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Ha sido la acción ciudadana. De Humberto Sáenz Marinero

humberto saenzHumberto Sáenz Marinero, 17 diciembre 2016 / EDH

Hace unos días, Daniel Olmedo escribía que esa sensación que muchos tenemos de que ya hay instituciones que están funcionando en el combate a la corrupción, en realidad inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad y que luego continuó con un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo, destacando entre ellos el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte en pleno, la Fiscalía General de la República y los tribunales de segunda instancia en materia civil.

diario hoyDaniel destacaba que no fueron necesarias ningún tipo de reformas legislativas, ni dotar de mayor presupuesto a las instituciones, lo cual desde luego no significa que no se requieran. En realidad, solamente se necesitó que un ciudadano hiciera uso correcto de las herramientas de control a su alcance y que un grupo de funcionarios se propusiera cumplir con su mandato constitucional aún y cuando no se contara con la normativa más adecuada.

En efecto, a estas alturas ha quedado demostrado de lo que es capaz la ciudadanía organizada. El año 2016 ha sido aleccionador en ese sentido. Para el caso, valga resaltar los esfuerzos liderados por Acción Ciudadana para exigir que los partidos políticos transparenten sus fuentes de financiamiento y el destino de estos fondos.

Como ese esfuerzo, hay muchos otros encaminados a evitar omisiones legislativas en la elecciones de segundo grado de los funcionarios o que buscan que estos procesos de elección se realicen en fiel apego a las exigencias constitucionales.

Propuestas legislativas, divulgación de información de interés público, defensa de intereses gremiales, peticiones de investigación en la Fiscalía General de la República, defensa de la institucionalidad y la separación de poderes y hasta el decidido apoyo a la labor desempeñada por algunas instituciones que están dando muestras de querer combatir la impunidad, han sido comunes en este 2016.

Así, ha sido la acción ciudadana la que ha llegado hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Supremo Electoral, la Sala de lo Constitucional, los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda. Y han sido estas instituciones – unas bien, otras no tan bien y otras mal – las que han dado respuesta a las peticiones y acciones iniciadas por la ciudadanía organizada y las que han permitido que poco a poco comencemos a conocer la información relacionada con el financiamiento político.

Ha sido la acción ciudadana la que ha promovido acciones encaminadas a sancionar a funcionarios que presumiblemente están haciendo uso indebido de los bienes del Estado. Claro está que más que las sanciones, interesa el establecimiento de precedentes que contribuyan a erradicar este tipo de prácticas.

Y ha sido la acción ciudadana la que a partir de investigaciones periodísticas, ha puesto el dedo sobre la llaga al pedir que la Corte de Cuentas de la República audite los fondos que en la Asamblea Legislativa se han estado repartiendo a organizaciones privadas, toda vez que ya se ha conocido que existen organizaciones muy vinculadas a partidos políticos, que sin ningún tipo de procedimiento y en la más absoluta oscuridad, han estado recibiendo fondos públicos.

Se trata de un fenómeno que seguramente va a arreciar en 2017. Se camine por donde se camine, es evidente que cada vez existen más personas que se quieren sumar a este tipo de esfuerzos porque se han cansado de lamentarse, criticar y escuchar las reacciones que Erika Saldaña bien describe como “absurdas excusas de colegio”.

Las instituciones que ya están funcionando deberán mantenerse a la altura de las expectativas ciudadanas y las que –como Corte de Cuentas y Tribunal de Ética Gubernamental– todavía no funcionan bien, deberán comenzar a hacerlo. No les queda mucho espacio porque las exigencias ciudadanas no van a desaparecer.

En realidad, y aprovechando que en estos días se hace aún más propicia la reflexión, los propósitos de enmienda y el establecimiento de objetivos para el próximo año, todos deberíamos incluir el hecho de hacer un poco de patria, de dejar la comodidad de nuestros hogares, universidades, oficinas o puestos de trabajo. No es retórica decir que el país nos necesita.

Aprovecho para desear a todos los ciudadanos que de verdad quieren contribuir con el país, un exitoso y bendecido año 2017.

@hsaenzm

Carta al Secretario de Apariencias: Tarde o temprano, sabremos la verdad. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 5 marzo 2016 / EDH

Estimado Marcos Rodríguez:
Esta carta sobre los archivos ‘perdidos’ (extraviados, destruidos, escondidos, ¿quien sabe?) de Casa Presidencial te cae a vos, porque sos el que estuviste a cargo, tanto en el gobierno de Funes como en el actual, de la transparencia de la gestión presidencial.

