agua

Carta a los cabezas calientes: ¿Guerra religiosa o debate racional? De Paolo Luers

21 marzo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Es impresionante el poder de la fantasía, o más bien del engaño. Para combatir heroicamente la privatización del agua (aunque en el fondo todo el mundo sepa que es un fantasma), se cancelan reuniones de concertación entre el futuro presidente y la oposición; se derraman ríos de discursos indignados; se arman manifestaciones; y cuando la PNC detiene a algunos patanes, quienes aprovecharon estas marchas para cometer delitos violentos, el presidente electo usa su cuenta en Twitter para ordenar a la PNC su “inmediata liberación”, dándole un plazo de 2 horas. Y en caso que a la policía se le ocurriera a no hacerle caso, ya que como presidente electo no tiene ningún poder de mando, dijo: “De lo contrario se abrirá un expediente a los involucrados a partir del 1 de junio”, fecha en que tomará posesión de su cargo.

Todo este derroche de pasiones porque la comisión legislativa que discute la Ley de Agua había votado por mayoría que en el futuro ente regulador de agua estarán representados los sectores privados afectados.

Voy a decir de antemano mi opinión personal: No estoy a favor de crear nuevas instituciones burocráticas y reguladoras, sea con y sin representantes de la empresa privada. Creo que el estado tiene suficiente instituciones que pueden asumir las tareas de regulación. Por esto, no me gusta esta Ley de Agua. Sin embargo, es una locura que quieran decirnos que la propuesta de composición del ‘ente regulador’ sea el inicio de la ‘privatización del agua’.

El problema es que en nuestro país no se puede discutir ciertos asuntos urgentes sin que se desate una guerra religiosa sobre ‘privatización’ versus ‘nacionalización’. Para unos, cualquier medida de privatización -o incluso la participación de privados en asuntos del Estado- es obra del diablo. Y para otros, cualquier medida de nacionalización –o incluso cualquier intervención del Estado en asuntos de mercado- es sacrilegio. Y así se arman las batallas, sin ninguna racionalidad, a pura pasión, y siempre sujeto de horrenda manipulación.

Si el tema realmente fuera el agua, ¿por qué la Universidad de El Salvador y las organizaciones rojas y celestes no van en la madrugada a la carretera de Oro para apoyar a los habitantes de las colonias de San Martin cuando protestan porque ANDA los tiene sin agua desde hace meses? ¿Por qué arman el pleito por una decisión preliminar y además poco sustantiva de una comisión legislativa? La institución que diariamente viola el tan apasionadamente reclamado ‘derecho humano al agua’ se llama ANDA.

Si su preocupación realmente fuera por el agua, el presidente electo, en su afán de llamar la atención y proyectarse como ‘superman’, no mostraría su desprecio al estado de Derecho dándole ordenes y plazos a la PNC, sino a ANDA, pidiéndole a conectar las colonias de San Martín al agua potable. De paso sea dicho: Incluso luego de asumir la presidencia, el hombre tendría que abstenerse a intervenir así en el trabajo de la PNC. Hacerlo como presidente electo simplemente es otra muestra de arrogancia.

Tenemos que aprender a llevar discusiones racionales sobre los conceptos de privatización y control estatal. No son asuntos de fe y dogma, sino de eficiencia, transparencia y conveniencia práctica.

En el asunto del agua no veo necesidad de pensar en privatización. Pero aunque a muchos les parezca sacrilegio, en el Seguro Social sí nos convendría considerar seriamente privatizar varios servicios. Pero esto no se puede discutir sin desatar guerras religiosas y batallas callejeras – igual que otros permiten discutir en serio la necesidad de nacionalizar el transporte público y el negocio de la basura.

Calma y cabeza fría en vez de falso drama. Saludos,

Agua para todos. De Rodrigo Samayoa Valiente

3 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

No debería ser tan difícil, en un país como El Salvador, garantizar agua para todos. Para todos los salvadoreños, para la agricultura y para la industria. El Salvador tiene un superávit de agua, tenemos un promedio anual arriba de los 2000 mm. En escala mundial eso nos sitúa dentro de los climas más lluviosos. Aun así, no es misterio que existe una profunda crisis del agua. Esta crisis es mayoritariamente debida a una mala gestión del agua.

La mala gestión del agua no es responsabilidad exclusiva de una administración o de una institución, es también responsabilidad de algunos empresarios, agricultores y comunidades. Todos compartirnos la culpa de la mala gestión del agua. Desde los que desperdician el agua limpiando una acera; a los que barren la basura y la echan en los tragantes; a la empresa que ha operado por 20 años sin tener una planta de tratamiento; o todas las alcaldías que dan permisos de construcción y no tienen alcantarillado o una solución de saneamiento, que venden fantasmas de inversión que saben que no existe la capacidad real para realizarlos y que inexplicablemente favorecen a colegas.

Es una de las crisis más importantes de nuestros tiempos, nos está matando. La mala calidad del agua nos enferma, el desbordamiento de ríos y quebradas nos ahoga, la falta de agua nos mata, nos hace migrar, nos hace tomar acciones desesperadas y fortalece el odio y la violencia. Es fácil de imaginar a los extremos que se puede llegar, si alguien le hecho veneno (contamina) al agua que toman sus hijos. Y es que hay una clara crisis de agua, hay una crisis de acceso al agua potable, esta es una crisis que no es por falta del recurso, es por mala gestión.

En el siglo 20 murieron 130 millones de personas como consecuencias de hambrunas, en una de las más grandes que afectó a Etiopía, Somalia y Chad a finales de los 70´s, la producción mundial de alimentos de esos años equivalía al 142% de lo necesario para alimentar a la humanidad. No se murieron por falta del recurso, murieron por una malévola inequidad. De las misma manera en El Salvador hoy no tenemos agua, no porque no exista el recurso, no tenemos agua porque hemos hecho una pésima gestión del recurso.

Agua para todos es una realidad que se puede alcanzar en corto tiempo. Tiene que ver con un concepto central y cuatro principios básicos. El agua es un derecho humano y la gestión del agua debería de estar guiada por la declaratoria de Dublín. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico.

Para garantizar adherirse a estos principios, tenemos que hacer cuatro acciones claras: 1. Gestión de las aguas residuales: debemos todos pagar por el agua sucia que sacamos. 2. Gestión de cuencas: establecer con un sistema de cobro y pago por servicios ambientales. 3. Gestión de áreas protegidas: una aproximación ecosistémica a la gestión de territorios generadores de agua potable. 4. Gestión de la infraestructura: Inversión en distribución y reparación de acueductos.

No necesitamos un uso político, mediático, ni mucho menos electoral del agua. Necesitamos ciencia, principios y acciones concretas. Estas acciones son complejas pero no inalcanzables, si despolitizamos la gestión del agua, nos basamos en principios internacionales, podemos llegar a los consensos necesarios para que realmente tengamos Agua Para Todos.

Si quiere saber más sobre estas ideas puede visitar https://samayoavaliente.wordpress.com/.

Carta al prepotente de ANDA: el problema es usted. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 16 abril 2016 / EDH

Estimado señor Marco Fortín:
Luego de 7 años que usted preside ANDA, el gobierno tuvo que declarar otro estado de emergencia, esta vez del agua. Ya sabemos que usted no va a renunciar voluntariamente de este cargo que le da tanto poder de vivir su prepotencia y otras tentaciones… Su chero Mauricio Funes lo puso “donde hay”, y por razones que nadie entiende, el profesor Sánchez Cerén lo mantuvo, a pesar de las permanentes quejas, denuncias, protestas.

Lo más lógico hubiera sido que al declarar emergencia de agua le hubieran despedido. Pero parece que el FMLN prefiere mantener la crisis permanente de ANDA para hacer presión que aprueban la Ley General de Agua del FMLN, con todas sus medidas confiscatorias…

El gobierno prefiere ir por el “estado de emergencia”, porque le permite contrataciones directas sin licitaciones y otros candados presupuestarios.

diario hoyLos expertos serios sostienen que no es falta de agua lo que genera esta crisis sino la mala administración y falta de mantenimientos. Luego de 7 años de dirigir ANDA ya no pueden echar la culpa a los 20 años de ARENA, aunque todos sabemos que los gobiernos anteriores tampoco administraron bien el recurso agua.

Usted nos cuenta que al bajar el nivel del agua en los pozos se le quemaron 15 bombas. Si quiere, le conecto con el viejito que me está dando mantenimiento a los sistemas de agua en mi negocio y en mi casa. Le puede poner los flotadores y relés que apagan las bombas. Es veterano de guerra y aprendió mecánica en los talleres guerrilleros en Chalate.

En El Diario de Hoy de viernes 15 publicamos la gráfica que demuestra que el 38.16% del agua que ANDA produce se pierde por fugas (números de 2014).

