Estado Excepción

#RingDeHoy: ¿Es necesario un estado de excepción para detener el alza de violencia y asesinatos en el país? De Guillermo Gallegos y Paolo Luers

Guillermo Gallegos y Paolo Luers debatiendo sobre estado de excepción y otras medidas extraordinarias de Seguridad

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Sí es necesario. De Guillermo Gallegos

Guillermo Gallegos, diputado de GANA

30 marzo 2016 / EDH

En las democracias modernas se han establecido disposiciones constitucionales para definir los lineamientos para  que los gobiernos puedan declarar y aplicar normas excepcionales de emergencia en casos de graves conflictos externos e internos.

Debido a los inaceptables niveles de  una salvaje  criminalidad  de las pandillas que afecta  la seguridad de los salvadoreños, especialmente de aquellos que residen en las comunidades identificadas como de alta incidencia delincuencial, se hace necesario  buscar alternativas urgentes de solución que sean respetuosas del marco constitucional y legal del país.

Por ello, he propuesto con el claro objetivo de disminuir y controlar la espiral de violencia, la  urgente aplicación del diario hoyRégimen de Excepción Focalizado referido en el artículo 29 de la Constitución, en aquellos municipios identificados por su alta incidencia  criminal, en virtud de la grave perturbación al orden público que provoca y  a efecto de restituirles la tranquilidad a las familias decentes y honradas, salvaguardando  su vida, sus valores y bienes jurídicos.

Nos hemos basado en sólidas premisas jurídicas y constitucionales, no de exabruptos ideológicos o de mezquinos oportunismos políticos con objetivos electorales de sectores anacrónicos claramente  evidenciado, que mienten descaradamente y  manipulan  la realidad de los acontecimientos e iniciativas hechas con visión de nación.

La suspensión de  ciertas garantías constitucionales se hará únicamente en los municipios y comunidades en aquellos lugares identificados como de alta incidencia delincuencial, por las autoridades de seguridad pública.

Pero ante todo, queremos expresar con claridad y firmeza para que no se manipule nuestra posición, que los hombres y mujeres libres de GANA mantenemos  nuestra  enérgica  oposición  a  que los regímenes de excepción focalizados,   se utilicen como una justificación para implementar medidas de corte totalitario, como la supresión de  la  libertad del pensamiento, la libertad  de expresión y el derecho a la  información.

Estas facultades de suspensión de ciertas garantías constitucionales, dentro de un Estado de Derecho son una forma de protección especial del derecho fundamental a la vida, deben ser evaluadas como una medida adicional dentro de un conjunto de medidas excepcionales contempladas con visión sistémica e integral, no como una panacea aislada como la presentan malintencionadamente los grupos que  buscan cínicamente  agudizar la crisis nacional,  para obtener los votos de los salvadoreños espantados por el inhumano genocidio que  realizan las pandillas.

Los Estados ejercen estos poderes extraordinarios con fundamento en el marco constitucional y jurídico, pues ello regula su ejercicio y establece los límites necesarios al poder público, así como también determina las eventuales responsabilidades legales provenientes de las infracciones que cometan las autoridades en el ejercicio de dicha facultades.

El Salvador ha reconocido el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos suscritos en Nueva York el 16 de diciembre de 1966  que regula los estados de excepción de la siguiente manera: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamado oficialmente, los Estados parte en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto…”.

Las circunstancias excepcionales que vive nuestra nación no admiten los argumentos de los “envenenados ideológicamente”, ni de “oportunistas políticos”, ni mucho menos de “garantistas románticos”, que se llenan la boca con verborrea cargada de tecnicismos inconsistentes que se desmoronan ante la cruda y dolorosa realidad que vivimos todos los salvadoreños. !!!Nosotros sostenemos que las ideologías dividen y los principios unen !!!
Estamos plenamente convencidos  de nuestro compromiso cristiano  para detener la sangre derramada de nuestros hermanos, el cual es compartido incluso por el Arzobispo de San Salvador, que  con sinceridad clama por acciones inmediatas para salvar la vida de cada una de nuestras familias.

