medidas extraordinarias

Carta a los diputados: No se dejen chantajear por la falta de voluntad y capacidad del gobierno. De Paolo Luers

31 julio 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados:
Ahora todos -ustedes en la Asamblea y la ciudadanía- están enfocados en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es la prioridad número 1, indudablemente.

Pero inmediatamente despuées tienen que atender otro problema, que causaría grave daño si no logran encontrar una solución racional, eficiente y pegada a la Constitución. Desde hace varias semanas, ustedes tienen en sus manos la iniciativa del gobierno de reformar la Ley Penitenciaria. Viene, como siempre, con urgencia y mucha presión. Más bien chantaje.

La urgencia del gobierno es esta: Han basado toda su política de Seguridad Pública sobre la muleta de las medidas extraordinarias. Desde ya más de dos años las aplican en el sistema penitenciario. Medidas extraordinarias, que no son otra cosa que un Estado de Excepción parcial, tienen por definición un carácter temporal. La única manera que ustedes, los legisladores, pueden autorizar un Estado de Excepción temporal es bajo el imperativo que el gobierno aproveche el plazo concedido para resolver la emergencia y hacer innecesarias la aplicación de medidas extraordinarias, temporales y restrictivas de derechos constitucionales.

Esta regla constitucional ya ha sido violada por el Ejecutivo al buscar dos veces la prolongación de las medidas extraordinarias. La última vez, la Asamblea se negó a dar otra prorroga de 1 años y dijo al Ejecutivo: Le damos 6 meses para resolver, pero es la última vez. Resuelvan.

Ahora, ante su incapacidad de desarrollar políticas que resuelven la emergencia de inseguridad, el gobierno presentó una reforma de la Ley Penitenciaria que simplemente pretende convertir las medidas extraordinarias en legislación permanente, incluyendo todas sus restricciones a derechos garantizados por la Constitución y por las leyes. Esto no se vale. Es una ofensa tanto a la Sala sobre que sentenció que es inaceptable elestado del sistema penitenciario, como a la Asamblea Legislativa que les negó la prórroga por un año más.

La incapacidad -o la falta de voluntad- del gabinete de Seguridad de resolver la emergencia no puede ser razón para la Asamblea de permitir que el Estado de Excepción se convierta en legislación permanente. Sería una derrota del Estado de Derecho.

Así lo han calificado las instancias internacionales encargadas de vigilar y garantizar los Derechos Humanos. Ustedes tienen en sus manos los informes respectivos.

Convertir las medidas extraordinarias en legislación permanente sería permitir que el ejecutivo actual y el que venga sigan construyendo sus políticas de Seguridad Pública sobre la libertad de continuar violando derechos humanos y constitucionales.

Tienen en sus manos la oportunidad de obligar al gobierno a reorientar sus políticas y presentar y cumplir planes de seguridad integrales apegados a la Constitución. Estamos acercándonos a las elecciones presidenciales y la transición a un nuevo gobierno. La Asamblea no debe cerrar la puerta a que los candidatos y sus partidos desarrollen propuestas nuevas en el área de Seguridad y que no sean amarrados a una legislación que surge de la incapacidad de los últimos gobiernos.

Hagan su trabajo. No son el órgano auxiliar del gobierno.

Saludos,

A propósito de las medidas “excepcionales”. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 4 abril 2018 / El Diario de Hoy

Uno de los temas centrales para esta semana es la ampliación de las medidas “excepcionales”. La semana pasada argumenté, en esta columna, que los diputados de oposición no deben dar un cheque en blanco al oficialismo como lo han hecho durante los últimos dos años. Hacerlo contribuiría a que el aparato de seguridad se continúe acomodando a trabajar fuera del marco legal regular, haciendo uso del elevado nivel de discreción y poder que le otorgan las medidas, sin adquirir compromisos que garanticen su transitoriedad, la evaluación de su impacto, la fiscalización de su ejecución y la planificación e implementación de proyectos orientados a solventar las deficiencias que justificaron su aprobación inicial.

