control territorial

Las verdaderas autoridades. De César Castro Fagoaga

ccfcolumnaCésar Castro Fagoaga, 20 noviembre 2016 / FACTUM

Hace quince años, cuando el investigador entró a la policía, su cantón era un lugar tranquilo. Caliente, con polvo como caminos, monte -mucho monte- y con la privacidad que da el aislamiento de la ciudad. Entonces los muchachos eran unos niños. Él los vio crecer, jugó con ellos en las canchas engravadas del cantón, ayudó a sus madres cuando hizo falta.

Años después, al cantón se lo comió la Mara Salvatrucha. Los muchachos crecieron con esa garra, tatuada, manchada en las paredes. La vida siguió hasta que se pudo.

screen-shot-2016-11-20-at-7-09-09-pmHace dos meses, uno de esos muchachos se acercó a la puerta del investigador. Le dijo que la Mara había investigado bien y que sabía que él pasaba información a sus colegas, al resto de policías, que sabía todo de su familia, que le daba quince días para irse del cantón. Que lo iba a matar. El investigador se quedó de piedra, pero venció momentáneamente el miedo y le dijo al pandillero: “pero si nos conocemos de toda la vida, si yo te vi crecer”. El pandillero recibió una llamada y pasó el aparato al investigador. Era el palabrero del cantón. El mensaje fue el mismo.  El policía se armó nuevamente de valor: “Si ustedes saben que no me gustan los problemas, que no me meto con ustedes”.

La siguiente amenaza llegó poco después. El investigador no estaba en casa, y el mensaje lo recibió una de sus hijas, muerta de miedo.

Entonces el policía decidió actuar.

La 9 que siempre anda en la cintura, discreta entre la camisa y el pantalón, quedó en casa. También dejó los teléfonos. El dinero. Se fue solo: él y su pequeñez. Había pedido audiencia con los muchachos. Llegó al lugar y se sentó en medio de ellos. Él lo recuerda como si estuviera rodeado por un consejo.

Los pandilleros le dejaron hablar: “Sepan una cosa, les dije yo, no soy enemigo de ustedes, yo siempre sigo siendo amigo, lo único que ya más lejano. No puedo estar con ustedes porque no me quiero meter en problemas, ni con las autoridades ni con ustedes. En ese momento me dijeron que no había problema, que conmigo no había problema y que podía vivir”.

Después de escucharle, los pandilleros, las autoridades del cantón, le dijeron al policía que podía vivir.

“Es bien duro porque uno hay veces que ve las cosas pero hay que callarse”, me dijo el policía, cabizbajo, en el pequeño cuarto donde estábamos, la oficina de derechos humanos que espera sea su opción para salir del país junto a su familia. Mientras hablábamos, en el volcán de San Salvador se celebraba un funeral:  el subinspector Lorenzo Rojas, el séptimo policía asesinado en noviembre, el 44 en lo que va del año.

El investigador lo sabe. La policía lo sabe. Y como él hay muchos agentes que tienen miedo. Que han renunciado, que han pedido asilo, que buscan dejar atrás este país. Lo hacen ante la certeza de que las autoridades en papel, esas que se presentan cuando hay funerales y prometen medidas súper mega híper extraordinarias, no pueden protegerlos. Que quienes nos protegen están desprotegidos.

Por eso el investigador no cree en los discursos, en las lágrimas de reptil que el vicepresidente con botas arroja cada vez que este país se va un poco más al carajo, precisamente cuando ya es evidente que la moral de la policía está por los suelos. En parte, porque los policías -el investigador incluido- saben, por ejemplo, que quien fuera su jefe, el exministro Lara, negoció con las pandillas. Esas pandillas que él juró vencer y ante quienes no tuvo más remedio que postrarse y pedir por su vida. Porque sabe que en la dirección de la policía, en el ministerio de Seguridad y en Casa Presidencial no tienen ni la mínima puta idea de lo que significa vivir en un cantón como el suyo.

Por eso el investigador tampoco creerá lo que horas después, ese mismo día, dirá el gabinete de Seguridad. Sin el presidente, al que solo sacan a pasear cuando se presenta la Colmenita, los funcionarios anunciarán (sin detalles, por supuesto) un nuevo plan llamado venganza, un conjunto de medidas que esta vez sí acabarán con todos nuestros problemas. Es la decimonovena vez que Ortiz ofrece lo mismo y es normal que nadie, ni el investigador, le crea. Es complicado creerle a alguien que dice “estamos teniendo resultados positivos” el mismo día que entierran a otro policía. Es complicado creerle a alguien que ha dicho “¿y cuál es el problema” cuando le descubren que su socio comercial es un capo.

