Para creyentes y afortunados. De Erika Saldaña

Las cartas están sobre la mesa; la reforma de pensiones debe ser integral, contemplar las propuestas y observaciones de todos, no solo de los creyentes en el Gobierno o de los más afortunados.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 6 marzo 2017 / EDH

En El Salvador ya llevamos varios años con una bomba de tiempo que atenta con explotarnos en la mano. La reforma de pensiones sigue pendiente, postergando la toma de muchas decisiones que afectarán la vida de todos los ciudadanos de un país que busca soluciones y garantías sobre el derecho a una pensión digna. Para todos. Algo bueno ha pasado en los últimos días; distintas organizaciones presentaron recientemente una contrapropuesta a la ofrecida por el gobierno el año pasado, reviviendo un debate que estaba guardado en el congelador  y obligándonos a retomar las discusiones.

De ambas propuestas para reforma de pensiones hay que considerar lo bueno y lo malo. La idea de una pensión universal propuesta por el Gobierno ayudaría a mantener un mínimo de vida a todos los salvadoreños en la vejez. Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados de la propuesta presentada es que condiciona la entrega de la pensión a la disponibilidad de fondos que tenga el Estado; con las habilidades que ha demostrado el Ejecutivo en la elaboración de presupuestos y cumplimiento de obligaciones, es probable que las pensiones se conviertan en otra promesa sin cumplir y solo sus férreos creyentes confíen la promesa.

La propuesta hecha por el sector privado plantea reestructurar y ordenar los gastos provenientes de la deuda provisional, así como extender el plazo de pagos pendientes, dando un respiro a las ya forzadas finanzas públicas. Además, dentro de la cotización se constituye una reserva vitalicia, la cual permitirá mantener la pensión en caso que el monto ahorrado por el cotizante se agote.

Un punto propuesto por la iniciativa privada es que se aumente la tasa de cotización; esta ayudaría a obtener una pensión mayor y más estable a futuro, pero no considera el impacto que puede tener a los bajos sueldos que se devengan en el país. Es necesario analizar propuestas paralelas que permitan implementar esta medida y no afectar el agotado bolsillo de los salvadoreños.

Considerando ambas propuestas, ¿tendremos los salvadoreños una pensión que nos permita vivir dignamente en la vejez? La repuesta a esto depende de las condiciones de cotización de cada uno. La pensión de una persona será alrededor del 40 % del sueldo con el que cotice; entre más alto es su sueldo, mayor será su pensión; esto hay que insertarlo en una realidad donde solo una mínima cantidad de trabajadores gana más de mil dólares mensuales. Y depende de si el nivel de ingresos le permite a alguien hacer aportes voluntarios de manera permanente. Así, el sistema podría garantizar una pensión digna y suficiente para las personas más afortunadas, aquellas que gozan de un buen empleo en el presente y lo mantienen por varios años.

Al analizar los proyectos del Gobierno y del sector privado, una vez más se dejan a un lado las medidas que muchos expertos señalan como necesarias para tratar de solucionar el problema de insostenibilidad de las pensiones. Hay cuestiones complicadas que no se contemplan, por ejemplo: aumento de la edad de retiro, cuando hoy tenemos la esperanza de vivir alrededor de 73 años o más, mientas la edad de retiro se mantiene en 55 y 60 años; aumento de cobertura del sector que se mantiene informal o que no tiene trabajo, considerando que solo 1 de cada 4 personas invierte para tener una pensión a futuro. Estas medidas son impopulares y nadie quiere asumir el costo político de decisiones técnicas y realistas. En ese sentido, las propuestas dan un paso adelante en la restructuración del sistema de pensiones, pero aún resultan insuficientes para resolver el problema de las pensiones.

Para estructurar una propuesta que soluciones la bomba de tiempo de las pensiones, hay que abrirnos al diálogo y retomar las cosas buenas de cada postura. El Gobierno debe dejar de tratar de resolver su problema fiscal con los fondos de pensiones; ese dinero no puede tener un fin distinto ni asumir ningún tipo de riesgo. Por otra parte, las propuestas privadas deben contemplar opciones realistas y no caer en un populismo disfrazado al ignorar puntos necesarios. Las cartas están sobre la mesa; la reforma debe ser integral, contemplar las propuestas y observaciones de todos, no solo de los creyentes en el Gobierno o de los más afortunados.

 

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