Catalina Botero

Catalina Botero: “La Constitución en Venezuela es letra muerta”. De Maruja Dagnino

Fotografía de The OSCE Representative on Freedom of the Media.

Catalina Botero. Fotografía de The OSCE Representative on Freedom of the Media.

Maruja Dagnino, 24 julio 2016 / Instituto de Prensa y Sociedad IPYS y PRODAVINCI

Logo-IPYSQuien fue relatora para libertad de expresión en la CIDH, advierte que los Estados están obligados a rendir cuentas tarde o temprano, y que la contraloría social es fundamental para alejar la corrupción.

“En un gobierno autoritario el Estado espía. El Estado vigila, el Estado hackea, el Estado irrespeta la intimidad y la vida privada de las personas, y al mismo tiempo se blinda, mantiene un secreto respecto a la forma en que gestiona las actividades públicas”.

Así deslinda Catalina Botero una diferencia fundamental entre un gobierno autoritario y un gobierno democrático.

“Por un lado no hacen pública la información. No hay transparencia activa. Por el otro, no entregan la información. Se inventan excusas o simplemente no responden y no hay jueces que hagan efectivo el derecho de la ciudadanía”.

prodavinciRelatora para la libertad de expresión entre 2008 y 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero Marino es sin duda una de las personalidades más influyentes en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En el marco de la campaña ciudadana #ExpresiónSinOpresión, que adelanta el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela,Ipys Venezuela, Catalina Botero accedió a conversar en torno a la situación del país con respecto al continente en materia de derecho al acceso a la información, en un contexto en el que la sociedad civil introdujo un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional en primera discusión.

Se dice que Venezuela está muy mal en materia de libertad de expresión, pero nos gustaría saber cuál es el panorama de acceso a la información en la región y dónde se ubica Venezuela en ese panorama.
En este momento, de los 35 países de toda la región, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Cuba, y todo el Caribe, hay 24 que tienen normas en materia de acceso a la información. Normas vigorosas. En algunos casos leyes generales, en otros leyes más especiales, pero hay 24 con normas importantes en materia de acceso a la información. Hay otros países, como Costa Rica, que no tiene ley de acceso, pero sí una jurisprudencia que reúne todos los estándares internacionales, e incluso avanza en esa materia. La gran guardia en materia de acceso a la información en Costa Rica es el Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela está en el penúltimo lugar antes de Cuba, por dos razones: primero porque no hay unas normas específicas de acceso, a pesar de que se podrían derivar de la Constitución, pero la Constitución en Venezuela es letra muerta, y los tribunales lo que han hecho es avalar desde sus sentencias unas restricciones absolutamente desproporcionadas al derecho al acceso a la información.

México ha avanzado enormemente; en Chile tienen grandes avances; Colombia también, a través del derecho de petición, y luego del derecho de acceso a la información; Panamá creó un órgano dedicado a la protección de derecho a la información, lo mismo Uruguay, digamos que estos países están en proceso de profundización, que es una tendencia regional  progresiva liderada por México, pero con enormes esfuerzos institucionales de gobierno abierto en todos los países de la región, con algunas pocas excepciones. Venezuela tal vez es el país donde menos garantías existen en América Latina, salvo Cuba, Nicaragua, que está en una situación similar, sin ninguna garantía de protección. Venezuela tiene el problema de que no tiene normas garantes, no tiene una ley de acceso, no tiene una jurisprudencia que satisfaga ese derecho, entonces está en uno de los peores lugares en esta materia.

Organizaciones civiles venezolanas, alineadas en la Coalición ProAcceso, introdujeron un proyecto de ley de acceso a la información, aprobada ya en primera discusión por esta nueva Asamblea Nacional. ¿Existen algunos estándares internacionales que avalan la necesidad de que los países cuenten con una de estas leyes?
En la región hay que tener en cuenta tres cosas: por un lado hay una ley modelo de acceso a la información aprobada, entre otros países, por Venezuela. En una reunión de la Organización de Estados Americanos se aprueba una ley modelo de acceso a la información. Esa ley modelo se adecúa a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece los principios mínimos que deben tener todos los países en materia de acceso a la información, por otro lado a la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha aprobado los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión, sobre principios mínimos de ley de acceso a la información. ¿Cuáles son esos principios básicos? El primero es que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, es decir que tiene la estatura de cualquier otro derecho, como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación… o el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es decir que no es un derecho menor.

Cuando uno dice que algo es un derecho fundamental, lo que está diciendo es que en principio todas personas pueden ejercerlo, y que si el gobierno quiere restringirlo debe dar buenas razones. Eso significa que en principio toda la información que tiene el Estado es pública y solo excepcionalmente puede establecer algunas restricciones. A eso se le llama el principio de máxima divulgación. Entonces, el Estado no puede pedirle a las personas requisitos distintos al de ser una persona que habita en ese país, para entregar una información. Y si no se la quiere dar, el Estado tiene que dar razones. Yo no tengo que dar razones para para ejercerlo. Es el Estado el que tiene que dar razones cuando me lo quiere limitar. Y no cualquier tipo de razón. Porque cuando restringe un derecho fundamental, el Estado tiene que tener buenas razones.