He escuchado a funcionarios de seguridad dar declaraciones irresponsables a los medios de comunicación, en las que tratan de descargar su responsabilidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños en los diputados que se nieguen a prorrogar la vigencia de las medidas “excepcionales”. El discurso utilizado por los burócratas ha sido similar. Todos han pintado una imagen casi caricaturesca de peligrosos criminales que se frotan las manos en sus oscuras celdas, esperando que no exista una ampliación para hacer de las suyas. Esencialmente, intentan crear una narrativa en la que cualquier persona que cuestione la prórroga de las medidas se convierta en aquella que dejó la puerta del gallinero abierto para que lobo se diera gusto. Esto es inaceptable y los diputados de oposición no deben prestarse a este chantaje. Los responsables de cualquier cosa que suceda por quitar las medidas son los funcionarios que no aprovecharon los últimos dos años para prepararse para este este momento.

Escuché al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl Antonio López, ofrecer a los diputados que cuestionan la ampliación de las medidas, una visita a los centros penitenciarios, como muestra del impacto que éstas presuntamente han tenido. Este gesto ilustra perfectamente uno de los principales problemas de los que adolecen las políticas públicas salvadoreñas: carecen de un componente robusto de fiscalización y evaluación técnica y objetiva. Entender la necesidad de incluir un componente de evaluación a cualquier proyecto, marcó un punto de inflexión en el progreso de las naciones más desarrolladas. El impacto de un proyecto no se determina con visitas de cinco minutos. La medición y evaluación de impacto requiere de una serie de indicadores previamente seleccionados para recolectar información que permita aplicar métodos cuantitativos y/o cualitativos para llegar a conclusiones técnicas.

Otros funcionarios oficialistas han hecho comentarios similares a los de López. Siempre que se les cuestiona sobre cuáles son los parámetros para medir la efectividad de las medidas “excepcionales”, ofrecen respuestas ambiguas e invitaciones a visitar recintos u oficinas. Es evidente que no se pensó (o no se quiso pensar) en eso. Nadie tiene idea de qué impacto han tenido estas medidas. Los homicidios han continuado, las pandillas han incrementado su control e influencia en las calles, las extorsiones no cesan y así se puede continuar con la lista de problemas de seguridad que permiten cuestionar los resultados de las medidas y plantear la necesidad de contar con un componente de evaluación y fiscalización robusto.

Este debería ser uno de los temas en los que los diputados de oposición se tienen que enfocar. Antes de ampliar cualquier medida temporal o financiamiento deben de crear un mecanismo de fiscalización y evaluación que permita determinar su impacto y amarre a las instituciones públicas que se benefician a compromisos concretos. Así la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer, por ejemplo, si el millonario impuesto a las comunicaciones ha sido invertido en cosas que han tenido un impacto o si el acompañamiento de la Fuerza Armada hace una diferencia significativa en el terreno. Antes de aprobar cualquier otra cosa, los diputados deben de crear un ente que tenga estas facultades y capacidades. Estoy seguro que el sector académico estará presto a colaborar.

El nuevo diputado que necesita El Salvador. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 28 marzo 2018 / El Diario de Hoy

El debate sobre la renovación de las medidas “excepcionales” marcó las vísperas del inicio de las vacaciones. La discusión permanecerá guardada hasta que finalicé la Semana Santa. Considerando que la mayoría de los diputados del principal partido de oposición, ARENA, fueron reelegidos y, en consecuencia, constituirán el grueso de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa durante el nuevo período, su postura en este tema tiene el potencial de definir el rumbo y enfoque del primer órgano del Estado para el próximo año.

Los voceros y funcionarios del oficialismo, como era de esperarse, aparecieron en los medios de comunicación solicitando y justificando la ampliación de la vigencia de las medidas. Los diputados de oposición, por primera vez, no se mostraron del todo dispuestos a aprobar su prolongación. No obstante, su postura fue un tanto ambigua, ya que insinuaron que valía la pena que algunas de las medidas se mantuvieran. Dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación selectiva.

Después de años de vivir subordinados a las pandillas, los salvadoreños favorecen cualquier abordaje que se proyecte como una solución drástica que provea a las autoridades de una mayor capacidad para controlar y castigar a dichos grupos. Esta actitud es completamente comprensible, pero peligrosa. Sucumbir ante este instinto natural, sin evaluar las consecuencias de las acciones adoptadas, puede agravar el problema en lugar de solucionarlo. Igual que las personas que se ven tentadas a tomar medicina para quitarse el dolor de un apéndice inflamada, en lugar de ir donde un médico a que determine cuál es el problema y lo trate correctamente, la desesperación de la ciudadanía puede llevarla a favorecer medidas que en apariencia erradiquen la inseguridad, pero que en realidad la escondan y contribuyan a que se agudice.

