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Carta a los legisladores opositores: Asuman su papel. De Paolo Luers

12 febrero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Hablo a los que a partir del 1 de junio serán opositores al nuevo gobierno. Bueno, esto es lo que se supone y espera. A los legisladores de todos los partidos que para las elecciones del 3 de febrero tuvieron otra propuesta política diferente a la que ganó (FMLN, ARENA, PCN, PDC) les toca ejercer la oposición. Y ojo: Una oposición con tan amplia mayoría parlamentaria como la que tendrán ustedes tiene un compromiso especial: ser el contrapeso efectivo al nuevo gobierno; la garantía que este no viole la institucionalidad del país y no atente contra su viabilidad fiscal. No hace falta que los diputados de oposición ahora se apuren a asegurar públicamente que “van a apoyar todas las iniciativas del gobierno que sean en beneficio del pueblo”. Esto se entiende por si mismo, es la esencia de la función legislativa y del mandato de cada diputado.

Les pido que nos ahorren el vergonzante espectáculo de diputados, supuestamente de partidos opositoras al nuevo gobierno, moviéndole la cola al nuevo poder, asegurándole que cuente con ellos para construir gobernabilidad. Construir gobernabilidad es tarea del presidente electo y depende de su disposición y capacidad de concertar con iniciativas legislativas que pueden tener el respaldo de la oposición. Ustedes, en vez de ofrecer gobernabilidad antes de que el gobierno haya dicho qué propone, deben dejar claro que construir gobernabilidad no funcionará ni con prepotencia, ni con chantaje, y mucho menos con extorsión política. Funcionará con capacidad de negociación del gobierno y con su disposición de tomar en cuenta que no dispone de mayoría legislativa, y que por tanto, tiene que hacer concesiones.

El discurso del presidente electo y su equipo es: Esta mayoría legislativa ya no vale, la mayoría que se expresó en las elecciones presidenciales la invalidó. Ojo: Así comienza a expresarse el menosprecio a la democracia representativa y su regla básica: la separación de poderes. El principio de “winner takes all” (“el ganador toma control total”) solo aplica en sistemas antidemocráticos. En nuestra democracia, el ganador tiene que asumir su lugar dentro del sistema de pesos y contrapesos – y dentro de una dada correlación de fuerzas en la Asamblea. Que el presidente electo aprenda esto rápido depende mucho de la actitud firme de ustedes los diputados. A esto me refiero cuando digo: Asuman su rol de oposición, si no, nadie los va a respetar, mucho menos el flamante ganador de las elecciones presidenciales.

Dicen que no hay que obstruir al gobierno entrante, y que si le va bien al presidente electo, le va bien al país. Cuidado con estas afirmaciones. Oposición no es igual a obstrucción. A partir del 1 de junio va a existir una determinada correlación de fuerzas entre el gobierno y el parlamento. Que la mayoría legislativa haga valer su mandato recibido en las elecciones del marzo 2018, no es obstrucción, es cumplir su mandato. La ciudadanía, en dos elecciones separadas, ha dado a unos el mandato de gobernar y a otros el mandato de legislar y controlar el poder. La manera que se resuelva esto sin generar parálisis es la negociación, no la sumisión.

Muchos que ahora votaron por Bukele, Gana y Nuevas Ideas, lo habrán hecho asumiendo que no es un gran riesgo, porque existen una mayoría opositora en la Asamblea que no va a permitir que atente contra la Constitución y los intereses de la nación. La gente entiende esto de los pesos y contrapesos mejor que muchos funcionarios. No le defrauden.

Y tampoco es cierto que siempre que le va bien al gobierno, le va bien al pueblo. A Saca y a Funes les ha ido demasiado bien cuando estaban gobernando, pero al resto del país no – y la Asamblea no ejerció su responsabilidad de controlarlos. En el caso actual, al pueblo le va bien, siempre y cuando los pesos y sobre todo los contrapesos funcionan bien. Ustedes como opositores, de izquierda y de derecha, tienen la tarea de garantizar que en el 2021 los contrapesos no se quiten ni debiliten.