Es complicado. Especialmente cuando las autoridades de papel hablan sin consecuencias y las verdaderas autoridades de tu cantón sí cumplen lo prometido.

El modelo de la Policía Comunitaria ha fracasado por el control de pandillas

Más de 7,600 delitos en zonas con Policía Comunitaria

Registros de la PNC detallan que en los primeros ocho meses de ejecución del modelo, más de 1,100 personas fueron asesinadas en sectores custodiados por agentes comunitarios. Según analistas, ha fracasado por control territorial de las pandillas.

Miembros de la policia comunitaria, escuchan las peticiones de pobladores de la colonia miramonte en San salvador

Miembros de la policia comunitaria, escuchan las peticiones de pobladores de la colonia miramonte en San salvador

30 agosto 2015 / EDH

El 11 de agosto del 2014, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el gabinete de Seguridad Pública desplegaron  el modelo de Policía Comunitaria, como la apuesta principal de este gobierno para reducir los altos índices de violencia criminal, en especial la que provocan  las pandillas, la cual se ha profundizado en las últimas semanas hasta alcanzar promedios de 39 homicidios por día.

El despliegue se hizo en la colonia Costa Rica de San Salvador, sitio donde algunos residentes han manifestado que se continúan registrando hechos delictivos como asaltos a peatones y robo de vehículos,además de la poca la presencia de los policías comunitarios.

Sin embargo, a un año de haberse impulsado este modelo preventivo en más de 1,500 sectores en todo el país, la Policía Comunitaria no ha sido capaz de reducir el crimen en los sectores bajo su responsabilidad y, sobre todo, en aquellas zonas con presencia de las pandillas, grupos que han sido declarados terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En los sitios donde se supone se encuentran los policías comunitarios se han registrado más de 7,680 hechos delictivos, según datos proporcionados por la Oficina de Información Pública de la Policía Nacional Civil (PNC).

El informe de la referida oficina corresponde a los primeros ocho meses de la implementación del modelo preventivo.

La Policía Comunitaria es la principal apuesta de las autoridades de Seguridad y con la que, aseguran, se reduciría el problema de violencia e inseguridad ciudadana.

Las cifras oficiales proporcionadas por la referida oficina reflejan reducciones en delitos menores, pero un considerable aumento en los delitos graves como homicidios, lesiones e intentos de homicidios.

Asimismo, que no menos de 1,100 personas han sido asesinadas en los sitios donde opera la Policía Comunitaria.

Además, las estadísticas indican que más de 150 personas han desaparecido en sitios del Gran San Salvador, donde opera la Policía Comunitaria y en el mismo período.

Información de solo una parte del país
El informe proporcionado por la referida oficina corresponde a la incidencia delictiva en los municipios del área metropolitana de San Salvador, menos la ciudad capital, y las poblaciones de los departamentos de San Miguel, La Unión y Usulután.

Sin embargo, los datos sobre los delitos en los sitios con Policía Comunitaria de la zona Occidental, Central y Paracentral no fueron proporcionados por la Oficina de Información Pública de la PNC.

 Lo que llama la atención es que en municipios con altos índices delictivos del área metropolitana de San Salvador, como Soyapango, Ilopango, San Martín, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Mejicanos se tengan registrados pocas denuncias por extorsiones.

Por ejemplo, las cifras policiales solo reportan una denuncia por extorsión en Ilopango este año, mientras que en San Martín y Soyapango, ninguna. El año pasado solo registran seis denuncias de extorsión en Soyapango e Ilopango, pero ninguna en San Martín.

Sin embargo, las delegaciones de Policía en seis municipios de la zona norte de San Salvador recibieron las denuncias de  330 personas por extorsión en sectores donde se encuentra la Policía Comunitaria.

EDH20150830NAC013P

Al defender la estrategia impulsada por las autoridades de Seguridad Pública desde agosto de 2014, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que la meta del proyecto es mantenerlo durante los próximos cuatro años del presente gobierno, pero que las aspiraciones prioritarias son que la Policía  pueda adoptar un nuevo modelo de trabajo que comprende aliarse con la comunidad para enfrentar y solucionar de forma conjunta, comunidad y Policía, el problema de la inseguridad en su sector de responsabilidad.

