Iván Velásquez

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG: “La CICIG es como una coraza que ha podido proteger a la Fiscalía de Guatemala”

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no es un superpoder, dice Velásquez, ante algunas de las críticas respecto de este organismo cuyo trabajo llevó a la caída del presidente guatemalteco. “Lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados”. Velásquez agrega que, lejos de suplantar a la Fiscalía guatemalteca, la CICIG la ha apuntalado y protegido en la lucha contra la corrupción.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Gabriel Labrador, 8 noviembre 2015 / EL FARO

el faroDurante la hora que durará esta entrevista, Iván Velásquez Gómez, quien está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde el 6 septiembre de 2013, mirará en numerosas ocasiones el reloj colgado de la pared. Tiene prisa, como siempre, y con su agenda llena de actividades no puede darse el lujo de extenderse demasiado con periodistas. Desde abril, cuando la CICIG reveló la existencia de una estructura criminal encabezada por el entonces presidente Otto Pérez Molina que eventualmente lo obligó a renunciar, su reserva y diplomacia con la prensa ha sido una constante, aunque sería un error asegurar que Velásquez no es accesible. La mañana de este miércoles 28 de octubre asistió a la inauguración de un salón especial de audiencias en la Corte Suprema de Justicia y a media tarde tendrá una breve pero significativa conferencia de prensa con el presidente electo Jimmy Morales.

Velásquez permitirá que esta entrevista se extienda media hora más de lo pautado y responderá cada pregunta como si su cargo dependiera de ello, con la claridad de alguien que ha reflexionado sobre las mismas ideas una y otra vez. “No, la CICIG no es un superpoder”. “El propósito es que la ciudadanía sea activa, participante”. “Estamos acostumbrados en nuestros países a que simplemente se elija a los representantes”. A la media hora de entrevista, Velásquez y su asesor de prensa insinúan que ya se agotó el tiempo para platicar. Velásquez sabe que la CICIG y él no son del agrado de muchas fuerzas que se resisten a ser investigadas. Hasta abril pasado, el mismo gobierno de Otto Pérez Molina aún regateaba la posibilidad de pedir a Naciones Unidas que extendiera otros dos años el mandato de la Comisión. Tras la revelación de la existencia una organización de defraudación aduanera con raíces en el mismo gobierno de Pérez, a este no le quedó otro remedio que refrendar el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017.

Guatemala vive en la incertidumbre. Tras la caída de Pérez Molina en septiembre, los guatemaltecos eligieron como sustituto a un comediante sin experiencia política que, por si no bastara, tendrá un Congreso desfavorable. Malas noticias para las profundas reformas políticas y leyes que el país requiere para frenar la corrupción: leyes como la de partidos políticos, la del servicio civil, o la de contrataciones del gobierno.

Es un país pobre y desigual, con niveles de delincuencia entre los más altos del mundo y con instituciones penetradas por el crimen organizado. Este miércoles 28 de octubre solo han pasado dos días -y un día después de la segunda vuelta en la elección presidencial- desde que la CICIG desbarató una organización integrada por médicos y empresarios dedicados a enriquecerse mediante la venta de medicinas a hospitales públicos. Uno de los principales implicados, Gustavo Alejos, ahora prófugo, financió la campaña de los últimos tres presidentes, Óscar Berger, Álvaro Colom y Pérez Molina.

Velásquez es un abogado y exmagistrado colombiano de 60 años, y dice que la Guatemala que él ve en el futuro debe tener a sus ciudadanos muy activos y empoderados, ejerciendo veedurías locales para controlar el poder. Sabe que el camino es largo y que se parte desde un punto cercano al cero. “La ciudadanía no estaba preparada para quedarse sin presidente y sin vicepresidenta, pero es un proceso en formación”, dice, cuando se le pregunta quién está liderando la búsqueda de las transformaciones del país exigidas por multitudes desde abril hasta la caída de Pérez Molina.

Antes de ser comisionado de la CICIG, en su natal Colombia, Velásquez envió a prisión a medio centenar de congresistas colombianos por sus relaciones con el paramilitarismo, y también encontró el nexo de 130 diputados con estructuras del narcotráfico.

Está puntual para la entrevista a las 12 del mediodía de este 28 de octubre.

¿Usted cómo describe a la Guatemala de hoy en contraposicón con la que usted encontró en septiembre de 2013?
Sí ha habido una transformación. Desde abril, el movimiento social, la reacción después de presentar el caso de defraudación aduanera de La Línea, significó un despertar de la sociedad que se expresó, primero, de manera casi que absolutamente espontánea, y que de pronto fue creando niveles de coordinación suficiente, aunque no con una preparación grande, como para que algunos actores empezaran a hablar entre sí. Por ejemplo, el 25 de abril hubo estudiantes que salieron a manifestar aisladamente pero después, el 2 de mayo, sectores estudiantiles que nunca habían conversado entre sí lo hicieron. Creo que ellos nunca pensaron en que iban a sentarse a una misma mesa para un propósito común. Ha sido muy provechoso en el país, precisamente, tener un propósito común, porque ha habido mucha división en las organizaciones de la sociedad civil y entre personas que miran con recelo las actividades del otro. Pero el tema de la corrupción logró juntar a las personas casi por 20 semanas, hubo expresiones públicas que pueden considerarse multitudinarias para un país con mucha apatía. Y no era simplemente la protesta, reaccionaban para exigir reformas al Estado porque paralelamente se organizó un movimiento ciudadano contra la corrupción, parece que se llamaba Ciudadanos contra la Corrupción; la Plataforma por la reforma del Estado que convocó la Universidad San Carlos y más de 120 organizaciones terminaron participando en las discusiones que tenían como objetivo eso, propuestas de reformas.

