informe anual

Horchata aguada. De Cristina López

Pensando con buena fe y asumiendo que en el discurso presidencial no hubo intento de estafar a la población vendiéndole gato en vez de liebre, la única explicación posible es que con todo y buena fe, la instrucción y moralidad del presidente son más bien simbólicas.

Cristina López, 5 junio 2017 / EDH

Alguna vez han ido a una piñata concurrida? Lo que tienen en común estos eventos es que para atender la sed de las masas los anfitriones se ven forzados a echarle agua a la horchata. A veces, dependiendo de la sed y de la cantidad de gente, la horchata se vuelve más bien simbólica, pues es tanta el agua que de horchata solo queda la ilusión.

Ya sea por atender al clamor de las masas, que tienen la osadía y el abuso de exigir sin parar un gobierno que funcione, sea transparente y resuelva los problemas de país, nuestras autoridades se han visto forzadas, como anfitriones de piñata, a echarle agua a la horchata. Es por eso que muchísimos de los conceptos que en papel pensaríamos significan una cosa, nuestras autoridades han diluido de tal manera a pura retórica, que al final de cuentas han perdido cualquier tipo de significado.

Tomemos como ejemplo los conceptos de moralidad e instrucción notoria que nuestra Constitución impone como requisito a ciertos miembros del Órgano Ejecutivo: al presidente, ministros, viceministros, y gobernadores. El discurso de rendición de cuentas del presidente Sánchez Cerén el 1 de junio dejó clarísimo que el concepto de moralidad e instrucción notoria en nuestro país está más devaluado que el bolívar venezolano, porque la perorata estuvo repleta de medias verdades, cifras engañosas, comparación de períodos no equivalentes y mentiras a secas.

¿O es acaso verdad que las autoridades cumplen “a totalidad” la Ley de Acceso a la Información? (A menos que su nombre sea Marcos Rodríguez, cualquier persona que ha intentado obtener información transparente del Estado conoce como yo que el acceso a la información pública tiene mucho por mejorar.) Es difícil aplaudir la declaración de que tenemos un país más seguro, porque con cifras de hoy, solo es más seguro que hace 2 años. Estamos, estadísticamente hablando, con los mismos niveles de homicidios con los que contábamos en 2014. No tenemos como saber si las cifras de pobreza que mencionó son confiables, puesto que el 2.1 por ciento que citó no está respaldado con datos oficiales. Dijo también que la economía va a crecer un 2.4 por ciento — dejó afuera el contexto: nuestros pares en la región están creciendo cerca del doble que nosotros. Si somos tan parecidos a los países que están creciendo casi el doble, manteniendo todas las variables constantes y controlando por el impacto de la inseguridad en nuestro país, cualquier persona sin título de economista podría concluir con facilidad que lo que tenemos diferente son precisamente nuestros gobernantes. ¿Será esta la variable que tenemos que cambiar pronto?

Pensando con buena fe y asumiendo que en el discurso presidencial no hubo intento de estafar a la población vendiéndole gato en vez de liebre, la única explicación posible es que con todo y buena fe, la instrucción y moralidad del presidente son más bien simbólicas. Bien intencionadas, como la horchata aguada, pero igual de faltas de sustancia.

Como posdata, es interesante notar que nuestra asamblea constituyente omitió el requisito de moralidad a nuestros diputados. Como requisito para el cargo se exige “notoria honradez e instrucción”. Previeron nuestros constituyentes que quizás exigirle moralidad a los diputados — que al lugar de trabajo presentan actitudes que a cualquiera nos harían perder el empleo en el sector privado, como llegar armados o quedarse dormidos en el puesto — era poner el estándar muy alto.

