presos políticos

En casa, pero no en libertad. Editorial La Prensa/Nicaragua

Fue emocionante el momento cuando al ser sacados de la cárcel para llevarlos a sus hogares, los presos políticos manifestaron su pesar porque la mayor parte de sus compañeras y compañeros quedaban dentro de las prisiones.

Los presos saliendo de la prisión. LA PRENSA/Roberto Fonseca

28 febrero 2019 / LA PRENSA

Este miércoles 27 de febrero, antes de que comenzara el diálogo y negociación de la Alianza Cívica con el régimen de Daniel Ortega, varias decenas de presos políticos salieron del presidio. Salieron de la cárcel pero aún no están en libertad.

Sin embargo, fue emocionante el momento cuando al ser sacados de la cárcel para llevarlos a sus hogares, los presos políticos manifestaron su pesar porque la mayor parte de sus compañeras y compañeros quedaban dentro de las prisiones, soportando el inhumano trato carcelario de sus guardianes verdugos.

También fue emotivo escucharlos cantar el Himno Nacional, demostrando de manera clara y contundente su firmeza de carácter y su decisión política de seguir luchando contra la dictadura, como lo hacían dentro de la cárcel que convirtieron en otra barricada de lucha por la libertad, la justicia y la democracia.

Como era de esperarse, la salida del grupo de presos políticos de la cárcel pero no libres sino para pasar al régimen de prisión domiciliar, provocó múltiples reacciones. Sobre todo la de que casa por cárcel no es libertad y que todos los presos políticos deben ser realmente liberados.

Pero no se puede menospreciar la alegría de los familiares de estos presos que han pasado al régimen penitenciario de casa por cárcel, sobre todo de sus madres y padres que han sufrido mucho y por lo menos ahora tienen a sus hijos en el calor del hogar, no en las celdas inmundas.

Además este podría ser el primer paso para conseguir la libertad plena de todos los presos políticos, los que han sido detenidos y judicializados de manera ilegal, sin respetar el debido proceso, por insana venganza de una dictadura que no perdona a quienes se han rebelado por necesidad de justicia y democracia.

La Alianza Cívica ha asegurado que la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos es una demanda primordial en la negociación con el régimen orteguista. Así tiene que ser, no solo por deber humanitario sino también como condición indispensable para que pueda haber un acuerdo digno que abra el camino a la recuperación de la democracia.

Los organismos internacionales de derechos humanos han concluido después de exhaustivas investigaciones, que los encarcelamientos, juicios y condenas a los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega han sido y son contrarios a derecho y deben ser anulados.

Por su parte el exmagistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, al renunciar a su poderoso cargo estatal y a su militancia en el partido FSLN, admitió que el poder judicial ha sido utilizado por Daniel Ortega y Rosario Murillo para inventar contra los presos políticos “una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca se cometieron”.

Ante confesión de parte no hacen falta pruebas, dicen los abogados. La confesión de Solís confirma que todos los presos políticos deben ser puestos incondicionalmente en libertad y este tendría que ser el primer acuerdo en la negociación de la Alianza Cívica con la dictadura.

No hay mal que dure cien años. Ni cuerpo que lo resista. De Mario González

Mario González, editor subjefe de EDH

Mario González, 18 marzo 2017 / EDH

Es inconcebible cómo el régimen venezolano viola descaradamente los derechos humanos al mantener encarcelado a su principal líder opositor, Leopoldo López, y se niega a liberar al general Baduel pese a que ya cumplió siete años en la prisión.

El general Baduel, compadre de Hugo Chávez, encabezó la operación cívico-militar que restituyó en el poder a Chávez durante el Golpe de Estado de 2002. Mal le paga…

Sin embargo, es más inaudito el silencio cómplice de la llamada “comunidad internacional”, que no reacciona con la misma intensidad y vehemencia que procedió, por ejemplo, contra Pinochet hasta que falleció.

Tanto el caso de Leopoldo López como el del general Baduel y otros líderes de la oposición venezolana muestran a un régimen represivo que encarcela a personas solo porque el dictador de turno no puede soportar que protesten contra él y lo más fácil es callarlos.

En esto volvemos a la pregunta: ¿Por qué la corrupción, la persecución y la cárcel contra opositores eran condenables cuando eran obra de los militares de derecha, pero son puras y sacrosantas si las dirigen regímenes populistas de ultraizquierda?

Con el argumento de que no se permitía la libre expresión ni la disidencia ni la oposición política, países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala fueron escenarios de cruentas y prolongadas guerras. ¿No es lo mismo que hace ahora el chavismo?

Por eso es decepcionante y repulsivo que funcionarios y autoridades salvadoreños le den su respaldo, cuando saben bien que es el régimen de Maduro es el causante de la debacle económica de su país, de la falta de libertades y de que la gente no tenga más remedio que buscar comida entre la basura.

Yo quisiera ver a los países democráticos levantando su voz como lo hicieron contra Somoza en Nicaragua, Ríos Montt en Guatemala, García Meza en Bolivia o Videla y Galtieri en Argentina, pero todos vuelven la vista a otro lado, en lugar de exigir cambios y respeto a los derechos humanos.

El chavismo es tan pernicioso y repulsivo como lo fueron tales regímenes y como repetidamente se denunció que actuaron los gobiernos militares en El Salvador.