Vamos a resumir el caso. Se trata de los archivos que documentan los viajes del presidente Mauricio Funes y su señora durante el quinquenio 2009-2014. Con todo: costos, acompañantes, medios de transporte, lugares de hospedaje, etc.

Un ciudadano pidió esta información, haciendo uso de los derechos que le confiere la Ley de Acceso a la Información Pública. La información le fue negada, primero por Casa Presidencial, y luego por el Instituto de Acceso a la Información Pública. La razón: Casa Presidencial declaró reservada esta información y ordenó que se desclasificara hasta el año 2017, alegando ‘problemas de seguridad’, y el Instituto, al cual el ciudadano acudió, le dio razón a CAPRES.

diario hoyEn este momento, junio del 2013, los documentos solicitados tienen que haber existido en Casa Presidencial. Por que si no hubieran existido, la respuesta que de la Oficina de Información y Respuesta OIR de Casa Presidencial hubiera tenido que ser que los documentos requeridos no existen. Además, para declarar reservada una información, se supone que había que revisar y analizarla. Por tanto, tiene que haber existido. A menos que Casa Presidencial mintió, no solo al ciudadano sino también al Instituto de Acceso a la Información Pública.

El ciudadano se fue a la Sala de lo Constitucional y pidió un amparo contra la resolución del Instituto de avalar la reserva declarada por CAPRES.

Y en la Sala, alguien tuvo que haber tenido el presentimiento que algo raro estaba pasando con esta información. Por esto, la Sala tomó una medida poco usual: Ordenó a Casa Presidencial a entregar todos los archivos relacionados con los viajes de Funes y su esposa a la Sala, en una especie de custodia para resguardar su seguridad y evitar que se desaparezca o altere. Vaya olfato que tuvieron los ‘magníficos’ – como si ya conocen tus mañas, Marcos…

Y cuando ustedes nunca entregaron los archivos, la Sala les pone un ultimátum de tres días. Con amenaza de sanciones penales. Vaya, babosada.

Y en este momento, Casa Presidencial dice: Fíjense, no podemos encontrar los archivos. No existen. Vos decís una cosa, el vocero presidencial Eugenio Chicas dice otra, el presidente, como es usual, no dice nada – pero al fin queda claro: no cumplen con la entrega ordenada por la Sala de lo Constitucional, alegando que los archivos no están en poder de Casa Presidencial. Se perdieron, se quemaron, se fueron volando, alguien los robó, se traspapelaron – ¿quién sabe? En una Casa Presidencial administrada al estilo de Marcos Rodríguez o Hato Hasbún todo es posible…

Ahora hay dos hipótesis – y ambas involucran delitos cometidos en Casa Presidencial. Me gustaría saber cuál es la verdad.

La primera: Cuando en 2013 empezaron se pidió toda la documentación de todos los viajes de Funes y su esposa, alguien en CAPRES se asustó, porque sabía esta información, si salía a la luz pública, iba a causar un problema político y posiblemente legal serio al presidente. Por tanto, alguien tomó la decisión de destruir la documentación. En este caso, la declaración de reserva fue una medida para encubrir el delito de haber destruido la documentación – delito cometido, a su vez, para encubrir algo grave.

La otra hipótesis es al revés: Llega la solicitud del ciudadano, revisan la documentación y deciden: No puede salir a la luz, hay que declararla reservada. La declaran reservada, el Instituto les hace caso. Parece que el problema se resolvió.

Pero no: El ciudadano no se rinde y va a la Sala. Los magistrados de la Sala, ‘obedeciendo a la oligarquía’, ordenan a CAPRES entregar la documentación a la Sala, para revisarla y para resguardarla. Alguien se asusta en Casa Presidencial y destruye o esconde la documentación.  En este caso, el delito de destrucción de evidencia se comete porque no les funcionó la estrategia de declararla reservada.

En ambos casos, se cometieron delitos, y me cuesta creer que el hombre que en el 2013 fue subsecretario de transparencia y ahora es secretario presidencial de transparencia, no tenga nada que ver.

Algún día la verdad saldrá a la luz: tanto la relacionada con los viajes de Funes que quieren esconder, como el enigma de los archivos perdidos. También la verdad sobre el Masferrari y los zapatos del presidente.
Saludos,

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Capres niega datos sobre campaña de Sánchez Cerén

Piden información sobre publicidad de “Un año gobernando por la gente”.

