Presupuesto

Carta a la ‘mesa fiscal’: Aprobar préstamos tiene que ser el último paso y formar parte del presupuesto. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 10 diciembre 2016 / EDH

Estimados negociadores:
El tema central que tienen sobre la mesa es el presupuesto para el año 2017. Si de esta negociación no sale un presupuesto completo, realista y financiado, cualquier otra cosa que discutan es paja.

Cuando el dinero no alcanza para todo, no se puede establecer un presupuesto sin antes definir las prioridades. Los gastos –y el eventual endeudamiento- tienen que responder a decisiones políticas sobre los problemas prioritarios del país. Si el gobierno tiene mal las prioridades, diario hoyel presupuesto que presenta lo va a reflejar. Y si el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar el presupuesto y los préstamos necesarios para equilibrarlo, tiene que negociar con la oposición. Y esta negociación, que actualmente se refleja en la ‘mesa fiscal’, no tiene ningún sentido si el gobierno no está dispuesto a discutir y modificar la prioridades.

¿Cómo se construye un presupuesto, no desde la lógica del gobierno, sino desde la lógica democrática-legislativa?

En una columna se ponen todos los gastos e inversiones que se quieren hacer, correspondiendo no simplemente a las prioridades del gobierno de turno y sus intereses políticos-electorales, sino también tomando en cuenta que estas prioridades requieren de mayoría legislativa. Porque no es una cosa simbólica que el final el presupuesto tiene que ser aprobado por la Asamblea. Es real.

De este ejercicio sale una suma X.

En la otra columna se ponen todos los ingresos que el Estado va a percibir el año entrante. Con cálculos realistas que convencen a todos los participantes, por lo menos a una mayoría legislativa.

De este ejercicio sale una suma Y.

En el caso de nuestro país, obviamente la suma X (egresos) va a superar la suma Y (ingresos). Esto es el déficit que hay que cubrir.

Supongamos que se cumplió el primer mandate de la Constitución en materia del presupuesto: que esté completo y verídico.

Entonces, el siguiente paso que manda la Constitución es: equilibrar el presupuesto. Para hacer esto, la ‘mesa fiscal’ tiene que revisar cuáles de esos egresos se pueden eliminar o reducir. Otra vez esto será una discusión sobre prioridades, pero también un ejercicio técnico, o sea una revisión exhaustiva de la eficiencia del Estado.

Una vez agotadas la posibilidades de reducir los egresos, cortando grasa, eliminando gastos superfluos, reduciendo gastos no prioritarios, saldrá una suma X2.

Revisando también las posibilidades de mejorar la eficiencia de la recaudación, o llegando a acuerdos de introducir nuevos impuestos o aumento de los existentes, saldrá una nueva suma Y2 de ingresos.

Seguramente, todavía habrá un déficit, pero será menor. Este déficit hay que cubrirlo con préstamos. Se define el monto del endeudamiento adicional necesario para equilibrar el presupuesto – y ojo: esto forma parte del presupuesto.

Al final se tendrá un presupuesto que refleja prioridades políticas que pueden ser asumidas por una mayoría legislativa calificada, en concreto por 56 diputados, porque el presupuesto incluye endeudamiento. Por esto existe esta ‘mesa fiscal’ entre FMLN y ARENA: para facilitar una mayoría calificada que solo es posible si ambos partidos grandes llegan a un acuerdo.

Además se cumplirá el mandato constitucional que el presupuesto sea equilibrado, aunque con nuevos préstamos; y que sea completo y verídico, no una lista de supuestos, obviaciones y mentiras.

¿Por qué es importante definir, paso por paso, los procedimientos? Porque el gobierno solo quiere que la ‘mesa fiscal’ autorice los préstamos. Pero definir y autorizar préstamos tiene que ser, por lógica, el último paso. Voy a citar nuevamente la comparación genial de mi colega Manuel Hinds: “Primero hay que parar la hemorragia, y al final poner la sangre que sea necesaria. Pregunten a cualquier neurocirujano.” No se puede hacer al revés.

Solo si la ‘mesa fiscal’ opera de esta manera, aplicando criterios políticos (priorización) y técnicos (eficiencia del gasto y de la recaudación), y si además fortalece los mecanismos de control, podemos salir de esta crisis fiscal. Y si esto no sale antes de fin de año, no importa, con tal que salga bien. Lo que no se puede hacer: Aprobar un presupuesto mentiroso con 43 votos, y luego pedir que la oposición aprueba préstamos para equilibrarlo.

