Hace poco, publicamos una carta del columnista Paolo Luers titulada «Carta a Patty Valdivieso y Karla Hernández: Dejen que la justicia opere y la ciudadanía presione.» Ahora, la diputada Karla Hernéandez le responde y explica las razones de su aviso a la Fiscalía General.
Segunda Vuelta
Karla Hernández, diputada de ARENA
Karla Hernández, 1 marzo 2016 / EDH
Leí con mucha pena la carta dirigida a Patty Valdivieso y mi persona, y digo con mucha pena porque nunca hubiera esperado que nuestra acción de poner un aviso en la Fiscalía General de la República para que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte del asesor del expresidente Funes, pudiera ser comparado con el comportamiento de aquellos funcionarios que acudieron a la FGR a protagonizar un mitin.
Nuestra presencia en la FGR fue totalmente acorde a lo que permite la ley, tal como indica el artículo 264 del Código Procesal Penal: “Cualquier persona que tuviere noticia de haberse cometido un delito perseguible de oficio, podrá dar aviso a la Fiscalía General de la República o a la policía Nacional Civil”.
El caso del señor Santana obviamente se justifica, para alertar sobre posible cometimiento de delito por parte de una persona cuyo paso por nuestro país generó muchas dudas, no solo sobre la cantidad de dinero que se llevó, sino además –y más grave aún- porque ya se encuentra preso en su país natal, Brasil, donde se le acusa de ser el intermediario que pagaba sobornos en distintos países, entre los que se menciona El Salvador, a favor de la empresa Oderbretch.
El mismo expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, está siendo investigado por su posible participación a favor de Oderbretch en el extranjero, para conceder contratos inflados. La fiscalía de ese país investiga la supuesta desviación de dineros de esas empresas hacia el Partido de los Trabajadores, uno de cuyos fundadores es el expresidente Lula, amigo personal de la exesposa de Funes, quien también aparece como una de las fundadoras de ese partido político en Brasil.
Los salvadoreños no podemos perder de vista el caso de la presa El Chaparral y los $108 millones (si no es que más) que se pagaron de las arcas del Estado en una obra que tuvo muchísimas irregularidades desde el principio y de la que nunca hemos recibido la información que esclarezca los hechos.
Adicionalmente, el nombre del señor Joao Santana está ligado a la agencia de publicidad Polistepeque, que abrió luego de que arribara Funes a la presidencia, con un capital de 2 mil dólares y pico, pero que en apenas 19 meses ya había facturado $8.5 millones de dólares, aunque estamos conscientes de que pudo ser mucho más, ya que fueron contratos sin licitación ni transparencia.
Desafortunadamente, aquí esas cifras y datos los hemos conocido a través de investigaciones periodísticas, porque por más que se insistió, durante el período del fiscal Luis Martínez, no se logró investigación alguna al respecto, a pesar de que se pusieron avisos.
Si algo tengo muy claro es mi responsabilidad de representar al pueblo y actuar en estricto respeto a la Constitución de la República. Desde el día en que juramenté como diputada, he sido leal al orientar mis funciones hacia el bien común.
Por lo que, si está en mis manos colaborar en el ejercicio de proteger el bien común y la búsqueda de la verdad, que es parte de lo que demandan quienes me eligieron, no tengan la menor duda de que ese seguirá siendo mi camino.
Segunda Vuelta 