CEL

CEl pagó a Astaldi pese a que sus abogados sugirieron arbitraje

Además enfatizaron en que se debían de resolver todos los costos adicionales exigidos por el contratista. Previo a ello la autónoma pidió una “opinión” a la Corte de Cuentas, que al final dio el aval para el millonario pago.

El ex presidente de CEL, Leopoldo Samour (izq.), firmó el arreglo directo con Astaldi.

El ex presidente de CEL, Leopoldo Samour (izq.), firmó el arreglo directo con Astaldi.

24 sept. 2015 / EDH

Las firmas contratadas en 2012 por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) recomendaron en varias sesiones de junta directiva de la autónoma priorizar un arbitraje internacional para resolver todos los costos adicionales que planteaba el contratista italiano Astaldi y pagar, según la supervisión y el valúo del proyecto, “sólo por obras ejecutadas”.

Esto, según las firmas asesoras de la Comisión, los bufetes Curtis Mallet-Prevost Colt & Moles, S.C. y Rusconi, Medina & Asociados Central Law, se fundamentaba en el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que indica que las partes contractuales podrán acordar un mutuo acuerdo sin más responsabilidad que la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o los bienes entregados y recibidos, detallan actas de junta directiva de la autónoma.

En este sentido el ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, realizó varias consultas a la Corte de Cuentas de la República (CCR) previo a firmar el arreglo directo con Astaldi. De todas estas es de subrayar que a finales de junio de 2012 el entonces coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, le recuerda a la autónoma que “se debe de apegar a las disposiciones legales aplicables”, entre ellas la LACAP.

Al respecto, el acta de Junta Directiva de CEL 3527, consultada por El Diario de Hoy, cita esta correspondencia de la Corte  y reconoce que es procedente efectuar la liquidación del contrato “a efecto de determinar el derecho económico que corresponde al contratista, con base al artículo 95 de la LACAP”.

EDH20150924EN_003P“Utilizar la figura de mutuo acuerdo en el proceso de búsqueda de soluciones a la problemática existente está en concordancia con el principio de legalidad (…) por ello se considera correcta la actuación de la Junta Directiva de CEL”, sintetiza el documento de la paraestatal.

Además, cabe destacar que el acta, con fecha del 5 de julio de 2012 (seis días antes de que se firmara el Acuerdo de Arreglo Directo) la directiva de CEL delegó a Samour los trámites del procedimiento, la negociación de los puntos controvertidos y la toma de acuerdos, según lo dispuesto en el punto V de la sesión 3520 de fecha 1 de junio de 2012 y en el punto I de la sesión 3521 de fecha 5 de junio de 2012.

Previo a ello,  el acta número 3507 del 19 de marzo de 2012, enfatiza que una parte del proceso de negociación se realizó entre el 12 y el 16 de marzo de 2012 y recuerda que  se tenía que pagar por las obras construidas conforme a precios contractuales y resolver vía arbitraje internacional los costos “incrementales o adicionales” que Astaldi reclamaba y CEL no reconocía. Esta fue al final la solución que se planteó pero que no se cumplió por parte de la autónoma al redactar el arreglo directo y negociar cuatro cuotas para pagar a Astaldi.

De este modo es importante enfatizar que el acta número 3520 con fecha 1 de junio de 2012 deja claro que según la supervisión de la obra (tanto la realizada por los técnicos de CEL como por el asocio Euroestudios-Ingetec), el valor de la obra era del orden de $85 millones, lo cual confirma que nunca se  definió, en los acuerdos de junta directiva, un sobreprecio o pago adicional en las negociaciones previas a la firma del Acuerdo.

En este punto tanto Samour como el ex presidente Mauricio Funes defendieron que en los $108.5 millones se incluyera un pago adicional de $28.7 millones como parte de un “costo-beneficio” para evitar un arbitraje internacional.

“Si nos íbamos a un arbitraje ante un tribunal extranjero el costo para el país iba a ser mayor, encontramos la mejor solución para el proyecto y evitamos demandas contra el Estado”, justificó en su momento Funes.

Por su parte, el abogado Francisco Bertrand Galindo considera que el excedente cancelado no debía que incluirse en el arreglo directo y que eso formaba parte de otro procedimiento legal porque no estaba contemplado en la LACAP.

Además recordó que la CCR no es una institución que tenga como facultad brindar opiniones sobre decisiones que deben de tomar los funcionarios públicos.