Hagan su trabajo, ambos gobierno y oposición. Saludos,

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¿Quién establece las prioridades? De Sandra de Barraza

En todos los rangos salariales el número de servidores públicos ha crecido. En seis años la burocracia se ha incrementado en al menos 27,020 personas y sigue creciendo.

Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 9 diciembre 2016 / LPG

La situación fiscal del país no es alentadora y la perspectiva viene de gris a negro. La base productiva no produce lo que necesita el gobierno para financiar los gastos corrientes, los de inversión y mucho menos para honrar sus deudas con los pensionados, los veteranos de guerra, los lisiados y otros más. Se crece al 2.5 % y esto no es suficiente.

La base productiva no logra reducir costos en el proceso de producción; debe acomodarse al impacto de los procesos innovadores de la burocracia que afectan a todo tamaño de empresa y en todo el país. La base productiva tributa más y aporta a más contribuciones especiales y no se amplía a la velocidad que el empleo público crece ni al ritmo de gasto del gobierno.

la prensa graficaEl Órgano Ejecutivo destinó el 55 % del presupuesto 2015 al desarrollo social. Fueron $2,900 millones y las instituciones privilegiadas fueron el MINED, Salud, ISDEM, ISSS y el INPEP. Tuvieron asignación entre $227 a $772 millones. El próximo año, el porcentaje del anteproyecto desfinanciado de presupuesto se reduce al 43 %. Y esto ha significado la reducción del presupuesto ordinario y especiales del MINED en un 20 %.

¿Cuáles son las prioridades? ¿El pago de salarios? Según el M. de Hacienda, hay 161,623 empleados públicos, y de este total, 3 de cada 10 servidores públicos se ocupan en administración y servicios, y un poco menos de 3 de cada 10 se ocupan de la docencia. ¿Cuáles son las prioridades? Y menos del 1 % se dedica a la seguridad y la justicia, a pesar de la situación que se enfrenta.

La administración pública la hacen los servidores públicos contratados para promover el desarrollo social, crear condiciones para el desarrollo económico y los que deben dar confianza en la seguridad pública. El M. de Hacienda registra que el 31 % de los servidores públicos tiene grado académico universitario y de posgrado y 45 % tiene 9.º grado o menos escolaridad. Y casi el 50 % está en el departamento de San Salvador. Y el 21 % está distribuido proporcionalmente en San Miguel, Santa Ana y La Libertad.

Los salarios han mejorado. Los empleados que ganan entre $1,300 y $1,600 se han triplicado entre el año 2009 y 2015. En 6 años pasaron de 2,488 a 8,067 los contratados; se han duplicado los que ganan entre $1,600 y $2,000 que pasaron de 1,334 a 3,044; y casi se han duplicado los que ganan entre $1,000 a $1,300. En todos los rangos salariales el número de servidores públicos ha crecido. En seis años la burocracia se ha incrementado en al menos 27,020 personas y sigue creciendo.

Hay quejas generalizadas porque dicen no ganar lo suficiente para adquirir la canasta básica que incluye celular y mucho menos la ampliada que debe actualizarse con otros artículos y servicios como por ejemplo internet. La aspiración salarial de los funcionarios públicos la comparto. Pero ¿cuáles son los requisitos de formación y de mérito? En la administración pública deben estar los mejores. Y a los mejores no puede ni debe dárseles sobresueldos o complementos salariales. En esta coyuntura, este tema debe discutirse en la mesa fiscal.

¿Cuánto dinero se ha gastado en la modernización del Estado y el empleo público? Sería oportuno investigarlo. Son millones de préstamos con organismos internacionales los que se han gastado inspirados en este objetivo. Son millones las donaciones que se han obtenido para este objetivo. Y son millones los que se han tirado al cesto de la basura o adornan los anaqueles del gobierno porque no se toman decisiones. La administración pública continúa siendo el espacio para pagar favores partidarios. Hay que estar bien conectado para ingresar.

Esto necesita un acuerdo político y viabilidad financiera para modernizar el empleo público y encontrar la salida a la complicada situación fiscal. El acuerdo debe incluir la reducción del gasto corriente y esto exige analizar la estructura del empleo público. ¿Es posible liberar del servicio público al menos 60,000 plazas en cinco años? ¿Es posible aspirar a otra estructura de salarios para hacer atractivo el servicio público a los mejores profesionales?