La presidencia negó información sobre los gastos de la campaña de publicidad denominada: “Un año gobernando con la gente”, del mandatario Salvador Sánchez Cerén. | Foto por Web Capres

La presidencia negó información sobre los gastos de la campaña de publicidad denominada: “Un año gobernando con la gente”, del mandatario Salvador Sánchez Cerén. | Foto por Web Capres

, 19 diciembre 2015 / EDH

diario hoyLa Oficial de Información de la Presidencia de la República (Capres) negó información sobre la campaña de publicidad del presidente Salvador Sánchez Cerén denominada “Un año gobernando con la gente”, como por ejemplo costos, agencia encargada y método para seleccionar a dicha compañía.

Dicha campaña fue lanzada el 1 de junio de 2015, un año después de la ejecución del programa “Gobernando con la gente”.

Por ello, una ciudadana solicitó a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) los acuerdos, resoluciones o cualquier respaldo documental sobre los objetivos, fines y acciones esenciales de dicha campaña; la agencia de publicidad, entidad, empresa o persona contratada para el diseño, producción y colocación de espacios o pautas y el presupuesto asignado.

También solicitó los costos previstos, incluyendo y sin limitarse, de diseño,  producción de anuncios (vallas y mupis), pautas en medios radiofónicos y televisivos y publicación en medios escritos (tanto físicos como virtuales); así como todos los contratos con agencias de publicidad, empresas radiofónicas, televisivas, medios de comunicación escritos, que sirven de antecedentes, apoyo, insumo o medio para la colocación y divulgación de tal campaña publicitaria.

Sin embargo, y utilizando los mismos argumentos cuando les solicitaron información sobre los gastos de publicidad durante la administración del expresidente Mauricio Funes, Capres argumentó que hay reserva de esa información, ya que esto podría tener repercusión en una medida desleal y desigualitaria ante potenciales oferentes de servicio nacionales e internacionales; alegaron que sería un obstáculo para que la presidencia adquiera tales servicios sin intermediación de terceros y que eso se convertiría en una ventaja indebida en perjuicio de otros competidores en un procedimiento de contratación de bienes y servicios institucionales.

La peticionaria apeló esta negativa ante el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) y actualmente está esperando a que le reprogramen el juicio, el cual fue suspendido esta semana.

A finales de 2014, el IAIP apoyó los argumentos de Capres cuando la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Funde) solicitó datos sobre los gastos de publicidad en 2010, más no así los montos totales que sí fueron desbloqueados. También el IAIP reiteró la reserva en datos de los viajes del expresidente Funes y la exprimera dama.

IAIP ordena a Fiscalía revelar uso de $14.5 mill de narcobarriles

La FGR había declarado en reserva información sobre el uso del dinero incautado en barriles en 2010 sin justificar razón, por eso el Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó que revele cómo usó el dinero.

Reservada. La Fiscalía dijo en 2012 que usaría el dinero de los narcobarriles para el centro de intervención telefónica.

Reservada. La Fiscalía dijo en 2012 que usaría el dinero de los narcobarriles para el centro de intervención telefónica.

Ezequiel Barrera, 27 noviembre 2015 / LPG
la prensa graficaEl Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) que revele el uso que dio a los $14.5 millones, producto del narcotráfico, hallados en barriles en septiembre de 2010 en dos propiedades: en la hacienda El Recolado de Zacatecoluca, La Paz, y en una vivienda de la residencial Quinta de Las Mercedes de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

“La resolución que el instituto emitió contra la Fiscalía fue en razón de que el único argumento de la Fiscalía, expresado a través de un correo electrónico, fue que denegaban la información porque el fiscal de delitos de narcotráfico habría señalado que transfirió el expediente a un investigador de la Unidad Financiera, pero ese argumento no respondía a cuál era el riesgo de revelar esa información, y ya lo hemos dicho: que para decretar una reserva no se puede hacer de manera antojadiza”, explicó ayer la comisionada del IAIP, Herminia Funes.

El instituto otorgó un plazo de tres días hábiles para que la Fiscalía entregue esa información solicitada desde el 17 de octubre de 2014 por una ciudadana que tuvo que esperar un año para que la información, al menos, esté en trámite de entrega.

