aborto

Sobre la (des)penalización del aborto – el debate en Alemania. De Bernd Finke

Bernd Finke,
embajador de Alemania

23 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

Hace poco participé, junto con algunos colegas, en las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Participé en la marcha de mujeres para expresar solidaridad con las mujeres en El Salvador y en el mundo, quienes son víctimas de la discriminación y violencia. Y fui con ellas para señalar la responsabilidad que tenemos los hombres por la miseria de muchas mujeres, como perpetradores de violencia doméstica y sexual y como aquellos que todavía no quieren resignarse a su comportamiento machista, al hecho de que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y también deben tener las mismas oportunidades. Ese fue mi mensaje en el Día de la Mujer.

Por lo tanto, me sorprendió aún más que mi participación en la marcha de mujeres fuera reconocida en algunos medios de comunicación con el comentario de que el embajador alemán haría campaña a favor de los abortos en El Salvador y que Alemania financiaría los proyectos correspondientes. Este no es el caso. No he dicho una palabra sobre el debate en El Salvador acerca la despenalización del aborto ni ha habido ningún proyecto alemán al respecto.
Sin embargo, me gustaría hacer algunos comentarios sobre este tema tan delicado y emotivo, un tema que cubre una variedad de aspectos, especialmente médicos, psicológicos, de derechos humanos y religiosos: comparto la opinión de quienes sostienen que la protección de la vida antes de nacer debería ser, en principio, la prioridad.

También en Alemania el aborto está fundamentalmente prohibido por el derecho penal. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el dogmatismo y el rigorismo criminal y moral no pueden hacer justicia a muchas emergencias agudas de las mujeres y las niñas, especialmente en el caso de embarazos no deseados como resultado de una violación, en casos en que la vida de la futura madre está en peligro o cuando se establece que el feto no puede sobrevivir debido a deformidades graves. En este contexto, el legislador en Alemania —así como en la mayor parte de la comunidad internacional— ha decidido complementar la actual prohibición del aborto con las llamadas regulaciones de indicación.

Desde entonces, la interrupción del embarazo ha sido posible si un médico determina —teniendo en cuenta las condiciones de vida de la mujer embarazada— que un aborto está indicado para evitar un peligro para la vida o el peligro de un deterioro grave del estado de salud físico o mental de la mujer embarazada (por ejemplo, después de una violación). El requisito previo para una interrupción del embarazo es que la mujer embarazada se someta a una consulta en la que los médicos, los trabajadores sociales o los psicólogos le informen sobre el aborto, pero también le presten asistencia en caso de que se tome una decisión a favor de la continuación del embarazo. Sólo después de un período de reflexión de tres días después de la consulta obligatoria puede iniciarse un aborto en Alemania.
También hay voces en Alemania contra el aborto por razones religiosas o contra el espectro más amplio de los derechos sexuales reproductivos de la mujer. Esta actitud debe ser respetada. Sin embargo, se ha preguntado si podemos hacer de nuestras convicciones religiosas la vara de medida para la sociedad en su conjunto, es decir, también imponerlas (legalmente) a quienes tienen otras creencias religiosas o ninguna. Según la opinión predominante en Alemania, cada persona debe poder elegir en las sociedades liberales pluralistas y no deben estar atadas por los intentos de imposición religiosa.

Al decidir permitir el aborto en casos seleccionados, también se reconoció que una prohibición absoluta del aborto no impide el aborto, sino que lleva a las mujeres de origen pobre a abortos inapropiados y peligrosos, mientras que las mujeres embarazadas involuntariamente de origen acomodado se someten a intervenciones médicamente seguras en el extranjero.

Como he dicho, se trata de una cuestión muy delicada. Una de las preocupaciones de mi país es que en El Salvador se establezca un diálogo diferenciado e informado entre las personas comprometidas con la protección del feto y las que desean que sea posible interrumpir los embarazos en situaciones de emergencia médica o psicológica aguda.
Otro tema que a menudo se discute aquí en El Salvador, en una conexión directa con el tema del aborto y que atrae mucha atención en el público mundial, es el destino de las llamadas 17-y-más mujeres. Según la argumentación de la Fiscalía, ellas han abortado y han sido condenadas a una pena de 30 a 40 años de prisión tras un juicio penal por el presunto homicidio de un niño. Pero por el contrario las organizaciones de derechos humanos y los abogados sostienen que las mujeres afectadas no intentaron abortar, sino que sufrieron abortos espontáneos a causa de problemas ginecológicos, y, por lo tanto, fueron condenadas injustamente.

Un análisis de las actas procesales de las 17-y-más mujeres sugiere que ha habido una serie de deficiencias procesales en el curso de los procedimientos penales. La conclusión resultante debe ser que estas mujeres no se han beneficiado de un juicio justo y que se han violado principios fundamentales como la presunción de inocencia o el principio in dubio pro reo. En este contexto, Alemania aboga por que todos los casos de las 17-y-más mujeres puedan ser objeto de una revisión de conformidad con los principios básicos del estado de derecho. Esto no se refiere explícitamente a la cuestión de la ley del aborto, sino a la cuestión de los derechos humanos fundamentales del acceso a la justicia y la concesión de juicios justos.

Confío en que también encontremos el apoyo entre los salvadoreños que están en contra del aborto cuando se trata de ayudar a las 17-y-más mujeres, todas ellas procedentes de entornos desfavorecidos; a tener juicios justos, juicios que respeten los principios a los que no renunciaremos ni siquiera en casos de confrontación con la justicia (y la opinión pública): presunción de inocencia e in dubio pro reo.

Continua en EDH el debate sobre la penalización absoluta del aborto: Federico Hernández, Rubén Zamora, Gaby Trigueros, y Mónica Pacas

Continua el debate que El Diario de Hoy ha abierto en sus páginas sobre la penalización absoluta del aborto y la propuesta de reforma. Comenzó con artículos de Morena Herrera y Regina Cardenal, siguieron tres columnas de Claudia Cristiani, y continúa ahora con posiciones de Federico Hernández Aguilar, Mónica Pacas de Rodríguez, Gaby Trigueros, y Rubén Zamora. Vamos a seguir documentando este debate.

Segunda Vuelta

 

Vidas en juego
De Federico Hernández Aguilar

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

En tres largos artículos escritos por mi amiga Claudia Cristiani, en su apoyo a la propuesta de despenalización del aborto presentada por el diputado John Wright, ella ofrece a sus lectores un panorama sobre la realidad ética y profesional de la medicina en El Salvador, que coincide con las historias de horror que la prensa mundial ha difundido en el mundo entero sobre la supuesta e inequívoca relación que existe aquí entre la defensa legal de la vida embrionaria y las muertes de mujeres y niñas embarazadas.

Este panorama, de hecho, es tan salvaje e inhumano que el Estado salvadoreño tiene “ya decidido” que una mujer embarazada no reciba “tratamiento médico contra el cáncer” (sic), que las niñas violadas se vean “obligadas a llevar a término el embarazo” (sic) aunque mueran en el intento y que los especialistas no tengan “seguridad jurídica para actuar” (sic) en caso de urgencia para salvar la vida de la madre. Para completar el cuadro, Claudia menciona “que las complicaciones relacionadas al embarazo y al parto son las principal causa de mortalidad entre niñas menores en edad reproductiva”, sin aclararnos que esa aseveración no corresponde a nuestro país sino a un informe mundial de la OMS.