 @GGallegos24

No es necesario. De Paolo Luers

Paolo

Paolo Luers, periodista

30 marzo 2016 / EDH

Un estado de excepción según artículo 29 de la Constitución no aportaría nada para el combate a la delincuencia, y mucho menos para la reducción de la violencia. Los derechos constitucionales que permitiría suspender, no constituyen obstáculos para que la PNC, la Fuerza Armada y la Fiscalía hagan más eficiente su trabajo. Suspender las libertades de expresión, de asociación y de libre movimiento solamente afectaría a los ciudadanos comunes, ya que los pandilleros de todas formas se mueven fuera de la legalidad, con o sin régimen especial.

diario hoyProvocar un debate sobre un estado de excepción fue una clásica trampa cazabobos del FMLN. El primero que cayó fue el fiscal general: fue él quien en la reunión en Casa Presidencial propuso un régimen de excepción, no el presidente, quien solo hablaba en términos generales de ‘medidas excepcionales’. Luego cayeron varios diputados opositores. Como ya le pidieron un estado de excepción, el gobierno de repente ganó legitimidad para pedir por lo menos un ‘estado de emergencia’ y/o ‘medidas excepcionales’. De repente, a pesar del fracaso de sus políticas de seguridad, goza de amplio apoyo…

Un ‘estado de emergencia’ no suspende derechos constitucionales, pero le libera al gobierno de las limitaciones y reglas presupuestarias; le da el derecho de mover libremente fondos y contratar servicios o compras sin licitaciones públicas.

¿Es necesario un ‘estado de emergencia’ para detener la violencia en el país? Tampoco. El obstáculo para enfrentar con más eficiencia la violencia es la falta de un plan integral, o sea la incapacidad del gobierno de definir las prioridades de sus inversiones sociales. Un gobierno que no sabe priorizar estratégicamente sus inversiones, no necesita más flexibilidad en el manejo del presupuesto, necesita más flexibilidad mental que le permita abandonar los conceptos clásicos de mano dura y, aun peor, de la estrategia contrainsurgente aplicada a seguridad pública. El derecho de hacer uso discrecional de los fondos públicos no mejora la capacidad del combate a la delincuencia, sólo abre nuevos espacios para la corrupción.

Quedan entonces las ‘medidas extraordinarias’ que el ejecutivo presentará a la Asamblea después de vacaciones. Lo irónico: pedirán apoyo legislativo incluso para medidas que ni siquiera requieren aprobación parlamentaria.

La principal medida extraordinaria que implementarán es la intervención de los centros penales, con medidas muy drásticas: suspensión total de visitas (familiares, abogados, delegados de la Cruz Roja Internacional); encierro en celdas las 24 horas; requisas permanentes en todos los penales; toma de control de seguridad penitenciaria por parte de la PNC.

Nada de esto requiere aprobación legislativo. Lo que buscan es el aval de la oposición para sus planes, pero sin revisión del rumbo de su política de seguridad. Quieren que la oposición comparta el costo político, en caso que la situación, en vez de mejorar, se empeore a partir de las ‘medidas extraordinarias’.

¿Medidas extraordinarias de este tipo tienen sentido para reducir la violencia? No. Aunque es cierto que muchos delitos son ordenados o aprobados desde las cárceles, no existe ningún indicio para esperar que se cometerán menos delitos, con menos violencia, si se corta totalmente la comunicación con los pandilleros presos. Por lo contrario, es más probable que la violencia se multiplicará – como ha pasado cuando en febrero 2015 sometieron a aislamiento total en Zacatraz a las máximas cúpulas pandilleras. Intervenir los penales es otra medida populista con el cual el gobierno mostraría mano dura, pero la experiencia indica: Por más atomizadas y desorganizadas las pandillas, más agresivas y violentas se vuelven. La incapacidad de controlar los territorios no se resuelve incrementando la represión en los penales.

La mejor medida excepcional que sería que el gobierno retome y ejecute con eficiencia y consistencia todas las funciones regulares que el Estado ha dejado de cumplir para buena parte de sus territorios. Como escribió Sandra de Barraza: “En situaciones excepcionales, deben tomarse medidas extraordinarias. Extraordinario es utilizar el valioso talento y los millonarios recursos disponibles en el sector público extraordinariamente.”

@paololuers

¿Desperdiciar una crisis grave? De Manuel Hinds

manuel_hindsManuel Hinds, 11 marzo 2016 / EDH

Rahm Emmanuel, prominente político demócrata estadounidense, una vez dijo: “Nunca desperdicies una crisis grave. Y lo que quiero decir es que la crisis es una oportunidad para hacer cosas que tú pensabas que no podías hacer”. Como casi todas las palabras en política, estas pueden interpretarse en al menos dos maneras. Una es que la oportunidad es para hacer cosas que realmente ayuden a resolver la crisis. Otra es que la oportunidad es que la crisis puede usarse como un pretexto para hacer otra cosa que en realidad no tiene nada que ver con la crisis pero que el gobierno quiere hacer.