En estos términos lo que ha dicho la corte es que la excepción  tiene que estar en una ley: debe explicar en qué casos una información puede ser reservada. La ley que reserva una información tiene que buscar una finalidad legítima, objetivamente legítima. Y demostrarse que esta restricción del derecho de acceso es más importante para una sociedad democrática y pesa más que derecho a la información. El Estado debe dar razones para explicar por qué mantener cierta información en reserva es más importante, de forma tal que justifique la restricción del derecho de acceso.

Luego, tiene que haber recursos efectivos administrativos y judiciales especializados para proteger el derecho de acceso a la información.

Estos tres principios, que son el principio de máxima divulgación, el principio de excepciones restringidas con la carga de la prueba y el principio de recursos idóneos efectivos para garantizar el acceso deben estar en todas las legislaciones, y ninguno de los tres se cumple en Venezuela.

¿Puede un tribunal impedir el acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos, tal como ocurrió en Venezuela ante una solicitud de información de Transparencia Venezuela?
No puede. Es la ley la única que puede establecer restricciones en materia de acceso a la información. En Venezuela tenemos también el caso de un tribunal que exime a los empleados de entregar el monto de su salario. Es una sentencia en la cual el Tribunal Supremo le exige a Espacio Público que diga cuál es el interés que tiene en conocer el salario del contralor, lo cual es una violación flagrante del estándar más elemental del derecho al acceso a la información. Las personas no tienen que demostrar un interés particular para saber en qué está gastando el Estado los recursos que son de todos.

Una de las cosas que diferencian a un Estado autoritario de un Estado democrático es justamente dónde está la transparencia y dónde está el secreto. En un Estado democrático la Constitución, las leyes y los jueces protegen la reserva de la información privada. Que a la gente no la espíen, que no haya hackeos, que no haya vigilancia sobre las personas, y en cambio protege la publicidad de toda la información pública. Cómo se ganan los salarios públicos, cómo se invierten los recursos públicos, cómo se llevan a cabo las gestiones públicas, las funciones públicas, cuáles son los resultados de esa gestión, muestra las cifras estatales, por ejemplo. La cifra de inflación, o la cifra de pobreza, o las cifras de entrega de bienes sociales. Eso pasa en un Estado democrático.

Un Estado autoritario invierte la regla. En un gobierno autoritario el Estado espía. El Estado vigila, el Estado hackea, el Estado irrespeta la intimidad y la vida privada de las personas, y al mismo tiempo se blinda, mantiene un secreto respecto a la forma cómo gestiona las actividades públicas, respecto a la forma en que gasta los recursos públicos, esconde cifras, datos, que la gente tiene derecho a saber. Esta es una diferencia clásica entre el autoritarismo y la democracia.

¿A quién realmente beneficia una ley de acceso a la información?¿A los ciudadanos? ¿A los Estados? ¿Qué ganan los Estados? ¿Ganan algo los Estados?
Sí. Por un lado gana la sociedad justamente porque sabe en qué se están gastando los recursos, sabe cómo se están cumpliendo las funciones públicas, sabe si se están cumpliendo o no los fines del Estado. Los resultados y las cifras estatales, por ejemplo. Pero por otro lado gana el Estado. Un Estado democrático sabe que la vigilancia social lo obliga, por ejemplo, a establecer mecanismos contra la corrupción. Un Estado que se mueve en el secretismo es un Estado que muy fácilmente va a caer capturado en las garras de la corrupción. Es decir que el Estado democrático no las personas que transitoriamente ocupan los cargos públicos, que pueden ser más o menos corruptas gana enormemente porque la luz, la visibilidad, la transparencia lo obliga a actuar correctamente.

No hay sombras
No hay sombras, y por lo tanto no hay espacio para la clandestinidad. O son más reducidos. Tienen que ser más ingeniosos que un Estado que vive amparado en el secreto en donde es muy fácil que la corrupción capture a los funcionarios y a las rentas estatales, porque no hay vigilancia. Nadie puede saber exactamente qué está pasando.

En nuestros países latinoamericanos por lo general no existe mucha conciencia en torno a los derechos civiles. ¿Cuál es el rol de los ciudadanos en este asunto?
La garantía del derecho a la información es la manera cómo los ciudadanos pueden saber en qué se está gastando la plata, que no es la plata de los funcionarios públicos, sino que son unos recursos que se requieren, por ejemplo, para mejor sistema de salud, para mejor educación, para mejor estructura, para impulsar los procesos de desarrollo… porque es la única manera de saber si esa plata no se la están robando y que está siendo reinvertida en beneficio del colectivo. Es la única forma como pueden ejercer de verdad los derechos políticos, no decidir por quién votan en virtud de un eslogan, o de una propaganda sino en virtud de cifras, informaciones concretas y claras que les permiten tomar decisiones informadas.

Cuando se aprobó la ley de acceso a la información en México, ¿fue producto de un movimiento civil? ¿De quién fue la iniciativa?
Fue un movimiento precioso de la sociedad civil, que comenzó con el Movimiento de Oxaca, un proceso en el cual por fin se logró la alternancia política frente a un partido que llevaba gobernando décadas (PRI) y logran derrotarlo. En ese momento del renacer, de la primavera, no porque el partido que hubiera ganado fuera mejor o peor sino porque después de años a los que se llamó “la dictadura perfecta”, este grupo impulsa la ley de transparencia para logar que los recursos públicos ya no se administraran de manera secreta para favorecer a un partido o al otro, y lograron una enorme revolución democrática, que fue la creación de la ley de acceso, la creación de lo que en ese momento se llamó el IFAI, ahora llamado INAI, que no sólo tiene poderes federales sino incluso para vigilar a las entidades nacionales.

