medidas extraordinarias

Carta a los diputados: No se dejen chantajear por la falta de voluntad y capacidad del gobierno. De Paolo Luers

31 julio 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados:
Ahora todos -ustedes en la Asamblea y la ciudadanía- están enfocados en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es la prioridad número 1, indudablemente.

Pero inmediatamente despuées tienen que atender otro problema, que causaría grave daño si no logran encontrar una solución racional, eficiente y pegada a la Constitución. Desde hace varias semanas, ustedes tienen en sus manos la iniciativa del gobierno de reformar la Ley Penitenciaria. Viene, como siempre, con urgencia y mucha presión. Más bien chantaje.

La urgencia del gobierno es esta: Han basado toda su política de Seguridad Pública sobre la muleta de las medidas extraordinarias. Desde ya más de dos años las aplican en el sistema penitenciario. Medidas extraordinarias, que no son otra cosa que un Estado de Excepción parcial, tienen por definición un carácter temporal. La única manera que ustedes, los legisladores, pueden autorizar un Estado de Excepción temporal es bajo el imperativo que el gobierno aproveche el plazo concedido para resolver la emergencia y hacer innecesarias la aplicación de medidas extraordinarias, temporales y restrictivas de derechos constitucionales.

Esta regla constitucional ya ha sido violada por el Ejecutivo al buscar dos veces la prolongación de las medidas extraordinarias. La última vez, la Asamblea se negó a dar otra prorroga de 1 años y dijo al Ejecutivo: Le damos 6 meses para resolver, pero es la última vez. Resuelvan.

Ahora, ante su incapacidad de desarrollar políticas que resuelven la emergencia de inseguridad, el gobierno presentó una reforma de la Ley Penitenciaria que simplemente pretende convertir las medidas extraordinarias en legislación permanente, incluyendo todas sus restricciones a derechos garantizados por la Constitución y por las leyes. Esto no se vale. Es una ofensa tanto a la Sala sobre que sentenció que es inaceptable elestado del sistema penitenciario, como a la Asamblea Legislativa que les negó la prórroga por un año más.

La incapacidad -o la falta de voluntad- del gabinete de Seguridad de resolver la emergencia no puede ser razón para la Asamblea de permitir que el Estado de Excepción se convierta en legislación permanente. Sería una derrota del Estado de Derecho.

Así lo han calificado las instancias internacionales encargadas de vigilar y garantizar los Derechos Humanos. Ustedes tienen en sus manos los informes respectivos.

Convertir las medidas extraordinarias en legislación permanente sería permitir que el ejecutivo actual y el que venga sigan construyendo sus políticas de Seguridad Pública sobre la libertad de continuar violando derechos humanos y constitucionales.

Tienen en sus manos la oportunidad de obligar al gobierno a reorientar sus políticas y presentar y cumplir planes de seguridad integrales apegados a la Constitución. Estamos acercándonos a las elecciones presidenciales y la transición a un nuevo gobierno. La Asamblea no debe cerrar la puerta a que los candidatos y sus partidos desarrollen propuestas nuevas en el área de Seguridad y que no sean amarrados a una legislación que surge de la incapacidad de los últimos gobiernos.

Hagan su trabajo. No son el órgano auxiliar del gobierno.

Saludos,

A propósito de las medidas “excepcionales”. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 4 abril 2018 / El Diario de Hoy

Uno de los temas centrales para esta semana es la ampliación de las medidas “excepcionales”. La semana pasada argumenté, en esta columna, que los diputados de oposición no deben dar un cheque en blanco al oficialismo como lo han hecho durante los últimos dos años. Hacerlo contribuiría a que el aparato de seguridad se continúe acomodando a trabajar fuera del marco legal regular, haciendo uso del elevado nivel de discreción y poder que le otorgan las medidas, sin adquirir compromisos que garanticen su transitoriedad, la evaluación de su impacto, la fiscalización de su ejecución y la planificación e implementación de proyectos orientados a solventar las deficiencias que justificaron su aprobación inicial.

He escuchado a funcionarios de seguridad dar declaraciones irresponsables a los medios de comunicación, en las que tratan de descargar su responsabilidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños en los diputados que se nieguen a prorrogar la vigencia de las medidas “excepcionales”. El discurso utilizado por los burócratas ha sido similar. Todos han pintado una imagen casi caricaturesca de peligrosos criminales que se frotan las manos en sus oscuras celdas, esperando que no exista una ampliación para hacer de las suyas. Esencialmente, intentan crear una narrativa en la que cualquier persona que cuestione la prórroga de las medidas se convierta en aquella que dejó la puerta del gallinero abierto para que lobo se diera gusto. Esto es inaceptable y los diputados de oposición no deben prestarse a este chantaje. Los responsables de cualquier cosa que suceda por quitar las medidas son los funcionarios que no aprovecharon los últimos dos años para prepararse para este este momento.

Escuché al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl Antonio López, ofrecer a los diputados que cuestionan la ampliación de las medidas, una visita a los centros penitenciarios, como muestra del impacto que éstas presuntamente han tenido. Este gesto ilustra perfectamente uno de los principales problemas de los que adolecen las políticas públicas salvadoreñas: carecen de un componente robusto de fiscalización y evaluación técnica y objetiva. Entender la necesidad de incluir un componente de evaluación a cualquier proyecto, marcó un punto de inflexión en el progreso de las naciones más desarrolladas. El impacto de un proyecto no se determina con visitas de cinco minutos. La medición y evaluación de impacto requiere de una serie de indicadores previamente seleccionados para recolectar información que permita aplicar métodos cuantitativos y/o cualitativos para llegar a conclusiones técnicas.