Pero veamos. Para analizar con la debida seriedad este paisaje desolador, el sentido común nos lleva a plantear algunas interrogantes. De ser cierto lo que se afirma, ¿cuántos médicos son demandados al año por los parientes de niñas fallecidas debido a que no fueron intervenidas a tiempo durante su embarazo? ¿Cuántos jueces, colocando al embrión por encima del derecho a vivir de la madre en un caso complejo, han fallado contra esas madres o contra el personal sanitario responsable? ¿Qué profesionales de la medicina, bajo la pretendida “incertidumbre” legal que existe, han dejado morir a sus pacientes gestantes por desconocimiento (inexcusable) de los protocolos que se utilizan en los embarazos complicados?

Según la versión de los artículos que hoy comento, a estas alturas deberíamos tener cifras exorbitantes para responder con propiedad a estas tres preguntas sencillas. Las asociaciones feministas radicales y el mismo gobierno —que, por cierto, dedican ingentes esfuerzos a la búsqueda de estos casos, hasta por debajo de las piedras— tendrían munición de sobra para ilustrar a los diputados y darle la razón al señor Wright. Curiosamente, lo único que hasta la fecha han podido presentar es una historia manipulada que dio la vuelta al globo —la penosa crónica de “Beatriz”— y diecisiete narrativas criminológicas no vinculadas al delito de aborto. Poco, a decir verdad, para ese terrible infierno que a Claudia le han pintado sus fuentes.

¿Por qué la causa abortista no tiene estas escandalosas cifras a su disponibilidad? Precisamente porque la práctica deontológica médica incluye el “doble efecto” —equivalente al legal “estado de necesidad” o “inexigibilidad de otra conducta”, aludidos por Claudia— y los profesionales de la medicina (los que actúan con ética al menos) lo aplican sin mayores problemas, sobre todo en las situaciones en que existe una evidente colisión de derechos entre la madre y su bebé.

El “salvajismo” con que a veces se quiere revestir a nuestra legislación vigente le hace daño a la reputación del país de manera innecesaria. Ya suficientes problemas tenemos con nuestra diaria ración de violencia como para que nos prestemos a colaborar con esa ofensiva internacional que pretende imponernos su agenda abortista, con la ONU por delante.

La dura realidad de las violaciones a menores de edad invitan a que hagamos un amplio examen sobre las alternativas que existen, sin agregar a la tragedia del ataque sexual el otro drama del aborto. Para llegar a esas alternativas, sin embargo, lo que el diputado Wright debería promover es un debate sobre las causas del problema, en lugar de concentrarse en sus efectos (con los dilemas de moralidad que ello implica). Si hay buena voluntad para enfrentar el asunto desde todos los ángulos, los buenos ejemplos de tratamientos integrales a la llamada “gestación en crisis” están a la orden de quien quiera conocerlos.

Con respecto a la “decisión” que el Estado toma “a priori” para los embarazos difíciles, algunos tenemos una lectura distinta que también merece consideración. Aclarado ya que el Estado salvadoreño no obliga a nadie a morir para salvar a un embrión, lo que sí hace es procurar que ese embrión —el más inerme, el que menos puede defenderse— sea cosificado, anulado, destruido sin justificaciones válidas. Y yo personalmente estoy de acuerdo con que así sea, porque de lo contrario estaríamos habilitándonos como sociedad a poner condicionamientos al derecho a vivir. Y ya la historia humana ha demostrado con exuberancia hacia dónde nos lleva eso.

Entiendo que a mi amiga Claudia le haga ruido el papel estatal en este tema, pero me sorprende que no le escandalice el resultado práctico de la propuesta del diputado Wright, a saber: que un grupo de legisladores le diga al Estado cuándo nos debe obligar a reconocer que un ser humano es persona, es decir, objeto y sujeto de derechos en El Salvador. (Serían doce semanas, por ejemplo, en el caso de violación de una menor de edad). Si eso no es más arbitrario que la legislación actual, me encantaría conocer un argumento convincente que lo explicara.

Mañana abordaré otros aspectos de la postura de Claudia Cristiani que me parecen dignos de comentar, pero con todo respeto quisiera dejar claro que si los razonamientos detrás del proyecto legislativo del señor Wright coinciden con los señalados por ella, mucho me temo que siguen adoleciendo de sustentación suficiente. Después de todo, como bien dice mi amiga, hablar sobre la realidad del aborto es importante porque son vidas humanas las que están en juego.

 

Las columnas de Claudia Cristiani sobre el tema:
El aborto en el Código Penal
De lo teórico a lo real

Nuestros valores y derechos

Las columnas de Morena Herrera y Regina Cardenal

La columna de José Miguel Vivanco
La entrevista a Vivanco

 

¿Por qué ahora? Una reflexión en torno al aborto. De Rubén Zamora

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

En las últimas semanas se ha recrudecido el debate sobre la reforma al Código Penal respecto a la despenalización del aborto terapéutico, es decir, si es permisible que un médico, con el consentimiento de los interesados y durante los primeros meses del embarazo, pueda practicar el aborto en los casos de violación de una menor o cuando esté en inminente peligro la vida de la madre.

Nadie está pidiendo el aborto como un derecho absoluto de la mujer, cosa que como cristiano no puedo apoyar, aunque respeto las opiniones de quienes lo sustentan; pero este no es el caso en nuestro país, simplemente se trata de reintroducir algunos –no todos– los casos de aborto terapéutico permitido por la anterior legislación penal vigente por décadas y décadas, al igual que en la mayoría de los países del mundo, excepto unos pocos cuya base son países de religión islámica.

Los oponentes a esta reforma, argumentan, por un lado que permitirlo es un asesinato y por otra parte que el aborto es una violación ala ley divina de “no mataras”; ambos argumentos me parecen muy débiles.

Respecto al asesinato, se maneja como una apelación emotiva típicamente populista y no racional que apela al laudable sentimiento de preservar la vida, pero que, como todo sentimiento esta sujete a un buen numero de excepciones; aun más, analizado desde el punto de vista jurídico, carece de toda validez, pues carece del elemento de dolo, que es esencial en el asesinato; la motivación de estos casos es de otra naturaleza que igualmente apela sentimientos humanitarios; cuando se trata del aborto por violación, la motivación es el daño causado por un crimen en una persona legalmente indefensa y en el otro caso, es claro que la motivación es salvar una vida, la de la madre. Por otra parte, argumentar que porque la ley hoy no lo permite, queda absolutamente prohibido, no pasa de ser un sofisma, pues si la ley antes lo permitía, es la ley misma –en concreto la Asamblea Legislativa– la que puede permitirlo.

Respecto a la transgresión a la ley divina de “no matarás”, de nuevo nos encontramos con un sofisma, pues en la historia de la humanidad, si bien los preceptos divinos han sido y son un invaluable guía para la humanidad, están sujetos a excepciones que la sociedad acepta y apoya; el caso más evidente es que prácticamente todos los países aceptan no solo la existencia de los ejércitos y policías, sino la facultad que tienen de matar en determinados casos que la ley establece; así mismo, tenemos el caso de la legitima defensa que es universalmente reconocida y para abundar, recuerden que otro precepto divino es “no robarás”, pero el cristianismo desde Jesucristo le da la excepción de que en caso de estar muriendo de hambre es ético y licito robar alimentos.