“Esperamos que la Fiscalía no insista en negarse a entregar la información, porque se vería muy mal que apele a la Sala de lo Contencioso, esperamos que uno de los escenarios posibles no sea que suceda como ocurrió cuando un ciudadano solicitó la información respecto a los viajes del fiscal (Luis Martínez), cuya información aún no ha sido entregada a pesar de que el instituto ya ordenó su entrega”, declaró Funes.

La comisionada agregó que en el instituto estarán vigilantes de que la información sobre el uso de los fondos de los narcobarriles sea entregada en el plazo establecido; de lo contrario, el instituto tendrá que discutir las medidas a tomar ante la negativa.

La Fiscalía negó la información el 29 de octubre de 2014 alegando a la solicitante que la había declarado en reserva. Ante la negativa, la ciudadana apeló al instituto el 4 de noviembre de 2014, exponiendo que su solicitud sí era válida porque quería saber de forma detallada el uso de esos fondos incautados y no los datos acerca del proceso de un caso en proceso de investigación.

La solicitante planteó en la apelación que el caso ya había avanzado lo suficiente como para sostener que revelar el uso de los fondos podría entorpecer el proceso investigativo y judicial, ya que José Baltazar Romero, procesado por el caso, fue condenado en septiembre de 2010 por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel. Además, la otra persona vinculada al caso, Bildardy Obdulio Ortega, también fue condenado en 2012. Ortega era el propietario de la hacienda donde se encontró la mayor parte del dinero incautado en los barriles de Zacatecoluca.

Otra de las razones por las que la solicitante se mostró insatisfecha con la negativa de información es que la misma Fiscalía reconoció, en su memoria de labores 2013-2014, que por un déficit de operación “se tuvo que recurrir a los recursos provenientes de los patrimonios especiales de bienes comisados y decomisados para el gasto de funcionamiento institucional”. Esto, en otras palabras, significó que el dinero incautado pasó a la administración pública para la operatividad de la Fiscalía, y en ese sentido todos los gastos e inversiones debería ser información abierta y publicada de forma oficiosa a través del portal de transparencia de la FGR.

Sobre la millonaria incautación pesa un antecedente de extravío: en enero de 2011, el Banco Central de Reserva confirmó un faltante de $40,ooo.

Según la comisionada Funes, este caso aspira a dejar un precedente “para que poco a poco las instituciones estatales no se crean dueñas de la información que tienen, y más en casos donde está involucrado mucho dinero que despertó sospechas en la ciudadana que solicitó la información”. La única salvedad que la ley pone para declarar en reserva, según agregó la comisionada, es que ponga en riesgo la defensa nacional y seguridad pública, más las otras consideraciones que ley establece en el artículo 19.

La resolución definitiva del instituto, en este caso, es emitida en un momento en que la misma Fiscalía ha acusado a exjueces y exfiscales de corrupción.

A nadie le gusta tener una prensa independiente: Transparencia Internacional

Es común que la prensa independiente sea atacada por exponer la corrupción, dijo Ugaz, al que le extraña que en un gobierno de origen progresista como el salvadoreño no se ataque la corrupción.

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José Ugaz, de origen peruano, es presidente de Transparencia Internacional

Hermelinda Bolaños, 20 noviembre 2015 / LPG
la prensa graficaJosé Ugaz, de origen peruano, es presidente de Transparencia Internacional y asegura que los medios de comunicación independientes son fundamentales en los países con altos índices de corrupción, en donde las instituciones y el Gobierno no ejecutan acciones que den resultados positivos para combatir el problema. Según Ugaz, en la última evaluación El Salvador obtuvo una nota de 3.8 en transparencia y combate a la corrupción, lo que calificó como una nota de desaprobación, y dijo que llama la atención porque se da en el contexto de “un gobierno de origen progresista y revolucionario” que luchó por la justicia y los principios de transparencia.

¿Cómo evalúa la situación de transparencia en El Salvador?

En los índices de percepción de corrupción que viven midiendo la percepción de transparencia, integridad y corrupción en los países del mundo, El Salvador no ha calificado bien. De hecho, se ha movido siempre en el tercio inferior de la tabla y eso quiere decir, primero, que ha habido mucho problema de falta de regulación adecuada para que los procesos de toma de decisiones y distribución de recursos sean efectivamente transparentes y sean de conocimiento de la ciudadanía, pero, por otro lado, que incluso en aquellos casos que se han dado normas como la ley de acceso a la información estas no se cumplen. Entonces, no se trata solamente de tener una arquitectura legal que sea bonita, que sea igual a la del primer mundo, sino que los funcionarios públicos y, en particular las autoridades de Gobierno, tengan claro que el compromiso con la transparencia es una forma de gobernar.