Hay una cosa que generalmente no queda clara, que es la relación entre transparencia y acceso a la información. ¿Podría explicarnos esa relación?
La transparencia es el principio y los mecanismos en virtud de los cuales el Estado y los funcionarios públicos cumplen sus funciones, o ejecutan sus recursos públicos, y la manera en que los ciudadanos pueden acceder al Estado, a los bienes del Estado, a los servicios del Estado. Cómo se logra que las personas puedan acceder fácilmente, cómo eso está dispuesto para la gente. El derecho de acceso es un mecanismo a través del cual se logra una parte de esa transparencia.

La transparencia incluye, por ejemplo, que por obligación propia, sin que nadie se lo pida, toda la administración pública debe publicar la información: organigrama, cuánto ganan los funcionarios, cómo se gasta el dinero, cómo son las licitaciones. Que establezcan los procedimientos de acceso a los bienes o a los servicios que esa entidad presta, establezcan los procedimientos para que la gente puede reclamar ante la entidad, todo eso debe estar público independientemente de que la gente no pregunte. En qué se gastaron la plata, cuál es el presupuesto del año entrante. Y eso tiene que ver con lo que se llama el gobierno abierto, que es un movimiento enorme a nivel global. El derecho a acceso es el derecho que yo tengo a que cuando esa información no es de libre acceso al público, yo pueda preguntar y me tengan que dar la información.

Yo puedo preguntar qué debo hacer para pedir mi pensión de jubilación, o cuáles son los criterios para establecer dónde se pone una escuela y cómo se seleccionan a los niños de esa escuela, o cuáles son los planes de evacuación en las escuelas, en caso de que hubiese un incendio. Yo puedo pedir cualquiera de esas informaciones sin tener un hijo en edad escolar.

El derecho al acceso a la información que tienen todas las personas a acceder a la información pública, o simplemente respecto a la gestión estatal, forma parte de todos los mecanismos que debe tener el Estado para hacer una gestión transparente, pero no es el único.

En periodismo se habla mucho del acceso a las fuentes y Venezuela está viviendo un momento muy dramático en ese sentido, sobre todo en relación a las fuentes del Estado. ¿Qué pasa  en un país donde se cierran las fuentes de información al periodismo? ¿Cuáles son las consecuencias?
Esa es una de las formas como los estados más autocráticos, más autoritarios, logran poner una barrera de silencio alrededor de su gestión. Por un lado no hacen pública la información. No hay transparencia activa. Por el otro lado no entregan la información. Se inventan excusas o simplemente no responden y no hay jueces que hagan efectivo el derecho de la ciudadanía a saber.

Por el otro lado bloquean el acceso de las personas que quieren preguntar y que sirven de parlante a la sociedad. No hacen ruedas de prensa, no les dejan entrar a las entidades públicas, establecen criterios de acreditación absurdos, absolutamente desproporcionados.

Una de las recomendaciones de la Relatoría para la libertad de Expresión al gobierno de Kirchner es que hiciera ruedas de prensa y que no estableciera acreditaciones discriminatorias. Que sólo pueden entrar los periodistas del medio que al Estado le convine, porque la línea editorial está alineada con el gobierno, eso es propaganda. Y esa recomendación se la hizo la relatoría a Venezuela, y me da la impresión de que lamentablemente no ha cumplido con el deber de rendir cuentas, a pesar de que algún día van a tener que rendir cuentas.

¿Cuáles son los desafíos que tenemos a corto y mediano plazo en Venezuela y en América Latina en torno a la libertad de expresión?
Por un lado, en materia de acceso y por el otro en materia de libertad de expresión. En América Latina lo que tenemos es que seguir promoviendo las leyes de acceso o fortalecer los mecanismos de implementación allí donde no la hay. Por ejemplo, que existan órganos autónomos, que sean especializados, que realmente sepan del tema cuando se toman decisiones, es decir, implementar marcos regulatorios adecuados para que la gente realmente pueda acceder, y el derecho sea efectivo. En Venezuela, en particular, me parece que hay que empezar de cero. En Venezuela nadie sabe, ni siquiera los funcionarios públicos, cómo está funcionando el Estado. Y esa es una de las razones por las cuales la situación en Venezuela es tan dramática. Pues como se blindaron el control, evidentemente lo que hicieron fue crear el caldo de cultivo perfecto para la captura de las rentas estatales y de las funciones estatales por parte de unos grupos e corrupción, criminalidad, etc.

Yo creo que en Venezuela hay que empezar de cero. Hay que pensar en una ley, hay que diseñar un marco adecuado, hay que crear unos organismos de implementación, pero va a haber una enorme resistencia porque hasta donde se sabe, la situación en Venezuela en materia de corrupción, al menos eso es lo que dicen las cifras internacionales, es posiblemente la peor de la región. Pero hay que hacer la tarea porque tarde o temprano todo eso va a pasar.