Para terminar, quisiera plantear a quienes adversan las excepciones al aborto una pregunta: ¿por qué hasta ahora reclaman el cumplimiento de la ley divina y claman por asesinatos, si nunca lo hicieron cuando nuestra ley penal no solo permitía estos dos casos de aborto sino otros más? ¿Acaso entonces no eran asesinatos ?… ¿Acaso en todas esas décadas no estaba vigente la ley divina que hoy aducen? Porque no puedo pensar que ha sido por ignorancia de la ley y de la realidad del país, sobre todo cuando entre los que los acuerpan hay eminentes abogados que pasaron por estudios de Derecho Penal en la universidad.

 

Lo que en verdad está en juego
De Mónica Pacas de Rodríguez

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

Viendo las noticias, leyendo las redes sociales y escuchando lo que las personas comentan, me doy cuenta de que hay una terrible confusión cuando se habla y se discute en relación a la legalización o no del aborto llamado terapéutico o al aborto en los casos de embarazos fruto de una violación.

El viernes pasado presencié dos momentos diferentes en torno a este tema: el primer momento, una persona adulta, estudiada y formada, me preguntaba por qué no se debía considerar el aborto cuando el embarazo era fruto de las situaciones antes mencionadas. En ambas situaciones que están siendo consideradas legalizar, el bebé es no deseado y hasta odiado tal vez y se argumenta que se pone en riesgo la salud física y/o mental de la madre en caso de continuar el embarazo. El segundo momento, unos adolescentes hablando con total claridad y sentido común sobre por qué no se deben legalizar estos casos. A esto, sumémosle el debate que se ha generado a través de los diferentes medios masivos y otros ámbitos.

Esto me llevo a preguntarme la razón de esta ironía: los jóvenes con una consciencia clara y los adultos confundidos… La única respuesta que me resultó coherente es que las personas mayores estamos más “cargados”. Me explico.

En mi opinión, los adultos hemos sido influenciados poco a poco por una genial campaña a favor del aborto, en la que jugando con nuestras emociones, nos han ido presentando casos espeluznantes que nos han tocado la fibra de nuestro ser; y como es natural en todos, ha generado una reacción de rechazo ante estos embarazos. Algunos ejemplos: el papá que viola a la niña de 12 años y la deja embarazada; la señora que tiene cuatro hijos y ahora ha desarrollado una enfermedad que pone en riesgo su vida si continúa con el quinto embarazo; y así otra y otra y otra… Estas son realidades muy dolorosas que lastimosamente aquejan en nuestro país. Nadie lo puede negar. Y ese dolor compartido es algo que nos une a todos.

Sin embargo, se plantea el aborto como la única opción viable, cuando hay muchísimas medidas más que se pudieran implementar, en caso de querer ayudar a estas madres realmente. Se habla del aborto como de quitar una muela, sin hablar sobre las consecuencias que conlleva, tanto físicas, como mentales y emocionales.

Me parece que lo medular en esta discusión es que se está olvidando y dejando de lado el valor de la vida humana, que es el valor por excelencia. Sin vida no hay nada. Sin vida, todos los demás derechos humanos pierden sentido. Por tal razón, apelo a la sensatez y buena voluntad de quienes nos representan en la Honorable Asamblea Legislativa para que con audacia y valentía defiendan el valor de la vida y lo pongan por encima de cualquier otro tipo de interés o presión internacional. Y recordar que nadie, tiene el derecho de decidir sobre la vida de una persona. E invito a todos los salvadoreños a no dejarse confundir y cargar con amenazas, promesas e intereses personales o sectoriales. Informémonos bien antes de impulsar medidas que con certeza irían en detrimento de nuestra sociedad y encontremos otras alternativas que serían más favorables para todos. ¡Defendamos juntos la vida!

 

Nosotras decidimos
De Gaby Trigueros

18 abril 2018 / El Diario de Hoy

Quiero iniciar esta columna aclarando dos puntos que son esenciales y básicos. Primero, el Estado es laico y se ha diseñado de esa forma para que todos sus ciudadanos puedan convivir de manera civilizada, respetando las distintas creencias que cada uno pueda tener. Por ello es que existen cientos de países con miles de personas religiosas (de todo tipo) que se rigen bajo un marco de laicidad. Segundo, personalmente quiero hablar de la interrupción del embarazo en casos extremos, no promuevo una despenalización total ni tampoco me considero una “asesina”, que es como algunas personas, las que no han comprendido estos dos puntos básicos, me han señalado irresponsablemente. No entraré a detalle con los señalamientos, no vale la pena.

El tema de la despenalización del aborto en nuestro país ha sido extremadamente escabroso y, principalmente, incómodo para el sector ultraconservador de nuestra sociedad. Ese no es ningún secreto. De hecho, es ahí donde se origina el entrampamiento de este tema que no logra concretar un debate de altura y madurez en la Asamblea Legislativa, ante lo cual es importante esclarecer que este no debe ser un tema que se oriente bajo argumentos religiosos y mucho menos personales. Estamos hablando de una reforma al Código Penal en su artículo 133 A, para lograr que las mujeres salvadoreñas puedan tomar una decisión propia, con el apoyo de sus familias y orientación médica, y que no sea el Estado el que imponga una decisión en esos casos extremos.

Profundicemos en los casos extremos. Para ello les planteo un caso hipotético: si usted tuviese dos hijos y se vuelve a embarazar, y en el desarrollo de su embarazo el doctor diagnosticó que es un embarazo de alto riesgo y que usted podrá perder la vida, ¿quisiera usted que el Estado imponga una decisión absoluta sobre su caso, o prefiere tomar una decisión junto a su esposo y familiares bajo consejo médico? Retomemos el mismo caso hipotético, solo que en este, usted es soltera, viuda o simplemente no existe esa figura paterna para sus hijos, ¿qué será de sus hijos? ¿Quién debe escoger lo mejor para ellos, usted o el Estado? Ahora imaginémonos un caso extremo mucho más crudo, una niña de 12 años de escasos recursos fue violada por su tío, ella apenas podrá portar otra vida en su cuerpo y no tiene las posibilidades de recibir una nueva vida a este mundo bajo las condiciones dignas más básicas; esta niña no tiene a su padre, solo a su madre, ¿será justo que el Estado decida por ella o es mejor que la madre y sus médicos la orienten a tomar una decisión?

Considero importante mencionar que estoy hablando del poder de tomar decisiones sobre nuestras vidas y cuerpos, no estoy hablando de una obligación ante una interrupción del embarazo. Nada debe ser obligatorio; por ello el simple hecho de dignidad humana debe ser suficiente para que nadie imponga una decisión sobre alguien, ni el Estado ni ninguna organización. Las mujeres salvadoreñas somos capaces de tomar decisiones sensatas, de orientarnos adecuadamente con apoyo médico, y de escuchar a nuestra familia y saber qué es lo mejor para ellos, de todo esto y solo esto, debe abordarse el debate de la reforma al Código Penal. Este es un tema de ley que debe velar por el bienestar y salud de las mujeres salvadoreñas, como también debe fortalecer la capacidad de toma de decisiones que merece por derecho cada mujer.