Bajo el manto de populismo en que se arropan estas dictaduras se esconden la corrupción y una nueva forma de regimentación y esclavismo que se asientan precisamente en la inacción y la indiferencia no solo de los demás países, sino también de los mismos pueblos.

Es así como países enteros se han convertido en cárceles, como ocurrió con la Europa del Este, que más temprano que tarde vio la caída de tales despotismos con el Muro de la Ignominia.

Una vieja canción de protesta de Los Guaraguao decía que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. Yo así lo espero para bien de Venezuela.

Gobierno venezolano recrudece la persecución a miembros de la oposición

Una simpatizante del líder opositor Henrique Capriles Radonski discute con un oficial de la Guardia Nacional en las afueras de la Contraloría General de la República en Caracas, Venezuela, 12 de enero de 2017. Credit Ariana Cubillos/Associated Press

Albinson Linares, 12 enero 2017 / THE NEW YORK TIMES

CARACAS — Esta semana el gobierno venezolano ha iniciado una serie de acciones judiciales contra miembros de las organizaciones políticas opositoras y los grupos disidentes del país. El miércoles, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestaron al diputado Gilber Caro, miembro del partido Voluntad Popular cuyo líder, Leopoldo López, también se encuentra detenido desde el 18 de febrero de 2014, así como varios miembros de ese movimiento político.

Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, vinculó este jueves a Jorge Luis González —diputado de Primero Justicia— y al general retirado Raúl Isaías Baduel con supuestos planes desestabilizadores. Ambos fueron detenidos. El mismo día se condenó también a ocho ciudadanos por los delitos de rebelión y faltas al decoro militar que las autoridades relacionaron con el “Golpe Azul”, un supuesto intento de rebelión militar realizado en febrero de 2015. Los procesados, entre los que se cuentan cinco oficiales de la aviación, recibieron penas de 5 a 10 años de prisión.

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y líder opositor del país, también fue citado el jueves a una audiencia en la Contraloría General de la República por su supuesta vinculación con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios venezolanos con un monto cercano a los 98 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas por cerca de once mil millones de dólares.

Capriles ha declarado que los contratos de Odebrecht con la gobernación de Miranda fueron firmados durante la gestión de Diosdado Cabello, diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “En este país hay que ser hampón y corrupto para que la contraloría no lo investigue”, dijo en una entrevista con Unión Radio, al enterarse de su citación. “Producto de la lucha por el revocatorio me montaron una olla en la contraloría”.

Además denunció desde su cuenta de Twitter que a sus partidarios se les impidió el acceso a la contraloría, y fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional. La audiencia fue privada; por este motivo, el gobernador no asistió y envió en representación a su abogado.

Este conjunto de detenciones se produjo luego de la reciente creación del “Comando Antigolpe”, una unidad que busca desarticular lo que el gobierno califica como los intentos opositores para desestabilizar el país. El vicepresidente de la república, Tareck El Aissami, acusó a Gilber Caro de planificar acciones terroristas y aseguró que en el momento de su detención le encontraron un fusil FAL calibre 72.6, cuatro barras de C4 y un cargador.

El diputado de Voluntad Popular (VP) Gilber Caro fue detenido por oficiales de inteligencia el miércoles. Esta foto registra su llegada a la Asamblea Nacional el 11 de enero de 2016, acompañado de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder de VP que fue encarcelado en 2014. Credit Fernando Llano/Associated Press

Los grupos de derechos humanos dijeron que la detención de Caro empaña la reciente liberación de varios activistas encarcelados. Durante un proceso de diálogo auspiciado por el Vaticano, la oposición le ha exigido al gobierno que libere a decenas de detenidos considerados como prisioneros políticos.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que agrupa a los movimientos opositores, dijo en un comunicado que las medidas tomadas por el gobierno eran acciones desesperadas y que, tanto en el caso de Caro como en el de Capriles, eran acusaciones falsas.

“En ambos casos es evidente la intención del régimen de, por un lado, amedrentar a la oposición política y al pueblo en general; y por otro avanzar en un proceso de degeneración institucional al estilo de Nicaragua, donde la dictadura hace ‘elecciones’ en las que la gente vota pero no elige”, reza el documento.

La coalición opositora rechazó un fallo reciente del Tribunal Supremo de Justicia que anuló la declaración de la Asamblea Nacional de abandono de cargo del presidente Nicolas Maduro. Esta semana, la asamblea aprobó una resolución simbólica en la que afirma que Maduro ha descuidado sus deberes al frente del Poder Ejecutivo, mientras el país se hunde en una profunda crisis económica signada por el desabastecimiento de alimentos y servicios básicos, así como una inflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica que podría superar el mil por ciento este año.

Algunos miembros de la oposición están presionando para organizar más protestas callejeras, mientras que otros dirigentes abogan por asistir a una nueva ronda de conversaciones con el gobierno que está programada para el viernes. Los principales líderes opositores han dicho que no participarán en la reunión a menos que las autoridades ordenen la liberación de más de 100 presos políticos.

El año pasado, el gobierno liberó a 43 activistas de la oposición —incluyendo al excandidato presidencial Manuel Rosales— pero encarceló a otros 55, comentó Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, un grupo de abogados que defiende a los activistas encarcelados.