Mes: septiembre 2015

En la frontera de la ignorancia. De David Jiménez

David Jiménez, director del periódico español El Mundo

David Jiménez, director del periódico español El Mundo

David Jiménez, 27 sept. 2015 / ElMundo.es

LA FAROLA frente a la casa de una buena amiga apareció un día envuelta en la bandera independentista. Con el tiempo, los parques, plazas y fachadas de su pueblo, en las afueras de Barcelona, fueron también cubiertas por esteladas. La población se dividió entre los que estaban a favor de esa muestra pública de independentismo y quienes creían que los espacios públicos no deben ser monopolizados por símbolos de una opción política. Y entonces ocurrió: el ambiente cambió, gentes que se conocían desde siempre dejaron de saludarse, amistades empezaron a enfriarse o se rompieron.

El pueblo se partió en dos.

Cuento todo esto porque me temo que, más allá de los resultados de hoy en las elecciones autonómicas, algo se ha fracturado en Cataluña. Costará repararlo. Cuando personas que piensan diferente dejan de hablarse, y en su lugar bajan la mirada al cruzarse en la calle o rehúyen conversaciones de sobremesa, se pierde la capacidad de comprender qué ha llevado al otro a su posición. Y es en esa incomunicación donde crece con más facilidad el resentimiento.

Mi amiga, que pasaría el test de pedigrí catalán del nacionalismo más sectario y ha sido reportera de guerra, lamentaba la ignorancia de quienes manipulan irresponsablemente los sentimientos nacionalistas. ¿Acaso desconocen que una vez plantas la semilla de un conflicto éste crece aunque después dejes de alimentarlo? ¿Que convertir enemigos imaginarios en reales es el primer paso para hacer aceptable lo que antes no lo era? ¿Que la historia está llena de ejemplos de sociedades civilizadas que se dejaron contagiar por el fanatismo y sus líderes iluminados?

Lo sorprendente en el caso catalán no es tanto el fervor independentista -todo el mundo tiene derecho a sentirse lo que le plazca-, sino que ese sentimiento haya sido despertado de manera tan eficaz por una casta política corrupta, inculta y egoísta a la que el futuro de Cataluña le importa bien poco, comparado con el suyo propio. Pero la responsabilidad del momento que vivimos no es sólo de quienes han utilizado la mentira y el dinero de todos para enfrentar a catalanes y españoles, poniendo los recursos públicos al servicio de la propagación de un mensaje que ha ido degenerando hacia la xenofobia, sino a los gobiernos que desde Madrid han respondido con desidia a ese desafío soberanista.

No hablo de los últimos días o meses, porque este viaje no empezó con la llegada de Artur Mas, sino al día siguiente mismo de lograrse el pacto constitucional que dio a Cataluña competencias que serían la envidia de cualquier movimiento de secesión. Hemos llegado hasta aquí después de décadas en las que los nacionalistas han utilizado escuelas, instituciones y medios de comunicación para adoctrinar a la población, marginar metódicamente a quienes se atrevían a disentir y burlar a un Estado que ha sido incapaz de garantizar derechos tan básicos para una parte de sus ciudadanos como estudiar en castellano si así lo desean.

Y, ¿qué han hecho los partidos nacionales mientras todo esto sucedía? Pactar con los promotores de esa agenda, cuando necesitaban sus votos. Legitimar su victimismo al asumir como natural la deslealtad permanente hacia España. Y ceder, una y otra vez, en la creencia de que llegaría el día en que el nacionalismo quedaría satisfecho. La ingenuidad no puede ser un atenuante en este caso: la historia, si alguien se hubiera molestado en leerla, debería haber bastado para despejar sus ilusiones.

Así que es sólo ahora, ante el desafío final, cuando nos han entrado a todos las prisas, primas hermanas de la improvisación. Empresarios que durante años han permanecido callados ante el rodillo nacionalista hablan al fin de las consecuencias de la independencia, ciudadanos que vivían con pasividad el monopolio del discurso público crean organizaciones cívicas para expresarse con libertad y los partidos nacionales hacen el esfuerzo por articular, aunque sea tarde y mal, un discurso sobre la importancia de lo mucho que une a catalanes y españoles, frente a quienes quieren levantar una frontera de ignorancia entre nosotros. Esperemos que no sea demasiado tarde.

AFP: propuesta deja sin fondos al sistema privado de pensiones

ASAFONDOS teme que la reforma al sistema de pensiones se trate de una nacionalización encubierta, puesto que dejaría a las AFP con pocos fondos para hacer frente al pago de pensiones.

LPG20150930 - La Prensa Gráfica - PORTADA - pag 9

Mariana Belloso, 30 sept. 2015 / LPG
La propuesta de reforma del sistema de pensiones que prepara el Gobierno aún no se hace pública, pero ya ha levantado preocupaciones entre diferentes sectores, organismos no gubernamentales y centros de análisis.

Para la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), uno de los principales problemas de la propuesta es que busca sacar fondos del sistema privado para llevarlos, de nuevo, a un sistema público, que en el pasado ha probado no ser sostenible.

Las AFP manejan actualmente unos $8,500 millones, que son la sumatoria del dinero que 1.8 millones de salvadoreños han cotizado en cuentas individuales como ahorro para su futura jubilación.

René Novellino, director ejecutivo de ASAFONDOS, dijo que el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo presentaciones sobre su propuesta, en la que todos los salvadoreños que ganen menos de dos salarios mínimos, es decir, $484 mensuales, deberán pasar a un esquema público de pensiones que se crearía a partir de la reforma.

