En la frontera de la ignorancia. De David Jiménez

David Jiménez, director del periódico español El Mundo

David Jiménez, 27 sept. 2015 / ElMundo.es

LA FAROLA frente a la casa de una buena amiga apareció un día envuelta en la bandera independentista. Con el tiempo, los parques, plazas y fachadas de su pueblo, en las afueras de Barcelona, fueron también cubiertas por esteladas. La población se dividió entre los que estaban a favor de esa muestra pública de independentismo y quienes creían que los espacios públicos no deben ser monopolizados por símbolos de una opción política. Y entonces ocurrió: el ambiente cambió, gentes que se conocían desde siempre dejaron de saludarse, amistades empezaron a enfriarse o se rompieron.

El pueblo se partió en dos.

Cuento todo esto porque me temo que, más allá de los resultados de hoy en las elecciones autonómicas, algo se ha fracturado en Cataluña. Costará repararlo. Cuando personas que piensan diferente dejan de hablarse, y en su lugar bajan la mirada al cruzarse en la calle o rehúyen conversaciones de sobremesa, se pierde la capacidad de comprender qué ha llevado al otro a su posición. Y es en esa incomunicación donde crece con más facilidad el resentimiento.

«Al margen de los resultados de las elecciones,
algo se ha fracturado en Cataluña»

Mi amiga, que pasaría el test de pedigrí catalán del nacionalismo más sectario y ha sido reportera de guerra, lamentaba la ignorancia de quienes manipulan irresponsablemente los sentimientos nacionalistas. ¿Acaso desconocen que una vez plantas la semilla de un conflicto éste crece aunque después dejes de alimentarlo? ¿Que convertir enemigos imaginarios en reales es el primer paso para hacer aceptable lo que antes no lo era? ¿Que la historia está llena de ejemplos de sociedades civilizadas que se dejaron contagiar por el fanatismo y sus líderes iluminados?

Lo sorprendente en el caso catalán no es tanto el fervor independentista -todo el mundo tiene derecho a sentirse lo que le plazca-, sino que ese sentimiento haya sido despertado de manera tan eficaz por una casta política corrupta, inculta y egoísta a la que el futuro de Cataluña le importa bien poco, comparado con el suyo propio. Pero la responsabilidad del momento que vivimos no es sólo de quienes han utilizado la mentira y el dinero de todos para enfrentar a catalanes y españoles, poniendo los recursos públicos al servicio de la propagación de un mensaje que ha ido degenerando hacia la xenofobia, sino a los gobiernos que desde Madrid han respondido con desidia a ese desafío soberanista.

No hablo de los últimos días o meses, porque este viaje no empezó con la llegada de Artur Mas, sino al día siguiente mismo de lograrse el pacto constitucional que dio a Cataluña competencias que serían la envidia de cualquier movimiento de secesión. Hemos llegado hasta aquí después de décadas en las que los nacionalistas han utilizado escuelas, instituciones y medios de comunicación para adoctrinar a la población, marginar metódicamente a quienes se atrevían a disentir y burlar a un Estado que ha sido incapaz de garantizar derechos tan básicos para una parte de sus ciudadanos como estudiar en castellano si así lo desean.

«Ahora, ante el desafío final, nos han entrado las prisas,
hermanas de la improvisación»

Y, ¿qué han hecho los partidos nacionales mientras todo esto sucedía? Pactar con los promotores de esa agenda, cuando necesitaban sus votos. Legitimar su victimismo al asumir como natural la deslealtad permanente hacia España. Y ceder, una y otra vez, en la creencia de que llegaría el día en que el nacionalismo quedaría satisfecho. La ingenuidad no puede ser un atenuante en este caso: la historia, si alguien se hubiera molestado en leerla, debería haber bastado para despejar sus ilusiones.

Así que es sólo ahora, ante el desafío final, cuando nos han entrado a todos las prisas, primas hermanas de la improvisación. Empresarios que durante años han permanecido callados ante el rodillo nacionalista hablan al fin de las consecuencias de la independencia, ciudadanos que vivían con pasividad el monopolio del discurso público crean organizaciones cívicas para expresarse con libertad y los partidos nacionales hacen el esfuerzo por articular, aunque sea tarde y mal, un discurso sobre la importancia de lo mucho que une a catalanes y españoles, frente a quienes quieren levantar una frontera de ignorancia entre nosotros. Esperemos que no sea demasiado tarde.

AFP: propuesta deja sin fondos al sistema privado de pensiones

ASAFONDOS teme que la reforma al sistema de pensiones se trate de una nacionalización encubierta, puesto que dejaría a las AFP con pocos fondos para hacer frente al pago de pensiones.

Mariana Belloso, 30 sept. 2015 / LPG

La propuesta de reforma del sistema de pensiones que prepara el Gobierno aún no se hace pública, pero ya ha levantado preocupaciones entre diferentes sectores, organismos no gubernamentales y centros de análisis.

Para la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), uno de los principales problemas de la propuesta es que busca sacar fondos del sistema privado para llevarlos, de nuevo, a un sistema público, que en el pasado ha probado no ser sostenible.

Las AFP manejan actualmente unos $8,500 millones, que son la sumatoria del dinero que 1.8 millones de salvadoreños han cotizado en cuentas individuales como ahorro para su futura jubilación.

René Novellino, director ejecutivo de ASAFONDOS, dijo que el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo presentaciones sobre su propuesta, en la que todos los salvadoreños que ganen menos de dos salarios mínimos, es decir, $484 mensuales, deberán pasar a un esquema público de pensiones que se crearía a partir de la reforma.

Cerca de dos terceras partes de los trabajadores del país caen en ese rango salarial. Para pasar al sistema público, las AFP deberán trasladar al Gobierno el dinero que estos trabajadores han cotizado durante el tiempo que el Sistema de Ahorro Previsional (SAP) lleva funcionando. De 1998 a la fecha, son 17 años de cotización.

“Se pasarían unos $4,000 millones al Fondo de Obligaciones Previsionales, pero como nosotros no tenemos el dinero líquido, sino que lo tenemos invertido, la última presentación que ha hecho Hacienda deja abierta la posibilidad de que se les trasladen Certificados de Inversión Previsional (CIP) y otros instrumentos transables”, explicó Novellino.

El Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) fue creado en 2006, durante la administración de Antonio Saca, para ser un instrumento financiero para el pago de pensiones. El dinero del FOP se obtiene de la venta de los CIP, que son unos instrumentos que pagan una tasa de interés muy baja, actualmente cercana al 1.1 % anual.

Las AFP están obligadas por ley a comprar estos CIP, y hoy por hoy un 56 % de los ahorros para pensión de los salvadoreños está invertido en estos papeles, ganando una rentabilidad muy baja. Una rentabilidad baja implica que el dinero que se ahorra no crece, y al no crecer suficiente, significará pensiones bajas en un futuro.

En pensiones se habla de la “tasa de reemplazo”, que es el monto de pensión al que se aspira, y es el porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años. Con las condiciones actuales de baja rentabilidad, ASAFONDOS calcula que la tasa de reemplazo para los futuros pensionados será de apenas el 30 %: recibirán como pensión menos de un tercio de su salario promedio de los últimos 10 años.

A las AFP les quedarán $4,500 millones invertidos mayormente en CIP, lo cual les dificultará aún más el manejo de los fondos. Los CIP ganan un interés muy bajo y producen poca rentabilidad. “Llegará el momento en el que tengamos que empezar a vender los títulos que sí nos generan rentabilidad, porque tenemos la obligación de pagar la pensión a los jubilados que ya tenemos”, agregó. Sería una privatización encubierta, al deteriorar el sistema privado.

“Es posible que cuando la gente vea que las AFP comienzan a tener estos problemas decidan pasarse al sistema público, sería prácticamente una renacionalización”, advirtió.

Movimientos

Si se aprueba la propuesta tal y como se ha planteado, las AFP pasarían estos $4,000 millones en ahorros de los trabajadores al FOP. Novellino dice que Hacienda prevé que sean $2,000 millones en CIP y $2,000 millones en otros instrumentos que sí devengan mejores tasas de interés, de alrededor del 7 % anual.

“Esto significa que el Gobierno estará recibiendo en el corto plazo estos flujos, pero a cambio de una obligación futura de pagar las pensiones”, señaló Novellino.

El problema verdadero, agrega, es que este dinero no se guardará para pagar las pensiones futuras, sino que se usará para pagar las pensiones pasadas. La llamada deuda de pensiones requiere unos $460 millones anuales para pagarles a los jubilados del ISSS y del INPEP que cotizaron al antiguo sistema de reparto.

Como el dinero del sistema antiguo se agotó en 2001, la obligación del pago de estas pensiones pasó al Estado.

“El Estado va a recibir los flujos de los ahorros para pensiones de esta gente, pero no los usará para las pensiones futuras, sino para las pasadas, entonces no habrá dinero que respalde el pago de las pensiones a futuro. Las respaldará una ley, pero no dinero”, insistió Novellino.