Luego de transcurrido un año de haberse implementado este modelo de prevención de la criminalidad, Ramírez Landaverde destacó como logros del mismo la cobertura nacional que ha alcanzado la Policía Comunitaria y en segundo lugar, que se cuenta con los diagnósticos del problema de la inseguridad en la mayoría de los sectores donde se ha impulsado.

Sostuvo que estos diagnósticos le servirán a las autoridades para diseñar estrategias locales, de modo que tanto Policía como las comunidades puedan enfrentar conjuntamente no solo los homicidios, sino también el comportamiento de la delincuencia en esas zonas.

El director de la corporación destacó el impacto que ha tenido el despliegue de la Policía Comunitaria en las zonas con alta incidencia delictiva, y que se traduce en términos de reducción del delito en la mayoría de los  sectores donde se trabaja bajo esta estrategia.

“Lógicamente el impacto que este proyecto va a tener a mediano y largo plazo dependerá también de que esos planes (preventivos) puedan desarrollarse, porque son planes que se han orientado bajo un enfoque de corresponsabilidad basados en las necesidades locales y buscando la integralidad”, expuso.

A juicio de Ramírez Landaverde, “no es posible continuar pretendiendo de que solo con el uso de la fuerza o la mera aplicación de la ley penal se va a resolver el problema en todos estos sectores”.

En ese sentido, el jefe policial señaló que “es necesario desarrollar otras acciones de prevención y atender los riesgos sociales situacionales”.

Ramírez Landaverde aseguró que los policías comunitarios le ayudan a la gente a solventar sus problemas comunales y es “así como vemos a los policías en todo el país, con corvo en mano, brocha en mano, con la comunidad, reparando las calles, subido en una escalera cambiando lámparas”.

Agregó que “cada vez hay más comunidades que trabajan con la Policía para atender de manera conjunta las necesidades de seguridad locales”.

El director aclaró que respeta las opiniones de analistas de seguridad  que han cuestionado los resultados de la Policía Comunitaria.

Según su criterio, esas personas “lo hacen sin ningún conocimiento, sin ningún acercamiento a la Policía para al menos conocer o preguntar cómo se trabaja, qué se está haciendo y cuáles son los resultados que se están obteniendo”.

Analistas en el tema de seguridad ciudadana han coincidido en que el modelo de la Policía Comunitaria es una estrategia preventiva del delito que servirá en aquellas comunidades y colonias que no estén sometidas bajo el terror, temor la intimidación de las pandillas.

También explicaron que la desconfianza de la gente hacia los policías y la fuerte presencia de las pandillas en las comunidades han sido dos de los factores que no ha ayudado al éxito de la Policía Comunitaria en las zonas donde la misma ha sido desplegada.

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Analistas aseguran que el modelo de la Policía Comunitaria ha fracasado por el control de pandillas

Coinciden en que la Policía Comunitaria, principal apuesta del gobierno, no ha reducido delitos por la desconfianza ciudadana.

Despliegue de la Comunitaria en colonia Belén de Conchagua, La Unión.

Despliegue de la Comunitaria en colonia Belén de Conchagua, La Unión.

30 agosto 2015 / EDH

La desconfianza ciudadana y la presencia de las pandillas en las comunidades son dos de los factores que, según analistas en seguridad, han llevado a que el modelo de Policía Comunitaria sea un fracaso y que, además, no  haya tenido los resultados que esperaban las autoridades de Seguridad Pública, luego de un año de haber implementado esa estrategia.

Los analistas sostienen que es necesaria la recuperación de los territorios con  alta presencia de pandillas, para echar a andar programas de prevención de la delincuencia y desarrollo comunitario.

Los analistas coincidieron en que la Policía Comunitaria es una estrategia de carácter preventivo y no represivo del crimen, y que solo funciona en aquellas zonas donde no existe presencia de pandillas y que, además, son vulnerables a la infiltración de esos grupos.

El diputado por Arena y exdirector de la Policía, Rodrigo Ávila, sostiene que la Policía Comunitaria puede funcionar en sectores donde no haya pandilleros y la gente le tenga confianza a la PNC.

Sostuvo también que este modelo de seguridad le da la oportunidad a la gente de “poder interactuar con los policías responsables de darle tranquilidad en su comunidad o colonia.