Cerca de dos terceras partes de los trabajadores del país caen en ese rango salarial. Para pasar al sistema público, las AFP deberán trasladar al Gobierno el dinero que estos trabajadores han cotizado durante el tiempo que el Sistema de Ahorro Previsional (SAP) lleva funcionando. De 1998 a la fecha, son 17 años de cotización.

“Se pasarían unos $4,000 millones al Fondo de Obligaciones Previsionales, pero como nosotros no tenemos el dinero líquido, sino que lo tenemos invertido, la última presentación que ha hecho Hacienda deja abierta la posibilidad de que se les trasladen Certificados de Inversión Previsional (CIP) y otros instrumentos transables”, explicó Novellino.

El Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) fue creado en 2006, durante la administración de Antonio Saca, para ser un instrumento financiero para el pago de pensiones. El dinero del FOP se obtiene de la venta de los CIP, que son unos instrumentos que pagan una tasa de interés muy baja, actualmente cercana al 1.1 % anual.

Las AFP están obligadas por ley a comprar estos CIP, y hoy por hoy un 56 % de los ahorros para pensión de los salvadoreños está invertido en estos papeles, ganando una rentabilidad muy baja. Una rentabilidad baja implica que el dinero que se ahorra no crece, y al no crecer suficiente, significará pensiones bajas en un futuro.

En pensiones se habla de la “tasa de reemplazo”, que es el monto de pensión al que se aspira, y es el porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años. Con las condiciones actuales de baja rentabilidad, ASAFONDOS calcula que la tasa de reemplazo para los futuros pensionados será de apenas el 30 %: recibirán como pensión menos de un tercio de su salario promedio de los últimos 10 años.

A las AFP les quedarán $4,500 millones invertidos mayormente en CIP, lo cual les dificultará aún más el manejo de los fondos. Los CIP ganan un interés muy bajo y producen poca rentabilidad. “Llegará el momento en el que tengamos que empezar a vender los títulos que sí nos generan rentabilidad, porque tenemos la obligación de pagar la pensión a los jubilados que ya tenemos”, agregó. Sería una privatización encubierta, al deteriorar el sistema privado.

“Es posible que cuando la gente vea que las AFP comienzan a tener estos problemas decidan pasarse al sistema público, sería prácticamente una renacionalización”, advirtió.

Movimientos

Si se aprueba la propuesta tal y como se ha planteado, las AFP pasarían estos $4,000 millones en ahorros de los trabajadores al FOP. Novellino dice que Hacienda prevé que sean $2,000 millones en CIP y $2,000 millones en otros instrumentos que sí devengan mejores tasas de interés, de alrededor del 7 % anual.

“Esto significa que el Gobierno estará recibiendo en el corto plazo estos flujos, pero a cambio de una obligación futura de pagar las pensiones”, señaló Novellino.

El problema verdadero, agrega, es que este dinero no se guardará para pagar las pensiones futuras, sino que se usará para pagar las pensiones pasadas. La llamada deuda de pensiones requiere unos $460 millones anuales para pagarles a los jubilados del ISSS y del INPEP que cotizaron al antiguo sistema de reparto.

Como el dinero del sistema antiguo se agotó en 2001, la obligación del pago de estas pensiones pasó al Estado.

“El Estado va a recibir los flujos de los ahorros para pensiones de esta gente, pero no los usará para las pensiones futuras, sino para las pasadas, entonces no habrá dinero que respalde el pago de las pensiones a futuro. Las respaldará una ley, pero no dinero”, insistió Novellino.

Poca inversión pública del Gobierno en lo que va del año

Datos de Hacienda reflejan que de $1,027.5 millones para la inversión pública proyectados en 2015, hasta agosto solo han ejecutado $378.1 millones.

, 30 sept. 2015 / EDH

El Gobierno se propuso invertir en obras y capital humano para este año $1,027.5 millones; sin embargo, los datos que revela el Ministerio de Hacienda en el avance de la ejecución del presupuesto, es que hasta agosto pasado, únicamente ha gastado en proyectos productivos $378.1 millones, lo que representa un déficit del 63 %.

El dato se conoce en momentos en que el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, presentará hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, adelantó ayer en una entrevista con el Canal 10 que el plan de gastos para 2016 tendría un incremento a raíz de que plantean reforzar las áreas de Educación, Salud y Seguridad, “con una partida que en total ronda los $2,000 millones, según publicó el diario Colatino. (Ver más detalles en nota aparte).

Sin embargo, ya suenan críticas en torno al plan de gastos para el próximo año, de que se trata de un presupuesto “desfinanciado” como ha ocurrido en años anteriores. El monto avalado para este año fue de $4,823 millones.

Screen Shot 2015-09-30 at 11.16.58 AMLas asignaciones del nuevo presupuesto serán discutidas en la comisión de Hacienda de la Asamblea, pero tomando en cuenta la ejecución que el Gobierno lleva del gasto actual, el economista Rafael Lemus destaca que el Ejecutivo está sacrificando “inversión pública” en vez de reducir el gasto corriente.

Dice que lo anterior lo demuestra la poca ejecución (37 %) que ha hecho de lo destinado para inversión pública y en capital humano previsto para este año, y en el hecho de que se trata de proyectos que dinamizarían la economía y aumentarían el crecimiento económico del país.

Destaca de esa escasa inversión dos obras muy cuestionadas de los dos gobiernos del FMLN: las represas de El Chaparral y la 5 de Noviembre, por citar algunos proyectos en desarrollo.