La clave de la solución al problema está en debatirlo sin fanatismos o posturas absolutas, centrándonos en la protección de la vida y la salud de la mujer. Tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro para debatir con argumentos con altura. Es lo mínimo que merecemos las mujeres salvadoreñas.

@lagabyt

 

Vidas en peligro (2)
De Federico Hernández Aguilar

18 abril 2018 / El Diario de Hoy

En uno de sus artículos de respaldo al proyecto legislativo del diputado John Wright sobre el aborto, Claudia Cristiani nos hizo a sus lectores unas preguntas en torno a qué decisión tomaríamos si, de llegar a concretarse durante el embarazo una situación límite, nos tocara elegir entre la vida de nuestra cónyuge y la del hijo en sus entrañas. Como no tengo razones para esconder en mi conciencia esa respuesta, la doy sin problemas: los dos embarazos exitosos que hemos tenido fueron de alto riesgo, y la decisión de llevarlos hasta el final —pasara lo que pasara— ya estaba tomada por ambos.

Por supuesto, aunque admire como admiro la heroicidad de mi esposa, tengo claro que nuestras convicciones no pueden ni deben imponerse por ley a las demás parejas. Y aquí llegamos de nuevo a la arbitrariedad que yo mencionaba en mi artículo de ayer. El principio está por encima de la casuística. Por mucho que toda legislación tenga un grado inevitable de discrecionalidad, cuando estos marcos legales hacen referencia al derecho a la vida, nuestros criterios tienen que ser más amplios e interdisciplinarios que en otros asuntos. Me parece la posición más ética.

La jerarquía del derecho a vivir por encima de los demás derechos es no solo de orden social sino cronológico: jamás he visto a un muerto defendiéndose de nada. Pero el que incluso ese derecho tan importante tenga en la práctica límites y excepciones —los cuales también expliqué ayer— no significa que una legislación que señale o amplíe las causales para limitarlo sea la mejor respuesta en circunstancias complejas.

En última instancia es irrelevante cómo se llegó a determinada reforma en un código penal, siempre y cuando haya quien sepa exponer razones válidas para su vigencia. Si solo las falsedades a que se ha recurrido en otros países para legalizar el aborto invalidaran esas reformas, Estados Unidos, México, Chile y media Europa tendrían que volver a ilegalizarlo. La cuestión es cómo argumentamos nuestras posiciones y a qué fuentes recurrimos para ello.

Reconozco en Claudia la buena fe cuando dice que la propuesta de Wright “no pretende abrir puertas que siempre han estado cerradas” al aborto. El problema es que la evidencia histórica dice exactamente lo contrario. España, Alemania, Estados Unidos, Holanda, y un largo etcétera, son países cuya legislación permisiva de la interrupción del embarazo empezó con “excepcionalidades” y ha terminado ampliándose hasta prácticamente borrar casi cualquier obstáculo para las mujeres que quieran deshacerse de sus hijos.

No basta, pues, la buena fe. Se debe tener presente los contextos históricos en que ciertos proyectos de ley son empujados y el efecto que estos pueden tener en otros grupos de presión, que suelen necesitar de muy pocos resquicios para lanzarse a radicalizar los marcos vigentes. Tampoco debemos asumir que la verdad moral de las decisiones políticas descansa en mayorías coyunturales, como ya he tenido ocasión de exponer en otros artículos. Si casi todas las encuestas señalan hoy que los salvadoreños rechazan el aborto, cualquier cambio en esa opinión no dotará al aborto de mayor o menor moralidad.

Confieso que me costó mucho entender en qué sentido mi amiga Claudia introdujo el tema de la separación entre Iglesia y Estado en el último de sus tres artículos. Es obvio que nuestro Estado es laico y que a las diversas denominaciones cristianas les asiste el derecho de defender sus puntos de vista como a cualquier agrupación ciudadana. Por qué se insiste en eso dado que la decisión final queda en manos de legisladores, la verdad, no me queda claro. A menos que se presuponga que las iglesias están haciendo cosas indebidas para presionar a los diputados.

Si ese fuera el caso, las presunciones no solo deberían dirigirse a las creencias religiosas de la gente, sino también a las ideologías (que son otras formas de creencia, pero más perniciosas), porque es evidente que detrás del movimiento abortista en El Salvador hay bastante subjetividad y poca ciencia, además de mucho, mucho dinero. Si ese financiamiento se destina únicamente a movimientos feministas privados, la situación tal vez no sea tan grave; pero si por allí se cuelan fondos para partidos políticos o campañas gubernamentales, estaríamos delante de una intromisión escandalosa que convendría denunciar a nivel internacional.

Pero volvamos al tema de la arbitrariedad. Si yo le preguntara al diputado John Wright por qué doce semanas es un tiempo científicamente defendible para considerar “persona” a un ser humano en El Salvador, ¿cuál sería su respuesta? Si aludiera al aborto criminológico que tuvimos antes o a legislaciones de otros países, la pregunta seguiría en el aire: tampoco sus pares en esos países le ofrecerían respuestas satisfactorias, objetivas, apoyadas en las especialidades científicas a que corresponde acudir.

¿Qué diferencia habría entonces entre la justificación de hoy con una que en el futuro proponga que ese periodo de doce semanas se amplíe a quince o a veinte? Objetivamente, sin ciencia de por medio, no habría diferencia posible. Y eso es lo que pasa cuando nos arrogamos la autoridad para decidir quién vive y quién no vive: quedamos aparcados a centímetros de las tiranías.

Libres y responsables. De Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 13 abril 2018 / La Prensa Gráfica

El Salvador tiene 6.6 millones de habitantes. El 53 % somos mujeres. El promedio de edad es de 30.9 años. Oficialmente son 35 años de edad fértil (15 a 49). La práctica la amplía a 39 años (11-49). Hay 2.2 millones de mujeres salvadoreñas en edad de reproducirse con una tasa de fecundidad de 1.8. Las mujeres tenemos menos de 2 hijos durante 35 años de edad fértil y la estimación a 2050 no alcanza para el reemplazo de pareja. (DIGESTYC).

Las mujeres salvadoreñas tenemos menos hijos que hace 10, 20 o 30 años. La tasa de fecundidad ha bajado. En 2005 se estimó en 2.39 y en 2007 en 3.08. Los hogares salvadoreños tienen un menor número de miembros. Y la mayor parte de los hogares salvadoreños (64 %) tienen como “cabeza de hogar” a un hombre. Esta es la realidad.

¿Cuántas salvadoreñas se embarazan anualmente? Con las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL) no puede precisarse. ¿Se puede suponer que entre un 5 y un 10 % de las mujeres en edad fértil? Esto significaría que hay entre 100 y 220 mil embarazadas por año. No todas las mujeres se embarazan. Y en su mayoría, las que lo hacen, lo deciden y lo programan.

Las mujeres conocemos y demandamos métodos de planificación familiar. Se conocen los servicios del Ministerio de Salud. Las mujeres se abastecen de métodos temporales o deciden por un método permanente. En el año 2017, alrededor de 426,000 mujeres acudieron al Ministerio de Salud por servicios de planificación familiar temporal y 105,000 lo hicieron para métodos permanentes de planificación familiar.

