AFP: propuesta deja sin fondos al sistema privado de pensiones

ASAFONDOS teme que la reforma al sistema de pensiones se trate de una nacionalización encubierta, puesto que dejaría a las AFP con pocos fondos para hacer frente al pago de pensiones.

LPG20150930 - La Prensa Gráfica - PORTADA - pag 9

Mariana Belloso, 30 sept. 2015 / LPG
La propuesta de reforma del sistema de pensiones que prepara el Gobierno aún no se hace pública, pero ya ha levantado preocupaciones entre diferentes sectores, organismos no gubernamentales y centros de análisis.

Para la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), uno de los principales problemas de la propuesta es que busca sacar fondos del sistema privado para llevarlos, de nuevo, a un sistema público, que en el pasado ha probado no ser sostenible.

Las AFP manejan actualmente unos $8,500 millones, que son la sumatoria del dinero que 1.8 millones de salvadoreños han cotizado en cuentas individuales como ahorro para su futura jubilación.

René Novellino, director ejecutivo de ASAFONDOS, dijo que el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo presentaciones sobre su propuesta, en la que todos los salvadoreños que ganen menos de dos salarios mínimos, es decir, $484 mensuales, deberán pasar a un esquema público de pensiones que se crearía a partir de la reforma.

Cerca de dos terceras partes de los trabajadores del país caen en ese rango salarial. Para pasar al sistema público, las AFP deberán trasladar al Gobierno el dinero que estos trabajadores han cotizado durante el tiempo que el Sistema de Ahorro Previsional (SAP) lleva funcionando. De 1998 a la fecha, son 17 años de cotización.

“Se pasarían unos $4,000 millones al Fondo de Obligaciones Previsionales, pero como nosotros no tenemos el dinero líquido, sino que lo tenemos invertido, la última presentación que ha hecho Hacienda deja abierta la posibilidad de que se les trasladen Certificados de Inversión Previsional (CIP) y otros instrumentos transables”, explicó Novellino.

El Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) fue creado en 2006, durante la administración de Antonio Saca, para ser un instrumento financiero para el pago de pensiones. El dinero del FOP se obtiene de la venta de los CIP, que son unos instrumentos que pagan una tasa de interés muy baja, actualmente cercana al 1.1 % anual.

Las AFP están obligadas por ley a comprar estos CIP, y hoy por hoy un 56 % de los ahorros para pensión de los salvadoreños está invertido en estos papeles, ganando una rentabilidad muy baja. Una rentabilidad baja implica que el dinero que se ahorra no crece, y al no crecer suficiente, significará pensiones bajas en un futuro.

En pensiones se habla de la “tasa de reemplazo”, que es el monto de pensión al que se aspira, y es el porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años. Con las condiciones actuales de baja rentabilidad, ASAFONDOS calcula que la tasa de reemplazo para los futuros pensionados será de apenas el 30 %: recibirán como pensión menos de un tercio de su salario promedio de los últimos 10 años.

A las AFP les quedarán $4,500 millones invertidos mayormente en CIP, lo cual les dificultará aún más el manejo de los fondos. Los CIP ganan un interés muy bajo y producen poca rentabilidad. “Llegará el momento en el que tengamos que empezar a vender los títulos que sí nos generan rentabilidad, porque tenemos la obligación de pagar la pensión a los jubilados que ya tenemos”, agregó. Sería una privatización encubierta, al deteriorar el sistema privado.

“Es posible que cuando la gente vea que las AFP comienzan a tener estos problemas decidan pasarse al sistema público, sería prácticamente una renacionalización”, advirtió.

Movimientos

Si se aprueba la propuesta tal y como se ha planteado, las AFP pasarían estos $4,000 millones en ahorros de los trabajadores al FOP. Novellino dice que Hacienda prevé que sean $2,000 millones en CIP y $2,000 millones en otros instrumentos que sí devengan mejores tasas de interés, de alrededor del 7 % anual.

“Esto significa que el Gobierno estará recibiendo en el corto plazo estos flujos, pero a cambio de una obligación futura de pagar las pensiones”, señaló Novellino.

El problema verdadero, agrega, es que este dinero no se guardará para pagar las pensiones futuras, sino que se usará para pagar las pensiones pasadas. La llamada deuda de pensiones requiere unos $460 millones anuales para pagarles a los jubilados del ISSS y del INPEP que cotizaron al antiguo sistema de reparto.

Como el dinero del sistema antiguo se agotó en 2001, la obligación del pago de estas pensiones pasó al Estado.

“El Estado va a recibir los flujos de los ahorros para pensiones de esta gente, pero no los usará para las pensiones futuras, sino para las pasadas, entonces no habrá dinero que respalde el pago de las pensiones a futuro. Las respaldará una ley, pero no dinero”, insistió Novellino.

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