar desestabilizar al gobierno del FMLN en El Salvador y probablemente intentaría hacerlo más tarde en contra del FSLN en Nicaragua. Un conjunto de factores, incluyendo las movilizaciones que de abril a septiembre se produjeron en buena parte del país, pero en especial las investigaciones penales por casos de corrupción que han desarrollado la CICIG junto al Ministerio Público, han producido además la captura de dos expresidentes del Congreso de la República, de varios exdiputados y la solicitud de antejuicio en contra de otros dos expresidentes del Congreso y cinco diputados más.

El “Titiritero” detrás de la resolución del XXII Foro de Sao Paulo

Ángel González, un hombre de negocios apátrida, que practica el pragmatismo pervertido y sin ideología, que igual establece alianzas con las derechas e izquierdas corruptas. Es uno de los bastiones del FMLN en El Salvador, de Daniel Ortega y el FSLN en Nicaragua y del presidente Rafael Correa en Ecuador, pero también ha sido aliado de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en Guatemala, como lo fue de Fujimori y Vladimiro Montesinos en Perú y de los Kirchner en Argentina.

A pedido del Presidente Correa compró uno de los últimos diarios de prensa independiente de Ecuador, quizá el más importante de ese país. Ahora, ha cobrado facturas a sus socios izquierdistas del continente y con el liderazgo de Correa y el soporte del FMLN de El Salvador y el FSLN de Nicaragua, ha inducido a través de sus operadores una resolución en contra de CICIG con aire “anti-imperialista”, no obstante, vive y disfruta de las comodidades, la civilización, el respeto, los privilegios, lujos y las seguridades de las que solo puede gozar un billonario de su dimensión y calibre descomunal en los propios Estados Unidos, con el capital incalculable que ha acumulado exponencialmente esquilmando Centro y Sudamérica y el Caribe y degenerando sus respectivas democracias.

La CICIG, fue ideada, conceptualizada e impulsada por los guatemaltecos. Sin embargo, para ellos –los izquierdistas verticalistas y de discurso único– y para Ángel Remigio González y González, no es la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad que derrumba a los todopoderosos (no importa la cuna donde nació ni el poder que ejerció), sino el instrumento del imperio –los Estados Unidos de América– para dominar y someter a América Latina.

Ángel Remigio González y González dirige y controla sus monopolios de televisión, oligopolios de radios, medios escritos, restaurantes y bienes inmobiliarios en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, todos a través de prestanombres y testaferros, desde su mansión en Key Biscayne, en Miami, Estados Unidos, de donde es residente y tiene establecidas desde hace bastante más de una década sus oficinas centrales.

A continuación, cómo Ángel Remigio González y González interpretó y difundió la Resolución del XXII Foro de São Paulo, a través de Radio Sonora en Guatemala y el diario El Comercio de Ecuador, ambos propiedad del magnate mexicano:

El domingo 26 finalizó en El Salvador el Foro de São Paulo, con la presencia de la militancia de izquierda de distintos países. Uno de los acuerdos a los que llegaron los asistentes al final de la reunión fue unirse contra una supuesta injerencia de los Estados Unidos. Las reuniones y deliberaciones de los representantes de los movimientos de izquierda regionales duraron cuatro días y culminaron con 23 resoluciones. Uno de los principales temas discutidos fue el rechazo a la creación de organismos como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El líder y secretario general del FMLN, Medardo González, advirtió que se trata de “esquemas políticos intervencionistas que más bien lo que hacen es debilitar (la política interna) y están evidenciando que están usando a Guatemala como un laboratorio político”. En el Foro se hizo énfasis en la “lucha en contra de la ofensiva imperial, en contra de todos estos métodos”.

A la presente edición del Foro de São Paulo asistieron unos 500 políticos de izquierda del continente, el cual fue fundado por el Partido de los Trabajadores en São Paulo en 1990 para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del Muro de Berlín.

El Foro de São Paulo es una instancia creada por Fidel Castro y Lula Da Silva para reagrupar a las organizaciones de izquierda en el continente. Lo ha liderado también Hugo Chávez y ahora está en manos del presidente de Ecuador, Rafael Correa.

El Presidente de Ecuador tiene una estrecha alianza con Ángel Remigio González y González, el dueño del monopolio de canales de televisión abierta en Guatemala, cuya esposa tiene una orden de captura internacional al ser acusada por la CICIG y el Ministerio Público en el caso Cooptación del Estado, por financiar de forma ilícita al Partido Patriota y de obtener millonarios contratos del Estado como forma de pago al apoyo de dicha organización. González y González también regaló una mansión de descanso, en Marina del Sur, en el Pacifico guatemalteco, a través de una red de testaferros por US$900,000.

 El único medio que dio amplia difusión a la declaración final de la XXII edición del Foro, fue el diario El Comercio, un medio de comunicación ecuatoriano que era considerado como el último bastión de la libertad de expresión en el país, pero que en 2015 fue vendido a Ángel González, quien a pesar de que no comulga con los medios escritos, lo adquirió a petición de Correa, con el fin de acabar con los medios de comunicación independientes en ese país.

 “El pueblo pidió a la CICIG”

 En contraste con las conclusiones del foro, los representantes de la izquierda guatemalteca como el diputado al Congreso Álvaro Velásquez, se desligan del acuerdo alcanzado en El Salvador y expresan apoyo a la CICIG.

“No suscribimos el acuerdo porque apoyamos plenamente a la CICIG y al Ministerio Público. Entiendo que el discurso de la izquierda exguerrillera teme que haya intervención en El Salvador, Nicaragua o Venezuela, pero no es para nada la realidad guatemalteca. Nosotros pedimos a este órgano para fortalecer el Sistema de Justicia en el país”, subrayó.

 En tanto que la activista Helen Mack dijo estar en desacuerdo con el documento suscrito por las izquierdas de América, ya que “el instrumento como tal no es intervencionista porque quien lo pidió y lo solicitó a las Naciones Unidas, fue el mismo país y fue aprobado por el Congreso”.

“Es un modelo híbrido que nació por los ataques que teníamos los defensores de Derechos Humanos que trabajamos por casos de memoria. No hay una cuestión ideológica sino de justicia”, subrayó Mack.

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG: “La CICIG es como una coraza que ha podido proteger a la Fiscalía de Guatemala”

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no es un superpoder, dice Velásquez, ante algunas de las críticas respecto de este organismo cuyo trabajo llevó a la caída del presidente guatemalteco. “Lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados”. Velásquez agrega que, lejos de suplantar a la Fiscalía guatemalteca, la CICIG la ha apuntalado y protegido en la lucha contra la corrupción.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Gabriel Labrador, 8 noviembre 2015 / EL FARO

el faroDurante la hora que durará esta entrevista, Iván Velásquez Gómez, quien está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde el 6 septiembre de 2013, mirará en numerosas ocasiones el reloj colgado de la pared. Tiene prisa, como siempre, y con su agenda llena de actividades no puede darse el lujo de extenderse demasiado con periodistas. Desde abril, cuando la CICIG reveló la existencia de una estructura criminal encabezada por el entonces presidente Otto Pérez Molina que eventualmente lo obligó a renunciar, su reserva y diplomacia con la prensa ha sido una constante, aunque sería un error asegurar que Velásquez no es accesible. La mañana de este miércoles 28 de octubre asistió a la inauguración de un salón especial de audiencias en la Corte Suprema de Justicia y a media tarde tendrá una breve pero significativa conferencia de prensa con el presidente electo Jimmy Morales.