¿Cuál es la nota que obtuvo El Salvador en la última evaluación?

En el último índice, El Salvador apareció con 3.8 sobre 10, lo cual es una nota desaprobatoria.

¿Considera, entonces, que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que se implementa en el país no es suficiente o no se está cumpliendo como debería?

No es un problema de la ley, yo creo que la ley es buena y es una ley que tiene los principios estandarizados de estas leyes a nivel mundial. El problema es la aplicación de la ley. No basta con tener la norma, hay que cumplirla y para eso tiene que haber un cambio de cultura de los funcionarios públicos y de las autoridades para entender que ellos no son los propietarios de la información. Creo que esa ley no se está cumpliendo a cabalidad y hay varios ejemplos, incluso, que han llegado a la autoridad de control de acceso a la información que no están siendo de dominio de la opinión pública.

Entonces, ¿cómo calificaría el trabajo que está haciendo la institucionalidad del país y el Gobierno para combatir la corrupción y ser más transparente?

Yo creo que hay, efectivamente, muchas declaratorias de lo que quiere hacer en términos de transparencia, pero poca práctica de lo predicado y esto, si no se hace un esfuerzo real, un esfuerzo con una voluntad política concreta, en lo que va a terminar es en una prédica demagógica que lo único que va a hacer es desencantar a la gente y esto en realidad llama la atención porque ocurre en el contexto de un gobierno progresista, que tuvo un origen progresista, revolucionario, y que dedicó sus años de lucha precisamente para que estos principios de transparencia, de justicia, de no corrupción –porque a la larga la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres– estuviera en vigencia y, sin embargo, vemos que una vez en el poder hay una distancia entre lo que se quiso hacer algunos años y lo que se está practicando en la realidad.

¿A qué cree que se debe este cambio?

Yo creo que tiene que ver con la cercanía del poder. Hay una frase que creo que es muy gráfica que dice: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Entonces, cuando uno está cerca del poder se vuelve resistente a entender que se debe a sus representados y los representados son el pueblo, no son los funcionarios, ni son las autoridades. Estamos hablando del partido en el gobierno porque es el que está hoy día tomando las decisiones, pero yo quisiera decir que este no es un problema de partidos, este es un problema de la clase política y no es un problema de El Salvador, es un problema regional. La clase política latinoamericana es una clase política que ha olvidado que se les entrega el poder para gobernar a favor de los que les han delegado esa capacidad. Lamentablemente, una vez que llegan al poder se olvidan de esa delegación y se convierten, entonces, en servidores de sí mismos y eso, de alguna manera, es lo que tiene a la región en una situación tan complicada, con altísimos niveles de corrupción, con altísimos niveles de seguridad ciudadana, que mucho tiene que ver con corrupción.

En El Salvador, la fiscalización mediática sobre temas con indicios de corrupción ha generado ataques a algunos medios de comunicación e incluso se han intentado aprobar leyes que podrían coartar la libertad de expresión. ¿Qué opina de esta situación?

Esto pasa en todas partes donde hay prensa que denuncia casos de corrupción. Lo importante es que los medios de comunicación social sean neutrales, no obedezcan a intereses partidarios, sino que con este gobierno, con el siguiente, con el que venga, independientemente de la posición ideológica que tengan, mantengan una fiscalización del ejercicio del poder y creo que ahí está precisamente el valor que la prensa independiente tiene. Lo que muchas veces no pueden hacer los sistema judiciales ineficientes o capturados por el poder político, lo que no pueden hacer a veces fiscales incapaces, la prensa puede lograrlo y hemos visto que los grandes destapes anticorrupción, a escala mundial, no vienen de las contralorías generales, no vienen normalmente de las fiscalías, sino que usualmente vienen de una prensa independiente y comprometida con los destinos de su país.

¿Qué rol diría usted que juegan los medios de comunicación entonces?

Yo creo que mientras haya niveles de corrupción como los que vivimos nosotros, el rol fundamental de la prensa está en el lado de la fiscalización y, por supuesto, ataques como los que usted me comenta son comunes. A nadie le gusta tener una prensa independiente que levante la voz, porque los desnuda ante la opinión pública, los hace visible, los expone, y cuando hay exposición viene la sanción social, pero yo creo que independientemente de los ataques que se reciban, hay una misión periodística en la región que viene cumpliendo un papel muy eficaz.