Lastimosamente, esto es lo que ha pasado. Las autoridades de turno venden estrategias cuestionables como soluciones extremas para atender la crisis en seguridad, prometiendo que su vigencia será temporal y que durarán solo hasta se logre controlar la situación. El detalle es que no resuelven el problema, ni siquiera lo debilitan. Además, al otorgar más autoridad y poder al Estado, lo hacen cómodo y, en lugar de buscar las formas de fortalecerse y formular soluciones inteligentes bajo su esquema de funcionamiento regular, solicite permanentemente la ampliación de la vigencia de lo que en un inicio se vendió como temporal.

Así es como, por ejemplo, la Fuerza Armada tiene años de desarrollar tareas de seguridad pública. Las consecuencias de esto son claras. Esta semana, por ejemplo, el periodista Carlos Monterroza entrevistó a David Victoriano Munguía Payés, ministro de Defensa, y su jefe de Estado Mayor, y las respuestas de ambos funcionarios dejaron en evidencia el peligroso desconocimiento que tienen en relación con temas operativos vinculados a la seguridad pública y a la investigación y persecución del delito. El impacto de esta ignorancia en el terreno, y los problemas que genera en términos de eficacia y eficiencia, son desastrosos. Sin embargo, la ampliación del apoyo castrense en tareas de seguridad sigue y continúa vendiéndose como una medida extrema para controlar los altos índices criminales.

Los diputados de oposición, en lugar de propiciar el estancamiento del aparato de seguridad con la aprobación ciega de medidas “excepcionales”, deben adoptar un rol más exigente. Resulta impopular cuestionar y negarse a la aprobación de estrategias que explotan la desesperación de la gente, pero es necesario hacerlo para fomentar la formulación de abordajes audaces. Similarmente, existe presión de los malos políticos y funcionarios (de todos los colores) para mantener mecanismos endebles de fiscalización, evaluación y contraloría, pero es necesario fortalecer todas las herramientas (y crear más) que nos aseguren que las instituciones trabajaran exclusivamente para beneficio de los ciudadanos.

El Salvador necesita diputados que favorezcan lo técnico sobre lo político y lo popular, que naden contracorriente en favor de los ciudadanos.

@_carlos_ponce

 

Lea también la Carta de Paolo Luers sobre el mismo tema

¿Por qué las ‘medidas extraordinarias’ no resuelven el problema? De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 2 marzo 2018 / EDH-Observador

La respuesta es muy simple: Las medidas extraordinarias afectan exclusivamente en los penales, cuando la violencia tiene lugar afuera, en los barrios, en los cantones, en las calles. Así de simple.

Las medidas extraordinarias, que no son otra cosa que un Estado de Emergencia aplicado en los 6 penales donde están detenidos pandilleros, con suspensión ‘temporal’ de derechos garantizados en la Constitución, en convenios internacionales y en la Ley Penitenciaria, surgen de una suposición equivocada: que las actividades de las pandillas, su violencia, y sus extorsiones, tienen su origen en los penales. Partiendo de esta tesis, parece lógico intervenir los penales. Parece. Pero la verdad es que el origen de la actividad de las pandillas está en la calle, en los barrios marginados y las comunidades precarias. Ahí nace y se reproduce. Y la guerra declarada contra las pandillas, sobre todo cuando afecta directamente a las comunidades y su población, echa leña a este fuego.

observadorAunque es cierto que durante años las actividades de las pandillas han sido conducidas desde los penales, porque ahí se encuentran sus cabecillas (nacionales, regionales y locales), esta verdad no permite sacar la conclusión que cortando la comunicación entre los pandilleros en los penales y los de la calle se logra descabezar y desmontar las pandillas y, por tanto, disminuir la violencia y las extorsiones que ejercen. Precisamente esta conclusión simplista es lo que ha llevado al gabinete de seguridad a apostar todo a la implementación de las medidas extraordinarias, y a insistir en su prolongación e incluso en convertirlas en permanentes.