No obstante, considera que “en esta situación (de violencia) la gente tiene tanto miedo, que es obvio que la gente no va a participar. Entonces, este modelo de policía y comunidad funciona en las zonas donde la gente se puede organizar, donde puede interactuar con las autoridades de una manera preventiva”.

Agregó que “esto no sucede porque la gente tiene temor, tiene pavor. Entonces, ni los conceptos tradicionales de prevención del crimen funcionan, porque hay un dominio territorial y ocupación de los territorios por parte de estos criminales que subyugan mentalmente a los pobladores, no solo físicamente con la intimidación”.

Ávila señaló que la violencia generada por las pandillas “genera una subyugación y sometimiento sicológico, la gente tiene pavor, si hasta los miembros de la policía, de la Fuerza Armada, están diciendo que están abandonando sus casas. Es el colmo”.

El director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, también cuestiona que el gobierno haya impulsado el modelo de Policía Comunitaria en zonas con alta presencia de pandillas, y consideró que esa estrategia es de carácter preventiva y no represiva.

“Nosotros con tristeza sonreímos. Con tristeza digo porque era evidente que esa no es la solución. Eso es cuando uno empieza a ver que se puede formar alguna mara en algún lugar, pero no cuando ya se formó la pandilla. Poner a un policía comunitario es casi tanto como condenarlo a muerte en un momento determinado”, consideró Fortín Magaña.

Añadió que la estrategia de Policía Comunitaria es una buena medida preventiva, pero “no en los sitios donde hay más violencia, sino limpiar la zona, poner restricciones, volver a tomar el control de los territorios que el gobierno está perdiendo”.

Agregó que a ese ingrediente preventivo en las comunidades, también se le debe de dar prioridad al área de reinserción social de los pandilleros que desean retirarse de esos grupos declarados como terroristas y volverlos a reinsertarlos a la sociedad.

Pero aclaró que quienes están en las maras y han delinquido difícilmente podrán ser reinsertados.

Fortín Magaña cree que la solución para evitar  que se repita el mismo círculo vicioso dentro de las pandillas  es trabajar en cómo se incorporan  a los hijos de los mareros a la sociedad, porque “si no se les atiende con programas preventivos, entonces, se va a tener la posibilidad de que haya otra generación de pandilleros y eso ya no se puede permitir en el país”.

Por su parte, el criminólogo y articulista de El Diario de Hoy, Carlos Ponce, sostuvo que haber impulsado la Policía Comunitaria en zonas contaminadas de pandillas es el “más claro ejemplo de cómo una idea, un modelo excelente puede echarse al traste por una mala ejecución, resultante de la interferencia político-partidaria en el aparato de seguridad”.

Para Ponce, las “instituciones y unidades no están en manos de personas técnicamente capaces y profesionalmente proficientes, están en manos de personas ineptas cuya única cualidad es su lealtad inamovible y cercanía extrema al oficialismo y a la izquierda radical”.

No comparte que la prioridad de las actuales autoridades de Seguridad sea “la consecución de objetivos ideológicos y partidarios. Siempre habrá funcionarios incapaces de ejecutar con éxito hasta la más brillante de las estrategias o el más sencillo de los planes y formular y desarrollar acciones innovadoras y abordajes complejos del problema delictual”.

Ávila recomendó que para que las autoridades responsables de la Seguridad Pública recuperen el control de los territorios asediados por las pandillas es necesario que se imponga un régimen especial contra grupos organizados delincuenciales como las pandillas.

“Éstas medidas deberán de establecer prohibiciones como que no se puedan reunirse entre ellos, que no acosen a los menores de edad para reclutarlos, a excepción del  segundo grado de consanguinidad, que no se acerquen a las escuelas, manchar paredes con grafitos, y en cualquier momento se le puede retener en vías de investigación y hacer allanamientos a las casas que ellos ocupan para planear delitos”, dijo Ávila.

Mientras, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo que los policías tienen ahora mayor acercamiento con la comunidad y se les apoya para solucionar sus problemas.

Ramírez Landaverde, quien dijo respetar los comentarios de los analistas sobre la policía comunitaria, explicó que la meta del proyecto es mantenerlo durante el actual gobierno, para que la PNC adopte un nuevo modelo de trabajo de aliarse con la comunidad para atender de forma conjunta el problema de la inseguridad.