La mejor manera en que un gobierno pueda cumplir sus funciones democráticas, no importa si es un Estado más de izquierda, más de derecha o más de centro, es que estén vigilados. Estados que respeten el principio de transparencia, que permitan que haya un control sobre su gestión porque está demostrado que los Estados que suprimen los controles, que ahorcan a la prensa, que cierran el acceso a la información, que impiden las ruedas de prensa, que encarcelan a sus opositores, que capturan al poder judicial, que capturan a órganos de control, como la contraloría o la defensoría, ese tipo de modelos fracasa. No hay alternativa, porque son cooptados por grupos corruptos. Entonces no cumplen las finalidades y terminan en un norme fracaso y el problema de ese fracaso es que se lleva por delante la vida de la gente

 

Catalina Botero compara acciones de Bukele con Correa en Ecuador

El llamado de Bukele a no comprar los periódicos que lo fiscalizan, los ataques cibernéticos y las marchas como la del miércoles son similares a las de Venezuela y Ecuador, dijo Botero.

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Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

19 febrero 2016 / LPG

La exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y galardonada el año pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Catalina Botero Marino conversó ayer con LA PRENSA GRÁFICA desde su natal Colombia, sobre el fraude informático del que este periódico, junto con El Diario de Hoy, ha sido víctima, en una red liderada por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

La abogada consideró que ese hecho, la postura que al respecto ha adoptado el jefe municipal en los últimos meses y el llamado a no comprar ejemplares de ambos rotativos es un intento por silenciar a los medios de comunicación, similar a lo que ha ocurrido en países de América Latina como Venezuela y Ecuador, bajo los gobiernos de Nicolás Maduro y Rafael Correa, respectivamente.

¿Cómo analiza usted que un erigido líder de la izquierda, en este caso el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ataque a los medios de comunicación y en especial a LA PRENSA GRÁFICA, por publicar noticias relacionadas con contrataciones de familiares en su alcaldía?

De extraordinaria gravedad. Lo único que demuestra este caso es el talante (disposición natural del ánimo o manera de ser de una persona) antidemocrático de algunos funcionarios públicos, que en lugar de hacer una defensa democrática y argumentada, haga cuestionamientos del trabajo de la prensa en el ejercicio de su función, que no es la de halagar a los funcionarios públicos, sino controlar que no haya abusos de poder. Si el alcalde considera que algo es una desinformación, tiene todo el derecho de expresarlo; pero lo que no puede hacer un funcionario es utilizar, directa o indirectamente, los privilegios, las potestades y los recursos que tiene para silenciar la labor crítica de la prensa. La prensa no puede ser silenciada por funcionarios.

Según un peritaje que consta en el caso judicial, se contrató una empresa para crear una especie de “troll center” para crear cuentas falsas y desde ahí atacar a los medios de comunicación. ¿Cómo ve esta práctica?

Hoy en día mucha gente tiene acceso a las redes sociales para acceder a la discusión pública, porque son buenas herramientas para ello, pero cuando los gobernantes utilizan ese espacio democrático para distorsionarlo y ocuparlo para desinformación, pervierten el uso de las redes sociales, distorsionan el debate público, y si lo hacen con recursos públicos, es muy grave, porque además pueden estar ocupando de manera desviada estos recursos y no solo es corrupción, sino que es una violación y una distorsión de la libertad de expresión.

¿Hay otros casos de “troll center” que usted tenga conocimiento?

Hay denuncias muy graves sobre la utilización de ese tipo de mecanismos, el caso de Ecuador es el más conocido, en donde evidentemente hay un “troll center”, en donde las investigaciones han logrado identificar que las IP de los computadores están en oficinas estatales, de propiedad o de uso de estas oficinas estatales y que utilizan la misma estrategia, de pervertir estos espacios que por excelencia son democráticos. No solo hay violación de la libertad de expresión, no solo hay corrupción, no solo hay malversación de recursos públicos o uso indebido de estos recursos, sino, además, otro tipo de delitos, como los delitos cibernéticos.

En relación con lo anterior, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad al respecto?

A mí me parece que la Fiscalía debe estudiar esto muy seriamente. Yo creo que las autoridades tienen la obligación, no solo de empezar las investigaciones, sino de terminarlas y a definir, de conformidad con el debido proceso y con todas las garantías del debido proceso, si un funcionario público está involucrado en este tipo de hechos, y si está involucrado, pues debe sancionarlo con todo el rigor de la ley. Yo creo que las personas que apoyan a estos funcionarios públicos, que en algunos países son de izquierda, en otros países son de derecha y en otros son de centro, no importando la ideología que tengan o que persigan, estas personas tienen que saber que apoyar este tipo de comportamientos va en contra del proceso democrático de un país y va en contra de la libertad de prensa y de información.

La Fiscalía capturó a cuatro personas esta semana y está buscando a una más que es prófuga de la justicia. Ahora que la Fiscalía ha actuado, el alcalde señala que el fiscal está sirviendo a los medios. ¿Qué le parece esto?

Yo lo que creo es que la Fiscalía debe trabajar de una manera transparente, para que la gente pueda tener confianza de que lo que hace está fundado en el debido proceso y sobre todo que actúe sin temor. Es normal que los funcionarios públicos que están siendo cuestionados digan que es una persecución política, porque efectivamente en muchos de nuestros países han existido persecuciones políticas. La única manera de que esto se resuelva bien es que la Fiscalía haga una investigación seria, sin temor a lo que estos funcionarios públicos puedan hacer o dejar de hacer, porque al final del camino, al fiscal, a los fiscales y a las personas del ministerio público que están trabajando en esto, la sociedad les va a recompensar el trabajo que han hecho.