Según Hacienda, este año se han destinado para la presa El Chaparral $55.9 millones, pero los datos hasta agosto reflejan que la ejecución a sido de apenas $1.6 millones.

Para la 5 de Noviembre se proyectó invertir $67.2 millones y a la misma fecha se han invertido únicamente $30.7 millones. Ambos proyectos están a cargo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Entre los programas que presentan déficit de ejecución también están los dirigidos al área de “Atención de la Pobreza” a cargo del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), el cual está dentro del programa que el Gobierno ha abanderado como “Sistema de Protección Social Universal”, en el que se previó invertir $34.2 millones este año, pero que hasta agosto solo han ejecutado $12.3 millones.

La falta de ejecución de proyectos también se reflejan en obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), así como programas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otras entidades.

Lemus cuestiona que al ritmo que el Gobierno ejecuta los presupuestos de la Nación, el índice económico en vez de subir se estanca o se reduce.

“El problema es que el Gobierno al ejecutar un nivel de inversión bajo conspira contra el crecimiento, salva o mejora la situación de déficit porque invierte menos y usa menos deuda, pero, ¿a costa de qué?, a costa de que la economía crezca menos”, aseguró.

El economista trae a cuenta las proyecciones de crecimiento económico que sigue haciendo el Gobierno, ya que se basan en datos que no son reales y que sobreestiman los presupuestos, generando un “desequilibrio” que obliga a destinar más fondos a las necesidades de las instituciones.

Añade que con invertir menos tratan de reflejar que el déficit fiscal es menor. “El déficit lo bajan a puro sacrificio de inversión, pero al hacer eso la economía crece menos”, reflexionó Lemus.

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Diputados cuestionan

Se consultó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, sobre la poca inversión pública que ha hecho el Gobierno, pero la legisladora respondió: “Fíjese que no he visto ese informe, no podría comentarle al respecto, ¿otra pregunta?”, se esquivó.

Pero sus colegas de otros partidos sí criticaron la escasa inversión pública del gobierno.

ARENA ha venido denunciando año con año que el Ejecutivo no tiene la capacidad para ejecutar el presupuesto y también ha venido exigiéndole una Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo anteproyecto entró para su estudio a la Asamblea a finales de la administración del expresidente Mauricio Funes, junto con un pliego de reformas fiscales.

El paquete fiscal se aprobó, no así la ley que compromete al Gobierno a ser austero en sus finanzas.

Screen Shot 2015-09-30 at 11.17.21 AM“¿Cómo es posible que en vez de tener mayor inversión, tenemos menos inversión? Y además de eso, más problemas sociales y falta de recursos. ¿Adónde está el escape de recursos?, está en lo que han inflado al Estado, en contratar a toda la partidocracia”, recriminó la diputada arenera Milena de Escalón.

Añadió que el ministro de Hacienda invierte mal porque se le dispara el déficit fiscal, debido a que no ha querido poner en orden las finanzas del Estado a través de una ley de transparencia fiscal.

El diputado del PDC, Rodolfo Parker, dijo que una de las propuestas que han hecho, a raíz de que en los últimos 15 años siempre se da el déficit en la ejecución del presupuesto, es que se avale una ley de Responsabilidad Fiscal en la que se establezca la obligación de ejecutar, como mínimo, un 80 % del monto destinado a la inversión pública. “Tenemos que ser más eficientes”, subrayó Parker.

Guillermo Gallegos, de GANA, al tiempo que indicó que es un presupuesto que está siempre sujeto a cambios, también observó que se necesita de una normativa fiscal.

“Demandaría más de las diferentes instituciones del Estado, a que hicieran un esfuerzo más grande para poder ejecutar lo del presupuesto, sobre todo en inversión pública. Es una pena que habiendo tantas necesidades y contando con el recurso y que haya tan poca ejecución”, lamentó.

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Ramo de Hacienda basa presupuesto 2016 en un aumento del PIB falso, dice economista

Economista Rafael Lemus dice que datos de esa cartera sobreestiman proyección de crecimiento del 2.5 % en 2015 y del 2.6 % en 2016.

El ministro Carlos Cáceres (der.) ha tenido que explicar los gastos a los diputados. Foto EDH

El ministro Carlos Cáceres (der.) ha tenido que explicar los gastos a los diputados. Foto EDH

, 30 sept. 2015 / EDH

El Gobierno estaría “repartiendo” para el próximo año “un presupuesto inflado”, dice el economista Rafael Lemus, al considerar que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha “sobreestimado” la proyección del gasto para 2016 en indicadores de crecimiento económico que no están apegados a la realidad.

Según la política presupuestaria que Cáceres envió a la Asamblea en la segunda semana de junio de este año, que es el insumo base que recoge Hacienda para elaborar el presupuesto, se detalla que prevén un crecimiento económico para 2016 de 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y para 2015 del 2.5 %.

Basados en datos del Banco Mundial (BM), Lemus dice que las cifras no corresponden a lo que en realidad el país creció o se estima que crezca de aquí a diciembre.

El BM detalló en una publicación en su página web de septiembre que este el año el país crecería en 2.2 %.

“El problema de eso, es que ese error de estimación… si yo hago sobreestimación de esto (del crecimiento económico de 2015 y 2016), a su vez estoy inflando ingresos o sobreestimando ingresos. El problema de esto es que a su vez, también reparto presupuesto inflado y termino con más déficit”, valoró Lemus.

Lo anterior se agrava al observar los números del déficit fiscal que Hacienda también detalla en la política presupuestaria de junio.

