“A la larga, toda la sociedad es rehén”: Claudia Umaña

Claudia Umaña, vicepresidenta de FUSADES de El Salvador, analiza la debacle institucional de Nicaragua.

Claudia Umaña, vicepresidenta de FUSADES

En El Salvador, la Sala Constitucional, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Fiscalía tienen un frente común contra la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro, 9 mayo 2017 / CONFIDENCIAL

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) lleva el pulso del clima de negocios en este país desde 1999. Fundada en 1983 con una donación patrimonial de USAID, Fusades ha sido durante más de tres décadas el principal centro de pensamiento del sector privado de El Salvador. Primero, de forma sistemática sobre las políticas públicas en el campo económico y social, y desde hace unos años también en los temas políticos, legales, e institucionales.

La abogada Claudia Umaña, vicepresidente de FUSADES, investigadora jurídica, especializada de comercio internacional, instituciones democráticas, transparencia y modernización del Estado, es la encargada de llevar el  monitoreo político-institucional.

Umaña cuestiona la actitud hostil del gobierno del FMLN hacia el sector privado en su país, como uno de los factores agravantes que perjudican el clima de negocios, y reconoce el pragmatismo del Gobierno de Daniel Ortega para atraer capitales centroamericanos. Pero, al mismo tiempo, aludiendo a Nicaragua, afirma de forma categórica que “no se puede sacrificar libertades individuales por crecimiento económico”.

¿Cuál es el diagnóstico de FUSADES sobre la situación económica? ¿Por qué no está creciendo El Salvador?

El mayor desafío que tenido en el crecimiento económico es que el clima de inversión ha estado seriamente deteriorado desde hace un tiempo. FUSADES hace una encuesta empresarial sobre el clima de inversión desde 1999 hasta la actualidad, en que llegamos a un nivel desfavorable de un 52% en los últimos años, y actualmente, nuestra última encuesta,  un negativo de 48%. Desde 2009 hubo una baja que nunca se logró recuperar y ha sido por esta enemistad bastante obvia que ha existido entre el gobierno y el sector empresarial.

El clima de negocios en El Salvador

¿Qué es lo que más afecta el clima de inversión?

Hay tres elementos que coinciden:  delincuencia (26.6%), corrupción (14%) y burocracia (12%).  Estos son los principales obstáculos para hacer negocios.

El tema de las maras, las pandillas tiene un efecto en que el país se ha dividido en territorios, y el manejo territorial del hacer negocios ahora está absolutamente distorsionado. Lamentamos los niveles de homicidios diarios, que se han reducido en los últimos meses. El nivel de extorsiones también tiene un efecto muy importante en el hacer negocios en El Salvador, así como la flotilla de seguridad privada que se tiene que tener como un mecanismo de autodefensa, además de lo que se está pagando a nivel de impuestos para efectos de que el Estado haga lo propio.

¿Cuál es el peso específico de la corrupción?

En la dinámica empresarial hay una serie de quejas que van desde la tramitología y también las relaciones alrededor de los gobiernos locales. A nivel de burocracia, lamentablemente los gobiernos del FMLN no han logrado comprender que las regulaciones excesivas tienden a abrirle portillos a la corrupción.

¿Cómo funciona la relación entre el gobierno y el sector privado?

Los empresarios han visualizado que hay políticas gubernamentales erradas. El gobierno nunca logró sacar adelante una visión propositiva del país. Ahora recién se están haciendo esfuerzos para la venta de la imagen de país. Estamos a la expectativa, pero ha habido mucho tiempo perdido.

Tenemos megaproyectos que están absolutamente truncados, como el puerto de La Unión, en el que estamos en una zona fronteriza y régimen de condominio con Nicaragua. Cuando uno va a ahí dan ganas de llorar, porque es como que fuera un gran estacionamiento todo depredado y además ocioso.  La ideología ha sido más fuerte que la racionalidad, porque en la ley de asocio público privado y para poder licitar estas megaobras, el gobierno trata de mantener el control de los negocios. Hay una visión de que el porcentaje en un negocio que debe tener el sector privado debe ser más reducido, y que el gobierno sabe cómo manejar los negocios. Sin embargo, eso no ha sido exitoso.

¿El gobierno favorece u obstruye la relación con el sector privado?

Hay una visión bastante acusatoria en materia de evasión fiscal.  FUSADES está absolutamente a favor de que se combata la evasión. Eso es un requisito sine qua non, desde el momento que uno crea una legislación tributaria, pues igual quiere que se aplique de acuerdo a los objetivos de la ley.

