troll center

La excepción de la impunidad. De Mario González

Mario González, editor subjefe de El Diario de Hoy

Mario González, editor subjefe de El Diario de Hoy

Mario González, 2 octubre 2016 / EDH

El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a las autoridades judiciales salvadoreñas un informe contundente que revela los entresijos y complicidades de los ciberataques perpetrados en 2015 contra La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.

El documento prácticamente confirma los resultados de un primer peritaje realizado por expertos informáticos en los teléfonos y equipos decomisados en allanamientos al grupo señalado como autor de la copia fraudulenta de los sitios web http://www.laprensagráfica.com y http://www.elsalvador.com.

diario hoyEl informe, suscrito por la Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta Lynch, muestra irreversiblemente las conexiones y los pagos efectuados para la compra de dominios que llevaron a los ataques cibernéticos que perseguían, incluso, sacar de operaciones ambos medios hasta por seis horas.

Como verán, las autoridades salvadoreñas y de Estados Unidos están llevando el caso con mucha seriedad y hasta las últimas consecuencias. Eso debe de tener muy preocupados a los involucrados porque es obvio que ellas no están jugando.

Más allá de las consideraciones legales y de quienes resulten culpables, lo más importante es que se está sentando un precedente contra la impunidad y la tentación de funcionarios y cualquier otra persona de atentar contra la libertad de expresión.

En adelante, nadie podrá sentirse por encima de la ley para atentar contra medios ni ningún joven inmaduro intentar hacerlo como si fuera un juego de niños, creyendo que nadie se dará cuenta.

También, este caso es una señal de advertencia contra la corrupción de funcionarios que quieran usar dineros del pueblo para contratar estructuras siniestras y callar las críticas y señalamientos.

La legislación salvadoreña contempla una pena de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos a los miembros de gobierno que incurran en el delito de atentados contra la libertad de expresión.

Estructuras de este tipo, abominables y sucias, solo me recuerdan las bombas contra La Crónica del Pueblo, La Monumental y la YSAX y las interferencias que le ponían a las homilías de Monseñor Romero, así como las cadenas radiales durante la guerra en los años 80.

Ahora es el Departamento de Justicia el que ha respondido al llamado de la justicia salvadoreña y esas pruebas no se pueden obviar.

Pero esa no es la única manera en que se busca imponer esquemas fracasados.

El rostro de la prepotencia y represión del oficialismo quedó bien mostrado esta semana cuando un funcionario humilló a un dirigente sindical en una reunión de diálogo entre representantes del gobierno y dirigentes gremiales. “¡Usted no es nadie!”, le espetó groseramente el funcionario de marras al sindicalista que había llegado a conversar.

El energúmeno siguió gritando para descalificar a los sindicalistas, quienes optaron por salirse de la reunión para no caer en el juego. ¿Desesperación por las protestas sindicales, o humor etílico o su verdadera personalidad? No sé, pero la vida da vueltas.

Durante he ejercido el periodismo he visto caer a muchos políticos que se sintieron seguros y elevados en su momento de cúspide, sobre todo en los años 80. Ahora esos personajes ya no son nada o ya no están.

Uno sabe cómo comienzan estas cosas, pero no cómo van a terminar.

Cuando el brazo de la justicia empieza a pedir cuentas, allí viene el llanto y el crujir de dientes y ni montando marchas o amenazas callejeras pueden evitarlo. Si no, pregúntenle a Belloso. No creo que ahora haya una excepción para castigar la impunidad.

Hay que ir sentando precedentes en la defensa continuada de la libertad de expresión y en el debido respeto al trabajo de los medios. Editorial LPG

El pasado mes de julio LA PRENSA GRÁFICA sufrió un ataque cibernético muy grave cuando su sitio web se vio clonado con el avieso propósito de divulgar declaraciones falsas atribuidas al Presidente y Director General de este periódico.