Según ese documento, que fue enviado a la Asamblea, el déficit presupuestario va en aumento. En 2015 lo estima en -4 % del PIB, en la misma escala para 2014, y en 2017 considera que será mayor: de  -4.3 %. (Ver gráficas).

La sumatoria de estas dos variables, según Lemus, hacen que el Presupuesto de la Nación, incluido el que será presentado hoy por Cáceres, sea “insostenible”. No hay manera, reflexiona, de que el crecimiento económico del país supere el 2 %.

“La economía está en una trayectoria insostenible fiscalmente, ese es un problema combinado de que se crece lento, no pasamos del 2 %, es cuento que crecemos más y lo otro crecer lento o bajo con un desequilibrio de este tamaño es una incoherencia, es una insostenibilidad fiscal”, lamentó el experto.

El titular de Hacienda llega hoy a la Asamblea Legislativa a presentar el Presupuesto de la Nación para el próximo año, mismo que deberá ser analizado por los diputados en la Comisión de Hacienda.

El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, informó ayer en una entrevista con el Canal 10 que el plan de gastos podría incrementarse un poco en relación con el de este año, a raíz de que han apostado más por invertir en Educación, Salud y Seguridad, a razón de $2,000 millones entre los tres rubros.

“Esta apuesta presupuestaria para el año 2016, además de estar efectivamente equilibrada, razonablemente equilibrada, responde a las prioridades del Plan Quinquenal y será una herramienta para el desarrollo económico del país”, afirmó Chicas, según lo publica el sitio de Internet de la Presidencia.

Chicas dijo que el gasto de 2016 también está “fundamentado en el impulso de las acciones para empezar a hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), compromisos adoptados por el presidente Sánchez Cerén en la pasada cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, Estados Unidos”.

“Esa es la técnica que siempre ha usado, presentar el presupuesto donde está sobreestimando el crecimiento y los ingresos, ¿qué es lo que ocurre al final?, siempre caemos en el déficit fiscal, porque empieza a gastar más de lo que está ingresando”, esgrimió Milena de Escalón, legisladora de ARENA.

Tratando de justificar lo injustificable. De Manuel Hinds

Manuel-Hinds-VIB-11Manuel Hinds, 29 sept. 2015 / EDH

Desde hace varios años, los gobiernos del FMLN han venido hablando de las pensiones como si fueran obligaciones de segunda clase que el gobierno puede pagar sólo si le da la gana. De esta forma, ha dicho con frecuencia que no tiene recursos para pagar las pensiones y que el déficit debe medirse sin tomar en cuenta los pagos de pensiones (como si estos no fueran un gasto legítimo). Ahora aparece con un proyecto en el que con gran prepotencia quiere cambiar las condiciones que se les ofrecieron a los pensionados que entregaron sus cotizaciones dentro del sistema antiguo de reparto al ISSS y al INPEP (los que estaban y se quedaron en el sistema que existía antes de la reforma de 1998 que estableció la cuenta individual).

Adicionalmente, los últimos tres gobiernos, de manera también prepotente, les han venido expropiando partes importantes de los intereses que debían de pagar a los cotizantes del nuevo sistema por el dinero que estos cotizantes le prestan al gobierno. El gobierno no se inmuta al pagar tasas de más del 7 por ciento a los que compran sus bonos en el extranjero pero aquí les ha pagado a los cotizantes de pensiones tasas de menos de la mitad, como si los cotizantes también fueran de segunda categoría. El costo de estas expropiaciones para los cotizantes del nuevo sistema será de alrededor del 30 por ciento de sus pensiones.

Todo esto es una barbaridad. El dinero de las pensiones no es un regalo que a los funcionarios de turno se les antoja o no entregar a los pensionados. La deuda a los pensionados y cotizantes que se quedaron en el sistema antiguo es una deuda como cualquier otra del gobierno, amparada en leyes de la república que forzaban a los cotizantes a entregar al gobierno un porcentaje de sus ingresos contra la promesa de que el gobierno les pagaría una pensión en el futuro, que es hoy. En el sistema nuevo de capitalización individual los cotizantes entregan sus ahorros a una cuenta de cada uno de ellos—pero el gobierno los fuerza a prestárselos a él pagando intereses bajísimos.

Como los militares le recordaron al gobierno la semana pasada que ellos le han entregado al gobierno el 10 por ciento de sus salarios, mes a mes, por décadas. Con eso, el gobierno adquirió un compromiso ineludible de pagarles las pensiones tal y como las había prometido. Lo mismo, con distintos porcentajes, es cierto de los civiles que cotizaron en el viejo sistema de reparto del Seguro Social. Esas deudas son todavía más sagradas que otras deudas públicas porque son obligaciones laborales, que tienen prioridad en el sector privado y deberían tenerla en el público.

No hay duda de que estas obligaciones hay que pagarlas, pues, y que el gobierno no puede alegar que tiene para todo lo demás pero no para pagar estas, que son las que deberían pagarse antes. Aun así, el gobierno usa el argumento de que son las pensiones las que le están causando el problema fiscal que está sufriendo, y alega que por esa razón la Asamblea debería expropiar aproximadamente la mitad de los ahorros acumulados por los cotizantes en sus cuentas individuales, así como rebajar los beneficios ya acordados con gente que ha cotizado por muchos años.