Dar respuesta a estas preguntas significa tomar en serio el crecimiento económico y el servicio civil. Debemos tener a los mejores en la investigación del delito, en seguridad y justicia, en educación y en salud y saneamiento. ¿Quién establece las prioridades?

 

Devuelvan el presupuesto. De El Centro de Estudios Jurídicos

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, el presupuesto general debe estructurarse con arreglo a ciertos principios presupuestarios, destacando entre ellos los de transparencia, oportunidad, unidad, universalidad y equilibrio.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 29 noviembre 2016 / LPG
Lo anterior se traduce en que el presupuesto debe permitir el escrutinio ciudadano, debe ser presentado para aprobación de la Asamblea por lo menos con tres meses de anticipación al inicio del nuevo ejercicio fiscal, debe ser uno solo para todo el ejercicio, debe reflejar la totalidad de los ingresos y egresos proyectados para ese mismo ejercicio y, por último, tanto los gastos como los recursos, deben totalizar sumas iguales.

Estos principios aparecen recogidos por nuestra Constitución en el artículo 227 el cual establece que el presupuesto general contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado. Y cuando en el artículo 226 dice que el Órgano Ejecutivo está especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto.

Nadie desconoce que ha sido una práctica de muchos años, que los presupuestos presentados a la Asamblea no cumplen con estos principios y que el proceso de aprobación legislativa se ha convertido casi en una mera formalidad.

La gravedad de la crisis económica en nuestro país, las innegables carencias en la provisión de servicios básicos y el conocimiento certero que ahora tenemos sobre el mal uso que por lustros se ha venido haciendo de los fondos públicos han propiciado –quizá por vez primera– que el presupuesto se debata abiertamente.

Debemos decir que aun con los problemas que afrontamos, esto último debe rescatarse. Lo que está sucediendo es simple y sencillamente una muestra del control democrático de la actividad financiera del Estado; tarea que no veníamos haciendo como se debe. Las potestades financieras del Ejecutivo no son absolutas.

Como resultado de estos debates, autoridades del Órgano Ejecutivo y algunos diputados han reconocido que el presupuesto presentado para 2017 no cumple con los principios de universalidad y equilibrio. Pero si bien esto ha sido aceptado, se ha querido vender la idea de que no hay nada que pueda hacerse y que la Asamblea Legislativa debe limitarse a aprobar el presupuesto con todo y falencias, para más adelante ver si en el camino se corrigen; ¡vaya propuesta!

Nuestra Constitución y la ley señalan que el ministro de Hacienda – en representación del Consejo de Ministros– presentará el presupuesto con al menos tres meses de anticipación al cierre del año 2016, pero no dice que la Asamblea está obligada a aprobar cualquier cosa que se le presente.

Siendo así, queremos dejar completamente clara nuestra posición: la Asamblea Legislativa debe rechazar el presupuesto y devolverlo al Órgano Ejecutivo para que realice los ajustes que correspondan y vuelva a presentar este para su aprobación.

Contrario a eso, la Asamblea está obligada a velar por que se cumplan los principios antes dichos, debiendo observar lo que entienda que está mal y debiendo hacer las propuestas de ajuste que considere apropiadas. Hay que entender que se incumple con la constitución al aprobar un presupuesto que no cumpla con ser universal y equilibrado.

La interpretación que algunos sugieren en virtud de la que ya no hay manera de devolver el presupuesto al Ejecutivo porque ya sería una presentación extemporánea conduciría a un absurdo. Bastaría que los presupuestos se presenten mal el último día previsto por la Constitución, para amarrar a la Asamblea y forzarla a que diga sí. Jamás ha sido ese el pretendido constitucional.

Diputados: cumplan con su deber devolviendo el presupuesto y exigiendo que el Ejecutivo cumpla con su especial obligación de conservar el equilibrio y universalidad presupuestaria.