Ese ministerio no registra al gran número de mujeres que opta por métodos naturales de control natal. Seguramente es la mayoría. El resultado es el mismo: menos embarazos y nacimientos por mujer. Y la mayoría de embarazos son normales y concluyen con el nacimiento de niños y niñas normales y sanos. Hay raras, rarísimas excepciones. Las mujeres somos libres y responsables con nuestra procreación.

Las mujeres somos libres y responsables con nuestra procreación. Tenemos mejor educación, tenemos acceso a información, sabemos tomar decisiones y asumimos las consecuencias. En todas partes y en todos los niveles esto es una realidad. ¿Cierto?

El aborto no es un método de control natal. Nada más alejado de la realidad; no se vale confundir y no puede negarse. Hay estadísticas en el Ministerio de Salud sobre mujeres que sufrieron aborto en 2017. Los registros varían entre 142 y 330. El número es irrelevante con relación a las mujeres atendidas por parto.

Los casos de aborto existen y deben abordarse responsablemente particularmente ante la iniciativa de ley. Se discute despenalizar 2 causas de aborto, descritas y limitadas al riesgo inminente de muerte de la mujer embarazada. Son excepcionales y numéricamente irrelevantes los embarazos que amenazan la vida de la mujer. La mayoría de mujeres tiene embarazos normales y felices. Una gran bendición.

Pero hay raras excepciones y de estas mujeres se trata. Hace 20 años se eliminaron las 4 causas de despenalización del aborto y allí, una minoría quedó condenada a la muerte. ¿No hay derechos? El decreto 520/2010 tipifica el suicidio feminicida por inducción como delito y reconoce la modalidad de violencia institucional. 20 años después ¿habrá consistencia e integridad en la defensa de los derechos de una minoría excepcional de mujeres? Ojalá.

Despenalización del aborto: nuestros valores y derechos. De Claudia Cristiani

Este es la tercera entrega de las posiciones de Claudia Cristiani sobre la prohibición absoluta del aborto en El Salvador y la necesidad de reformar y liberalizar la ley.

Claudia Cristiani, 12 abril 2018 / El Diario de Hoy

La discusión sobre la despenalización del aborto es importante porque hay vidas de por medio. Está claro que no es una discusión sencilla. No es una discusión entre buenos y malos, entre los que defienden la vida y lo que no la defienden (o están a favor de la muerte). Los ciudadanos tenemos derechos constitucionales diversos, a la vida, la salud, la libertad, la dignidad y debemos encontrar soluciones para los casos en los que estos entran en conflicto.

Es necesario situar la discusión en el ámbito en el que debe darse, que es el político (aquel en el cual los miembros de una sociedad resuelven los problemas que surgen de tener que convivir unos con otros). En El Salvador, la Constitución establece la separación entre Iglesia y Estado y, por tanto, las leyes deben establecerse con base en acuerdos sociales (políticos) y no con base en creencias religiosas. Lo anterior no quiere decir, desde ningún punto de vista, que no podemos tomar en consideración nuestros valores o nuestras creencias al establecer esos acuerdos, eso es imposible porque no somos robots.

Lo que sí quiere decir es que debemos estar conscientes de que los valores y creencias son relativos a las personas, no son absolutos. Es decir, lo que usted valora o cree no necesariamente es lo que todos valoran (o valoran de la misma manera) o creen. Y el derecho a valorar y creer cosas diferentes es uno de los principales derechos que la Constitución (y la democracia) protege.

En otras palabras, si bien pueden incidir, ni sus valores y creencias ni los míos pueden ser la base de nuestros acuerdos políticos. Si fuera de otro modo, viviríamos en una dictadura, como Cuba o Corea del Norte —en el caso que fueran los valores de unos los que se imponen sobre los demás— o en un Estado fundamentalista, como Afganistán —si fueran las creencias religiosas la base para definir las leyes de la República.

Si sus creencias religiosas le obligan a rechazar y condenar el aborto, eso no le otorga el derecho a exigir, por ley, que todos los demás ciudadanos también lo rechacen y condenen. A lo que sí tiene derecho es a no abortar o a no practicar un aborto, aunque éste esté despenalizado —y la propuesta de reforma en discusión no afecta ese derecho de ninguna forma. También tiene el derecho a promover y expresar sus creencias y valores e intentar convencer a los demás de creer y valorar lo mismo.

¿Qué propone el anteproyecto presentado por el diputado Wright? La despenalización del aborto por dos causales (que no sea delito en dos situaciones específicas): (1) para salvar la vida y preservar la salud de una mujer gestante y (2) cuando el embarazo es producto de una violación a una niña menor de edad. En ambos casos se requeriría el consentimiento informado de la embarazada (y sus padres en el segundo caso) y un dictamen médico previo.

Voy a repetir, para evitar confusión, que en ningún momento la reforma propone que la interrupción del embarazo tiene que efectuarse. Lo que propone es que la decisión sea de la mujer o niña embarazada (y sus padres) cuya vida o salud está en riesgo, previo dictamen médico, y no sea una decisión predeterminada por el Estado. En todos los demás casos —por ejemplo, embarazos no deseados, violación de mujeres adultas, cuando el no nacido es inviable fuera del útero— el aborto seguirá siendo un delito penado con cárcel.

También voy a repetir, para evitar malentendidos, que la mujer o niña gestante (y sus padres) pueden decidir no interrumpir el embarazo a pesar de los riesgos, y nadie puede obligarlas a hacer lo contrario. Millones de mujeres y niñas viven en países adonde el aborto está despenalizado en ciertos casos o legalizado totalmente y jamás han interrumpido alguno de sus embarazos.

Vale la pena recordar lo que expliqué en la primera columna de esta serie: de aprobarse la reforma, no estaríamos abriendo puertas que siempre han estado cerradas en el país, nos llevaría a una situación más restringida que la que ya teníamos en 1997 y que estuvo vigente desde 1974. Es decir, a una situación jurídica y de salud pública que ya se consideraba sensata y correcta en 1960, cuando se elaboró el anteproyecto que sirvió de base para ese código penal.

Voy a añadir unos datos que me parecen relevantes. A pesar de la desinformación que existe al respecto, según una encuesta realizada por Untold Research-CID Gallup en el 2017, el 60 % de los salvadoreños (3 de cada 5) considera que la legislación en materia del aborto debería modificarse. La misma cantidad considera que las mujeres y niñas gestantes deberían poder interrumpir un embarazo cuando su salud y vida están en riesgo (58 %). Y el 74 % (3 de cada 4) considera que “los médicos deberían estar autorizados para ofrecer la atención médica necesaria para salvar la vida de una madre, incluyendo la interrupción del embarazo”.

Ya mencioné en otra columna que las complicaciones relacionadas al embarazo y al parto son la principal causa de mortalidad entre niñas menores en edad reproductiva, no es necesario ser doctor para entender que para una niña de 12 años, un embarazo es de alto riesgo. Pero también hay estadísticas que indican que la criminalización absoluta del aborto no solo no mejora la situación ni de los no nacidos ni de las mujeres y niñas embarazadas —incrementan las muertes de mujeres gestantes porque los médicos no tienen seguridad jurídica para actuar o actuar a tiempo— sino que tampoco disminuye los abortos, los transfiere a la clandestinidad, lo cual incrementa la mortalidad de todos los involucrados.