Sabemos que el alcalde está presionando a otros medios para que no publiquen este tipo de cosas. ¿Cree usted que el tema de la pauta publicitaria estaría siendo usado en este caso?

Cuando los funcionarios públicos tienen el talante antidemocrático, que no es que se defienda, sino que critican la labor de la prensa y tienden a deslegitimar toda la labor del periodismo, que tienden a estigmatizar a los medios de comunicación; esos casos, cuando los funcionarios tienen ese talante, suelen utilizar todos los mecanismos que tienen a su disposición para silenciar a los medios críticos. No me extrañaría que utilizara mecanismos como la publicidad oficial para ello. Los funcionarios no pueden premiar o castigar a los medios de comunicación con la publicidad oficial, en virtud de su línea editorial.

¿Qué se debe hacer en estos casos?

Si se está utilizando la publicidad oficial para premio o castigo o si se está presionando a los anunciantes privados para no anunciarse en los medios de comunicación, que es otra cosa que suele pasar, que administran la publicidad con criterios políticos, pero también se presiona a los anunciantes privados y se les dice que se les va a castigar o que se les va a mandar auditoría; estos casos los documentamos mucho para poder presentarlos ante un juez, como pasó en Argentina.

¿Qué es lo que sucedió en Argentina?

Con el anterior gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuyos ministros solían hacer este tipo de cosas, se documentó el caso; porque en casos como este que hay violación de la libertad de expresión hay que documentarlos y llevarlos ante los jueces, porque los jueces en Argentina condenaron al Gobierno por hacer eso. Yo creo que los medios, sean de izquierda o de derecha, los medios en general, deben resistir ese tipo de presión, porque tienen que saber que hay garantías que tarde o temprano llegan. Los funcionarios públicos no son dueños de los recursos ni del poder que ellos quieran ejercer como lo quieran ejercer.

Ayer (el miércoles) se concretó una manifestación que el alcalde había convocado para concentrarse frente a la Fiscalía y aprovechó para vestir una camiseta con una leyenda que instaba a no comprar los periódicos que le habían criticado. ¿Qué piensa de esto?

Es el típico comportamiento de Rafael Correa en Ecuador, es un comportamiento típico de un líder antidemocrático. Él no puede pedir que no compren los medios, la obligación de un funcionario, sea de izquierda o de derecha, no es la de desvirtuar las investigaciones que se hacen en su contra. Si él tiene razón y los argumentos suficientes, no tiene por qué llamar a nadie. Lo dicho es exactamente el comportamiento de Rafael Correa, un comportamiento que está llevando a que Ecuador sea considerado en este momento como uno de los países más autoritarios que hay en la región; así lo han dicho claramente los distintos órganos de protección de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de protección de derechos humanos.

En esa marcha estuvo el primer designado a la presidencia que es del partido FMLN, el partido político que llevó al poder al alcalde Nayib Bukele, y también se vio a otros funcionarios de Gobierno. ¿Esto también suele suceder en otros países de América Latina?

No, en América Latina no; eso suele suceder con frecuencia en Venezuela y en Ecuador, pero eso no sucede en otros países. Eso no sucede en Chile, eso no sucede en Brasil, eso no sucede nunca en Uruguay, que es un país de izquierda, por ejemplo. En Uruguay hay un gobierno de izquierda establecido en donde eso no pasaría nunca. Si hay una acusación contra un funcionario, el funcionario se defiende. Por eso es muy importante y que quede claro que esto no es un tema de derecha o de izquierda, de un gobierno o de la oposición, es un tema de quienes le apuestan a la democracia o no. Eso no pasaría nunca en la mayoría de países de la región, a excepción de Venezuela y Ecuador.

¿Qué puede generar o qué podría producirse que se quiera silenciar a la prensa?

El resultado de haber sofocado a la prensa lo estamos viendo en Venezuela. Ahí se acabaron los controles que hacía la prensa y la corrupción se tragó una bonanza que debería tener a los venezolanos en estos momentos con las más altas condiciones de vida y que los ha sumido en altos niveles de pobreza, tal vez lo más altos que puedan haber en la región y todo eso comenzó cuando comenzaron a sofocar a la prensa con controles, y sin estos la corrupción se tragó a ese país. Hoy en Venezuela la pobreza es inadmisible.

Cuando usted estuvo en El Salvador el año pasado dijo que los funcionarios corruptos temen a las primeras planas. ¿Eso sigue vigente para El Salvador hoy en día?

Sigue vigente en su país y en cualquier país del mundo. A lo que más le temen los funcionarios inescrupulosos es la prensa y por eso la silencian y a lo segundo que le temen son las investigaciones judiciales imparciales. Una prensa seria, inteligente, que haga las investigaciones que tiene que hacer y con un buen juicio independiente, es el terror de los funcionarios públicos, por eso lo primero que hacen en cualquier país, con cualquier ideología, es intentar silenciar a la prensa.