Otros funcionarios oficialistas han hecho comentarios similares a los de López. Siempre que se les cuestiona sobre cuáles son los parámetros para medir la efectividad de las medidas “excepcionales”, ofrecen respuestas ambiguas e invitaciones a visitar recintos u oficinas. Es evidente que no se pensó (o no se quiso pensar) en eso. Nadie tiene idea de qué impacto han tenido estas medidas. Los homicidios han continuado, las pandillas han incrementado su control e influencia en las calles, las extorsiones no cesan y así se puede continuar con la lista de problemas de seguridad que permiten cuestionar los resultados de las medidas y plantear la necesidad de contar con un componente de evaluación y fiscalización robusto.

Este debería ser uno de los temas en los que los diputados de oposición se tienen que enfocar. Antes de ampliar cualquier medida temporal o financiamiento deben de crear un mecanismo de fiscalización y evaluación que permita determinar su impacto y amarre a las instituciones públicas que se benefician a compromisos concretos. Así la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer, por ejemplo, si el millonario impuesto a las comunicaciones ha sido invertido en cosas que han tenido un impacto o si el acompañamiento de la Fuerza Armada hace una diferencia significativa en el terreno. Antes de aprobar cualquier otra cosa, los diputados deben de crear un ente que tenga estas facultades y capacidades. Estoy seguro que el sector académico estará presto a colaborar.

El nuevo diputado que necesita El Salvador. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 28 marzo 2018 / El Diario de Hoy

El debate sobre la renovación de las medidas “excepcionales” marcó las vísperas del inicio de las vacaciones. La discusión permanecerá guardada hasta que finalicé la Semana Santa. Considerando que la mayoría de los diputados del principal partido de oposición, ARENA, fueron reelegidos y, en consecuencia, constituirán el grueso de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa durante el nuevo período, su postura en este tema tiene el potencial de definir el rumbo y enfoque del primer órgano del Estado para el próximo año.

Los voceros y funcionarios del oficialismo, como era de esperarse, aparecieron en los medios de comunicación solicitando y justificando la ampliación de la vigencia de las medidas. Los diputados de oposición, por primera vez, no se mostraron del todo dispuestos a aprobar su prolongación. No obstante, su postura fue un tanto ambigua, ya que insinuaron que valía la pena que algunas de las medidas se mantuvieran. Dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación selectiva.

Después de años de vivir subordinados a las pandillas, los salvadoreños favorecen cualquier abordaje que se proyecte como una solución drástica que provea a las autoridades de una mayor capacidad para controlar y castigar a dichos grupos. Esta actitud es completamente comprensible, pero peligrosa. Sucumbir ante este instinto natural, sin evaluar las consecuencias de las acciones adoptadas, puede agravar el problema en lugar de solucionarlo. Igual que las personas que se ven tentadas a tomar medicina para quitarse el dolor de un apéndice inflamada, en lugar de ir donde un médico a que determine cuál es el problema y lo trate correctamente, la desesperación de la ciudadanía puede llevarla a favorecer medidas que en apariencia erradiquen la inseguridad, pero que en realidad la escondan y contribuyan a que se agudice.

Lastimosamente, esto es lo que ha pasado. Las autoridades de turno venden estrategias cuestionables como soluciones extremas para atender la crisis en seguridad, prometiendo que su vigencia será temporal y que durarán solo hasta se logre controlar la situación. El detalle es que no resuelven el problema, ni siquiera lo debilitan. Además, al otorgar más autoridad y poder al Estado, lo hacen cómodo y, en lugar de buscar las formas de fortalecerse y formular soluciones inteligentes bajo su esquema de funcionamiento regular, solicite permanentemente la ampliación de la vigencia de lo que en un inicio se vendió como temporal.

Así es como, por ejemplo, la Fuerza Armada tiene años de desarrollar tareas de seguridad pública. Las consecuencias de esto son claras. Esta semana, por ejemplo, el periodista Carlos Monterroza entrevistó a David Victoriano Munguía Payés, ministro de Defensa, y su jefe de Estado Mayor, y las respuestas de ambos funcionarios dejaron en evidencia el peligroso desconocimiento que tienen en relación con temas operativos vinculados a la seguridad pública y a la investigación y persecución del delito. El impacto de esta ignorancia en el terreno, y los problemas que genera en términos de eficacia y eficiencia, son desastrosos. Sin embargo, la ampliación del apoyo castrense en tareas de seguridad sigue y continúa vendiéndose como una medida extrema para controlar los altos índices criminales.

Los diputados de oposición, en lugar de propiciar el estancamiento del aparato de seguridad con la aprobación ciega de medidas “excepcionales”, deben adoptar un rol más exigente. Resulta impopular cuestionar y negarse a la aprobación de estrategias que explotan la desesperación de la gente, pero es necesario hacerlo para fomentar la formulación de abordajes audaces. Similarmente, existe presión de los malos políticos y funcionarios (de todos los colores) para mantener mecanismos endebles de fiscalización, evaluación y contraloría, pero es necesario fortalecer todas las herramientas (y crear más) que nos aseguren que las instituciones trabajaran exclusivamente para beneficio de los ciudadanos.

El Salvador necesita diputados que favorezcan lo técnico sobre lo político y lo popular, que naden contracorriente en favor de los ciudadanos.

@_carlos_ponce

 

Lea también la Carta de Paolo Luers sobre el mismo tema

¿Por qué las ‘medidas extraordinarias’ no resuelven el problema? De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 2 marzo 2018 / EDH-Observador

La respuesta es muy simple: Las medidas extraordinarias afectan exclusivamente en los penales, cuando la violencia tiene lugar afuera, en los barrios, en los cantones, en las calles. Así de simple.