Las reacciones del gobierno a la crisis de la seguridad ciudadana que explotó la semana pasada con el asesinato de once personas en Opico y el cierre de una empresa de agua en la ciudad de San Salvador por la inseguridad de su vecindario dan la impresión de que el gobierno ha pretendido usar la crisis para hacer cosas que antes pensaba que no podía hacer. ¿De qué tipo serían estas, piensa usted?

diario hoyHubo varias reacciones, provenientes de diversas partes del FMLN en dos etapas muy diferenciadas. La primera se dedicó a restar importancia a los eventos, con actividades que incluyeron las declaraciones del presidente diciendo que el aumento en los crímenes (triplicación de los asesinatos en dos años) se debía a percepciones creadas por los medios, y las declaraciones de otros funcionarios, que variaron desde decir que no había nada extraordinario en que una empresa cerrara ya que muchas empresas cierran y abren todos los días, hasta que la empresa privada mantiene a las maras porque paga las extorsiones (en vez de llamar a la policía que los protegería) y hasta que los empresarios generaban la violencia para vender armas. La ofensiva para bajarle la importancia culminó con el viaje del presidente a Venezuela a hacer luto por la muerte de Hugo Chávez, muerto hace tres años, cuando el país estaba consternado por los eventos nacionales.

De pronto, la actitud del gobierno cambió, y mostró una gran urgencia por hacer cosas extraordinarias para resolver una crisis que sólo unos días antes habían negado que existiera excepto en los medios. En ese momento salieron, otra vez, varias propuestas del FMLN. La presidente de la Asamblea Legislativa anunció que se estaba estudiando el establecimiento de un estado de excepción que suspendería varios de los derechos ciudadanos fundamentales. Otros voceros del FMLN dijeron que para poder resolver los problemas de seguridad del país era indispensable que la Sala de lo Constitucional permitiera la emisión de 900 millones de dólares en bonos que está en revisión en la Sala por supuesta violación de los procedimientos que son necesarios para que la Asamblea los aprobara. Este dinero supuestamente se necesitaría para sacar al ejército a las calles.

En un artículo publicado ayer argumenté que suspender los derechos ciudadanos no ayudaría en nada a la solución de los problemas de seguridad porque nunca han obstaculizado la lucha contra el crimen, y al contrario, ayudan a focalizarlo en los verdaderos criminales. La pretensión de que los 900 millones se necesitan para sacar el ejército a las calles es increíble. La combinación de primero negar la crisis y luego usarla para pretender suspender los derechos ciudadanos y obtener los 900 millones que han tratado de sacar desde hace meses indica claramente que es la segunda interpretación de lo que dijo Rahm Emmanuel es la que se aplica en este caso. El gobierno quiere usar la crisis para obtener cosas que no tienen que ver con la crisis pero que ha deseado hacer desde hace mucho tiempo.

Si el gobierno quiere tener credibilidad en este  punto, debería de presentar un plan en el que claramente explique lo que va a hacer. Hay preguntas elementales que tienen que ser respondidas, como por ejemplo, ¿si va a capturar más gente, donde la va a meter si las cárceles ya están sobrecargadas?  Esta es solo una de muchísimas preguntas que deben ser contestadas, y que si no se contestan demuestran más convincentemente que el propósito del gobierno no es resolver la crisis de seguridad sino avanzar en otras áreas de su agenda política.

Medidas excepcionales… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, 10 marzo 2016 / EDH

La inseguridad pública continúa deteriorando el ánimo ciudadano, el clima de inversión y el Estado de Derecho. Las acusaciones del gobierno atribuyendo a los medios de comunicación la responsabilidad de estar generando una percepción de la violencia “más allá de la que realmente existe” y su empeño por hacer creer que los actos vandálicos forman parte de un “plan desestabilizador” no contribuyen a resolver el problema.

Lo mismo puede decirse de la absurda imputación que un alto funcionario hizo en contra de una empresa transnacional al señalarle que “el pago de las extorsiones podría ser constitutivo de delito”. Semejante incriminación involucra también a los miles de micro, pequeños y medianos empresarios, que ante la falta de acción por parte de las autoridades, y con el propósito de cuidar la integridad física de sus empleados y colaboradores, han debido, durante años, acceder al chantaje de las pandillas que los despojan de sus pocos recursos afectando principalmente las humildes tiendas y negocios de donde proviene su única fuente de ingresos.

diario hoyLa masacre de San Juan Opico, el asesinato de una madre y sus tres hijos, todos calcinados en el departamento de la Libertad, el cierre temporal de la planta de agua potable de una gran empresa, los homicidios de policías y otra serie de delitos menores que a diario se cometen en contra de los salvadoreños amerita una respuesta inmediata tanto de los tres Órganos del Estado como de los diferentes sectores de la vida nacional.

