Interpartidaria

La Interpartidaria… De Luis Mario Rodríguez

Los partidos engañaron de nuevo a sus votantes. Durante el pasado mes de agosto, en Concepción de Ataco, las distintas fuerzas políticas suscribieron un “acuerdo interpartidario” en el que se comprometían a dialogar sobre “la seguridad ciudadana, el crecimiento económico con inclusión, las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional, la salud y la educación”.

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, 8 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyEn ese mismo documento, los presidentes y secretarios generales de los partidos ARENA, FMLN, GANA, PDC y PCN asumieron el reto de “buscar los recursos para el financiamiento de las medidas y recomendaciones incluidas en el Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia”. El arreglo no duró ni siquiera dos meses. En comparación con el “Acuerdo Nacional del Perú”, el “Pacto de la Moncloa”, el “Pacto de Punto Fijo” y el consenso entre la izquierda y la derecha chilena, el del caso salvadoreño apenas es una caricatura que los políticos manipulan a su antojo para sosegar a una ciudadanía alterada por las graves limitaciones de las libertades y los derechos fundamentales que sufre en la actualidad.

La participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización de los Estados Americanos hacía suponer que la “interpartidaria” representaba un esfuerzo serio de concertación política. Por supuesto que ni el PNUD ni la OEA son responsables del incumplimiento de los partidos. En el pasado estos organismos internacionales han respaldado esfuerzos similares que produjeron documentos muy concretos cuya implementación quedó totalmente en el olvido. Basta señalar el plan de seguridad y las recomendaciones de la conocida como “comisión anticrisis”, ambos esfuerzos durante la administración Saca, en los que Naciones Unidas prestó sus buenos oficios como secretaría ejecutiva, para comprobar que la finalidad última de este tipo de iniciativas no ha sido otra que la de confundir a la gente haciéndole creer que se ha retomado la ruta de los consensos nacionales, cuando en realidad se trata de un ardid político.

De la “interpartidaria” se esperaba un resultado más efectivo. La aspiración de algunos era que este impulso dialogante desembocara en una solución integral al problema del endeudamiento público, en la identificación de recursos para enfrentar la inseguridad pública, en la aprobación de medidas concretas para mejorar la competitividad y para facilitar el inicio de nuevos negocios, en la aprobación de una nueva ley de probidad y en planes concretos que transformaran los ámbitos de la salud y de la educación en verdaderas políticas de Estado.

Los hechos nos están mostrando una realidad completamente diferente. Se aprobó un paquete de impuestos sin mayor discusión y sin la unanimidad que ofrecieron buscar los partidos en el pacto de Ataco, se amenazó de nuevo con penalizar la crítica periodística, se están preparando nuevos tributos y se ignoró por completo el trabajo de la comisión financiera del Consejo de Seguridad. Por cierto quienes coordinan esta última instancia olvidaron a su vez consultar la opinión de los miembros de dicho comité sobre la solicitud presidencial que pidió gravar los servicios de telefonía y las utilidades de las empresas.

Ciertamente han pasado apenas dos meses desde la firma de la “declaración conjunta”. Sin embargo el comportamiento de los institutos políticos no muestra señales alentadoras acerca de su ejecución inmediata. Por el contrario, los liderazgos partidarios continúan crispando el ambiente y nublando la posibilidad de identificar el “punto de encuentro” que podría enrumbar los destinos de la nación. El Banco Mundial advirtió esta semana en el “diagnóstico sistemático de país” lo que por años hemos identificado los actores nacionales como uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional: “que los altos índices de polarización política y la desconfianza limitan el alcance de consensos sobre soluciones a grandes problemas como el crimen y violencia, desequilibrios fiscales o medidas que estimulen el crecimiento económico”.

Las pretensiones de Ataco fueron innovadoras. Además de fortalecer las áreas señaladas al inicio de esta columna, los participantes ofrecieron conformar un comité interpartidario para “facilitar la creación de un marco legal específico” relativo a la prevención del delito y a la readaptación, reinserción y rehabilitación de los pandilleros. También expresaron su interés por estudiar la creación de un “Instituto de criminalística e investigación científica del delito” y del “sistema informático interinstitucional de información y comunicación integrada en el ámbito de justicia y seguridad pública”, lo mismo que la posibilidad de establecer la figura de los “jueces sin rostro”.

Hasta el día de hoy han muerto 5,608 personas en El Salvador. La proyección es que cerremos con más de 6,000 homicidios durante 2015 y que, debido a estos datos, se nos considere como el lugar más violento del mundo. ¿No son suficientes estas escalofriantes cifras para retomar el esfuerzo de la interpartidaria y sacarlo adelante?

Piden reducir en 5% el gasto estatal de 2016 para la seguridad

ARENA asegura que al bajar el gasto, al año se recaudarían más de $200 millones para el combate a la criminalidad.

Reunión de la Interpartidaria, 28 de septiembre 2015

Reunión de la Interpartidaria, 28 de septiembre 2015

, 29 sept. 2015 / EDH

Bajar en un 5% el Presupuesto General de la Nación del próximo año, los gastos en viajes y otros rubros de todos los funcionarios públicos, son dos de las alternativas que, a juicio del principal partido de oposición y de los empresarios, el Gobierno debería instaurar, en vez de plantear el cobro de más impuestos como el del 10 % a los usuarios de todos los servicios de telefonía e internet planteado por el gobierno.

EDH20150929EN_003PLa diputada de ARENA, Milena de Escalón, así como el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, afirman que si el Gobierno se apretara el cincho reduciendo el gasto público para 2016 lograría recoger más de $200 millones al año que podrían servir para combatir la inseguridad que agobia a la población.

“Serían $230 millones (la reducción para seguridad) es algo posible de hacer, ayudaría a la economía, mandaría un buen mensaje en vez de poner más impuestos”, reflexionó Cardenal. (Ver más detalles en nota aparte).

Ante la moción del Gobierno presentada a la Asamblea Legislativa recientemente, de colocar un tributo del 10 % a todos los usuarios de los servicios de telefonía, internet y cable, sin distinción de ingresos económicos, ARENA,  PCN, PDC y GANA han diseñado diferentes estrategias para hacer llegar fondos al Estado a fin de impulsar planes contra la delincuencia.

Algunas de ellas cuentan con el respaldo de dos o más partidos, sin embargo, la de gravar a los usuarios de las telefónicas no es compartida por los institutos políticos.

El secretario general del FMLN, Medardo González, informó ayer en la entrevista Frente a Frente, que también están pensando en gravar con impuesto a las empresas y personas naturales que obtienen ganancias arriba de $500 mil al año (una propuesta que GANA también presentó la semana pasada), así como encarcelar a los evasores y elusores del fisco, aún cuando éstos hayan pagado sus impuestos.

“Tenemos que buscar opciones para que la seguridad cuente con recursos permanentes, hay una base de grandes contribuyentes que aún no están aportando lo que les corresponde, aunque esto implique descartar por el momento el impuesto a los bienes suntuarios por la complejidad que representa”, acotó.

Pero ARENA insiste en que el Gobierno no ha sido austero y que cuenta con fondos de varios préstamos, a razón de $183 millones desde 2013 que no ha ejecutado y que tienen como destino planes de prevención de la violencia y obras en las cárceles para evitar el hacinamiento.

Por esta razón es que según De Escalón, el Gobierno tiene otras opciones antes que “castigar” a la población más pobre que usa un celular.

Al respecto, la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2013, revela que los segmentos pobres y en pobreza extrema representan el 40% de la población, por lo que serían los más afectados en sus bolsillos con el nuevo impuesto.

“Ya se dieron suficientes impuestos, creemos que es conveniente mejor la austeridad, yo le propondría al Gobierno: revisemos, quitémonos los viajes todos los Órganos del Estado, y yo le aseguro que ya tendrían $100 millones que ya podrían empezar (a usar en seguridad)”, afirmó.

De Escalón agrega que conociendo que el Gobierno del FMLN no ha sabido destinar los fondos del Estado para lo que realmente dice, es que se debe recortar inicialmente con el 5 % el presupuesto del país previsto para 2016.

El plan de gastos para el próximo año deberá ser presentado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a la Asamblea, a más tardar mañana.

Según De Escalón, si se tomara en consideración su propuesta de recortar con el 5 % el presupuesto del próximo año, esto equivaldría a ahorrarse el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Nación, que sumaría casi $200 millones que se podrían utilizar para seguridad.

Screen Shot 2015-09-29 at 2.15.29 PMLa diputada tricolor sugiere que esa reducción se haga anualmente y no de una sola vez como lo pretende hacer el Ejecutivo, ya que según el Consejo de Seguridad Pública se necesitarían $2,100 millones para el combate de la criminalidad en un plazo de cinco años, pero De Escalón propone que se haga anual.

“Lo que tienen que hacer es una sinceración: ¿cuánto necesitás? ‘$2,500 millones pero en cinco años’, pero no estarás en cinco años, ¿por qué no decimos?: ‘en este 2016 yo necesito esto’, pero específico, nosotros no le pensamos dar ningún cheque en blanco al Gobierno, porque se lo gasta en otra cosa y no en lo que debe de ser”, cuestionó.

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Subraya que al aplicar lo anterior sí se lograría obtener el  dinero que se necesita; pero según González, eso no alcanzaría si no se toman en cuenta otras medidas como gravar a los grandes empresarios.

De Escalón aseveró ayer en la Comisión de Hacienda que son pocas las personas y empresas que obtienen esas utilidades, y de hecho, la presidenta de la Comisión, Lorena Peña, del FMLN, dijo que son cerca de ocho mil.

Screen Shot 2015-09-29 at 2.15.40 PMLa propuesta de ARENA sería llevada hoy al Consejo de Seguridad Pública, que ayer también se reunió en Casa Presidencial para estudiar el anteproyecto de Ley de Reinserción de Pandillas, algo que está contemplado en el plan “El Salvador Seguro”.

 En la sesión no se abordaron las propuestas de nuevos impuestos. Rodolfo Parker, del PDC, dijo que estas se discutirán hoy en la interpartidaria.

“Los partidos coincidimos en que es necesario contar con más recursos pero tenemos que ampliar la discusión en el Consejo, hay que revisar los planteamientos de cada partido y buscar no castigar a la población con más impuestos”, dijo Parker.

Las cruces del Redondel Sandino…. De Luis Mario Rodríguez

A dos días del acuerdo de la “interpartidaria”, suscrito en Concepción de Ataco, un grupo ciudadano reivindicó la instalación de varias decenas de cruces en el Redondel Sandino. Previamente un periódico de circulación nacional dedicó su portada al luto que viven los salvadoreños. Más impresionantes aún fueron las cuatro páginas de este rotativo, en su edición del pasado miércoles, con los nombres de gran parte de las más de novecientas víctimas de la violencia durante el mes de agosto, muchas de ellas menores de edad. 

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, 6 sept. 2015 / EDH

Los dos acontecimientos representan actos políticos de gran envergadura. Si bien los consensos de Ataco, en palabras del presidente del COENA, no significan un aval de la principal fuerza de oposición al rumbo del país, sí enarbolan la bandera de la unidad en el combate a la inseguridad. Los partidos políticos, aunque tarde y presionados por las estadísticas de homicidios, reaccionaron finalmente a la escalada de violencia que ha venido en aumento en los últimos meses. Los resultados de este esfuerzo deben ser reconocidos y al mismo tiempo estrictamente auditados por diferentes organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario no pasará de un simple acto propagandístico, cuyo registro tendrá que activarse en la memoria de los votantes durante las elecciones legislativas y municipales de 2018 y en las presidenciales de 2019.

La contribución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el cumplimiento de la “declaratoria conjunta” será fundamental. Su cometido es el de avenir a las partes para que perseveren en la actitud concertadora que demostraron el pasado fin de semana, la concreticen con tareas y obras efectivas y de alto impacto y la trasladen a otros aspectos que también requieren de atención, diálogo y consensos urgentes.

Por otra parte, la instalación de cruces en el Redondel Sandino es otro hecho sin precedentes, lo mismo que las dedicatorias de los periódicos, porque destacan el sufrimiento de miles de familias y dotan de identidad a los números fríos que nos indican la cantidad de asesinatos a los que nos enfrentamos diariamente, sin descanso alguno. Después de varios quinquenios con una abultada tasa de homicidios, por primera ocasión algunos ciudadanos, aunque todavía en el anonimato, se atreven a alzar la voz para exigir un alto a la recurrente violación del derecho a la vida. No se trata de un episodio de desestabilización sino más bien de un grito desesperado de auxilio. No se limitan a señalar con el dedo acusador a los encargados de la seguridad y a los partidos políticos sino que asumen su propia responsabilidad como parte de esa ciudadanía insensible a la que ya no le sorprenden los crímenes más atroces.

Los periódicos por su parte, a los que el gobierno continúa llamando para que realicen un “enfoque más responsable” de los hechos de violencia, se limitan a trasladar los datos publicados por Medicina Legal y por la Policía Nacional Civil. Interpretar que las protestas sociales en contra de la inseguridad y la cobertura de los medios en este ámbito persiguen una agenda política, no es serio ni abona al espíritu dialogante que los partidos parecen haber reencontrado en tierras occidentales. Ciertamente los delincuentes, sobre todo aquellos que viven de la extorsión, se benefician de la publicidad que reciben sus deplorables acciones, principalmente cuando se trata de víctimas que encontraron la muerte por no acceder a la entrega del dinero. Por esa razón, sin esconder los incidentes violentos de cada día, también es importante que se destaquen en primeras planas las condenas que reciben los que cometen estas fechorías, la voluntad decidida de los policías por capturarlos, además de aquellas historias en las que de manera exitosa ha sido posible la rehabilitación y la reinserción de expandilleros y las de las empresas que les han extendido la mano, en todos los casos protegiendo la identidad de los protagonistas.

Los convenios partidarios y las reivindicaciones ciudadanas son dos caras de una misma moneda. Aquellos representan la envoltura en la que deberían encajar perfectamente estos últimos. Al final de cuentas las fuerzas políticas no son más que expresiones de la voluntad popular que están obligados a responder a las exigencias de la colectividad. Cuando la sociedad desaprueba el comportamiento de los políticos y reclama públicamente una actuación diferente no lo hace con la intención de romper violentamente con el poder establecido. Su único interés es que atiendan y resuelvan los problemas que aquejan a las mayorías. Ese es precisamente el significado de las cruces del Redondel Sandino y no otro. Son símbolos de la tragedia que vivimos, pero también, y sobre todo, son el signo de la redención que llena de esperanza a todos los seres humanos.

ARENA pide Cicies contra la corrupción; FMLN dice no tiene nada que cubrir

La necesidad de contar en el país con una instancia como la de Guatemala no la apoyan “de momento” el PDC y GANA. 

Reunión Interpartidaria en Ataco

Reunión Interpartidaria en Ataco

3 septiembre 2015 / EDH

La instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en el país como la que funciona en Guatemala sigue siendo un tema polémico. Ayer, los máximos dirigentes del FMLN, PDC y GANA rechazaron una instancia de ese tipo mientras que ARENA insistió en que se cree.

En la entrevista Frente a Frente, de TCS, el presidente de ARENA, Jorge Velado, y el secretario general del FMLN, Medardo González, chocaron por este tema.

Velado defendió la necesidad de una comisión para que investigue la corrupción “venga de donde venga”, pero en el marco de la ley y a lo mejor que sea apoyo de la Fiscalía General, pero aclaró que no debe ser instrumento para persecución política.

Sin embargo, González reiteró la oposición de su partido a esa iniciativa porque, según dijo, los Acuerdos de Paz firmados en 1992 propiciaron instituciones propias, y hay que “creer” en ellas.

En ese momento, Velado interrumpió a González y le recordó que el mismo expresidente Mauricio Funes pidió una instancia similar ante las Naciones Unidas.

“Pero el expresidente Funes la pidió, Medardo, acordate, en una asamblea general de las Naciones Unidas y después el Canciller de la República habló de tres reuniones”, le recordó Velado.

Pero González le contestó que no tenía “elementos para meterme en eso” y esquivó el tema diciendo: “el FMLN no tiene absolutamente nada que cubrir, yo creo que gobiernos anteriores sí tienen que cubrir”.

Luego abonó que en el país hay una Fiscalía, Corte de Cuentas y partidos políticos sólidos, cosa que no hay en Guatemala y que por tanto “no es un ejemplo a seguir”.

Rodolfo Parker, del PDC, dijo que “no todos los zapatos calzan en el mismo pie” y que antes de hablar de una Cicies hay que pensar en resolver el problema de la inseguridad y un mejor futuro para los jóvenes.

Andrés Rovira, de GANA, dijo que de momento no se necesita una Cicies y coincidió en que hay que confiar en la institucionalidad del país que audita el funcionamiento del Estado.

Ataco: ¿Hay voluntad de cambiar el rumbo? De Paolo Luers

paoloPaolo Luers, 3 septiembre 2015 / EDH

Surgió de la reunión interpartidaria una “Declaratoria Conjunta de Ataco”. Menos mal que no lo llamaron “Pacto de Ataco”, porque todos lo hubiéramos comparado con el “Pacto de San Andrés” del 1994, que nada aportó a la unidad nacional, sino más bien profundizó la polarización: Fue un pacto entre ARENA y un grupo de disidentes del FMLN, excluyendo al FMLN. Y al fin no sirvió para más que para subir el IVA del 10 a 13%. Todos los demás declaraciones de buena voluntad quedaron en… declaraciones de buena voluntad. Sin embargo, no hubo voluntad…

También el papel de Ataco está lleno de buenas intenciones: “compromiso de respeto a la Constitución”; “rechazo a todas las formas de violencia”; “voluntad al diálogo”; “generar un ambiente respetuoso”; “solución integral a la problemática de la seguridad ciudadana”… Estas declaraciones se escapan de cualquier análisis crítico, porque son tan básicos como decir: No vamos a hacer nada ilegal. El tiempo juzgará, más temprano que tarde.

Mejor vamos a los acuerdos más concretos, todos en el marco de Seguridad.

¿Prevención o represión?

“a) Conformación de un comité interpartidario que facilite la creación de un marco específico relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación, acorde con el Resultado 5 del Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomando como base el anteproyecto de la ley de reinserción y rehabilitación que se encuentra en consulta, y previendo medidas acorde a la situación de violencia actual, de conformidad al artículo 13 de la Constitución.”

Esto provoca inmediatamente algunas preguntas y dudas.

Primero: ¿Estarán el gobierno y el FMLN dispuestos a rediseñar el anteproyecto de Ley de Reinserción, de manera que deje de ser una ley de rendición para delincuentes individuales, y se convierta en un real incentivo para las pandillas a reinsertarse?

Segundo: ¿Cómo piensan promover la reinserción sin hablar y dialogar con los que hay que reinsertar? O sea, ¿están dispuestos a abrir caminos de diálogo?

Tercero: El artículo 13 de la Constitución que citan contiene las garantías contra detenciones arbitrarias (“La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término”), pero también medidas de excepcionalidad: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial.” ¿A cuál de las dos se refieren los partidos? ¿La garantía constitucional o las medidas excepcionales? ¿Están todos los firmantes hablando de lo mismo, o hablan unos de reforzar las garantías constitucionales y otros de un estado de excepción?