Poca inversión pública del Gobierno en lo que va del año

Datos de Hacienda reflejan que de $1,027.5 millones para la inversión pública proyectados en 2015, hasta agosto solo han ejecutado $378.1 millones.

Eugenia Velásquez, 30 sept. 2015 / EDH

El Gobierno se propuso invertir en obras y capital humano para este año $1,027.5 millones; sin embargo, los datos que revela el Ministerio de Hacienda en el avance de la ejecución del presupuesto, es que hasta agosto pasado, únicamente ha gastado en proyectos productivos $378.1 millones, lo que representa un déficit del 63 %.

El dato se conoce en momentos en que el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, presentará hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, adelantó ayer en una entrevista con el Canal 10 que el plan de gastos para 2016 tendría un incremento a raíz de que plantean reforzar las áreas de Educación, Salud y Seguridad, “con una partida que en total ronda los $2,000 millones, según publicó el diario Colatino. (Ver más detalles en nota aparte).

Sin embargo, ya suenan críticas en torno al plan de gastos para el próximo año, de que se trata de un presupuesto “desfinanciado” como ha ocurrido en años anteriores. El monto avalado para este año fue de $4,823 millones.

Las asignaciones del nuevo presupuesto serán discutidas en la comisión de Hacienda de la Asamblea, pero tomando en cuenta la ejecución que el Gobierno lleva del gasto actual, el economista Rafael Lemus destaca que el Ejecutivo está sacrificando “inversión pública” en vez de reducir el gasto corriente.

Dice que lo anterior lo demuestra la poca ejecución (37 %) que ha hecho de lo destinado para inversión pública y en capital humano previsto para este año, y en el hecho de que se trata de proyectos que dinamizarían la economía y aumentarían el crecimiento económico del país.

Destaca de esa escasa inversión dos obras muy cuestionadas de los dos gobiernos del FMLN: las represas de El Chaparral y la 5 de Noviembre, por citar algunos proyectos en desarrollo.

Según Hacienda, este año se han destinado para la presa El Chaparral $55.9 millones, pero los datos hasta agosto reflejan que la ejecución a sido de apenas $1.6 millones.

Para la 5 de Noviembre se proyectó invertir $67.2 millones y a la misma fecha se han invertido únicamente $30.7 millones. Ambos proyectos están a cargo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Entre los programas que presentan déficit de ejecución también están los dirigidos al área de “Atención de la Pobreza” a cargo del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), el cual está dentro del programa que el Gobierno ha abanderado como “Sistema de Protección Social Universal”, en el que se previó invertir $34.2 millones este año, pero que hasta agosto solo han ejecutado $12.3 millones.

La falta de ejecución de proyectos también se reflejan en obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), así como programas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otras entidades.

Lemus cuestiona que al ritmo que el Gobierno ejecuta los presupuestos de la Nación, el índice económico en vez de subir se estanca o se reduce.

“El problema es que el Gobierno al ejecutar un nivel de inversión bajo conspira contra el crecimiento, salva o mejora la situación de déficit porque invierte menos y usa menos deuda, pero, ¿a costa de qué?, a costa de que la economía crezca menos”, aseguró.

El economista trae a cuenta las proyecciones de crecimiento económico que sigue haciendo el Gobierno, ya que se basan en datos que no son reales y que sobreestiman los presupuestos, generando un “desequilibrio” que obliga a destinar más fondos a las necesidades de las instituciones.

Añade que con invertir menos tratan de reflejar que el déficit fiscal es menor. “El déficit lo bajan a puro sacrificio de inversión, pero al hacer eso la economía crece menos”, reflexionó Lemus.

Diputados cuestionan

Se consultó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, sobre la poca inversión pública que ha hecho el Gobierno, pero la legisladora respondió: “Fíjese que no he visto ese informe, no podría comentarle al respecto, ¿otra pregunta?”, se esquivó.

Pero sus colegas de otros partidos sí criticaron la escasa inversión pública del gobierno.

ARENA ha venido denunciando año con año que el Ejecutivo no tiene la capacidad para ejecutar el presupuesto y también ha venido exigiéndole una Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo anteproyecto entró para su estudio a la Asamblea a finales de la administración del expresidente Mauricio Funes, junto con un pliego de reformas fiscales.

El paquete fiscal se aprobó, no así la ley que compromete al Gobierno a ser austero en sus finanzas.

“¿Cómo es posible que en vez de tener mayor inversión, tenemos menos inversión? Y además de eso, más problemas sociales y falta de recursos. ¿Adónde está el escape de recursos?, está en lo que han inflado al Estado, en contratar a toda la partidocracia”, recriminó la diputada arenera Milena de Escalón.

Añadió que el ministro de Hacienda invierte mal porque se le dispara el déficit fiscal, debido a que no ha querido poner en orden las finanzas del Estado a través de una ley de transparencia fiscal.

El diputado del PDC, Rodolfo Parker, dijo que una de las propuestas que han hecho, a raíz de que en los últimos 15 años siempre se da el déficit en la ejecución del presupuesto, es que se avale una ley de Responsabilidad Fiscal en la que se establezca la obligación de ejecutar, como mínimo, un 80 % del monto destinado a la inversión pública. “Tenemos que ser más eficientes”, subrayó Parker.

Guillermo Gallegos, de GANA, al tiempo que indicó que es un presupuesto que está siempre sujeto a cambios, también observó que se necesita de una normativa fiscal.

“Demandaría más de las diferentes instituciones del Estado, a que hicieran un esfuerzo más grande para poder ejecutar lo del presupuesto, sobre todo en inversión pública. Es una pena que habiendo tantas necesidades y contando con el recurso y que haya tan poca ejecución”, lamentó.

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Ramo de Hacienda basa presupuesto 2016 en un aumento del PIB falso, dice economista

Economista Rafael Lemus dice que datos de esa cartera sobreestiman proyección de crecimiento del 2.5 % en 2015 y del 2.6 % en 2016.

El ministro Carlos Cáceres (der.) ha tenido que explicar los gastos a los diputados. Foto EDH

Eugenia Velásquez, 30 sept. 2015 / EDH

El Gobierno estaría “repartiendo” para el próximo año “un presupuesto inflado”, dice el economista Rafael Lemus, al considerar que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha “sobreestimado” la proyección del gasto para 2016 en indicadores de crecimiento económico que no están apegados a la realidad.

Según la política presupuestaria que Cáceres envió a la Asamblea en la segunda semana de junio de este año, que es el insumo base que recoge Hacienda para elaborar el presupuesto, se detalla que prevén un crecimiento económico para 2016 de 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y para 2015 del 2.5 %.

Basados en datos del Banco Mundial (BM), Lemus dice que las cifras no corresponden a lo que en realidad el país creció o se estima que crezca de aquí a diciembre.

El BM detalló en una publicación en su página web de septiembre que este el año el país crecería en 2.2 %.

“El problema de eso, es que ese error de estimación… si yo hago sobreestimación de esto (del crecimiento económico de 2015 y 2016), a su vez estoy inflando ingresos o sobreestimando ingresos. El problema de esto es que a su vez, también reparto presupuesto inflado y termino con más déficit”, valoró Lemus.

Lo anterior se agrava al observar los números del déficit fiscal que Hacienda también detalla en la política presupuestaria de junio.

Según ese documento, que fue enviado a la Asamblea, el déficit presupuestario va en aumento. En 2015 lo estima en -4 % del PIB, en la misma escala para 2014, y en 2017 considera que será mayor: de  -4.3 %. (Ver gráficas).

La sumatoria de estas dos variables, según Lemus, hacen que el Presupuesto de la Nación, incluido el que será presentado hoy por Cáceres, sea “insostenible”. No hay manera, reflexiona, de que el crecimiento económico del país supere el 2 %.

“La economía está en una trayectoria insostenible fiscalmente, ese es un problema combinado de que se crece lento, no pasamos del 2 %, es cuento que crecemos más y lo otro crecer lento o bajo con un desequilibrio de este tamaño es una incoherencia, es una insostenibilidad fiscal”, lamentó el experto.

El titular de Hacienda llega hoy a la Asamblea Legislativa a presentar el Presupuesto de la Nación para el próximo año, mismo que deberá ser analizado por los diputados en la Comisión de Hacienda.

El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, informó ayer en una entrevista con el Canal 10 que el plan de gastos podría incrementarse un poco en relación con el de este año, a raíz de que han apostado más por invertir en Educación, Salud y Seguridad, a razón de $2,000 millones entre los tres rubros.

“Esta apuesta presupuestaria para el año 2016, además de estar efectivamente equilibrada, razonablemente equilibrada, responde a las prioridades del Plan Quinquenal y será una herramienta para el desarrollo económico del país”, afirmó Chicas, según lo publica el sitio de Internet de la Presidencia.

Chicas dijo que el gasto de 2016 también está “fundamentado en el impulso de las acciones para empezar a hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), compromisos adoptados por el presidente Sánchez Cerén en la pasada cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, Estados Unidos”.

