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¿Gobierno de la gente y para la gente? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional; presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

8 abril 2019 / EL DIARIO DE HOY

En El Salvador tenemos un gobierno de la gente y para la gente? ¿O se trata de un gobierno para los políticos y los militantes de los partidos? La calidad de los servicios públicos no mejora, pero las cifras del número de plazas del gobierno y los salarios asignados sí. El Estado ha sido utilizado durante décadas para mantener a simpatizantes, más que para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

El tamaño del gobierno debería estar directamente relacionado con la población y con las actividades desarrolladas al interior del sector público. Entre más grande es el aparato estatal, mejor debería ser la calidad y efectividad de los servicios prestados. Esta debe ser la correlación. Según datos presentados por la revista Forbes en 2017, los países escandinavos tienen el más alto índice de contratación gubernamental del mundo. Del empleo total de cada país, el gobierno de Noruega absorbe el 30 % de los empleados, Dinamarca el 29.1 %, Suecia el 28.6 % y Finlandia el 24.9 %. Estos son países donde hay una relación directa entre impuestos pagados, cantidad de empleados públicos y calidad de servicios públicos prestados. Y es lo que no pasa en nuestro país.

En El Salvador no sabemos con cuántas personas podría o debería funcionar el aparato estatal. Las instituciones no tienen delimitado cuántas personas realmente necesitan para que la institución realice su trabajo de manera normal; el límite lo han encontrado en la manera de justificar una plaza o en la disponibilidad de fondos para pagar los salarios, no en algún factor serio. Y la calidad de la mayoría de servicios públicos deja mucho que desear.

Según datos publicados por este periódico la semana pasada, en los últimos diez años el Estado aumentó su planilla en 37,118 plazas entre el gobierno central, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas. El gasto en remuneraciones pasó de $1,451.5 millones a $2,840.3 millones entre 2008 y 2019; cerca de la mitad del presupuesto general de la nación es utilizado para pagar salarios. Además, hay casos inexplicables donde los funcionarios de instituciones como el Tribunal de Ética y la Corte de Cuentas, PROESA e incluso algunos alcaldes, ganan más que los presidentes de los tres órganos fundamentales del Estado.

El servicio público salvadoreño ha respondido a un estado clientelar, donde la constante ha sido la incorporación como funcionarios o empleados de personas activistas o de cuadros partidarios; se ha dejado de un lado la evaluación de capacidad y mérito para optar a los puestos públicos. Hay más plazas y mejor pagadas, pero la calidad de los servicios sigue por los suelos. Que a nadie le extrañe el descontento de la ciudadanía que paga impuestos con la clase política que avala y fomenta esta mala utilización de recursos públicos.

Las malas prácticas que durante décadas se han mantenido en relación al servicio público deben cesar. La implementación de leyes que unifiquen el régimen de los funcionarios y empleados, los requisitos y formas de contratación, salarios y beneficios, deben ser discutidos de manera amplia, sin satanizar de entrada que se tratan de reformas en detrimento de los trabajadores.

El reto del nuevo gobierno es implementar los mecanismos de evaluación del servicio público. Esto pasa por determinar cuáles son los empleos necesarios en cada institución financiada con fondos públicos, analizar si las personas que ocupan esas plazas cumplen con el perfil requerido para el cargo y retirar las plazas y personas que no brindan ningún resultado. Esto aliviaría las finanzas públicas y mejoraría la calidad de los servicios públicos en el país. No se trata de revanchismos partidarios ni cacería de brujas. Hay que remover de forma seria la grasa en el recurso humano del Estado.

La verdad. De Cristian Villalta

20 enero 2019 / LA PRENSA GRAFICA

Es como una mariposa, agobiada por un peso que rara vez deposita sobre flor alguna. A la vez hermosa e insoportable, al mismo tiempo cálida y desoladora, la verdad pesa más que ninguna otra cosa sobre la tierra. Pesa más que el amor, que la justicia, que la esperanza. Y a diferencia de ellas, no necesita de un corazón para crecer. La verdad es. No necesita más.

Por eso es incómoda, porque no pide permiso, porque cabe aunque no quepa. Por eso nos cuece los labios, las palmas y la cara.