Los medios

“d) En el marco del respeto irrestricto a la libertad de prensa y libertad de expresión, exhortamos a los medios de comunicación social contribuyan en la construcción de un ambiente acorde a los avances y esfuerzos que institucionalmente se realizan en materia de seguridad ciudadana.”

¿Realmente hay existen avances en materia de seguridad pública? ¿Realmente los partidos tienen coincidencia sobre esto? Yo lo dudo. ¿Y qué esperan que los medios hagan cuando encuentren indicios que no hay avances sino serios retrocesos, o indicios que en materia de seguridad existen esfuerzos extra-institucionales y extra-legales para combatir la delincuencia? ¿Vamos los medios tener que enfrentarse a un frente unido de partidos para cumplir su tarea de informar a los ciudadanos y de controlar el ejercicio del poder? ¿Sobre esto hay consenso? Yo lo dudo.

¿Hay voluntad de enderezar el rumbo?

Detrás de todas estas dudas hay una de fondo: ¿Realmente la oposición acepta respaldar el plan de seguridad del actual gobierno?

¿O será que el FMLN ha expresado voluntad de cambiar su estrategia actual, la cual, lejos de disminuir la violencia, la ha incrementado? Eugenio Chicas, en su entrevista el martes 1 de septiembre con Nacho Castillo, dijo que en Ataco la oposición avaló el plan de seguridad del gobierno y prometió colaborar en su financiamiento. Esta es la forma como el gobierno y el FMLN quieren proyectar la reunión de Ataco: un pacto de apoyo al gobierno. Hasta spot de TV está saliendo ya…

Jorge Velado desmiente a Eugenio Chicas: No es un pacto de apoyo a las políticas del gobierno. Es un intento de enderezar el rumbo. Parece que no están hablando de la misma reunión.

Ahí está precisamente el problema: ¿Qué sentido tienen “acuerdos nacionales”, si no llevan a cambios de rumbo? ¿Qué mecanismos pueden incluirse en los acuerdos interpartidarios para evitar que el gobierno siga haciendo lo mismo?

En el tema Seguridad este dilema se hace evidente. El FMLN pone sobre la mesa de negociación el “Plan El Salvador Seguro”, que surgió del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero este no es el plan de seguridad que el gobierno está ejecutando. Por incompleto e impreciso que sea el “Plan El Salvador Seguro”, si se hubiera ejecutado en lo que va del año 2015, ahora no tuviéramos 900 homicidios al mes. El plan de seguridad que el gobierno (y sus fuerzas públicas) están ejecutando en la realidad no es el que se discutió en el Consejo – y tampoco estaba sobre la mesa en Ataco. Es un plan de súper mano dura.

Los préstamos

Donde de manera más clara se hace manifiesto el dilema de la oposición es en el punto que toca los 900 millones de dólares:

“e) Solicitud a la Asamblea Legislativa para que envía una exhortación a la honorable Sala de lo Constitucional para que agilice la resolución del proceso 35/2015 relativo al recurso de inconstitucionalidad con relación a la contratación de préstamos y colocación de bonos por 900 millones de dólares.”

El gobierno y el FMLN interpretan este párrafo como compromiso de la oposición de aprobar al gobierno los 900 millones, una vez que la Sala regrese la pelota a la Asamblea. Pero ARENA obviamente no firmó ningún compromiso de este tipo. Esto paso cuando con el afán de producir algún resultado se deja afuera de la negociación los puntos primordiales. La negociación verdadera, la que cuenta, será en el Asamblea a la hora de votar o no por los 900 millones – y votar o no por una Ley de Responsabilidad Fiscal con dientes. Ahí veremos si el paseo a Ataco sirvió para algo…

Otra vez: El rumbo

Me quedo con la interrogante principal: ¿Cómo dar sentido real a “acuerdos nacionales”? Hay que buscar formas que aseguren que salgan políticas nuevas y que no se siega en el rumbo equivocado. Y de repente la sorprendente reflexión que hace poco publicó Luis Mario Rodríguez sobre un “Gobierno de Unidad Nacional” ya no parece tan descabellada. Por lo menos invita a entrar en serio en este debate: ¿Cómo enderezar el rumbo del país?