Fuente de datos: BCR

Fuente de datos: BCR

Pero, además de ilegítima esta excusa no es cierta. Vea la gráfica adjunta. En ella están los recursos acumulados que el gobierno ha tenido para gastar por sobre lo que tenía en 2008. Estos recursos incluyen impuestos, donaciones y préstamos. Sumaban casi 4,500 millones de dólares a fines de 2014. Mire debajo de la gráfica en rojo los aumentos en gastos en pensiones, también acumulados desde 2008. Note que son mínimos en comparación con los aumentos de los recursos que el gobierno ha tenido disponibles. Los gastos de pensiones no están causando el problema fiscal. Note también que el resto no se ha ido en inversión pública, que también ha sido mínima. Se ha ido en puros gastos corrientes—tales como salarios y compras de bienes y servicios que obviamente no han mejorado los servicios públicos sino que se han desperdiciado ya que éstos han empeorado.

Así, pues, el gobierno dice que las pensiones le están drenando los recursos pero como se ve en la gráfica son un porcentaje bien bajo del aumento de los gastos que ha realizado en los últimos años. El gobierno hace esto para justificar lo injustificable: expropiarles los ahorros a los cotizantes e incumplir con los compromisos adquiridos con militares y civiles. Lo que dice no es ni legítimo ni verdadero.

OEA crea misión contra corrupción en Honduras

A petición del Gobierno hondureño, sometido a presiones desde hace varios meses, se crea la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Acuerdo. El mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández (seg. a la izq), habla con el secretario general de la OEA, Luis Almagro (izq), durante la entrega de una propuesta para luchar contra corrupción.

Acuerdo. El mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández (seg. a la izq), habla con el secretario general de la OEA, Luis Almagro (izq), durante la entrega de una propuesta para luchar contra corrupción.

dpa, Efe y Redacción, 29 sept. 2015 / LPG
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entregó ayer en Washington al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, una iniciativa integral para combatir la corrupción y la impunidad en ese país centroamericano.

“La corrupción en sus diversas formas es uno de los grandes flagelos que amenaza la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho y el desarrollo de la democracia en nuestro hemisferio. Peor que la corrupción es la impunidad, o sea, que el Estado no tenga la capacidad para sancionarla”, dijo el secretario general.

Almagro anunció el establecimiento de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Esta iniciativa surge en respuesta a una solicitud presentada por el gobierno de Hernández el 14 de septiembre pasado para que la OEA apoye el fortalecimiento y reforma del aparato de justicia hondureño.

“Aspiramos a que el sistema de justicia sea una herramienta efectiva en la lucha contra la impunidad, que logre ganarse el respeto del pueblo de Honduras y se convierta en pieza esencial del sistema democrático”, añadió Almagro, quien advirtió que “no será una tarea fácil”.

Screen Shot 2015-09-29 at 2.33.23 PMLa misión tiene como objetivo “mejorar la calidad de los servicios que presta el aparato de justicia en Honduras, y para ello trabajará conjuntamente con las instituciones del Estado y la sociedad civil” hondureñas, precisó la OEA a través de un comunicado.

Esta misión estará “dirigida por un jurista de reconocimiento internacional con probada experiencia profesional en la investigación de corrupción y el combate a la impunidad, y reportará directamente a la Secretaría General de la OEA”, precisó el secretario general, quien señaló: “El hemisferio tendrá sus ojos puestos en Honduras”.

Presidente reconoce que hay corrupción

Hernández dijo que, desde su llegada a la Presidencia, ha dado prioridad al fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción en un país donde el 90 % de los homicidios queda sin resolver y que se encuentra en el puesto 126 del ranking de corrupción de Transparencia Internacional.

El presidente hondureño reconoció la cantidad “inusitada de prácticas corruptas que van en perjuicio de los ciudadanos” que generan desconfianza y son una amenaza a la gobernabilidad y la democracia.

El mandatario destacó los avances en la lucha contra escándalos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que sufrió un desfalco de $350 millones, y la lucha contra el narcotráfico que –dijo– “es un asunto de vida o muerte” en el país y uno de los principales corrosivos de las instituciones.

El Congreso de Estados Unidos está cercano a aprobar el presupuesto para el año fiscal 2016 –que comienza en octubre–, con la inclusión de una partida de $675 millones para que el Plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) fortalezca las instituciones e implemente programas de seguridad y desarrollo que detengan el flujo de inmigración indocumentada a ese país de Norteamérica.

Esos fondos serán claves para financiar los planes del Gobierno hondureño, que intenta evitar el descontento social como el que acabó recientemente con el Gobierno del dimitido presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, procesado por presuntamente integrar una red de defraudación al Estado.

Screen Shot 2015-09-29 at 2.33.53 PMCríticas a sistema judicial

El sistema judicial de Honduras carece de instrumentos y estructura para poder hacer frente a los casos de corrupción y reducir la impunidad en el país, alertó la asociación de Jueces para la Democracia de España en Tegucigalpa.

“La justicia no tiene instrumentos, ni estructura institucional, para acabar con la corrupción, que no haya impunidad y que las mafias económicas no actúen con tantas libertades”, dijo el portavoz de la asociación española, Joaquim Bosch.

En Honduras, “se siguen produciendo importantes violaciones a los derechos humanos y quedan impunes”, subrayó el experto español, quien la semana pasada participó en Tegucigalpa en el Foro Internacional: Independencia Judicial y procesos de elección de Magistrados de Cortes Supremas.

Bosch señaló que es “muy razonable” que los hondureños exijan una “separación entre el poder político y el Judicial” e indicó que la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia será “un espacio muy interesante para acometer avances de relevancia”.