“Esa es la técnica que siempre ha usado, presentar el presupuesto donde está sobreestimando el crecimiento y los ingresos, ¿qué es lo que ocurre al final?, siempre caemos en el déficit fiscal, porque empieza a gastar más de lo que está ingresando”, esgrimió Milena de Escalón, legisladora de ARENA.

Tratando de justificar lo injustificable. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 29 sept. 2015 / EDH

Desde hace varios años, los gobiernos del FMLN han venido hablando de las pensiones como si fueran obligaciones de segunda clase que el gobierno puede pagar sólo si le da la gana. De esta forma, ha dicho con frecuencia que no tiene recursos para pagar las pensiones y que el déficit debe medirse sin tomar en cuenta los pagos de pensiones (como si estos no fueran un gasto legítimo). Ahora aparece con un proyecto en el que con gran prepotencia quiere cambiar las condiciones que se les ofrecieron a los pensionados que entregaron sus cotizaciones dentro del sistema antiguo de reparto al ISSS y al INPEP (los que estaban y se quedaron en el sistema que existía antes de la reforma de 1998 que estableció la cuenta individual).

Adicionalmente, los últimos tres gobiernos, de manera también prepotente, les han venido expropiando partes importantes de los intereses que debían de pagar a los cotizantes del nuevo sistema por el dinero que estos cotizantes le prestan al gobierno. El gobierno no se inmuta al pagar tasas de más del 7 por ciento a los que compran sus bonos en el extranjero pero aquí les ha pagado a los cotizantes de pensiones tasas de menos de la mitad, como si los cotizantes también fueran de segunda categoría. El costo de estas expropiaciones para los cotizantes del nuevo sistema será de alrededor del 30 por ciento de sus pensiones.

Todo esto es una barbaridad. El dinero de las pensiones no es un regalo que a los funcionarios de turno se les antoja o no entregar a los pensionados. La deuda a los pensionados y cotizantes que se quedaron en el sistema antiguo es una deuda como cualquier otra del gobierno, amparada en leyes de la república que forzaban a los cotizantes a entregar al gobierno un porcentaje de sus ingresos contra la promesa de que el gobierno les pagaría una pensión en el futuro, que es hoy. En el sistema nuevo de capitalización individual los cotizantes entregan sus ahorros a una cuenta de cada uno de ellos—pero el gobierno los fuerza a prestárselos a él pagando intereses bajísimos.

Como los militares le recordaron al gobierno la semana pasada que ellos le han entregado al gobierno el 10 por ciento de sus salarios, mes a mes, por décadas. Con eso, el gobierno adquirió un compromiso ineludible de pagarles las pensiones tal y como las había prometido. Lo mismo, con distintos porcentajes, es cierto de los civiles que cotizaron en el viejo sistema de reparto del Seguro Social. Esas deudas son todavía más sagradas que otras deudas públicas porque son obligaciones laborales, que tienen prioridad en el sector privado y deberían tenerla en el público.

No hay duda de que estas obligaciones hay que pagarlas, pues, y que el gobierno no puede alegar que tiene para todo lo demás pero no para pagar estas, que son las que deberían pagarse antes. Aun así, el gobierno usa el argumento de que son las pensiones las que le están causando el problema fiscal que está sufriendo, y alega que por esa razón la Asamblea debería expropiar aproximadamente la mitad de los ahorros acumulados por los cotizantes en sus cuentas individuales, así como rebajar los beneficios ya acordados con gente que ha cotizado por muchos años.

Fuente de datos: BCR

Pero, además de ilegítima esta excusa no es cierta. Vea la gráfica adjunta. En ella están los recursos acumulados que el gobierno ha tenido para gastar por sobre lo que tenía en 2008. Estos recursos incluyen impuestos, donaciones y préstamos. Sumaban casi 4,500 millones de dólares a fines de 2014. Mire debajo de la gráfica en rojo los aumentos en gastos en pensiones, también acumulados desde 2008. Note que son mínimos en comparación con los aumentos de los recursos que el gobierno ha tenido disponibles. Los gastos de pensiones no están causando el problema fiscal. Note también que el resto no se ha ido en inversión pública, que también ha sido mínima. Se ha ido en puros gastos corrientes—tales como salarios y compras de bienes y servicios que obviamente no han mejorado los servicios públicos sino que se han desperdiciado ya que éstos han empeorado.

Así, pues, el gobierno dice que las pensiones le están drenando los recursos pero como se ve en la gráfica son un porcentaje bien bajo del aumento de los gastos que ha realizado en los últimos años. El gobierno hace esto para justificar lo injustificable: expropiarles los ahorros a los cotizantes e incumplir con los compromisos adquiridos con militares y civiles. Lo que dice no es ni legítimo ni verdadero.

OEA crea misión contra corrupción en Honduras

A petición del Gobierno hondureño, sometido a presiones desde hace varios meses, se crea la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Acuerdo. El mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández (seg. a la izq), habla con el secretario general de la OEA, Luis Almagro (izq), durante la entrega de una propuesta para luchar contra corrupción.

dpa, Efe y Redacción, 29 sept. 2015 / LPG

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entregó ayer en Washington al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, una iniciativa integral para combatir la corrupción y la impunidad en ese país centroamericano.

“La corrupción en sus diversas formas es uno de los grandes flagelos que amenaza la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho y el desarrollo de la democracia en nuestro hemisferio. Peor que la corrupción es la impunidad, o sea, que el Estado no tenga la capacidad para sancionarla”, dijo el secretario general.

Almagro anunció el establecimiento de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Esta iniciativa surge en respuesta a una solicitud presentada por el gobierno de Hernández el 14 de septiembre pasado para que la OEA apoye el fortalecimiento y reforma del aparato de justicia hondureño.

“Aspiramos a que el sistema de justicia sea una herramienta efectiva en la lucha contra la impunidad, que logre ganarse el respeto del pueblo de Honduras y se convierta en pieza esencial del sistema democrático”, añadió Almagro, quien advirtió que “no será una tarea fácil”.

La misión tiene como objetivo “mejorar la calidad de los servicios que presta el aparato de justicia en Honduras, y para ello trabajará conjuntamente con las instituciones del Estado y la sociedad civil” hondureñas, precisó la OEA a través de un comunicado.

Esta misión estará “dirigida por un jurista de reconocimiento internacional con probada experiencia profesional en la investigación de corrupción y el combate a la impunidad, y reportará directamente a la Secretaría General de la OEA”, precisó el secretario general, quien señaló: “El hemisferio tendrá sus ojos puestos en Honduras”.

Presidente reconoce que hay corrupción

Hernández dijo que, desde su llegada a la Presidencia, ha dado prioridad al fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción en un país donde el 90 % de los homicidios queda sin resolver y que se encuentra en el puesto 126 del ranking de corrupción de Transparencia Internacional.

El presidente hondureño reconoció la cantidad “inusitada de prácticas corruptas que van en perjuicio de los ciudadanos” que generan desconfianza y son una amenaza a la gobernabilidad y la democracia.

El mandatario destacó los avances en la lucha contra escándalos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que sufrió un desfalco de $350 millones, y la lucha contra el narcotráfico que –dijo– “es un asunto de vida o muerte” en el país y uno de los principales corrosivos de las instituciones.

El Congreso de Estados Unidos está cercano a aprobar el presupuesto para el año fiscal 2016 –que comienza en octubre–, con la inclusión de una partida de $675 millones para que el Plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) fortalezca las instituciones e implemente programas de seguridad y desarrollo que detengan el flujo de inmigración indocumentada a ese país de Norteamérica.

Esos fondos serán claves para financiar los planes del Gobierno hondureño, que intenta evitar el descontento social como el que acabó recientemente con el Gobierno del dimitido presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, procesado por presuntamente integrar una red de defraudación al Estado.

Críticas a sistema judicial

El sistema judicial de Honduras carece de instrumentos y estructura para poder hacer frente a los casos de corrupción y reducir la impunidad en el país, alertó la asociación de Jueces para la Democracia de España en Tegucigalpa.

“La justicia no tiene instrumentos, ni estructura institucional, para acabar con la corrupción, que no haya impunidad y que las mafias económicas no actúen con tantas libertades”, dijo el portavoz de la asociación española, Joaquim Bosch.

En Honduras, “se siguen produciendo importantes violaciones a los derechos humanos y quedan impunes”, subrayó el experto español, quien la semana pasada participó en Tegucigalpa en el Foro Internacional: Independencia Judicial y procesos de elección de Magistrados de Cortes Supremas.

Bosch señaló que es “muy razonable” que los hondureños exijan una “separación entre el poder político y el Judicial” e indicó que la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia será “un espacio muy interesante para acometer avances de relevancia”.

El Parlamento hondureño elegirá en enero de 2016 de una nómina de 45 candidatos, que será propuesta por una junta externa, a los 15 magistrados que integrarán el Supremo del país por siete años y, para ello, requiere el voto de al menos 86 de sus 128 miembros.