Finalmente, voy a recalcar que yo no estoy a favor del aborto, que no quiero matar bebés, que sí estoy a favor de la vida. No soy una persona sin valores. Sin embargo, entiendo también que la realidad es complicada y que vivir en democracia a veces requiere tomar decisiones que no son ideales, pero sí necesarias.

Lea las primeras dos columnas de Claudia Cristiani sobre el tema:
El aborto en el Código Penal
De lo teórico a lo real

La despenalización del aborto: de lo teórico a lo real. De Claudia Cristiani

Claudia Cristiani, 11 abril 2018 / El Diario de Hoy

Voy a hacerle dos preguntas y quisiera que respondiera honestamente. Nadie va a saber cuál es su respuesta (solo su conciencia). Si a su esposa o hija embarazada le descubren un cáncer, ¿quién debería decidir si el embarazo debe continuar cuando el tratamiento requiere o provocará un aborto? Si a su hija, sobrina o nieta un hombre la viola y queda embarazada, ¿quién debería decidir si debe o no llevar a término el embarazo?

No tengo la menor duda de que la mayoría respondieron que ellas, la víctima, su familia. Tal vez algunos responderán que los médicos. Pero será extraño que alguno responda “el Estado”.

Pues cuando se aprobó el Código Penal vigente, los diputados respondieron esa pregunta y establecieron que es el Estado el que decide. Y decide a priori, sin conocer el caso particular. Es decir, para todos los casos, el Estado ya decidió. Decidió por usted, su hija, madre, esposa, sobrina, nieta. Decidió que no pueden recibir tratamiento médico para el cáncer y que están obligadas a llevar a termino el embarazo producto de su violación. Si hacen lo contrario, deben ir a la cárcel junto al médico.

Estas son situaciones reales a las que se enfrentan cientos de niñas, mujeres, padres y médicos en El Salvador. No, en la realidad son las niñas, mujeres y padres pobres y sus médicos los que se enfrentan a esa situación. Nosotros, los privilegiados, pudiéramos optar por viajar a un país con un código penal diferente para tener la opción de decidir por nuestra vida y salud.

Yo no estoy a favor del aborto. No quiero matar bebés. Estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de la despenalización del aborto en las dos situaciones contempladas en el anteproyecto del diputado Wright: (1) para salvar la vida y preservar la salud de la mujer y (2) en casos de violación de niñas menores de edad. Estoy a favor porque no estoy de acuerdo con que sea el Estado el que decide en esos casos, por encima de las niñas, mujeres, sus familias, sus médicos y de conocer la situación particular y real.

La legislación actual no contempla estos casos en términos reales. Las interpretaciones jurídicas que hay que realizar para tomar la decisión de interrumpir un embarazo sin temor a ir a la cárcel, no permiten que en la práctica funcione de la forma en que se dice que funciona. No nos engañemos. No estamos protegiendo a los no nacidos, estamos dejando morir, o matando si prefiere una descripción más honesta, a niñas y mujeres (pobres) o condenándolas a vivir con consecuencias para sus vidas que son injustas, probablemente inconstitucionales, y sin duda no merecen.

¿Por qué no los contempla en términos reales? Como explicaba en otra columna, en 1997 se aprobó un Código Penal que cambió el marco jurídico relativo al aborto. Se pasó de un modelo que contemplaba casos en los que la embarazada podía optar por un aborto sin que fuera un delito, como cuando es necesario para salvar su vida, a uno de “protección absoluta”, en el que no se reconocen excepciones expresas. Las embarazadas (y sus médicos) deben recurrir a las excepciones generales establecidas para todos los delitos para saber si la interrupción de un embarazo será considerado delito o no.

¿Esto qué quiere decir? Que los casos que no serán penados con cárcel son aquellos que cumplen con lo que se conoce como “estado de necesidad” o “inexigibilidad de otra conducta”. El primero se da cuando los intereses legítimos de una persona están en peligro y solo pueden ser salvados mediante la lesión de los intereses legítimos de otra persona. El segundo —cito el Código— cuando una persona está “en circunstancias tales que no sea racionalmente posible exigirle una conducta diversa a la que realizó”. La defensa propia es un ejemplo de estas excepciones. Es difícil entender cómo relacionar el aborto a estas excepciones, ese es parte del problema.

Adicionalmente, en la Constitución se establece que la vida humana comienza en el “instante de la concepción”, lo cual equipara a un embrión con la niña o mujer embarazada. Esto incide en la interpretación legal que hay que hacer para saber si se está o no cometiendo un delito al optar por un aborto.

El resultado es incertidumbre. Los médicos no tienen seguridad jurídica para actuar. Por ejemplo, en el caso de una niña que ha sido violada, embarazos considerados de alto riesgo (las complicaciones relacionadas al embarazo y al parto son la principal causa de mortalidad entre niñas menores en edad reproductiva), ¿qué certeza tiene un médico que el impacto que el embarazo va a tener en la salud de la niña justifica un aborto? Ninguna. Si un juez no está de acuerdo con su valoración, irá a la cárcel por 30 años pues se tratará de un homicidio.

¿Y qué certeza tiene un médico que la decisión de interrumpir un embarazo para tratar un cáncer es legal si éste no puede comprobar que el tratamiento va a ser efectivo? Ninguna. No puede intentar curar el cáncer porque lo que la ley exige es que intente salvar a ambos, no darle prioridad a uno sobre otro. Y el resultado probable es que ambos morirán.

A pesar de que se defiende como una ley que valora a todos igual, en realidad le otorga más peso al no nato. Éste solo entra en el conflicto de derechos con respecto a su derecho a la vida, pero las niñas y mujeres tienen otros derechos adicionales que se ven afectados —su salud, su dignidad, su libertad— y estos serán juzgados como menos importantes. Sabemos también que no se va a juzgar de la misma forma la muerte del no nato, consecuencia de un aborto, y el riesgo de muerte de la mujer o niña embarazada si no se lleva a cabo.

El resultado es que se están obviando y violando derechos constitucionales de niñas y mujeres en aras de defender un supuesto: la protección de la vida. Un supuesto porque las estadísticas en la materia parecen indicar que la penalización absoluta del aborto lo que provoca son más muertes.

 

Lea la primera columna de Claudia Cristiani sobre el tema:
El aborto en el Código Penal

 

El aborto en el Código Penal. De Claudia Cristiani

Claudia Cristiani, 10 abril 2018 / El Diario de Hoy

Primero unas aclaraciones de carácter personal para evitar malentendidos o descalificaciones innecesarias: ¿Estoy a favor del aborto? No. ¿Quiero matar bebés? Por supuesto que no. ¿Estoy a favor de la vida? Sí.

Hablar sobre la despenalización del aborto es importante porque hay vidas de por medio. Es evidente que hay mucha desinformación sobre lo que contempla la propuesta de reforma presentada por el diputado Wright al respecto y es necesario atender esa desinformación para que podamos hacer un análisis y tener una discusión responsable (y no repetir los errores del pasado).

Para comprender se requiere un poco de contexto. El aborto siempre ha sido un delito penado con cárcel en El Salvador. Sin embargo, el sistema jurídico salvadoreño siempre había contemplado atenuantes (situaciones que ameritaban una disminución de la pena), desde el siglo XIX, y excepciones (situaciones que no eran punibles o despenalizadas), a partir del Código Penal de 1974, que se basó en un anteproyecto elaborado en 1960 por importantes juristas nacionales.