Editorial, 13 noviembre 2015 / LPG
la prensa graficaEl hecho delictivo fue denunciado de inmediato ante las autoridades para que iniciaran cuanto antes las investigaciones del caso a fin de dilucidar el origen del ataque, determinar la identidad de todos los responsables del mismo y poner en marcha la justicia para el castigo correspondiente. En la tarde del pasado miércoles se realizó el procedimiento de cateo y captura en una casa presuntamente “troll center” de la urbanización Madre Selva, con lo cual se pone el caso en la ruta judicial, aunque desde luego se tendrá que seguir investigando porque una actividad delictiva como la señalada tiene que tener ramificaciones, y ya hay algunas señales que merecen atención, como el hecho de que el detenido por imputársele la responsabilidad material del hecho trabajara hasta 2013 en Casa Presidencial. El objetivo institucional tendría que ser llegar al fondo, en cuanto a personas involucradas y en cuanto a vínculos de las mismas, para aplicar la ley sin reservas.

Hay que tener presente que en este momento de la coyuntura tanto nacional como regional los medios de comunicación independientes están en la mira de aquellos gobiernos que postulan proyectos autoritarios y populistas, y que, siguiendo la tradición de la que proceden sus conceptos y sus propósitos políticos absorbentes y excluyentes, consideran toda crítica como un ataque al que hay que responder con medidas restrictivas y, si es posible, eliminatorias. Esto lo vemos de manera cruda y constante en países como Venezuela y Ecuador. Y en nuestro caso interno, el rechazo oficial reiterado al rol cuestionador de los medios es una señal de alto riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información que garantiza toda democracia en funciones, y a la vez una muestra viva de que se continúa queriendo hacer valer extremismos ideológicos fuera de tiempo y de lugar.

En la situación que nos ocupa, la Fiscalía General de la República afirma que tiene base suficiente para llevar adelante el procedimiento judicial. Los delitos de violación de distintivos comerciales y de falsedad material son los que se tipifican con los hechos ocurridos, conforme a las leyes vigentes. Desde luego este caso debería servir de impulso decisivo para que se apruebe la legislación directamente dirigida a perseguir y castigar los delitos cibernéticos, que tienen tanto auge en el presente con el expansivo crecimiento de las comunicaciones virtuales.

Insistimos en el imperativo de estar siempre en guardia frente a cualquier intento de violentar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ya se sabe, y en estos días hay evidencia reiterada al respecto, que persiste toda una campaña interna y externa para someter las libertades democráticas a los mandatos del poder abusador. La voz tanto de la información independiente como de la opinión libre debe hacerse oír en toda circunstancia; y, por supuesto, es fundamental mantener la alerta ante la creciente variedad de formas que pueden hoy asumir los ataques. Esta es una época en que tienden a juntarse los grandes avances y los grandes peligros. El hecho de que el caso que afectó directamente a LA PRENSA GRÁFICA esté ya en fase judicial es un dato prometedor; pero no hay que quitar el dedo del renglón porque los riesgos no cesarán.

Alcaldía capitalina y MITUR entre los clientes de Búnker. Investigan autores intelectuales. Concejales opositores exigen explicación al alcalde Bukele

Empresa ofrecía a clientes viralizar campañas con “red de influenciadores”.

Policias y fiscales registraron las instalaciones de la empresa Bunker, donde capturaron al sospechoso de clonar el sitio web de La Prensa Gráfica. Uno de los clientes de Bunker es el Gobierno de San Salvador, presidido por Nayib Bukele.

Policias y fiscales registraron las instalaciones de la empresa Bunker, donde capturaron al sospechoso de clonar el sitio web de La Prensa Gráfica. Uno de los clientes de Bunker es el Gobierno de San Salvador, presidido por Nayib Bukele.

Jessel Santos, 12 noviembre 2015 / LPG
Búnker exponía en su página web que era la “única agencia creativa digital especializada en campañas virales, con la red de influenciadores más grande a escala nacional”.