Violencia y autoritarismo amenazan la libertad de prensa en la región: Catalina Botero

Catalina Botero, abogada colombiana exrelatora de la libertad de expresión de la CIDH y galardonada este año por la Sociedad Interamericana de Prensa, estuvo en el país en el marco de los 100 años de LPG.

Catalina Botero, colombiana galardonada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como Gran Premio Chapultepec 2015. Exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Catalina Botero, colombiana galardonada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como Gran Premio Chapultepec 2015. Exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ricardo Flores, 7 julio 2015 / LPG

La libertad de expresión y de prensa tienen dos amenazas fundamentales en la región latinoamericana hoy en día, según Catalina Botero, abogada colombiana experta en derechos humanos: la violencia que ejerce el crimen organizado y el autoritarismo “soft”. Así los resumió la también exrelatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un conversatorio que tuvo ayer con diplomáticos, gremiales empresariales, representantes de la industria publicitaria, periodistas, docentes, estudiantes y columnistas invitados por LA PRENSA GRÁFICA en el marco de su centenario.

Botero, galardonada este año por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como Gran Premio Chapultepec 2015, inició su charla, que duró unos 45 minutos, y destacó la importancia de la prensa escrita. La abogada dijo que los periódicos tienen tres características que diferencian al resto de medios: tiempo para investigar la corrupción, impacto y diversidad de información.

“Los funcionarios corruptos le temen a la primera plana de los periódicos”, dijo Botero para resumir el impacto que puede tener un tema bien investigado.

Esa capacidad de los periódicos, de acuerdo con lo indagado por Botero, es lo que incomoda a funcionarios y criminales que buscan crear una barrera para poder operar sin tener el escrutinio público.

La exrelatora de la CIDH dijo que existen regiones donde el crimen organizado procede a amenazar y hasta asesinar a las personas que no están dispuestas a callar. Citó ejemplos como Guatemala, Honduras y el nordeste de Brasil, zonas donde hay reportes de una altísima cantidad de periodistas asesinados por criminales, principalmente vinculados con narcotráfico.

Botero mencionó como ejemplo que la cantidad de periodistas asesinados en Latinoamérica es similar a los casos que ocurren en países que están en guerra.

En El Salvador, la experta dijo que no hay muerte o cárcel contra periodistas.

José Roberto Dutriz, presidente y director general de LA PRENSA GRÁFICA, compartió la apreciación de Botero sobre el país: “El diagnóstico de la libertad de prensa en el país en términos general es bueno. Acá no hay periodistas asesinados, pero sí hay problemas de obstaculización, de no respetar las leyes y abusos de poder”, manifestó.

Esa amenaza de la que habla Dutriz, Botero le llama “autoritarismo soft”. La experta considera que se trata de Gobiernos que buscan controlar la información pública, pero no lo hacen con la represión del pasado sino con reformas legales. Los casos más emblemáticos, de acuerdo con Botero, ocurren en Suramérica: Venezuela y Ecuador.

Botero dijo que en este último país, el gobierno ha “ajustado” las leyes para obligar a los medios de comunicación a publicar lo que el presidente considera importante. En caso de no cumplir con esa disposición, hay amenaza de multas millonarias o incluso hasta encarcelamiento.

“Hay unos autoritaristas menos brutales, más masivos, pero que ejercen un enorme control en toda la sociedad y son las que estamos viendo hoy y no creo que sea un tema ideológico”.

También dibujó una situación similar en Venezuela donde dijo que hay una persecución de parte de funcionarios contra los medios para evitar que cubran lo que consideran perjudicial. Botero aclaró que ella no ve ese control de los medios como un problema de ideología, sino de funcionarios que son antidemocráticos.

Citó el caso de Panamá, donde el expresidente Martinelli armó un equipo de espionaje, de uso de redes sociales para desacreditar y estigmatizar a los medios que no se alienaron con el gobierno.

Botero dijo que lo grave es que esas “malas prácticas” se exportan, por lo que pidió estar alertas a lo que “están haciendo los vecinos” para evitar que suceda en El Salvador.

José Luis Saca, presidente de Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), considera que en el país ya hay intentos por imitar esos controles: “Hay amenazas que se resumen en intentos de legislación como el de mal llamado de radios comunitarias, que pretende asignar una porción del espectro radioeléctrico de dedo, por decreto. Algo que atenta contra los medios independientes”.

Botero finalizó y dijo que la prensa tiene la responsabilidad de exigir que se cumpla con la libertad de expresión.

“La libertad de expresión es el derecho que permite defender otros derechos”: Catalina Botero

Botero destaca la libertad de expresión como un derecho fundamental para que se cumpla el resto de derechos. Llega al país en el marco del centenario de La Prensa Gráfica.

Catalina Botero, Experta en temas sobre libertad de expresión en América Latina. Ex-relatora de Libertad de Expresión de

Catalina Botero, Experta en temas sobre libertad de expresión en América Latina. Ex-relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Entrevista a Catalina Otero, de Hermelinda Bolaños, 6 julio 2015 / LPG

Catalina Botero fue titular de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia. Además, es exrelatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este año, Botero fue galardonada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como Gran Premio Chapultepec 2015. Por otra parte, Botero también es la autora del libro “Libertad de expresión en las Américas”, en el cual explica los avances y desafíos del derecho a la libertad de expresión en la región.