¿Usted ve otro tema que tenga similar capacidad de aglutinamiento en Guatemala?
De la forma tan generalizada, no, porque en muchos otros temas hay grandes diferencias entre sectores de la sociedad. Por ejemplo, el tema indígena divide cuando debería ser un aglutinante, pero esa es una realidad. Me parece, en todo caso, que persistir en torno a la lucha contra la corrupción en la formación de ese movimiento ciudadano es muy positivo. Es decir, ya encontrado un tema aglutinador en el país, es muy positivo que ahora de manera organizada asuman un papel en el control del ejercicio del poder. Lo que se ha estado anunciando desde muchos sectores es que con la elección del nuevo presidente, su toma de posesión el 14 de enero, o inclusive desde ahora, se debe ejercer una veeduría. El propio presidente electo dijo estos días en una entrevista que, aunque estaba en el sistema como presidente, se incluía entre los inconformes y llamaba a que se mantuviera ese movimiento ciudadano. Ayer mismo dijo en otra entrevista que, así como enseñaba Ronald Reagan, “hay que gobernar con dos de tres”, y que eso podía asegurar el éxito del gobierno. En el caso de Guatemala, los tres son el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad. Entonces, tener Ejecutivo y sociedad es una forma de anticiparse a lo que también se afirma va a ser una situación difícil cuando el 14 de enero asuma un gobierno que tiene una representación muy pequeña en el Congreso.

Además del mandato que tiene la CICIG, ¿cuál es su aspiración última como comisionado? ¿Hacia dónde espera que la gente se dirija con el nuevo escenario que tienen enfrente?
El propósito es cumplir verdaderamente el mandato de la Comisión: que sí se logre identificar las estructuras criminales profundas, no las transitorias, aunque también es importante. Y también buscar el fortalecimiento institucional, que existan unas instituciones de justicia realmente fuertes o por lo menos independientes, algo que es tan necesario en nuestros países de América Latina. Pero también que haya una sociedad que sea participativa, reclamante, vigilante, creo que eso sería un gran avance. La aspiración es la posibilidad de construir con mayor fuerza un Estado social y democrático de derecho que es más bien la aspiración que todos los países debemos tener.

En sus intervenciones públicas una constante es su llamado al fortalecimiento de la ciudadanía con sus demandas y exigencias hacia los gobernantes. Pareciera hablar de un personaje granítico, cuando en realidad la ciudadanía es amorfa y con circunstancias que requieren que madure de golpe…
Es amorfa pero tiene que buscar formas de participación. Naturalmente no será toda la sociedad porque la sociedad no es una unidad. Hay sectores, intereses y contradicciones en la sociedad, pero sí puede haber propósitos generales, propósitos más compartidos entre más amplios sectores sociales y aprovechar eso como posibilidad de reconstruir ese tejido social que no es muy visible aquí en Guatemala. Hay mínimas cosas de la cotidianidad alrededor de las cuales los habitantes, los municipios, pudieran organizarse, por ejemplo, como veedores ciudadanos para el control en la municipalidad del gasto público en obra pública. Eso sería algo significativo. Es un proceso, naturalmente, pero es un proceso en el que se tiene que reivindicar la necesidad de que siempre la ciudadanía se interese por los asuntos del Estado, que el pueblo participe en los asuntos de la política como administración de lo público. Estamos acostumbrados en todos nuestros países a que simplemente se elige, pero ese es un concepto que permite que se llegue a lo que han llegado nuestros países.

En nuestros países esa fórmula falla muchísimo.
Y en todo caso, aun existiendo una buena representación en el Congreso, el pueblo no debe renunciar a su posibilidad de participar en los asuntos del Estado. Se debe tender hacia una conformación de un Estado verdaderamente democrático pero con una sociedad activa, participativa y vigilante. Si hay además unos partidos políticos verdaderamente representativos, fuertes, democráticos, y si esos partidos además tienen una representación legítima en el Congreso, no vía transfuguismo, muchísimo mejor. ¿Pero cuál es la situación del país en ese sentido? Que hay unos partidos políticos que son partidos mucho más electorales que ideológicos o programáticos, que no agencian los intereses ni siquiera de sectores de la sociedad frente al Estado, que es tal vez el papel principal que tendría un partido político, sino que promueven más los intereses personales, hasta en algunos casos, de los dueños de los partidos y eso, naturalmente, se refleja en el Congreso y en la forma de actuar del Legislativo. Pero otro problema es el transfuguismo en Guatemala, así como se ha visto, partidos que eligen 12 diputados y terminan con más de 60. O partidos que comienzan con más de 40 y terminan con menos de 20. ¿Y entonces qué era lo que estaba escogiendo el pueblo en las elecciones? Porque si estaba escogiendo un proyecto, significa que todos estos que se pasaron traicionaron un proyecto y finalmente no se responde a esa participación electoral. Por todo esto una de la reformas que me parece muy importante en Guatemala es la de la ley electoral y de partidos políticos que, en esta coyuntura, ya se intentó aprobar en el Congreso pero se estancó.