“Hubo una extra limitación en conceder el pago por evitar el litigio internacional. Eso debió definirse por vía judicial, ya que es algo que no corresponde a la figura jurídica que se empleó para dar por terminado el contrato. No hay base legal para pagar dinero adicional en la ley”, dijo el jurista.

Incluso Bertrand opina que en un escenario de conflicto ante un tribunal fuera del país, el Estado y CEL “podía ganar”, sobre todo porque Astaldi conocía los problemas en el margen derecho de la montaña y realizó un mal manejo del dique donde se asentaría la presa del megaproyecto, según el estudio de supervisión de Euroestudios-Ingetec en 2010.

Asimismo los italianos firmaron un contrato “llave en mano”, el cual obliga al contratista a responder sin cambios en condiciones, plazos ni montos.

Funes informó en octubre de 2013 que se le pagó en total $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato “Llave en mano” con un 38 % de avance de la obra.

Sin embargo, en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, definió -con técnicos y supervisores de la autónoma- que sólo se construyó el 29.29 % de la presa El Chaparral, algo que también esta detallado en un informe de la Dirección de Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas de diciembre de 2014 y que no es abordado con profundidad en el informe final de junio pasado con el que el caso pasó a la etapa de Juicio de Cuentas.

Las actas incluso reflejan que en la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación aproximada de un 8.71%, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

Este periódico ha buscado la posición del apoderado legal y presidente de Astaldi en El Salvador, Mario Pieragostini, pero, a través de su secretaria, se notificó en la última solicitud de entrevista que el proyecto de El Chaparral está concluido para la empresa por haber finalizado la relación contractual que le dio origen.

Las actuales autoridades de CEL han confirmado que el proyecto costará $71 millones más debido a cambios en el diseño, sobre todo en la construcción del dique de la presa en la margen derecha de la montaña, el cual se moverá 570 metros aguas arriba del Río Torola, lugar donde se construirá la central en el oriente del país.

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Sánchez Trejo: “Consultas no son vinculantes”

El ex presidente de la Corte le dijo al periódico El Faro que CEL no se podía refugiar en su resolución para pagar a Astaldi.

El informe se publicó en la transición de Sánchez Trejo (izq.) con Rosalío Tochez, ambos ex presidentes de la Corte de Cuentas.

El informe se publicó en la transición de Sánchez Trejo (izq.) con Rosalío Tochez, ambos ex presidentes de la Corte de Cuentas.

24 sept. 2015 / EDH

Si bien la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió un último informe que descarta posibles irregularidades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en el pago de $108.5 millones a Astaldi, la misma contraloría estatal aclaró en su momento que sus opiniones vertidas no tienen fuerza legal y que estás “pueden o no ser acatadas por los funcionarios”.

El periódico electrónico El Faro publicó en agosto de 2012 que el entonces presidente de la CCR, Gregorio Sánchez Trejo, aclaró que si bien el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP, “estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatadas.

“No se pueden refugiar en nuestra resolución para hacerlo ni tampoco tiene problemas si no lo hace. La Corte puede dar una opinión favorable en este momento y al auditar posteriormente puede llegar a determinar hallazgos de carácter administrativo o patrimonial”, dijo Sánchez Trejo a El Faro.

Precisamente, el segundo de los informes que favorecen el cuestionado Arreglo Directo fue emitido en julio de 2013 a solicitud del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, luego de firmar el acuerdo con Astaldi.

El documento se publicó en la transición entre la presidencia de Sánchez Trejo y Rosalío Tóchez. Este fue solicitado por el ex presidente de la CEL, Leopoldo Samour, luego de que firmara el documento con Astaldi.

El informe dice que  fueron procedentes los argumentos que expuso la CEL para llegar a la negociación del arreglo directo ya que de lo contrario un arbitraje hubiera retrasado la disponibilidad del sitio de la obra, se hubiera deteriorado la inversión  y la autónoma hubiera cancelado entre $20 y $24 millones como perdidas ante un juicio internacional.

Pero Sánchez Trejo fue claro en su momento cuando dijo que  la Corte no avala pagos y que los titulares de las instituciones deben de apegarse a la legalidad.

“ No damos opiniones abiertas, decimos que siempre se deben de tomar medidas precautorias para que la ejecución del proyecto sea válida”, puntualizó el hoy ex funcionario a El Faro.

Al respecto el abogado Francisco Bertrand Galindo criticó que la CCR, en su informe, nunca señala  la legalidad o no del acuerdo sino que se reduce a estudiar el método con el que se pagó los $108.5 millones.