Aislar a sus cabecillas presos, como lo hacen las medidas extraordinarias con cierta eficiencia, solo descabeza a las pandillas temporalmente, porque rápidamente le nacen otras cabezas. Con el aislamiento total de los cabecillas en el penal de máxima Seguridad Zacatecoluca, y con las medidas extraordinarias aplicadas en los penales de Ciudad Barrios, Izalco, Quezaltepeque, Gotera y Chalatenango, lo único que lograron fue que el mando de las pandillas pasó de los penales a la calle. Era ilógico esperar que por esto iban a bajar los homicidios o las extorsiones.

No nos olvidemos: Cuando el gobierno comenzó esta estrategia, a principios del 2015, con el traslado a todo el liderazgo nacional de las pandillas de regreso a Zacatraz, y luego con las medidas extraordinarias, comenzó el período más violento de nuestra historia reciente, con 6,657 homicidios en el 2015 y con 5,278 en el año 2016. El gobierno celebró como éxito haber logrado neutralizar y aislar al liderazgo de las pandillas, cortando su cadena de mando. Pero cortar la cadena de mando también significó un proceso de descentralización y atomización de las pandillas – y un relieve generacional. De repente cada clica y región, aisladas de su acostumbrada conducción centralizada desde los penales, estaba en manos de pandilleros mucho más jóvenes – y mucho más radicales y violentos. Muchos de estos cabecillas que de repente tomaron el control no habían participado de los procesos de discusión durante los años de la tregua. Muchos de ellos dijeron: “Ya no me hablen de diálogo y treguas, mucho menos de reducción de violencia – ya ven como les fue a aquellos que nos predicaban esto, los metieron a Zacatraz y botaron la llave…”

El gobierno del FMLN vende a la ciudadanía -y actualmente al electorado- las medidas extraordinarias como el plan maestro para derrotar a las pandillas. Pero esto no es cierto. La operatividad de la PNC y Fuerza Armada en los territorios no tiene nada que ver con estas medidas, que exclusivamente se enfocan en controlar los penales. Las medidas extraordinarias no ayudan en nada a los policías desplegados en barrios, comunidades y cantones, y mucho menos a mejorar la capacidad de investigación e inteligencia de la PNC. Es ahí donde se encuentran los verdaderos puntos débiles de la PNC.

El Estado de Excepción en los penales, aunque el gobierno logre conseguir que la Asamblea, con los votos del FMLN y sus aliados, prolongarlo un año más, no va a resolver nada en los terrenos, donde el Estado ha pedido presencia, control, simpatía y credibilidad, y donde es que se cometen las extorsiones y se genera la violencia.

Mientras el gobierno no tenga un plan integral, ni tampoco una estrategia operativa para cambiar la situación en los barrios y cantones donde ejercen control y se reproducen las pandillas, las medidas extraordinaria no van a resultar en más control, más seguridad y menos violencia. Mucho menos cuando la represión policial y militar de las pandillas sigue teniendo tanto daño colateral, afectando a cientos de miles de pobladores, sobre todos a los jóvenes, de los barrios y cantones que se convierten en teatro de guerra.

Las medidas extraordinarias, mientras sustituyen una política integral de seguridad, son un engaño. Con mucha publicidad y propaganda alrededor de las medidas extraordinarias, el gobierno quiere dar la impresión de control. Claro, controlar unos penales es más fácil que controlar los territorios. Penales se pueden controlar a pura represión, los territorios no.

Carta al director general de la PNC: No se vale. De Paolo Luers

Paolo Luers, 28 diciembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

paolo luers caricaturaEstimado Howard:

No quería tocar hoy, entre Navidad y Año Nuevo, un tema tan duro como las “medidas extraordinarias”. Pero como decidiste en esta fecha amargarnos las vacaciones anunciando que el gobierno busca transformar las “medidas extraordinarias temporales” en ley ordinaria y permanente, ni modo, hay que entrarle al tema.