Carta a ARENA: Hagan lo correcto, sin dejarse chantajear por nadie. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 22 noviembre 2016 / EDH

Estimados areneros:
Voy a retomar unas palabras que les dije en cartas anteriores. El 29 de octubre, saliendo de viaje, les escribí: “Espero que los diputados no le den ningún cheque en blanco al gobierno; o sea, ningún préstamo sin que el gobierno corrija el presupuesto para el 2017 y firme con el FMI los compromisos adquiridos en la negociación.” Al regresar me di cuenta que exactamente esto pasó: un salvataje sin garantías de nada. Ustedes le aprobaron al gobierno 550 millones de dólares, pero el presupuesto para el 2017 no está corregido para responder al mandato constitucional. Ustedes dieron votos para una Ley de Responsabilidad Fiscal que, según los expertos de su propio partido, no tiene dientes. Se inyectó sangre, pero no lograron parar la hemorragia.

diario hoyAl solo regresar al país y sin todavía poder entender bien lo que había pasado, les escribí en la carta del 15 de noviembre: “Como oposición tienen la obligación de evitar que el gobierno lleve al país al impago – pero no de ayudarle al gobierno a esconder datos y seguir mintiendo a la ciudadanía. Esto sería complicidad. En estas negociaciones fiscales no puede haber compromiso de confidencialidad con el gobierno que vaya encima del compromiso de transparencia que ustedes tienen con los ciudadanos.” Ahora, una semana después me doy cuenta que no hay transparencia sobre cómo se llegó al acuerdo sobre los 550 millones. O sea, nadie entiendo cómo ARENA, que tuvo el sartén por el mango, al fin se dejó torcer el brazo. Tuve que armar el rompecabezas arrancándoles confidencias a varios de los actores y expertos involucrados.

No tiene sentido derramar lágrimas sobre leche derramada. La negociación no ha terminado, y si ustedes están dispuestos a hacer un análisis crítico (y autocrítico), lo que no se logró en la primera ronda se puede arreglar en las siguientes.

Para lograr esto, hay algunos pasos lógicos que tienen que dar.

  • Cambiar su el equipo de negociación y no permitir nunca que uno de sus negociadores vaya sólo a una bilateral a Casa Presidencial.
  • Ahora que el gobierno está urgido que se elijan los magistrados de la Corte de Cuentas, aprovechar esta situación e insistan que se seleccionen exclusivamente profesionales idóneos e independientes. Si el FMLN no accede a esto, que se olvide a cobrar el cheque de los 550 millones..
  • Poner como condición para cualquier acuerdo futuro que primero se haga una reforma a la recién aprobada Ley de Responsabilidad Fiscal, poniéndole los dientes necesarios. La otra vía sería poner los dientes que faltan directamente al Código Penal. Si el presidente veta esta reforma, no habrá acuerdo.
  • Una vez que se tiene una legislación con sólidos dientes penales, se resuelve el problema con el presupuesto 2017. El mismo gobierno lo va a retirar y rehacer el presupuesto, como la Constitución manda – para evitarse consecuencias legales.
  • Poner como segundo candado un acuerdo vinculante con el Fondo Monetario Internacional.
  • Involucrar a los diputados y la opinión pública en cada paso de la negociación. Escuchen a su propia gente y sus amigos. Todos sabemos que en la última votación, si no hubiera sido por presión de la jefatura, mucho más que 3 diputados se hubieran negado a ratificar el acuerdo de la mesa fiscal.
  • Insistir en que el gobierno conteste la pregunta de Manuel Hinds: ¿Dónde está el pisto, que al gobierno entró por recaudación y préstamos?

Una vez que están los 4 candados (una Corte de Cuentas independiente, acuerdo con el FMI, Ley con dientes, y transparencia hacía la sociedad), y sólo entonces, la mesa estará nivelada y se podrá discutir la esencia del asunto: ¿Cómo parar la hemorragia?

Una vez que se tenga los candados y esté parada la hemorragia, hay que ponerle al paciente la sangre que sea necesaria. Antes, no tiene sentido. Cualquier neurocirujano les puede explicar esto.

Les deseo la paciencia, la sabiduría y el coraje de hacer lo correcto, sin dejarse chantajear por el gobierno y por su propios miedos a las encuestas. Saludos,

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Otra vez, ¿dónde está el dinero? De Manuel Hinds

manuel hindsManuel Hinds, 21 noviembre 2016 / EDH-Observadores

La pregunta esencial que hay que hacerle al Gobierno cuando clama que no tiene dinero para pagar sus deudas —como lo hizo hace unas semanas y como lo hará dentro de pocas semanas— es: ¿dónde está el dinero? Hay personas que creen que está en depósitos en el sistema bancario (el banco central más los bancos comerciales). La gráfica 1 parecería darles la razón: en las últimas semanas el Gobierno central ha tenido entre $400 y $600 millones en el sistema, más que suficiente para pagar lo que necesitaba para abonar a sus deudas en este año, que era entre 200 y 300 millones.