“Eso se hizo bajo otros criterios y queda claro que se utilizó a la Corte ante cualquier posible investigación”, acotó Bertrand.

Gobierno de Funes avaló “arreglo directo” con Astaldi pese a incumplir contrato El Chaparral

Pese a que Astaldi abandonó la obra y que la supervisión interna y externa le dijeron que no procedían los reclamos y señalaron el enorme atraso de la obra, la CEL pactó con la constructora el fin del contrato y le pagó en total $108.5 millones.

La construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral será más cara de lo que se había proyectado inicialmente.

La construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral será más cara de lo que se había proyectado inicialmente.

23 sept. 2015 / EDH

En lo que quedó como una batalla que se perdió sin haberla peleado y sin explicar en qué ley se basó, el gobierno del expresidente Mauricio Funes hizo un arreglo con la empresa italiana Astaldi, que  terminó recibiendo en total $108.5 millones pese a que dejó abandonados los trabajos de El Chaparral.

Funes defendió públicamente el acuerdo, argumentando que era mejor hacerlo de esa manera que   ir a un litigio internacional con la constructora.

Pero en realidad, el acuerdo  y el pago multimillonario para liquidar el contrato pactado entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la constructora italiana Astaldi S.p.A., no hizo más que limpiarle la mesa a los involucrados.

 Precisamente, esa contradicción de haber pagado $108.5 millones por una obra no terminada y además la falta de documentación que evidenciara la forma en que se calculó el monto base de esa negociación, que se cerró el 11 de julio de 2012, es uno de los principales cuestionamientos que hacen los auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en su informe preliminar de  diciembre pasado, pero ni se cuestiona y apenas se menciona en  el último informe de la CCR, de junio de 2015.

El Diario de Hoy publicó en su edición del martes una serie de señalamientos que hicieron los auditores de la Corte de Cuentas en diciembre pasado, pero que sorpresivamente se excluyen en el último informe de junio de este año.

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece que en los contratos “llave en mano” (como en el caso de El Chaparral),  la obra tenía que entregarse totalmente terminada y no tenía que haberse pagado más de lo ejecutado.

En este caso, con el “arreglo directo” el gobierno Funes le dejó a Astaldi casi $80 millones que recibió al inicio como anticipo de la obra más $28.7 millones, incluyendo el IVA, que también les fue devuelto.

El arreglo, que incluía un apartado de confidencialidad, se pactó en dos días y se llevó a cabo por petición de la CEL. Así lo dice una carta que la CEL le envió a la Astaldi el 9 de julio de 2012, en la que le plantea el acuerdo del arreglo al que han llegado como Junta Directiva.

“En cumplimiento de acuerdos de Junta Directiva, por este medio solicitamos Arreglo Directo para encontrar solución a los reclamos planteados durante la ejecución del contrato  No. CEL-4143-S, para lo cual le convocamos a reunión en nuestras oficinas”, le invita la CEL en la carta firmada por el entonces titular José Leopoldo Samour.

Según los documentos, Astaldi alegó “imprevistos imprevisibles” para dejar inconclusos los trabajos y a pedir negociación cuando las obras registraban, según los supervisores de la obra, un atraso del 68%.

Dos días después de la misiva de Samour, representantes de CEL y Astaldi firmaban el Arreglo Directo que implicaba “dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo y sin responsabilidad para las partes”.

En la primera cláusula quedó contemplado el pago global de $108.5 millones que le reconocía la administración  Funes a través de la CEL, del que se deducía lo ya pagado a esa fecha en concepto de anticipos, avances y construcción de la obra y otros pagos efectuados. También dejaba sentado el pago adicional que le daba la CEL a la firma italiana argumentando el “costo-beneficio”.

Así, en el acuerdo las controversias sobre el manejo y avance la obra entre CEL y Astaldi quedaron desvanecidos, pese a todos los incumplimientos que la constructora registraba, según los informes de los supervisores delegados por la misma autónoma como por los de los supervisores de la firma externa Euroestudios-Ingetec, contratados para el proyecto.

De tales incumplimientos y de la no procedencia de los reclamos de Astaldi, quedaron incluso evidenciados en el primer informe de auditoría a la ejecución del proyecto realizado por la Corte de Cuentas de manera oficiosa y emitido el 14 de diciembre de 2014.