Vale la pena recordar qué significan las ¿medidas extraordinarias”, que ustedes solicitaron hace 2 años a la Asamblea y luego consiguieron que se prorrogaran. Significa un Estado de Excepción parcial, vigente en los 6 penales donde guardan prisión pandilleros: Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Gotera, Chalatenango, Quezaltepeque, e Izalco. La característica de un Estado de Excepción es que, ante una emergencia que de otra manera el gobierno no puede atender, se suspendan temporalmente derechos y garantías otorgados por la Constitución y las leyes. La única justificación jurídica y ética de un Estado de Excepción es que sea temporal, y que durante su vigencia se resuelva la emergencia. Ustedes no la han resuelto, y en vez de cambiar sus políticas, piden un Estado de Excepción permanente.

logos MAS y EDHLuego de 2 años de vigencia temporal, viene usted y revela que el gobierno quiere que la Asamblea convierta este Estado de Excepción en permanente y ordinario. Esto, señor director, rompe el orden constitucional. No soy el único que lo señala, lo sentenció con toda claridad el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Dos años de aplicación de las “medidas extraordinarias” han tenido como resultado un dramático deterioro de salud en la población de los 6 penales afectados. Hay epidemias de tuberculosis, porque ustedes suspendieron el derecho a la salud: el hacinamiento de más de 300% se agravó con el encierro total, la negación absoluta de acceso a aire y sol. Igualmente está suspendido, de manera absoluta y ya por 2 años, el derecho a preservar los vínculos familiares, y seriamente limitado el derecho a la defensa. Están suspendidos los derechos a información, acceso a libros, cursos educativos y ejercicio religioso. Lo más grave: Entre los 14,000 internos afectados, 5,000 (o sea 35%) son detenidos provisionales sin condena. Someter a 5,000 personas no vencidas en juicio a medidas que suspenden sus derechos fundamentales, es doblemente inconstitucional.

Al existir una emergencia nacional, se puede suspender derechos temporalmente y bajo estricta vigilancia de jueces – pero solo cuando el gobierno hace todo lo necesario para superar la emergencia que hizo necesario el Estado de Excepción. Ustedes no cumplieron esta segunda parte. Por esto piden lo inadmisible: convertir el Estado de Emergencia en nueva norma constitucional.

De paso: Que esta iniciativa la tome el director de la policía, a quien no le toca diseñar políticas de justicia y seguridad, es una aberración. O más bien la aberración es que no tenemos un ministerio civil encima de la PNC. Es como si el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, y no el ministro o el presidente, declarara la guerra. Adonde esto nos lleva, ya lo sabemos…

Saludos,

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Carta al presidente: Le ofrezco mis servicios de traductor. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 21 noviembre 2017 / El Diario de Hoy y mas.sv

Estimado Salvador Sánchez Cerén:
Luego de la visita que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo a nuestro país para verificar los múltiples informes sobre violaciones de los Derechos Humanos por parte del Estado, publicó sus conclusiones y sus exigencias a su gobierno. Tal vez por el lenguaje diplomático en que se redactan este tipo de documentos, usted no logra captar que este informe es demoledor y necesita urgentes medidas por parte de su gobierno.

Le ofrezco mis servicios de traductor para que entienda lo que el hombre está diciendo.

logos MAS y EDH“El Plan El Salvador Seguro es un modelo positivo, pero necesita ser implementado de forma integral, de acuerdo con las normas internacionales de los derechos humanos.”

En buen cristiano: El plan de seguridad que ustedes implementan no cumple las normas internacionales de Derechos Humanos. Cámbienlo.

“Hay informes alarmantes de asesinatos extrajudiciales y el retorno de los escuadrones de la muerte.”

En buen cristiano: Los funcionarios de su gobierno que permiten esto pueden enfrentar demandas ante el Tribunal Penal Internacional. Incluyendo usted, si no pone orden.

“Las Medidas Extraordinarias de Seguridad desde abril de 2016 han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas.”

Para no dejar espacio a interpretación, esta frase la tradujo el mismo Alto Comisionado: “Insté al Presidente que derogue las medidas extraordinarias.”

“Insté al Presidente que garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes.”

Entiéndase: Es ilegal su decisión de no permitir que las condiciones de encarcelamiento sean verificadas por organismos independientes y competentes. Deje de bloquear el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Insté al gobierno que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura como una medida adicional para prevenir la tortura y el trato inhumano y degradante en todos los centros de detención.”

Entiéndalo bien, presidente: En su sistema carcelario existen prácticas de tortura.

“Noté cómo la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración. Para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el Gobierno necesita reconocer que está sucediendo.”

En texto claro y pelado: Deje de mentir y reconozca las realidades creadas por sus políticas. Negar la existencia de desplazados internos significa negarles la debida atención por organismos internacionales y viola derecho internacional.