A las puertas de una nueva década, la nación salvadoreña aún no se reconcilia con la verdad. Es que dice cosas muy feas sobre los cimientos de nuestra vida en sociedad. Es que no deja pies con cabeza en nuestra clase política. Es que una comprensión cabal de la verdad de El Salvador tendría unos efectos devastadores en el poder, en sus vasos comunicantes y en su ejercicio.

Esa verdad es que desde la reestructuración del modelo de tenencia de la tierra, hace 14 décadas, el Estado salvadoreño es solo un mayordomo del poder económico. Esa condición no solo lo puso de espaldas a las necesidades básicas del grueso de la población sino que lo ha enfrentado contra ella, incluso de modo criminal.

Esa sujeción del Estado y de sus tres poderes a la agenda de una minoría ha sido el tema de nuestra vida republicana, el trauma de nuestras pretensiones democráticas y obstáculo insalvable para el desarrollo nacional. Acabar con ese orden fortaleciendo al Estado con instituciones más robustas e inyectándole un ADN más solidario con la mayoría de los ciudadanos es la tarea que debe emprenderse en las siguientes 14 décadas de nuestra vida política.

¿Por qué entonces, cuando la tarea es así de titánica, las fuerzas en contienda en la última elección de este decenio le rehúyen? Por un lado, los líderes de esos partidos políticos no ignoran la verdad fundacional de nuestra patria; por otro, los candidatos que unos y otros llevaron a este ejercicio son personas interesadas en la crónica nacional, que entienden la relevancia del poder ejecutivo en la confección del futuro. O deberían serlo.

Ahí yace la decepción de estas elecciones. La infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones es real; la desviación de los cuerpos de seguridad de su papel en una democracia así de joven es real; la destrucción del tejido social a causa de la pobreza es real, así como reales son sus efectos principales, la migración ilegal y la nutrición de la pandilla. El Salvador, pues, listo o no, necesita una revolución.

A esa revolución, al menos para empezar, le bastaría con una agenda de decidida inversión social, austeridad brutal en lo relativo a plazas por contrato, reducción del gasto militar y un plan para menguar la mora judicial.

Pero en cambio, haciendo tábula rasa de insultos y sarcasmos, lo que escuchamos en la campaña previa a la primera vuelta fueron mayormente vaguedades y nos quedó la convicción de que ninguno tiene idea del presupuesto del ejercicio fiscal 2020.

No hay razones para creer que alguna de estas fuerzas sea sino solo manifestación del mismo orden que hay que alterar; el único candidato que recurrió a un discurso con esas ínfulas no habla sino de cambiarle felpa al Estado y de una patética cacería de brujas ideológica.

Los tiempos de nuestra nación exigían más atrevimiento de todas estas fuerzas, al menos el suficiente para hablarnos con sinceridad y reconocer si están por fortalecer el Estado o por mandarlo a lavar la camioneta por la noche.

Recobrar territorios. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

25 julio 2018 / El Diario de Hoy

Desde que hablamos de Estado hacemos referencia a un ente investido de un poder soberano que se impone a todas las personas, naturales y jurídicas, públicas y privadas, dentro de su territorio. En ese orden de ideas, Max Weber sostuvo hace casi cien años que Estado es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la fuerza física legítima”.

La primaria manifestación de la soberanía interna es la capacidad del Estado para imponer el cumplimiento de las leyes a todos los que se encuentren en su territorio. Incluso quienes sostienen la idea de Estado mínimo aceptan que la garantía del cumplimiento de la ley es una de las exigencias básicas que se le plantean a los poderes públicos, y que la seguridad ciudadana y jurídica es condición indispensable para que los particulares desarrollen libremente sus propios proyectos de vida.

Los Estados actuales enfrentan problema de todo tipo, y no es raro que se encuentren con situaciones en que ciertos grupos —una guerrilla, un cartel de narcotraficantes, una pandilla— les disputen el control territorial. Pero cuando nos detenemos en el mencionado planteamiento weberiano llegamos rápidamente a una conclusión: los miembros de esa guerrilla, cartel de la droga o pandilla pueden estar mejor entrenados y equipados que la policía y el ejército regular del Estado, pero nunca serán poderes legítimos. Siempre los funcionarios que derivan su autoridad del voto directo o indirecto de los ciudadanos, tendrán legitimidad para perseguir a quienes, situándose al margen de la ley, pretendan disputarle al Estado la capacidad de imponer sus leyes.

