Corte Suprema

La Corte Suprema y el Fiscal General que necesitamos. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

13 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

A mediados de 2015, la Corte Suprema de Justicia adoptó un acuerdo que, en perspectiva histórica, evidenció ser uno de los más importantes de los últimos años: entregar a un ciudadano solicitante la primera versión pública de la declaración de probidad de un funcionario, atendiendo una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo que vino después era previsible: en el resto de ese año se tramitaron miles de solicitudes de acceso a la información en las que se pedían declaraciones de varios funcionarios, las más frecuentes referidas a los diputados y a los últimos presidentes de la República; como también era de esperar, se solicitó por los ciudadanos la realización del examen o auditorías de tales declaraciones, para determinar la existencia o no de enriquecimiento ilícito.

Nuevamente por intervención del IAIP, y luego de concluir que se trataba de una obligación impuesta por la Constitución, cuyo incumplimiento se daba por constatado, la Corte ordenó realizar las correspondientes auditorías y así, en el último trimestre comenzó el primer juicio de enriquecimiento ilícito de nuestra historia, relativo a un directivo de la Asamblea Legislativa. Luego vinieron más casos el año 2016, en que se realizaron más exámenes de cuentas y, como consecuencia de ello, se ordenó los respectivos juicios de enriquecimiento ilícito para dos presidentes de la República, diputados, titulares de instituciones autónomas, un ex-Fiscal General de la República, alcaldes y varios funcionarios judiciales, incluido un expresidente de la Corte Suprema.

El actual Fiscal General, Douglas Meléndez, decidió recién comenzaba sus funciones que ejercería la acción civil en todos los juicios de enriquecimiento ilícito ordenados por Corte Plena. Así, respecto del expresidente Francisco Flores, ejerció la acción de extinción de dominio, y en la mayoría de los otros casos, también la acción penal, como consecuencia de las cuales atribuyó al expresidente Saca haber desviado alrededor de 300 millones de dólares, y al expresidente Funes alrededor de 350 millones de dólares.

Luego de tal acción coordinada de las instituciones encargadas de asegurar la transparencia y probidad, y combatir la corrupción, ahora hay un expresidente de la República condenado en vía penal y otro en vía civil, este último también siendo objeto de procesamiento penal. Y mientras en la Asamblea Legislativa se entrampa la renovación de un tercio de la Corte Suprema de Justicia, que involucra casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional, se ha abierto el proceso para definir si se reelige al actual titular o se elige un nuevo titular en la Fiscalía General de la República.

La corrupción ha provocado graves perjuicios a la economía nacional y es una forma de violar derechos fundamentales, pues distrae recursos que permitirían afrontar las carencias en salud, educación, medio ambiente, seguridad pública, etc. Una institucionalidad fuerte, a cargo de titulares conscientes de las atribuciones y competencias atribuidas por el ordenamiento y dispuestos a asumir el reto histórico que tienen entre manos, puede hacer la diferencia para superar dicha situación.

El proceso de elección de los titulares de las instituciones encargadas de garantizar la probidad, transparencia y combate a la corrupción no es solo de interés para los diputados, quienes realizan formalmente la elección; también es de interés de los ciudadanos, pues al proteger la hacienda pública al final se protege el patrimonio de todos.

Si vemos el rol de tales instituciones solo desde la perspectiva del combate a la corrupción se concluye que de la buena o mala elección de la Corte Suprema y de la renovación o reelección del actual titular en la FGR depende que los ciudadanos ganemos o perdamos en la lucha contra la corrupción.

Los guardianes de las esencias. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

30 octubre 2918 / EL DIARIO DE HOY

En los años ochenta del siglo pasado, en el debate sobre la confirmación de Robert Bork, nominado por Reagan para la Suprema Corte, se calcula que la movilización de los grupos sociales en favor y en contra de su ratificación por el Senado implicó un gasto total de 20 millones de dólares. La cifra refleja la amplitud del debate y la importancia que le dieron ciertos actores relevantes, pues algunos consideraban que las posiciones excesivamente conservadoras del candidato harían retroceder los derechos alcanzados en las décadas anteriores gracias a la jurisprudencia del dicho tribunal, mientras que otros, quienes eran parte de la ola conservadora que había llevado al poder al presidente proponente, consideraban que era necesario poner límites a la Suprema Corte.