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En el 2009, cuando ustedes se hicieron cargo del gobierno y de ANDA, la fuga era de 36%. ¿Qué ha hecho usted en 7 años, si todavía aumentó la ya la escandalosa fuga del sistema de agua en e 2%?

Si quiere de veras atacar la crisis del agua, el gobierno debe impulsar un par de medidas lógicas:

-Contratar a un presidente de ANDA probo, competente e independiente que convierta la institución en una verdadera autónoma.

-Echar a todos los cuadros del FMLN que han metido a ANDA en los últimos 7 años (entre otros, para vigilarle a usted), y sustituirlos por profesionales competentes.

-Eliminar de la Ley General de Agua toda la carga ideológica y las medidas confiscatorias y centralizadoras, para que al fin el país pueda consensuar un marco legal moderno para la política del agua.

-Crear una Autoridad Autónoma Metropolitana de Agua, con participación de ANDA y los gobiernos locales, con una Junta Directiva compuesta por profesionales independientes y competentes.

-Tomar como base para las tarifas el costo real del agua, con un sistema de subsidios que favorece a las familias que viven en pobreza, y con tarifas de volumen para aquellas industrias que dependen del suministro de agua a precios competitivos.

-Definir un plan de inversión, a lo mejor mediante Asocios Público Privados, para 3 fines: modernizar todo el sistema de suministro de agua, incluyendo las tuberías; construcción de plantas de reciclaje de las aguas residuales y negras del área metropolitano; construcción de reservorios de captación de aguas lluvias.

Pero para todo esto, señor Marco Fortín, usted sería obstáculo. Hay que removerlo.

Saludos,

e2b99-firma-paoloNota: En la versión original hubo un error de cálculo. El cålculo correcto arroja que entre 2009 y 2015 el porcentaje de la fuga aumentó en 2%. PL

Alecus, 15 abril 2016 / EDH

Alecus, 15 abril 2016 / EDH

Invertir en el recurso hídrico. De Juan Marco Álvarez

Nuestra ubicación geográfica en la parte baja de la cuenca del río Lempa, sumado a la degradación ambiental de la mayoría del territorio y a los escenarios climáticos de los próximos 35 años, nos hace altamente vulnerables como país.

Juan Marco Alvarez

Juan Marco Álvarez, 18 febrero / LPG

Según el artículo 117 de la Constitución, es deber del Estado proteger y restaurar los recursos naturales, en especial el agua. Y de acuerdo con la realidad de El Salvador, es crítico invertir en mejoras de nuestras cuencas y mantos acuíferos, además de invertir en minimizar la contaminación superficial de ríos y humedales. El objetivo principal de todas estas inversiones es precisamente garantizar la seguridad hídrica.A pesar del hecho que la mayor parte de la población de nuestra región depende de cuencas forestadas para la provisión del agua, la inversión en restauración y conservación de los recursos hídricos es insuficiente. En el caso de El Salvador la inversión es nula. Además de la necesidad de contar con una buena Ley del Agua que asegure una buena gobernanza del recurso, otra forma de apostarle a la obtención de la seguridad hídrica salvadoreña, aunque focalizada, es la creación de fondos para la protección del agua.

la prensa graficaExisten varios fondos de este tipo en países de Latinoamérica, como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica y República Dominicana, y estos constituyen un modelo creativo de conservación del agua en el largo plazo por medio de inversiones sostenidas en las partes altas de las cuencas hidrográficas que se desean restaurar y proteger. Lo interesante de los fondos es que constituyen alianzas público-privadas, ya que el financiamiento proviene de ambos sectores, además de los aportes de la cooperación internacional interesada en la temática. Al final, las empresas tienen la oportunidad de garantizar la provisión del agua de la cual depende su negocio, al invertir en la protección de cuencas clave.

En esencia, los fondos de agua son como fideicomisos que son capitalizados por los usuarios del recurso que se ubican aguas abajo de una cuenca hidrográfica. El financiamiento se utiliza para gestionar el manejo de la tierra en la parte alta de la cuenca, con el objeto de asegurar una provisión limpia y sostenible del agua. En algunos casos, las contribuciones al fondo son voluntarias, pero también, y en la mayoría de los fondos, las contribuciones son obligatorias por ley. El fondo es administrado por todos los actores o grupos de interés de una cuenca, quienes lo suplen financieramente a través del tiempo.