El gobierno entrante necesita triunfos rápidos para mantener su actual apoyo popular y en el 2021 arrasar con la Asamblea. De ustedes, en gran medida, depende que esto no pase, porque sería bien peligrosos para la democracia.

Saludos,

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Representantes, no autócratas electos. De Manuel Hinds

19 noviembre 2018 / EDH-OBSERVADORES

Recientemente se generó en los medios de comunicación una controversia que no debería de poder concebirse en una democracia liberal representativa. Varios representantes electos, sirviendo ahora en la asamblea y en alcaldías, de ARENA, el FMLN, GANA y otros partidos políticos, censuraron a los ciudadanos que estaban dando sus opiniones sobre la elección de varios magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil. Según estos funcionarios, estas opiniones se interponían en debates en los que solo ellos tenían el derecho de participar. Más aun, Sus Majestades censuraron no sólo el atrevimiento de dar opiniones que pudieran contradecirlos a ellos sino también el inaceptable crimen de organizarse en grupos de la “sociedad civil” cuyo propósito, dijeron ellos acusatoriamente, es el de fiscalizar (¡que barbaridad!) a dichas majestades e influenciar sus decisiones.

Con estas vergonzosas intervenciones estos funcionarios demostraron que ignoran la esencia del régimen democrático en el que ellos sirven. Es, pues, importante explicarles a ellos las características más importantes de dicha esencia en términos que ellos puedan entender.

Hace muchos, mucho años, este régimen, llamado democracia representativa, quitó la soberanía a los autócratas medievales y la puso en el pueblo, que sustituyó a los autócratas con personas que los representarían a ellos, escogidos en elecciones periódicas. Este punto es crucial. La democracia representativa no sólo sustituyó la manera de determinar quiénes ocuparían las posiciones en los gobiernos—de herencia se pasó a elecciones—sino también eliminó la figura del autócrata—no solo la del rey sino también la de condes y duques que ejercían autocracia en las localidades. Y en ese proceso, convirtió a los presidentes, primeros ministros, diputados, y otros funcionarios en sirvientes del pueblo. Los señores que se sienten ofendidos de que alguien opine sobre lo que ellos hacen deben entender que desde hace cientos de años ellos ya no son duques ni condes, que no son autócratas electos sino sirvientes del pueblo, y que cuando les dicen mandatarios no es porque mandan sino porque tienen un mandato del pueblo para hacer lo que el pueblo quiere que se haga. Así, la palabra más adecuada para referirse a ellos cuando protestan porque el pueblo opina es que son “sirvientes respondones”.

Pero los respondones también ignoran que existe algo que se llama el Imperio del Derecho, que es lo que da estructura y solidez a la democracia porque protege los derechos del individuo contra, precisamente, los respondones que se creen que son Luis XIV porque ganaron una elección. Ignoran también que dentro de los derechos que protegen al pueblo está el que se consigna en la libertad de expresión. Esta libertad es más importante, infinitamente más importante que cualquier respondón, por muy importante que él se crea. Y es precisamente por eso que la sociedad civil se interesa tanto en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema en general, que tampoco son emperadores sino que deben garantizar ese y otros derechos ciudadanos.

Finalmente, los respondones también han demostrado que ni se fijaron que cuando tomaron posesión de su puesto juraron defender la Constitución, que no sólo consigna esta manera de gobernar al país sino que también defiende los derechos de los individuos que ellos quieren violar con la prepotencia que proviene de su fantasía de ser autócratas.

En su libro “Los amigos de Voltaire”, la escritora británica Evelyn Beatrice Hall acuñó, atribuyéndola a Voltaire, la cita siguiente: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Esta cita resume la esencia de la democracia, y deberían de saberla de memoria todos los funcionarios y ciudadanos del país.


