Bukele y el escándalo de los mercados

Una investigación de El Diario de Hoy, dos notas y una entrevista a Fabio Castillo

 

I.
Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, firmó un contrato por $91 millones con una empresa de Guatemala, la cual se creo cinco meses antes que se lanzara la licitación.

Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El concejal del FMLN, Fabio Castillo, explicó en entrevista con El Diario de Hoy que la aprobación del contrato de más de $91 millones para la construcción de tres nuevos mercados que firmó el exalcalde Nayib Bukele no contó con la aprobación de ley.

La solicitud inicial de mejorar las condiciones de los mercados existentes en la capital se transformó en un plan para construir tres nuevos mercados, los cuales otorgó el exalcalde a una empresa privada de capital guatemalteco, constituida solo cinco meses antes de otorgarle las obras.

Para lograrlo, Bukele y un grupo de concejales no tomaron en cuenta varios procedimientos de ley para entregar la construcción y usufructo de los mercados a Direct Security Systems (DSS), una empresa que no sólo se convirtió en el socio estratégico para la alcaldía capitalina, sino a la que además se le encomendó por medio de un contrato el diseño, la construcción y operación de los mercados, facultades que no están en las bases de licitación, según consta en documentos en poder de El Diario de Hoy.

La empresa DSS que nació en junio 2015, cinco meses antes de que la alcaldía lanzara la licitación pública, no había acreditado mayor experiencia en la construcción en ese tipo de obras que le estaba confiando el exalcalde. Aún así se convirtió en el principal socio privado de la alcaldía con la que creó una Sociedad de Economía Mixta (SEM).

Esta SEM fue creada en 2016 amparada en la “Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía mixta”, una legislación que data de 1957 y que no correspondía al tipo de proyecto municipal que fue entregado a una sola empresa privada.

El millonario proyecto de los mercados, denominados centros comerciales, arrancó con la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), pero no fue concluido bajo esa ley, sino que en el proceso el exalcalde y el grupo de concejales que lo apoyó dejaron de lado la Lacap y el proyecto terminó bajo el amparo en la ley de Sociedades de Economía Mixta. Es decir, las bases de licitación para la búsqueda del socio estratégico se hicieron mediante la Lacap, pero el contrato se otorgó basado en la ley de 1957.

De esa forma, Bukele no solo le entregó a la empresa guatemalteca la construcción de los tres mercados, a través de la Sociedad de Economía Mixta, sino que además le transfirió la autonomía de administrarlos y operarlos. A eso se añade que la SEM se constituyó con una participación del 75% para DSS y solo el 25% para la comuna.

Los tres mercados a construir, denominados en el contrato como “centros comerciales”, estarían ubicados en el antiguo parque Hula-Hula; otro en el expredio de la Ex-Biblioteca Nacional, localizado en el centro de San Salvador; y otro más situado en lo que actualmente es un área verde en la colonia Escalón.

En el contrato con la SEM se estableció que el mercado de la colonia Escalón costaría $33.5 millones; el de la ex Biblioteca costaría $23.8 millones y el del Hula Hula tendría un costo de $34.1 millones, lo que suma $91.4 millones.
Sin el debido aval en el concejo El proceso para desarrollar el proyecto de los tres mercados no contó con los votos mínimos en el Concejo Municipal requeridos por la Ley de Mercados.

El 31 de enero de 2017, el Concejo Municipal aprobó con 8 votos a favor (de 14 posibles) el contrato, denominado “Marco”, de servicios de construcción, administración, operación y mantenimiento entre la alcaldía de San Salvador y la sociedad Nuevo Sistema de Mercados, nombre comercial que adquirió la empresa DSS después de vender sus acciones.

El acuerdo municipal recibió 6 votos en contra, entre ellos el del concejal del FMLN, Fabio Castillo, y de los concejales de ARENA. El artículo 4 de la Ley de Mercados ordena que para aprobar la construcción de mercados se necesita de dos tercios del total de miembros del concejo, que en este caso debía ser con 10 votos de los 14 concejales y no por 8 como ocurrió.

Por lo tanto, el contrato no cumplió con la mayoría de votos que exige el Código Municipal. Además, en congruencia con lo expresado por FabioCastillo en entrevista con El Diario de Hoy, el artículo 102 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), establece que “la nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación firme, producirá en todo caso, la nulidad del mismo contrato…”.

Además, un fallo de la Sala de lo Constitucional que estableció que los bienes del Estado o de uso público solo podrán darse en usufructo, como sucedió con uno de los terrenos para uno de los mercados, sin que tenga la autorización de la Asamblea. Y el artículo 233 de la Constitución de la República establece que los bienes de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse en usufructuo, comodato o arrendamiento con la autorización de la Asamblea.