¿Y cómo se concilia la idea de que la ciudadanía debe empoderarse más para controlar el poder si al mismo tiempo se busca leyes que refuercen a los partidos políticos como las únicas opciones para ejercer ese poder?
Ley electoral es un tema de mucha importancia, porque además puede democratizar la participación en movimientos políticos. El hecho de que se posibilite que organizaciones sociales, movimientos cívicos puedan participar y tener una representación en el Congreso y en las alcaldías ha sido positivo. Leía en estos días también una crítica hacia esto por la posibilidad de que sean movimientos organizados cooptados por el crimen organizado, pero ante eso yo diría que la experiencia de Colombia en cuanto a movimientos ciudadanos con representación ha sido muy buena. Debería reflexionarse sobre temas de esta naturaleza.

¿Estaba preparada la ciudadanía para quedarse sin presidente y vicepresidenta y empezar a impulsar reformas como esas de las que habla?
No, este es un proceso en formación. Sin embargo hay elementos también que se pueden destacar, como el hecho de que hubiera sido un movimiento ciudadano tan multisocial, digámoslo así, tan heterogéneo, y todo con un respeto de la institucionalidad. A todo el mundo, yo creo que hasta a la propia sociedad la cogió por sorpresa. A las propias organizaciones sociales que se supone que están siempre en la reflexión sobre esta sociedad, también las tomó por sorpresa, pero se ha logrado ir en este proceso de construcción. Lo que esperamos es que efectivamente se consolide, ya el tiempo dirá.

¿Y de dónde han venido las presiones más grandes en contra de su trabajo y cuáles han sido los obstáculos mayores para que la CICIG haga su labor?
Creo que una ventaja grande que hay en Guatemala, en las circustancias actuales, es la presencia de la CICIG como un órgano de cooperación internacional con el sistema de justicia. Si pudiéramos buscar una figura para explicar el papel de la CICIG, sería esta: es como una coraza que ha podido proteger al Ministerio Público mucho más sensible a las presiones de todo género que se pueden presentar. Es indudable, y no es un problema de Guatemala, sino en todos los países pero mucho más visible en América Latina, que factores, fuerzas de poder dentro del Estado, y por fuera del Estado, presionan a los órganos de justicia para que no afecten sus intereses… y que tienen, además, gran posibilidad de incidencia por la manera en cómo se integran esos órganos de justicia entre otras muchas otras razones.

¿Está hablando de la gran empresa organizada, el CACIF?
Del CACIF no hemos recibido presiones para el cumplimiento de la actividad nuestra, como que reprochen o intenten bloquear alguna acción que hemos adelantado… de ninguna de las investigaciones ha habido respecto de nosotros ninguna interferencia de ningún sector.

¿No cree que en la sociedad guatemalteca la incidencia del CACIF sí es grande y evidente, como en el juicio contra Ríos Montt, para que se recortara el período de la fiscal Paz y Paz, o ahora en el caso del Seguro Social?
En la sociedad guatemalteca están todos, era lo que decía ahora precisamente de los diferentes intereses que se mueven en la sociedad…

En este punto, interrumpe Diego Álvarez, jefe de prensa de la CICIG: “Recuerde que Jorge Briz ha tomado muy en serio las banderas de la lucha contra la corrupción…”. Velásquez continúa su respuesta.

… porque es algo que yo iba a indicar: que tampoco, ni siquiera el sector empresarial es homogéneo, granítico.

Lo vimos cuando algunas de las cámaras del CACIF querían pedirle la renuncia a Otto Pérez como presidente, mientras que otras no porque consideraban que era una afrenta contra la institucionalidad…
El hecho de que un presidente y una vicepresidenta salgan del gobierno no es una fractura de la institucionalidad. La institucionalidad tiene además previstas la formas para superar situaciones de esta naturaleza como se hizo, y se hizo de manera muy pacífica, tranquila… aunque nadie preveía que esto podría ocurrir en el país. Sin embargo, nuestras investigaciones nunca tuvieron una intervención desde sectores que respaldaban al presidente, y no era que la CICIG precisamente estuviera contra el presidente. El 16 de abril salimos con la investigación y mostramos lo que efectivamente teníamos hasta ese momento y era que llegaba hasta el secretario privado de la vicepresidenta. De ahí se siguió examinando sin que nosotros tuviéramos el propósito de ir por tal o cual persona. Avanzamos en las indagaciones, la vicepresidenta renunció, hicimos allanamientos y vimos, por circunstancias, que eventualmente podría perjudicarse al presidente, pero nosotros seguimos con las investigaciones, y aquellos sectores que decían que la defensa del presidente era la defensa de la institucionalidad, siguieron con sus teorías y sus acciones, y nosotros seguimos también independientemente con el Ministerio Público realizando las investigaciones y concluyó como concluyó.