Las autoridades todavía investigan cuál es el papel de la empresa. De momento, la orden de captura está dirigida exclusivamente a uno de sus empleados, Andrés Ricardo Ortiz Lara, a quien la Fiscalía General de la República perfila como experto en informática, según afirmó anoche.

Además de empresas privadas (una de telefonía, una de comida rápida, una editorial, un estudio dental, una venta de ropa, una agencia de motocicletas y una lavandería), Búnker tenía entre sus clientes a dos instituciones de Gobierno: la Alcaldía de San Salvador y el Ministerio de Turismo (MITUR).

A la alcaldía capitalina le creó la aplicación llamada Sívar, que anunció recientemente el alcalde de dicha ciudad. Búnker, mientras tanto, la promocionó en su página de Facebook.

El jefe de comuna capitalino comentó, a través de su cuenta en Twitter, que “mientras hacen el show con el supuesto ‘troll center’, dejan la mesa servida para aprobar mañana (hoy) la ley mordaza (que censura internet)”.

Además, el funcionario dijo que la investigación y las capturas se trataban de “un pequeño show sin relevancia” previo a la aprobación de la ley mordaza. “El que tenga inteligencia que piense”, agregó.

El MITUR no emitió comentario en sus redes sociales.

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Investigan a funcionarios que podrían estar involucrados en ataque cibernético a La Prensa Gráfica

Andrés Ricardo Ortiz Lara, capturado la tarde del miércoles, sería solo el autor material.

José Arístides Perla, abogado que representa a LPG.

José Arístides Perla, abogado que representa a LPG.

12 noviembre 2015 / EDH

Andrés Ricardo Ortiz Lara, de aproximados 27 años, es la única persona detenida en este momento como sospechoso de participar en el ataque cibernético a La Prensa Gráfica (LPG) cometido a mediados de este año. Sin embargo, las autoridades estarían investigando a funcionarios públicos involucrados.

“Es la persona contratada para elaborar las páginas falsas de LPG, hablamos que es el autor material, la investigación continúa, hay avances hacía los intelectuales”, detalló el abogado José Arístides Perla, quien representa a LPG.

Además, sostuvo que las autoridades han investigado en diferentes instituciones para conocer los vínculos laborales de Ortiz, sin embargo, las empresas que lo reportan como empleado fisicamente no existen.

“Los ataques están relacionados a investigaciones periodísticas de LPG. El ataque directo fue por esas investigaciones y eso tiene que ver con funcionarios”, concluyó Perla.

Las autoridades no revelaron los nombres de los funcionarios que estarían involucrados.

Detenido en caso de ataque cibernético tenía carné para ingresar a Capres

Andrés Ricardo Ortiz Lara es señalado por clonar sitio web de La Prensa Gráfica.

Policias y fiscales registraron las instalaciones de la empresa Bunker, donde capturaron al sospechoso de clonar el sitio web de La Prensa Gráfica. Uno de los clientes de Bunker es el Gobierno de San Salvador, presidido por Nayib Bukele.

Policias y fiscales registraron las instalaciones de la empresa Bunker, donde capturaron al sospechoso de clonar el sitio web de La Prensa Gráfica. Uno de los clientes de Bunker es el Gobierno de San Salvador, presidido por Nayib Bukele.

12 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyAl momento de ser capturado, Andrés Ricardo Ortiz Lara tenía un carnet para ingresar a  Casa Presidencial (Capres). El carné lo acreditaba como Técnico Programador y aparentemente venció en el 2013. Le fue otorgado por el Jefe del Estado Mayor Presidencial, coronel Dagoberto Cabrera Argueta, según consigna el documento.

“Este carné es de uso exclusivo para circular al interior de las instalaciones de Casa Presidencial”, dice al reverso de la credencial. Pero ayer Ortiz Lara  fue capturado, según el fiscal Julio Arriaza, por haberse determinado que fue él quien clonó el sitio web de La Prensa Gráfica, en la que divulgó falsa información que atribuía al director de ese matutino, José Rodolfo Dutriz.