Las medidas extraordinarias, que no son otra cosa que un Estado de Emergencia aplicado en los 6 penales donde están detenidos pandilleros, con suspensión ‘temporal’ de derechos garantizados en la Constitución, en convenios internacionales y en la Ley Penitenciaria, surgen de una suposición equivocada: que las actividades de las pandillas, su violencia, y sus extorsiones, tienen su origen en los penales. Partiendo de esta tesis, parece lógico intervenir los penales. Parece. Pero la verdad es que el origen de la actividad de las pandillas está en la calle, en los barrios marginados y las comunidades precarias. Ahí nace y se reproduce. Y la guerra declarada contra las pandillas, sobre todo cuando afecta directamente a las comunidades y su población, echa leña a este fuego.

observadorAunque es cierto que durante años las actividades de las pandillas han sido conducidas desde los penales, porque ahí se encuentran sus cabecillas (nacionales, regionales y locales), esta verdad no permite sacar la conclusión que cortando la comunicación entre los pandilleros en los penales y los de la calle se logra descabezar y desmontar las pandillas y, por tanto, disminuir la violencia y las extorsiones que ejercen. Precisamente esta conclusión simplista es lo que ha llevado al gabinete de seguridad a apostar todo a la implementación de las medidas extraordinarias, y a insistir en su prolongación e incluso en convertirlas en permanentes.

Aislar a sus cabecillas presos, como lo hacen las medidas extraordinarias con cierta eficiencia, solo descabeza a las pandillas temporalmente, porque rápidamente le nacen otras cabezas. Con el aislamiento total de los cabecillas en el penal de máxima Seguridad Zacatecoluca, y con las medidas extraordinarias aplicadas en los penales de Ciudad Barrios, Izalco, Quezaltepeque, Gotera y Chalatenango, lo único que lograron fue que el mando de las pandillas pasó de los penales a la calle. Era ilógico esperar que por esto iban a bajar los homicidios o las extorsiones.

No nos olvidemos: Cuando el gobierno comenzó esta estrategia, a principios del 2015, con el traslado a todo el liderazgo nacional de las pandillas de regreso a Zacatraz, y luego con las medidas extraordinarias, comenzó el período más violento de nuestra historia reciente, con 6,657 homicidios en el 2015 y con 5,278 en el año 2016. El gobierno celebró como éxito haber logrado neutralizar y aislar al liderazgo de las pandillas, cortando su cadena de mando. Pero cortar la cadena de mando también significó un proceso de descentralización y atomización de las pandillas – y un relieve generacional. De repente cada clica y región, aisladas de su acostumbrada conducción centralizada desde los penales, estaba en manos de pandilleros mucho más jóvenes – y mucho más radicales y violentos. Muchos de estos cabecillas que de repente tomaron el control no habían participado de los procesos de discusión durante los años de la tregua. Muchos de ellos dijeron: “Ya no me hablen de diálogo y treguas, mucho menos de reducción de violencia – ya ven como les fue a aquellos que nos predicaban esto, los metieron a Zacatraz y botaron la llave…”

El gobierno del FMLN vende a la ciudadanía -y actualmente al electorado- las medidas extraordinarias como el plan maestro para derrotar a las pandillas. Pero esto no es cierto. La operatividad de la PNC y Fuerza Armada en los territorios no tiene nada que ver con estas medidas, que exclusivamente se enfocan en controlar los penales. Las medidas extraordinarias no ayudan en nada a los policías desplegados en barrios, comunidades y cantones, y mucho menos a mejorar la capacidad de investigación e inteligencia de la PNC. Es ahí donde se encuentran los verdaderos puntos débiles de la PNC.

El Estado de Excepción en los penales, aunque el gobierno logre conseguir que la Asamblea, con los votos del FMLN y sus aliados, prolongarlo un año más, no va a resolver nada en los terrenos, donde el Estado ha pedido presencia, control, simpatía y credibilidad, y donde es que se cometen las extorsiones y se genera la violencia.

Mientras el gobierno no tenga un plan integral, ni tampoco una estrategia operativa para cambiar la situación en los barrios y cantones donde ejercen control y se reproducen las pandillas, las medidas extraordinaria no van a resultar en más control, más seguridad y menos violencia. Mucho menos cuando la represión policial y militar de las pandillas sigue teniendo tanto daño colateral, afectando a cientos de miles de pobladores, sobre todos a los jóvenes, de los barrios y cantones que se convierten en teatro de guerra.

Las medidas extraordinarias, mientras sustituyen una política integral de seguridad, son un engaño. Con mucha publicidad y propaganda alrededor de las medidas extraordinarias, el gobierno quiere dar la impresión de control. Claro, controlar unos penales es más fácil que controlar los territorios. Penales se pueden controlar a pura represión, los territorios no.

Carta al director general de la PNC: No se vale. De Paolo Luers

Paolo Luers, 28 diciembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

paolo luers caricaturaEstimado Howard:

No quería tocar hoy, entre Navidad y Año Nuevo, un tema tan duro como las “medidas extraordinarias”. Pero como decidiste en esta fecha amargarnos las vacaciones anunciando que el gobierno busca transformar las “medidas extraordinarias temporales” en ley ordinaria y permanente, ni modo, hay que entrarle al tema.