Cada fondo tiene sus propios objetivos y metas, pero en general todos invierten en conservación de cuencas para mejorar o mantener beneficios relacionados con el agua y controlar los riesgos asociados, como erosión e inundaciones. Los intereses generados por el fondo/fideicomiso, así como las donaciones adicionales provenientes de la cooperación internacional y de los mismos usuarios del agua, incluyendo empresas, pueden utilizarse para proyectos específicos en las cuencas. Estos proyectos pueden incluir actividades de reforestación, pagos por servicios ambientales a agricultores y dueños de tierras boscosas, y hasta para actividades de conservación en tierras comunitarias, incluyendo educación ambiental.

El Salvador debe apostarle no solo a la creación de fondos específicos para la restauración y conservación de cuencas hidrográficas críticas, pero también debe establecer acuerdos binaciones con Guatemala y Honduras que sean apalancados por la cooperación internacional y financiamiento externo, como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), para incidir en el adecuado uso del suelo vecino de las cuencas de los ríos Paz, Lempa y Goascorán. La visión de crear un fondo trinacional para el agua y cuyos recursos en su mayoría los tendrá que gestionar inevitablemente El Salvador no es algo descabellado. Al contrario, este fondo debe visualizarse como una acción vital para el logro de nuestra seguridad hídrica.

El debate sobre el agua como derecho constitucional. Erika Saldaña y Roberto Rubio

Hay una polémica sobre anclar o no en la Constitución el derecho al agua. Aquí dos columnas que definen las dos posiciones, ambas desde la Sociedad Civil.

Erika Saldaña y Roberto Rubio

En El Salvador existe un lobby orientado a la incorporación del agua como un derecho explícitamente reconocido en la Constitución, cuyo acuerdo de reforma constitucional no ha logrado los 56 votos para ser ratificado. La adición al artículo 69 establecería: “el agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”. Cuando faltan pocos días para que la legislatura encargada de ratificar el acuerdo cese sus funciones, cabe preguntarnos, ¿es necesaria la incorporación del derecho al agua en la Constitución para volver efectivo su disfrute a cada salvadoreño?

En la jurisprudencia constitucional se ha realizado una interpretación de los artículos 117, 2 y 65 de la Constitución, reconociendo la existencia del derecho al agua; así, el derecho al medio ambiente, en relación con los derechos a la vida y a la salud, permite establecer el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. La disponibilidad implica el abastecimiento continuo en cantidad suficiente para el uso personal y doméstico –entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, según la Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU–. Además, la Sala señala que “la accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, instalaciones adecuadas y necesarias para la prestación del servicio de acueducto, la obligación de remover barreras físicas o económicas que impidan el acceso al agua –especialmente de los más pobres y los grupos históricamente marginados– y a información relevante sobre la misma”.

El reconocimiento por parte de la Sala de lo Constitucional del derecho al agua es acorde a la regulación hecha por los pactos internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, con lo cual es posible advertir la falta de una regulación legal sobre el agua, pero no una inexistencia del derecho y obligados específicos a satisfacer el mismo. En países como Perú y Costa Rica tampoco existe el derecho explícito en la Constitución, pero el desarrollo del mismo por los tribunales ha sido suficiente para garantizar el derecho a los ciudadanos. Además, en El Salvador, los derechos a la protección de datos personales, recursos judiciales y administrativos, información pública, de los consumidores y derecho a la verdad, no se encuentran establecidos expresamente en la Constitución, pero sí cuentan con un desarrollo en la ley y jurisprudencia que los hace efectivos.

Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el problema con este derecho es que muchas personas quedan sistemáticamente excluidas del acceso al agua a causa de la pobreza, de los limitados derechos que les reconoce la ley o de políticas públicas que restringen su acceso a las infraestructuras de abastecimiento de agua. Es aquí donde se manifiesta el rol que el Estado debe jugar, pues de toda la normativa y jurisprudencia se colige que es éste el obligado a lograr progresivamente la plena realización del derecho, el cual debe manifestarse en la garantía a todas las personas del acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. El incumplimiento a dichas garantías abre la posibilidad a que el derecho pueda ser reclamado judicialmente por vulneraciones atribuidas al Estado o a los particulares.