El encuentro entre los presidentes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial debe reconocerse como una reacción adecuada a la escalada de violencia de los últimos meses. Un encuentro similar se presentó a inicios de siglo cuando la ola de secuestros afectaba gravemente la libertad y la vida de las personas. Como resultado de la discusión se acordaron reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal de la época, se reforzaron presupuestariamente la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil y se solicitó ayuda al gobierno americano para que visitaran el país expertos retirados del FBI que pasaron como instructores del Programa Internacional de Asistencia a la Formación en Investigaciones Criminales (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una de las medidas inmediatas fue la creación de Unidades Antisecuestro en la PNC y en la FGR orientadas a mejorar la coordinación entre el personal de ambas instituciones.

La idea de un “régimen de excepción” focalizado y con tiempo limitado así como la creación de tribunales y más policías para zonas críticas fueron dos de las acciones discutidas en el encuentro que sostuvo el presidente con los titulares de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. La suspensión de ciertas garantías constitucionales en determinados territorios del país, si bien tiene respaldo en la Carta Magna, debe analizarse cuidadosamente. Son imprescindibles la opinión y el seguimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el establecimiento de un compromiso de Estado con los partidos políticos y fuerzas vivas del país para que esta decisión no incluya, en ninguna circunstancia, límites a la libertad de expresión ni restricciones a los medios para que publiquen los hechos de violencia que sigan ocurriendo. También será necesario comprometer a la PNC y a la Fuerza Armada para custodiar estrictamente el comportamiento de sus miembros durante un eventual régimen de excepción.

Lo cierto es que la situación actual no permite que sigamos enfrentando a la violencia con recursos y medidas ordinarias. Tampoco es factible ganar “la guerra” a los delincuentes con actos dispersos y aislados de una estrategia integral para enfrentar a la criminalidad. Los partidos deben atender el llamado de la presidencia, exigir límites y avales para evitar atropellos policiales, priorizar el tema de la seguridad sobre otros asuntos que polarizan su relación en la Asamblea e integrarse en una comisión que vigile periódicamente los operativos de las autoridades.

Para el combate al secuestro se escuchó atentamente a los jueces de la República. Ellos conocen las debilidades del sistema porque son los responsables de sancionar a los que violan la ley. Involucrarlos protagónicamente también será muy necesario.

Lea también sobre el tema:
-Carta de a los diputados: Cuidado, trampa cazabobos. De Paolo Luers
-El estado de excepción. De Manuel Hinds

ARENA cuestiona el uso del régimen de excepción

La medida estaría siendo analizada por el Gobierno.

ASESINAN ESTUDIANTE DEL INFRAMEN Carlos Ulises Lopez de 15 años estudiante de primer año de bachillerato del INFRAMEN fue asesinado a balazos en La Calle Principal de el Canton  San Laureano de Ciudad Delgado. Segun se supo la policia logro una captura y esta en la busqueda de pandilleros de la zona acusados del asesinato su madre Idalia Mejica llora la muerte de su hijo.  08032016. Foto/Mas Francisco Campos.

8 marzo 2016 / EDH

diario hoyEl Gobierno estaría analizando implementar el régimen de excepción para algunos territorios en los que las autoridades necesitan entrar con más fuerza para combatir la delincuencia, según dijo esta mañana la diputada Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa.

Además, la parlamentaria advirtió, “La ciudadanía debe ser consciente de las implicaciones de la medida, deben ser aplicable en lugares requeridos, por tiempo definido”.

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Ante esa posibilidad, el partido ARENA se pronunció esta tarde.

“Un estado de emergencia no puede estar bajo la ejecución de aquellos que pactaron con las pandillas. No se le puede dar la llave a los que abrieron las rejas a los grupos criminales”, ha sido detallado en el escrito difundido en redes sociales.

También, ARENA considera que con esa medida se permite usar fondos a discrecionalidad y, agregan, que tienen serias dudas que combatir la delincuencia sea el verdadesro objetivo del mismo.

“Un estado de emergencia permite callar a los medios de comunicación, con quienes el Presidente y su Gobierno se han mostrado intolerantes y represivos ante sus cuestionamientos. Y las denuncias públicas de la población en contra de las medias que el gobierno del FMLN toma, como son: apropiarse de las pensiones de los trabajadores, el alza a las tarifas del agua, el incumplimiento de los pagos de bonos a policías y maestros y la falta de medicamentos”, concluye el texto.

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