El Parlamento hondureño elegirá en enero de 2016 de una nómina de 45 candidatos, que será propuesta por una junta externa, a los 15 magistrados que integrarán el Supremo del país por siete años y, para ello, requiere el voto de al menos 86 de sus 128 miembros.

Hasta ahora la elección de los magistrados se la han repartido los Partidos Nacional, en el poder, y Liberal, ambos conservadores, pero en la presente legislatura, en la que ambas instituciones políticas suman 75 escaños, tendrán que negociar con las nuevas fuerzas de oposición surgidas en las elecciones de 2013.

El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que coordina el expresidente Manuel Zelaya, obtuvo 37 escaños, pero seis de sus diputados ahora conforman una bancada independiente; el partido Anticorrupción alcanzó 13, y los otros tres restantes son de los partidos minoritarios.

Bosch considera que el poder político en Honduras “se resiste a llevar adelante cambios, porque no quiere perder sus privilegios”.

Bosch señaló que la actual Corte Suprema “convalidó” el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que derrocó a Zelaya y le costó el cargo a tres jueces y una magistrada, aparentemente por oponerse al derrocamiento del exgobernante.

“La continuidad de un órgano que ya ha finalizado su mandato y que tiene serios problemas de credibilidad (…) sería un paso atrás que Honduras no debería permitir”, subrayó Bosch.

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Lea la nota de LA PRENSA/Honduras:

OEA crea misión para combatir corrupción en Honduras

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entregó hoy personalmente en Washington al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, una propuesta de misión para luchar contra la impunidad y la corrupción en Honduras.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entregó hoy personalmente en Washington al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, una propuesta de misión para luchar contra la impunidad y la corrupción en Honduras.

28 sept. 2015/ La Prensa

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el lunes una iniciativa para combatir la corrupción e impunidad en Honduras.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) será presidida por un “jurista de reconocimiento internacional y alto nivel de competencia”.

El titular del organismo continental manifestó que “el hemisferio tendrá sus ojos puestos en Honduras y definitivamente es nuestro trabajo hacer que todos seamos iguales ante la ley”.

“Hago un llamado para que recorramos juntos este camino para que la democracia hondureña pueda gozar de la credibilidad, unidad y solidez que el pueblo hondureño se merece”, agregó.

El anuncio de la MACCIH se realizó en la sede de la OEA, en Washington, con la presencia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien destacó el papel esencial que la misión tendrá en “el fortalecimiento de las instituciones” del país centroamericano.

“Es prioridad para Honduras fortalecer nuestro sistema de justicia”, dijo Hernández, para quien la misión permitirá “un tratamiento integral” de los casos de corrupción y de impunidad.

El secretario general de la OEA recordó que “aspiramos a que el sistema de justicia sea una herramienta efectiva en la lucha contra la impunidad, que logre ganarse el respeto del pueblo de Honduras y se convierta en pieza esencial del sistema democrático”.

La misión estará dirigida por un jurista de reconocimiento internacional y alto nivel de competencia profesional en la investigación en temas de anticorrupción y el combate a la impunidad, quien reportará directamente a la Secretaría General de la OEA.

El Gobierno de Honduras solicitó el 14 de septiembre al Secretario General de la OEA apoyo en el fortalecimiento y reforma del aparato de justicia.

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Cinco puntos de la misión

1- Fiscales internacionales

El establecimiento de un grupo de reconocidos jueces y fiscales internacionales cuya labor es supervisar, asesorar y brindar apoyo a los órganos de control hondureños en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por actos de corrupción.

2- Sistema de justicia

La elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la situación del sistema de justicia hondureño a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

3- Apoyo a recomendaciones

El apoyo a la implementación de las recomendaciones formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en Honduras.

4-Implementación de recomendaciones

La asistencia en la implementación de las recomendaciones identificadas por las evaluaciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) realizado por la OEA.

5-Observatorio de Justicia

La creación de un Observatorio de Justicia integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil hondureña para dar seguimiento y evaluar el progreso de la reforma del sistema de justicia hondureño.

Piden reducir en 5% el gasto estatal de 2016 para la seguridad

ARENA asegura que al bajar el gasto, al año se recaudarían más de $200 millones para el combate a la criminalidad.

Reunión de la Interpartidaria, 28 de septiembre 2015

Reunión de la Interpartidaria, 28 de septiembre 2015

, 29 sept. 2015 / EDH

Bajar en un 5% el Presupuesto General de la Nación del próximo año, los gastos en viajes y otros rubros de todos los funcionarios públicos, son dos de las alternativas que, a juicio del principal partido de oposición y de los empresarios, el Gobierno debería instaurar, en vez de plantear el cobro de más impuestos como el del 10 % a los usuarios de todos los servicios de telefonía e internet planteado por el gobierno.

EDH20150929EN_003PLa diputada de ARENA, Milena de Escalón, así como el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, afirman que si el Gobierno se apretara el cincho reduciendo el gasto público para 2016 lograría recoger más de $200 millones al año que podrían servir para combatir la inseguridad que agobia a la población.

“Serían $230 millones (la reducción para seguridad) es algo posible de hacer, ayudaría a la economía, mandaría un buen mensaje en vez de poner más impuestos”, reflexionó Cardenal. (Ver más detalles en nota aparte).

Ante la moción del Gobierno presentada a la Asamblea Legislativa recientemente, de colocar un tributo del 10 % a todos los usuarios de los servicios de telefonía, internet y cable, sin distinción de ingresos económicos, ARENA,  PCN, PDC y GANA han diseñado diferentes estrategias para hacer llegar fondos al Estado a fin de impulsar planes contra la delincuencia.