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El problema es que esas deudas no eran lo único que tenía que pagar el Gobierno. Tiene que pagar sueldos, salarios y muchas cosas más. Estos gastos han sido en promedio $367 millones durante los últimos 12 meses. Usando este promedio, vemos en la Gráfica 2 que los depósitos representan 1.57 meses de gastos, pero, como se ve también en ambas gráficas, observadordiciembre es un mes en el que se gasta mucho más que en el promedio, de modo que para diciembre de 2013, 2014 y 2015 los depósitos han bajado hasta ser iguales a sólo un mes de gastos. De este modo, si el Gobierno usara sus depósitos en el sistema bancario para pagar las deudas, tendría que dejar de pagar otras obligaciones. Es decir, como ha estado haciendo últimamente, hubiera tenido que desvestir a un santo para vestir a otro. Por supuesto, el Gobierno podría haber obligado a las instituciones autónomas a que le pagaran dividendos para poder apoderarse de los depósitos de ellas, pero ellas también tienen obligaciones propias. Sería desvestir a otros santos.

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El Gobierno hubiera podido pagar porque tenía autorización para emitir $300 millones más en Letes. Pero, en todo caso, el tema aquí no es si este mes, o esta semana, no hay dinero para pagar deudas, sino que la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones (deudas y otras) se ha disminuido y el Gobierno no quiere mejorarla.

La gráfica siguiente muestra el error de concentrarse sólo en un momento del tiempo y en un solo indicador con el caso de los bancos comerciales. Como se muestra en la gráfica 3, los depósitos del Gobierno central en estos bancos (línea azul) han ido aumentando. Cualquiera podría pensar que eso demuestra que la situación financiera del Gobierno ha ido mejorando. Pero ahora mire la línea roja: los créditos de los bancos al Gobierno, que han subido como cohete. El Gobierno ha podido subir sus depósitos en los bancos porque los bancos le han dado el dinero para que los suba, y más.

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La gráfica muestra cómo el Gobierno ha jugado este juego con los bancos en los últimos años, en términos netos (es decir, restando los depósitos del Gobierno del crédito que le han dado al mismo Gobierno). Note cómo en septiembre de 2014 el Gobierno pagó casi todas sus deudas con los bancos. Pero ahora note como les metió a gran velocidad nueva deuda sin aumentar mucho sus depósitos, de tal manera que ahora la deuda neta está en cerca de 800 millones de dólares.

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Es decir, en el juego, el Gobierno logra que los bancos le den más crédito, con una garantía que cada vez es más débil. ¿Por qué? Porque antes de la operación, ellos tenían deuda de un país que debía X millones de dólares. Ahora, tendrán deuda de un país que debe X más $550 millones. Si este juego sigue, tendrán la garantía de un país que debe X más 1,200 ó 2,400 ó 3,600 millones más.

¿Cuál es el problema entonces? El problema es la hemorragia. Darles el dinero sin condiciones como se les dio en esta gran charada de las últimas semanas no ayuda ni al pueblo salvadoreño (que debe cada vez más sin recibir ningún beneficio más), ni a los bancos, ni a los otros acreedores. Es como cuando un enfermo tiene una gran y creciente hemorragia y sólo se le pone más sangre pero no se le hace un torniquete. El problema no es preguntarse si en un determinado momento hubiera aguantado más el paciente, sino qué hay que hacer para que no se siga desangrando.

Hay mucha gente que en el nerviosismo interpreta los intentos de detener la hemorragia como conspiraciones políticas para que el Gobierno entre en impago. Esto es la realidad al revés, el resultado de un mal análisis. Si usted quiere que el Gobierno entre en impago, dele todo el dinero que quiera. Seguirá haciendo la misma maniobra que puede ver en las gráficas y eventualmente no podrá pagar. Si quiere que no caiga en impago, hay que imponerle disciplina fiscal. Ya se perdió una oportunidad de hacerlo con los primeros $550 millones. Ojalá no se pierdan las otras que vendrán muy rápidamente, porque el Gobierno sigue tan desaforado fiscalmente o más que antes.