Vale la pena recordar qué significan las ¿medidas extraordinarias”, que ustedes solicitaron hace 2 años a la Asamblea y luego consiguieron que se prorrogaran. Significa un Estado de Excepción parcial, vigente en los 6 penales donde guardan prisión pandilleros: Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Gotera, Chalatenango, Quezaltepeque, e Izalco. La característica de un Estado de Excepción es que, ante una emergencia que de otra manera el gobierno no puede atender, se suspendan temporalmente derechos y garantías otorgados por la Constitución y las leyes. La única justificación jurídica y ética de un Estado de Excepción es que sea temporal, y que durante su vigencia se resuelva la emergencia. Ustedes no la han resuelto, y en vez de cambiar sus políticas, piden un Estado de Excepción permanente.

logos MAS y EDHLuego de 2 años de vigencia temporal, viene usted y revela que el gobierno quiere que la Asamblea convierta este Estado de Excepción en permanente y ordinario. Esto, señor director, rompe el orden constitucional. No soy el único que lo señala, lo sentenció con toda claridad el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Dos años de aplicación de las “medidas extraordinarias” han tenido como resultado un dramático deterioro de salud en la población de los 6 penales afectados. Hay epidemias de tuberculosis, porque ustedes suspendieron el derecho a la salud: el hacinamiento de más de 300% se agravó con el encierro total, la negación absoluta de acceso a aire y sol. Igualmente está suspendido, de manera absoluta y ya por 2 años, el derecho a preservar los vínculos familiares, y seriamente limitado el derecho a la defensa. Están suspendidos los derechos a información, acceso a libros, cursos educativos y ejercicio religioso. Lo más grave: Entre los 14,000 internos afectados, 5,000 (o sea 35%) son detenidos provisionales sin condena. Someter a 5,000 personas no vencidas en juicio a medidas que suspenden sus derechos fundamentales, es doblemente inconstitucional.

Al existir una emergencia nacional, se puede suspender derechos temporalmente y bajo estricta vigilancia de jueces – pero solo cuando el gobierno hace todo lo necesario para superar la emergencia que hizo necesario el Estado de Excepción. Ustedes no cumplieron esta segunda parte. Por esto piden lo inadmisible: convertir el Estado de Emergencia en nueva norma constitucional.

De paso: Que esta iniciativa la tome el director de la policía, a quien no le toca diseñar políticas de justicia y seguridad, es una aberración. O más bien la aberración es que no tenemos un ministerio civil encima de la PNC. Es como si el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, y no el ministro o el presidente, declarara la guerra. Adonde esto nos lleva, ya lo sabemos…

Saludos,

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Carta al presidente: Le ofrezco mis servicios de traductor. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 21 noviembre 2017 / El Diario de Hoy y mas.sv

Estimado Salvador Sánchez Cerén:
Luego de la visita que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo a nuestro país para verificar los múltiples informes sobre violaciones de los Derechos Humanos por parte del Estado, publicó sus conclusiones y sus exigencias a su gobierno. Tal vez por el lenguaje diplomático en que se redactan este tipo de documentos, usted no logra captar que este informe es demoledor y necesita urgentes medidas por parte de su gobierno.

Le ofrezco mis servicios de traductor para que entienda lo que el hombre está diciendo.

logos MAS y EDH“El Plan El Salvador Seguro es un modelo positivo, pero necesita ser implementado de forma integral, de acuerdo con las normas internacionales de los derechos humanos.”

En buen cristiano: El plan de seguridad que ustedes implementan no cumple las normas internacionales de Derechos Humanos. Cámbienlo.

“Hay informes alarmantes de asesinatos extrajudiciales y el retorno de los escuadrones de la muerte.”

En buen cristiano: Los funcionarios de su gobierno que permiten esto pueden enfrentar demandas ante el Tribunal Penal Internacional. Incluyendo usted, si no pone orden.

“Las Medidas Extraordinarias de Seguridad desde abril de 2016 han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas.”

Para no dejar espacio a interpretación, esta frase la tradujo el mismo Alto Comisionado: “Insté al Presidente que derogue las medidas extraordinarias.”

“Insté al Presidente que garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes.”

Entiéndase: Es ilegal su decisión de no permitir que las condiciones de encarcelamiento sean verificadas por organismos independientes y competentes. Deje de bloquear el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Insté al gobierno que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura como una medida adicional para prevenir la tortura y el trato inhumano y degradante en todos los centros de detención.”

Entiéndalo bien, presidente: En su sistema carcelario existen prácticas de tortura.

“Noté cómo la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración. Para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el Gobierno necesita reconocer que está sucediendo.”

En texto claro y pelado: Deje de mentir y reconozca las realidades creadas por sus políticas. Negar la existencia de desplazados internos significa negarles la debida atención por organismos internacionales y viola derecho internacional.

“El Salvador debe cumplir con sus obligaciones para con los derechos humanos a nivel internacional y suspender la prohibición absoluta contra el aborto.”

Esto más bien hay que traducirlo para que lo entienda ARENA: Si siguen bloqueando la reforma a la legislación sobre el aborto, son corresponsables de serias violaciones a los Derechos Humanos.
Y el mensaje para usted: La negativa de ARENA no es excusa para no tomar acción como presidente. Para no perderse, el Alto Comisionado le da la receta: Establecer “por decreto presidencial un Comité Ejecutivo Experto compuesto por miembros nacionales e internacionales”, con el fin de “revisar todos los casos donde las mujeres han sido detenidas por ofensas relacionadas a aborto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento con el debido proceso y estándares de juicios justos. Llegase a descubrirse que sus casos no cumplieran, apelo por la inmediata liberación de estas mujeres.”

Espero que con esta pequeña ayuda haya entendido el mensaje, presidente.

Saludos,

44298-firma-paolo

Villano. De Cristian Villalta

Veintitrés años después de su fundación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó El Salvador. Lo hizo por invitación del gobierno para discutir los avances y los retos en materia de derechos humanos. A su regreso a Ginebra, dedicó a nuestro Estado unas declaraciones sobre las que todo salvadoreño debe meditar.

CRISTIAN VILLALTA

Cristian Villalta, 19 noviembre 2017 / La Prensa Gráfica

Entendamos que el Alto Comisionado tiene como uno de sus principales objetivos ser el portavoz de las víctimas de cualquier crisis de derechos humanos en el mundo, y que su autoridad moral se superpone a cualquier consideración política o ideológica nacional.

Dicho de otro modo, sus manifestaciones no pueden ser descartadas con un argumento superficial ni con un exabrupto barato, como este gobierno estiló el último año cada vez que se le preguntó sobre garantías constitucionales y su amenaza bajo la excusa de la militarización de la seguridad pública.