Hay quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos. Justo después de las elecciones dan este golpe contra uno de los financistas del partido UNE. ¿Qué dice usted a quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos?
Pero entonces no hubiéramos presentado, por ejemplo, el informe sobre financiamiento de la política…

Eso fue en julio, dos mes antes de la primera vuelta.
Muchos analistas y comentaristas decían que se afectaba muy directamente a ese partido. Si hubiera alguna agenda en ese sentido, o el interés de proteger a algún interés político, valga la redundancia, entonces no hubiéramos presentado el informe de financiamiento antes de las elecciones, sino ahora y hasta se pudiera haber presentado una evaluación ya verificada de las dos vueltas presidenciales, una evaluación de todo el tema electoral… En cada caso hacemos coordinaciones con el MP, y llegamos a un punto como al que llegamos ayer: definimos MP y CICIG que ya hay una investigación madura para solicitar orden de captura, formular imputaciones y presentar el caso ante los jueces… Por ejemplo en el caso de los medicamentos hay una razón por la cual no se hubiera realizado antes del 25 de octubre. En ese caso hubo dificultades con el juez contralor por cantidad de cosas que tiene ese juez, pero hay además una situación en Guatemala de recusaciones contra jueces que afecta todo. Pero además debo decir que faltaba concluir un informe criminal, esa era la razón por la cual no se presentó en julio o en agosto o en septiembre. Y había otros puntos de verificación: teníamos mucha información, había teléfonos interceptados y para lo que mostramos ayer en la presentación -que en la página web de compras del Estado- había que hacer unas constataciones de campo para verificar y llegar finalmente a lo que se presentó ayer.

En El Salvador, un argumento contra una Comisión contra la Impunidad es que la institución pueda ser cooptada y llevada a un curso que no necesariamente es el que necesite la ciudadanía. ¿Usted cree que la CICIG es incorruptible y que puede evitar infiltraciones o desvíos importantes en su trabajo?
Pues creo que ese es un riesgo permanente, ninguna institución debe llegar a un nivel de perfección como para decir que es absolutamente infranqueable, pues hay propósitos desde muchos sectores por penetrar, por saber qué es lo que hay aquí, eso es indudable. Pero puedo demostrar con casos que no tenemos fugas de información. Nadie supo, y aquí sí es la afirmación de nadie, a pesar de las suspicacias que se levantaron respecto de Juan Carlos Monzón, que el señor Monzón estaba en esa estructura, sino hasta las 11 de la mañana del 16 de abril cuando lo presenté en la conferencia de prensa ese día, y fue la sorpresa para todo el mundo, inclusive para compañeros de la CICIG.

Para dejar claro lo que me está tratando de decir, porque hubo muchas personas que especularon que hubo fuga de información. ¿Cuántas personas sabían antes del anuncio sobre el involucramiento de Juan Carlos Monzón?
Por ahí unas 10 personas antes de las 11 de mañana. El equipo de investigación acá, el equipo del MP, la fiscal general y yo. Y así ha habido muchos casos similares. Cuando se hizo la investigación relacionada con el sistema penitenciario, de Byron Lima y del director del sistema penitenciario, nadie sospechaba que a las 6 de la mañana iba a ser privado de libertad. Hubo comentarios en contra que se preguntaban “¿cómo es eso que el ministro de Gobernación o la fiscal general no estaban enterados totalmente de algo que se estaba haciendo?” Y yo relaté en aquella época que nosotros nos sentamos en los días previos con el director del sistema penitenciario, en el Ministerio de Gobernación porque había un proyecto de reforma del sistema penitenciario. Los otros funcionarios, ¿para qué van a tener que saber que era inminente la captura del director? Ya bastante con que yo mismo en esa mismas reuniones tuviera que hablar en términos de futuro como si existiera ese futuro. Se ha logrado hasta el momento mantener ese nivel de reserva de las instituciones.

Estados Unidos presiona a los otros países del triángulo norte de Centroamérica ciertas condiciones, entre ellas el establecimiento de comisiones contra la impunidad, para implementar programas como la Alianza para la Prosperidad y otros grandes paquetes millonarios de ayuda. Además, hemos visto muy activo al embajador estadounidense en Guatemala. ¿Cómo describiría el papel de Estados Unidos en el triángulo norte a propósito de la CICIG?
Última pregunta.

¿Tan pronto?
Es porque ya no tengo tiempo, pero yo se la contesto.

Adelante.
(Piensa cinco segundos) Si la inquietud es la relación con la CICIG, yo puedo decir lo mismo que le mencionaba ahora del CACIF. No ha habido ninguna intervención, ninguna injerencia, ninguna recomendación o ningún obstáculo o impulso que se pretendiera ejercer respeto de la comisión. Nosotros organizamos, a partir de enero o febrero de 2014 un plan de investigación, identificando cinco líneas gruesas de investigación que pensábamos era lo conveniente para el país en las condiciones en las que se encontraba. Todo eso se había diseñado y se estaba trabajando en investigación sin que hubiera habido ninguna comunicación desde nadie, desde ninguna embajada, desde ningún sector de Guatemala. El embajador de Estados Unidos dijo en los primeros meses de 2014 que Estados Unidos estaba comprometido con la lucha contra la corrupción. Ahora miran esa frase y dicen: “Aaaah, claro, como el interés de Estados Unidos era la lucha contra la corrupción, la CICIG está desarrollando la agenda de Estados Unidos”. Pero hablar de la lucha contra la corrupción lo he escuchado yo de muchas representaciones diplomáticas. Otros dicen: “Lo que pasa es que Estados Unidos sostiene a la CICIG, entonces hay que atender sus recomendaciones”. Tampoco es verdad que Estados Unidos sostenga a la CICIG, aunque es un aportante importante, pero está a nivel de Suecia. La Unión Europea creo que triplica los aportes que se ha recibido de la comunidad internacional durante el tiempo de la existencia de la CICIG, entonces ese tampoco es un argumento.

