crecimiento económico

Algunas preguntas para los candidatos. De Luis Mario Rodríguez

13 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

A cuatro meses de las elecciones los candidatos presidenciales no han presentado propuestas serias y estructuradas en tres ámbitos fundamentales para el desarrollo nacional: la seguridad pública, el endeudamiento estatal y el crecimiento económico. Esta es una invitación para que respondan a una lista de interrogantes sobre situaciones que, indiscutiblemente, tendrá que administrar el que gane los comicios.

La inseguridad mantiene a los salvadoreños en una disposición permanente de angustia. Las cifras de homicidios no ceden. No existe una política de Estado que permita contemplar el rumbo, las metas y los resultados en el corto, mediano y largo plazo. El enfoque electoral del problema, por las administraciones de derecha y de izquierda, ha impedido un tratamiento responsable del tema. Las extorsiones ahogan a los pequeños empresarios y las maras siguen al asecho de los jóvenes en zonas donde la autoridad no logra recuperar el control del territorio.

¿Cómo enfrentarán a las pandillas? ¿Cuál será su estrategia para combatir las extorsiones? ¿Cuáles son sus planes de prevención del delito, de rehabilitación y de reinserción de los privados de libertad? ¿Cuál es su planteamiento en relación al hacinamiento carcelario? ¿Impulsarán una política criminal que atienda el dilema de la seguridad de manera global? ¿Promoverán un proceso de depuración al interior de la Policía Nacional Civil? ¿Otorgarán un mayor presupuesto a esa entidad para incentivar a los agentes policiales y proteger el futuro de sus familias ante los atentados que sufren aquellos en el desempeño de sus deberes? ¿Mantendrán en una sola institución la atención a la seguridad y a la justicia o debatirán acerca del restablecimiento de dos ministerios diferentes? ¿Retomarán el Consejo Nacional de Seguridad Pública? ¿Propondrán una normativa legal que armonice las estadísticas criminales y que evite la contradicción de los datos y la falta de información sobre los diferentes delitos? ¿Instalarán una mesa de consulta con jueces, fiscales y gremiales de abogados que les permita identificar modificaciones a las leyes para una lucha más eficiente en contra de la delincuencia?

El endeudamiento público sobrepasó los topes límite para una economía dolarizada. El pago de las obligaciones crediticias asfixia el financiamiento de diferentes programas y políticas públicas. Los acuerdos en esta materia se incumplen reiteradamente. A las fuerzas políticas parece no importarles el desprestigio internacional y el encarecimiento de los intereses que causó el impago de la deuda en 2017.

¿Cuál es el programa de los presidenciables para reducir progresivamente la deuda pública durante su quinquenio? ¿Fomentarán un “pacto fiscal integral” en los primeros seis meses de su gestión? ¿Cómo mejorarán los ingresos de la hacienda pública? ¿Subirán los impuestos, crearán incentivos fiscales para atraer inversión, recomendarán medidas para acabar con la evasión y la elusión fiscal? ¿Cómo atenderán el exceso de gasto público? ¿Qué harán para afrontar la presión del escalafón salarial de los ministerios de educación y salud? ¿Conservarán el sistema privado de pensiones, multiplicarán el rendimiento de los ahorros e incorporarán los cambios que no fueron atendidos durante la última reforma para mitigar el apremio fiscal? ¿Cuáles criterios aplicarán para aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes)? ¿Revisarán el incumplimiento de la “ley reguladora de endeudamiento público municipal” que establece un techo a los pasivos de los gobiernos locales? ¿Presentarán un plan de empréstitos internacionales con montos y cronogramas cuya aprobación es indispensable para estabilizar el endeudamiento? ¿Cómo pretenden alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para ratificar esos préstamos? ¿Ampliarán la base tributaria facilitando la formalización de los comerciantes?

El otro gran asunto: la economía. Sin la pujanza empresarial no hay empleo, se ensancha la pobreza y el Estado no recibe más impuestos para financiar programas sociales, infraestructura de gran impacto y áreas como la seguridad. Nos encontramos a la cola en Centroamérica en captación de inversionistas nacionales y extranjeros, tenemos la menor tasa de crecimiento económico y cientos de miles de salvadoreños afrontan circunstancias miserables de vida ¿Cuál es su proyecto para restablecer las condiciones óptimas de competitividad y productividad, para facilitar los negocios, generar confianza, aplacar la tramitología, acabar con el clientelismo y modernizar la función pública? La mesa está servida.