Unos años después, cuando en 1990 el presidente Bush nominó a David Souter para dicho tribunal, el tema fue la nota principal de los periódicos más importantes del país, y el resultado final, su confirmación, fue primera plana del Chicago Tribune, mientras que la noticia del nombramiento del antecesor de Souter, en 1956 –William Brennan–, apenas llamó la atención del mismo periódico, quien publicó la nota en su sección 3, “debajo de las historietas”, como reseña Lawrence Baum.

La Suprema Corte estadounidense es hoy por hoy uno de los tribunales más influyentes del mundo, junto con el Tribunal Constitucional Federal alemán y la Corte Constitucional italiana, aunque no tiene una Sala especializada en su interior, y tampoco dispone de un proceso especialmente creado para la protección de los derechos constitucionales, llámese amparo, acción de tutela o de otra manera.

Sin embargo, es difícil creer que en los orígenes de la historia estadounidense se dieron casos de personas que rechazaron ser nombradas como jueces –incluso presidente–, por considerarla una institución carente de relevancia, o la abandonaron para hacer actividad puramente política, o incluso solicitaron pasar a un puesto judicial en un tribunal inferior.

Es generalmente reconocido el papel de su presidente John Marshall, a inicios del siglo XIX, para hacer que el tercer “departamento” del gobierno llegara a ser un órgano relevante, en condiciones de igualdad con el Legislativo y el Ejecutivo; y lo hizo sentando las bases jurisprudenciales para el control de constitucionalidad de las leyes, definiendo la distribución de competencias entre la federación y los estados, y sentando algunas reglas sobre interpretación de la constitución que aún son utilizadas, más de dos siglos después, por la academia y la jurisdicción.

La relevancia de un tribunal constitucional depende de las competencias que le asigna la propia Constitución, básicamente la protección de los derechos fundamentales y de los principios de la democracia y el Estado de Derecho; pero también depende de que sus titulares se tomen el cargo en serio, y estén conscientes del papel que desempeña la institución a la cual pertenecen.

Un amigo diplomático califica a los jueces constitucionales como “guardianes de las esencias de la democracia”, y en los países en que se ha consolidado la justicia constitucional, los ciudadanos en general saben de la relevancia para mantener el cumplimiento de la Ley Fundamental.

En El Salvador también los ciudadanos han ido adquiriendo cada vez más conciencia de esa relevancia, se involucran más en el análisis de la jurisprudencia, siendo orientados por la comunidad de especialistas; saben distinguir los pronunciamientos que implican avances en la democracia, de los que implican un retroceso; y en la actualidad se mantienen vigilantes de la Asamblea cumpla su papel de elegir a los más idóneos para esa importante tarea.

Solo corresponda esperar que los diputados también tomen conciencia de la importancia de la tarea que tienen entre manos.

Los 29 funcionarios que investiga Probidad, incluyendo Luis Martínez

Mauricio Funes figura en la lista de investigados, pese a que lo niega. Aparecen también exfiscal Luis Martínez, ediles, diputados y otros.

Mauricio Funes

, 3 febrero 2016 / EDH

diario hoyExpresidentes de la República, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados actuales y anteriores, alcaldes e incluso el exfiscal General Luis Martínez, figuran en la lista de 29 funcionarios, cuyas declaraciones de patrimonio están bajo la lupa de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre esos investigados figura el expresidente Mauricio Funes, quien ayer negó en una entrevista televisiva que esté siendo investigado por sospecha de enriquecimiento ilícito, sino auditado.

“Es una mentira de los medios y periodistas que estamos siendo investigados (él y otros 28 funcionarios y exfuncionarios) por sospechas de enriquecimiento ilícito”, afirmó por la mañana Funes.

Sus declaraciones contrastan con la lista de 29 funcionarios actuales y anteriores que están siendo “investigados”, según un documento de la Corte, en la que aparece él.

La investigación sobre la declaración de bienes de Funes, de Antonio Saca y Francisco Flores (ya fallecido), surgió luego de que Transparencia Internacional Capítulo El Salvador  solicitó las auditorías a los tres exmandatarios.

La Corte tiene hasta el próximo 23 de febrero de plazo para entregar esos informes, dado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El primer informe  que se conoce es el de Funes, y el martes fue discutido en Corte Plena, donde se decidiría si se ordenaba o no juicio, tal como lo ha hecho ya con el diputado Reynaldo López Cardoza y Leonel Flores, exdirector general del ISSS en la era Funes.