Más que una reforma constitucional que ratifique el derecho constitucional al agua, necesitamos plena voluntad del gobierno central y de ANDA de adoptar las medidas necesarias para abastecer del vital líquido; además, la Asamblea Legislativa tiene una deuda desde hace más de diez años del proyecto de la “Ley de Aguas”, con la cual contribuiría a garantizar una adecuada gestión del recurso hídrico. De poco sirve que la Constitución contenga enunciado explícitamente el derecho al agua cuando no existe una política gubernamental que asuma la responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso al agua potable. En palabras de Gerardo Pisarello, “la constitucionalización de los derechos sociales aparecería la más de las veces como una promesa irresponsable que, supeditada al infranqueable límite de «lo financieramente posible», en poco o nada obligaría a los poderes públicos”.

 

rubioEl acceso al agua: un derecho humano fundamental
De Roberto Rubio/27 de Abril de 2015/LPG

Hay que recordar que el agua es un bien público que no puede privatizarse ni quedar en las manos del mercado.

El país confronta actualmente serios problemas, donde se destacan la inseguridad, la falta de empleo y el bajo crecimiento económico, la corrupción. Quizá la gravedad con que se presentan tales problemas opaca otros no mayores. Entre ellos encontramos el acceso al agua, y ya no se diga al agua potable.
Según el MARN, el 90 % de nuestras aguas superficiales está contaminado y cerca de 1.5 millones de personas no tiene acceso al agua potable. Asimismo, El Salvador es el tercer país de Latinoamérica con mayor nivel de desigualdad en acceso al agua potable (PNUD).La carencia de agua potable, sus altos niveles de contaminación, su desigual acceso, sobre todo en un entorno donde el cambio climático está agudizando tales deficiencias, trae aparejado otros problemas: incrementa las enfermedades infecciosas y los gastos en salud; presiona al alza el costo para hogares, empresas o subsidios gubernamentales; impacta negativamente en la agricultura y sobre todo en la producción de alimentos; atenta contra la generación de energía hidroeléctrica.Dada la gravedad de la situación en que se encuentra el recurso hídrico y sus significativas consecuencias, es fundamental contar con políticas y manejos adecuados para dicho recurso estratégico. Un paso en tal dirección vienen siendo los esfuerzos que ha impulsado un amplio conjunto de organizaciones ciudadanas por convertir el acceso al agua en un derecho ciudadano reconocido en nuestra Constitución.Gracias a esos esfuerzos (apoyados con más de 92 mil cartas ciudadanas), el 19 de abril de 2012 la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la reforma del artículo 69 de la Constitución con objeto de reconocer dicho derecho (después de cinco años de espera). Así, en la reforma de dicho artículo se estableció: “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”.

Esto mereció el reconocimiento de amplios sectores nacionales e internacionales, nos unimos a muchos países que reconocen ese derecho, y honró los compromisos y protocolos internacionales firmados por El Salvador en la materia.

Ahora bien, para finalizar el proceso de reforma constitucional es necesario que la actual Asamblea Legislativa la ratifique con mayoría calificada de 56 votos. Y he acá la duda, pues durante la actual legislatura se han frustrado dos intentos de culminar el proceso de reforma constitucional, una en mayo de 2013 y otra en octubre de 2014, en buena medida debido a resistencias de diputados de ARENA, PCN y PDC.

Mientras tanto, la presión ciudadana por la ratificación de la reforma continúa: el 13 de abril 135 organizaciones internacionales provenientes de 18 países presentaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales una carta de apoyo a las organizaciones nacionales que impulsan la reforma; el 16 de abril los relatores especiales de la ONU para el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento enviaron una carta al presidente Sánchez Cerén haciendo un llamamiento a diferentes órganos del Estado para que adoptaran las medidas necesarias para ratificar dicha reforma constitucional; el 22 de abril cerca de 20,000 firmas provenientes de diversas partes del país fueron entregadas a la Asamblea Legislativa, para que en el marco del Día Mundial de la Tierra, sean escuchadas sus voces reclamando, entre otras peticiones, el derecho al acceso al agua. Estas peticiones han sido acompañadas por varias organizaciones de la cooperación internacional.

No entendemos bien por qué tales partidos, que anteriormente dieron sus votos para la reforma, ahora se resisten a ratificarla. Tampoco entendemos cuáles son los intereses que están detrás de ello. Hay que recordar que el agua es un bien público que no puede privatizarse ni quedar en las manos del mercado, que como sabemos, suele moverse principalmente por los latidos de las ganancias y no tanto por los sentires solidarios del corazón.

Quedan pocos días para que la Asamblea actual termine su período, y pueda dar un paso positivo ratificando el derecho constitucional al acceso al agua. Ojalá los intereses particulares no se sobrepongan al bienestar público.