Velásquez permitirá que esta entrevista se extienda media hora más de lo pautado y responderá cada pregunta como si su cargo dependiera de ello, con la claridad de alguien que ha reflexionado sobre las mismas ideas una y otra vez. “No, la CICIG no es un superpoder”. “El propósito es que la ciudadanía sea activa, participante”. “Estamos acostumbrados en nuestros países a que simplemente se elija a los representantes”. A la media hora de entrevista, Velásquez y su asesor de prensa insinúan que ya se agotó el tiempo para platicar. Velásquez sabe que la CICIG y él no son del agrado de muchas fuerzas que se resisten a ser investigadas. Hasta abril pasado, el mismo gobierno de Otto Pérez Molina aún regateaba la posibilidad de pedir a Naciones Unidas que extendiera otros dos años el mandato de la Comisión. Tras la revelación de la existencia una organización de defraudación aduanera con raíces en el mismo gobierno de Pérez, a este no le quedó otro remedio que refrendar el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017.

Guatemala vive en la incertidumbre. Tras la caída de Pérez Molina en septiembre, los guatemaltecos eligieron como sustituto a un comediante sin experiencia política que, por si no bastara, tendrá un Congreso desfavorable. Malas noticias para las profundas reformas políticas y leyes que el país requiere para frenar la corrupción: leyes como la de partidos políticos, la del servicio civil, o la de contrataciones del gobierno.

Es un país pobre y desigual, con niveles de delincuencia entre los más altos del mundo y con instituciones penetradas por el crimen organizado. Este miércoles 28 de octubre solo han pasado dos días -y un día después de la segunda vuelta en la elección presidencial- desde que la CICIG desbarató una organización integrada por médicos y empresarios dedicados a enriquecerse mediante la venta de medicinas a hospitales públicos. Uno de los principales implicados, Gustavo Alejos, ahora prófugo, financió la campaña de los últimos tres presidentes, Óscar Berger, Álvaro Colom y Pérez Molina.

Velásquez es un abogado y exmagistrado colombiano de 60 años, y dice que la Guatemala que él ve en el futuro debe tener a sus ciudadanos muy activos y empoderados, ejerciendo veedurías locales para controlar el poder. Sabe que el camino es largo y que se parte desde un punto cercano al cero. “La ciudadanía no estaba preparada para quedarse sin presidente y sin vicepresidenta, pero es un proceso en formación”, dice, cuando se le pregunta quién está liderando la búsqueda de las transformaciones del país exigidas por multitudes desde abril hasta la caída de Pérez Molina.

Antes de ser comisionado de la CICIG, en su natal Colombia, Velásquez envió a prisión a medio centenar de congresistas colombianos por sus relaciones con el paramilitarismo, y también encontró el nexo de 130 diputados con estructuras del narcotráfico.

Está puntual para la entrevista a las 12 del mediodía de este 28 de octubre.

¿Usted cómo describe a la Guatemala de hoy en contraposicón con la que usted encontró en septiembre de 2013?
Sí ha habido una transformación. Desde abril, el movimiento social, la reacción después de presentar el caso de defraudación aduanera de La Línea, significó un despertar de la sociedad que se expresó, primero, de manera casi que absolutamente espontánea, y que de pronto fue creando niveles de coordinación suficiente, aunque no con una preparación grande, como para que algunos actores empezaran a hablar entre sí. Por ejemplo, el 25 de abril hubo estudiantes que salieron a manifestar aisladamente pero después, el 2 de mayo, sectores estudiantiles que nunca habían conversado entre sí lo hicieron. Creo que ellos nunca pensaron en que iban a sentarse a una misma mesa para un propósito común. Ha sido muy provechoso en el país, precisamente, tener un propósito común, porque ha habido mucha división en las organizaciones de la sociedad civil y entre personas que miran con recelo las actividades del otro. Pero el tema de la corrupción logró juntar a las personas casi por 20 semanas, hubo expresiones públicas que pueden considerarse multitudinarias para un país con mucha apatía. Y no era simplemente la protesta, reaccionaban para exigir reformas al Estado porque paralelamente se organizó un movimiento ciudadano contra la corrupción, parece que se llamaba Ciudadanos contra la Corrupción; la Plataforma por la reforma del Estado que convocó la Universidad San Carlos y más de 120 organizaciones terminaron participando en las discusiones que tenían como objetivo eso, propuestas de reformas.

¿Usted ve otro tema que tenga similar capacidad de aglutinamiento en Guatemala?
De la forma tan generalizada, no, porque en muchos otros temas hay grandes diferencias entre sectores de la sociedad. Por ejemplo, el tema indígena divide cuando debería ser un aglutinante, pero esa es una realidad. Me parece, en todo caso, que persistir en torno a la lucha contra la corrupción en la formación de ese movimiento ciudadano es muy positivo. Es decir, ya encontrado un tema aglutinador en el país, es muy positivo que ahora de manera organizada asuman un papel en el control del ejercicio del poder. Lo que se ha estado anunciando desde muchos sectores es que con la elección del nuevo presidente, su toma de posesión el 14 de enero, o inclusive desde ahora, se debe ejercer una veeduría. El propio presidente electo dijo estos días en una entrevista que, aunque estaba en el sistema como presidente, se incluía entre los inconformes y llamaba a que se mantuviera ese movimiento ciudadano. Ayer mismo dijo en otra entrevista que, así como enseñaba Ronald Reagan, “hay que gobernar con dos de tres”, y que eso podía asegurar el éxito del gobierno. En el caso de Guatemala, los tres son el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad. Entonces, tener Ejecutivo y sociedad es una forma de anticiparse a lo que también se afirma va a ser una situación difícil cuando el 14 de enero asuma un gobierno que tiene una representación muy pequeña en el Congreso.

Además del mandato que tiene la CICIG, ¿cuál es su aspiración última como comisionado? ¿Hacia dónde espera que la gente se dirija con el nuevo escenario que tienen enfrente?
El propósito es cumplir verdaderamente el mandato de la Comisión: que sí se logre identificar las estructuras criminales profundas, no las transitorias, aunque también es importante. Y también buscar el fortalecimiento institucional, que existan unas instituciones de justicia realmente fuertes o por lo menos independientes, algo que es tan necesario en nuestros países de América Latina. Pero también que haya una sociedad que sea participativa, reclamante, vigilante, creo que eso sería un gran avance. La aspiración es la posibilidad de construir con mayor fuerza un Estado social y democrático de derecho que es más bien la aspiración que todos los países debemos tener.

En sus intervenciones públicas una constante es su llamado al fortalecimiento de la ciudadanía con sus demandas y exigencias hacia los gobernantes. Pareciera hablar de un personaje granítico, cuando en realidad la ciudadanía es amorfa y con circunstancias que requieren que madure de golpe…
Es amorfa pero tiene que buscar formas de participación. Naturalmente no será toda la sociedad porque la sociedad no es una unidad. Hay sectores, intereses y contradicciones en la sociedad, pero sí puede haber propósitos generales, propósitos más compartidos entre más amplios sectores sociales y aprovechar eso como posibilidad de reconstruir ese tejido social que no es muy visible aquí en Guatemala. Hay mínimas cosas de la cotidianidad alrededor de las cuales los habitantes, los municipios, pudieran organizarse, por ejemplo, como veedores ciudadanos para el control en la municipalidad del gasto público en obra pública. Eso sería algo significativo. Es un proceso, naturalmente, pero es un proceso en el que se tiene que reivindicar la necesidad de que siempre la ciudadanía se interese por los asuntos del Estado, que el pueblo participe en los asuntos de la política como administración de lo público. Estamos acostumbrados en todos nuestros países a que simplemente se elige, pero ese es un concepto que permite que se llegue a lo que han llegado nuestros países.