En ese documento, al que tuvo acceso El Diario de Hoy y del que ha informado ampliamente, los auditores de la Corte le recriminan a la CEL el que no procediera contra la Astaldi cuando ésta incumplió el contrato y detuvo los trabajos en el sitio de la presa.

Es más, le achacan que no hubiere agotado todos los mecanismos antes del arreglo.

Los cuestionamientos al arreglo directo por parte de los auditores de la Corte de Cuentas en dicho informe se fundamentaron en varios aspectos: no encontraron documentación que sustentara cómo calcularon el monto base de $85 millones para luego finalizar con el monto global de $108.5 millones.

“No podemos avalar lo expresado por él (un funcionario de CEL) sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30%”, dijeron los auditores en su informe inicial.

También le cuestionaron ese arreglo por el hecho de que los supervisores externos dijeron que los “imprevistos imprevisibles” que alegaba Astaldi ya los conocía de antemano cuando compitió en el proceso de licitación, porque esos datos estaban contenidos en el diseño básico.

Pero en el arreglo directo, CEL fue benévola con Astaldi al establecer en la tercera cláusula lo siguiente: “Las partes aceptan y reconocen que este monto (el de $28.7 millones más el IVA) ha sido acordado conciliando el avance y construcción de la obra”.

Además, dice el documento, que se ha tomado “en cuenta  aquellos reclamos económicos que ambas partes han estimado como procedentes, considerando el costo beneficio que para el interés público origina la inmediata efectividad del presente Acuerdo”.

Y en la cláusula quinta insiste que ambas partes aceptan que con el pago “quedan cumplidas a satisfacción todas las obligaciones de carácter económico debidas en conformidad al contrato, quedando en paz y a salvo por cualquier concepto relacionado con la ejecución del Contrato, y en tal sentido, entienden y aceptan que el presente Acuerdo resuelve de forma definitiva todas las controversias relativas al mismo”.

Es importante recordar que la CCR emitió en junio de 2012 una “opinión” a raíz de varias dudas que tenía Samour para liquidar el contrato conAstaldi.  El documento, firmado por el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, dice que el artículo 95 de la LACAP prevé que la extinción del contrato implicaba reconocer al contratista sólo obras o servicios ejecutados.

Caso CEL/Chaparral: Último informe de la Corte de Cuentas excluye anomalías

Seis meses después del primer informe, la Corte ya no cuestionó “arreglo directo” ni pago de $108.5 millones a Astaldi, como lo hicieron los auditores al principio. Tampoco cuestionó a CEL por no proceder contra constructora. 

La obra estaba valorada en $219 millones, Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

La obra estaba valorada en $219 millones, Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

22 sept. 2015 / EDH

El informe inicial de los auditores de la Corte de Cuentas sobre El Chaparral, emitido en diciembre de 2014, cuestiona la legalidad del “arreglo directo” y el pago de $108.5 millones que la CEL en el gobierno de Mauricio Funes le hizo a la empresa Astaldi pese a que esta última abandonó la construcción de la represa.

Pero el último informe de la Corte de Cuentas, con fecha 12 de junio de 2015, sólo menciona de manera pasajera este aspecto que es crucial y no lo cuestiona, mucho menos plantea sanciones. Esto favorece a los directivos de CEL y del gobierno de Mauricio Funes, que tomaron la decisión de pagarle a Astaldi pese a que no concluyó la obra y hasta el mismo Funes defendió el arreglo.

Tampoco el último informe cuestiona por qué la CEL no procedió contra Astaldi por sus incumplimientos, como sí lo señalaron los auditores seis meses antes en el informe preliminar.

Estos son sólo  algunos de los puntos que los auditores que vieron de primera mano las fallas del proyecto detallaron en su informe inicial de diciembre de 2014, pero que  cambian radicalmente o ni se mencionan en el último informe de la Corte de Cuentas de junio de 2015.

En este último informe, la Corte de Cuentas ya no detalla cada una de las irregularidades señaladas en el primero; solo dedica  cerca de 36 de las 43 páginas al cuestionamiento de pagos indebidos de la CEL a las dos supervisoras externas de la obra, las firmas Euroestudios e Ingetec. Esto es lo único que se reitera respecto al primer informe.

El Diario de Hoy pudo comprobar esas diferencias sustanciales al hacer un análisis comparativo de ambos documentos y sólo después que la Corte de Cuentas accediera  a entregar el informe de junio de 2015 obligada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por gestión de este periódico en aras del interés de la ciudadanía.

La contraloría inicialmente se resistió a dar acceso al informe aduciendo que tenía “reserva” por no ser un proceso concluido.