Pero Corte Plena decidió darle tres días hábiles a Funes para que complete información. El mismo Funes lo confirmó ayer tras declarar ante la Fiscalía sobre la tregua.

“Hubo una buena cantidad de magistrados… que consideraron que el informe estaba incompleto porque, y eso es lo que me notificaron hoy, en mi declaración de salida al compararla con la de entrada allí hay unos gastos que dentro de la declaración patrimonial no aparecen justificado  su origen. Pero eso no significa que su origen sea ilícito”, alegó.

Pero según él, en ese informe no se le reportan “hallazgos de enriquecimiento ilícito”, sino una serie de gastos y compras que no aparece justificado de dónde proviene. Y  puso de ejemplo la compra de un vehículo.

Los otros investigados

En la lista de “investigados” aparece Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y actual presidente de Proesa, quien también ha negado que esté siendo siendo investigado.

Aparecen los diputados Guillermo Gallegos, y Jesús Grande, de GANA, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, de ARENA, y Francisco Merino, del PCN.

También están bajo la lupa varios jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Cuentas, el  expresidente de la Corte Suprema, Agustín García.

Entre otros funcionarios aparecen los exministros Miguel Lacayo,  René Figueroa y David Gutiérrez, el extitular de CEL, José L. Samour, Miguel Menéndez, quien dirigió Cifco, y el exdirector de la PNC, Francisco Salinas.

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Luis Martínez, exfiscal general en la mira de Probidad

La Sección de Probidad esta auditando las declaraciones de bienes e ingresos de 29 funcionarios y ex funcionarios, incluye a varios diputados.

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4 febrero 2016 / EDH

Las declaraciones de bienes e ingresos del exfiscal general de la República, Luis Martínez, se encuentra en revisión junto a las de 28 funcionarios y exfuncionarios más en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por posibles sospechas de enriquecimiento ilicito.

De acuerdo a fuentes de la Corte Suprema de Justicia, en este momento se auditan las declaraciones de bienes de propiedad e ingresos del exfiscal general desde cuando fue electo y cuando dejó la institución.

Además del exfiscal general se encuentran en el listado, el exdirector de la Policía Nacional Civil general Francisco Ramón Salinas Rivera.

Diputados acuerdan restringir trabajo anticorrupción CSJ

Limitarán labor de sección de Probidad. Grupo Gestor critica que eliminar esa parte de la ley es un retroceso y que se irrespeta la Constitución. Diputados eliminan presunción de enriquecimiento ilícito en el diseño de la nueva Ley de Probidad. 

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, 9 diciembre 2015 / EDH

diario hoyEn momentos en que la Sección de Probidad desarrolla varias investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, diputados de la Asamblea Legislativa acordaron restarle facultades para promover procesos judiciales contra quienes resulten implicados en corrupción.

La decisión se tomó en la Comisión de Legislación durante el estudio del anteproyecto de ley de Probidad presentado por el Grupo Gestor.

La reforma consiste en quitarle a la sección de Probidad la facultad de dirigir los resultados de las investigaciones a la Corte Suprema de Justicia para que determine si abre procesos, sino que lo limita a enviar los casos a la Fiscalía. Además se elimina la figura de la presunción de enriquecimiento ilícito.

Al ser consultado al respecto, el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, Rodolfo González, advirtió ayer que reformar el rol que realiza esta entidad en el combate de la corrupción, es susceptible de ser revisada para determinar si viola o no la Constitución. (Ver nota aparte).

Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), dijo que comprendía que hay “ansiedad en algunos diputados” por la revelación de casos de posible enriquecimiento ilícito. Uno de los casos es el del diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, quien ya tiene un proceso judicial abierto.

“Eliminar la presunción de enriquecimiento ilícito iría en contra de todo análisis que pueda hacer la sección de Probidad del patrimonio de ex funcionarios. Queremos una ley lógica, que respete la Constitución, que se base en la Convención Interamericana contra la Corrupción y que no nos haga retroceder”, consideró Umaña.

Umaña recordó que como grupo gestor de la Ley de Probidad esperan de los diputados un marco legal que respete la Constitución, los convenios y acuerdos que el país ha firmado en esa materia.

El debate en la Asamblea

La Asamblea inició esta semana la discusión de dos anteproyectos de la Ley de Probidad: uno presentado por el Grupo Gestor en 2014 y otro que diseñó el equipo técnico de la Comisión de Legislación de la Asamblea.