@crislopezg

Tres años, un discurso y escasas decisiones de país. De Erika Saldaña

No necesitamos de discursos de extremistas que nos dicen que el Gobierno debería reducir su tamaño al mínimo o que la empresa privada debería desaparecer, o que la Sala de lo Constitucional es la oficina legal de la oposición o que los medios de comunicación son panfletos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 5 junio 2017 / EDH

El presidente Salvador Sánchez Cerén habló de sus tres años frente al gobierno de El Salvador y su discurso estuvo lleno de datos y afirmaciones controversiales, los cuales deben analizarse con lupa. El “Fact check” es una herramienta utilizada por los gringos para revisar, datos en mano, los discursos políticos; así detectan errores, imprecisiones o mentiras en ellos. Afirmaciones y datos como la (supuesta) reducción de la pobreza, la cuantiosa (e imprecisa) inversión social, la reducción (aparente) de los homicidios y extorsiones, la (falsa) conservación de los subsidios y programas sociales quedan en duda cuando los contrastamos con la realidad.

Algo que me llamó mucho la atención y que el presidente repitió en varias ocasiones es el supuesto fortalecimiento de la democracia salvadoreña y la continua búsqueda de soluciones a los problemas a través del diálogo, concertación y participación de todos los sectores. A menos que usted viva debajo de una piedra o en Narnia, sabe que nada es más falso que esto. Se pactan reuniones, se toman la foto, se presume el diálogo y luego hay cero o poco seguimiento a lo acordado, según lo que manifiestan los políticos de todos los partidos y los funcionarios de distintas gremiales. A ello súmele que somos testigos, día a día, de constantes pugnas del Gobierno con empresa privada, con la oposición, con la Sala de lo Constitucional, con los medios de comunicación, con Estados Unidos y con todo aquel que no coincida con su visión de la realidad.

La falta de diálogo entre los diversos sectores del país es uno de los problemas más graves que tenemos y así lo ha confirmado el Fondo Monetario Internacional. No hemos entendido que, para salir adelante, necesitamos de un Gobierno estable, eficiente y eficaz; un sector privado fuerte, un sistema de frenos y contrapesos que funcione y medios de comunicación libres e independientes del gobierno. No necesitamos de discursos de extremistas que nos dicen que el Gobierno debería reducir su tamaño al mínimo o que la empresa privada debería desaparecer, o que la Sala de lo Constitucional es la oficina legal de la oposición o que los medios de comunicación son panfletos. Necesitamos de un debate civilizado de las ideas, sin insultos ni descalificaciones a priori.

Hay que entender, por ejemplo, que reducir al Estado a un mínimo de funciones como la seguridad, es ignorar que en este país no todos gozan de educación o salud de calidad, de oportunidades de empleo o de un tiempo asegurado de comida al día. Por ello, es necesario que el Gobierno supla las necesidades de los sectores más pobres a través de programas sociales focalizados y eficientes. Entender esto es producto de pragmatismo informado por la realidad, desechando ideologías rígidas.

Por otro lado, pretender la eliminación de las empresas privadas significa ignorar que estas son pieza fundamental para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleos, la atracción de inversión extranjera e impulso de la local, contribuyen a la recaudación fiscal y hay muchas que cumplen un importante rol social en la comunidad.

El reto para los últimos dos años de la presidencia de Sánchez Cerén, la oposición y el sector privado es dejar a un lado las confrontaciones, dialogar y negociar en temas que nos interesan a todos, y echar a andar planes de trabajo sostenibles que vayan más allá de un periodo de gobierno. Urge atraer inversión, generar empleos, mejorar el sector laboral privado, reducir la burocracia, fortalecer y focalizar la inversión social, reformar integralmente al sistema de pensiones, reducir el gasto del Estado, combatir la evasión y elusión fiscal y ampliar la base tributaria mediante la formalización de empresas y personas.

La mayoría de estos son temas de interés común, a los cuales ningún sector se puede negar si queremos salir de la crisis. Estos no son temas electorales, son temas de nación. Necesitamos de estadistas en la Asamblea y en el Ejecutivo. Y necesitamos de un presidente que nos diga en su informe anual lo que debemos y necesitamos oír y no la “verdad” con la que engancha a sus bases. El informe anual es para sincerarnos, aceptar la realidad y buscar soluciones, no para dibujar un país que no existe. Señor presidente, sea estadista y no politiquero.