¿Y cuál es la pregunta? ¿Dónde está todo ese dinero que el Gobierno ha recibido con todos esos impuestos altos que ha puesto y con todas las deudas que ha adquirido? Ahora, antes de que el Gobierno venga otra vez a pedir dinero, que lo hará muy pronto, es indispensable preguntarle: ¿dónde está el dinero? ¿Por qué antes alcanzaba y ahora no, a pesar de que es mucho más?

NOTA: Fuentes de datos: International Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional y Banco Central de Reserva (BCR).

Carta a la oposición: ¿Confidencialidad o transparencia? De Paolo Luers

Paolo Luers, 15 noviembre 2016 /EDH

paolo luers caricaturaEstimados amigos:
Okay, ya lograron el salvataje de las finanzas públicas. Con los 550 millones de dólares en bonos, que ustedes autorizaron, el gobierno supuestamente puede llegar al fin del año, cumpliendo sus obligaciones con pensionados, militares retirados, proveedores, acreedores, alcaldías, maestros, médicos, policías etcétera.

¿Y ahora qué? 

Todavía nadie ha contestado la pregunta del millón (más bien de los millones) que todos nos hemos hecho: ¿Qué hicieron con los fondos reservados en el presupuesto vigente para todas las obligaciones que ahora se pagarán con los 550 millones de deuda adicional? ¿Qué se hizo este diario hoypisto? Si han incurrido en gastos adicionales, fuera del presupuesto, ¿por qué no solicitaron autorización a la Asamblea? Si el presupuesto no fue modificado por la Asamblea, autorizando gastos no previstos, la única conclusión es que estamos pagando dos veces por las mismas cosas, una vez con los impuestos incluidos en el presupuestos 2016, y ahora autorizando 550 millones, que en algún momento también tendremos que cancelar.

Ahora hay dos posibilidades: O la oposición, en la ‘mesa fiscal’ con el gobierno, recibió respuestas satisfactorias a estas interrogantes, entonces cabe preguntar: ¿Por qué la oposición no ha hecho públicos estos datos? En este caso tenemos un problema de transparencia. O ustedes como oposición han autorizado 550 millones de salvataje sin ninguna rendición de cuentas confiable por parte del FMLN y su gobierno. En este caso tenemos un problema político grave.

Tengo entendido que ustedes han puesto como condición que la mesa fiscal que tienen con el gobierno revise punto por punto el presupuesto 2017, para asegurar que esta vez sea completo, realista y equilibrado. Cosa que teóricamente no puede ser sujeto de mucha negociación, por que es un mandato constitucional.

Lo que no tengo claro es si ustedes, antes de autorizar este salvataje, consiguieron del gobierno un compromiso legalmente vinculante que garantiza una exitosa y estricta revisión del próximo presupuesto. Digo vinculante, porque promesas y discursos no valen el papel donde están impresos. Si no hay compromisos vinculantes, por ejemplo plasmados en un convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional, ustedes nuevamente terminaron dando al gobierno un cheque en blanco. Y ya sabemos lo que los gobiernos, sobre de corte  populista, hacen con cheques blancos.

Ya no esperamos nada del gobierno en cuanto a transparencia en todos estos asuntos, pero de ustedes sí. Tienen la obligación inalienable de compensar el permanente déficit que el gobierno tiene en cuanto a rendición de cuentas. Si no ustedes, ¿quién va a explicar a los ciudadanos lo que se negoció y acordó en la mesa fiscal  y en base de qué datos antes no disponibles? Estoy de acuerdo que ustedes, como oposición, tienen la obligación de evitar que el gobierno lleve al país al impago, y de ayudarle al gobierno a salir de la crisis, pero no tienen ninguna obligación de ayudarle al gobierno a esconder datos y seguir mintiendo a la ciudadanía. Esto sería complicidad.

En este sentido, en estas negociaciones fiscales no puede haber compromiso de confidencialidad con el gobierno que vaya encima del compromiso de transparencia que ustedes tienen con los ciudadanos. Saludos,

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Lo público. De Sandra de Barraza

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 1 octubre 2016 / LPG

El ejercicio del derecho ciudadano a tener acceso a información pública para fomentar transparencia y evitar la corrupción en la administración pública, una y otra vez pone en evidencia las históricas barreras que imponen los funcionarios y empleados para “esconder” la arbitrariedad, la incapacidad y la posible corrupción. Y esto va desde cosas pequeñas hasta seguramente más grandes.

la prensa graficaRecientemente se conoció que los funcionarios públicos de “alto nivel” pueden administrar el inventario de la institución que presiden a su antojo. Cualquiera podría creer que cada institución tiene un cuidadoso registro y control de bienes “muebles y raíces” como dice la Constitución de la República. Cualquiera podría creer que la auditoría interna, esa que se contrata de manera permanente, asume la tarea de controlar periódicamente la existencia y las condiciones de los bienes muebles y raíces. Sin embargo, se tienen casos en que los bienes muebles se “regalan”, y el ejemplo lo ha dado el Ministerio de Defensa.

¿Qué más “regalan” los funcionarios públicos? Pregunto porque los bienes muebles y raíces son parte del activo nacional, activo que en ciertos bienes adquiere valor histórico. Armas de todo tipo, fotografías, imágenes religiosas, construcciones, estatuas, instrumentos musicales, mobiliario, equipo y hasta mapas dibujados o impresos tienen valor histórico porque reflejan la evolución cultural de una nación. Y en nuestro caso, muchos de estos “activos” muebles, que son parte del patrimonio público y de la identidad nacional, dicen que están en jardines y colecciones privadas. ¿Quién los regaló? ¿Por qué se acepto semejante regalo?

¿Qué más regalan los funcionarios públicos? Seguramente también “regalan”, donan o permutan, para que suene más elegante, bienes raíces, esos bienes que seguramente tienen valor por su ubicación o su construcción. Casos conocidos se tienen y muchos, la mayoría, desconocidos. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) transfirió con títulos de propiedad los derechos de vía del histórico ferrocarril. Y esto de “regalar” no es privativo del gobierno central. También sucede en los gobiernos municipales. ¿Cuántos más se han beneficiado con bienes raíces del patrimonio nacional? ¿A quién le dan cuentas?

¿A quién le dan cuentas sobre el uso de la hacienda pública? La respuesta a esta pregunta es difícil y hasta imposible de obtener dentro de la administración pública. Los que arbitrariamente deciden sobre el destino y uso privado de la hacienda pública se han ocupado, y con buen resultado, de no establecer un sistema de control de los recursos. Y carentes de un sistema de control, cualquier cosa pueden hacer y cualquier cosa puede suceder con los recursos que conforman la hacienda pública. Y esto parece práctica histórica. Y ¿quién da cuentas?

Es cuesta arriba ejercer el derecho ciudadano al acceso de información pública para velar por la transparencia y la probidad en el uso de recursos de la hacienda pública. Es cuesta arriba porque los funcionarios y empleados públicos se resisten y tienen en la Ley de Acceso a la Información Pública el escudo para protegerse. ¿De qué sirve tanto articulado y tanta diferenciación sobre el tipo de información si es fácil terminar diciendo “es información inexistente”?

Si la transparencia efectivamente fuera compromiso de la administración pública, solo en casos muy, pero muy excepcionales, y muy, pero muy particulares, la “información inexistente” podría tener justificación. Pero, en la categoría “viajes al exterior”, la precisión del lugar, el carácter de la visita pública, el presupuesto, la fuente de financiamiento, el número de días, el número de participantes y el beneficio del viaje, es injustificable la inexistencia de información. ¿Quién controla? ¿A quién le rinden cuentas?

¿A quién le rinden cuentas? Pregunta sin respuesta a pesar de que el sentido y el contenido de la Constitución de la República lo deja claro. ¿República? Es la forma de organización del Estado que El Salvador tiene. Y el que se dice “republicano” es partidario de esta organización del Estado como opción ideológica. Corremos el riesgo de no tener claros los alcances del concepto, pero de lo que está claro, que esto no es una monarquía.

La comprensión sobre el Estado salvadoreño y su forma de gobierno está en ejercicio permanentemente. Y este ejercicio es permanente porque los artículos 83, 85 y 86 de nuestra Constitución de la República tienen la tentación de ser interpretados a la medida y a conveniencia de coyuntura. Y así, el diálogo y la democracia corren riesgo.