Desde el gobierno hay una retórica — “los empresarios son evasores”, y hay un esfuerzo mínimo desde el ámbito administrativo para la recuperación de impuestos, de mora, y hay frustración del lado del Ejecutivo, porque los procesos duran  tiempo. Entonces ha habido más bien una visión “punitiva, metámoslo a la cárcel”, eso hace un proceso abreviado y asunto resuelto. Para ello ha habido intentos de crear un proyecto de ley de cobro de multas y deudas a favor del Estado, que también tiene serias deficiencias con lo que puede ser la presunción de inocencia y, en general, el tema de preservación de un debido proceso.

Otro tema ha sido una danza muy desafortunada que ha existido entre el gobierno del sector privado en torno a aquellas comisiones que ya existían en donde se tiene que trabajar colaborativamente. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, en que básicamente ha habido una imposición absoluta de parte del gobierno.

La presentación del presupuesto 2017 ha sido desbalanceado, no transparente, no se incluyen todos los gastos, y entonces esto genera un clima permanente de confrontación, porque luego hay que ir a negociar en la Asamblea Legislativa préstamos, y entonces ahí empieza la retórica –“que la oposición no me deja funcionar”.

Desde el Ejecutivo, hay una dinámica ambivalente, porque ciertos personeros del gobierno como el vicepresidente (Oscar) Ortiz, tienen un lenguaje pro apoyo de hacer negocios en El Salvador, pero luego otros ahuyentan claramente las inversiones.

 La lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito

¿Cómo afecta el clima de negocios que has descrito el funcionamiento de las otras instituciones democráticas del país: por ejemplo Corte Suprema de Justicia, la fiscalía, los tribunales?

Para FUSADES un eje fundamental de la democracia en El Salvador es que creemos que tenemos instituciones que comparativamente con otros países de Centroamérica funcionan mejor, hay funcionarios independientes en algunas de ellas, tenemos procesos legales que dan certeza jurídica. Es decir, hay una intermediación de las instituciones en el poder y generan contrapesos.

En el Salvador ha habido un importante despertar de la legislación que estaba dormida, particularmente de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que si bien data de 1959 se empezó a operativizar el año pasado, entonces eso ha sido como  que veíamos borroso, nos hemos puesto unos anteojos y ¡Dios mío!, ahora que si hemos visto de todo.

¿Quién lidera este proceso?

Hay tres instituciones que han rescatado la lucha contra la corrupción. Una es el Instituto de Acceso a la Información Pública, una ley que tiene cinco años pero que ha dado frutos muy importantes. A través de peticiones de acceso a la información la ciudadanía ha ido desentrañando qué es lo que pasa a través de las esferas del poder y de la acción gubernamental, y además con gran apoyo del periodismo investigativo.

Al empezar a preguntar y a descubrir, también se activó a través de la Ley de Enriquecimiento Ilícito el que en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se permitiera el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, y de un día para otro haber tenido la posibilidad de ver que había personas que entraban a ejercer sus cargos con patrimonios bastante modestos y salían millonarios, había algo que no cuadrada, definitivamente.

¿Y la seccción de Probidad tiene autonomía?

Es una oficina que está dentro de la Corte Suprema de Justicia, y que había estado truncada, pero a partir del año pasado se activó. Pero todo esto surge por un tema de gran relevancia que en la Asamblea Legislativa se puedan dar procesos en que se elijan a funcionarios de segundo grado que sean independientes y que lleguen a aplicar la ley. Entonces lo que sucedió es que por la composición dentro de la Corte Suprema de Justicia, finalmente tuvo un mandato claro que le permitía no solo divulgar las declaraciones, sino que hacer un proceso de auditoría, y si se encontraba el mérito elevarlo a la instancia de la corte plena, para que esta a su vez procediera, si hubiera causa, a que se tramitara un juicio por enriquecimiento. Eso ha activado una dinámica nueva, pero el fin del juicio por enriquecimiento ilícito es la restitución de los dineros mal habidos, y la búsqueda de restitución de la parte económica hacia el Estado, y si esto constituye otros tipos de delitos como el lavado y otros tipos de delitos penales como el peculado, todo esto ya es parte de la Fiscalía General de la República.

Ha habido este despertar de la institucionalidad, en donde ha habido un trabajo más colaborativo entre la Corte Suprema, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo soy fiel creyente de que todo esto no hubiera podido suceder sin una sociedad civil muy proactiva, y ahí el rol de FUSADES con la creación, no solo de un anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información, sino de haber logrado construir una red de apoyo hacia esa legislación.

Entonces, tenemos el problema del crecimiento económico y sus desafíos;  el tema de la inseguridad ciudadana y el impacto que tiene en lo económico;  y la institucionalidad democrática que ha logrado darle estabilidad al país, y además de traducirse en que tengamos una democracia, si bien con serios desafíos, tenemos instituciones que han logrado preservar el Estado de Derecho, aunque tenemos que mejorarlo.