El proyecto El Chaparral ha sido objeto de duros cuestionamientos después que la empresa Astaldi lo dejara inconcluso alegando “imprevistos imprevisibles”. Pese a este incumplimiento, la CEL en el gobierno Funes le terminó pagando $108.5 millones, casi el equivalente al 50%, pese a que el avance se señaló que era de una tercera parte.

La obra estaba valorada en $219 millones, es decir, se les pagó la mitad del proyecto. Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

En diciembre no lo avalaron; en junio  pasado sí lo hicieron

En el informe preliminar,  emitido en diciembre de 2014, luego de que los funcionarios de la CEL se defendieran del señalamiento, los auditores que vieron el caso de primera mano confirmaron que no pueden avalar que mediante el “arreglo directo” el gobierno de Mauricio Funes, a través de la CEL, le pagara $108.5 millones a la constructora Astaldi como si hubiera ejecutado el 49.3 %  de la obra.

Los auditores determinaron que se pagó mucho más a lo que fue el avance real,  pues lo que se ejecutó fue sólo la tercera parte, el 29.28%, tal como en su momento lo habían registrado los supervisores, tanto los de la CEL como los de las dos firmas externas contratadas para la supervisión del  proyecto, Euroestudios S.L. y el Consorcio Ingenieros Civiles y Eléctricos S.A.  (Ingetec).

“No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de la CEL), sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, dijeron los auditores en el informe de diciembre.

Luego explicaban por qué la administración de la CEL, bajo la batuta de Leopoldo Samour, había errado en el cálculo del pago: “El tipo de contrato valorado por eventos no permite evaluarlo de esa manera, como si fuera por precios unitarios”, dijeron.

Pero en el informe de junio de este año más bien la Corte de Cuentas da luz verde al procedimiento, diciendo que por no tener experiencia en valuar ese tipo de obras buscaron a empresas del ramo, que no mencionan,  que les dieron el visto bueno a lo pagado.

 “(…) tomaron como base de base un costo de  $85,000,000.00 el cual técnicamente no logramos validar por carecer de equipo y la experticia técnica en eser tipo de obra”.

“No obstante, revisamos estimaciones de empresas con experiencia en ese tipo de proyectos, quienes estimaron valores cercanos a esa cantidad, por lo cual el monto a nuestro juicio resultó razonable”, dice el informe emitido seis meses después.

No cuestiona a la CEL por no proceder contra Astaldi

El informe de junio pasado tampoco le  cuestiona a la CEL que no agotó los mecanismos  para resolver el conflicto con la Astaldi de manera oportuna antes de buscar el “arreglo directo”.

La CEL contrató a la Astaldi bajo la modalidad “llave en mano” a la Astaldi, eso significaba que no podían alterar los términos del contrato y obligaba a la empresa a cumplirlo en el tiempo y monto convenido de $219 millones.

Pero en 2010, la constructora paró los trabajos en El Chaparral y reclamó a la CEL más dinero bajo el argumento de que se había encontrado con “imprevistos imprevisibles” en el sitio de la obra.

En el informe de los auditores del ente contralor se revela que los supervisores de la CEL y de las firmas externas recomendaron a las autoridades de la autónoma que el reclamo no procedía y que debía continuar con las obras, pero que la constructora recurrió directamente a la presidencia de la autónoma.

En diciembre,los auditores dejan plasmado en su informe que no hallaron documentación de cuál fue la respuesta de la CEL a la Astaldi, pero que luego vino el arreglo directo y el pago global sin que se supiera cómo lo habían calculado.

“No se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por  la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato” con la Astaldi, determinaron los auditores.

 Le recriminaron también a la CEL que no tomara en cuenta el informe de valúo de la supervisión externa a cargo de Euroestudios e Ingetec y el que optara por $85 millones como cantidad base para negociar el arreglo, que era el cálculo mayor de tres que tenía como opción.

EDH20150922EN_004P

Reitera atraso de la obra

Con estos pagos, que además no correspondían con la obra ejecutada, los auditores le criticaron a la CEL que no aplicó las políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público impuestas por el Órgano Ejecutivo en 2012.

Aunque en el informe de auditoría de junio de este año ya no le cuestiona todos estos aspectos, sí le reitera, aunque de manera indirecta, que se pagó por una obra con un retraso del 68.48 %.

“El proyecto presentó atrasos desde sus inicios, los cuales fueron incrementándose a partir de mayo de 2010, acumulando a junio de 2012 el 68.48 % de atraso”, dice en parte de las conclusiones.