Carta a la Asamblea: Turismo desvergonzado. De Paolo Luers

22 septiembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados diputados:
A ver si entre ustedes hay un cuerdo y valiente que presente en la próxima plenaria la siguiente iniciativa: “Esta Asamblea no designa a ninguna delegación oficial a viajar a Roma para representar a este Órgano del Estado en la canonización de monseñor Oscar Arnulfo Romero, porque no corresponde a las funciones que la Constitución nos asigna. La Asamblea otorgará permiso sin goce de sueldo a cualquier diputado, quien a título personal y pagándose el viaje decida asistir a dicho evento.”

Fuentes de la Asamblea dieron a conocer que los diputados Francisco Merino del PNC, Numan Salgado de GANA, y Nidia Díaz del FMLN viajarán a Roma en representación de la Asamblea. Según reportes periodísticos, la Asamblea gastará $8,831.29 solo en boletos aéreos: $4,264.05 para el boleto de Chico Merino; $3,070.09 para el boleto de Numan Salgado; y $1,526.15 para el boleto de Nidia Díaz.

¡Que raro! Las líneas aéreas ofrecen boletos ida y vuelta San Salvador-Roma, clase económica, entre $1,000 y $1,200. Y varias agencias de viaje ofrecen paquetes completos por $2,341.00, que aparte del vuelo incluyen hoteles, desayunos para 6 días – y hasta excursiones a Venecia y Florencia.

No, pero esto solo es para la gente honrada. Nuestros diputados, aparte de gastar en boletos a precios exorbitantes, recibirán entre $3,956.25 (Nidia Díaz) y $4,736.25 (Salgado y Merino) en viáticos. Esto es, para decirlo sin ofender, escandaloso. Ustedes tienen que revertir esta decisión, sea quien sea quien la haya tomado.

Pero no solo es el problema de los costos y de la sinvergüenzada de cobrar tantos viáticos. Más allá de esto es un problema institucional y político. Institucional, porque constitucionalmente no le corresponde a la Asamblea (ni al gobierno, ni al órgano judicial) hacerse representar en actos religiosos. Somos un Estado laico, y por más importante que la canonización sin duda es para la nación salvadoreña, no es un asunto del Estado.

Y el problema político: ¿Realmente nos sentiremos dignamente representados, en un evento de importancia global y con tanto peso ético como la canonización de monseñor Romero, por Francisco Merino?

Los que deben asistir a este evento, representándonos ante los ojos de todo el mundo, son los personajes con más peso moral y estatura ética de nuestro país, no funcionarios mediocres y de dudosa reputación. Muchos de ellos son representantes de comunidades humildes, pero estoy seguro que habrá fondos privados para financiar estos viajes.

Ustedes, los diputados, olvídense de Roma y dedíquense a sus tareas incumplidas: elegir a los mejores magistrados; estudiar el presupuesto 2019, que tiene que dar viabilidad al gobierno saliente como al que asumirá en junio próximo; preparar las condiciones para que la elección del fiscal general no se convierta en otro desastre que ponga al país en crisis institucional.

Saludos,

 

Telegramas electorales. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 13 febrero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

José Luis Merino:
El artículo 127 de la Constitución dice que “No podrán ser candidatos a diputados: el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros del Estado…”

Tribunal Supremo Electoral:
¿Tiene el TSE en su poder un documento que comprueba que José Luis Merino ha renunciado a su cargo de viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores? No estoy hablando de pedir permiso, sino de renuncia.

logos MAS y EDHGuillermo Gallegos:
¿Cómo hace cada 3 años para convencer a algún peón que corra por la alcaldía de San Salvador para GANA, cuando todos saben que lo va a sacrificar negociando con otro candidato? Ayer con Bukele, hoy con Neto.

Neto Muyshondt:
Ya que no necesitás el apoyo de tu ‘amigo Gallegos’ para llegar a la alcaldía, ¿puedo asumir que este deal con el ‘Chelito’ es para la fase II de tu proyecto: Calleja 2019?

Candidatos del PDC, PCN, CD, GANA y PSD:
En caso que estén coqueteando con la idea de ir en el 2019 con Bukele, díganlo antes del 4 de marzo. Les puede dar más votos, y no estarían engañando a sus bases.

Javier Simán:
Me gusta la palabra ‘radical’, casi excluida del imaginario político salvadoreño. Ya que la resucitó, ¿puede definir el ‘cambio radical’ que propone?

Carlos Calleja:
Me gusta la palabra ‘nueva visión’, aunque es un poco trillada. Ya que es el lema de la candidatura, ¿puede definir su ‘nueva visión’?

Candidatos a diputados:
En caso que llegaran a la Asamblea los nombres de los candidatos a magistrados Jaime Martínez, Gilberto Canjura Tito Edmundo Zelada y Jesús Ulises Rivas, ¿ustedes votarían por ellos? Díganlo antes del 4 de marzo.

Mauricio Interiano:
Entiendo que el FMLN no permite la libre competencia entre sus candidatos a diputados. ¿Por qué ARENA llama también a votar por bandera y no a votar por cara?

Rodolfo Parker:
¿Por qué toda la propaganda del PDC está concentrada en el número 3 de su lista para San Salvador?

Milagro Navas:
¿En serio piensa que los habitantes de Antiguo Cuscatlán acepten que su alcaldesa se niegue a debatir con su contrincante del CD/FMLN?

Salvador Sánchez Cerén:
Casa Presidencial sostiene un ‘Coro Presidencial para el Buen Vivir’. Si es ‘presidencial’, ¿cómo explica que nació en la campaña electoral del FMLN del 2014 y vuelve a aparecer en la actual campaña del FMLN?

Candidatos a diputados:
¿Están dispuestos de decirnos antes del 4 de marzo si están dispuestos a aprobar (o, en dado caso, derogar) ‘medidas extraordinarias’ de Seguridad declaradas por Naciones Unidas violatorias a Derechos Humanos?

Saludos a todos de

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La tarea cívica más urgente. De René Fortín Magaña

Fortín Magaña

René Fortín Magaña, ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia

 

René Fortín Magaña, 7 febrero 2018 / El Diario de Hoy

Recuerdo muy bien cuando, lejos de la ciudad, recibí las primeras noticias acerca de las nuevas disposiciones constitucionales relativas a la elección de los funcionarios de segundo grado, en especial de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando las leí “me saltó de gozo el corazón” (como dice Rubén Darío en carta a Don Francisco Gavidia) pues, con ellas, dábamos un salto de calidad más que significativo en nuestra organización institucional. El nuevo procedimiento para elegir a los señores magistrados, mediante la convergencia del Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Asociaciones de Abogados en la fase propositiva, resultaba más que benéfico.

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Antes, queridos jóvenes, concentrado al poder en el Presidente de la República, tenía él en sus manos prácticamente a la Asamblea Legislativa y al Órgano Judicial. Y tamañas facultades no había quien dejara de utilizarlas convirtiendo al sistema de gobierno en una dictadura. La soberanía, en efecto, radicaba en el dedo del gobernante, y la separación de poderes preconizada por Locke y Montesquieu se convertía en uno solo, explosionando el orden republicano de gobierno.

Frente a semejante escenario, no pueden negarse las bondades teóricas del nuevo sistema. Por una parte el Consejo Nacional de la Judicatura, y por otra la Federación de Asociaciones de Abogados configuran, en paridad, un listado de treinta aspirantes a la magistratura entre las cuales la Asamblea Legislativa elige a los nuevos magistrados de las diferentes salas. De ese listado, además, la Asamblea Legislativa elige directamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional (cuatro en el presente caso) cuya actuación, en general, no puede menos que calificarse de plausible.