LPGEl Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió en esencia a cuatro realidades de la democracia salvadoreña: que los índices de violencia, especial por la acción pandilleril, son escandalosos y dieron pie al “retorno de los escuadrones de la muerte”; que hay desplazamiento forzado a consecuencia de estos fenómenos; que las condiciones del sistema carcelario son inhumanas; que El Salvador es el lugar más peligroso para cualquier mujer en Centroamérica.

Al Hussein dejó estas recomendaciones a nuestro gobierno: derogación de las medidas penitenciarias extraordinarias y acceso de organizaciones internacionales a los centros de detención; ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; reconocimiento oficial del desplazamiento forzado continúa a consecuencia de la violencia; suspensión del artículo 133 del Código Penal sobre el aborto consentido y propio; revisión de todos los casos de detención por ofensas relacionadas con el aborto.

Asimismo, expresó su estupor al constatar que de entre un centenar de crímenes cometidos durante la guerra civil, incluyendo célebres casos de lesa humanidad, solo tres investigaciones hayan sido reabiertas tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

¿Qué diferencia hay entre lo descrito por el Alto Comisionado y decir que el Estado salvadoreño sufre una crisis de derechos humanos? ¿No es obvio que la dignidad de la persona humana no es un derecho sino un privilegio del que solo gozamos algunos en nuestro país?

Una nación con tal triste pasado en esta materia tiene que abrazar decididamente esta discusión; esa deficiencia ha estado a la base de los cíclicos episodios de violencia de nuestra historia contemporánea, letanía de muertos que debió concluir en 1991. Pero nuestro Estado continúa funcionando como una fábrica de víctimas, jóvenes pobres y sin posibilidades, y si estas víctimas son mujeres, condenadas a un oprobio adicional.

Simán, Calleja, Bukele y cualquiera de los dos Martínez, todos los candidatos de 2019 deben pronunciarse claramente sobre la en absoluto secreta precariedad en que yacen los derechos humanos de nuestros adolescentes y jóvenes. Y tomar una posición orgánica que rebase los ademanes y la publicidad.

El futuro que piensen para El Salvador, cualquiera que ese sea, requiere de políticos valientes anclados en el hoy. No se trata solo o de maquillar a la administración actual o de sacar al Frente del aparato; en materia humanitaria se debe rediseñar al Estado, el gran villano de nuestra crónica nacional.

Lea el informe que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó luego de su visita a El Salvador

PDDH aplaude las medidas extraordinarias, aunque cree que violan los derechos humanos

 40 líderes de clica de la MS 13 fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, el 22 de junio de 2017. El Ministerio de Justicia y Seguridad argumentó la acción, debido al incremento de homicidios en el mes de junio. Los 40 pandilleros fueron trasladados del centro penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Foto: Víctor Peña

40 líderes de clica de la MS 13 fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, el 22 de junio de 2017. El Ministerio de Justicia y Seguridad argumentó la acción, debido al incremento de homicidios en el mes de junio. Los 40 pandilleros fueron trasladados del centro penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Foto: Víctor Peña

El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos concluye que a la sombra de las medidas extraordinarias en seguridad pública y al cabo de un año de su aplicación, ocurrieron severas violaciones a los derechos humanos y se desató una “grave crisis” en el sistema penitenciario. Sin embargo, la procuradora aplaude los resultados y se adhiere a la versión de que la reducción de homicidios está directamente relacionada con dichas medidas.

Nelson Rauda Zablah, 6 julio 2017 / EL FARO

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) ha revelado un informe en el que se narra toda una colección de violaciones a los derechos humanos en las calles y cárceles del país, como consecuencia directa de la puesta en marcha de las medidas extraordinarias para combatir a las pandillas, pero la procuradora Raquel Caballero desafía la lógica de la información que la institución ha recogido y ratifica su apoyo a la política de seguridad que más define a la administración de Salvador Sánchez Cerén.

el faroLas medidas extraordinarias han provocado una grave crisis de salud en centros penales, violaciones al debido proceso y el incumplimiento de la obligación de rehabilitar personas que tiene el sistema penitenciario. Además, las denuncias por violaciones de derechos humanos de policías y soldados aumentaron inmediatamente después de que las medidas entraron en efecto. Esas son las conclusiones del “informe preliminar sobre el impacto de las medidas extraordinarias para combatir la delincuencia”, que tiene fecha de junio 2017 pero fue difundido el 4 de julio.

Las medidas extraordinarias consisten en limitar al máximo los derechos de los internos en las cárceles que albergan pandilleros, en eliminar visitas familiares, suspensión de audiencias judiciales, periodos de encierro permanentes en las celdas, y el aislamiento total de la comunicación electrónica en las zonas donde se ubican las prisiones. Fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa en abril de 2016. En febrero de este año, la Asamblea prorrogó las medidas por un año más y la procuradora Raquel Caballero endosó su apoyo a esa decisión, al decir que estaba “interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo salvadoreño”.

En el mismo informe en el que señalan violaciones a los derechos humanos, la PDDH aplaude a la estrategia del segundo gobierno del FMLN: “la cantidad de homicidios fue reducida significativamente en el periodo que llevan vigentes las medidas extraordinarias”. Sin embargo, el análisis no demuestra por qué la reducción de homicidios tiene una relación causal con las medidas, e ignora otros factores que inciden en la violencia, como las decisiones propias de las pandillas. Además, la disminución de homicidios no se vio correspondida con reducciones en otros delitos que la PDDH midió: extorsión, lesiones, desaparecidos, amenazas, violaciones y robos.