Hasta ahora la elección de los magistrados se la han repartido los Partidos Nacional, en el poder, y Liberal, ambos conservadores, pero en la presente legislatura, en la que ambas instituciones políticas suman 75 escaños, tendrán que negociar con las nuevas fuerzas de oposición surgidas en las elecciones de 2013.

El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que coordina el expresidente Manuel Zelaya, obtuvo 37 escaños, pero seis de sus diputados ahora conforman una bancada independiente; el partido Anticorrupción alcanzó 13, y los otros tres restantes son de los partidos minoritarios.

Bosch considera que el poder político en Honduras “se resiste a llevar adelante cambios, porque no quiere perder sus privilegios”.

Bosch señaló que la actual Corte Suprema “convalidó” el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que derrocó a Zelaya y le costó el cargo a tres jueces y una magistrada, aparentemente por oponerse al derrocamiento del exgobernante.

“La continuidad de un órgano que ya ha finalizado su mandato y que tiene serios problemas de credibilidad (…) sería un paso atrás que Honduras no debería permitir”, subrayó Bosch.

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Lea la nota de LA PRENSA/Honduras:

OEA crea misión para combatir corrupción en Honduras

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entregó hoy personalmente en Washington al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, una propuesta de misión para luchar contra la impunidad y la corrupción en Honduras.

28 sept. 2015/ La Prensa

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el lunes una iniciativa para combatir la corrupción e impunidad en Honduras.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) será presidida por un «jurista de reconocimiento internacional y alto nivel de competencia».

El titular del organismo continental manifestó que “el hemisferio tendrá sus ojos puestos en Honduras y definitivamente es nuestro trabajo hacer que todos seamos iguales ante la ley”.

“Hago un llamado para que recorramos juntos este camino para que la democracia hondureña pueda gozar de la credibilidad, unidad y solidez que el pueblo hondureño se merece”, agregó.

El anuncio de la MACCIH se realizó en la sede de la OEA, en Washington, con la presencia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien destacó el papel esencial que la misión tendrá en «el fortalecimiento de las instituciones» del país centroamericano.

«Es prioridad para Honduras fortalecer nuestro sistema de justicia», dijo Hernández, para quien la misión permitirá «un tratamiento integral» de los casos de corrupción y de impunidad.

El secretario general de la OEA recordó que “aspiramos a que el sistema de justicia sea una herramienta efectiva en la lucha contra la impunidad, que logre ganarse el respeto del pueblo de Honduras y se convierta en pieza esencial del sistema democrático”.

La misión estará dirigida por un jurista de reconocimiento internacional y alto nivel de competencia profesional en la investigación en temas de anticorrupción y el combate a la impunidad, quien reportará directamente a la Secretaría General de la OEA.

El Gobierno de Honduras solicitó el 14 de septiembre al Secretario General de la OEA apoyo en el fortalecimiento y reforma del aparato de justicia.

Cinco puntos de la misión

1- Fiscales internacionales

El establecimiento de un grupo de reconocidos jueces y fiscales internacionales cuya labor es supervisar, asesorar y brindar apoyo a los órganos de control hondureños en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por actos de corrupción.

2- Sistema de justicia

La elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la situación del sistema de justicia hondureño a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

3- Apoyo a recomendaciones

El apoyo a la implementación de las recomendaciones formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en Honduras.

4-Implementación de recomendaciones

La asistencia en la implementación de las recomendaciones identificadas por las evaluaciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) realizado por la OEA.

5-Observatorio de Justicia

La creación de un Observatorio de Justicia integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil hondureña para dar seguimiento y evaluar el progreso de la reforma del sistema de justicia hondureño.

Piden reducir en 5% el gasto estatal de 2016 para la seguridad

ARENA asegura que al bajar el gasto, al año se recaudarían más de $200 millones para el combate a la criminalidad.

Reunión de la Interpartidaria, 28 de septiembre 2015

Eugenia Velásquez / Juan José Morales, 29 sept. 2015 / EDH

Bajar en un 5% el Presupuesto General de la Nación del próximo año, los gastos en viajes y otros rubros de todos los funcionarios públicos, son dos de las alternativas que, a juicio del principal partido de oposición y de los empresarios, el Gobierno debería instaurar, en vez de plantear el cobro de más impuestos como el del 10 % a los usuarios de todos los servicios de telefonía e internet planteado por el gobierno.

La diputada de ARENA, Milena de Escalón, así como el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, afirman que si el Gobierno se apretara el cincho reduciendo el gasto público para 2016 lograría recoger más de $200 millones al año que podrían servir para combatir la inseguridad que agobia a la población.

“Serían $230 millones (la reducción para seguridad) es algo posible de hacer, ayudaría a la economía, mandaría un buen mensaje en vez de poner más impuestos”, reflexionó Cardenal. (Ver más detalles en nota aparte).

Ante la moción del Gobierno presentada a la Asamblea Legislativa recientemente, de colocar un tributo del 10 % a todos los usuarios de los servicios de telefonía, internet y cable, sin distinción de ingresos económicos, ARENA,  PCN, PDC y GANA han diseñado diferentes estrategias para hacer llegar fondos al Estado a fin de impulsar planes contra la delincuencia.

Algunas de ellas cuentan con el respaldo de dos o más partidos, sin embargo, la de gravar a los usuarios de las telefónicas no es compartida por los institutos políticos.

El secretario general del FMLN, Medardo González, informó ayer en la entrevista Frente a Frente, que también están pensando en gravar con impuesto a las empresas y personas naturales que obtienen ganancias arriba de $500 mil al año (una propuesta que GANA también presentó la semana pasada), así como encarcelar a los evasores y elusores del fisco, aún cuando éstos hayan pagado sus impuestos.

“Tenemos que buscar opciones para que la seguridad cuente con recursos permanentes, hay una base de grandes contribuyentes que aún no están aportando lo que les corresponde, aunque esto implique descartar por el momento el impuesto a los bienes suntuarios por la complejidad que representa”, acotó.

Pero ARENA insiste en que el Gobierno no ha sido austero y que cuenta con fondos de varios préstamos, a razón de $183 millones desde 2013 que no ha ejecutado y que tienen como destino planes de prevención de la violencia y obras en las cárceles para evitar el hacinamiento.

Por esta razón es que según De Escalón, el Gobierno tiene otras opciones antes que “castigar” a la población más pobre que usa un celular.

Al respecto, la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2013, revela que los segmentos pobres y en pobreza extrema representan el 40% de la población, por lo que serían los más afectados en sus bolsillos con el nuevo impuesto.

“Ya se dieron suficientes impuestos, creemos que es conveniente mejor la austeridad, yo le propondría al Gobierno: revisemos, quitémonos los viajes todos los Órganos del Estado, y yo le aseguro que ya tendrían $100 millones que ya podrían empezar (a usar en seguridad)”, afirmó.

De Escalón agrega que conociendo que el Gobierno del FMLN no ha sabido destinar los fondos del Estado para lo que realmente dice, es que se debe recortar inicialmente con el 5 % el presupuesto del país previsto para 2016.

El plan de gastos para el próximo año deberá ser presentado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a la Asamblea, a más tardar mañana.

Según De Escalón, si se tomara en consideración su propuesta de recortar con el 5 % el presupuesto del próximo año, esto equivaldría a ahorrarse el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Nación, que sumaría casi $200 millones que se podrían utilizar para seguridad.

La diputada tricolor sugiere que esa reducción se haga anualmente y no de una sola vez como lo pretende hacer el Ejecutivo, ya que según el Consejo de Seguridad Pública se necesitarían $2,100 millones para el combate de la criminalidad en un plazo de cinco años, pero De Escalón propone que se haga anual.

“Lo que tienen que hacer es una sinceración: ¿cuánto necesitás? ‘$2,500 millones pero en cinco años’, pero no estarás en cinco años, ¿por qué no decimos?: ‘en este 2016 yo necesito esto’, pero específico, nosotros no le pensamos dar ningún cheque en blanco al Gobierno, porque se lo gasta en otra cosa y no en lo que debe de ser”, cuestionó.

Subraya que al aplicar lo anterior sí se lograría obtener el  dinero que se necesita; pero según González, eso no alcanzaría si no se toman en cuenta otras medidas como gravar a los grandes empresarios.

De Escalón aseveró ayer en la Comisión de Hacienda que son pocas las personas y empresas que obtienen esas utilidades, y de hecho, la presidenta de la Comisión, Lorena Peña, del FMLN, dijo que son cerca de ocho mil.

La propuesta de ARENA sería llevada hoy al Consejo de Seguridad Pública, que ayer también se reunió en Casa Presidencial para estudiar el anteproyecto de Ley de Reinserción de Pandillas, algo que está contemplado en el plan “El Salvador Seguro”.