Las condiciones para ser magistrado están expresamente señaladas en el artículo 176 de la Constitución y no voy a trascribirlas. Solo diré dos cosas:
Una, el requisito de moralidad y competencia notorias que es una norma abierta, antes se daba por sentada. Ahora, admite su indagación mediante los trámites de una normativa infraconstitucional.

Y, dos, la enumeración de las condiciones expresadas en la disposición arriba mencionada no incluye la palabra independencia que es, por cierto, el más importante de los requisitos. El artículo 172 lo afirma categóricamente: “Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”. En efecto, ¿de qué serviría un talentoso magistrado sin carácter, que postra sus decisiones a fuerzas ajenas? De nada. O, peor aún, mancha su alta investidura, corrompe la justicia, ocasiona un grave daño nacional y provocar la vindicta privada. Con cuánta razón dijo alguna vez José Martí: “El talento sin probidad es un azote”.

Pues bien, tenemos para el caso un buen régimen constitucional. Pero, como dondequiera destila su veneno la serpiente, debemos tener sumo cuidado para que en la práctica se cumplan los nobles propósitos de la Constitución.

Dado el estado casi fallido en que se encuentra la Nación por el brutal estallido de la violencia y la imparable corrupción, se hace necesario esforzarse por llevar a la Asamblea Legislativa y a los consejos municipales a los mejores ciudadanos. No queremos magistrados como los de Venezuela que actúan en nombre de una revolución retrógrada comandada por un déspota sanguinario que mancha el nombre de Bolívar; ni como los de Bolivia que pretenden eternizar a un gobernante que se siente tocado por los dioses y las voces secretas de la madre tierra; ni como los de Nicaragua que han convertido a su país en una satrapía; ni como los de Honduras que, volviendo a prácticas reeleccionistas ya condenadas por la historia, han provocado una severa crisis social en su pueblo.

No. Queremos funcionarios patrióticos que sepan actuar con pundonor pensando en el bien común y el interés general, y no para favorecer los intereses personales, de partido o de padrinos ocultos.

Cuidar el sufragio en todas sus facetas, se constituye, por consiguiente, en la más apremiante tarea cívica.

Queridos jóvenes: más que la esperanza del futuro ustedes forman el batallón de la rectitud del presente que necesita nuestra Patria ¡Unámonos en una cruzada decidida y audaz para salvarla! Avancemos. El reloj de la historia no camina hacia atrás.

 

Lecciones del fracaso de “Trumpcare”. De Ricardo Avelar

Hay lecciones que aprender del mero diseño político electoral y que podrían ser materia de una profunda reforma política para cambiar el problema de fondo: la débil relación entre representantes y representados y los pobres incentivos que los primeros tienen para responder a la población antes que a su dirigencia.

Ricardo Avelar, 29 marzo 2017 / EDH

A finales de la semana anterior, la joven administración del presidente Donald Trump recibió un duro revés político y es que uno de sus principales buques de batalla, la eliminación del “Obamacare”, no logró siquiera ser votada en la Cámara de Representantes por falta de apoyo incluso de su mismo partido.

Esto podría parecer sorprendente si se considera que en noviembre de 2016, las elecciones no solo le dieron al Partido Republicano la presidencia, sino la mayoría en ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, en ese país una mayoría legislativa por sí misma no asegura el aval automático de una agenda de gobierno. Este nivel de incertidumbre es el que vuelve más sólido este sistema.

Por incertidumbre no me refiero a la falta de rumbo claro de país, sino a la incapacidad de cualquier actor de dar su poder por sentado. Ni el mismo Trump, con un panorama en apariencia positivo, ha podido hacerse de éxitos en importantes frentes como su reforma sanitaria o sus medidas migratorias, estas últimas detenidas por orden judicial.