Para Estados Unidos el triángulo norte es muy importante en su estrategia de seguridad…
Sí, pero podría ser que Estados Unidos ha visto que un proyecto como el de la CICIG ha sido exitoso en Guatemala y que efectivamente ellos tienen intereses en la región, y dicen: “¿Qué tan conveniente podría ser que organismos similares pudieran apoyar en estos otros países como un respaldo en la lucha por la independencia de los órganos de investigación y de juzgamiento?” Los empresarios guatemaltecos dicen: “Para nosotros es muy importante un sistema de justicia independiente, honesto, idóneo, porque eso es también una garantía para los negocios”. Y lo he escuchado en la discusión del Plan para la Prosperidad, una garantía para que los negocios funcionen. Al final es un tema de inversión, de desarrollo, que podría permitir también el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos de los tres países para que haya un adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Se ha encontrado que esto que se ha intentado en Guatemala podría contribuir a eso, y es en este sentido que yo interpreto la afirmación pública que han hecho funcionarios de Estados Unidos. Y si respaldan que en los otros países se pudiera establecer, es por la experiencia exitosa que se ha venido viendo en Guatemala, no como una posibilidad de intervención, de injerencia, a través de esas comisiones, porque por lo menos en Guatemala no ha existido… Y la última pregunta…

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

¿Para quiénes supone un riesgo una Comisión contra la Impunidad en países como El Salvador, Honduras con condiciones?
No voy a hablar de El Salvador ni de Honduras, pero sí puedo hablar de América Latina, y en todos los países en los que hay un sistema de justicia o dependiente o poco independiente o débil, una comisión de esta naturaleza puede ser un apoyo. ¿A quiénes les puede perjudicar entonces? Precisamente a quienes no les interesa tener una justicia independiente, honesta, idónea. Es decir, a un sector muy importante, a quienes están comprometidos con estructuras, o por lo menos con actividades delictivas. Del resto, a los Estados, a los gobernantes, a la sociedad en general, le debe interesar tener un sistema de justicia que sea efectivamente respuesta a la criminalidad, que pueda reducir los niveles de impunidad, que sea un enemigo real, fuerte, de la corrupción. En la generalidad de nuestros países latinoamericanos esa es la aspiración que tenemos, y por eso hay diversos sectores -estos sí de mayor amplitud- que objetan una comisión de esta naturaleza por razones de nacionalismo. Es lo que ha ocurrido en Guatemala. Lo que dicen es que estamos soportando la intervención extranjera..

O que entonces los países estaríamos admitiendo debilidades…
Pero que un país admita una debilidad es una realidad que se debe hacer, a menos que se tenga realmente la fortaleza. Si no se tiene la fortaleza, yo creo que es una actitud responsable admitir las debilidades, porque admitiéndolas es que se permite obtener las fortalezas. Entonces, dicen: “Esto es una entidad que afecta la autodeterminación guatemalteca”. El propio expresidente Pérez Molina está con que… y en alguna ocasión dijo que el comisionado tenía más poder que cualquiera en el país, y que en el MP me atendían más a mí que a la fiscal, eso no es verdad. Lo que pasa es que todos tienen una certeza, y es que la independencia de la CICIG está sometida a toda prueba. Es decir, que no se puede tratar de intervenir, de incidir, de infiltrar para que defienda otros intereses. ¿Por qué razón creo, entonces, que una comisión de estas no afecta la soberanía? Por un lado, es una iniciativa que no partió de Naciones Unidas. Salió de los acuerdos de paz, de la necesidad de que existiera algo que permitiera luchar contra la impunidad, mucho más dirigido al todo el tema de la represión que existió en toda la época del conflicto pero que había necesidad de que se luchara efectivamente contra la impunidad. Se llegó a un acuerdo que, dada la experiencia de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) que acompañó todo el proceso posconflicto, podía ser una comisión de Naciones Unidas pero con características específicas de la investigación criminal. Entonces se produjo un primer acuerdo en el año 2004, pero la Corte de Constitucionalidad dictaminó que vulneraba la soberanía nacional porque le daba titularidad de la acción penal a algo que se conoció como CICIACS, la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Era casi una Fiscalía internacional que se superponía a la Fiscalía local, y por lo tanto, se le daban facultades de captura, allanamiento. Se siguió alimentando la idea, y en 2006 se llega al acuerdo de la CICIG, y entonces se le confiere una capacidad de investigación que no va a tener un resultado judicial si el MP no está de acuerdo.