En nuestros países esa fórmula falla muchísimo.
Y en todo caso, aun existiendo una buena representación en el Congreso, el pueblo no debe renunciar a su posibilidad de participar en los asuntos del Estado. Se debe tender hacia una conformación de un Estado verdaderamente democrático pero con una sociedad activa, participativa y vigilante. Si hay además unos partidos políticos verdaderamente representativos, fuertes, democráticos, y si esos partidos además tienen una representación legítima en el Congreso, no vía transfuguismo, muchísimo mejor. ¿Pero cuál es la situación del país en ese sentido? Que hay unos partidos políticos que son partidos mucho más electorales que ideológicos o programáticos, que no agencian los intereses ni siquiera de sectores de la sociedad frente al Estado, que es tal vez el papel principal que tendría un partido político, sino que promueven más los intereses personales, hasta en algunos casos, de los dueños de los partidos y eso, naturalmente, se refleja en el Congreso y en la forma de actuar del Legislativo. Pero otro problema es el transfuguismo en Guatemala, así como se ha visto, partidos que eligen 12 diputados y terminan con más de 60. O partidos que comienzan con más de 40 y terminan con menos de 20. ¿Y entonces qué era lo que estaba escogiendo el pueblo en las elecciones? Porque si estaba escogiendo un proyecto, significa que todos estos que se pasaron traicionaron un proyecto y finalmente no se responde a esa participación electoral. Por todo esto una de la reformas que me parece muy importante en Guatemala es la de la ley electoral y de partidos políticos que, en esta coyuntura, ya se intentó aprobar en el Congreso pero se estancó.

¿Y cómo se concilia la idea de que la ciudadanía debe empoderarse más para controlar el poder si al mismo tiempo se busca leyes que refuercen a los partidos políticos como las únicas opciones para ejercer ese poder?
Ley electoral es un tema de mucha importancia, porque además puede democratizar la participación en movimientos políticos. El hecho de que se posibilite que organizaciones sociales, movimientos cívicos puedan participar y tener una representación en el Congreso y en las alcaldías ha sido positivo. Leía en estos días también una crítica hacia esto por la posibilidad de que sean movimientos organizados cooptados por el crimen organizado, pero ante eso yo diría que la experiencia de Colombia en cuanto a movimientos ciudadanos con representación ha sido muy buena. Debería reflexionarse sobre temas de esta naturaleza.

¿Estaba preparada la ciudadanía para quedarse sin presidente y vicepresidenta y empezar a impulsar reformas como esas de las que habla?
No, este es un proceso en formación. Sin embargo hay elementos también que se pueden destacar, como el hecho de que hubiera sido un movimiento ciudadano tan multisocial, digámoslo así, tan heterogéneo, y todo con un respeto de la institucionalidad. A todo el mundo, yo creo que hasta a la propia sociedad la cogió por sorpresa. A las propias organizaciones sociales que se supone que están siempre en la reflexión sobre esta sociedad, también las tomó por sorpresa, pero se ha logrado ir en este proceso de construcción. Lo que esperamos es que efectivamente se consolide, ya el tiempo dirá.

¿Y de dónde han venido las presiones más grandes en contra de su trabajo y cuáles han sido los obstáculos mayores para que la CICIG haga su labor?
Creo que una ventaja grande que hay en Guatemala, en las circustancias actuales, es la presencia de la CICIG como un órgano de cooperación internacional con el sistema de justicia. Si pudiéramos buscar una figura para explicar el papel de la CICIG, sería esta: es como una coraza que ha podido proteger al Ministerio Público mucho más sensible a las presiones de todo género que se pueden presentar. Es indudable, y no es un problema de Guatemala, sino en todos los países pero mucho más visible en América Latina, que factores, fuerzas de poder dentro del Estado, y por fuera del Estado, presionan a los órganos de justicia para que no afecten sus intereses… y que tienen, además, gran posibilidad de incidencia por la manera en cómo se integran esos órganos de justicia entre otras muchas otras razones.

¿Está hablando de la gran empresa organizada, el CACIF?
Del CACIF no hemos recibido presiones para el cumplimiento de la actividad nuestra, como que reprochen o intenten bloquear alguna acción que hemos adelantado… de ninguna de las investigaciones ha habido respecto de nosotros ninguna interferencia de ningún sector.

¿No cree que en la sociedad guatemalteca la incidencia del CACIF sí es grande y evidente, como en el juicio contra Ríos Montt, para que se recortara el período de la fiscal Paz y Paz, o ahora en el caso del Seguro Social?
En la sociedad guatemalteca están todos, era lo que decía ahora precisamente de los diferentes intereses que se mueven en la sociedad…

En este punto, interrumpe Diego Álvarez, jefe de prensa de la CICIG: “Recuerde que Jorge Briz ha tomado muy en serio las banderas de la lucha contra la corrupción…”. Velásquez continúa su respuesta.

… porque es algo que yo iba a indicar: que tampoco, ni siquiera el sector empresarial es homogéneo, granítico.

Lo vimos cuando algunas de las cámaras del CACIF querían pedirle la renuncia a Otto Pérez como presidente, mientras que otras no porque consideraban que era una afrenta contra la institucionalidad…
El hecho de que un presidente y una vicepresidenta salgan del gobierno no es una fractura de la institucionalidad. La institucionalidad tiene además previstas la formas para superar situaciones de esta naturaleza como se hizo, y se hizo de manera muy pacífica, tranquila… aunque nadie preveía que esto podría ocurrir en el país. Sin embargo, nuestras investigaciones nunca tuvieron una intervención desde sectores que respaldaban al presidente, y no era que la CICIG precisamente estuviera contra el presidente. El 16 de abril salimos con la investigación y mostramos lo que efectivamente teníamos hasta ese momento y era que llegaba hasta el secretario privado de la vicepresidenta. De ahí se siguió examinando sin que nosotros tuviéramos el propósito de ir por tal o cual persona. Avanzamos en las indagaciones, la vicepresidenta renunció, hicimos allanamientos y vimos, por circunstancias, que eventualmente podría perjudicarse al presidente, pero nosotros seguimos con las investigaciones, y aquellos sectores que decían que la defensa del presidente era la defensa de la institucionalidad, siguieron con sus teorías y sus acciones, y nosotros seguimos también independientemente con el Ministerio Público realizando las investigaciones y concluyó como concluyó.

Hay quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos. Justo después de las elecciones dan este golpe contra uno de los financistas del partido UNE. ¿Qué dice usted a quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos?
Pero entonces no hubiéramos presentado, por ejemplo, el informe sobre financiamiento de la política…

Eso fue en julio, dos mes antes de la primera vuelta.
Muchos analistas y comentaristas decían que se afectaba muy directamente a ese partido. Si hubiera alguna agenda en ese sentido, o el interés de proteger a algún interés político, valga la redundancia, entonces no hubiéramos presentado el informe de financiamiento antes de las elecciones, sino ahora y hasta se pudiera haber presentado una evaluación ya verificada de las dos vueltas presidenciales, una evaluación de todo el tema electoral… En cada caso hacemos coordinaciones con el MP, y llegamos a un punto como al que llegamos ayer: definimos MP y CICIG que ya hay una investigación madura para solicitar orden de captura, formular imputaciones y presentar el caso ante los jueces… Por ejemplo en el caso de los medicamentos hay una razón por la cual no se hubiera realizado antes del 25 de octubre. En ese caso hubo dificultades con el juez contralor por cantidad de cosas que tiene ese juez, pero hay además una situación en Guatemala de recusaciones contra jueces que afecta todo. Pero además debo decir que faltaba concluir un informe criminal, esa era la razón por la cual no se presentó en julio o en agosto o en septiembre. Y había otros puntos de verificación: teníamos mucha información, había teléfonos interceptados y para lo que mostramos ayer en la presentación -que en la página web de compras del Estado- había que hacer unas constataciones de campo para verificar y llegar finalmente a lo que se presentó ayer.

En El Salvador, un argumento contra una Comisión contra la Impunidad es que la institución pueda ser cooptada y llevada a un curso que no necesariamente es el que necesite la ciudadanía. ¿Usted cree que la CICIG es incorruptible y que puede evitar infiltraciones o desvíos importantes en su trabajo?
Pues creo que ese es un riesgo permanente, ninguna institución debe llegar a un nivel de perfección como para decir que es absolutamente infranqueable, pues hay propósitos desde muchos sectores por penetrar, por saber qué es lo que hay aquí, eso es indudable. Pero puedo demostrar con casos que no tenemos fugas de información. Nadie supo, y aquí sí es la afirmación de nadie, a pesar de las suspicacias que se levantaron respecto de Juan Carlos Monzón, que el señor Monzón estaba en esa estructura, sino hasta las 11 de la mañana del 16 de abril cuando lo presenté en la conferencia de prensa ese día, y fue la sorpresa para todo el mundo, inclusive para compañeros de la CICIG.

Para dejar claro lo que me está tratando de decir, porque hubo muchas personas que especularon que hubo fuga de información. ¿Cuántas personas sabían antes del anuncio sobre el involucramiento de Juan Carlos Monzón?
Por ahí unas 10 personas antes de las 11 de mañana. El equipo de investigación acá, el equipo del MP, la fiscal general y yo. Y así ha habido muchos casos similares. Cuando se hizo la investigación relacionada con el sistema penitenciario, de Byron Lima y del director del sistema penitenciario, nadie sospechaba que a las 6 de la mañana iba a ser privado de libertad. Hubo comentarios en contra que se preguntaban “¿cómo es eso que el ministro de Gobernación o la fiscal general no estaban enterados totalmente de algo que se estaba haciendo?” Y yo relaté en aquella época que nosotros nos sentamos en los días previos con el director del sistema penitenciario, en el Ministerio de Gobernación porque había un proyecto de reforma del sistema penitenciario. Los otros funcionarios, ¿para qué van a tener que saber que era inminente la captura del director? Ya bastante con que yo mismo en esa mismas reuniones tuviera que hablar en términos de futuro como si existiera ese futuro. Se ha logrado hasta el momento mantener ese nivel de reserva de las instituciones.

Estados Unidos presiona a los otros países del triángulo norte de Centroamérica ciertas condiciones, entre ellas el establecimiento de comisiones contra la impunidad, para implementar programas como la Alianza para la Prosperidad y otros grandes paquetes millonarios de ayuda. Además, hemos visto muy activo al embajador estadounidense en Guatemala. ¿Cómo describiría el papel de Estados Unidos en el triángulo norte a propósito de la CICIG?
Última pregunta.

¿Tan pronto?
Es porque ya no tengo tiempo, pero yo se la contesto.

Adelante.
(Piensa cinco segundos) Si la inquietud es la relación con la CICIG, yo puedo decir lo mismo que le mencionaba ahora del CACIF. No ha habido ninguna intervención, ninguna injerencia, ninguna recomendación o ningún obstáculo o impulso que se pretendiera ejercer respeto de la comisión. Nosotros organizamos, a partir de enero o febrero de 2014 un plan de investigación, identificando cinco líneas gruesas de investigación que pensábamos era lo conveniente para el país en las condiciones en las que se encontraba. Todo eso se había diseñado y se estaba trabajando en investigación sin que hubiera habido ninguna comunicación desde nadie, desde ninguna embajada, desde ningún sector de Guatemala. El embajador de Estados Unidos dijo en los primeros meses de 2014 que Estados Unidos estaba comprometido con la lucha contra la corrupción. Ahora miran esa frase y dicen: “Aaaah, claro, como el interés de Estados Unidos era la lucha contra la corrupción, la CICIG está desarrollando la agenda de Estados Unidos”. Pero hablar de la lucha contra la corrupción lo he escuchado yo de muchas representaciones diplomáticas. Otros dicen: “Lo que pasa es que Estados Unidos sostiene a la CICIG, entonces hay que atender sus recomendaciones”. Tampoco es verdad que Estados Unidos sostenga a la CICIG, aunque es un aportante importante, pero está a nivel de Suecia. La Unión Europea creo que triplica los aportes que se ha recibido de la comunidad internacional durante el tiempo de la existencia de la CICIG, entonces ese tampoco es un argumento.

Para Estados Unidos el triángulo norte es muy importante en su estrategia de seguridad…
Sí, pero podría ser que Estados Unidos ha visto que un proyecto como el de la CICIG ha sido exitoso en Guatemala y que efectivamente ellos tienen intereses en la región, y dicen: “¿Qué tan conveniente podría ser que organismos similares pudieran apoyar en estos otros países como un respaldo en la lucha por la independencia de los órganos de investigación y de juzgamiento?” Los empresarios guatemaltecos dicen: “Para nosotros es muy importante un sistema de justicia independiente, honesto, idóneo, porque eso es también una garantía para los negocios”. Y lo he escuchado en la discusión del Plan para la Prosperidad, una garantía para que los negocios funcionen. Al final es un tema de inversión, de desarrollo, que podría permitir también el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos de los tres países para que haya un adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Se ha encontrado que esto que se ha intentado en Guatemala podría contribuir a eso, y es en este sentido que yo interpreto la afirmación pública que han hecho funcionarios de Estados Unidos. Y si respaldan que en los otros países se pudiera establecer, es por la experiencia exitosa que se ha venido viendo en Guatemala, no como una posibilidad de intervención, de injerencia, a través de esas comisiones, porque por lo menos en Guatemala no ha existido… Y la última pregunta…

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

¿Para quiénes supone un riesgo una Comisión contra la Impunidad en países como El Salvador, Honduras con condiciones?
No voy a hablar de El Salvador ni de Honduras, pero sí puedo hablar de América Latina, y en todos los países en los que hay un sistema de justicia o dependiente o poco independiente o débil, una comisión de esta naturaleza puede ser un apoyo. ¿A quiénes les puede perjudicar entonces? Precisamente a quienes no les interesa tener una justicia independiente, honesta, idónea. Es decir, a un sector muy importante, a quienes están comprometidos con estructuras, o por lo menos con actividades delictivas. Del resto, a los Estados, a los gobernantes, a la sociedad en general, le debe interesar tener un sistema de justicia que sea efectivamente respuesta a la criminalidad, que pueda reducir los niveles de impunidad, que sea un enemigo real, fuerte, de la corrupción. En la generalidad de nuestros países latinoamericanos esa es la aspiración que tenemos, y por eso hay diversos sectores -estos sí de mayor amplitud- que objetan una comisión de esta naturaleza por razones de nacionalismo. Es lo que ha ocurrido en Guatemala. Lo que dicen es que estamos soportando la intervención extranjera..

O que entonces los países estaríamos admitiendo debilidades…
Pero que un país admita una debilidad es una realidad que se debe hacer, a menos que se tenga realmente la fortaleza. Si no se tiene la fortaleza, yo creo que es una actitud responsable admitir las debilidades, porque admitiéndolas es que se permite obtener las fortalezas. Entonces, dicen: “Esto es una entidad que afecta la autodeterminación guatemalteca”. El propio expresidente Pérez Molina está con que… y en alguna ocasión dijo que el comisionado tenía más poder que cualquiera en el país, y que en el MP me atendían más a mí que a la fiscal, eso no es verdad. Lo que pasa es que todos tienen una certeza, y es que la independencia de la CICIG está sometida a toda prueba. Es decir, que no se puede tratar de intervenir, de incidir, de infiltrar para que defienda otros intereses. ¿Por qué razón creo, entonces, que una comisión de estas no afecta la soberanía? Por un lado, es una iniciativa que no partió de Naciones Unidas. Salió de los acuerdos de paz, de la necesidad de que existiera algo que permitiera luchar contra la impunidad, mucho más dirigido al todo el tema de la represión que existió en toda la época del conflicto pero que había necesidad de que se luchara efectivamente contra la impunidad. Se llegó a un acuerdo que, dada la experiencia de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) que acompañó todo el proceso posconflicto, podía ser una comisión de Naciones Unidas pero con características específicas de la investigación criminal. Entonces se produjo un primer acuerdo en el año 2004, pero la Corte de Constitucionalidad dictaminó que vulneraba la soberanía nacional porque le daba titularidad de la acción penal a algo que se conoció como CICIACS, la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Era casi una Fiscalía internacional que se superponía a la Fiscalía local, y por lo tanto, se le daban facultades de captura, allanamiento. Se siguió alimentando la idea, y en 2006 se llega al acuerdo de la CICIG, y entonces se le confiere una capacidad de investigación que no va a tener un resultado judicial si el MP no está de acuerdo.