Esta incertidumbre lleva a negociar constantemente y a tener que buscar acercamientos con propios y extraños. Por ejemplo, se prevé que senadores Republicanos busquen a al menos colegas 10 demócratas para superar un “filibuster” en la nominación del abogado Neil Gorsuch a la Corte Suprema de Justicia.

Algo que en El Salvador parecería absurdo y casi imposible -romper las líneas partidarias y ganar apoyos fundamentales para promover una agenda- en Estados Unidos es una práctica común, aceptada y altamente estratégica para cualquier gobierno que pretenda sobrevivir y ser relevante.

El fracaso del “Trumpcare” nos muestra que en Estados Unidos los partidos políticos no tienen el monopolio de la conciencia de sus legisladores y que estos se deben primero a sus electores (su “constituency”). En teoría, y amparado en el 125 de la Constitución, en El Salvador así debería funcionar, pero vivimos en el país donde valen más las “onzas de lealtad” que las “100 libras de inteligencia”.

Ante esto, hay lecciones que aprender del mero diseño político electoral y que podrían ser materia de una profunda reforma política para cambiar el problema de fondo: la débil relación entre representantes (diputados) y representados (ciudadanos) y los pobres incentivos que los primeros tienen para responder a la población antes que a su dirigencia.

En Estados Unidos la Cámara Baja del Legislativo se integra por circunscripciones uninominales. Es decir, un territorio elige únicamente a un diputado. Este diputado, por ende, sabe que es fácil de culpar si traiciona las aspiraciones de sus electores y estos últimos por su parte, saben que la responsabilidad de una mala administración no se diluye: la culpa le pertenece a uno solo.

En El Salvador, con circunscripciones plurinominales, un ciudadano no sabe realmente quién le representa. Esto le permite a cualquier diputado escudarse en las líneas partidarias antes que hacer un verdadero ejercicio de acercamiento a su “constituency” para entender sus aspiraciones. Además, favorece la ignorancia racional, pues el costo de aprenderse 24 diputados (como es el caso de San Salvador) supera cualquier ánimo de ser un ciudadano activo.

Un revés político importante como el de Trump con su reforma sanitaria es prácticamente imposible en nuestro país, donde la legítima disidencia es entendida como traición y los partidos le temen a sus “machos sin dueño” que osan contradecir la línea oficial.

Indudablemente, El Salvador ha avanzado gracias a atinadas sentencias en materia electoral de la Sala de lo Constitucional, pero mientras haya una representación tan difusa entre diputados y ciudadanos, el Legislativo será muy predecible y poco abierto a la innovación y un verdadero debate político.

Sin incentivos para representar a los votantes, los diputados terminarán cayendo en la mediocridad de pensar que votar diferente es “deslealtad” y un motivo para sentirse “ofendido”, como en su momento dijo un jefe de bancada sobre un legislador joven que no se alineó con su fracción.

Ofendidos deberíamos estar nosotros, por ese gregarismo insensato, tan presente en el partido “revolucionario” (más pendiente del status quo) como en el partido “de las libertades” (pero fanático de la censura).

@docAvelar

Un país libre. De Cristina López

En El Salvador, hay legisladores que creen que el mejor uso de su autoridad es decidir qué dieta de consumo cultural debería tener el salvadoreño promedio.

Cristina López, 20 marzo 2017 / EDH

¿Cómo se ve un país libre? La libertad es de las palabras que por abundancia de uso se ha ido vaciando de significado. Tanto así, que quizás a muchos se nos ha olvidado cómo, en la teoría, debería verse un país libre. Y claro, se pueden tener debates filosóficos con respecto al rol que juegan las políticas públicas en restringir libertades individuales o en permitirle al individuo desarrollarse en libertad. No puede dejarse de admitir que la libertad, a la que todo individuo tiene derecho en igual medida — precisamente por esa dignidad humana que nos hace iguales a todos — no siempre se ve igual para todos porque, a pesar de ser iguales, hay estructuras sistemáticas (educación, nivel de ingresos, género, nacer en la capital o en el interior) que se traducen en condiciones desiguales.