El Código del 74 contemplaba cinco excepciones: el aborto culposo (producido por un accidente o conducta que no tenía intención de provocarlo, como un accidente de carro) y el aborto tentado (un intento de aborto que no es exitoso) cuando eran cometidos por la embarazada; el aborto terapéutico (realizado para salvar la vida de la embarazada); el aborto criminológico (realizado cuando el embarazo es producto de violación o estupro), y el aborto eugenésico (realizado cuando el feto tiene graves malformaciones –actualmente se refiere a casos en los que no sobrevivirá fuera del útero–).

Esto se conoce como el “modelo de indicaciones”, que castiga el aborto como regla general, pero lo permite en ciertas situaciones para atender derechos de la mujer o niña embarazada en conflicto con el no nato (vida, salud, libertad y dignidad). En términos generales, la evolución de la legislación venía respondiendo al desarrollo de las corrientes jurídicas internacionales al respecto.

Sin embargo, el Código Penal actual, que entró en vigor en 1998, cambia ese curso y establece un sistema diferente, más apegado al modelo de “protección absoluta” (que existe solo en 5 países del mundo). En este modelo no se reconocen excepciones explícitas, sino únicamente las excepciones generales que se establecen para todos los delitos (más sobre esto en la siguiente columna). En el Código del 98 se dejó sin modificaciones el aborto culposo y el tentado, pero se criminalizó el aborto terapéutico, criminológico y eugenésico. Es decir, se eliminaron aquellas disposiciones en las que se atendían los derechos de la mujer o niña embarazada.

¿Por qué se dio ese giro? El anteproyecto de reforma preparado por el Ministerio de Justicia en 1994 (que sirvió de base para el Código finalmente aprobado) no alteraba el curso y mantenía las excepciones contempladas en el Código del 74; sólo modificaba los plazos en los casos del aborto criminológico (hasta la semana 12 de gestación) y del eugenésico (hasta la semana 22 de gestación). En todos los casos debía participar un médico y se requería el consentimiento de la mujer o niña embarazada.

Sin embargo, representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica criticaron el anteproyecto con base en declaraciones imprecisas e incluso falsas, aduciendo que lo que se pretendía con la reforma era legalizar el aborto. Esto dio pie a una serie de artículos y editoriales escritos por los sectores más conservadores de la sociedad, que hicieron eco de esa imprecisión y ejercieron una fuerte presión sobre los diputados para que modificaran el anteproyecto. En su momento esto fue denunciado por diferentes actores nacionales, pero no hubo ningún esfuerzo por rectificar la falsedad ni por parte de la jerarquía eclesiástica ni por parte de los grupos y personas que utilizaron sus declaraciones para promover sus propias agendas e intereses.

Ante las demandas de estos grupos, una reforma al Código Penal que respondía a la necesidad de adecuar las leyes a los Acuerdos de Paz y en la que se iba a actualizar lo relativo al delito del aborto, terminó cambiando el modelo jurídico relativo a ese tema. Se pasó del que se venía desarrollando en el país (y en la mayor parte del mundo) a lo largo de su historia, a uno que ha sido señalado por expertos y organizaciones nacionales e internacionales, incluida la CSJ, por no cumplir adecuadamente con la protección de derechos constitucionales.

¿Qué propone el anteproyecto presentado por el diputado Wright? Contempla la despenalización del aborto por dos causales (en dos situaciones): (1) para salvar la vida y preservar la salud de una mujer gestante y (2) cuando el embarazo es producto de una violación a una niña menor de edad. En ambos casos se requeriría el consentimiento informado de la embarazada (y sus padres en el segundo caso) y un dictamen médico previo.

De ninguna manera pretende legalizar el aborto. No pretende abrir puertas que siempre han estado cerradas. De hecho, de ser aprobado, ni siquiera regresaríamos al marco jurídico de 1974 (y elaborado en 1960) pues deja fuera causales que ya estaban contempladas en ese Código Penal y que estuvieron vigentes hasta 1998, como los embarazos producto de la violación de mujeres adultas y los casos en los que el no nacido no puede sobrevivir fuera del útero.

Termino señalando que el hecho de que estas dos causales se despenalicen no quiere decir que resulta obligación interrumpir el embarazo en esas situaciones. La implicación que tiene es que, en esos dos casos específicos, la decisión no la tomará el Estado sino la madre o niña embarazada con el apoyo de sus médicos.

* Se agradece y reconoce la información proporcionada en la investigación realizada por O. E. Feusier con respecto al desarrollo de la jurisprudencia relativa al aborto en El Salvador.

El Diario de Hoy abre sus páginas al debate sobre el aborto

No debe pasar desapercibido lo que es una decisión editorial trascendente. Un periódico de larga tradición conservadora como El  Diario de Hoy ha abierta sus páginas a un debate serio y plural sobre la reforma a la legislación que prohíbe el aborto. Ya hace días EDH publicó una columna y luego una extensa entrevista, dando voz a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, quien solicita a la Asamblea modificar la prohibición absoluta del aborto. Y hoy el mismo periódico publica dos columnas, una de la feminista Morena Herrara, otra de la activista pro-vida Julia Regina de Cardenal, que marcan las posiciones opuestas en este tema. Es una decisión editorial valiente que hay que aplaudir.

Segunda Vuelta

Atendiendo un problema de salud pública: la reforma al Artículo 133 del Código Penal. De Morena Herrara

Mórena Herrera, 6 abril 2018 / El Diario de Hoy

En abril se cumplen 20 años de vigencia del Código Penal actual en El Salvador que resultó de los Acuerdos de Paz, fue pensado como instrumento en la construcción de paz y la procuración de seguridad jurídica para la población. Es el mismo Código que penalizó absolutamente el aborto, lo cual no estuvo propuesto ni siquiera por el equipo jurídico del expresidente Calderón Sol, que gobernaba entonces. Las presiones de algunos sectores llevaron a aprobarlo así, por una mayoría de parlamentarios, sin prever las graves consecuencias que tendría en la salud y vida de niñas y mujeres salvadoreñas.

Dos décadas de aplicación han evidenciado los impactos negativos de esta medida, mucho dolor para numerosas familias, a causa de una legislación que parece insensible a realidades cotidianas que se viven en hospitales públicos, en ciudades y comunidades rurales. Estas realidades tienen caras y datos concretos en estadísticas nacionales.

Recuerdo la desesperación en la mirada de una madre cuya hija de 15 años de edad enfrentaba un segundo embarazo de pocas semanas. Su hija ya tenía una niña de 20 meses; en ambos casos los embarazos fueron resultado de violaciones sexuales de hombres armados que llegaban a su comunidad y se llevaban por unos días a las niñas y adolescentes. La señora acudió con su hija y nieta al Hospital de Cojutepeque pidiendo que interrumpieran el segundo embarazo, pues su hija padecía de graves niveles de anemia. “Ya no les puedo cuidar —decía— y mi hija no tiene fuerzas para aguantar este segundo embarazo”. A esta mujer, que vende verduras en el mercado, los médicos le indicaron pedir autorización en Fiscalía; la respuesta fue otra amenaza: si su hija perdía el embarazo, la primera en ir a la cárcel sería ella.