Por eso resulta tan chocante a la conciencia ciudadana constatar que, por imposibilidad fáctica o por desidia de algunas autoridades, existan ciertas zonas del territorio donde no pueden ingresar ni siquiera las autoridades representantes del Estado: policía, fiscales, jueces o la fuerza armada, y que sus residentes estén a merced de los delincuentes, en total desprotección de las autoridades.

La última sentencia de Amparo emitida por la Sala de lo Constitucional aborda la problemática del desplazamiento forzado interno. Da por establecido que los demandantes y sus grupos familiares han sido víctimas de tal fenómeno, como consecuencia del acoso y de graves atentados que miembros de una pandilla efectuaron en su contra, pero además por hechos de violencia no investigados ni esclarecidos que involucraron a agentes de la policía.

Concluye que los desplazamientos internos se llevan a cabo en espacios urbanos y rurales controlados por las pandillas, en los que no se advierte la presencia del Estado. Destaca que, además de la ausencia de la fuerza pública en dichos territorios, también están ausentes las instituciones públicas encargadas de ejecutar las políticas sociales que podrían coadyuvar a reconstituir los tejidos sociales deteriorados por la violencia. “El vacío que en los territorios controlados por las pandillas ha dejado la deficitaria presencia de las diversas instituciones del Estado —afirma— ha sido ocupado por las agrupaciones delictivas que, con estos desplazamientos, confirman que la ausencia de poderes públicos da lugar a que los más fuertes impongan su voluntad a los más débiles”.

Como consecuencia de ello, afirma que los poderes públicos están obligados a implementar acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas. No se trata del simple ejercicio de la fuerza, porque también se resalta el imperativo de aplicar políticas sociales que permitan la integración e inclusión de los sectores abandonados y vulnerables.

Sin embargo, sí se resalta la necesidad de que el Estado se comporte como tal: que controle el territorio y haga cumplir la ley a todos por igual, garantizando con ello seguridad ciudadana y jurídica a todos los habitantes.

La justicia en serio. De Rodolfo González

La libertad es un bien constitucional tan importante que la intervención estatal en dicho ámbito debe ser mínima, razonable, justificada en los derechos de terceros o bienes colectivos, y en todo caso garantizando la legalidad y proporcionalidad en las medidas tomadas.

Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional

27 junio 2018 / El Diario de Hoy

Tomo prestado el nombre de un famoso libro del iusfilósofo estadounidense Ronald Dworkin —“Los derechos en serio”— para referirme, no a la actividad de administración de justicia que realizan los tribunales, sino a lo que en nuestro sistema legal es considerado el primer valor que orienta la actividad del Estado.

Descartada la fórmula tradicional (“dar a cada uno lo suyo”), tomarnos la justicia en serio implica partir de los artículos 3 y 4 de la Constitución, según los cuales “todas las personas son iguales ante la ley” y “toda persona es libre en la República”, así como del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Con ello confluimos con quienes ven a la justicia como un valor comprensivo de otros dos de rango constitucional: la libertad y la igualdad. Ahora nos ocuparemos brevemente del primero.

El núcleo de la libertad es la esfera íntima de la persona, que comprende un ámbito irreductible tradicionalmente denominado fuero interno, donde radican pensamientos, ideas, emociones, deseos, etc., exentos de la intervención gubernamental pues son esenciales para la autodeterminación del individuo. Que el fuero interno no puede ser afectado por tal intervención lo podemos ver claramente en el caso de los presos de conciencia, a quienes arbitrariamente se restringe su libertad de desplazamiento, pero nunca su libertad ideológica.

Solo los Estados totalitarios pretenden controlar toda la vida de los ciudadanos, incluyendo el núcleo de su libertad, ordenando que se profese un determinado credo religioso o una ideología política “oficial”, excluyendo a otras.

En una democracia solo pueden ser objeto de regulación por el Derecho las conductas externas, susceptibles de afectar derechos de terceros o bienes colectivos, y solo cuando se juzga tales conductas externas es válido indagar cuál fue la intención de alguien, por ejemplo al cometer un delito —si hubo dolo o no— o al firmar un contrato —si hubo o no consentimiento libre.