Sin embargo, es difícil coincidir en que dadas las opciones de más autoritarismo versus más libertad, más libertad es siempre, ¡innegablemente!, la opción que permite más prosperidad y bienestar para la mayor cantidad de individuos al mismo tiempo. Hay que admitir que el autoritarismo le da bienestar, y bastante, a los pocos con la posibilidad de ejercerlo y es por estos perversos incentivos que nos toca como población, desde la opinión pública, tener un debate permanentemente abierto sobre cómo se ve un país libre, y desde las urnas, aspirar a él y empujar a nuestros representantes a construirlo.

En un país libre, a los individuos se les permite tomar las decisiones de consumo que les afectan exclusivamente. Por ejemplo, qué alimentos ingerir a la hora del recreo y cuáles no. En nuestro país, los legisladores han decidido elevar la regulación de la comida chatarra en los centros escolares al grado de “tema de país”. Cualquiera pensaría que si tienen tiempo de debatir si un churrito y una charamusca son las mayores amenazas para los salvadoreños en edad escolar, es porque ya resolvieron TODAS las otras amenazas que acechan a los estudiantes, como las escuelas cuya infraestructura cayéndose a pedazos lentamente atenta contra la vida de poblaciones escolares enteras, o como la delincuencia que espera, literalmente a la salida del colegio, para reclutar pequeños e incorporarlos a las pandillas, o como los desgraciadamente múltiples casos en que muchos menores han sido abusados sexualmente o acosados por el mismo personal educativo que en teoría debería velar por su enseñanza y seguridad. Esto no quiere decir que la obesidad no sea un relevante tema de salud pública, pero el legislarlo con autoritarismo solo refleja que los legisladores no confían en que las familias — que supuestamente dicen proteger — tienen la capacidad de mejor decidir qué consumen sus hijos. ¿Se les ha ocurrido que la educación para tomar decisiones más saludables es lo que hace falta, en vez de menos libertad de decisión? ¿Han pensado que quizás, para muchos niños, esa comida “chatarra” es la única opción que pueden costear y quizás el único ingreso calórico que consumirán en el día?

De igual manera en un país libre se le deja al individuo decidir qué entretenimiento consumirá y cuál no. Qué tipo de productos culturales ofenden su moral y cuáles no. Es esa libertad lo que permite la pluralidad de pensamiento y el respeto para todos los individuos: los que piensan de maneras parecidas y los que no. Hasta en Rusia, lugar que ninguna persona consideraría un país libre, prohibir la película de La Bella y la Bestia por no estar de acuerdo con su contenido, les pareció un grado de autoritarismo demasiado alto y abandonaron el proyecto de ley, limitándose a la igualmente ridícula e inútil medida de regular la edad de consumo. En El Salvador, hay legisladores que creen que el mejor uso de su autoridad es decidir qué dieta de consumo cultural debería tener el salvadoreño promedio. ¿Por qué es peligrosísimo esto? Porque bajo ese mismo argumento, pueden limitarle mañana otros tipos de contenido que no les gusta y forzarle a consumir únicamente propaganda estatal o religiosa si les da la gana. ¿Olvidan acaso que el que exista material con el que están en desacuerdo no implica una obligación de verlo o apoyarlo?

Los anteriores son solo dos ejemplos de cómo para nuestros legisladores El Salvador no es un país libre, escogidos porque fueron empujados por dos partidos políticos distintos, que en teoría tienen visiones contrarias sobre autoritarismo y libertad. Los ejemplos demuestran, además de la peligrosa atracción que el autoritarismo ejerce sobre nuestros legisladores, que ambos partidos se parecen mucho más de lo que quieren reconocer. Quizás ya es hora de que alcemos nuestra voz (saludos a los jóvenes de #ESNuestraVoz) para exigir mejores opciones.

@crislopezg