Este día, Botero participará en un conversatorio organizado por LA PRENSA GRÁFICA, en el cual abordará temas relacionados con la situación de la libertad de expresión en América Latina y la relevancia de la prensa escrita.

Usted es la autora del libro “Libertad de expresión en las Américas”. ¿Qué contiene el texto y cómo contribuye a la libertad de expresión de la región latinoamericana?

Se trata de un informe que da cuenta de los más importantes avances, pero también de los desafíos del derecho a la libertad de expresión en la región.

¿Cuál ha sido su experiencia al frente de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia?

Para mí fue un reto enorme diseñar e implementar políticas de promoción de derechos humanos en un país con un conflicto armado tan doloroso y tan largo y con fenómenos de violencia profundamente arraigados, casi normalizados. Es un aprendizaje sobre la Colombia que todos tendríamos que conocer si de verdad queremos construir un país justo y en paz.

También ha sido galardonada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) este año como Gran Premio Chapultepec 2015.

Sí. Un gran honor. Creo que la libertad de expresión es el derecho que permite defender los otros derechos y por eso su notable importancia. Como Relatora defendí la libertad de expresión de medios y periodistas, de blogueros, de defensores de derechos humanos, de quienes están en la oposición –cualquiera que sea la ideología del Gobierno–, en fin, el derecho de la gente a usar su libertad para defender sus derechos, para comunicarse, para dialogar y tratar de entenderse, para actuar colectivamente contra los abusos y la injusticia. Ser galardonada por eso me honra y me compromete.

¿Cómo se crea la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

Es un momento muy especial en la región en el cual la mayoría de los países están en una transición de dictaduras o de conflictos armados a regímenes democráticos y existía un consenso en el sentido de que garantizar la libertad de expresión era una especie de salvaguarda para evitar la repetición de los abusos del pasado. Naturalmente es más difícil violar derechos humanos o ser corrupto si existe una verdadera libertad de expresión y si las personas no sufren represalias por sacar a la luz esos actos y denunciarlos. En medio de ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crea a la Relatoría y los Estados aplauden su creación.

¿Cuál ha sido su experiencia como Relatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

La defensoría me permitió entender mejor mi país, la relatoría me permitió entender mucho mejor la región. Las cosas han cambiado mucho desde la creación de la oficina. A finales de los noventa existía un avanzado consenso sobre la importancia de los derechos humanos. El gran desafío era implementarlos en serio y en condiciones de igualdad. Sin embargo, en la última década algunos Estados han retrocedido de manera dramática y han acudido nuevamente a expedientes profundamente autoritarios –como encarcelar opositores o cerrar medios– que estaban en vías de ser superados. En ese contexto, la defensa regional de los derechos humanos no es una tarea fácil, pero ayuda que algunos Gobiernos no hayan cedido a la tentación autoritaria y recuerden las razones por las cuales se crearon estos órganos regionales de protección. La memoria de la barbarie muchas veces es el mejor antídoto para no dejarse engañar por cantos de sirena que conducen, la mayoría de las veces, a dolorosos callejones sin salida, ya sea sociales, económicos o políticos.

¿Cómo califica la libertad de expresión en América Latina?

Tiene enormes avances, pero también grandes desafíos. Hoy no afrontamos Gobiernos militares que de manera sistemática asesinan, desaparecen y torturan a quienes piensan distinto. La mayoría de las Constituciones prohíben la censura y en muchos Estados hay jueces independientes que se toman en serio la defensa de este derecho. Sin embargo, las cifras de violencia contra la prensa, especialmente del crimen organizado y de autoridades coludidas con los criminales, son alarmantes y algunos Gobiernos han reformado todo su marco jurídico para impedir la deliberación democrática. Ya no desaparecen, pero en algunos lugares, encarcelan, cierran medios y organizaciones de la sociedad civil, imponen multas millonarias a medios y periodistas. Todo, avalado por jueces completamente capturados por el Gobierno. Los casos emblemáticos son Venezuela y Ecuador.

¿Qué tanto considera que se respeta la libertad de expresión en la región latinoamericana?

Depende. Hay países en los cuales no hay grandes dificultades, existen garantías y las autoridades no están en la tarea de violar la libertad de expresión. Puede ser que en estos lugares existan disputas, pero son disputas normales dentro de un Estado democrático. Me refiero, por ejemplo, a Uruguay. Otros Gobiernos en Estados en los que tradicionalmente ha habido un respeto importante por la libertad de expresión han decidido ensayar experimentos muy problemáticos, como el caso de Costa Rica, en el que felizmente el Gobierno terminó retirando un proyecto de ley que tenía enormes dificultades.

En países como México u Honduras, pese a algunos avances menores, en realidad los Estados han dejado de cumplir sus obligaciones de protección de las personas amenazadas por ejercer su libertad de expresión y de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos. Y, como ya pude mencionarle, Venezuela, Nicaragua o Ecuador son el ejemplo de modelos que han modificado toda su estructura jurídica y han empleado todos los recursos estatales para sofocar cualquier expresión disidente de izquierda o de derecha. Estos Gobiernos controlan toda la esfera pública, en la que subsisten con un altísimo costo y riesgo, espacios no capturados.