Pero aun así, incluso aquellas conductas que producen efectos en el mismo sujeto que realiza la acción —las llamadas “autorreferentes”— están protegidas por la libertad, en el sentido que no pueden ser objeto de intervención por el Estado, porque aunque son externas, no producen efectos sociales entre los individuos, no se traducen en un posible daño para otros. Es el caso del consumo de alcohol o drogas, la promiscuidad o la falta de cuidado de la salud por el propio titular de este derecho.

Solo es posible la intervención estatal cuando estamos en presencia de conductas intersubjetivas, es decir las externas que producen efectos en los derechos de terceros o bienes colectivos. Nuestra Constitución reconoce muchas libertades (de expresión, de asociación, de tránsito, de culto, de contratación, de disposición de bienes, etc.), las cuales pueden ser limitadas por las leyes en la medida en que sea necesario hacer compatible el goce de tales derechos, con los deberes de cada uno respecto de sus semejantes. Esta limitación será legítima siempre que se haga con base en la ley formal —reserva de ley— y se respete el principio de proporcionalidad, el cual básicamente significa que, de entre las varias alternativas posibles para limitar un derecho, debe escogerse la que implique el menor sacrificio.

La libertad es un bien constitucional tan importante que la intervención estatal en dicho ámbito debe ser mínima, razonable, justificada en los derechos de terceros o bienes colectivos, y en todo caso garantizando la legalidad y proporcionalidad en las medidas tomadas. La libertad es uno de los valores constitucionales integrantes de la justicia, y los derechos derivados de ella son esenciales en todos los sistemas políticos que merezcan el nombre de democracias.

Estado y desigualdad. De Carlos Mayora Re

Carlos Mayora, Columnista de El Diario de Hoy.

Foto digital.Carlos Mayora Re, 3 febrero 2018 / El Diario de Hoy

La desigualdad es connatural a la condición humana. Pero también lo es la igualdad. Me explico: la naturaleza compartida nos hace iguales en dignidad, pero no iguales en posibilidades de desarrollo personal. La diferencia la marca la libertad: la capacidad de autodirigirse a las propias metas, y de responder por las consecuencias de las actuaciones personales.

De la libertad se ha dicho mucho. Con frecuencia se le teme y se la niega abiertamente, o se habla de ella como si fuéramos, exclusivamente, libertad ilimitada. Ni lo uno ni lo otro: la negación de la libertad, o al menos su puesta bajo sospecha, por aquellos que luchan por la “igualdad” a toda costa, produce —paradójicamente— los mismos efectos que la afirmación de la incondicionalidad de la libertad: los dos planteamientos terminan en tiranías.

EDH logPor otra parte, ante la innegable mejora de las condiciones de la humanidad —de salud, económicas, de educación, de calidad de vida, etc.— a partir de la segunda mitad del siglo pasado, hay quienes niegan que haya habido un verdadero progreso, alegando que la riqueza (en sentido amplio) del género humano se ha distribuido erróneamente, generando una enorme desigualdad. Pierden de vista que si bien los ricos son ahora inmensamente más ricos, los pobres son ahora menos, muchos menos que antes.

Para quienes ven más la desigualdad que la riqueza generada, la solución parte de la negación de la libertad, y por lo mismo de invocar un Estado fuerte que “reparta” riqueza entre todos, de manera que se reduzca la brecha de la desigualdad. Pero esto es un error. Simplemente porque confunden desigualdad con injusticia.

Tal como escribe el premio Nobel Angus Deaton: “la desigualdad no es lo mismo que la injusticia; y, en mi opinión, es la segunda la que ha suscitado tanta agitación política en el mundo rico de hoy. Algunos de los procesos que generan desigualdad son ampliamente vistos como justos. Pero otros son profundamente y obviamente injustos y se han vuelto una fuente legítima de furia y descontento”.

Entonces, si el problema de fondo es la injusticia, no la desigualdad, ni —por extensión— la libertad, habrá que definir la justicia para comprender su negación. Clásicamente se entiende por justicia el ánimo constante de dar a las personas aquello que les corresponde; y, consecuentemente, la injusticia se hará presente cuando una persona no obtiene lo que por derecho es suyo, o cuando se apropia de lo ajeno.