¿La CICIG es un superpoder?
Nosotros podemos adelantar investigaciones independientes, y en el acuerdo está que las autoridades del Estado nos deben suministrar la información que requiramos en nuestras investigaciones, pero si nosotros necesitamos que se haga una intervención telefónica nosotros no podemos pedirle al juez que lo ordene. Le tenemos que presentar el caso al MP, pedirle a la fiscal general que disponga que se abra un caso en la Fiscalía General contra la Impunidad, que es una dependencia de ellos con la que trabajamos 9 de cada 10 casos. Luego le decimos mediante un informe por qué razón sería recomendable que aquí hubiera una intervención telefónica, por ejemplo. El fiscal determina si está de acuerdo con la sugerencia, dice que sí, entonces le hace una solicitud al juez. El juez autoriza y controla esa intervención, que es hecha por funcionarios de la Policía Nacional Civil en la sede del MP con la presencia exclusiva de la unidad de métodos especiales, sin intervención nuestra. Entonces no hay ese superpoder, lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados.

¿Sería un error replicar el mismo esquema de Guatemala en otro país?
Cada país tiene sus particularidades y es lo que debe examinar qué es lo que más le conviene. Esto es una iniciativa que tiene que surgir de un país, es la reflexión en ese país la que debe determinar si es necesario que haya colaboración internacional. Honduras dijo sí es necesario pero como no les gustaba el modelo de la CICIG hablaron con la Organización de los Estados Americanos (OEA), han hecho unos primeros acuerdos y van a establecer una comisión. ¿Cuál será finalmente la sustancia de esa comisión? Habrá que ver cuando celebren el acuerdo, habrá que esperar. Es Honduras quien tiene que definir cuál es el acompañamiento internacional que requiere o si finalmente no se necesita ningún acompañamiento de ese tipo.

CICIG fue detonante de la “primavera guatemalteca” contra la corrupción

Las investigaciones de la Comisión contra la Impunidad fueron clave para el despertar ciudadano. La indignación de la sociedad ante la corrupción fue el factor que los cohesionó para protestar sin un lider.

El 27 de agosto pasado, unas 130 mil personas pidieron la renuncia de Otto Pérez.

El 27 de agosto pasado, unas 130 mil personas pidieron la renuncia de Otto Pérez.

, 3 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyLa primavera árabe, esa emblemática lucha de calle en países como Libia, Egipto, Túnez y otros que lograron tumbar a gobiernos autoritarios o fraudulentos, tuvo sus réplicas en Asia y hasta en Latinoamérica.

En Centroamérica, puede hablarse sobre todo de los casos de Honduras, donde miles han aclamado por una comisión contra la impunidad, pero más específicamente de Guatemala, cuyas protestas pacíficas de miles de ciudadanos en las calles dieron pie a la renuncia de la vicepresidenta (Roxana Baldetti) primero, y del presidente Otto Pérez Molina, después, acusados de dirigir tramas de corrupción estatal.

Screen Shot 2015-11-03 at 12.45.19 PMSi estas multitudinarias protestas de calle fueron clave para poner de cabeza al sistema político guatemalteco, no menos fueron las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un “experimento”, como llaman algunos, de las Naciones Unidas para investigar estructuras paralelas en el Estado. El proyecto CICIG, cuyos orígenes se remontan a 2002, fue cuestionado y lo sigue siendo, pese al respaldo que ha tenido de la población guatemalteca y de las mismas instituciones como el Ministerio Público, que ha retomado y judicializado sus investigaciones y que ahora tienen tras las rejas a decenas de políticos por el caso de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.

Si bien analistas como el nicaragüense Arturo Cruz consideran que las “primaveras” tanto en los países árabes como en Centroamérica no han mejorado las democracias de esos países, en Guatemala, la sociedad civil y algunos politólogos como Phillip Chicola, de reciente visita en El Salvador, reinvindican tanto las movilizaciones civiles como el papel de la CICIG, pese a sus críticas e inclusive errores de concepción.

El experto guatemalteco es de la idea de que la CICIG debe mantenerse en Guatemala por un tiempo, pero que luego la propia institucionalidad del país deberá responder si continúan los grupos paralelos de poder enquistados en el Estado o cualquier manifestación de corrupción en el aparato estatal.

Además, Chicola piensa que algo ha cambiado en Guatemala con las protestas de este año, que surgieron cuando la indignación de miles de ciudadanos rebalsó al punto de tener algo en común -el repudio a los políticos tradicionales- que los llevó a la calle sin más motivación de querer construir un país mejor.

Por eso el experto cree que al ser manifestaciones espontáneas, la revolución 2.0 le llama, pues fue convocada por diferentes personas a través de las redes sociales, como ocurrió en los países árabes, podrá reactivarse cuando algo vaya mal en el futuro gobierno. Las principales características que definen a esta “revolución de los memes”.

Precisamente, el presidente electo el domingo pasado en segunda vuelta, el excomediante Jimmy Morales, tiene sobre él la vigilancia de los miles de guatemaltecos que hicieron renunciar a Otto Pérez y ya han avisado: “Si lo hacés mal, saldremos a la calle a pedir tu renuncia”. Esta es una de las frases que más han repetido a los periodistas los guatemaltecos que protestaron durante todos los sábados desde marzo pasado.

El largo camino de CICIG

Chicola explicó cómo la CICIG ha tenido un largo camino hasta desembocar en las investigaciones de este año contra “La Línea” y terminó con el presidente en la cárcel y siendo procesado por delito de corrupción.

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Lo primero que hay que saber es que en los últimos años del conflicto armado en el vecino país, allá por los años 90, se comenzaron a enquistar en las instituciones del Estado estructuras paralelas de poder, emanadas del conflicto armado (militares y grupos internos) además de participación de personal de instituciones de seguridad en crimen organizado (contrabando, robo de vehículos, secuestros, sicariato, limpieza social), persecución contra periodistas, activistas de Derechos Humanos y operadores de justicia, la penetración del narcotráfico en los sistemas de seguridad y justicia y la cooptación de las instituciones del Estado para acceder a corrupción.

Todas estas manifestaciones fueron nominadas en Guatemala como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

Ante esa situación, en 2002 Guatemala solicita ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un convenio para combatir los CIACS y se crea el CICIACS, el cual fue un primer organismo con funciones parecidas a las de la CICIG actual. Pero entonces, la Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional el CICIACS al delegar la función de la investigación en una instancia internacional.

Luego, en un segundo intento, ya en 2007, Guatemala solicita de nuevo el apoyo de la ONU ante el deterioro de las instituciones de justicia y logran la creación de la actual CICIG. Chicola explica que lograron sortear la inconstitucionalidad al centrar el espíritu del ente en la defensa de los derechos humanos atajando la impunidad.

En 2007 la Corte de Constitucionalidad, emite opinión consultiva en la que declara que CICIG no interfiere con ninguna función constitucional.

Tres comisionados

De esa fecha hasta hoy, la CICIG ha tenido tres comisionados, quienes son nombrados por el Secretario General de la ONU y reportan directamente a él. Debido a que cada uno de los comisionados ha tenido un perfil y líneas de acción diferentes, Chicola considera que el mecanismo de nombramiento puede ser mejorable, en el sentido que el accionar de la CICIG dependerá de si acierta o no el secretario de la ONU en turno a la hora de elegirlo. Además, que no existe un mecanismo de rendición de cuentas ante ninguna comisión u organismo colegiado que permita tener una fiscalización sobre los casos que investiga CICIG.

Así lo consideró de hecho en una entrevista con El Diario de Hoy Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que aglutina a más de 100 mil empresarios de Guatemala.

A su juicio, el actual titular, el colombiano Iván Velásquez, sí ha puesto énfasis en los temas más trascendentes.

Chicola explicó cómo el primer titular de CICIG, el español Carlos Castresana, le apostó a combatir el concepto tradicional de los CIACS, es decir los grupos enquistados en el aparato estatal que provenían de los antiguos cuerpos de seguridad. A su juicio, el español tuvo un manejo “político y mediático” de los casos que luego no documentaba y las acusaciones quedaban en nada.