Algunas de ellas cuentan con el respaldo de dos o más partidos, sin embargo, la de gravar a los usuarios de las telefónicas no es compartida por los institutos políticos.

El secretario general del FMLN, Medardo González, informó ayer en la entrevista Frente a Frente, que también están pensando en gravar con impuesto a las empresas y personas naturales que obtienen ganancias arriba de $500 mil al año (una propuesta que GANA también presentó la semana pasada), así como encarcelar a los evasores y elusores del fisco, aún cuando éstos hayan pagado sus impuestos.

“Tenemos que buscar opciones para que la seguridad cuente con recursos permanentes, hay una base de grandes contribuyentes que aún no están aportando lo que les corresponde, aunque esto implique descartar por el momento el impuesto a los bienes suntuarios por la complejidad que representa”, acotó.

Pero ARENA insiste en que el Gobierno no ha sido austero y que cuenta con fondos de varios préstamos, a razón de $183 millones desde 2013 que no ha ejecutado y que tienen como destino planes de prevención de la violencia y obras en las cárceles para evitar el hacinamiento.

Por esta razón es que según De Escalón, el Gobierno tiene otras opciones antes que “castigar” a la población más pobre que usa un celular.

Al respecto, la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2013, revela que los segmentos pobres y en pobreza extrema representan el 40% de la población, por lo que serían los más afectados en sus bolsillos con el nuevo impuesto.

“Ya se dieron suficientes impuestos, creemos que es conveniente mejor la austeridad, yo le propondría al Gobierno: revisemos, quitémonos los viajes todos los Órganos del Estado, y yo le aseguro que ya tendrían $100 millones que ya podrían empezar (a usar en seguridad)”, afirmó.

De Escalón agrega que conociendo que el Gobierno del FMLN no ha sabido destinar los fondos del Estado para lo que realmente dice, es que se debe recortar inicialmente con el 5 % el presupuesto del país previsto para 2016.

El plan de gastos para el próximo año deberá ser presentado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a la Asamblea, a más tardar mañana.

Según De Escalón, si se tomara en consideración su propuesta de recortar con el 5 % el presupuesto del próximo año, esto equivaldría a ahorrarse el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Nación, que sumaría casi $200 millones que se podrían utilizar para seguridad.

Screen Shot 2015-09-29 at 2.15.29 PMLa diputada tricolor sugiere que esa reducción se haga anualmente y no de una sola vez como lo pretende hacer el Ejecutivo, ya que según el Consejo de Seguridad Pública se necesitarían $2,100 millones para el combate de la criminalidad en un plazo de cinco años, pero De Escalón propone que se haga anual.

“Lo que tienen que hacer es una sinceración: ¿cuánto necesitás? ‘$2,500 millones pero en cinco años’, pero no estarás en cinco años, ¿por qué no decimos?: ‘en este 2016 yo necesito esto’, pero específico, nosotros no le pensamos dar ningún cheque en blanco al Gobierno, porque se lo gasta en otra cosa y no en lo que debe de ser”, cuestionó.

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Subraya que al aplicar lo anterior sí se lograría obtener el  dinero que se necesita; pero según González, eso no alcanzaría si no se toman en cuenta otras medidas como gravar a los grandes empresarios.

De Escalón aseveró ayer en la Comisión de Hacienda que son pocas las personas y empresas que obtienen esas utilidades, y de hecho, la presidenta de la Comisión, Lorena Peña, del FMLN, dijo que son cerca de ocho mil.

Screen Shot 2015-09-29 at 2.15.40 PMLa propuesta de ARENA sería llevada hoy al Consejo de Seguridad Pública, que ayer también se reunió en Casa Presidencial para estudiar el anteproyecto de Ley de Reinserción de Pandillas, algo que está contemplado en el plan “El Salvador Seguro”.

 En la sesión no se abordaron las propuestas de nuevos impuestos. Rodolfo Parker, del PDC, dijo que estas se discutirán hoy en la interpartidaria.

“Los partidos coincidimos en que es necesario contar con más recursos pero tenemos que ampliar la discusión en el Consejo, hay que revisar los planteamientos de cada partido y buscar no castigar a la población con más impuestos”, dijo Parker.

#RingdeHoy: ¿Conviene declarar inconstitucional la Ley de Amnistía? Dos posiciones.

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Sí.
“La práctica cotidiana ha demostrado que la impunidad es un mal.”

Máster en Democracia y Buen Gobierno Universidad de Salamanca, Lic. Ciencias Jurídicas UCA, Candidata al Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Twitter: @sgrubiop

Sonia Rubio, 29 sept. 2015 / EDH

Es sencillo: sin justicia no hay democracia. La práctica cotidiana ha demostrado que la impunidad es un mal que socaba los cimientos democráticos de cualquier país pues, además de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, emite un mensaje que cualquier barbarie —por grave que sea— no será castigada, que las actividades estatales no serán revisadas y que son válidas cualquier práctica corrupta. Por ello, cuando ha pasado un poco más dos décadas desde la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec y “esa paz” aún no se traduce en justicia y verdad para las múltiples víctimas —y sus familiares— de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, con soltura puede decirse que persisten graves déficits democráticos en el país.

Una de las principales razones es la cuestionable Ley de Amnistía General que exoneró de responsabilidad penal a quienes cometieron terribles crímenes durante la guerra civil. Gracias a esta ley, los responsables de brutales hechos —como los referidos en el Informe de la Comisión de la Verdad— caminan libremente por la calle, incluso algunos todavía se encuentran activos en la vida política, sin miedo de ser sometidos a juicios y sin mayor protección que el blindaje institucional otorgado. En una frase: viven con mayor tranquilidad que muchas de sus víctimas.