Un Estado populista atenta profundamente contra la justicia, pues otorga a los ciudadanos bienes y riqueza que no les corresponden. Un Estado mercantilista es también injusto por definición, pues impide que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, y permite grupúsculos que controlan y se benefician con exclusividad de los bienes, por medio de privilegios y proteccionismos. En ambos casos es el Estado el que escoge ganadores y perdedores, marca la cancha y selecciona los jugadores: oficializa la injusticia como modus operandi en la sociedad.

El problema, por tanto, no es la libertad, sino su negación o exacerbación. Tanto daño hace una represión de Estado contra las libertades inherentes a la condición humana, como la concepción tan difundida de una libertad ilimitada, a la que es impensable pedir cuentas.

Entonces, el remedio contra la desigualdad no es darle más protagonismo al Estado, sino más bien lo contrario: cuanto más interviene, más desigualdad provoca; pero también, cuanto más ausente se encuentra en una sociedad, la brecha de la desigualdad provocada por injusticia se hace más y más amplia.

El papel del Estado tiene que ver por tanto, más que con la supresión de las desigualdades en general, con la garantía de igualdad de todos ante la ley, condición sine qua non de la justicia.

@carlosmayorare

 

DESPUÉS DEL 19-A (diez tesis). De Fernando Mires

Fernando Mires, politólogo chileno en la Universidad Oldenburg/Alemania

Fernando Mires, 21 abril 2017 / POLIS

  1. El 19-A, día en que tuvo lugar la demostración de masas más grande de toda la historia venezolana, no era un objetivo en sí. La oposición organizada en sus partidos anunció que en esa fecha tan llena de contenidos, comenzarían a tener lugar duras jornadas cuya culminación deberá ser el restablecimiento del orden constitucional destruido por el régimen dictatorial. Desde esa perspectiva, el 19-A ha sido el día de un nuevo comienzo: el de un alzamiento del pueblo democrático venezolano en contra de la Junta Militar-Civil cuyos rostros más visibles, además de el de Maduro, son el del general Padrino-López y el del capitán Diosdado Cabello.
  2. El 19-A ha sido develada la principal contradicción del enfrentamiento que hoy tiene lugar: el de una ciudadanía plural y políticamente organizada en partidos, movimientos e instituciones, en contra de una dictadura militar minoritaria, antinacional y antipopular. Se trata, dicho en breve, de un antagonismo entre sociedad civil y Estado. En el marco de esa contradicción, el régimen de Maduro ha mostrado su verdadera personalidad. Despojado del nimbo populista del chavismo originario, el madurismo se inscribe en las filas de las dictaduras militares más tradicionales del continente latinoamericano.
  3. La oposición, a pesar de sus múltiples diferencias, ha sabido orientar su acionar en torno a cuatro puntos que la unifican. En una lucha pacífica, democrática, constitucional y electoral. Puntos no escogidos al azar. Ellos surgieron como negación de una dictadura que se define por su carácter violento, anti-democrático, anti-constitucional y anti-electoral. No sin razones puede afirmarse entonces que el verdadero y único programa de la oposición unida –digámoslo así: el mapa de su ruta- es, o ha llegado a ser, la Constitución Nacional. Por eso mismo, el 19-A puede ser considerado como el día en que tuvo lugar el inicio de un gran movimiento constitucionalista y popular.
  4. El 19-A ha revelado el sentido histórico-político del gran triunfo obtenido por la oposición el 6-D. En contra de los derrotistas que propagaban la mentira de que el 6-D había sido un triunfo sin trascendencia, los sucesos de 2017 han demostrado que la AN nació para que el pueblo la defendiera, es decir, para que en su defensa se articulara como pueblo político. A la vez, defender el triunfo electoral del 6-D no solo obliga a defender las elecciones del pasado, sino las del futuro, precisamente las que hoy niega el régimen.
  5. Entre la defensa del triunfo del 6-D y la defensa de las elecciones pautadas en la Constitución, existe una estricta unidad. No se puede defender lo uno sin lo otro. A esa unidad indisoluble se han unido durante el trayecto otras exigencias como son la libertad de los presos políticos, la nulidad de las inhabilitaciones a los líderes y un canal humanitario para paliar, aunque sea en parte, el hambre y la miseria a la que tiene sometida la dictadura a la población de su país.
  6. No hay ninguna contradicción entre exigir el fin del régimen de Maduro y a la vez la inmediata convocatoria a elecciones. Por el contrario: la lucha por elecciones libres ha hecho posible ese inmenso apoyo internacional que hoy tiene la oposición. A la vez, imponer elecciones libres significa salir de la dictadura. Por eso, el llamado a elecciones libres –tengan lugar o no- debe ser considerada como la más radical de las exigencias. Por el contrario, exigir la caída de Maduro pasando por alto la razón electoral, delegaría todas las esperanzas a una hipotética ruptura al interior de las FANB, rupturas desde donde deberían surgir supuestos generales redentores de la nación. Por esas razones, todo llamado a derribar a Maduro sin exigir elecciones libres, es directa o indirectamente golpista. Sin elecciones de por medio, solo los militares pueden derribar a Maduro.
  7. No se excluye por supuesto que los militares puedan experimentar rupturas o divisiones, como ha sucedido en diversos procesos históricos. Pero esas solo pueden ser posibles si los militares son confrontados directamente con la Constitución y no con llamados a derribar a una dictadura de la cual no pocos de ellos forman parte. Pues en la Venezuela de Maduro los militares no solo cumplen la función de defender a grupos en el poder. Ellos mismos son parte del poder; y como militares, no siempre entienden la diferencia entre el poder y la violencia.
  8. El quiebre del estamento militar es solo una hipótesis entre varias. Pero intentar hacer política en torno a hipótesis o escenarios imaginarios, es renegar de la política. Eso no impide mantenerse preparados frente a la posibilidad de que se produzcan acontecimientos inesperados. La historia del futuro no está escrita.