“El Salvador debe cumplir con sus obligaciones para con los derechos humanos a nivel internacional y suspender la prohibición absoluta contra el aborto.”

Esto más bien hay que traducirlo para que lo entienda ARENA: Si siguen bloqueando la reforma a la legislación sobre el aborto, son corresponsables de serias violaciones a los Derechos Humanos.
Y el mensaje para usted: La negativa de ARENA no es excusa para no tomar acción como presidente. Para no perderse, el Alto Comisionado le da la receta: Establecer “por decreto presidencial un Comité Ejecutivo Experto compuesto por miembros nacionales e internacionales”, con el fin de “revisar todos los casos donde las mujeres han sido detenidas por ofensas relacionadas a aborto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento con el debido proceso y estándares de juicios justos. Llegase a descubrirse que sus casos no cumplieran, apelo por la inmediata liberación de estas mujeres.”

Espero que con esta pequeña ayuda haya entendido el mensaje, presidente.

Saludos,

44298-firma-paolo

Villano. De Cristian Villalta

Veintitrés años después de su fundación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó El Salvador. Lo hizo por invitación del gobierno para discutir los avances y los retos en materia de derechos humanos. A su regreso a Ginebra, dedicó a nuestro Estado unas declaraciones sobre las que todo salvadoreño debe meditar.

CRISTIAN VILLALTA

Cristian Villalta, 19 noviembre 2017 / La Prensa Gráfica

Entendamos que el Alto Comisionado tiene como uno de sus principales objetivos ser el portavoz de las víctimas de cualquier crisis de derechos humanos en el mundo, y que su autoridad moral se superpone a cualquier consideración política o ideológica nacional.

Dicho de otro modo, sus manifestaciones no pueden ser descartadas con un argumento superficial ni con un exabrupto barato, como este gobierno estiló el último año cada vez que se le preguntó sobre garantías constitucionales y su amenaza bajo la excusa de la militarización de la seguridad pública.

LPGEl Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió en esencia a cuatro realidades de la democracia salvadoreña: que los índices de violencia, especial por la acción pandilleril, son escandalosos y dieron pie al “retorno de los escuadrones de la muerte”; que hay desplazamiento forzado a consecuencia de estos fenómenos; que las condiciones del sistema carcelario son inhumanas; que El Salvador es el lugar más peligroso para cualquier mujer en Centroamérica.

Al Hussein dejó estas recomendaciones a nuestro gobierno: derogación de las medidas penitenciarias extraordinarias y acceso de organizaciones internacionales a los centros de detención; ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; reconocimiento oficial del desplazamiento forzado continúa a consecuencia de la violencia; suspensión del artículo 133 del Código Penal sobre el aborto consentido y propio; revisión de todos los casos de detención por ofensas relacionadas con el aborto.

Asimismo, expresó su estupor al constatar que de entre un centenar de crímenes cometidos durante la guerra civil, incluyendo célebres casos de lesa humanidad, solo tres investigaciones hayan sido reabiertas tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

¿Qué diferencia hay entre lo descrito por el Alto Comisionado y decir que el Estado salvadoreño sufre una crisis de derechos humanos? ¿No es obvio que la dignidad de la persona humana no es un derecho sino un privilegio del que solo gozamos algunos en nuestro país?

Una nación con tal triste pasado en esta materia tiene que abrazar decididamente esta discusión; esa deficiencia ha estado a la base de los cíclicos episodios de violencia de nuestra historia contemporánea, letanía de muertos que debió concluir en 1991. Pero nuestro Estado continúa funcionando como una fábrica de víctimas, jóvenes pobres y sin posibilidades, y si estas víctimas son mujeres, condenadas a un oprobio adicional.

Simán, Calleja, Bukele y cualquiera de los dos Martínez, todos los candidatos de 2019 deben pronunciarse claramente sobre la en absoluto secreta precariedad en que yacen los derechos humanos de nuestros adolescentes y jóvenes. Y tomar una posición orgánica que rebase los ademanes y la publicidad.

El futuro que piensen para El Salvador, cualquiera que ese sea, requiere de políticos valientes anclados en el hoy. No se trata solo o de maquillar a la administración actual o de sacar al Frente del aparato; en materia humanitaria se debe rediseñar al Estado, el gran villano de nuestra crónica nacional.

Lea el informe que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó luego de su visita a El Salvador