¿La CICIG es un superpoder?
Nosotros podemos adelantar investigaciones independientes, y en el acuerdo está que las autoridades del Estado nos deben suministrar la información que requiramos en nuestras investigaciones, pero si nosotros necesitamos que se haga una intervención telefónica nosotros no podemos pedirle al juez que lo ordene. Le tenemos que presentar el caso al MP, pedirle a la fiscal general que disponga que se abra un caso en la Fiscalía General contra la Impunidad, que es una dependencia de ellos con la que trabajamos 9 de cada 10 casos. Luego le decimos mediante un informe por qué razón sería recomendable que aquí hubiera una intervención telefónica, por ejemplo. El fiscal determina si está de acuerdo con la sugerencia, dice que sí, entonces le hace una solicitud al juez. El juez autoriza y controla esa intervención, que es hecha por funcionarios de la Policía Nacional Civil en la sede del MP con la presencia exclusiva de la unidad de métodos especiales, sin intervención nuestra. Entonces no hay ese superpoder, lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados.

¿Sería un error replicar el mismo esquema de Guatemala en otro país?
Cada país tiene sus particularidades y es lo que debe examinar qué es lo que más le conviene. Esto es una iniciativa que tiene que surgir de un país, es la reflexión en ese país la que debe determinar si es necesario que haya colaboración internacional. Honduras dijo sí es necesario pero como no les gustaba el modelo de la CICIG hablaron con la Organización de los Estados Americanos (OEA), han hecho unos primeros acuerdos y van a establecer una comisión. ¿Cuál será finalmente la sustancia de esa comisión? Habrá que ver cuando celebren el acuerdo, habrá que esperar. Es Honduras quien tiene que definir cuál es el acompañamiento internacional que requiere o si finalmente no se necesita ningún acompañamiento de ese tipo.

Las investigaciones de corrupción en Guatemala: fiscalía, CICIG, y prensa

Intervenir teléfonos a funcionarios fue clave en Guatemala

La intervención de llamadas a celulares de los involucrados ha sido la clave en los casos. Con esa herramienta se sustituye a los testigos para evitar que mientan en los juicios.

La fiscal Thelma Aldana y el comisionado jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, Iván Velásquez, dan detalles de las investigaciones de corrupción. Foto EDH / Marlon Hernández.

La fiscal Thelma Aldana y el comisionado jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, Iván Velásquez, dan detalles de las investigaciones de corrupción. Foto EDH / Marlon Hernández.

ÓSCAR IRAHETA y MARLON HERNÁNDEZ, Especial desde Guatemala, 14 julio 2015 / EDH

El éxito y la base de todas las investigaciones que realizó el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estribaron en las escuchas telefónicas.

Por ejemplo, en el caso de la estructura conocida como “La Línea”, los detectives contra la impunidad en Guatemala lograron intervenir más de 66 mil llamadas de todos los funcionarios y acusados.

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En otras indagaciones como la corrupción de la venta de plazas en el Congreso, los inspectores intervinieron más de 25 mil llamadas, entre ellas las que realizaron los diputados.

Con la prueba técnica se pretende se den beneficios penales a imputados que se convierten en “testigos criteriados”, pero que entran en dudas o contradicciones, haciendo caerse los procesos.

Las averiguaciones conjuntas que han destapado los altos niveles de corrupción que existe en el poder político en Guatemala no han ocurrido por casualidad. Nacieron tras varias reuniones y acuerdos de las dos personas que están al frente de las pesquisas: Thelma Aldana Hernández, Fiscal General, e Iván Velásquez, director de la CICIG, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aldana expresó a El Diario de Hoy que “han sido años que los guatemaltecos han vivido en corrupción, al punto que la sociedad se va acostumbrando, pero no debe de ser así”.

Aldana junto a Velásquez y fiscales e investigadores asignados a la Unidad Especial contra la Impunidad (FECI) tienen las suficientes pruebas para acusar a las personas que salgan involucradas en las indagaciones.

Desde mayo pasado el Ministerio Público y la CICIG revelaron los tentáculos de la corrupción que hay en Guatemala, a todo nivel. Su primera investigación fue denominada “La Línea”, cuyo cerebro es el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Una estructura delictiva con la capacidad para instalar o remover a dos superintendentes de administración tributaria, cobrar comisiones de hasta el 30 % del valor del impuesto a importadores y defraudar al fisco al menos Q2.5 millones a la semana (32 mil dólares), según el expediente judicial y publicaciones periodísticas.

En las escuchas telefónicas intervenidas por la CICIG mencionaban a personas a quienes nunca les llamaron por su nombre, sino que por “La Señora”, “La Dos”, “el Presidente”, “el número Uno”, “el mero, mero”, “el Alto Señor”, “La R”. Tanto Aldana como Velásquez, nunca han afirmado quiénes son estos personajes que se escuchan en las conversaciones intervenidas. Sin embargo, para el pueblo de Guatemala se trata de Roxana Baldetti y el Presidente Otto Pérez Molina.

“Sí hay pruebas contra Baldetti las vamos a revelar”

Hasta ahora no hay una acusación formal en ningún tribunal de Guatemala contra la vicepresidenta Baldetti y tampoco los delitos que habría cometido.

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Sólo sus bienes y cuentas bancarias y algunas restricciones migratorias, han sido congeladas por órdenes de un juez a petición del Ministerio Público.

Tampoco el MP y la CICIG ha revelado una prueba contundente contra la funcionaria, a pesar de la presión de los periodistas que exigen que se revele el avance de las investigaciones contra la vicepresidenta.