  9. La dictadura de Maduro, como toda dictadura, es una dictadura militar. Bajo esas condiciones, los militares, si acceden directamente al poder, puede que lo hagan solo para cambiar una dictadura militar con Maduro por una dictadura militar sin Maduro. En pocos países del mundo, en Venezuela menos, los militares se han caracterizado por ser baluartes de la democracia. Así lo ha entendido el presidente de la AN, Julio Borges, quien se dirigió en los momentos previos al 19-A a las FANB no para invitarlas a hacerse de un poder que en el hecho ya tienen, sino para exigirles el mínimo respeto que merece la Constitución Nacional. A la misma a la cual juraron obediencia. Más no se les debe pedir.
  10. Las jornadas iniciadas el 19-A han sellado una triple unidad. Unidad entre los partidos. Unidad entre los líderes con sus representados, líderes que lo han dado todo poniendo incluso en juego la integridad corporal. Y, no por último, unidad de la oposición con los gobiernos democráticos del mundo y con esa solidaria OEA dirigida por Luis Almagro. Si esa triple unidad se mantiene, los días que anuncian el fin de la dictadura no se verán muy lejanos.

La sociedad contra el estado en Venezuela. De Michael Penfold

Fotografía de Leo Álvarez

Michael Penfold, politólogo venezolano del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas

Micheal Penfold, 21 abril 2017 / PRODAVINCI

La sociedad venezolana ha despertado en las calles luego de un largo letargo dispuesta a recobrar sus derechos económicos, políticos y civiles. Hay quienes todavía analizan la dinámica política del país simplemente como una polarización entre chavistas y antichavistas; pero lo cierto es que la masiva demostración del 19 de Abril hizo ver que el conflicto venezolano es mucho más amplio: representa una sociedad que decidió rebelarse frente a un Estado autoritario que ha optado reiteradas veces por frenar cualquier posibilidad de cambio a través de un uso cada vez más intensivo de la represión. Los eventos de San Félix, hace unas pocas semanas atrás, también ilustraron esa misma dinámica del descontento, con otro repertorio de protesta, que reflejó igualmente la profundidad del malestar que aqueja a la población y su disposición a manifestar activamente.

Pero el hecho de que la sociedad haya logrado irrumpir de forma definitiva en el escenario político venezolano, con un brío que probablemente vaya desbordando tanto al gobierno como a la misma dirigencia opositora, no quiere decir que la sociedad tenga su victoria asegurada. Tampoco quiere decir que el cambio sea inmediato o inevitable y mucho menos que el proceso sea pacífico, predecible y lineal. Es indudable que la manifestación del 19 de Abril simboliza una ciudadanía que durante más de cuarenta años ha acumulado una cultura política centrada en el voto (aquí manda el pueblo) que el gobierno ha conculcado de una forma tan aberrante que ha causado una gran indignación, incluso dentro de las mismas bases chavistas. Los venezolanos claramente están diciendo que no están dispuestos a entregar involuntariamente (al menos sin ningún costo) sus derechos constitucionales para mantener en el poder a un gobierno que luce cada vez más extractivo, represivo y desconectado de sus necesidades más elementales. La concentración del 19 de Abril mostró a una sociedad que percibe su lucha como un dilema existencial.