Un acuerdo muy prometedor que esperamos se concrete de manera progresiva y consistente en los hechos. Editorial La Prensa Gráfica

Ayer Segunda Vuelta publicó la “Declaratoria Conjunta de Ataco” de los partidos políticos, y convocó al debate público sobre este primer acuerdo de la Interpartidaria. La primera reacción pública es el editorial de La Prensa Gráfica. El debate está abierto.

Segunda Vuelta

LPG-131 agosto 2015 / Editorial LPG

La problemática generada por la inseguridad galopante que padecemos ha hecho que la misma realidad esté demandando, con creciente apremio, que los actores políticos se pongan en línea en la búsqueda de soluciones que vayan devolviéndole al ambiente la normalidad perdida. Resulta evidente que ha venido dándose, en especial por parte de las organizaciones partidarias, una tozuda resistencia a la búsqueda de entendimientos para enfrentar en común dicha problemática, pero la realidad se impone frente a los intereses particularizados y es lo que empezamos a comprobar una vez más en este momento.

El pasado jueves y viernes, en una encerrona en las refrescantes alturas de Ataco, los principales representantes de los partidos FMLN, ARENA, GANA, PCN y PDC llegaron a muy importantes acuerdos para encarar el tema delincuencial en común, dando señales concretas que apuntan a crear una atmósfera política propicia de aquí en adelante. Si bien es cierto, como decíamos, que el fenómeno real es algo a lo que nadie puede escapar de manera permanente, por más resistencias que se pongan en juego, en los acercamientos positivos que resultaron de la encerrona aludida vuelve a hacerse patente aquello que es enseñanza de la sabiduría popular que viene rodando desde siempre: el que quiere, puede.

Los 10 acuerdos concretos a los que se llegó dan pie para confiar en que habrá resultados también concretos. Ahí se incluyen cuestiones como el apoyo al Plan El Salvador Seguro, el fortalecimiento de las instituciones directamente encargadas del combate y la prevención de la violencia, la evaluación institucional del establecimiento de jueces sin rostro, la creación de un instituto de criminalística e investigación científica del delito, el apoyo a las medidas para asegurar el bloqueo de las señales telefónica en los centros penales, entre otras. Y, desde luego, una cuestión que viene de generar gran confrontación política: el punto de la aprobación de los 900 millones de dólares en endeudamiento, acordado a última hora por la legislatura pasada. Hoy, en muestra de distensión muy elocuente, los partidos han decidido solicitar a la Asamblea Legislativa, configurada con ellos mismos, que exhorte a la Sala de lo Constitucional a que dé pronta resolución al recurso presentado contra aquella decisión legislativa.

Hay un acuerdo que se relaciona directamente con la función de los medios de comunicación: la exhortación a que, dentro del marco del respeto a las libertades de expresión y de prensa, contribuyan a propiciar un ambiente acorde con los esfuerzos y avances institucionales en el área de seguridad ciudadana. En lo que a nosotros corresponde, la práctica cotidiana se ha orientado siempre a presentar los hechos a la luz de la verdad; y, dentro de ese marco, la contribución al ambiente positivo es factor determinante de nuestra política informativa y formadora de opinión. Apoyamos, pues, todos los empeños institucionales que apunten a la dinamización del bien común.

Insistimos en la trascendencia de esta señal de armonía interpartidaria, que se pone en la línea de lo que la ciudadanía demanda desde hace tiempos. Ahora sólo queda esperar que lo acordado en las palabras pase a ser realidad verificable en los hechos. Le damos a esta iniciativa el beneficio de la confianza, en plan vigilante. Y reiteramos nuestra convicción de que la realidad es, en definitiva, la que manda.