 No sacrificar libertades individuales, por crecimiento económico

¿Cómo se ve desde  Fusades el modelo del Cosep en Nicaragua? Cosep reivindica una alianza económica con el Gobierno para aprobar leyes pro sector privado, y un diálogo en diversas instancias para generar resultados económicos. Mientras, en el ámbito institucional, el Gobierno ha provocado una regresión autoritaria, y tiene un control absoluto sobre el poder electoral, el judicial, la fiscalía, y la Contraloría. Pero los líderes del sector privado dicen que este este modelo está dando resultados y está entrando en una etapa de “adopción” en otros países, y han mencionado incluso a El Salvador.

Yo disiento de la tesis que, como país, como visión colectiva, estemos observando el modelo nicaragüense como uno viable para El Salvador. Y no porque no haya ciertos elementos favorables para hacer negocios y resulta que este año (Nicaragua) mejoró en los índices del doing business, mientras  El Salvador está en una caída libre en los índices de libertades económicas, de competitividad.

Pero hay una visión bastante diferente entre lo que es el compromiso con la democracia, con la República, y con las instituciones democráticas. Creo que en El Salvador no hay un consenso alrededor de que hay que sacrificar las libertades individuales por el crecimiento económico, y yo creo que eso es un camino diferente, es un camino más tormentoso, pero ciertamente más sostenible.

A mí no me gusta comentar acerca de la política de otros países porque cada quien tiene sus propios bemoles, pero en Nicaragua se ha perdido tanto, se perdió la independencia judicial, se ha perdido la independencia electoral, se ha concentrado el poder de unas formas muy parecidas a las que ya tuvieron en la época de la dictadura de Somoza. Entonces, a la larga está perdiendo toda la sociedad porque esta dinámica de ejercicio democrático de acceder al poder, que se hagan elecciones competitivas, que haya procesos transparentes en diferentes escenarios no solo en el electoral, sino que también en el hacer negocios, porque para hacer negocios no hay que estar tan cerca del poder, porque hay una gran tentación hacia la corrupción y hacia el manejo de la política con una visión economicista.

Pero el alegato en Nicaragua es que se han generado incentivos para atraer inversiones y capitales de la región,  de Guatemala, El Salvador, de México, de Colombia, y sostienen que el modelo da resultados y está funcionando.

Es correcto. Hay elementos positivos, yo lo he escuchado con ese pragmatismo. Pero es diferente establecer un negocio en un país en donde me están dando condiciones de seguridad y estabilidad, pero yo no habito ahí. No es mi país de residencia, yo no tengo que vivir con las leyes mordaza,  porque no hay que criticar al poder, o sea, ese no es mi problema, lo que yo quiero es llegar ahí a construir, a vender mis productos, y si a mí me dejan que mi producto se venda en el mercado o en la plaza pública, ahí vean ustedes qué hacen con la libertad de expresión, ahí que vea quién se mete en el tema del manejo de la represión.

Entonces, afortunadamente, en El Salvador no vamos en esa dirección. Lo cual no significa que no se vea como un modelo a veces atractivo por algunas fuerzas, sobre todo las políticas le ven lo atractivo que es la concentración del poder sin frenos y contrapesos; y el lado pragmático-empresarial “mientras a mí no me entorpezcan mi negocio, pues laissez faire”.  Pero eso a la larga yo no creo que nadie pueda dormir tranquilo, y lo peor es que el rehén en esa forma de manejo de la cosa pública, son los ciudadanos y cómo se les ha limitado su libertades individuales sus derechos humanos absolutamente atropellados, y cada día la sociedad como metiéndose en un adormecimiento que, tanto la élite económica como la élite política, han ayudado a fabricar en detrimento de valores.

La  referencia o el modelo del gobierno del FMLN pareciera estar entre Venezuela y Nicaragua. En algunos aspectos se inspiran en el modelo venezolano, pero tampoco han intervenido la economía de la manera en cómo Chávez y Maduro lo hicieron; y  por el otro lado, tampoco han tenido la apertura pro negocios privados que tiene el gobierno de Ortega, entonces,   ¿está en medio de los dos?

Sí, yo creo que el modelo  del FMLN en hacer negocios es absolutamente híbrido y sin la capacidad de manejar los dos escenarios. Primero, por falta de conocimiento en hacer negocios, o sea, yo creo de que es un poco mágico pensar que uno puede aprender de negocios solo por llegar a un cargo público; y dos, por falta de recursos económicos porque se hizo mucho doing business alrededor del dinero del petróleo venezolano, pero una vez se secó esa fuente de financiamiento, y sin tener una estructura bien armada de negocios, todo eso se cayó, se vino para abajo.

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