Su sucesor, nombrado por el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el costarricense Francisco J. Dall’Anese continuó con casos abiertos por Castresana pero su “error”, de acuerdo a Chicola, fue investigar casos de la guerra y “abrir heridas”.

Fue hasta 2013 que llega al cargo el actual titular, Iván Velásquez, con una credencial importante al haber llevado a la cárcel en Colombia a 62 diputados, toma el control de CICIG y adopta, de acuerdo a Chicola, una visión más amplia de los CIACS y es cuando la CICIG comienza a tener el respaldo no sólo de las instituciones del Ministerio Público, sino de la población en general.

Fue hasta inicios de este año que sus investigaciones se solidificaron con el caso de estructura delictiva La Línea.

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Fabio Castillo: “Funes debe ser investigado”

Excoordinador del FMLN agregó que exmandatario fue “ingrato” con el partido que lo llevó al Ejecutivo.

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, 27 octubre 2015 / EDH

El excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, señaló ayer que el expresidente Mauricio Funes “ya dejó de ser parte de la historia”, por lo que debería ser investigado como los demás exmandatarios del país.

diario de hoy“Sí tiene sentido que lo investiguen y que si no fue un hombre honrado de sus manos en el gobierno, como dice la gente, que lo castiguen, si eso no hay para dónde”, señaló el abogado, en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

“Mauricio Funes ya dejó de formar parte de la historia de El Salvador, ya ahora está en la anécdota”, agregó.

Castillo consideró que es positivo que investiguen a los ex presidente del país, no porque desconfíe de su honradez, sino para que “las cuentas estén claras”.

Asimismo, criticó al exmandatario por su comportamiento frente al partido de izquierda cuando aquél llegó al poder. “Creo que fue ingrato con el FMLN. Apenas que lo eligieron marcó distancias con el partido”, manifestó.

En cuanto al gobierno actual, sostuvo que está conforme con el papel que ha realizado hasta el momento, pero a su juicio debe de haber algunos casos de corrupción que se tienen que investigar.

“Yo estoy encantado con el actual gobierno, pero que debe haber algunos casos de corrupción los debe haber. Apelo a Marcos Rodríguez, de la Secretaría de Transparencia, que investigue los casos actuales que puede ser que haya de corrupción y que los denuncie”, aseveró.

Por otra parte, Castillo consideró que el país no está preparado para tener una comisión internacional anticorrupción como la Cicig de Guatemala, pero sí cree que es viable una comisión salvadoreña con actores salvadoreños que revisen algunos casos de corrupción y la impunidad.

“Siento que procurar una injerencia extranjera en la solución de nuestros problemas propios en el país no es lo más adecuado”, señaló.

Es de la idea que puede haber una comisión de cinco personas notables que dirijan una comisión anticorrupción en el país.

“Yo estaría de acuerdo en una comisión salvadoreña contra la impunidad y la corrupción, estaría totalmente de acuerdo, y creo que en el país hemos de creer que hay cinco honorables y valientes que pueden tomar esa tarea”, manifestó, pero no señaló quiénes podrían asumir dicha tarea. “Debe de haber cinco. No me atrevo a mencionar nombres”, agregó.

Según dijo, este tipo de comisiones a la salvadoreña deben tener un valor legal y debe emprender “su tarea con honestidad, sabiduría, con dedicación y, sobre todo, con mucha valentía”.

Según Castillo, El Salvador no podría crear una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad como la de Guatemala (Cicig) porque la misma surgió de los Acuerdos de Paz en ese país.

“Fiscal podría reelegirse”

El exdirigente del FMLN también consideró que entre los postulantes para asumir el cargo de Fiscal General de la República hay cuatro nombres que tienen fuertes posibilidades de llegar a asumir el cargo, entre ellos el actual Fiscal, Luis Martínez.

A su juicio, Martínez tiene posibilidades de reelegirse porque “no ha quedado bien ni con Dios ni con el Diablo”, al referirse al FMLN y ARENA.

“Yo creo que él tiene posibilidades de una reelección, creo que técnicamente es indiscutible su capacidad. Habría que evaluarlo, habría que despojarse de las pasiones políticas”, consideró.

Por otra parte, dijo que el exfiscal Belisario Artiga, el exviceministro de Seguridad, Henry campos, así como el actual Superintendente de Competencia, Francisco Díaz, podrían también estar entre los favoritos.

Funes: “Debería superar enfado”

“Este señor debería superar el enfado porque impedí una ‘mordida’ que recibiría de empresarios por lobby en el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería)”. Así respondió ayer el ex presidente Mauricio Funes a los señalamientos de Castillo, por medio de su cuenta de Twitter.

Funes también escribió otro tuit, donde resta importancia a las palabras del abogado farabundista: “A trasto viejo, oídos sordos. Hace rato que la opinión de Fabio Castillo no cuenta en el @FMLNoficial y en el país”.

Eduardo Stein dice que en Guatemala la Secretaría de transparencia ocultó corrupción

Eduardo Stein, exvicepresidente guatemalteco (2004-2008) y promotor de la Cicig, afirma que si una oficina de ese tipo no es auditada por entidades autónomas, hay riesgo de “anidar corrupción”, como pasó en Guatemala.

Eduardo Stein, ex vice presidente de Guatemala, conferencista invitado de FUSADES Fotos EDH:Leonardo Gonz·lez

Eduardo Stein, ex vice presidente de Guatemala, conferencista invitado de FUSADES
Fotos EDH:Leonardo Gonz·lez

, 18 sept. 2015 / EDH

Contar con una Secretaría de Transparencia gubernamental no garantiza que no exista corrupción en el aparato estatal. Eso quedó evidenciado en Guatemala donde el Gobierno, bajo el mandato de la exvicepresidenta de ese país, Roxana Baldetti (acusada de un millonario fraude fiscal) creó una entidad similar a la que funciona en El Salvador.

Así lo aseveró ayer el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein Barillas, durante una entrevista con El Diario de Hoy, previo a disertar en un debate sobre si El Salvador está listo para una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la que funciona en Guatemala, cuyo evento fue organizado por Fusades.

“Si no existe un mecanismo autónomo de supervisión, puede correr el riesgo de anidar corrupción dentro de sí misma y tapar comportamientos fuera de la ley. Toda institución que no tenga una adecuada supervisión es proclive a que esto ocurra”, afirmó Stein Barillas.

El exfuncionario guatemalteco fue uno de los principales promotores para implementar una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo al que el Gobierno salvadoreño se opone bajo el argumento que en el país funciona la “institucionalidad” y que por eso no es necesario que agentes externos se involucren.

Sin embargo, gracias a la Cicig, en coordinación con el Ministerio Público de Guatemala, se culminó con la captura y enjuiciamiento del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Baldetti, luego de siete años de investigación.

Stein destacó que fue en el periodo de Baldetti que se creó en Guatemala una Secretaría de Transparencia, la cual operaba bajo su mando.

Añadió que cada país está en su derecho de crear los mecanismos de balance y contrabalance, pero que a la vez debe dotarse de dispositivos de auditoría interna para que se pueda descubrir a tiempo cualquier tipo de abusos que se de en el Gobierno.

En El Salvador existe una Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, la cual fue creada en el gobierno del expresidente Mauricio Funes y actualmente es dirigida por Marcos Rodríguez, quien fue ratificado en el cargo por el presidente Salvador Sánchez Cerén.

Rodríguez defendió esta semana en una entrevista matutina de TCS que la entidad que él dirige tiene un carácter “preventivo” contra la corrupción en los funcionarios públicos.

Así respondió al ser consultado, entre otros temas, sobre casos como la construcción de las presas El Chaparral y 5 de Noviembre. Ambos proyectos han sido cuestionados.

En el caso de El Chaparral, el gobierno de Funes hizo un arreglo directo con la empresa encargada de la obra: la italiana Astaldi, por el cual le terminó pagando $108.5 millones por un “hoyo”.

En el caso de la 5 de Noviembre, se cuestionó la sobrevaloración de la ampliación de la presa, cuyo contrato también estuvo bajo la responsabilidad del gobierno de Funes.

Pero sobre esos casos, el Secretario de Transparencia dijo durante la entrevista televisiva que es la Fiscalía General de la República (FGR) la que ha iniciado las investigaciones y que mal haría él en entrometerse. “Preso puedo ir”, respondió al entrevistador.

Hasta la fecha, la Fiscalía aún no ha dado ningún informe sobre la indagación que hace, por ejemplo, en el caso de la presa El Chaparral.

En cambio, Rodríguez sí avala la creación de una Cicies para casos relacionados con administraciones de ARENA, como la del expresidente Francisco Flores.

El Secretario de Transparencia afirmó que si casos como ese no llegan a judicializarse, entonces sí hay que pensar en serio en una comisión que investigue la impunidad y la corrupción, como la que funciona en Guatemala.

Aunque Stein Barillas dijo no tener información precisa sobre los casos como El Chaparral y la presa 5 de Noviembre, afirmó que no le extraña que en países de América Latina como en Brasil y como ocurrió en Guatemala, salgan a la luz casos de corrupción de consorcios grandes, nacionales o extranjeros, que han logrado establecer esquemas de corrupción amparándose en autoridades públicas.

“No importa aquí la orientación ideológica, porque lo mismo con un lenguaje populista de izquierda o de derecha se pueden anidar esquemas de control público que se prestan a la corrupción”, expresó.

Por tal razón es que el exfuncionario guatemalteco hace hincapié que en los países con sistemas democráticos vigentes, con todas las variantes que en cada realidad cultural existen, siempre debe intentarse de que exista un equilibrio entre poderes del Estado, para que surjan los balances y contrabalances.

“Pero si todos los poderes están coludidos (en complicidad), no le queda más remedio a la ciudadanía organizada que hacer las veces de un ejercicio de supervisión”, dijo.

El exvicepresidente de Guatemala remarcó que “por eso es que inquietan tanto aquellos diseños en donde desde el Ejecutivo se busca cortar o neutralizar a los otros Poderes”, y mencionó casos como el de Ecuador y Nicaragua.

Stein indicó que en esos países, desde el Órgano Ejecutivo, se ha logrado “forzar una ruta de elección del poder judicial, forzar una ruta de elección del poder electoral, de la contraloría de cuentas de la Nación y, a través de pactos políticos, un Congreso dócil”.

En El Salvador altos dirigentes del partido en el gobierno han planteado en varias ocasiones que ya tienen el poder Ejecutivo, pero que también aspiran tener la mayoría en el Órgano Legislativo. Además, han arremetido contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fallos con los que no concuerdan.

Ante las realidades de países latinoamericanos, Stein recomendó a los gobiernos y a los partidos escuchar a los ciudadanos.

En el país, varias organizaciones civiles y cívicas exigieron recientemente al gobierno del FMLN crear un comité que investigue la corrupción en el país.

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“El presupuesto nunca alcanzaba para cubrir obligaciones básicas”: Eduardo Stein

Ese fue uno de los detonantes que despertaron el clamor ciudadano contra el gobierno en Guatemala.

, 18 sept. 2015 / EDH

El que la población viera que el dinero de sus impuestos iba a parar a “bolsillos privados” y que los fondos del presupuesto del Gobierno de Guatemala no alcanzaban para cubrir las necesidades en salud y educación, entre otras, y que muchos casos de corrupción en el Gobierno se caían en los tribunales por una débil investigación criminal, motivaron la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Así lo recuerda uno de sus protagonistas: Eduardo Stein Barillas, expresidente de Guatemala (2004-2008).

 “Había defraudación al fisco, a las aduanas, robos disfrazados de cualquier cosa y en los contratos de obra pública, en la proveeduría del Estado, en el área de compra de medicinas…”, reseña el exfuncionario.

Stein cuenta que hubo oposición de todos lados, incluso del propio Fiscal guatemalteco, quien en vez de una Cicig, pedía más fondos para contratar investigadores que ayudaran a fortalecer una de las principales debilidades que tenía el sistema penal: la investigación criminal.

“La erupción de contradicciones y de oposiciones a la idea de crear un dispositivo en el área de justicia quisieron objetarlo, incluso como inconstitucional, pero en realidad nunca la Cicig ha tenido la capacidad de iniciar por su cuenta un encausamiento penal, eso es exclusivo del Ministerio Público”, explica.

Es más, indica que la clave es trabajar en coordinación con el Ministerio Público, por lo que insta a no tener miedo a una comisión de esa naturaleza, porque es el aparato penal el que determina “la autopista a seguir”, es decir, quien decide qué casos se investigan. En el caso del enjuiciamiento de los exmandatarios, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, reconoce que han sido acusados y procesados por corrupción porque existe una Cicig.

Dice que la labor del actual comisionado colombiano de la Cicig, Iván Velásquez, en el reciente proceso judicial fue clave. También enfatiza que la participación ciudadana en todo el proceso es vital y que es la Cicig la que permite esa participación. Dice que eso es lo que marca la diferencia entre un país que no cuenta con una comisión que investigue la corrupción.

“Tiene la capacidad de hacer investigación autónoma, eso lo garantiza la Constitución; cualquier ciudadano en mi país puede realizar investigaciones que den como resultado elementos para presentar al Ministerio Público. No tiene que llegar la Policía Nacional Civil, lo puede hacer cualquier ciudadano”, explica.

Añade que la Cicig nació hace siete años como una comisión cuyo objetivo fue modificado, ya que en un principio se trataba de un comité que protegía a periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos, por considerarse las poblaciones más vulnerables tras la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala.

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Eduardo Stein: Actuación de Baldetti enfureció a la población

El exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein analiza lo ocurrido en su país con la caída del presidente y la vicepresidenta a raíz de varios casos de corrupción.

Debate. El exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein participa en el debate organizado por FUSADES denominado “¿Está El Salvador listo para una Comisión Internacional Contra la Impunidad?”, en el que participaron tres abogados salvadoreños.

Debate. El exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein participa en el debate organizado por FUSADES denominado “¿Está El Salvador listo para una Comisión Internacional Contra la Impunidad?”, en el que participaron tres abogados salvadoreños.

Óscar Díaz, 18 sept. 2015 / LPG
La renuncia, encarcelamiento y apertura de procesos penales en contra del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su compañera de fórmula, Roxana Baldetti, se explica por un complejo esquema de corrupción enquistado en instituciones de Gobierno desde finales de los años setenta, explicó el exvicepresidente del vecino país Eduardo Stein.

El académico y también exvicecanciller (1996-2000 en el gobierno de Álvaro Arzú) participó ayer en el primer foro de especialistas del Centro de Debates de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). El tema fue “¿Está El Salvador listo para una Comisión Internacional contra la Impunidad?” (ver nota en página 25).

Como antecedente para dimensionar el tamaño de la corrupción en su país, Stein mencionó que cuando el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter (1976-1980) decidió cortar la ayuda militar, “entonces el Ejército de Guatemala, el Gobierno guatemalteco, tiene que recurrir a ‘fuentes alternas’ para asegurar la compra de piezas para helicópteros, armamento o de entrenamiento, etc”.

Otro elemento, agregó, es que casi al final de la negociación de los acuerdos de paz, en 1996, se enteran de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos proveía “otra tubería de fondos” al Ejército guatemalteco para financiar operaciones de inteligencia.

Esto, aseguró, llevó a que altos oficiales militares tuvieran sobresueldos, considerando que “no tenían un salario acorde con los riesgos”.

“Este es el origen de este tipo de mafias, porque se dan cuenta que el control de las aduanas, puertos, aeropuertos, y también el control de la dirección general de migración, en todo lo que era el movimiento migratorio, pero también en la emisión de pasaportes, eran minas de oro, ilegales”, sostuvo Stein.