Verónica Reyna, subdirectora del Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), cree que a la Procuraduría le falta claridad en este informe. “No creo que el informe muestre que el Estado ha recuperado el control de los centros penales, ni siquiera que logre relacionar con datos objetivos que estas acciones sean las que han provocado la disminución de homicidios”, asegura Reyna. “Que el resto de delitos siga en los mismos promedios y que el número de denuncias estén disminuyendo, probablemente por falta de confianza en las instituciones, muestra que las medidas no están teniendo el impacto deseado, además de que son inhumanas y permisivas ante los abusos”, agrega.

El informe señala responsabilidades a la Dirección General de Centros Penales, por poner en riesgo la vida y la salud de los reos y empleados penitenciarios; a la Fiscalía General de la República, por su desinterés en investigar los casos de muertes ocurridos en las cárceles; y a la Policía Nacional Civil y el Ejército, por el aumento de denuncias de “ejecuciones extralegales, amenazas, malos tratos, tortura, detención ilegal e intimidación”.

Según el informe de la PDDH “las medidas extraordinarias sí afectaron negativamente la esfera de derechos humanos de la población, ya que el número de denuncias recibidas por esta Procuraduría aumentó luego de su implementación”. Como muestra, en marzo de 2016 la PDDH recibió 43 denuncias contra la Policía y 16 contra el Ejército. Al siguiente mes, cuando iniciaron las medidas, la cantidad de denuncias contra la Policía aumentó a 114 y a 23 contra el Ejército.

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Pero la Procuraduría contradice sus propios hallazgos. Por ejemplo, en una sección justifica el incremento de denuncias como “las quejas por afectación a los derechos de las personas privadas de libertad” que generaron más de 2 mil intervenciones de la PDDH en las prisiones.

Además, la postura de la PDDH contradice convenios internacionales de derechos humanos a los que El Salvador está suscrito. Por ejemplo, la situación de “necesidad o emergencia” invocada por las medidas extraordinarias no justifica “evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas de libertad”. Esa es una obligación que El Salvador asumió en marzo de 2008, al suscribir los “principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe también omite cifras que evidencian el efecto de la estrategia represiva de las medidas extraordinarias. Por ejemplo, el aumento en el número y la letalidad de enfrentamientos armados entre policías y pandilleros, según datos del Observatorio de Derechos Humanos Rufina Amaya, del SSPAS. En 2014, hubo 256 enfrentamientos con 112 víctimas. En 2015, hubo 676 enfrentamientos con 459 víctimas, 406 de ellas identificadas como pandilleros. Y el año pasado, pese a que hubo casi 300 enfrentamientos menos con 407 casos, la cantidad de víctimas incrementó a 618, 96 % de ellas identificadas como supuestos pandilleros.

El documento también omite analizar los datos de policías y militares acusados por homicidio que pasó de 49 policías y 10 militares en 2014, a 357 policías y 72 militares en 2016.

Verónica Reyna, subdirectora del Observatorio del SSPAS, dice que “el informe no es coherente con la realidad, ni con lo que el mismo informe retrata. La procuradora mostró su respaldo a estas medidas sin valorar estos elementos que recoge el informe, y el mismo informe hace un esfuerzo por no criticar lo que analiza. Además, me preocupa que tarden siete meses en publicar un informe sobre datos de 2016”.

Las medidas no han servido para recuperar las cárceles

Supuestamente, las medidas servirían al Ejecutivo para dos propósitos: retomar el control de las cárceles y evitar la planificación de delitos al interior de ellas. El informe de la PDDH evidencia que lo primero no pasó y que nunca se presentaron “estudios técnicos sobre los cuales se ampare la idea de que los delitos más graves se organizan y dirigen desde el interior de las cárceles”.

Entre enero y noviembre de 2016, 47 personas fallecieron en las prisiones: 16 fueron asesinados, 19 por enfermedad o causa natural y 12 de quienes no se ha especificado la causa de muerte. La PDDH considera “inaceptable” que no se haya disminuido drásticamente la cantidad de personas fallecidas y responsabiliza a Centros Penales por no “mantener una mejor vigilancia y una mejor atención de las condiciones de seguridad y de las necesidades sanitarias de la población reclusa”, aún después de implementar los encierros permanentes.

La Fiscalía General no ha considerado en estos casos “ninguna responsabilidad de parte del Estado por negligencia y omisión en atender la salud de los internos”, según la PDDH, y por ello “no se realiza ninguna investigación y todos esos hechos quedan en absoluta impunidad”. Ninguno de estos casos ha sido judicializado, aunque eso es menos sorprendente en un país que solo lleva uno de cada 10 homicidios a tribunales. Este incumplimiento también es violatorio de los principios de la CIDH.

 Pandilleros del Barrio 18, internos del penal de Cojutepeque, durante una misa oficiada por el obispo castrense, Fabio Colindres y el nuncio apostólico Luigu Pezzuto, el 26 de marzo de 2012 . Recinto que fue cerrado el 16 de junio de 2016. Foto: Víctor Peña

Pandilleros del Barrio 18, internos del penal de Cojutepeque, durante una misa oficiada por el obispo castrense, Fabio Colindres y el nuncio apostólico Luigu Pezzuto, el 26 de marzo de 2012 . Recinto que fue cerrado el 16 de junio de 2016. Foto: Víctor Peña

La PDDH concluye que existe una “grave crisis de salud al interior de los centros penitenciarios” en los que se están aplicando medidas extraordinarias, es decir: Zacatecoluca, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque, Chalatenango y Ciudad Barrios. Los casos de tuberculosis se multiplicaron por cuatro a partir de la implementación de las medidas. Pero la PDDH admite que ese dato es inexacto, porque no toma en cuenta “los casos que no han sido descubiertos o los que no se están atendiendo”. Por ejemplo, en el centro penal de Quezaltepeque la PDDH dice que si las brigadas médicas cubren los sectores ocupados por los cerca de mil miembros de la facción Revolucionarios del Barrio 18, no alcanzan a atender los sectores que ocupa la otra facción del Barrio, los Sureños, de un número similar.