Arriaza indicó que el sospechoso arrestado es un experto en informática que ha trabajado en diversas empresas que se dedican a la publicidad y al desarrollo tecnológico.

El fiscal Arriaza dijo que a la investigación también está ligada a la cuenta “El payaso sin gracia”. Esa cuenta, al parecer, según las mismas investigaciones, pertenece a otra persona relacionada con la empresa Bunker, para la cual trabajaba Ortiz Lara. 

Tanto Arriaza como el abogado querellante del matutino agraviado La Prensa Gráfica, Arístides Perla, indicaron que la acción desarrollada ayer sienta un precedente contra personas que atentan contra la libertad de expresión, como lo fue La Prensa Gráfica al serle clonada su página hace unos meses.

No es la primera vez que piratas cibernéticos atacan las páginas web de periódicos salvadoreños. En varias ocasiones, la página de www.elsalvador.com fue clonada y utilizada para divulgar contenido falso y pernicioso.

Capturan a sospechoso de fraude cibernético contra LPG

La PNC desmanteló un troll center localizado en Santa Elena.

cf36f41e-71cd-4f2c-940f-77cf55e161af_XXXLWBeatriz Mendoza con reportes de Nancy Alonzo, 12 nov. 2015 / LPG

la prensa graficaAndrés Ricardo Ortiz, principal sospechoso de ser el responsable de la clonación del sitio web de La Prensa Gráfica, fue capturado hoy al interior de una vivienda localizada en la Urbanización Madre Selva 2, en Santa Elena.

Lea también: Ricardo Ortiz: el perfil en línea del acusado de fraude cibernético
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Tras varias varias horas del allanamiento a esta vivienda, Julio Arriaza, de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el responsable quedará detenido en vías de investigación. Solamente Ortiz fue detenido, quien desempeñaba el cargo de jefe de informática de la agencia publicitaria que funcionaba en este local.

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Como parte del proceso, también fue allanada la vivienda de Ortiz y le fueron incautadas tres computadoras. El equipo decomisado será analizado por peritos informáticos.

Según Arriaza, no se puede confirmar o desmentir la participación de funcionarios públicos en el fraude informático. “Eso lo revelará la investigación”, recalcó el fiscal.

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La residencia en la que se realizó el allanamiento en Santa Elena funcionaba como centro de operación de trolls, el cual fue desmantelado hoy mismo, según han dicho las autoridades.

La Fiscalía, que también participó en el allanamiento, ha incautado equipo como computadoras y, además, ha confiscado información.

Los primeros informes indican que en el “troll center” funcionan tres empresas de marketing y que Ortiz Lara trabaja para dos de ellas, que están en vías de investigación.

El pasado 7 de julio circuló en las redes sociales una entrevista falsa con el presidente de este rotativo. Al ingresar al enlace, redireccionaba a una dirección apócrifa -cuya presentación era idéntica a la original-.

Días después, el apoderado legal de La Prensa Gráfica, Arístides Perla, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que se inició una investigación por los delitos de violación de distintivos comerciales y falsedad material.

Hoy Perla aseguró que la falsificación del sitio web se originó con publicaciones realizadas antes del 8 de julio.

No fue hasta agosto que el fiscal General de la República, Luis Martínez, habló públicamente del caso, manifestando que ya se estaban ejecutando las diligencias necesarias y pidiendo paciencia para lo que restaba de la indagación.

Casi al mismo tiempo, el periódico guatemalteco Prensa Libre sufrió un ataque cibernético similar, cuyo autor, aparentemente, resultó ser un salvadoreño.

En este contexto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado que instaba a evitar la impunidad de este tipo de delitos.

En El Salvador todavía no ha sido aprobada una ley específica que regule este tipo de ataques; sin embargo, sí existe un anteproyecto de ley que busca castigarlos y que ha sido estudiado por la comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa.