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Rotando las mismas llantas. De Cristina López

Cristina López, 26 marzo 2018 / El Diario de Hoy

Parte de las prácticas responsables que cualquiera que administra o es propietario de un vehículo automotor es la de rotar las llantas. Habrá más razones que individuos más entendidos en la industria automotriz tendrán la capacidad de explicar con mayor destreza que yo, pero la lógica es bastante simple: las llantas de adelante se desgastan desproporcionadamente en comparación a las de atrás, principalmente porque tienen más exposición a la fricción a la hora de frenar. Por eso se recomienda como parte del mantenimiento regular hacer una rotación y pasar las llantas de atrás hacia adelante y viceversa. Es obvio entender por qué la rotación solo se hace una vez: la segunda vez simplemente llevará al frente llantas viejas y desgastadas, consistiendo más que una medida responsable, una pérdida de tiempo. Cuando se ha llegado al punto de que tanto las llantas de atrás como las de adelante han servido su vida útil, lo lógico es cambiarlas del todo y traer ruedas nuevas, listas para llevar a cabo trayectos seguros.

El gabinete de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén es un vehículo cuyas llantas han pasado un número de rotaciones inútiles, reciclando en puestos importantísimos llantas viejas, no para garantizar que nos va a llevar de manera segura a nuestro destino sino por puro espectáculo, haciendo ruido y pantomima para distraer de lo obvio: el hecho de que para el gobierno del Frente la burocracia gubernamental se ha convertido en una feria de empleos para premiar lealtades partidarias, y que bajo esa premisa no caben consideraciones de idoneidad o calificaciones profesionales para el servicio público. Por lo menos es esta la impresión que me ha generado la última rotación inútil de llantas del gabinete: el equivalente a un “juego de las sillas” burocrático que merecería burla si las consecuencias no fueran tan serias.

Las comunicaciones gubernamentales pretendían hacernos creer que los cambios de gabinete se debían a la reflexión surgida de la cachimbeada electoral. Según el discurso que leyó el presidente y que habrá redactado algún comunicador optimista (optimista, porque qué mejor palabra para describir a quien escribe y aún piensa que la ciudadanía se tragará una palabra de lo que dice el presidente en vista del pésimo desempeño de su administración), los cambios nos harán sentir más seguros. Es necesario notar que ninguno de los cambios tocó los rubros de seguridad y justicia, y que la rotación inútil de llantas ha dejado ahora, al frente del Ministerio de Economía, a una persona cuya preparación profesional la hace más apta para diagnosticar y curar un resfriado que para diagnosticar y curar una recesión económica o decidir la política pública adecuada para acelerar el crecimiento que tanto beneficiaría a nuestro país.

Lo verdaderamente incomprensible en esta última rotación inútil de llantas es el hecho de que al Ministro de Hacienda, el mismísimo al que el presidente juzgó necesario mover de su puesto supuestamente en respuesta al fuerte mensaje enviado por la ciudadanía, se le estará colocando en un puesto diplomático en el extranjero, el equivalente a una beca financiada por el contribuyente, en recompensa por un servicio público del que hubo que removerlo en respuesta a los resultados electorales. Que no nos engañen: no es la ciudadanía la que tiene en mente el Frente con sus anuncios de cambios de gabinete, con las elecciones del 2019 a la vuelta de la esquina, lo que están preparando es su plan de retiro.

@crislopezg

Todo con el mismo peso. De Sandra de Barraza

Los tomadores de decisiones parece son ciegos a la realidad, son indiferentes a la incapacidad que tiene el país de financiar todo. ¿Con qué?

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 3 enero 2017 / LPG

A menos de 30 meses para que finalice la administración del Órgano Ejecutivo, seguimos atrapados en la falta de prioridades. El cambio climático es prioridad. La producción agrícola es prioridad. La mujer es prioridad. El desarrollo municipal es prioridad. El transporte público es prioridad. La primera infancia es prioridad. La salud es prioridad. El saneamiento es prioridad. El escalafón es prioridad. La participación ciudadana es prioridad. La publicidad gubernamental es prioridad. La transparencia es prioridad. La seguridad es prioridad. El empleo público es prioridad. El sindicalismo es prioridad. La Policía es prioridad. ¡Y así, hasta el infinito!

la prensa graficaCon todos y con todo, se quiere quedar bien. Todo se quiere hacer. Todo se quiere con el mismo presupuesto. Y lo peor es que el presupuesto no alcanza. Y más crítico aún es que la confianza para hacer todo y quedar bien con todos se pone en las instituciones de financiamiento internacional y en los cooperantes. Y con la crisis fiscal que se enfrenta y se prevé para el futuro, difícilmente podremos financiar lo que a todos les conviene.

Los tomadores de decisiones parece son ciegos a la realidad, son indiferentes a la incapacidad que tiene el país de financiar todo. ¿Con qué? Hay que preguntarlo porque los 262 gobiernos municipales están enfrentando la realidad a la que el gobierno central nos ha llevado. Y esto es crítico, especialmente por el servicio de recolección de desechos y las implicaciones de hacerlo en su momento. Pronto, el país será como el municipio de Mejicanos en la administración pasada, las calificadoras de riesgo nos ubican en la categoría de “bonos basura”.

Pronto, muy pronto, los subsidiados en el servicio de energía enfrentarán la realidad. Tendrán que pagar el servicio. Pocos hablan de este tema porque políticamente no es popular. Pero tarde o temprano, los tomadores de decisiones tendrán que reconocer que los subsidios son impagables. Mientras, los trabajadores sindicalizados en el Ministerio de Salud siguen creyendo que es mala voluntad de las autoridades el no cumplimiento de la ley del escalafón. En esta crisis, los tomadores de decisiones incumplen cualquier ley. Y allí está el FODES como ejemplo.

En un momento de crisis fiscal, y en un entorno de violencia e inseguridad con falta generalizada de empleo decente, conformarse con el monto recaudado en “la contribución especial a la telefonía” y confiar en las “medidas extraordinarias” para resolver el problema que hace evidente la incapacidad gubernamental es poco responsable. Y es poco responsable porque se quiere hacer creer a la gente que “lo extraordinario” de hacer las cosas “de manera extraordinaria” permitirá recuperar el ambiente de sana convivencia y seguridad.

Las “medidas extraordinarias” están distorsionando la institucionalidad. Otra vez, insisto. La prevención se da y se debe dar en las escuelas. Y ¿dónde esta el Ministerio de Educación rindiendo cuentas de lo que hace y deja de hacer en las escuelas? No es tarea de la PNC, ni de las Fuerzas Armadas, ni tampoco de ciudades especiales o institutos especializados, la responsabilidad de atender a la población en edad escolar.

Los funcionarios desfilan en la Asamblea para solicitar 10, 20, 50 o 100 millones o más en préstamos. Préstamos que les sirven para continuar reproduciendo su burocracia. Y ¿quién llama la atención sobre lo que es prioritario? ¿Quiénes demandan la atención a los jóvenes y adolescentes, esos que tienen que estar en la escuela y no están? De la oposición no se escucha absolutamente nada.

Los maestros se están quejando sobre el cierre de secciones en las escuelas. Los maestros se están quejando por la solicitud de transferir plazas y sobresueldos para reubicarlos. Estas quejas, que se han leído en los medios de comunicación, son el reflejo de la falta de prioridad que se le da a la atención de la población en edad escolar.

Las escuelas están en malas condiciones. Los bachilleratos están hacinados. La deserción entre tercer ciclo y primero de bachillerato se explica por la concentración y la falta de oferta. Y la educación a tiempo pleno, de 8 horas diarias desarrollando competencias con la asistencia de profesionales en distintas disciplinas, se quedó en el discurso de las agencias de cooperación. La estrategia conceptual es válida y tenemos 90 meses escuchando el discurso. No hay pisto. Y entonces ¿dónde está la prioridad?

La verdad sobre los servicios públicos. De Manuel Hinds

manuel hindsManuel Hinds, 13 enero 2017 / EDH

Una diputada y vocero del FMLN en la Asamblea Legislativa hizo hace algunos días unas declaraciones espectaculares en el contexto de defender la decisión de contratar (como en los años anteriores) un seguro de salud privado para los diputados y empleados de la Asamblea, que si no se contrata se verían obligados, como la mayoría de los salvadore-ños en el sector formal, a someterse al Seguro Social. La diputada dijo, entre otras cosas:

diario hoy“Yo creo que el concepto de un seguro privado siempre ha sido sostenido porque siempre se ha hecho que la cosa pública no sirva, de verdad históricamente. Yo me admiro, a mí me impresiona llegar al Seguro Social, ver al doctor, al nefrólogo por decir algo, dar consulta en el Seguro Social. ¿Cómo lo atiende el nefrólogo en el Seguro Social? Como que si usted fuera a mendigar. Si ya está pagando el seguro y luego busca al nefrólogo en el Hospital de Diagnóstico  y la actitud del nefrólogo es diferente”.

Luego la diputada siguió:

“Aquí  se ha dicho históricamente de la cosa pública que no sirve, precisamente por eso antes se licitaba mucho la privatización de la salud, porque se decía que lo privado sí es bueno y lo público es malo, ¡por Dios! si quienes hacemos la cosa pública somos los mismos seres humanos que actuamos en lo privado y porque en lo público somos malos y en lo privado tratamos de ser buenos. Conclusión, porque paga. Sí, pero en lo público el médico también está ganando, ante esa circunstancia que ha sido históricamente, usted va a pasar consulta en la unidad de salud, yo siempre hago un chiste para la gente y digo ‘usted llega enfermo y sale más enfermo’, porque el paciente con una tocadita a veces  de espalda se siente mejor, pero si el médico lo recibe de una manera malcriada obviamente la gente asiste al sistema [privado] de salud”.

Las declaraciones de la diputada no tienen nada de original. Es lo que todo el mundo dice. Describen con toda exactitud la situación de los servicios públicos en el país—no sólo los servicios de salud, sino todos los servicios que el estado, ahora en manos del FMLN, está en la obligación de rendir. Hay, sin embargo, varios aspectos en los que son extraordinarias, ligados a tres hechos.

Uno, que lo diga una diputada miembro del partido que está en el poder desde hace siete años y medio, que por tanto es responsable por la pobre condición de los servicios públicos. Dos, que la actitud de los médicos es sólo una parte de los problemas del sistema público de salud, que incluyen la falta de medicinas y materiales, hospitales en los que llueve por dentro por la repetida explosión de las tuberías de agua, y condiciones pésimas para los pacientes de consulta y hospitalizados, mientras que el gobierno del FMLN se niega a pagar los salarios pactados hace años con el escalafón de salud.

Tres, que una miembro prominente del FMLN exprese una preferencia por los servicios privados, diciendo que en los públicos “usted llega enfermo y sale más enfermo”, cuando su partido desde su fundación ha tratado de eliminar al sector privado para que lo único que exista sea el sector público. Cuatro, que confiese que no entiende cómo los servicios privados siempre son muy superiores a los públicos, y aun así crea en una ideología y pertenezca a un partido que quieren eliminarlos.

Cinco, que la élite del FMLN quiera tener un acceso a los obviamente mejores servicios privados no con sus propios recursos, sino usando fondos proporcionados por los contri-buyentes en general, la mayoría de los cuales no tienen otra alternativa que ir al muy inferior sistema nacional de salud. Es decir, los líderes del partido que pretende defender al pueblo, quieren usar (y usan) el dinero de éste para no tener que pasar por las penas que éste pasa por lo malos que son los servicios públicos que ellos mismos manejan.

Carta a la oposición: ¿Confidencialidad o transparencia? De Paolo Luers

Paolo Luers, 15 noviembre 2016 /EDH

paolo luers caricaturaEstimados amigos:
Okay, ya lograron el salvataje de las finanzas públicas. Con los 550 millones de dólares en bonos, que ustedes autorizaron, el gobierno supuestamente puede llegar al fin del año, cumpliendo sus obligaciones con pensionados, militares retirados, proveedores, acreedores, alcaldías, maestros, médicos, policías etcétera.

¿Y ahora qué? 

Todavía nadie ha contestado la pregunta del millón (más bien de los millones) que todos nos hemos hecho: ¿Qué hicieron con los fondos reservados en el presupuesto vigente para todas las obligaciones que ahora se pagarán con los 550 millones de deuda adicional? ¿Qué se hizo este diario hoypisto? Si han incurrido en gastos adicionales, fuera del presupuesto, ¿por qué no solicitaron autorización a la Asamblea? Si el presupuesto no fue modificado por la Asamblea, autorizando gastos no previstos, la única conclusión es que estamos pagando dos veces por las mismas cosas, una vez con los impuestos incluidos en el presupuestos 2016, y ahora autorizando 550 millones, que en algún momento también tendremos que cancelar.

Ahora hay dos posibilidades: O la oposición, en la ‘mesa fiscal’ con el gobierno, recibió respuestas satisfactorias a estas interrogantes, entonces cabe preguntar: ¿Por qué la oposición no ha hecho públicos estos datos? En este caso tenemos un problema de transparencia. O ustedes como oposición han autorizado 550 millones de salvataje sin ninguna rendición de cuentas confiable por parte del FMLN y su gobierno. En este caso tenemos un problema político grave.

Tengo entendido que ustedes han puesto como condición que la mesa fiscal que tienen con el gobierno revise punto por punto el presupuesto 2017, para asegurar que esta vez sea completo, realista y equilibrado. Cosa que teóricamente no puede ser sujeto de mucha negociación, por que es un mandato constitucional.

Lo que no tengo claro es si ustedes, antes de autorizar este salvataje, consiguieron del gobierno un compromiso legalmente vinculante que garantiza una exitosa y estricta revisión del próximo presupuesto. Digo vinculante, porque promesas y discursos no valen el papel donde están impresos. Si no hay compromisos vinculantes, por ejemplo plasmados en un convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional, ustedes nuevamente terminaron dando al gobierno un cheque en blanco. Y ya sabemos lo que los gobiernos, sobre de corte  populista, hacen con cheques blancos.

Ya no esperamos nada del gobierno en cuanto a transparencia en todos estos asuntos, pero de ustedes sí. Tienen la obligación inalienable de compensar el permanente déficit que el gobierno tiene en cuanto a rendición de cuentas. Si no ustedes, ¿quién va a explicar a los ciudadanos lo que se negoció y acordó en la mesa fiscal  y en base de qué datos antes no disponibles? Estoy de acuerdo que ustedes, como oposición, tienen la obligación de evitar que el gobierno lleve al país al impago, y de ayudarle al gobierno a salir de la crisis, pero no tienen ninguna obligación de ayudarle al gobierno a esconder datos y seguir mintiendo a la ciudadanía. Esto sería complicidad.

En este sentido, en estas negociaciones fiscales no puede haber compromiso de confidencialidad con el gobierno que vaya encima del compromiso de transparencia que ustedes tienen con los ciudadanos. Saludos,

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