 En la sesión no se abordaron las propuestas de nuevos impuestos. Rodolfo Parker, del PDC, dijo que estas se discutirán hoy en la interpartidaria.

“Los partidos coincidimos en que es necesario contar con más recursos pero tenemos que ampliar la discusión en el Consejo, hay que revisar los planteamientos de cada partido y buscar no castigar a la población con más impuestos”, dijo Parker.

#RingdeHoy: ¿Conviene declarar inconstitucional la Ley de Amnistía? Dos posiciones.

 

Sí.
«La práctica cotidiana ha demostrado que la impunidad es un mal.»

Máster en Democracia y Buen Gobierno Universidad de Salamanca, Lic. Ciencias Jurídicas UCA, Candidata al Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Twitter: @sgrubiop

Sonia Rubio, 29 sept. 2015 / EDH

Es sencillo: sin justicia no hay democracia. La práctica cotidiana ha demostrado que la impunidad es un mal que socaba los cimientos democráticos de cualquier país pues, además de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, emite un mensaje que cualquier barbarie —por grave que sea— no será castigada, que las actividades estatales no serán revisadas y que son válidas cualquier práctica corrupta. Por ello, cuando ha pasado un poco más dos décadas desde la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec y “esa paz” aún no se traduce en justicia y verdad para las múltiples víctimas —y sus familiares— de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, con soltura puede decirse que persisten graves déficits democráticos en el país.

Una de las principales razones es la cuestionable Ley de Amnistía General que exoneró de responsabilidad penal a quienes cometieron terribles crímenes durante la guerra civil. Gracias a esta ley, los responsables de brutales hechos —como los referidos en el Informe de la Comisión de la Verdad— caminan libremente por la calle, incluso algunos todavía se encuentran activos en la vida política, sin miedo de ser sometidos a juicios y sin mayor protección que el blindaje institucional otorgado. En una frase: viven con mayor tranquilidad que muchas de sus víctimas.

Basta con realizar un breve análisis del cuerpo normativo y el impacto de esta Ley para advertir su incompatibilidad con el régimen democrático que decimos tener; y, para detectar sus vicios constitucionales y las trasgresiones a los compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño. Con todo, es preciso aclarar que el problema jurídico no radica en sí en “la amnistía”, sino en su forma, contenido y alcance. La misma Constitución establece la potestad legislativa de otorgarlas; pero como sucede con otras potestades, no puede ser absoluta. Hay  al menos dos límites taxativos: el primero es que este tipo de recurso jurídico—político no puede ser invocado para evadir responsabilidades penales producto de delitos cometidos durante el mismo período gubernamental que operaba en la emisión de la ley (las autoamnistías); y, el segundo, los valores constitucionales y particularmente los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico salvadoreño, que operan como verdaderas barreras de protección contra los excesos legislativos de las transitorias mayorías parlamentarias.

En otras palabras, para que esta amnistía sea válida no podría recaer sobre un acto cometido por su emisor, es decir, no se vale “el autoperdón”; y menos aún, que ese hecho constituya una grave violación a los derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lamentablemente, ambas condiciones confluyen en la amnistía salvadoreña, y por eso riñe con nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que la amnistía salvadoreña ha servido como obstáculo legal para impedir a las víctimas, o sus familiares, el desarrollo de un debido proceso que permita “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos” (Caso Mozote, párr.283).

Bajo esta realidad es ilusorio la construcción de sociedades realmente democráticas, ya que no puede existir un Estado de Derecho en el que una fracción de la ciudadanía se encuentre exento de ciertas responsabilidades, y donde los crímenes queden impunes bajo el sofisma que el sacrificio de las víctimas es necesario para “la reconciliación nacional”. Precisamente, por ello la Sala de lo Constitucional debe reconocer el carácter justiciable de los derechos humanos y debe dejar patente que la Ley de Amnistía, al conllevar a la impunidad y a la injusticia, se encuentra en flagrante incompatibilidad con el marco jurídico salvadoreño.

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No.
«Si se formó la paz y no queremos volver a estos fantasmas,, no nos conviene.»

Publicista, Asesor de Comunicaciones y Director Ejecutivo de JRN. @xluiscarlosx

Luis Carlos Tenorio, 29 sept. 2015 / EDH

Primero analicemos el término amnistía, un acto jurídico normalmente emanado del poder legislativo, porque una serie de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. Por decirle así, es perdonar actos que se han hecho bajo un conflicto armado donde no se sabe a ciencia cierta quienes son los culpables. No podemos confundir tampoco la amnistía con el indulto, donde la persona sigue siendo culpable pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena individual y no colectiva.

En nuestro país vivimos unos de los conflictos armados más grandes y despiadados de la historia dejando a miles de víctimas a lo largo y ancho de todo El Salvador. Las cifras a ciencia cierta de cada caso no se conocen ya que no existía en el tiempo de la guerra un entidad como medicina legal y al final, las víctimas podían ser las que los reporteros pudieran calcular de declaraciones de ambos bandos.

Imaginemos que estamos en una balacera, donde los disparos vienen de cualquier lado y sin ningún control, de ambos lados hay bajas y existen víctimas inocentes. ¿Cómo determinamos a quién se le atribuye esa muerte? Volviendo al tema de la guerra civil en nuestro país en los años 80, ¿cómo determinamos el dolo en la muerte de civiles inocentes?  Si en nuestro país, ni siquiera contamos con una base de datos de ADN o una institución no politizada para investigar seriamente los crímenes o actos de guerra que se hayan suscitado.
No estoy defendiendo ni a uno ni a otro de los involucrados, lo que si defiendo es la justicia y la base legal, pero si en un momento no existen pruebas veraces, esto no queda más que en suposiciones y contubernios que no pueden ser juzgados. La violencia nunca debe de ser una solución a ningún problema, como dicen no existe guerra buena o necesaria con excepción de la II Guerra Mundial y la Guerra de las Galaxias.

La amnistía donde se juzga a un “criminal político” fue lo que vino a crear tensiones entre las potencias europeas en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, lo que hizo fue abrir esa caja de pandora donde este “criminal político” dejó de ser visto como reformador idealista y pasó a ser considerado un traidor a la unidad nacional, algo casi equiparado con el delito político externo, estas razones tienen sus consecuencias, toda guerra tiene sus actos barbáricos e inhumanos porque se descontrolan, como en la guerra de El Salvador, que comenzó quizás por alguna causa, cuando se intervino políticamente se perdió eso y se convirtió en la búsqueda del poder y del territorio.

Amnistía es un olvido mutuo, ese olvido que acompaña a ese perdón que en los corazones de muchos no existirá jamás, lastimosamente esto solo divide más y no abona a la paz que fue firmada.

Por todo lo que ha sufrido  el pueblo salvadoreño, se esperaría que jamás vuelva a suceder pero con una ola de violencia que aumenta día con día, donde volvemos a ver  “coches bombas”, que preocupa de sobre manera, que se iguala a la época de guerra pero no podemos estar pensando en ese pasado oscuro. La historia nos debe servir para aprender, para no repetirse y no para juzgar.
Veredicto: Si se firmó la paz y no queremos volver a esos fantasmas, no nos conviene como salvadoreños que se declare inconstitucional la Ley de Amnistía.

La controversia sobre la marcha del 5 de septiembre. Luis Portillo vs. Gerardo Calderón

Segunda Vuelta quiere promover los debates, las polémicas, la discusión franca. Aquí la controversia sobre el «Movimiento de 5 en 5», que el 5 de septiembre convocó una marcha ciudadana contra la impunidad, la corrupción y la violencia.

La marcha de 5 en 5, igual que los sindicatos violentos

Gerardo Calderón es ingeniero y tiene un Master en Ciencias Políticas por Lehigh University en Pensilvania. Entre 2007 y 2011 fue director de voluntariado y director social de la organización TECHO en El Salvador y actualmente es director de país de la organización Contextos.

Gerardo Calderón, 22 sept. 2015 / EL FARO

Los fantasmas de la censura y la represión siguen encantando a la clase política y la élite económica de El Salvador. Les incomoda tanto enfrentarse con los que no comparten sus lecturas de la realidad que prefieren callarlos y deshacerse de ellos. Los dos grupos lo hacen de forma idéntica: actúan como primitivos, usan la violencia y la fuerza para proteger sus privilegios de fabricación de verdades absolutas, sus verdades.

En 2012, el día que un grupo de jóvenes llegamos a colgar zapatos a la Asamblea Legislativa para denunciar el aumento de sueldo de los diputados, un grupo de choque del FMLN disolvió violentamente nuestra protesta. La Policía presenció este ataque pero decidió solo observar. Luego el secretario general del Frente, Medardo González, salió del Salón Azul a agradecer al sindicato de trabajadores del legislativo que hubiera acabado con la manifestación. Deplorable.