En 2016, el departamento de Verificación Penitenciaria de la PDDH recibió 675 quejas de internos por falta de asistencia médica.

Pero además del problema de tuberculosis, las enfermedades que han incrementado incluyen problemas mentales, de la piel y del sistema digestivo como la “colitis nerviosa, ansiedad, agresividad, cuadros neuróticos y enfermedades psicosomáticas”. En el caso de las enfermedades mentales, el problema se agrava porque solo hay dos psiquiatras disponibles en el sistema penitenciario para toda la población de reclusos, que para el mes de junio de 2017 era de 38,338 personas.

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La subdirectora del Observatorio de SSPAS afirma, a partir de estas revelaciones, que los centros penales son “espacios institucionalizados de tortura”. Esta visión coincide con lo que hace cinco años dijo el entonces director de Centros Penales, Douglas Moreno, a El Faro, cuando aseguró que “nadie se rehabilita en un escusado“. Para Reyna, el principal objetivo del gobierno con estas medidas no ha sido retomar el control de las cárceles, sino un mecanismo de castigo contra los pandilleros, especialmente los involucrados en planificación de atentados contra policías y militares.

El Faro también consultó sobre el rol de la procuradora a Nelson Flores, un abogado con 24 años de experiencia en el trabajo de derechos humanos y exdirector del centro de estudios penales de El Salvador. Flores opina que la procuradora Caballero “está jugando a  ser gallo-gallina” con su postura respecto a las medidas extraordinarias. “En una violación a derechos humanos usted no puede decir: ‘mire, si le va a pegar, péguele suavecito’. Independientemente del tipo de violación de derechos humanos, la Procuraduría debe actuar de forma enérgica”, afirma Flores. “Ella no está jugando el papel que le corresponde. Debería ser más protagonista y no solo sacarse fotos y hacer declaraciones de manera muy intermedia”, agrega.

El informe de la PDDH arroja luces sobre cómo son este tipo de castigos. Por ejemplo, procuradores detectaron que pandilleros de la MS y de la facción Revolucionarios del Barrio 18 no reciben sol tres veces por semana, sin procedimientos de individualización de conductas. Después de implementadas las medidas, la Dirección de Centros Penales no proveyó artículos de aseo personal a todos los reos y algunos estuvieron solo con ropa interior durante un mes. El informe también  detalla el uso de “celdas de seguridad” para personas que las autoridades consideran en riesgo, pero no hay información sobre su “funcionamiento, mecanismo de utilización y qué condiciones de habitabilidad presentan”.

Otra manera en que Centros Penales pone en riesgo a los reclusos y hasta a sus mismos empleados es con la utilización de la “inteligencia penitenciaria”. De acuerdo con la PDDH, funcionarios penitenciarios solicitan la ayuda de algunos internos, que consiste en infiltrar estructuras criminales y trasladar información a las autoridades. Sin embargo, no adoptan ninguna medida para protegerlos, pese al riesgo que implica el ser tildado como delator.

A pesar de que se detectaron casos de encierro permanente hasta por tres meses, la Procuradora no desaconseja su implementación: solo pide que se individualice a quienes deben permanecer bajo esa condición. Reyna piensa que “la PDDH debería de constatar, caso por caso, si estas medidas son realmente en función del control del nivel de peligrosidad o se utilizan como forma de intimidación, pero de manera inmediata debería exigir el cese de este tipo de acciones”.

A través de la oficina de prensa de la PDDH, El Faro pidió una reacción de la procuradora Caballero. Si el informe certifica violaciones a derechos humanos, dentro y fuera de las cárceles a raíz de las medidas extraordinarias, “¿por qué la Procuradora apoya las medidas y no recomienda que se cambien?”, preguntó este períódico. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Carta a todos que gritan por mano dura: Pidan algo verdaderamente extraordinario. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 23 febrero 2017 / EDH

Estimados ministros, analistas, diputados y ciudadanos:
La Asamblea prorrogó el decreto de las “medidas extraordinarias”, por que ustedes piden que el gobierno haga algo extraordinario para superar la situación insoportable de violencia e inseguridad. Nadie se quería oponer a esta presión, aunque muchos de los diputados saben que estas medidas implementadas por el gobierno no han funcionado. Sólo Johnny Wright Sol lo dijo en voz alta y votó en contra de la locura de seguir haciendo lo mismo y esperar mejores resultados.

diario hoyEn abril 2016 publiqué una columna titulada “¿Algo extraordinario quieren?” Propuse aplicar unas medidas realmente extraordinarias que tienen años de estar agarrando polvo en las gavetas de tres gobiernos consecutivos – y que nadie las ha puesto en marcha. Hablo del plan elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad, dirigido por Salvador Samayoa en el período del presidente Flores. El gobierno de Tony Saca no sólo desestimó el plan, sino disolvió el Consejo que lo había propuesto. La “Súper Mano Dura” no tenía uso para propuestas racionales.

Las descartadas por Saca (y luego por Funes y Sánchez Cerén) sí eran medidas extraordinarias: intervenir, sanear e incorporar al desarrollo las docenas de comunidades donde nacieren, crecieron y se siguen reproduciendo los fenómenos de pandillas, violencia y marginación. La idea era intervenir en estas comunidades todo y con todo: viviendas, escuelas, el sistema de salud, la infraestructura, el tejido social, la formación vocacional, el fomento del empleo y emprendedurismo…

Todos hablan de prevención. Pero la única prevención efectiva es que el Estado cumpla con sus funciones y responsabilidades constitucionales. Cualquier institución estatal, cualquier funcionario que hace bien su trabajo, está haciendo prevención. Delincuencia y violencia no prosperan donde el Estado cumple.

