El mundo al revés. De Javier Castro de León

Han tenido que pasar más de 56 años para que se aplicara adecuadamente la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) y se iniciaran los primeros juicios civiles por enriquecimiento ilícito. Dicha ley debe ser actualizada para prevenir y combatir de forma efectiva la corrupción –en efecto mejorada y no omitiendo precisamente el juicio civil que ha empezado a funcionar, como ocurre con la Ley de Probidad aprobada en diciembre de 2015 y cuya vigencia se ha suspendido mientras se tramita un proceso de inconstitucionalidad.

JAVIER CASTROJavier Castro De León, 10 JUNIO 2016 / LPG
Realmente es el mundo al revés. Resulta asombroso y difícil de creer que personeros políticos vengan a criticar y cuestionar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por aplicar precisamente la ley, con argumentos absurdos y sin base jurídica, al señalar que se han aplicado “criterios arbitrarios” para investigar los casos de probidad. Al contrario, debemos estar agradecidos de que luego de una larga espera de más de medio siglo, finalmente se vino a aplicar bien la LEIFEP.
Lo que la CSJ ha hecho es aplicar el artículo 240 de la Constitución, norma que también estaba en el olvido, la cual dispone que se presumirá enriquecimiento ilícito cuando el patrimonio del servidor público no guarde relación con los ingresos e incrementos de la prensa graficacapital que haya obtenido de forma legal. Esto lleva a que se inicie el respectivo juicio civil y si se establece que existe responsabilidad legal, opera una restitución de los bienes adquiridos por el funcionario a costa del Estado. Cabe mencionar que a quienes se les ha iniciado el respectivo juicio civil por enriquecimiento ilícito ante las correspondientes Cámaras de Segunda Instancia de lo Civil se les debe respetar el debido proceso y que serán culpables si así lo determina la sentencia definitiva.

Respecto de los argumentos de que ha habido actuación arbitraria de parte de la CSJ, el Centro de Estudios Jurídicos, en su columna publicada esta semana, argumenta categóricamente que ni la Constitución ni la ley establecen la obligación de emitir alguna norma para seleccionar los casos que serán investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Los criterios que pueden determinarse y que en efecto ya lo hizo la CSJ son una guía útil para ordenar el trabajo de la Sección de Probidad de la CSJ; pero, bajo ningún concepto son condicionantes para la validez jurídica de los casos que se investigan. Lo que es relevante para el Estado de derecho es que se cumpla la Constitución, la cual ordena a la CSJ que si existen indicios de enriquecimiento ilícito, se aplique la LEIFEP.

Las reacciones al trabajo realizado por la CSJ en materia de probidad no son ninguna sorpresa, pues en efecto la Ley de Probidad aprobada en 2015 buscaba frenar el trabajo que se estaba haciendo al respecto. Otra reacción ha sido la denuncia penal por actos arbitrarios presentada contra dos magistrados de la Sala de lo Constitucional y el jefe de la Sección de Probidad, la cual no debe de prosperar judicialmente, ya que no hay ninguna conducta ilícita, pues como ya se dijo, lo que se ha hecho es cumplir un mandato constitucional frente a indicios de enriquecimiento ilícito.

Lo que se debe hacer es felicitar a la CSJ por desempolvar la LEIFEP y aplicarla con valentía por primera vez, pues la impunidad y el mal uso de los fondos públicos le han hecho mucho daño al país. Sin embargo, otros la cuestionan por aplicar la Constitución y la ley y querer perseguir la corrupción; es el mundo al revés. Si queremos avanzar como país no podemos seguir así.

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