Este capítulo se repitió en la marcha del pasado 5 de septiembre, solo que esta vez no hubo sindicatos violentos y la violencia y censura fueron perpetradas por los mismos participantes de la marcha en contra de tres estudiantes que señalaban a Francisco Flores, Tony Saca y al fiscal Luis Martínez como cómplices de actos de saqueo al Estado. En medio de tirones y empujones, los marchistas destruyeron los carteles de los estudiantes y a ellos los echaron de la manifestación tal cual nosotros fuimos agredidos hace tres años frente a la Asamblea Legislativa.

La única manera de cambiar esta cultura de la censura y represión es no callando. Estos estudiantes no callaron. Es mentira que evitando pronunciarse ante temas que incomodan al poder contribuyamos a mantener un clima armonioso y de unidad. Por el contrario, al callar simplemente renunciamos a nuestra capacidad colectiva de entender y transformar nuestra realidad y damos paso libre a que las verdades manufacturadas en los exclusivos círculos de poder se inserten fácilmente en el sentido común de la sociedad.

La protesta dentro de la protesta que estos tres estudiantes organizaron fue una muestra de resistencia a dar por sentado que la marcha anticorrupción era como se publicitaba: inclusiva, ciudadana y apartidaria. Los estudiantes no callaron, preguntaron: ¿Cómo definen corrupción? ¿Quién es y quién no es corrupto para ustedes? ¿Quiénes están invitados a unírseles?

Estas preguntas y la insistencia con la que protestaron los estudiantes iluminan el camino para desmantelar grandes mitos políticos e históricos que no han permitido a El Salvador iniciar un diálogo honesto de reparación encaminado hacia la construcción de una verdadera democracia. Igual que no cuestionar la idea del gobierno de que cualquier opinión disidente al discurso oficial atenta con la unidad nacional es permitir el regreso del autoritarismo, no cuestionar a la derecha cuando asegura que “se abrirán heridas del pasado” al esclarecer y reconocer las atrocidades cometidas por el oficialismo en la guerra civil es priorizar la protección de los victimarios sobre la dignidad de las víctimas.

Si no nos armamos de coraje para enfrentar estas verdades maquiladas que ocultan dolor y represión, construir los cimientos de una democracia inclusiva será siempre una tarea imposible. ¿Cómo saber entonces si lo estamos haciendo bien? Fácil: cada vez que las élites tradicionales tratan de censurarnos indica que estamos amenazando sus privilegios de manufactura de verdades, que les estamos arrebatando un poco de poder y que, por lo tanto, vamos por buen camino. Y que el siguiente paso es resistir y seguir avanzando.

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De 5 en 5: no atacamos personas, combatimos problemas

Luis Portillo es empresario. Es uno de los miembros fundadores y vocero del movimiento De 5 en 5.

Luis Portillo, 28 sep. 2015 / EL FARO

El pasado 5 de Septiembre nació un nuevo movimiento ciudadano, y con apenas ocho días de existencia sus miembros fuimos victima de todos los ataques posibles para callar nuestra voz. Los ataques fueron y son innumerables, lo cual demuestra el verdadero miedo que infunde la unión ciudadana a algunos sectores de la política nacional.

Estamos en desacuerdo con los argumentos de personas como Gerardo Calderón, que en una columna en este periódico toma un lamentable incidente sucedido edurante la marcha del sábado 5 y se lo atribuye a los miles de ciudadanos que llegaron pacíficamente a expresarse, comparándolos con sindicatos que le agredieron en el pasado. Le decimos a Gerardo: acércate para conocer más sobre el movimiento De 5 en 5; nuestras puertas están abiertas. Y la próxima vez que vayas a la Asamblea a colgar zapatos nos avisas; estaremos hombro a hombro contigo. Por cierto, ¿ya viste el presupuesto 2016 de la Asamblea que aprobaron con 81 votos?

Previo a la marcha del 5 de septiembre, fueron muchos los pronunciamientos en contra y las amenazas que recibimos. Incluso algunos llegaron a insinuar que la marcha sería objeto de atentados. Precisamente eso fue lo que paso. Sin embargo, los atentados fueron menos violentos que lo vaticinado, y más mediáticos.

Con fachada de estudiantes universitarios llegaron unos actores, los cuales se presentaron con mascaras de los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, y del actual fiscal Luis Martínez. Entraron dentro de un grupo pacífico a empujones y con gritos. En sus manos portaban carteles reclamando por la impunidad que a su parecer existe en casos ventilados en los juzgados nacionales y saqueos al Estado, y los agitaban en la cara de los asistentes. Ante esto, una señora que obviamente no esta acostumbrada a experimentar la sátira de tal manera les arrebató y rompió un rotulo. En ese momento intervino la policía y retiró a uno de los actores luego que éste se tirara al suelo entre los asistentes.

Estos hechos son completamente ajenos al movimiento De 5 en 5. Tajantemente nos pronunciamos por la libertad de expresión de todos y condenamos la intolerancia de la señora que rompió el cartel de los actores. La posición del movimiento De 5 en 5 a favor de la libertad de expresión es clara y es lo que precisamente ejercemos. Como movimiento, de hecho, algunos entregamos flores blancas en símbolo de paz a los actores, acercándonos a hablar con ellos mientras otros intentábamos mantener el orden entre los asistentes. A nuestro juicio, los intentos de desacreditar a De 5 en 5 y a los miles de ciudadanos que llegaron a expresarse pacíficamente, y que no participaron del incidente, solo obedecen a la desinformación o a una campaña de desprestigio de sectores que se ven amenazados por una sociedad que se pronuncia en contra de la impunidad en delitos de corrupción y violencia.

Ante la pregunta que algunos hacen: ¿Por qué De 5 en 5 no ataca a funcionarios y exfuncionarios?, respondemos: muchos desean instrumentalizar a los ciudadanos para que el círculo vicioso de la polarización se agudice. Tenemos décadas de ser alimentados por odio y resentimiento por parte de los partidos políticos. Esto ha creado una cultura de división entre hermanos salvadoreños que los corruptos y corruptores utilizan para evitar que busquemos soluciones reales. Uno de los valores que compartimos en el movimiento es el respeto, y lo enunciamos diciendo: “No atacamos personas, combatimos problemas”. Combatimos los sistemas que permiten la corrupción y la impunidad. Nuestra misión es promover que los salvadoreños participen activamente en la erradicación de la impunidad en los delitos de corrupción y en la violencia, guardando un mensaje de unidad y reconciliación nacional.

Las mismas personas que desean ver preso a un expresidente de un partido político de derecha o izquierda deben entender que si no existiera impunidad muy probablemente sus deseos ya se hubieran cumplido. Es por esto que consideramos necesaria una reforma a la manera en que actualmente se elige al Fiscal General de la República y al Presidente de la Corte de Cuentas. Además, queremos hacer ver que nuestro objetivo no es lograr que un caso sea llevado a la Justicia: queremos que todos lo sean. Proponemos la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, de carácter temporal y que tenga como mandato investigar los gobiernos de los últimos 25 años. Esta Comisión es fundamental para acompañar la renovación en la Fiscalía General de República, con apoyo de recursos y experiencias internacionales.

De 5 en 5 es un movimiento de ciudadanos y para ciudadanos. Sabemos que no será fácil llevar un mensaje de tolerancia, unidad y reconciliación a nuestra sociedad polarizada. Seguiremos siendo atacados por personas mal informadas o con intenciones de desprestigiarnos, pero eso no nos hará perder nuestra brújula y objetivos. Estamos seguros de que la inmensa mayoría de la sociedad está cansada de choques entre hermanos y lo que quiere son verdaderas soluciones para erradicar la impunidad. A ellos les decimos: nos vemos el sábado 3 de Octubre en la Plaza El Salvador del Mundo, a las 4 p.m. Dios, unión, libertad

Fiscalía acusa de lavar $10 millones a pareja vinculada a Enrique Rais

La Fiscalía General de la República ha enviado a juicio, por lavado de dinero, a una pareja que suma otras tres demandas judiciales impulsadas por el empresario Enrique Rais, el hombre en cuyos aviones viaja el fiscal general Luis Martínez. Claudia Herrera estará en prisión mientras la Fiscalía la investiga a ella y a su esposo, Mario Calderón, por lavado de dinero. Calderón guarda prisión preventiva acusado de extorsionar Rais.

Nelson Rauda Zablah, 24 sept. 2015 / EL FARO

Claudia María Herrera Díaz ya había notado, dos semanas antes de que la capturaran, que las autoridades andaban tras su pista. Cuenta que le avisaron en correos electrónicos a su abogado, René Medrano, que ella pronto estaría presa y que su esposo también estaría involucrado. Cree que su teléfono estaba intervenido por silencios y ecos que escuchó en las llamadas, en ese mismo periodo. Tuvo un careo, dice a El Faro, con dos personas que la estaban siguiendo en un supermercado. Estaba en el pasillo de frutas y verduras cuando se dio cuenta que la observaban. Continuó hasta el lado de productos congelados y entonces enfrentó a sus perseguidores. Según ella, les preguntó por qué la seguían y le contestaron que «andaban con una misión”. Herrera no terminó de hacer sus compras ese día. “Me puse nerviosa y ahí dejé todo”, dice Herrera, esposada, sentada en una silla plástica afuera del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador. Claudia María Herrera se siente perseguida. Ella cuenta que carros con placas nacionales se parqueaban frente a su casa. «Lo denuncié pero nunca tuve una respuesta del (sistema de emergencias) 911», dice.