Conversando con el doctor Ortiz Avendaño, quien por años dirigió el Departamento de Perinatología del Hospital de Maternidad (ahora Hospital Nacional de la Mujer), me contaba cómo la experiencia de una niña de 10 años le fue abriendo los ojos ante la realidad que enfrentan las niñas: ella estaba embarazada y la tuvieron ingresada por varias semanas, debido a que padecía de una cardiopatía congénita. El embarazo inició cuando la niña tenía 9 años, resultado de constantes abusos y agresiones sexuales de su padrastro. “Era un cuerpo pequeño que apenas cubría la mitad de la cama; en visita con médicos residentes e internos, llevábamos hilos y telas para que bordaran las pacientes que permanecían ingresadas por más tiempo. Le preguntamos si quería bordar, ella nos preguntó ‘¿Y crayolas no tienen?… es que a mí me gusta colorear’. Los médicos nos quedamos sin respuesta, con un nudo en la garganta. Allí me di cuenta de que era solo una niña, que hasta entonces mi abordaje medico era muy biológico”.

Como estas, hay miles de historias. Hace unos años se empezó a poner atención sistemática a este problema; para 2012 el Minsal registró 1,770 inscripciones maternas de niñas de 10 a 14 años, y aunque las cifras van decreciendo, en 2016 solo habían bajado a 1,166. Son niñas que no tienen el desarrollo físico y psicológico para enfrentar embarazos impuestos. De acuerdo con nuestra legislación, se trata de abusos y violaciones sexuales. El Salvador solo ofrece a estas niñas continuar con el embarazo, que para muchas significa una tortura.

Otra consecuencia grave de esta ley son los riesgos a la salud y a la vida de mujeres que enfrentan complicaciones en el embarazo. Para 2017 el Minsal reportó que el 97 % de muertes maternas fueron por causas prevenibles. Se trata de mujeres y adolescentes que en algunos casos padecen enfermedades previas, agudizadas con el embarazo, tales como insuficiencia renal, cardiopatías, diabetes, tumores cancerígenos, pancreatitis y otras. Algunas se habrían salvado con interrupción del embarazo a tiempo. También se encuentran los embarazos ectópicos, cuya prolongación representa graves riesgos a la salud de la madre.

Otro riesgo a la salud son patologías fetales que los avances científicos permiten diagnosticar en etapas tempranas del embarazo como malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, lo que significa que no sobrevivirán fuera del vientre materno. Según la doctora Mena Ugarte, Coordinadora del Comité de Patología Fetal del Hospital Nacional de la Mujer, en ese hospital se registra un promedio de cuatro casos mensuales con estas características; la más frecuente es la anencefalia, que es cuando no se logra formar el cerebro o la bóveda craneal. No se trata de niños con síndrome de Down, cuya sobrevida y posibilidades de desarrollo están más que confirmados.

Estas consecuencias apuntan a un problema de salud pública y de derechos, es decir, a un problema de Estado, que requiere ser abordado con responsabilidad por todos los partidos políticos, para que una vez aprueben la reforma al artículo 133 del Código Penal, se proceda a establecer políticas específicas en instituciones de sanidad pública que permitan a mujeres, adolescentes y niñas que lo necesiten, el acceso a servicios en condiciones seguras, independientemente de su nivel socioeconómico. Esto impediría a la vez, que se hiciera negocio con este servicio.

Nadie realmente está a favor del aborto, pero en determinadas circunstancias puede ser la solución que cause menos daño. Por ello es necesario abrir nuestros corazones y nuestras mentes a un debate franco y no polarizado sobre este problema de salud pública, y sobre todo, que exijamos a nuestra Asamblea Legislativa que no dilate más la aprobación de esta reforma.

 

¿Despenalizamos el robo, los secuestros, los asesinatos? De Julia Regina de Cardenal

 

Julia Regina de Cardenal, 6 abril 2018 / El Diario de Hoy

Aunque el homicidio es penalizado aquí, siempre habrá asesinatos. ¿Les parecería lógico proponer la despenalización de la “interrupción de la respiración” de personas en algunos en casos especiales como solución para erradicar estas muertes? Por ejemplo poder matar legalmente 1. a personas con edades o enfermedades “no compatibles con la vida” o con riesgo a tenerlas; 2. a personas cuyos padres han sido violadores, criminales o cuyas madres han sido víctimas de violación o trata; 3. a personas que podrían poner en peligro la vida de otros, tales como conductores temerarios, médicos o enfermeras que causan daños a pacientes por errores humanos, etc. Los mismos argumentos se podrían usar con el robo, los secuestros y otros delitos que a pesar de ser penados siempre se van a seguir cometiendo.

¿Les parecen propuestas absurdas? Esto es lo que propone la industria del aborto para lograr establecer su inhumano negocio alrededor del mundo. Sus estrategias son tergiversar el lenguaje, mentir, manipular, usar a las personas, comprar voluntades, corromper y matar a los más indefensos. Tienen mucho dinero y años de experiencia creando tácticas nuevas, falsas estadísticas, contratando y entrenando promotores muy bien pagados para que vengan a nuestros países a presionar a nuestros legisladores para que legalicen el negocio lucrativo del aborto, irrespetando a nuestra soberanía.

Invierten millones en crear organizaciones con nombres bonitos para humanizar una barbarie contra la persona más vulnerable, tales como “derechos humanos”, “derechos reproductivos”, “derecho a decidir”, etc. La realidad es que no existe el derecho a matar, solo el derecho a la vida.

Odian que se sepa la verdad sobre la sangrienta crueldad con la que matan a los bebés por nacer. Niegan que la ciencia ha demostrado que son personas humanas únicas e irrepetibles con derechos iguales a cualquiera de nosotros. Utilizan a las mujeres que tienen embarazos en dificultades haciéndoles creer que quieren ayudarles cuando la verdad es que no importa si les perforan el útero, los intestinos, la vejiga, si quedan estériles, si quedan con traumas irreparables o si mueren. Tratan de callar a muchas mujeres que han salido del silencio después de un aborto para denunciar todos los daños que sufrieron.

Se hacen pasar por nobles, bondadosos y hasta quieren hacer creer que el aborto es un acto caritativo. La frases claves que los desenmascaran cuando hablan de “despenalizar” el crimen del aborto son: “por lo menos en los siguientes casos” o “es un derecho de la mujer”, con lo que aceptan estar detrás de la legalización del aborto por demanda, por cualquier circunstancia. Abortar es matar. Las mujeres y sus hijos merecen lo mejor. Suficiente violencia y muerte tenemos en el país.

Mientras en los países que tienen legalizado el aborto se están cerrando centros de abortos, gracias a que muchas mujeres están realizando cómo este negocio sanguinario las explota y engaña, los aborteros buscan dónde poder abrir nuevas sucursales de la muerte.

Mañana hay una marcha provida organizada por pastores evangélicos que piden que nos unamos a defender el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sería bueno que las familias salvadoreñas seamos la voz de esos pequeñitos indefensos.

Un país que no tiene una política de apoyo a la mujer y al bebé ha fracasado. Nuestro país debe demostrar que ayuda a las mujeres con embarazos en dificultades brindándoles toda la atención que ambos necesitan, pero nunca aceptaremos la violencia y la muerte como solución.

 

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