Sin embargo el comisionado de la CICIG, advirtió en una conferencia al semana pasada tras anunciar nuevas capturas en el caso de “La Línea”, que “Lo que queremos insistir es que en el momento que presentemos los resultados, si Baldetti está involucrada, se presentarán las pruebas contundentes”.

El funcionario fue tajante al mencionar que “cualquier persona que este involucrado en la corrupción será procesado”.

José Zamora: “Es clave el papel de la prensa, aunque el precio es alto”

José Rubén Zamora, propietario de El Periódico, afirma que esa prensa valiente debe seguir para descubrir a los políticos y empresarios corruptos en Guatemala.

José Ruben Zamora, propietario de El Periódico de Guatemala

José Ruben Zamora, propietario de El Periódico de Guatemala

EDH, 14 julio 2015

El periodista y propietario de uno de los periódicos que ha publicado profundas las investigaciones de corrupción en el Gobierno guatemalteco, José Rubén Zamora, expresó a El Diario de Hoy el alto precio que ha tenido que pagar por denunciar la corrupción. Un amplio reportaje de uno de sus periodistas, Marvin Del Cid, que revelaba una millonaria propiedad de la vicepresidenta Roxana Baldetti, fue divulgado un día antes de lo previsto para ser publicado. El papel de los periodistas ha sido muy importante, la Fiscal Thelma Alda reconoce que una de las investigaciones se basó en una publicación periodística. Zamora aplaude ese trabajo de los periodistas.

¿Cuál ha sido el papel de la prensa en todo el tema de corrupción y el precio que usted ha pagado?

Ha sido un papel esencial y clave, pues con investigaciones rigurosas logró persuadir a la ciudadanía que la corrupción y la impunidad ha alcanzado niveles nunca vistos, sin precedentes conocidos.

Que lejos de tener un Estado fallido, tenemos un Estado eficaz para servir a las mafias criminales, a los cárteles de narcotráfico, a los contratistas y proveedores del Estado, a unos cuantos intereses privados tradicionales y fundamentalmente al cleptodictador de turno, al Presidente ladrón que elegimos cada cuatro años en cada elección, que en conjunto han conformado un sindicato de intereses criminales, una cleptocracia que nos tiene sometidos, secuestrados y atrapados.

En países como los nuestros donde no existen instituciones de control y rendición rigurosa de cuentas, es fundamental que la prensa independiente juegue el papel de pequeño contra poder de los poderes establecidos, como único mecanismo para intentar moderar sus excesos, extravagancias y abusos.

En nuestro caso el costo fue enorme: amedrentaron a nuestros anunciantes privados y redujeron nuestros ingresos en más de un 50 por ciento, nos han infiltrado y espiado permanentemente, atacaron nuestras plataformas digitales en 14 ocasiones, destruyeron nuestros archivos de textos y fotos, nos despojaron de capital humano clave.

Hemos tenido que prescindir de más de 100 queridos colegas, nos han infamado y desacreditado y en mi caso enfrento más de 140 procesos judiciales y mi familia ha tenido que salir al exilio forzado.

¿Qué opinión le merece que la gente de todos niveles sociales se ha volcado a las calles a denunciar la corrupción en su país. Es algo similar de lo que ocurre en toda América Latina?

Que nuestras sociedades están hartas de la corrupción y la impunidad, que cada cuatro años hayan 1,500 nuevos ricos o millonarios “emergentes” producto de la corrupción estatal, mientras que las legitimas necesidades, demandas y exigencias de las grandes mayorías de la población sigan sin respuestas.

¿Cuál es el mensaje que deja toda esta investigación para los políticos?

Que el sistema político siniestro, perverso y pervertido que desarrollaron padece cáncer terminal y llego a su fin, pues nuestras sociedades perdieron su tolerancia y su miedo y si es necesario lo colapsarán y a la cleptocracia la quitaran del camino.

¿Cuál es el panorama de los próximos meses. Sobre todo que viene en un tiempo electoral en Guatemala?

Considero que llegamos a un punto tal de ebullición, a un parte aguas, que no importa quien alcance la Presidencia, si tiene lugar una sospecha, un indicio

Thelma Aldana: “No se puede seguir viviendo en corrupción”

Para la Fiscal General, las investigaciones realizadas contra la corrupción son un claro mensaje al poder político. Asegura que cualquier persona que salga involucrada será procesada. La magistrada dice que no seguirá en el cargo pero quiere marcar un precedente contra los corruptos.

Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala

Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala

EDH, 14 julio 2015

La mujer que está al frente de toda la investigación que ha desatado un escándalo de corrupción en Guatemala es Thelma Esperanza Aldana Hernández, una abogada con más de 30 años de experiencia en el campo judicial como jueza, magistrada y hasta presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Asegura que desde que fue nombrada en mayo de 2014 por el presidente Otto Pérez, su principal misión ha sido procesar a los corruptos ya sean empresarios, diputados, funcionarios y personas particulares. Asegura que su trabajo junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) es histórico e importante para Guatemala. Expresa que quiere dejar un mensaje claro para los políticos que gobiernen Guatemala en los próximos años. Aldana Hernández no piensa en la reelección, dice que ha sido suficiente el trabajo que ha realizado al frente del Ministerio Público.