La intención es crear una nueva ley de Probidad antes de fin de año, ya que la actual data de los años 50. Tanto los diputados como otros sectores sociales y políticos admiten que ya no se aplica a las demandas actuales para combatir el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios públicos.

Los proyectos en análisis contienen más de 50 artículos cada uno, y para eso la comisión está armonizando ambas propuestas. La discusión continuará hoy por la tarde en la Asamblea.

Los partidos, excepto ARENA, votaron a favor de suprimir la presunción de enriquecimiento ilícito. Los diputados que apoyaron tienen argumentaciones jurídicas, sin embargo, para el diputado tricolor, René Portillo Cuadra, es “ignorar la lógica de la ley de enriquecimiento ilícito”.

“Cuando un artículo se desecha es porque no ha funcionado o porque el artículo es inconstitucional o ha dado problemas en su aplicación, pero hasta donde yo sé este artículo no ha dado problemas y creo que si el tema de la presunción de enriquecimiento ilícito suena como muy fuerte podemos redefinir la redacción”, aclaró Portillo Cuadra a sus colegas el lunes pasado en la Comisión de Legislación.

Jackeline Rivera, del FMLN, aseguró que la ley de Probidad no busca procesar penalmente a nadie, ya que para eso existen en el Código Penal las sanciones para quienes se enriquecen de manera ilícita.

“Es una ley que pretende garantizar que los funcionarios que administren fondos públicos se inhiban de robar dinero del pueblo, pero se seguirá discutiendo en la comisión”, aseveró Rivera.

Agregó que cuando el jefe de la Sección de Probidad determine que hay indicios de enriquecimiento ilícito en las declaraciones patrimoniales, deberá notificarlo a la Fiscalía, “para que persiga a la persona por delito, ya no por una falta administrativa”, justificó.

Tenorio, de GANA, coincidió con el planteamiento de Rivera, de que existen otras normativas que regulan ese delito y que incluso está contemplado en la Constitución.

“Está desarrollado en el Artículo 240 inciso segundo de la Constitución, ya establece todo lo que se venía proponiendo a efecto de incorporarlo a la ley, ya la Constitución lo desarrolla plenamente y se ha venido aplicando de esa forma”, argumentó Tenorio.

Informe a la CSJ

Antonio Almendáriz, del PCN, respaldó que entre las funciones y atribuciones de Probidad le corresponde remitir informe a la Corte Suprema en pleno en los casos pertinentes y después certificar el expediente a la FGR.

Alejandrina Castro, de ARENA, pidió en la Comisión, que quedara plasmado en el acta que el partido tricolor se opuso a aprobar la supresión de la presunción de enriquecimiento ilícito.

Portillo Cuadra fue más allá y lamentó que la Asamblea únicamente se está refiriendo a la obligatoriedad de los funcionarios públicos a rendir su declaración patrimonial ante la Sección de Probidad y no investigar realmente si hubo enriquecimiento ilícito o no.

A su criterio dejar ese artículo en ningún momento invade el ámbito penal como lo cuestionan el resto de partidos, y en especial el FMLN.

“Se presume que existen indicios de incremento patrimonial injustificado del funcionario o empleado público cuando estos no justifican debidamente ante la Sección de Probidad, allí no hemos hablado de enriquecimiento ilícito, no nos hemos metido en el campo penal, hemos respetado la presunción de inocencia de la persona”, esgrimió.

Dice que la lógica es que el jefe de Probidad detecte un incremento de patrimonio injustificado, siguiendo el orden establecido de acuerdo a la ley de enriquecimiento ilícito, y que Corte Plena le envíe un informe a la Cámara para que esta inicie la responsabilidad penal y la inhabilitación del funcionario.

“Hay un punto intermedio y es la parte civil que es la que realiza la Cámara, yo creo que haríamos mal si quitamos las presunciones, sobre todo porque le sirven de criterio al jefe de la Sección para poder determinar en qué casos informa (a la FGR) y en qué casos no”, reflexionó.

Pero Rivera contradice lo anterior y justifica que las leyes no contemplan la presunción de un delito.

“Nuestra normativa jurídica establece q las presunciones se dividen en presunciones de derecho y presunciones legales, las presunciones de derecho admiten prueba en contrario pero las presunciones que se establecen en la ley de manera taxativa no admite prueba en contrario”, explicó.

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CSJ verificará si reforma a sección de Probidad no viola la Constitución

El magistrado González recordó que investigaciones se respaldan en el artículo 240 de la Carta Magna.

Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional

Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional

, 9 diciembre 2015 / EDH

diario hoyEl magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, declaró que  toda modificación al rol de la Sección de Probidad está expuesta a ser revisada para que no violente la Constitución de la República.

Esa fue la respuesta que dio el magistrado al ser consultado por El Diario de Hoy sobre las modificaciones que pretende hacer la Asamblea Legislativa a Probidad, la dependencia de la Corte Suprema de Justicia que investiga el enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios.

Diputados a la Asamblea acordaron que Probidad deberá entregar sus investigaciones a la Fiscalía y no a la Corte, como hasta ahora, además de que suprimen la “presunción de enriquecimiento ilícito” establecida en la Constitución.

   El artículo 240 de la Carta Magna establece que “se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de sucargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa”.

González recordó que está vigente una decisión del Poder Constituyente de 1950 que encomendó a la CSJ la sección de Probidad, por lo que solo la Corte Plena es la que ordena investigaciones y juicios en casos donde hay sospechas de enriquecimiento ilícito de ex funcionarios de gobierno.

“Limitar las decisiones y atribuciones de Probidad estaría sujeto al control constitucional para ver si se está desnaturalizando el trabajo que está realizando está sección de la Corte Suprema”, explicó el magistrado González.

González recordó que en una resolución de Corte Plena de hace dos semanas se le dejó claro a todas las instituciones públicas, privadas y a los particulares que el jefe de la sección de Probidad puede pedir “todo tipo de información pertinente” para definir una explicación de cuando se advierta un incremento patrimonial injustificado.

“Hay temas que se pueden tocar siempre y cuando vayan a favor de volver más efectivo el trabajo de la sección de Probidad, pero aquellas que busquen limitar o reducir sus obligaciones son sujetas al respectivo control constitucional”, enfatizó González.

El artículo 240 de la Constitución de la República indica que los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de patrimonio ante la CSJ, quien además tiene “la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración”.

El combo ya se armó. De Centro de Estudios Jurídicos CEJ

En el conversatorio que sostuvimos la semana pasada con algunos de los diputados que conforman la subcomisión responsable de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, preguntamos si era cierto que algunos partidos políticos estaban pretendiendo negociar y vincular la elección de magistrados con la próxima elección del fiscal general.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 14 sept. 2015 / LPG
Tal información había trascendido en los medios, por lo que queríamos confirmar qué había de cierto en esto. “El combo ya se armó”, nos respondió el diputado Parker.

En el CEJ nos oponemos enérgicamente a que la elección de los más altos funcionarios del Órgano Judicial y Fiscalía sean el resultado de un proceso de negociación como el que se pretende. Si la negociación de cuotas en los cargos de magistrados es completamente reprochable, lo es más cuando lo que se negocia son instituciones.

De ahí que en ese mismo conversatorio hicimos algunas propuestas que pensamos pueden contribuir a solventar el entrampamiento en que ha caído el proceso de elección de los magistrados.

Luego de escuchar las respuestas de los diputados que atendieron nuestra invitación y de conocer algunos hechos ocurridos en el seno de la subcomisión legislativa, hicimos ver que –desde nuestra perspectiva– se había cometido una omisión importante que afectó el desarrollo del proceso de elección desde su génesis hasta el momento actual.

Lo que identificamos es que en puridad no existió una metodología que hubiera sido diseñada desde el principio, ni se identificaron parámetros objetivos, medibles y hasta cuantificables, que hubieran podido servir de referencia para tomar mejores decisiones, de manera tal que no tuviera que llegarse al punto que muchos advertimos desde el principio: el cuoteo.

Propusimos a los diputados que se diseñara una verdadera metodología en la cual no se descartara volver a realizar entrevistas a todos o a algunos de los candidatos y que tal proceso se desarrollara con absoluta transparencia y publicidad. También, que la metodología permita la participación de la sociedad civil, representada a través de diferentes asociaciones y gremiales, de manera tal que a través de esa participación los diputados puedan tener mayor información sobre la trayectoria de los profesionales que estén siendo considerados.

Esto último tiene particular importancia puesto que en el conversatorio, el diputado Almendáriz reconoció que en algunos casos los miembros de la subcomisión no tienen mayor conocimiento de la trayectoria de los candidatos y que sus decisiones están partiendo de las certificaciones extendidas por las oficinas públicas consultadas y por la información contenida en las hojas de vida que los mismos postulantes presentan.