El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra el abogado Mario Calderón y su esposa Claudia María Herrera, acusados de lavado de dinero hasta por diez millones de dólares.

La capturaron el pasado viernes 18 de septiembre, cerca del Bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Herrera enfrentó el 23 de septiembre su tercera audiencia inicial como imputada en en el último año y medio. Este jueves, 24 de septiembre, el juez Romeo Aurora Giammattei ordena que siga detenida, mientras las fiscales Marta René Guevara Melara y Rosario Cruz la investigan por lavado de dinero y activos. El esposo de Herrera es un abogado llamado Mario Calderón. En el último año y medio, lapso que coincide con el rompimiento de Calderón con uno de sus socios, él también ha enfrentado igual número de procesos y actualmente está en prisión preventiva, acusado de intento de extorsión. Los Calderón están en el centro de un huracán judicial que la Fiscalía General de la República (FGR) dirigida por Luis Martínez promueve contra la pareja. Siete procesos en su contra, tres de los cuales son impulsados por el exsocio de Calderón: Enrique Rais, el empresario en cuyos aviones viaja el Fiscal General.

En la sala de la audiencia inicial están los policías, los empleados del juzgado, las dos fiscales, los dos defensores, la imputada, una empleada de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia , un periodista de El Faro y Cristian Tobar, delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Cuando el juez menciona la presencia de la PDDH, ambas fiscales miran por encima de su hombro. El 20 de julio de este año, la PDDH pidió a la Fiscalía que garantide el respeto a los derechos humanos de Calderón y su esposa, y además, que investigue «los actos de persecución y hostigamiento a la seguridad personal» de los Calderón y su familia. El procurador David Morales también pidió informes al Fiscal General sobre «las constantes detenciones promovidas por parte de la Fiscalía General de la República en contra de los Calderón por supuestos señalamientos infundados».

La FGR sostiene que los Calderón movilizaron aproximadamente $10 millones en el sistema financiero. En el centro del caso que ha construido la Fiscalía están dos informes de inteligencia financiera que se realizaron de oficio, es decir, sin denuncia previa, por iniciativa fiscal. El primero, con fecha del 25 de junio de este año, concluye que “no existe compenetración en el perfil transaccional” de Herrera y Calderón con algunos de sus últimos movimientos financieros. De acuerdo con la fiscal Guevara, ese informe habla de operaciones no cubiertas con las declaraciones en el Ministerio de Hacienda. De hecho, señala un faltante de $497,097.85 en el periodo 2005-2013, una cifra que se extrae del contraste entre las cantidades en cuentas de ahorro de Mario Calderón con las declaraciones a Hacienda de esos mismos años. «Esa primera falta es calificada como un delito precedente: evasión de impuestos como delito generador de lavado de dinero», dice la fiscal Guevara al juez Giammattei.

Ese informe fue ampliado el 14 de septiembre, y el documento establece -según la Fiscalía- que Herrera amplió su patrimonio en un 1,183%, y que registró movimientos bancarios de $3.5 millones. Además, la Fiscalía le encontró a Herrera 76 préstamos del Banco Hipotecario, y expuso en la audiencia siete ejemplos de pagos anticipados, de entre 4 a 19 años antes de que se venciera el plazo del préstamo. Según la fiscal Guevara, eso «constituye una metodología para el blanqueo de capitales». La Fiscalía también sugiere que algunas de las empresas de Herrera, como Clavasa S.A. de C.V., no reportaron ingresos en sus balances financieros, pero sí reportaron compras. El juez Giammattei opina al respecto, dice que es «ilógico que una sociedad compre sin tener ingresos». La falta de justificación de esas transacciones forma un comportamiento atípico, de acuerdo con las fiscales.

Uno de los abogados de la pareja, René Medrano, toma la palabra. El argumenta que el crecimiento inusual en el patrimonio de Herrera -entre 2005 a 2013- se debe a una aceptación de herencia ocurrido en 2009 y que la Fiscalía nunca mencionó. «Me cuesta entender cómo la FGR no logra entender el motivo, razón o la circunstancia de ese incremento.  En 2009, fallece Rodrigo Herrera, caficultor. Ella (Claudia Herrera) se convierte en heredera testamentaria universal y presenta el documento de la aceptación de herencia. Los salvadoreños no soñamos con heredar lo que ella heredó. Se trata de 10 inmuebles en la zona de San Salvador y Ahuachapán, que constituyen 500 manzanas de tierra, que son fincas de café. De ser la hija de un millonario pasa a convertirse en millonaria», alega Medrano.

En la audiencia, el abogado presenta constancias anuales de ventas de café de Herrera y asegura que ese era el origen de los bienes. También adjunta documentos para probar salarios por casi $2 millones de Calderón, percibidos en el periodo de la investigación. El juez Giammattei previene que los alegantos son insuficientes, que se ha intentado justificar ciertos montos, pero no la totalidad de los fondos de los que duda la Fiscalía.

No le basta al juez Giammattei las otras explicaciones del abogado Medrano sobre la cancelación anticipada de préstamos a largo plazo de su cliente. Según Medrano «se trata de créditos del Banco Hipotecario para producir café: préstamos de avío», o de habilitación, que se usan para costear los materiales y la mano de obra necesaria para producir café. «Cuando alguien no puede pagar, el banco no ejecuta las hipotecas, sino que las refinancía. Esa es la forma en qué trabajan los caficultores del país», argumenta Medrano. El litigante insiste que los pagos anticipados eran producto de refinanciamientos y dice que a Herrera no le quedaba ni el 20% de ganancia de la cosecha, aunque esa afirmación no ayudó a explicar la cantidad de bienes encontrados a la acusada.

Seis días antes de esta audiencia, en el allanamiento a la casa de Herrera, policías y fiscales decomisaron un vehículo Mercedes Benz, una camioneta en la que se encontraron rastros de heroína, ocho armas de fuego -aunque la defensa dice que fueron seis- con sus respectivos registros, entre 12 y 14 pinturas, aunque la defensa ironizó que no se trataba de obras de Salvador Dalí ni de Leonardo Da Vinci.

El otro defensor de Herrera, Óscar Genovés, dice al juez que, en los casos de lavado de dinero, es un requisito indispensable que se pruebe el origen ilícito de los fondos. Esta es la parte que más le cuesta a la Fiscalía en este caso. «No estamos acusando de una actividad en concreto, sino que se deducen los indicios a través de la falta de justificación y de las mismas declaraciones de los acusados al Ministerio de Hacienda, en la que existe un desfase entre las cantidades que reportan y las que movilizan en el sistema financiero», contesta la fiscal Guevara. En otras palabras, la Fiscalía asume que el dinero tiene un origen ilegal por la incapacidad de Herrera y de Calderón de comprobar sus actividades lícitas.

En otro juzgado, en el occidente del país, Clauda María Herrera Díaz está procesada por el uso de una licencia de conducir aparentemente falsificada. Además, está a la espera de un juicio en el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador por amenazas con agravación especial: su guardaespaldas y un guardaespaldas de Enrique Rais se enfrascaron en una discusión, en la que blandieron sus armas de  fuego, en el Bulevar del Hipódromo de San Salvador.

El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra el abogado Mario Calderón y su esposa Claudia María Herrera, acusados de lavado de dinero hasta por diez millones de dólares.

El esposo de Claudia María, Mario Calderón, el exsocio de Enrique Rais, ya fue condenado a trabajos de utilidad pública por el delito de supresión y ocultación de documentos verdaderos, en el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador. Los documentos eran dos hojas de protocolo que reclamaba una abogada del grupo Rais. Esa condena está actualmente en proceso de casación, es decir, que el abogado Medrano ha presentado un recurso para intentar anular el resultado del juicio. Calderón también está acusado de falsedad documental agravada en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador. Según su defensor, un perito en ese caso no pudo determinar que la firma del documento en cuestión sea del acusado.

En la audiencia por lavado de dinero contra la pareja, Medrano confunde casos y acusa a la Fiscalía -aunque después se retracta- de «estarse escondiendo en ese caso» de falsedad documental. Según Medrano la audiencia preliminar no se ha realizado porque los fiscales no se presentan. El delito por el que Mario Calderón está detenido en el centro penal de Metapán es extorsión tentada. La víctima de ese caso es Enrique Rais, presidente de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), donde Calderón trabajó cinco años.

Rais es parte afectada en tres de los siete procesos en que los Calderón están acusados. En su denuncia a la PDDH, Calderón denunció que «las acciones de persecución comenzaron cuando cesó su relación de trabajo con el grupo Rais».