¿Qué es lo que está pasando en Guatemala. Por qué tanta investigación al mismo tiempo contra el poder político?

Un día nos sentamos junto al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y decidimos investigar a profundidad casos que estimamos eran necesarios para el país de Guatemala. Vimos trámites anómalos en algunas investigaciones y eso nos llamó la atención. Iniciamos interviniendo los teléfonos y ahí nos hemos dado cuenta de mucho. Fue un trabajo de meses. Esa es la realidad.

¿Cuál ha sido la reacción del pueblo de Guatemala por este escándalo de corrupción?

Nuestro trabajo es investigar y presentar los casos a los tribunales. Yo nunca pensé que esos casos iban a generar esta reacción (marchas y protestas) en la sociedad guatemalteca. Pero lo comprendo, porque sin duda han sido años de saber que hay actos de corrupción y que de alguna manera uno creería que es algo normal y que la gente se va acostumbrando pero no es así.

Hay una reacción que es positiva ante esos casos que estamos sacando a la luz pública que realmente nunca antes se había hecho. Es cierto que en Guatemala habían ocurrido casos paradigmáticos de corrupción, pero de esta naturaleza nunca se había hecho de esta forma. Es algo histórico.

¿Qué mensaje le está dejando usted al sector político con estas investigaciones?

El mensaje es claro. Las próximas autoridades que lleven la dirección del país, deben de tomar en consideración todos estos casos y la reacción de la población, para que ojalá los próximos gobernantes tengan una dirección transparente ajustada a la ley, a los principios y valores.

Yo creo que esa es la ganancia de toda esta situación.

Hemos visto en los casos funcionarios como el secretario privado de la vicepresidencia de la República, un director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), un exdirector de la misma entidad y algunos diputados.

En la investigación de “La Línea”, hemos visto una estructura interna, media baja externa, las cuales han tenido coordinaciones de funcionarios al más alto nivel.

Yo creo que quienes vayan a dirigir la SAT tendrán que ver estos casos para la no repetición y que esos funcionarios que han sido involucrados sigan de ejemplo para los próximos de lo que no se debe hacer por el bien del país.

¿Cómo está preparado el Ministerio Público con la prueba para procesar si sale involucrada en la corrupción la vicepresidenta y el presidente. No le tiembla la mano para procesarlos?

Hemos dado muestras que somos capaces de llegar a los casos a profundidad, llegaremos hasta donde el material probatorio nos lo permita. Siempre he dicho que en estos casos no descartamos nada y a nadie. No tengo temor, estoy actuando de buena fe desde mi competencia realizando un trabajo conjunto con la CICIG.

¿Y ahora qué sigue para el Ministerio Público ?

Lo que nos corresponde con el comisionado de la CICIG es llevar las pruebas antes los tribunales.

Nosotros los dos y nuestros equipos siempre tenemos presente la objetividad, la transparencia y que nuestros casos los llevamos ante los jueces.

Ahí pasamos nuestra prueba ante el órgano jurisdiccional. Más que una captura que la necesitamos estamos pensando en una sentencia condenatoria, porque ese es el mensaje para la población, de la no repetición de esos hechos de esta naturaleza.

Estamos con la convicción que los casos que estamos planteando tienen sustento con pruebas muy certeras y fuertes.

¿Qué es lo que va pasar con tanto político procesado?

Desde el punto de vista político no sé que va pasar, lo que sí tengo claro es que nuestros casos van a seguir. Tenemos otras investigaciones bastante avanzadas. Próximamente vamos a dar a conocer otros casos de corrupción donde están involucrados más políticos. Esa es nuestra función.

¿Y la reacción de la gente en las calles, cuál será?

Yo asumo que Guatemala está en una madurez que ha quedado muy claro, porque las manifestaciones son ordenadas y muy pacíficas, no creo que se vayan a cambiar el giro de la manifestación. Estoy segura que va a seguir siendo un ejemplo de civismo como han sido hasta ahora y nosotros por nuestro lado el MP y CICIG seguiremos trabajando de esta manera tan coordinada como lo hemos hechos hasta ahora.

¿Usted cree que tiene el apoyo internacional y del pueblo ?

No sé, no podría decirlo. No tengo idea. Lo que sí tengo claro que hasta el día en que yo esté en este puesto voy hacer las cosas conforme a la ley basándome en la objetividad y consiguiendo el material probatorio necesario para impulsar los casos en los tribunales.

¿Cuál es la importancia para un Ministerio Público tener un aliado como la CICIG ?

Para Guatemala es muy importante, porque particularmente se ha fortalecido al Ministerio Público. Hemos creado una Fiscalía especial que se llama Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) esa es la que por ahora esta recibiendo la capacitación y las buenas prácticas y está en la gestión de casos.

Es decir, que las investigaciones se llevan acabo de manera conjunta, desde el planteamiento de los casos, su hipótesis y el diseño del plan de investigación de los equipos de CICIG.

Muchos de los investigadores son extranjeros con mucha experiencia. Ahora con el comisionado Velásquez queremos llegar más allá y como somos transitorias en los cargos, queremos dejar una FECI muy fortalecida. Queremos dejar manuales, protocolos y módulos de capacitación.

Lea la próxima entrega:
Guatemala se una para protestar contra la corrupción