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha manifestado que para su gobierno es importante que las concesiones de frecuencias de radio no solo se les otorguen a los medios de comunicación del sector privado, sino también a los del ámbito público y a las radios comunitarias. ¿Qué ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión sobre las frecuencias radioeléctricas?

La Comisión Interamericana en su declaración de principios del año 2000 indicó que es muy importante que exista pluralismo y diversidad en el debate público y, en consecuencia, que no pueden existir monopolios u oligopolios en el control de los medios de comunicación. Ha dicho también que la radiodifusión privada es fundamental para enriquecer el debate público y que debe tener garantías para actuar de manera vigorosa e independiente y fortaleza para resistir los ataques de quienes desde el Estado u otros sectores pretendan controlar su línea informativa, y que debe existir una radiodifusión comunitaria que permita que sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad se expresen libremente, por ejemplo, en sus propias lenguas. Finalmente, ha sostenido que la radiodifusión pública debe estar orientada a la difusión de contenidos de interés general, que distan mucho de los contenidos propagandísticos de algunos países que confunden lo público con lo gubernamental. Los medios públicos no son ni pueden ser medios de propaganda oficial y para ello deben estar regulados por órganos independientes del gobierno de turno y garantizar información de calidad y de interés general. Sobre todos estos temas hay informes de la Relatoría Especial y de la CIDH.

Según el artículo 3 del Código de Ética para los periodistas y profesionales de la comunicación en El Salvador, los periodistas también son responsables de promover la libertad de expresión y el derecho a la información; sin embargo, esto podría exponerlos. Según la SIP, cuatro periodistas han sido asesinados en lo que va del año. ¿Considera que los países latinoamericanos brindan las condiciones de seguridad necesarias para los periodistas?

De ninguna manera. Por un lado, el crimen organizado está creciendo a enormes velocidades y opera como una gran holding de pequeños carteles que tienen una poderosa agenda comunicativa. Estos carteles se han convertido en la amenaza más potente para la vida y la integridad personal de los periodistas de la región. Pero las cosas empeoran y mucho cuando las autoridades son débiles para enfrentar a los criminales, cuando se dejan capturar por los grupos ilegales o cuando intentan rescatar la seguridad como si se tratara de una guerra entre naciones en la que opera la mentalidad amigo-enemigo. En estas tres hipótesis la prensa no solo se encuentra completamente desprotegida, sino que en muchos casos quienes tienen que protegerla se convierten en su principal amenaza. En este sentido, el derecho internacional ha sido claro al establecer que los Estados tienen obligaciones internacionales destinadas a prevenir la violencia contra la prensa, a proteger a los periodistas en riesgo y a luchar contra la impunidad de los crímenes establecidos. Son obligaciones concretas que solo requieren un poco de voluntad política como lo han mostrado experiencias relativamente importantes como la de la Unidad de Protección en Colombia o las últimas actuaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Guatemala contra presuntos asesinos de periodistas.

¿Existe alguna diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa? ¿Cuál?

La libertad de prensa es una forma de ejercer la libertad de expresión a través de los medios de comunicación en cualquier formato o plataforma. Es tan importante la libertad de prensa que varias sentencias de la Corte Interamericana dedican una parte importante para defenderla y explicar su relevancia particular en cualquier sociedad democrática y las garantías reforzadas que, como la reserva de la fuente, son esenciales para asegurar su existencia.

En el caso de la prensa escrita, ¿cuál considera que es su relevancia?

La prensa escrita tiene importantes diferencias respecto de otros formatos.

Por una parte, los medios escritos pueden investigar de manera más profunda, con menos urgencia y menos limitaciones que las que existen en otros medios, historias de enorme relevancia pública. Estas historias, en general, al ser publicadas en este tipo de medios, permanecen en la opinión y en la agenda pública y no son arrolladas por la inmensa cantidad de información que circula a diario por otros formatos. En este sentido, en un mundo de enormes velocidades en el proceso comunicativo, la primera plana sigue siendo la primera plana.

Otra característica de la prensa escrita es que nos obliga a recorrer caminos que otros formatos nos evitan pero que son fundamentales si queremos realmente actuar como ciudadanas o ciudadanos informados. Cualquiera que quiera leer una determinada sección de un buen diario tendrá que recorrer, al menos de manera rápida, noticias fundamentales de interés general sobre economía, política, relaciones internacionales, derechos humanos, ciencia o arte. Verá que existen opiniones similares y divergentes a la suya y, por lo menos, por ese instante, entenderá que el mundo es ancho y ajeno y que solo la discusión franca de las ideas distintas nos permite saber si tenemos la razón o si debemos cambiar de opinión. Eso no pasa en otros formatos en los que la información puede ser severamente seleccionada, filtrada y compartimentalizada.

Por eso no estoy de acuerdo con quienes creen que la prensa escrita puede ser reemplazada por mensajes de 140 caracteres. Las redes sociales son revolucionarias, extraordinarias en muchos sentidos y han ampliado y democratizado de manera inconmensurable la esfera pública. Pero, en general, no pueden reemplazar ese baño obligado de ciudadanía que da recorrer un buen diario ni la información rigurosa y sosegada que es fruto de la labor seria de quien ejerce el oficio de periodista en medios profesionales e independientes. Por eso, la tensión entre la prensa escrita y el poder está siempre presente, con independencia de las ideologías. Y por eso es tan importante defenderla.