Inversión y crecimiento para la sostenibilidad de las pensiones y finanzas públicas. De Alberto Arene

El acuerdo fiscal debe incluir una estrategia sostenida de inversión y crecimiento, o lo acordado será más endeudamiento para pagar deudas de ayer y hoy, programando postración económico-social hoy y mañana, y el estallido de una mayor bomba previsional y fiscal pasado mañana.

alberto-arene2Alberto Arene, 27 octubre 2016 / LPG

Ni el gobierno ni la oposición parecieran –todavía– preparados para la negociación de un buen acuerdo fiscal porque no han priorizado el aspecto más importante para hacer sostenible la deuda y las finanzas públicas: la inversión y el crecimiento. Con dos tercios de la población económicamente activa en el sector informal, y una buena parte del sector formal también con muy bajos niveles de productividad, ingresos y crecimiento, no es posible la sostenibilidad ni del sistema de pensiones ni de la deuda pública. El acuerdo fiscal debe incluir una estrategia sostenida de inversión y crecimiento, o lo acordado será más endeudamiento para pagar deudas de ayer y hoy, programando postración económico-social hoy y mañana, y el estallido de una mayor bomba previsional y fiscal pasado mañana.

la prensa graficaHasta ahora el mensaje y narrativa del Gobierno/FMLN han estado centrados en que ARENA apruebe los $1,200 millones para pagar deudas y obligaciones acumuladas hasta el final de año (Letes y Eurobonos, pensiones, acreedores, subsidios y aguinaldos), mientras que el de ARENA ha priorizado la contención y reducción del gasto y del endeudamiento. De esta visión y confrontación saldrán –ojalá– acuerdos sobre: 1. Un monto entre $500 y $ 1,200 millones para pagar esas deudas y obligaciones acumuladas (con montos distribuidos en uno o dos tramos). 2. Ajuste fiscal de 3 % del PIB (ejecutado entre 3 y 5 años). 3. Presupuestos transparentes y más equilibrados (con sus respectivos déficits y financiamientos). 4. Niveles máximos de deuda flotante para la emisión de Letes (entre 10 y 25 % de los ingresos corrientes). 5. Una ley de responsabilidad fiscal que norme y obligue a la ejecución de 2, 3 y 4. Estos acuerdos inyectarán liquidez y evitarán impagos al menos hasta la conclusión de este gobierno. La tensión y negociación se dará en torno a los parámetros en paréntesis determinada por el respectivo costo político de cara a los intereses y cálculos político-electorales en la coyuntura electoral 2017-2019.

Estos acuerdos son importantes porque evitarán los impagos en los próximos 3-5 años, y posibilitarán niveles de endeudamientos anuales menores (de 4 a 3 o 2 % del PIB), a partir de un menor nivel de gastos e inversiones del Estado y los particulares, y de un menor nivel de consumo con efectos negativos sobre el crecimiento. Pero si los acuerdos concluyen aquí, solo se logrará posponer algunos años los impagos, no la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas, desperdiciando la última oportunidad de lograrlo. Tres años después las deudas y sus impagos regresarán con mucho mayor fuerza, con niveles de endeudamiento mucho mayor frente a un PIB estancado durante una década consecutiva.

Para enfrentar la crisis fiscal se deberá impulsar una visión y una estrategia de sostenibilidad de las finanzas públicas que además de estabilizar la caja fiscal temporalmente (3 años) logre sacar al país del estancamiento a la prosperidad a partir de la inversión y el crecimiento, eje principal de mediano y largo plazo para enfrentar y resolver la crisis fiscal. En efecto, a mayor crecimiento menor déficit fiscal y menor endeudamiento para financiarlo, mejores ingresos respecto a egresos fiscales, y menor deuda pública respecto a mayor PIB. Mejores empleos decentes y menor tamaño del sector informal, incorporando a muchos más trabajadores al sistema de pensiones, fortaleciendo su base y sostenibilidad. Asimismo, las impostergables reformas paramétricas aumentarán el monto de contribución y la edad de retiro posibilitando una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones. Mientras la reforma fiscal integral pro-inversión y crecimiento aumentaría los ingresos fiscales y la progresividad del sistema.

El comportamiento del liderazgo político salvadoreño es típico de sociedades atrasadas más centradas en las manifestaciones de los problemas y no en sus causas, en administrar los problemas, la pobreza y la escasez, no en superarlas, en resolver el corto plazo, no en darle viabilidad y sostenibilidad al país en el largo plazo, en la administración del pasado agotado, no en la creación de viabilidad y futuro.

Con la palanca negociadora de los $1,200 millones para pagar deudas diversas, una ley de responsabilidad fiscal y un ajuste realistas, y la aprobación de otros financiamientos para proyectos prioritarios de desarrollo, la oposición debe ser firme en la condicionalidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas, priorizando la inversión y el crecimiento. El problema que ahora confrontamos es que cada vez será más difícil resolver el presente si al mismo tiempo no se le apuesta a resolver el futuro.