En la audiencia por lavado de dinero contra la pareja, Claudia María Herrera Díaz lanza un mensaje cifrado: “No entiendo porque tanto quieren hacer daño. Son cosas heredadas, no ilícitas. Si Fiscalía -o la parte que nos acusa, no sé quién- tanto quiere, que se queden con mis cosas. Quiero a mis hijos”.

Cuestionada administración en CEPA desde junio de 2014

Contrataciones de familiares de funcionarios públicos y de personal con hojas de vida sin idoneidad para los cargos, aparte de varias decenas de despidos y casos de dobles cargos han sido denunciados por trabajadores.

Ampliación. La modernización del aeropuerto Óscar Arnulfo Romero y Galdámez registra retraso. Es una incógnita si se debe a los cambios de gerencias e idoneidad del nuevo personal.

Fernando Romero/Rosa María Pastrán, 29 sept. 2015 / LPG

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) es la institución que administra los aeropuertos Óscar Arnulfo Romero y de Ilopango, los puertos de Acajutla y La Unión, y los Ferrocarriles Nacionales de El Salvador. Desde junio de 2014, con la asunción del segundo gobierno del FMLN, CEPA sufrió un relevo de sus autoridades, que empezaron a su vez a efectuar modificaciones en la administración de la autónoma, específicamente en el área de altos cargos como las gerencias y las direcciones, así como se dio la creación de plazas dirigenciales que incluso no se encuentran contempladas en las leyes nacionales.

Estos cambios administrativos, que estuvieron acompañados por los despidos de varias decenas de empleados, provocaron que a la gestión del nuevo presidente de esta autónoma, Nelson Vanegas, la cuestionaran desde el sector de los trabajadores, ya que le señalaron que las nuevas contrataciones no necesariamente cumplían con los perfiles, que había más afinidad política por sobre lo técnico y que había una creación de plazas consideradas innecesarias.

En los primeros meses de la administración de Vanegas se destituyó a gerentes y directores. El primer caso reportado fue el de la gerencia general, cargo que desempeñaba Salvador Villalobos, quien fue sustituido por Emérito Velásquez, relacionado con Transportes Velmont, S. A. de C. V., y conocido de Vanegas por coincidir en eventos de Alba Petróleos de El Salvador años atrás, cuando el actual presidente de CEPA era el dirigente de la Asociación Salvadoreña de Empresarios del Transporte de Carga (ASETCA).

En la gerencia legal de CEPA se contrató a Cristóbal Cuéllar Alas, luego del despido de Carlos Molina. Neftalí Ramírez fue contratado tras el despido de la gerente Yicsi Rodríguez, quien se hacía cargo de los aeropuertos Óscar Arnulfo Romero y de Ilopango. También hubo cambios en las gerencias de puertos marítimos, de ferrocarriles e ingeniería, entre otros.

Vanegas llevó a cabo la modificación y creación de al menos dos plazas. En el caso de recursos humanos, en CEPA había una jefatura que luego, desde la nueva administración, pasó a ser una gerencia, a cargo de Josué Nathan Ramos Ruiz. Y fue creada una gerencia de planificación, ocupada por Ana Elena Escalante.

Asimismo, y aunque la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece que las unidades de adquisiciones y contrataciones institucionales (UACI) solo tienen una jefatura, la administración de Vanegas creó una subjefatura de UACI y se contrató a Xiomara Veralise Marroquín Rivera para el cargo.

También hubo modificaciones en la gerencia de seguridad de CEPA y se contrató a José Armando Echeverría Inglés, quien fue en el pasado jefe del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Ana. Para la gerencia de ingeniería llegó Juan Antonio Alarcia y el gerente general, Emérito Velásquez, se hizo cargo de forma provisional del puerto de La Unión, que en su momento gerenció Milton Lacayo.

Hubo nombramientos para las operaciones del aeropuerto, así como en la jefatura de mantenimiento, designación que fue observada por la Autoridad de Aviación Civil (AAC), ya que esta persona no llena el perfil necesario para ese cargo. Igual situación se dio con la coordinación de seguridad del aeropuerto, una plaza que le fue otorgada en un primer momento a una persona que, según fuentes de los trabajadores de CEPA, era una modelo de ropas. En la actualidad, esa persona ya no labora para la institución.

En resumen, la administración de CEPA con Nelson Vanegas como presidente de la junta directiva de la autónoma ha realizado 46 despidos o cesaciones de contrato y en el último año cuenta con un total de 89 nuevas contrataciones, según fuentes cercanas a la directiva de CEPA.

Los cuestionamientos

De los nuevos nombramientos en CEPA, los que han sido más cuestionados por los trabajadores son los relacionados con el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero. Joaquín Campos es secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Aeroportuaria, Similares y Conexos de El Salvador (SITIASYCDES) y asegura que la nueva administración de CEPA ha llevado a cabo la apertura de plazas que no existían, como en el caso de una subgerencia para el tema aeroportuario, cargo para el que fue contratada una persona que, también como en el caso de la plaza de coordinadora de seguridad, dejó su puesto meses atrás tras sus contrataciones en 2014.

“Nunca ha existido la plaza de subgerencia –citó Campos por poner un ejemplo–. Vemos que se ha perdido la brújula porque no hay una coordinación en el trabajo. Allí nadie sabe quién manda, y sobre todo hay un nivel de estrés laboral porque no saben (los trabajadores) en qué momento pueden ser despedidos para poder ellos traer a su gente”, dijo el dirigente sindical. Campos dejó ver en sus declaraciones por lo menos tres situaciones en CEPA: descoordinación, inestabilidad laboral y falta de meritocracia.

Vanegas, en su defensa, por lo menos en el caso de la creación de la subgerencia del aeropuerto, alegó: “Consideramos definir algunas funciones porque al gerente le era difícil atender todo. Consideramos que era mejor dividir todo el tema aeronáutico y la otra persona más empeñada en lo administrativo”.

El presidente de CEPA rechazó que exista duplicidad de las órdenes administrativas y descoordinación. “En lo absoluto, mi relación directa es con los gerentes”, dijo Vanegas. Meses atrás, al consultar al funcionario por las numerosas modificaciones en CEPA, indicó: “Estamos igual que todas las instituciones que están siendo reestructuradas, revisando cómo poder fortalecer la institución. Yo creo que esto (reestructuración) lo están haciendo todas las instituciones de Gobierno, e igualmente en la empresa privada también se realiza y hay momentos en que hay que revisar”.

Pero la reestructuración de CEPA no solo ha sido cuestionada, como lo expresó el dirigente sindical, por una falta de coordinación, también por la falta de meritocracia para las contrataciones.

Algunos hallazgos

La AAC, que es la reguladora del sector aviación y de CEPA en cuanto al manejo de los aeropuertos, hizo señalamientos directos sobre la contratación del nuevo jefe de mantenimiento del aeropuerto Óscar Arnulfo Romero, quien no reunía los requisitos del perfil para el cargo.

Ante la observación que se le hizo a CEPA, la decisión no fue hacer la sustitución para que un profesional con el perfil adecuado ocupara el puesto, sino que se envió al jefe de mantenimiento a recibir un plan de capacitación por un año.

A pesar de ello, el presidente de la AAC, René López, explicó en su momento que las especialidades que el perfil para el cargo exige no existen en ninguna universidad de El Salvador, por lo que se hacen esas capacitaciones para cumplir con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En otro caso, Ramos Ruiz, el gerente de recursos humanos de CEPA, también desempeña el cargo de gobernador suplente de La Libertad por parte del Ministerio de Gobernación.

En un comunicado, el ministerio aclaró que el cargo de Ramos Ruiz como gobernador suplente de La Libertad es ad honórem, por lo que se descarta un caso de doble salario en la función pública. Sin embargo, los dos cargos tienen tareas específicas que exigen permanencia en los puestos.

El gerente de ingeniería de CEPA, Juan Antonio Alarcia, tiene a su cargo la dirección y supervisión de todas las obras de infraestructura de los puertos, de los aeropuertos y el ferrocarril. Alarcia, según la hoja de evaluación de aspirantes que llenó para acceder al cargo y cuya copia certificada tiene en su poder LA PRENSA GRÁFICA, es un ingeniero agroindustrial que tiene experiencia en un proyecto de reingeniería de una planta industrial de alimentos precocidos.

Y también familiares

En CEPA también trabajan familiares de funcionarios del Gabinete de Gobierno del presidente Sánchez Cerén. Un caso es el de Willian García Rodríguez, abogado de la gerencia legal, quien es familiar del viceministro de Transporte, Nelson García.

Asimismo, Antonio Hasbún, familiar del secretario de Gobernabilidad de la Presidencia de la República, Franzi Hasbún, es el jefe de mantenimiento de Ferrocarriles Nacionales de El Salvador.

A pesar de las consultas para estos funcionarios a través de sus respectivas oficinas de comunicación y prensa desde hace meses, no se ha logrado tener su versión sobre estos casos.