Basta con realizar un breve análisis del cuerpo normativo y el impacto de esta Ley para advertir su incompatibilidad con el régimen democrático que decimos tener; y, para detectar sus vicios constitucionales y las trasgresiones a los compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño. Con todo, es preciso aclarar que el problema jurídico no radica en sí en “la amnistía”, sino en su forma, contenido y alcance. La misma Constitución establece la potestad legislativa de otorgarlas; pero como sucede con otras potestades, no puede ser absoluta. Hay  al menos dos límites taxativos: el primero es que este tipo de recurso jurídico—político no puede ser invocado para evadir responsabilidades penales producto de delitos cometidos durante el mismo período gubernamental que operaba en la emisión de la ley (las autoamnistías); y, el segundo, los valores constitucionales y particularmente los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico salvadoreño, que operan como verdaderas barreras de protección contra los excesos legislativos de las transitorias mayorías parlamentarias.

En otras palabras, para que esta amnistía sea válida no podría recaer sobre un acto cometido por su emisor, es decir, no se vale “el autoperdón”; y menos aún, que ese hecho constituya una grave violación a los derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lamentablemente, ambas condiciones confluyen en la amnistía salvadoreña, y por eso riñe con nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que la amnistía salvadoreña ha servido como obstáculo legal para impedir a las víctimas, o sus familiares, el desarrollo de un debido proceso que permita “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos” (Caso Mozote, párr.283).

Bajo esta realidad es ilusorio la construcción de sociedades realmente democráticas, ya que no puede existir un Estado de Derecho en el que una fracción de la ciudadanía se encuentre exento de ciertas responsabilidades, y donde los crímenes queden impunes bajo el sofisma que el sacrificio de las víctimas es necesario para “la reconciliación nacional”. Precisamente, por ello la Sala de lo Constitucional debe reconocer el carácter justiciable de los derechos humanos y debe dejar patente que la Ley de Amnistía, al conllevar a la impunidad y a la injusticia, se encuentra en flagrante incompatibilidad con el marco jurídico salvadoreño.

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No.
“Si se formó la paz y no queremos volver a estos fantasmas,, no nos conviene.”

Publicista, Asesor de Comunicaciones y Director Ejecutivo de JRN. @xluiscarlosx

Luis Carlos Tenorio, 29 sept. 2015 / EDH

Primero analicemos el término amnistía, un acto jurídico normalmente emanado del poder legislativo, porque una serie de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. Por decirle así, es perdonar actos que se han hecho bajo un conflicto armado donde no se sabe a ciencia cierta quienes son los culpables. No podemos confundir tampoco la amnistía con el indulto, donde la persona sigue siendo culpable pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena individual y no colectiva.

En nuestro país vivimos unos de los conflictos armados más grandes y despiadados de la historia dejando a miles de víctimas a lo largo y ancho de todo El Salvador. Las cifras a ciencia cierta de cada caso no se conocen ya que no existía en el tiempo de la guerra un entidad como medicina legal y al final, las víctimas podían ser las que los reporteros pudieran calcular de declaraciones de ambos bandos.

Imaginemos que estamos en una balacera, donde los disparos vienen de cualquier lado y sin ningún control, de ambos lados hay bajas y existen víctimas inocentes. ¿Cómo determinamos a quién se le atribuye esa muerte? Volviendo al tema de la guerra civil en nuestro país en los años 80, ¿cómo determinamos el dolo en la muerte de civiles inocentes?  Si en nuestro país, ni siquiera contamos con una base de datos de ADN o una institución no politizada para investigar seriamente los crímenes o actos de guerra que se hayan suscitado.
No estoy defendiendo ni a uno ni a otro de los involucrados, lo que si defiendo es la justicia y la base legal, pero si en un momento no existen pruebas veraces, esto no queda más que en suposiciones y contubernios que no pueden ser juzgados. La violencia nunca debe de ser una solución a ningún problema, como dicen no existe guerra buena o necesaria con excepción de la II Guerra Mundial y la Guerra de las Galaxias.

La amnistía donde se juzga a un “criminal político” fue lo que vino a crear tensiones entre las potencias europeas en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, lo que hizo fue abrir esa caja de pandora donde este “criminal político” dejó de ser visto como reformador idealista y pasó a ser considerado un traidor a la unidad nacional, algo casi equiparado con el delito político externo, estas razones tienen sus consecuencias, toda guerra tiene sus actos barbáricos e inhumanos porque se descontrolan, como en la guerra de El Salvador, que comenzó quizás por alguna causa, cuando se intervino políticamente se perdió eso y se convirtió en la búsqueda del poder y del territorio.

Amnistía es un olvido mutuo, ese olvido que acompaña a ese perdón que en los corazones de muchos no existirá jamás, lastimosamente esto solo divide más y no abona a la paz que fue firmada.

Por todo lo que ha sufrido  el pueblo salvadoreño, se esperaría que jamás vuelva a suceder pero con una ola de violencia que aumenta día con día, donde volvemos a ver  “coches bombas”, que preocupa de sobre manera, que se iguala a la época de guerra pero no podemos estar pensando en ese pasado oscuro. La historia nos debe servir para aprender, para no repetirse y no para juzgar.
Veredicto: Si se firmó la paz y no queremos volver a esos fantasmas, no nos conviene como salvadoreños que se declare inconstitucional la Ley de Amnistía.