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II.
Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

La comuna de Bukele sólo se quedó con el 25% de la participación en la sociedad y entregó en usufructo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón

Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La negociación entre el exalcalde Nayib Bukele, actual candidato presidencial de GANA, con la empresa Direct Security Systems (DSS) para la construcción de tres mercados en San Salvador dejó en desventaja a la comuna al solo recibir el 25 por ciento de la participación en la sociedad al entregar en usufructuo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón, a un valor casi 20 veces menor que el valúo de su misma alcaldía, según documentos en poder de El Diario de Hoy.

Para ejecutar el proyecto, Bukele se asoció con DSS a través de una Sociedad de Economía Mixta de C.V., (SEM) que fue creada el 27 de septiembre de 2016 ante los oficios notariales del abogado Kevin Steve Vargas Calderón. En la escritura de la constitución de la Sociedad de Economía Mixta se estableció que se constituiría con un capital de 400 mil dólares, dividido en 5 mil acciones con un valor de 80 dólares cada una.

Establecida la cantidad del capital le correspondía a Direct Security Systems pagar en acciones 300 mil dólares, mientras que a la alcaldía 100 mil dólares, según el contrato.

La alcaldía decidió pagar su parte, por un monto equivalente a $100,000, entregando en usufructo un terreno valorado en cerca de $2 millones ubicado en la colonia Escalón. En dicho valúo en junio de 2016 por la misma comuna, como consta en la documentación, el terreno tenía un valor de $1.974,533.

De haber negociado el valor del terreno entregado mediante usufructo al precio real del mercado, la participación de la alcaldía en la Sociedad de Economía Mixta pudo haber sido del 85% y no del 25%, como ocurrió por haberlo entregado a 100 mil dólares.

“La aportación en especie que consiste en un derecho de usufructuo a favor de la sociedad que se constituye por un plazo de 30 años, sobre un inmueble urbano de su propiedad de 8 mil 373 metros cuadrados, situado en la colonia Escalón”, dice en el documento de constitución de la SEM.

En la página 162 del documentose detalla que la empresa DSS pagó 75 mil dólares en acciones, las cuales equivalen al 25 por ciento de la totalidad de estas en la sociedad.

“La sociedad DSS suscribe 3,750 acciones de la serie A que representan 300 mil dólares del capital social y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de las mismas, es decir, la suma de 75 mil dólares por medio del cheque 5608271 librado el 26 de septiembre de 2016”, se lee en el contrato de constitución de la sociedad que formaron con la alcaldía.

Entre las finalidades de la SEM estaba explotar y prestar un servicio público, ejecutar compraventas, realizar préstamos, comercializar bienes, darlos en arrendamiento, disolver, además de liquidar cualesquiera sociedades u otras asociaciones, dice en el contrato.

Administración de la SEM en manos de jóvenes extranjeros y empleados de la comuna

El contrato estableció que ambas partes deberían tener directores y vocales como representantes en la Sociedad de Economía Mixta para tomar decisiones sobre los proyectos, ganancias y modificaciones.

La empresa Direct Security Systems nombró como director presidente a Uwe Christian Martinz, de 43 años de edad y de nacionalidad austríaca pero con domicilio en Guatemala. Martinz se retiró del proyecto cuando DSS fue comprada por la empresa guatemalteca MAKENSA.

También como presidente suplente nombraron a José Leopoldo Link Belchener, de 65 años, de nacionalidad colombiana e ingeniero mecánico. Además como primer vocal, Santiago Granados Balsells, de 27 años, y como vocal suplente a Karla Elizabeth Arroyo, de 32 años, ambos de nacionalidad guatemalteca.

Mientras que la comuna fue representada por empleados que trabajaron en todo el proyecto y también por empleados de confianza de Bukele.

La alcaldía se quedó con la vicepresidencia y nombraron al abogado Cecilio Vidal Sibrián Gálvez, de 50 años. Como suplente tomó el cargo Edwin Patricio Nuñez Alguera, de 44 años, quien sólo lo mencionan como estudiante. Nuñez Alguera, quien fue concejal y uno de los que votó a favor del proyecto en todo el proceso, es actualmente “emisario nacional” de Nuevas Ideas, partido fundado por Nayib Bukele, según indica en su tarjeta de presentación.

También fue designado al cargo de segundo vocal Conan Tonathiú Castro Ramírez, quien era el representante legal de la comuna en la gestión de Bukele.

Además fue nombrada como segunda vocal suplente la abogada Ana Xochitl Marchelli Canales, del FMLN.

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III.
Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

El concejal de la alcaldía en la gestión de Nayib Bukele desconfió de los socios guatemaltecos y el porcentaje de la participación que tendrían éstos en la sociedad.

Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Fabio Castillo, concejal del FMLN en la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Nayib Bukele, asegura que la aprobación en el Concejo Municipal del denominado “Contrato Marco” para construir tres centros comerciales municipales fue nula, porque no alcanzó los votos suficientes para su aval. Agrega que tiene cierta desconfianza cuando se crean “Sociedades de Economía Mixta” con socios desconocidos, ya que siempre ellos tienen todo el poder en los contratos y puede la alcaldía o el Estado terminar siendo socio de alguna “mafia o narcotraficantes”.

¿Qué piensa sobre los contratos para la construcción de los centros comerciales municipales en los que usted votó en contra?
Yo siempre he tenido cierta desconfianza en las sociedades de economía mixta donde las instituciones estatales o municipales no tienen la mayoría de las acciones. Aunque las personas sean correctas honradas y eficientes, será ese socio el que va administrar y consecuentemente la alcaldía o el Estado no tienen ningún tipo de control.
A la hora de repartir las utilidades los socios no la reparten, el dinero se queda retenido, no llega ningún beneficio a la alcaldía.
Como son acciones de libre circulación en cualquier momento a voluntad de ellos pueden traspasar esas acciones a personas indeseables y que acabe la alcaldía o el Estado siendo socio de alguna mafia o narcotraficantes o de personas de bajo nivel moral.
(La empresa Direct Security Systems que construiría el proyecto de los denominados centros comerciales municipales fue comprada por la empresa guatemalteca Makensa, según una nota periodística publicada en noviembre de 2017). http://lexlatin.com/noticia/makensa-compra-direct-security-systems-con-apoyo-de-lexincorp).

¿Cómo se debía hacer?
Me parece que había que poner algunas limitantes jurídicas en el sentido de que la alcaldía o el Estado tenga la mayoría de acciones o en caso de que los socios quieran vender, la alcaldía o el Estado tiene un derecho preferente para comprar las acciones a valor contable con un cierto porcentaje de sobreprecio a efecto de evitar el que un ente público se encuentre asociado con personas o entidades indeseables.
Yo siempre tuve una cierta reticencia a ese tema, incluso algunas cláusulas de esa sociedad se introdujeron a iniciativa mía, como la obligatoriedad de repartir dividendos. Quedaba a voluntad de los socios y no llegaba el beneficio económico que la alcaldía pretendía.
Algunos habían insinuado que ya habían hecho componendas conmigo, lo cual era totalmente falso. Yo no quería aparecer como que mi voto haya sido comprado.
En las cláusulas de la sociedad quedó establecido que se iban a repartir la mitad de las utilidades y la cuarta parte de esa mitad le iba a corresponder a la alcaldía. Sobre las utilidades el 12.5% era cierta garantía de la inversión municipal.

Para aprobar los contratos del proyecto de construcción de mercados en el Concejo Municipal no se alcanzó las dos terceras partes de los votos como dice la ley, sino que fueron ocho de 14 posibles, ¿eso fue ilegal?
De cualquier manera está fuera de las dos terceras partes de los votos.

¿Eso lo convierte en una aprobación nula?
Sí.

¿Ese tipo de proyectos millonarios se debió hacer a través de la Asamblea Legislativa y la Ley Lacap para evitar a socios desconocidos?
Yo prefiero que se haga en algunas de estas formas: o que en la sociedad de economía mixta la alcaldía tuviera mayoría y celebrara un contrato de administración con el socio por lapsos de cinco o diez años; o que la alcaldía emprendiera directamente la solución del problema, eso me hubiera encantado, pero parecía totalmente inviable en ese momento. No estaba en posibilidades. En la “Sociedad de Economía Mixta”, la alcaldía fuera mayoritaria para que no se pudiera encontrar en la situación de que llegara a ser socia de alguien indeseable y ese alguien por tener la mayoría administrara los negocios municipales.

La misma empresa que se convirtió en el socio estratégico se convirtió en el constructor y administrador de la obra, ¿qué opinión le merece?
Claro, es que ya teniendo la mayoría, pueden decidir cualquier cosa.

El artículo 233 de la Constitución dice que cuando se da un terreno en usufructuo para uso público debe pasar por la Asamblea, pero en este caso no se hizo.
Eso se puede hacer, eso no hay problema. Hay responsabilidad, pero problema no hay. Se aplica cuando son del Estado y no municipales. En el terreno de la Ex -Biblioteca habrá que ver si el municipio lo constituye en usufructuo.

Pero la alcaldía firmó el “Contrato Marco” con los socios y no tenían los usufructuos de los terrenos y el de la Ex Biblioteca, por ejemplo, es del Ministerio de Educación.
Yo puedo comprometerme a vender algo que aún no es mío, ese es mi problema cómo hago para adquirirlo. El socio puede venir a decir: usted se comprometió a traspasar los terrenos en usufructuo y no lo ha hecho, hágalo y sino lo hace me indemniza. Esa indemnización la ponen los árbitros.

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