Hoy que nuevamente todos (sobre todo el gobierno y sus responsables de Seguridad) presentan como “medidas extraordinarias” una especie de Estado de Excepción con suspensión de derechos y amplias potestades de represión para las fuerzas de seguridad y al sistema penitenciario, vale la pena hablar de verdaderas medidas extraordinarias.

Extraordinario fuera que se actualizara y pusiera en marcha el Plan de Transformación de Barrios.

Extraordinario fuera que la Fuerza Armada, en vez de jugar a policía, la empleáramos para arreglar desastres sociales, de la misma manera como ya lo ha hecho en casos de desastres naturales. Quisiera ver la Fuerza Armada, junto con los jóvenes de las comunidades, arreglando barrancos, viviendas, canchas, escuelas, sistemas de aguas negras, caminos, parques en las comunidades.

Extraordinario fuera que el sistema carcelario, en vez de suspender los derechos que la Constitución y la Ley Penitenciaria garantiza a los privados de libertad, de veras les concediera el derecho al trabajo productivo y la educación, convirtiendo los penales en fábricas y centros de formación vocacional.

Extraordinario fuera que el Estado se descentralizara, dando a las alcaldías las competencias y los recursos que necesitan para hacer avanzar a las comunidades locales en educación, salud, transporte, y seguridad, en vez de concentrar todo en burocracias anónimas e ineficientes lejos de la gente.

Extraordinario fuera que hubiera una política nacional de deporte.

Extraordinario fuera que al ejército de funcionarios públicos en secretarías y consejos e institutos, en vez de darles flotillas de camionetas 4×4, les dieran botas para pisar terreno en las comunidades.

Extraordinario fuera que el presidente dejara de poner cuadros partidarios al mando de la policía.

Extraordinario fuera que ARENA, en vez de competir con el FMLN por la mano más dura, presentara una estrategia alternativa para enfrentar las crisis de marginación en inseguridad.

Extraordinario fuera que los ciudadanos, en vez de aplaudir que se usa el miedo para establecer Estados de Excepción, defendiera el Estado de Derecho.

Extraordinario fuera que los medios consecuentemente investigaran quiénes son los muertos de cada día y quiénes los están matando.

Hagamos todos algo extraordinario para resolver un problema extraordinario. Saludos,

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Lea la columna de abril 2016: ¿Algo extraordinario quieren?

 

Lo que aprobaron los diputados prorrogando las “medidas extraordinarias” es un Estado de Excepción. De Paolo Luers

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Paolo Luers, 9 febrero 2017 / SEGUNDA VUELTA

En la plenaria de jueves 9 de febrero 2017, la Asamblea aprobó la solicitud del gobierno de prorrogar por un año más la vigencia del Decreto 321 conocido como “medidas extraordinarias”. El FMLN logró el apoyo de todos los partidos, incluyendo la oposición, con la única excepción del diputado arenero Johnny Wright Sol, quien votó en contra.

El debate en la plenaria mostró que los diputados ni siquiera han vuelto a leer el Decreto 321. Debatieron sobre prevención, sobre el Plan El Salvador Seguro, sobre el control territorial, sobre los fondos de las contribuciones especiales para Seguridad, sobre los bonos para policías, etc. – todas cosas que no tienen nada que ver con las medidas contenidas en el decreto.

Lo único que hace el decreto es declarar un Estado de Excepción parcial en los centros penales, suspendiendo explícitamente (Art. 10) los derechos de los internos garantizados en la Ley Penitenciaria (vea anexo abajo).

Nadie discutió esto en la Asamblea. Nadie reflexionó que las garantías establecidas en la Ley Penitenciaria reflejan garantías constitucionales y normas de Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y sobre Tortura y Trata Inhumano a Privados de Libertad. Los partidos debatieron y votaron como si se tratara de dar un voto de confianza al “Plan El Salvador Seguro”, aunque este no menciona ningún Estado de Excepción ni suspensión de garantías, sino principalmente enfoca en prevención. Las declaraciones de los representantes del gobierno, p.ej. el vicepresidente Oscar Ortiz, luego de la votación indican que el gobierno interpreta esta votación como aval a su política de Seguridad y como cheque en blanco para seguirlo implementando en todos sus componentes, incluyendo la militarización de la PNC, el despliegue de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, las operaciones de exterminio y la política de detenciones masivas, a pesar de que no hay espacios en bartolinas ni penales que garanticen protegen de los Derechos Humanos de los internos, incluyendo miles de ciudadanos en detención preventiva y sin condenas.

Con esta nueva prorroga de las medidas extraordinarias y transitorias, las mismas definitivamente se vuelven ordinarias y permanentes. Además las medidas no se aplican en casos individualizados, sino de manera general a poblaciones enteras de 7 penales, independientemente de las evaluaciones individuales de cada interno por parte de los Consejos Técnicos. Esta dos características de las medidas las vuelven jurídicamente insostenibles.

La Asamblea hubiera podido prorrogar las medidas que tienen que ver con los sistemas de comunicación telefónica y digital, también las medidas para mejorar la organización y depuración del personal de Centros Penales, pero sin las disposiciones que de manera general, indiscriminada y permanente suspenden garantías constitucionales, incluyendo el derecho a una efectiva defensa y el derecho a salud.

Publicamos aquí el texto completo del Decreto 321 recién prorrogado por 12 meses, y partes de la Ley Penitenciaria. Ambos obviamente los diputados, con excepción de Johnny Wright Sol, no los han leído antes de votar. Lo triste de todo esto es la ausencia de un debate sobre un asunto tan importante y delicado. Parece que en este tema de Seguridad, nos gobierna una gran coalición de todos los partidos, conducida por cuadros del FMLN.

No tener oposición en este tema, que es el único campo donde el gobierno puede esperar conseguir apoyo popular, es un gran regalo para el FMLN y su estrategia electoral.

Paolo Luers

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