“Esto que se revela ya con evidencia investigada y documentada el 16 de abril de este año viene siendo no sé si hijo o bisnieto de ese modelo creado durante el fragor de la lucha armada”, ejemplificó.

La estructura a la que se liga a Pérez Molina, un general retirado del Ejército, y a Baldetti se denomina La Línea y operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), defraudando al Estado al calcular impuestos de importación en detrimento de los ingresos del fisco, cobrando jugosas comisiones por la operación.

El considerado operativo de la estructura era el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien todavía es prófugo de la justicia.

—¿Fue la fuerza de las pruebas que la CICIG y el MP dicen tener en contra de Pérez Molina y Baldetti o fue la fuerza de la calle la que obligó a las renuncias y el posterior enjuiciamiento de ambos?

—Yo opino con varios y varias analistas en Guatemala que se alinearon los astros, fue una conjunción de dinámicas, algunas de las cuales le menciono que pudieron no sumar, porque superamos la aritmética de sumas y restas, si no multiplicar exponencialmente la frustración ciudadana acumulada con la contundencia de la evidencia de validez que se estaba presentando y la acción pública de iniciar los encausamientos a toda la gente presuntamente involucrada.

Pero a juicio del exvicepresidente, el hecho que detonó la paciencia de la ciudadanía guatemalteca fue el desempeño público de Baldetti.

“Si lo quiere ver como irritante o fulminante o uno de los elementos cáusticos que más enfureció a la población, históricamente era la urbana, hechos de gestión de la vicepresidenta que la prensa denunciaba como anomalías o ilegalidades, que ella se dirigía al público, a la ciudadanía, con explicaciones donde nos trató, reiteradamente, como idiotas”, externó.

Uno de los hechos a los que se refiere Stein es un proyecto para descontaminar el lago Amatitlán, cercano a la capital guatemalteca, impulsado por la entonces vicepresidenta y que posteriormente se comprobó que la sustancia aplicada era simplemente agua con sal. Hubo denuncias contra Baldetti por la contratación de una empresa israelí para esa tarea, por valor de $2.9 millones.

En julio pasado, un juez ordenó embargar bienes de la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. en un intento de recuperar el dinero para el proyecto en el lago.

Lecciones

Lo ocurrido en Guatemala ha tenido eco en El Salvador y Honduras, donde diversos sectores han pedido que se replique el modelo CICIG.

A juicio de Stein, él no es partidario de expresiones de júbilo de algunos de sus compatriotas de que están siendo ejemplo para la región.

“Para nada esta es una guerra ganada, hay batallas importantes, ha sido innegable el mérito de la protesta ciudadana, con ese orden y esa consciencia cívica, pero tenemos que vernos en los espejos de situaciones parecidas, como la Primavera Árabe, que quizás con la excepción de Túnez se disolvió como rocío de la mañana”, dijo.

El sistema político y los partidos, las instituciones no han cambiado en Guatemala y siete u ocho leyes que deberían cambiarse siguen intactas, valoró.

Por lo tanto, es tarea de quien resulte elegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 25 de octubre, abanderar las reformas políticas necesarias en Guatemala, abonó.

“Si de algo sirve esa experiencia para países vecinos, pues qué bueno, pero son, además, situaciones que a veces son irrepetibles, son muy características de cada país”, concluyó.

Valerie Julliand/ONU: “Guatemala puede iniciar un cambio en toda la región”

La responsable de la ONU en el país centroamericano defiende el movimiento de protesta como un ejemplo para América Latina.

Valerie Julliand, responsable de la ONU en Guatemala. / J. E.

Jan Martínez Ahrens, 6 sept. 2015 / EL PAIS

Valerie Julliand es la responsable de la ONU en Guatemala. De ella depende, en última instancia, el organismo de investigación que ha destapado los escándalos que han derribado al jefe de Estado y dado fuelle a una histórica ola de indignación popular. Buena conocedora de a estructura institucional guatemalteca, Julliand defiende el movimiento de protesta y se muestra cauta ante el factor militar.

Pregunta. ¿Adónde va Guatemala?

Respuesta. El movimiento de protesta ha despertado la alegría y la esperanza. Cuando llegué a Guatemala hace dos años, este era un pueblo resignado. Y ahora la gente ha descubierto que tiene voz y vuelve a decidir. El camino es largo, pero el país ha entrado en la lógica de la democracia.

P. ¿Y esta ola va a seguir o se va a transformar en una fuerza política ordinaria?

R. Ambas cosas. La gente no va a volver a su letargo. Pero la protesta no puede durar sin que se organice en un movimiento político. En el medio plazo, puede dar lugar a fuerzas que ahora no existen.

P. ¿Quiénes forman este movimiento?

R. Es muy diverso y ha transcendido su origen. Empezó como un movimiento urbano y ladino, pero poco a poco se ha extendido. Se han sumado indígenas y gente del interior, organizaciones de mujeres, estudiantes de todas las universidades, personas corrientes, la tercera edad y hasta las asociaciones de motociclistas. Es algo inédito.

P. ¿Y se puede contagiar al área centroamericana?

R. En esta época de Facebook, Twitter, teléfonos inteligentes y Google, los movimientos se expanden rápidamente. La primavera árabe arrancó en Túnez y saltó fronteras. Lo que ocurre en Guatemala puede ser el inicio de un cambio en toda la región, porque en los otros países se han dado cuenta de que se puede hacer.

P. Guatemala tiene problemas de malnutrición, sequía, violencia, narco. ¿Por qué la chispa ha saltado por la corrupción?

R. Todo empieza con el escándalo de las aduanas, donde se roba el dinero de los impuestos. Esto toca a la clase media, a su dinero, y por eso son ellos los que inicialmente se manifiestan. Pero en el movimiento ha surgido una reflexión y hemos visto lo que nadie podía imaginar, los ladinos hablando en nombre de los indígenas, la clase media defendiendo a los pobres. La gente ha abierto la mente y se ha rebelado contra las injusticias.

P. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que depende de la ONU, ha sido el organismo que ha destapado la corrupción y es odiada por muchos políticos. ¿Cree que podrá mantenerse mucho tiempo?

R. La CICIG ha sido determinante. Pero no investiga sola, sino que trabaja mano a mano con el ministerio público. Ahora no es el momento adecuado para que se retire, debe hacerlo cuando el país tenga capacidad para hacer esa tarea por sí mismo.

P. ¿Y se puede exportar el modelo?

R. La CICIG fue diseñada a la medida de Guatemala. Pero los problemas de corrupción de aquí son similares a muchos otros países de América Latina, por lo tanto, el modelo es exportable.

P. ¿Cree que el factor militar tiene peso en Guatemala?

R. En Guatemala, el Ejército nunca ha sido depurado de verdad. Y sigue teniendo mucho peso.

P. ¿Pero ve una posibilidad de intervención?

R. No tengo suficientes elementos para decir sí o no. No lo veo inmediatamente. Pero en Naciones Unidas tenemos que considerar todo. Hemos visto que en Guatemala pasan cosas que no habíamos anticipado.

P. ¿Es fallido el Estado guatemalteco?

R. Trabajé durante 14 años en África, en países en guerra. Y ahí sí que lo eran. En Guatemala siempre pensamos que faltaba institucionalidad, pero estamos viendo que lo que funcionan son las instituciones. No es un paraíso y se necesitan reformas profundas, pero es a través del proceso institucional que se está abordando la crisis y que se ha encarcelado a un presidente y a su vicepresidenta. Y la sociedad civil, después de décadas de apatía y miedo, ha demostrado que sabía organizarse y actuar.

P. ¿Y cómo va a influir esto en las elecciones generales de este domingo?

R. Han pasado tantas cosas, las sorpresas han sido tantas que es muy difícil hacer un pronóstico. La renuncia del presidente ha calmado la frustración popular. Pero también ha cambiado el equilibrio de fuerzas y ha sacudido los esquemas tradicionales, y eso puede generar violencia.