Es por ello que para comprender las implicaciones de este evento tan significativo no basta con las comparaciones –que si la marcha fue más grande que la del 1 de Septiembre del año pasado, que si la gente ahora está más resteada que antes– sino que se hace necesario analizar la naturaleza cualitativa que convierte a esta nueva reaparición de la sociedad venezolana (con toda su heterogeneidad social y valorativa, con sus cambios demográficos y toda su carga histórica) en un fenómeno singular. Lo primero es que este evento sorprende sobre todo por su escala nacional. Fue una movilización muy diferente a lo que el gobierno pretendía etiquetar al tratar de enmarcarla en su tradicional retórica revolucionaria: es evidente que esto no fue un asunto estrictamente urbano ni caraqueño ni mucho menos del este contra el oeste de la ciudad capital. Aquí las regiones, incluso las provincias más golpeadas por la crisis económica como los andes y el oriente venezolano, mostraron su fibra ciudadana y también su indignación frente al atropello y el olvido. El gobierno insiste en el ritornelo de la polarización entre chavistas y antichavistas, como si el asunto fuera una competencia de masas, “mi marcha frente a la tuya”, y por eso terminaron taponeándose en la Avenida Bolívar, cuando lo cierto era que la protesta social adquirió a lo largo de todo el territorio una escala que los debe haber tomado por sorpresa. De ahí que limitar el acceso a Caracas se haya hecho irrelevante frente a la penetración territorial de la protesta. El mensaje ciudadano es simple para quienes ejercen el poder: se llama clamor nacional. El 19 de Abril mostró a una sociedad tercamente empeñada, frente a la imposibilidad de utilizar su derecho al voto, a elevar su voz de protesta para defender su libertad.

Sería muy tentador tratar de darle un contenido sólo político y electoral a la movilización y ponerle un rótulo exclusivamente opositor, que lo tiene, cómo negarlo, pero que tampoco lo define exclusivamente. La movilización mostró una ambición ciudadana orientada fundamentalmente a refundar el estado de derecho y la democracia. Este punto es crucial pues algunos actores pueden estar tentados a darle una lectura instrumental a la irrupción de la sociedad y pretender usar la movilización como una pieza más dentro de sus juegos de poder y sus cálculos electorales. En la medida en que la calle tenga más autonomía tendrá mayor legitimidad y será mucho más poderosa. Y eso pareciera estar ocurriendo, aunque todavía de una forma muy incipiente. No es casual que la movilización ciudadana apareció justo después de que uno de los poderes del Estado, a través de la Fiscalía General de la República, haya declarado la ruptura del orden constitucional y luego también de varias semanas de una represión creciente que aumentó el número de presos políticos y que terminó por activar una mayor solidaridad entre la población. Uno quisiera ver estos fenómenos sociales como algo que puede ser controlado, dirigido y ajustado –como parte de una estrategia– pero lo cierto es que estos procesos son intrínsecamente efervescentes y no siempre moldeables.

El país quiere un desenlace. Villa Rosa. El 1 de septiembre. El Referéndum. El billetazo. San Felix. Y ahora el 19 de abril. Y no llega. El asunto es que queremos que ese desenlace, que involucra una sociedad movilizada en la calle, se ajuste a una expectativa preestablecida que tenemos en la cabeza, un evento único, definitivo, que tampoco es realista. Más bien el efecto pareciera ser acumulativo. Y pareciera también que esos eventos en los que la sociedad se ha pronunciado, cada uno con sus respectivas particularidades, va marcando una grieta que si bien no produce una ruptura va minando. Y debilita tanto, que la estructura de poder del gobierno no encuentra otra respuesta que promover la violencia: una represión cruda y brutal. Pero esa respuesta gubernamental tampoco es sostenible. Me recuerda aquel brevísimo y maravilloso cuento del gran Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Pero claro: ¡ya despertó!