Según la situación de transparencia y lucha contra la corrupción en El Salvador, ¿considera que es necesario instalar una comisión internacional contra la impunidad?

Habría que evaluar cuáles son los niveles de impunidad en el país. Yo me inclino más por lo que ha dicho Roberto Rubio, director de FUNDE, respecto a la situación en El Salvador. Creo que hay la expectativa de tener un buen fiscal en el corto plazo, hay un tribunal constitucional independiente que creo que está dando la talla y habrá que ver cómo se está comportando el Órgano Judicial a nivel de Corte Suprema de Justicia y en los niveles inferiores. Si hay espacios para que el propio sistema nacional pueda funcionar. Lo que hay que buscar simplemente es darle las herramientas y el apoyo, si fuera necesario, externo, profesional y técnico, para que puedan cumplir con su papel. Por lo que he escuchado, creo que hay condiciones como para que el sistema pueda operar con cierto nivel de eficiencia y lo que hay que hacer es contribuir a que ese nivel de eficiencia crezca.

Abusos en las declaratorias de información reservada. De Javier Castro de León

Es incuestionable que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) marcó un hito importante para la transparencia y la rendición de cuentas en el país, pues además de constituir una herramienta eficaz para prevenir la corrupción, es un instrumento de empoderamiento ciudadano.
Javier Castro de Leon, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES

Javier Castro de Leon, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES

Javier Castro de León, 28 agosto 2015 / LPG

La LAIP reúne los estándares internacionales conforme a las mejores prácticas de acceso a la información, tales como los que establece la Ley Modelo de la OEA, y el resultado fue que se aprobó una buena ley. Cuando entró en vigor en abril de 2011, no era extraño pensar que la implementación de la LAIP tendría dificultades, y esto por una razón, se quería transitar de una cultura de la opacidad y del secretismo a una cultura de la transparencia y cristalinidad en el Estado.

Los obstáculos que existieron para la implementación de la LAIP fueron muchos, principalmente la emisión de un reglamento inconstitucional y el retraso de 15 meses en la conformación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual, a pesar de las limitaciones presupuestarias, empezó a trabajar con mucha solvencia e independencia.

No obstante lo anterior, generó mucha preocupación la resolución emitida por el IAIP en diciembre de 2014, en el caso sobre la información declarada en reserva por Casa Presidencial sobre viajes ya realizados, gastos de publicidad y de atención a funcionarios visitantes, e informes de auditoría. De acuerdo con la LAIP, de forma categórica se puede afirmar que toda esta información es pública y de carácter oficiosa, es decir, que los entes obligados deben ponerla a disposición del público. Por ello, organizaciones de la sociedad civil como el Grupo Promotor de la LAIP no han dudado en calificar dicha actuación como un grave retroceso en el acceso a la información pública.

La resolución emitida a finales de 2014 fue reconfirmada la semana pasada por el IAIP, al resolver la revocatoria interpuesta por los peticionarios de la información, en el mismo sentido equivocado y después de una tardanza excesiva e injustificada de 8 meses. Se desaprovechó la oportunidad de rectificar la interpretación errónea de la LAIP por parte del IAIP, al no haber prevalecido el principio de máxima publicidad sino que se defendió el secretismo en la información de Casa Presidencial.

Situaciones como la anterior ponen de manifiesto el principal obstáculo que a mi juicio está teniendo actualmente el acceso a la información: los abusos en las declaratorias de información reservada. En términos cuantitativos, es cierto que hay más información disponible, pero el problema se encuentra frente a información políticamente sensible, que es donde afloran los abusos en las reservas. Muchas de las declaratorias de información reservada no están debidamente sustentadas, y en ese sentido, el argumento que más se utiliza injustificadamente es que la información se encuentra dentro de un proceso deliberativo, y además se fija en la mayoría de casos el plazo máximo de reserva que es de 7 años.

Por lo anterior, se vuelve importante reformar la LAIP, para contrarrestar los abusos en las declaratorias de reserva de información, en el sentido de delimitar la redacción de las causales de reserva para reducir espacios de discrecionalidad, prohibir de manera expresa el declarar reservada la información que es de naturaleza oficiosa en la ley, así como para otorgarle la facultad al IAIP a fin de que siempre pueda constatar la información declarada en reserva. Si bien, las reformas legales son necesarias, lo fundamental es la voluntad y firmeza del IAIP para velar por el respeto a la LAIP. Aún falta mucho para consolidar el acceso a la información.