gobierno de Sánchez Ceren

La administración Sánchez Cerén. De Luis Mario Rodríguez

30 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

La tentación cuando finaliza un ciclo de gobierno es la de calificar a los mandatarios asignándoles una nota que refleje el desempeño, malo o bueno, de su paso por la Presidencia de la República. Las encuestas permiten ese tipo de evaluaciones. Los estudios de opinión pública de las universidades y de algunos medios de comunicación señalan si el presidente de turno aprobó o reprobó su gestión al frente del Ejecutivo. Otros análisis, con metodologías diferentes, repasan los principales hitos del quinquenio y proporcionan información que contribuye a la contraloría social y al estudio por parte de organizaciones civiles o centros de pensamiento, nacionales e internacionales, que se dedican a proponer políticas públicas.

Ese es el caso del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de FUSADES. A partir de 2009 y durante diez años consecutivos, el DEP ha presentado una apreciación de las principales áreas de la administración y los rasgos más relevantes del comportamiento del presidente en su relación con el sector privado, con el Órgano Legislativo y con las entidades que respaldaron su candidatura acompañándolo durante todo su período. El documento también muestra la conducta del Jefe de Estado respecto de los principios democráticos y da cuenta de la eficacia con la que cumplió las promesas de campaña y los programas incluidos en su plan de gobierno.

La evidencia demuestra que el presidente Sánchez Cerén supo construir las coaliciones necesarias con los distintos grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. La aprobación unánime de aproximadamente el cincuenta por ciento de las iniciativas de ley más importantes del Ejecutivo lo mismo que el uso moderado de los mecanismos de control, conocidos como vetos u observaciones, confirman su capacidad para lograr consensos con el resto de fuerzas políticas. Los proyectos de presupuesto y la aprobación de préstamos internacionales fueron los aspectos en los que más se dificultaron los acuerdos.

El mandatario respetó la forma de gobierno, no instrumentalizó a las instituciones públicas en contra de sus críticos y adversarios políticos y mostró una genuina disposición al diálogo. Contrario a lo anterior, el gobernante compartió con el FMLN, su partido, la narrativa y los ataques en contra de la Sala de lo Constitucional, no apoyó el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela, Nicaragua y Cuba y se opuso al fortalecimiento de la Fiscalía General de la República al vetar la reforma que otorgaba autonomía a la Unidad Financiera de esa institución.

El vínculo con los empresarios pasó por diferentes etapas pero no terminó en ruptura como sucedió entre 2009 y 2014. El presidente Sánchez Cerén logró recomponer el diálogo con las gremiales empresariales no obstante la escalada de tensión que originó su silencio ante las conclusiones del FMLN en las que este instituto político reivindicó un modelo socialista con el que esperaba estatizar la economía y donde la independencia de poderes se consideraba un estorbo a las aspiraciones de esa fuerza política de izquierda. La pérdida de confianza, que no derivó en el rompimiento total del nexo con el empresariado, llegó ante el anunció de la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China seguida de la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, debido a la opacidad con la que se fraguaron esas resoluciones.

Por otro lado el reconocimiento de los líderes del FMLN al papel que desempeñó el presidente, como comandante guerrillero, durante el conflicto armado le garantizó, en los cinco años de gobierno, el amparo de la comisión política.

El mandatario acompañó a los miembros de la máxima dirección del partido oficial en sus posiciones a favor de Maduro, Ortega y los Castro, y materializó su simpatía por esos regímenes oponiéndose a las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos que proponían la activación de la Carta Democrática Interamericana.

Asimismo calificó el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba como “injusto y anacrónico” en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El lazo con las bases del partido y con buena parte de los sindicatos y los movimientos sociales se debilitó gradualmente, profundizándose en 2018 con la derrota del FMLN en las elecciones legislativas.

La ineficacia fue, indudablemente, el mayor de los déficits del Presidente. No alcanzó las metas de inversión pública; cayeron los indicadores económicos en materia de competitividad, facilidad para hacer negocios y libertad económica; el área social, si bien reveló ciertos avances principalmente en la formación de los docentes, no cumplió con las expectativas de la población; y la inseguridad pública mantuvo un estado de crisis permanente, un progresivo deterioro de la institucionalidad y una falta de liderazgo que deja al país y a la próxima administración con un grave problema de criminalidad.

Para consultar el documento completo del DEP visite la página http://www.fusades.org o su cuenta en twitter @fusades.

Carta gráfica sobre el “éxito” de nuestro gobierno. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 29 julio 2017 / MAS! y EDH

Números y gráficos hablan más claro que palabras. No mienten. El presidente, su ministro de Justicia, y su director de la PNC reclaman que su política de Seguridad es exitosa y que la muestra es que han logrado bajar en un 50% el número de homicidios.

Viendo los números, sabemos que es mentira. Los números de homicidios hoy, luego de 3 años del gobierno de Sánchez Cerén, son exactamente iguales que en junio 2014, cuando asumió el gobierno. Pero durante 2015 y 2016 nos hicieron pasar por el infierno, con 11,953 víctimas de homicidio en sólo dos años.

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Celebrar como éxito el hecho que hoy el número de muertos es exactamente igual que cuando asumieron el gobierno, es un insulto a la inteligencia y las emociones de los salvadoreños.

Saludos,

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Otra vez, ¿no vamos a pagar? De Erika Saldaña

Espero que después del 8 de julio del presente año no nos toque hacer un recuento de los cálculos que no hicieron el Gobierno y la Asamblea en el caso de un posible impago, ya que el peligro de jugar con una bomba de tiempo es que nos estalle en la mano.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 26 junio 2017 / EDH

La posibilidad de un segundo impago en lo que va del año está a la vista. El 8 de julio el Gobierno de El Salvador debe honrar otra vez su deuda con los fondos de pensiones, cancelando cuarenta y siete millones de dólares de los Certificados de Inversión Previsional (CIP). De estos, treinta y tres corresponden al pago de intereses y catorce al pago de capital de la deuda contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Aunque esta vez parece que se está tratando de prevenir un impago, los ciudadanos debemos estar echándole el ojo a la situación para evitar que la historia de abril se repita.

El pasado 21 de junio, diversas fracciones legislativas aprobaron la reorientación de quince millones y medio de dólares del presupuesto de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y diecisiete millones y medio de dólares de los cobros que realiza la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget). Sin embargo, esta cantidad sigue siendo insuficiente para pagar la deuda pendiente, ya que faltan los catorce millones que cubren el pago del capital de los CIP. Aquí y en todos lados, pagar a medias es mala paga.

Un problema grave es que, a pesar de ya haber vivido un impago el pasado 7 de abril del presente año, pareciera que no somos capaces de dimensionar los problemas que nos puede traer otra vez esta situación. La insolvencia en el pago de capital e intereses de los CIP recién pasado hizo caer a El Salvador en la categoría de “selective default”, es decir que las calificadoras de riesgo señalaron que el país de manera voluntaria decidió no cancelar una deuda contraída y que es un peligro hacer negocios o acuerdos con nosotros. La recalificación a CCC no fue ningún alivio, ya que el problema sigue ahí con la posibilidad que se repita en julio y octubre de este año.

Ojalá esta vez el Ministerio de Hacienda haya aprendido la lección y tenga en cuenta que un impago selectivo trae problemas al país ante la comunidad internacional y a nosotros, los ciudadanos. Si de los errores se aprende, ojalá esta vez sí tengamos en cuenta que un impago trae más problemas a la ya baja calificación de riesgo del país y complica la situación del sistema financiero nacional. Ojalá esta vez sí se tenga en cuenta que los efectos de un impago se traducen en un aumento de las tasas de interés y que, por tanto, habrá menos disponibilidad de fondos para préstamos y estos serán más caros debido al alza de intereses. Todos estos factores en conjunto traen como consecuencia una desaceleración de la actividad económica.

Ojalá en esta ocasión el Gobierno no juegue con fuego y no ignore a propósito los efectos que sus decisiones conllevan. Con la elaboración del Presupuesto General de la Nación de 2017, el Gobierno y la Asamblea Legislativa acordaron no incluir una obligación previsible y certera de doscientos veintisiete millones de dólares; conscientemente decidieron no meter en el presupuesto el pago de las pensiones y esa situación hoy nos mantiene en preocupación constante. Así como definieron eso, esperamos que sean capaces del elaborar las alternativas necesarias para sacar al país del problema, dejando a un lado los cálculos políticos a conveniencia, tomando medidas técnicas y no solo interesadas.

Espero que después del 8 de julio del presente año no nos toque hacer un recuento de los cálculos que no hizo el Gobierno y la Asamblea en el caso de un posible impago, ya que el peligro de jugar con una bomba de tiempo es que nos estalle en la mano. Y, como siempre, los platos rotos los terminamos sufriendo los ciudadanos. Como venimos repitiendo muchos desde hace años, ojalá los actores políticos dejen a un lados sus intereses partidistas y se dediquen a buscar soluciones a largo plazo de los problemas del país, aunque estas sean impopulares. No podemos vivir con zozobra sobre la estabilidad del país cada tres meses.

Carta a los jodidos del país: Alégrense, Sánchez Cerén decreta el fin de la pobreza. De Paolo Luers

Paolo Luers, 10 junio 2017 / EDH y MAS!

Estimados amigos:
No sé si ustedes han visto la noticia de La Prensa Gráfica del día ayer: “Sánchez Cerén anuncia aprobación de decreto para erradicar la pobreza.” Vaya babosada, pensé: Los colegas le están haciendo una broma al profe, para dejarlo como tonto. Todos sabemos que la pobreza no se puede prohibir por decreto, o erradicar por arte de magia…

Para estar seguro, me metí en el sitio oficial de Casa Presidencia. Resulta que no era broma. Existe tal decreto, aprobado por el Consejo de Ministros: “El Consejo de Ministros, encabezado por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, aprobó este jueves el decreto de Erradicación de la Pobreza.”

Ubiquémonos: El FMLN acaba de cumplir 8 años en el poder. Y luego de que durante 8 años no han hecho otra cosa que administrar la pobreza, pero no bajarla, hoy nos anuncian que en dos años -o sea cabal para las elecciones del 2019- van a erradicarla. Por decreto.

Los expertos se pelean por los números. Unos dicen que en El Salvador los que viven en pobreza siguen representando la mitad de la población. Otros, más cercanos al gobierno, dicen que se redujo a 37%. Y hay quienes sostienen que ahora hay más pobreza que cuando el FMLN asumió el gobierno.

Ustedes mejor que nadie saben qué significa pobreza: no tener empleo con ingresos dignos; mala vivienda; sin acceso a salud y educación de calidad; expuesto a la inseguridad y violencia.

¿Qué tontos cree el gobierno que son los pobres? ¿Cree que ustedes no saben que para salir de la pobreza se necesita empleo? Nadie sale de la pobreza por las ayudaditas del gobierno. Les pueden dar uniformes a sus hijos, semillas a los campesinos, subsidios para agua, gas y electricidad – pero con esto nadie sale de la pobreza.

En ocho años, los gobiernos del FMLN no han logrado que en nuestro país haya más inversión, más crecimiento, más productividad. Por lo contrario, sus políticas han puesto obstáculos al crecimiento. Por tanto, no hay más empleo. Tiende a crecer la economía informal, de pura sobrevivencia, pero no la economía que produce empleo. Y ahora decretan el fin de la pobreza…

Además este gobierno ha metido al Estado en una crisis fiscal que lo obliga incluso a reducir las subvenciones. No tienen la cura de la enfermedad y encima de esto ahora les quitan los parches. Han gastado en cualquier cosa y ahora están quebrados y tienen que pedir cacao al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Estos organismos financieros internacionales le van a recetar al gobierno un serio ajuste del gasto estatal, para evitar que las finanzas del estado colapsen. Y en esta situación quieren erradicar la pobreza por decreto ministerial.

La pobreza se va a reducir cuando tengamos un gobierno que entiende que con regalitos nadie sale de la pobreza, sino que hace falta echar a andar la economía, trabajar duro y crear empleos. No hay otra. Todo lo demás es paja.

No permitan que les sigan dando atol con el dedo. Saludos,

 

 

La tormenta perfecta que se aproxima… ¡Despertemos! De Alberto Arene

Nuestra pequeña nación dividida, sin recursos, estrategia y plan sería incapaz de afrontarla.

Alberto Arene, 8 junio 2017 / LPG

El bajo crecimiento de la economía y al sobreendeudamiento público se agregarán en los próximos 3 años un drástico ajuste de las finanzas públicas y la reversión de la migración a Estados Unidos, la válvula de escape histórica a los problemas y contradicciones acumuladas. Nuestra pequeña nación dividida sin recursos, estrategia y plan sería incapaz de afrontar la tormenta perfecta que se aproxima.

2017 concluirá con 2 % de crecimiento, 2018 con 1.8 % y 2019 con 1.7 % (Banco Mundial). La deuda pública podría cerrar este año con 67.2 % del PIB (J.P. Morgan) –22 puntos por encima del máximo recomendable para pequeñas economías dolarizadas de bajo crecimiento– y acercarse al 75 % con la actualización de las cuentas nacionales.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) dijo que el Gobierno “no ha logrado ni logrará la meta que se propuso de crecimiento del 3 % del PIB para su Gobierno, que el gasto social se redujo 7.6 % en el último año y que el gobierno ha postergado el diálogo fiscal incluyente. Las restricciones fiscales le están pasando factura a la política social del gobierno”.

Del tamaño del hoyo fiscal es el ajuste requerido y el nuestro es considerable, aún más con proyecciones de crecimiento tan bajas. No hay pesadilla peor que una cirugía delicada sin anestesia, tan semejante a un ajuste severo sin recursos financieros. Y lo es por lo recesivo en la economía, por reducir tanto el nivel de vida de los pobres y de la clase media, y por sus efectos tan negativos en la gobernabilidad.

No hay escapatoria al ajuste que ya comenzó desordenadamente y con limitados recursos y que se profundizará en los próximos 3 años. Si hay acuerdo fiscal con la oposición y el Fondo Monetario Internacional, el ajuste de ingresos y gastos oscilará entre 3 y 4 % del PIB logrando el gobierno recursos para inyectarle liquidez a la economía y amortiguar el impacto. Si no hay acuerdo, el ajuste sería más radical y recesivo, acompañado de iliquidez, impagos, subidas adicionales de tasas de interés, y recortes aún mayores del gasto social y de la inversión pública.

Este último escenario es precisamente el que busca ARENA para capitalizar al máximo la debacle de los dos últimos dos años de gobierno del FMLN, profundizando la crisis económica, social y política. De ganar la presidencia en estas condiciones, ARENA enfrentaría la terrible pesadilla de levantar un país con exacerbada crisis generalizada, división y confrontación nacional.

En su columna la semana pasada, Sandra de Barraza afirma: “Lo que han logrado es su propia cosecha. A esta altura es imposible responsabilizar a la oposición de lo actuado… porque gobernar significa administrar el poder y para esto hay que negociar y negociar con estrategia” (LPG, “Quedan 24 meses”). Con algunas reservas, coincido con esta afirmación porque el Gobierno ha adolecido: 1. de una estrategia de crecimiento económico y de sostenibilidad fiscal, imperando un manejo de caja hace tiempo agotado; 2. de una estrategia consistente de negociación con ARENA y el sector privado, cuyo diseño y ejecución recaería en el secretario técnico y en nuevos titulares de las carteras involucradas. La responsabilidad última no recae en el ministro de Hacienda con más de dos años expresando su deseo de irse, sino en el presidente de la República que lo ha sostenido a pesar de la oposición de sus más cercanos colaboradores en el gobierno, en la Asamblea Legislativa y en el partido.

Salvador Samayoa, uno de los amigos del presidente y de varios de sus colaboradores, lo dijo la semana pasada: “Para terminar el quinquenio con mejores resultados y mayor sentido de concordia y de unidad nacional, habría que hacer cambios importantes en el equipo de gobierno, y habría que llegar muy pronto a un acuerdo fiscal que le dé oxígeno y estabilidad al gobierno a la vez que desmonte o alivie las ansiedades y desconfianza de otros sectores. Lo más necesario en este momento es la confianza para dinamizar la inversión, el crecimiento y el empleo” (EDH). Y la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) subrayó: “Considerando la proximidad de los compromisos de pago del Gobierno ante distintos acreedores, el deterioro de la calificación de riesgo país y la importancia de que dichos compromisos se cumplan para evitar las graves consecuencias, incluidas el deterioro económico y el empleo, que provocaría un segundo impago, enfatizamos la importancia de que a la brevedad se logren acuerdos políticos…”.

Como si esta tormenta no fuera suficiente, el gobierno de los Estados Unidos anunció su intención de finalizar el Estatus de Protección Temporal que ahora protege a 190 mil compatriotas que allí residen y trabajan. Está considerando, además, un impuesto de 2 % a las remesas y una reducción de 40 % a la cooperación de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, sin hablar del repudio republicano y demócrata y de eventuales recortes adicionales a El Salvador por su alianza con la dictadura chavista.

Nuestra pequeña nación dividida, sin recursos, estrategia y plan sería incapaz de afrontar la tormenta perfecta que se aproxima. ¡Despertemos!

Horchata aguada. De Cristina López

Pensando con buena fe y asumiendo que en el discurso presidencial no hubo intento de estafar a la población vendiéndole gato en vez de liebre, la única explicación posible es que con todo y buena fe, la instrucción y moralidad del presidente son más bien simbólicas.

Cristina López, 5 junio 2017 / EDH

Alguna vez han ido a una piñata concurrida? Lo que tienen en común estos eventos es que para atender la sed de las masas los anfitriones se ven forzados a echarle agua a la horchata. A veces, dependiendo de la sed y de la cantidad de gente, la horchata se vuelve más bien simbólica, pues es tanta el agua que de horchata solo queda la ilusión.

Ya sea por atender al clamor de las masas, que tienen la osadía y el abuso de exigir sin parar un gobierno que funcione, sea transparente y resuelva los problemas de país, nuestras autoridades se han visto forzadas, como anfitriones de piñata, a echarle agua a la horchata. Es por eso que muchísimos de los conceptos que en papel pensaríamos significan una cosa, nuestras autoridades han diluido de tal manera a pura retórica, que al final de cuentas han perdido cualquier tipo de significado.

Tomemos como ejemplo los conceptos de moralidad e instrucción notoria que nuestra Constitución impone como requisito a ciertos miembros del Órgano Ejecutivo: al presidente, ministros, viceministros, y gobernadores. El discurso de rendición de cuentas del presidente Sánchez Cerén el 1 de junio dejó clarísimo que el concepto de moralidad e instrucción notoria en nuestro país está más devaluado que el bolívar venezolano, porque la perorata estuvo repleta de medias verdades, cifras engañosas, comparación de períodos no equivalentes y mentiras a secas.

¿O es acaso verdad que las autoridades cumplen “a totalidad” la Ley de Acceso a la Información? (A menos que su nombre sea Marcos Rodríguez, cualquier persona que ha intentado obtener información transparente del Estado conoce como yo que el acceso a la información pública tiene mucho por mejorar.) Es difícil aplaudir la declaración de que tenemos un país más seguro, porque con cifras de hoy, solo es más seguro que hace 2 años. Estamos, estadísticamente hablando, con los mismos niveles de homicidios con los que contábamos en 2014. No tenemos como saber si las cifras de pobreza que mencionó son confiables, puesto que el 2.1 por ciento que citó no está respaldado con datos oficiales. Dijo también que la economía va a crecer un 2.4 por ciento — dejó afuera el contexto: nuestros pares en la región están creciendo cerca del doble que nosotros. Si somos tan parecidos a los países que están creciendo casi el doble, manteniendo todas las variables constantes y controlando por el impacto de la inseguridad en nuestro país, cualquier persona sin título de economista podría concluir con facilidad que lo que tenemos diferente son precisamente nuestros gobernantes. ¿Será esta la variable que tenemos que cambiar pronto?

Pensando con buena fe y asumiendo que en el discurso presidencial no hubo intento de estafar a la población vendiéndole gato en vez de liebre, la única explicación posible es que con todo y buena fe, la instrucción y moralidad del presidente son más bien simbólicas. Bien intencionadas, como la horchata aguada, pero igual de faltas de sustancia.

Como posdata, es interesante notar que nuestra asamblea constituyente omitió el requisito de moralidad a nuestros diputados. Como requisito para el cargo se exige “notoria honradez e instrucción”. Previeron nuestros constituyentes que quizás exigirle moralidad a los diputados — que al lugar de trabajo presentan actitudes que a cualquiera nos harían perder el empleo en el sector privado, como llegar armados o quedarse dormidos en el puesto — era poner el estándar muy alto.

@crislopezg