Está claro que eso no puede ser suficiente para que la Asamblea Legislativa tome una decisión en que resulten elegidos los profesionales más calificados, ni mucho menos es suficiente para que solo con esa información se pretenda tener por cumplidas las exigencias contenidas en nuestra Constitución y desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. Estamos seguros que así como el CEJ, existen muchas otras instituciones que podríamos aportar elementos de decisión importantes al proceso de elección.

Reconocemos que nuestras propuestas fueron recibidas con interés y con una actitud franca y abierta por parte de los diputados que aceptaron nuestra invitación. Lamentamos que no todos los partidos políticos hayan querido participar de este ejercicio democrático, pero nos comprometemos a insistir con ellos, a pedirles una pronta elección de los magistrados, a trasladarles nuestras propuestas y a exigirles que deshagan cualquier combo que ya hayan armado.

Existe mucho camino por recorrer en los procesos de elección de magistrados y de otros funcionarios de segundo grado, pero durante el conversatorio también nos quedó claro que se ha ido aprendiendo en el camino y que poco a poco se está creando conciencia sobre la necesidad de premiar el mérito y no las cuotas de poder.

Corte Suprema decide salir de Consejo de Seguridad Ciudadana

¿Comienza a resquebrajarse el Consejo de Seguridad? La Corte Suprema decisió retirarse del Consejo, igual que uno de sus fundadores, el padre jesuita y ex rector de la UCA, José María Tojeira. Algunos líderes religiosos, cuya propuesta de reabrir el diálogo con las pandillas fue vetado por el fiscal general y los representantes del gobierno, evaluan su permanencia.

Segunda Vuelta

Salida del consejo. La Corte Suprema acordó autorizar el retiro de los dos magistrados que había delegado en el Consejo de Seguridad.

Salida del consejo. La Corte Suprema acordó autorizar el retiro de los dos magistrados que había delegado en el Consejo de Seguridad.

Pleno decidió que magistrados ya no participarán en reuniones. Magistrada dice que eso no significa que no harán, por su lado, lo que les corresponde.

Jessica Ávalos, 19 agosto 2015 / LPG

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirarse del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC). La mayoría de magistrados tomaron esa decisión ayer, de forma verbal, y acordaron redactar el acuerdo para luego enviarlo al consejo.

La Corte había delegado a la magistrada Doris Luz Rivas Galindo y al magistrado Florentín Meléndez para asistir a las reuniones del CNSCC, pero ambos declinaron seguir participando. La magistrada Rivas explicó ayer que ella lo hizo porque las reuniones en Casa Presidencial chocaban con otras que ella tenía como presidenta de la Sala de lo Penal.

“Yo pedí que se mandara un delegado por las cuestiones de horarios y los tiempos, que la presidencia me está absorbiendo bastante trabajo y no coincido muchas veces con los horarios”, dijo la funcionaria.

Los magistrados de la CSJ se incorporaron al consejo después de que miembros de esa instancia les pidieron una participación más activa y una comisión de alto nivel. Fuentes de la CSJ explicaron, sin embargo, que la decisión de retirarse obedece a que en las reuniones del consejo se toman decisiones que no le competen al Órgano Judicial, algunas de carácter político.

“Se ha estado evaluando la aprobación de buscar otros mecanismos de coordinación, porque el trabajo que en sí mismo ha estado realizando el consejo no tiene mayor vinculación con lo que como Órgano Judicial nos corresponde”, explicó Rivas.

Meléndez agregó que la CSJ acordó fortalecer la Comisión Coordinadora del Sector Justicia.

El Ejecutivo ha estado exigiendo más protagonismo del Órgano Judicial en el combate al crimen. “Esperemos sistema de justicia responda como debe”, publicó ayer en Twitter el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

“El hecho de no coincidir en una reunión no significa que no podamos hacer la parte que nos corresponda. El mensaje es que sí queremos sumar y vamos a hacer la parte que nos corresponde”, agregó la magistrada Rivas sobre la decisión.

“Si no vamos a reuniones, no significa que no vamos a sumar. Vamos a hacer la parte que nos corresponde”. Doris Luz Rivas magistrada de la CSJ
“(Lo del CNSCC) no le compete a la CSJ, lo cual no implica que no se va a cooperar en el combate a la criminalidad”. Florentín Meléndez magistrado de la CSJ