Y puntualiza que: “El avance general del proyecto a junio de 2012 fue del 29.28 %, (según supervisión)”.

 Sin embargo, omiten la otra parte de esta conclusión plasmada en el informe inicial, cuando dijeron: “(…) siendo que el contratista no comprobó ni justificó las situaciones que lo generaron; asimismo, CEL no determinó el incumplimiento contractual”.

En ese sentido, los auditores confirman parcialmente el hallazgo plasmado en su informe preliminar, únicamente el relativo al poco avance de la obra reportada por los supervisores al momento de que el entonces titular de la CEL, Leopoldo Samour, y el presidente de la Astaldi, Mario Pieragostini firmaran el arreglo directo.

En el último informe ya no le señalan a la CEL, como sí lo hizo en el preliminar, que no procediera contra la Astaldi ante un evidente incumplimiento del contrato luego que paralizara los trabajos por cuenta propia y sin que demostrara técnica ni contractualmente los “imprevistos imprevisibles” que alegaba, ni presentara los diseños detallados como estaba obligada por contrato.

Tampoco detalla, como en el primer informe, el uso inadecuado que hizo la Astaldi de los fondos que la CEL le entregó en concepto de anticipo del contrato.

En el último informe, los contralores solo registraron la transferencia de ese anticipo y que al 31 de diciembre de 2011 faltaba desembolsar $60 millones pero que “no podemos asegurar que se haya utilizado en su totalidad en el Proyecto”. Tal afirmación difiere mucho de lo que afirmaron en su primer informe.

“Verificamos gastos no justificados por el valor de $7,507,006.50, relacionados con transferencias de fondos a Astaldi S.p.A. Sucursal Costa Rica por $1,000,000.00 y Sucursal Panamá por $11,000,000.00, ascendiendo a un total dede $12,000,000.00 realizadas  de la cuenta de anticipo, de las cuales únicamente se reportó y justificó la cantidad de $4,492,993.50”, dijeron en diciembre de 2014.

También  determinaron que Astaldi sucursal El Salvador “utilizó para otros proyectos un monto de 42,311,143.65 delancitipo entregado a Corinca S.A. de C.V por $5,000,000.00”.
Hay dos datos interesantes en el informe de junio: uno de ellos es que mantienen el cuestionamiento a la CEL de haber hecho “pagos indebidos” por $210 mil 921  a las firmas supervisoras .

El otro cuestionamiento que no incluyen es el haberle pagado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) $1.4 millones en concepto de comisiones, algo que según dijeron es ilícito y que no lograron justificar.

 Solo se limitan a detallar lo que han devengado del préstamo de $163 millones con el BCIE y el alto costo de pagar comisiones por fondos que no se utilizan.

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La CEL se niega a dar informes de presa 5 de noviembre

La autónoma le respondió al exdiputado Valiente que es “imposible” darle esos datos.

La ampliación de la Presa 5 de Noviembre tendrá un costo de $189 millones de dólares. | Foto por Karen Molina

La ampliación de la Presa 5 de Noviembre tendrá un costo de $189 millones de dólares. | Foto por Karen Molina

, 10 sept. 2015 / EDH

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) volvió a negarse a entregar información de la presa 5 de Noviembre al exdiputado de ARENA, Mario Valiente, pese a la orden que le emitió el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de facilitar al exlegislador lo solicitado.

Contrario a eso, la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL envió ayer una resolución a Valiente informándole que “tal como ya se ha expresado en reiteradas oportunidades”, la CEL se “encuentra imposibilitada” de entregar información relativa a la ampliación de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, por tratarse de información “reservada”.

En la carta le detallan su negativa a brindarle los documentos sobre las obras que se realizan en la 5 de Noviembre y que Valiente ha pedido que le entreguen. Entre ellos están: la adjudicación del proyecto y el informe de avances y de cumplimiento de medidas ambientales y sus anexos.

Otro documento que le niegan es el relacionado a la Acta III de sesión de la Junta Directiva realizada el 19 de septiembre de 2012.

Además de otra información relacionada a los servicios de consultoría y supervisión para los trabajos de expansión de la represa, sus anexos y expedientes con la documentación técnica, financiera y legal asociada a la ejecución de los estudios relacionados al proyecto.

La correspondencia que se cruzaron la CEL y el contratista de la obra también le ha sido negada a Valiente, así como notas de reunión, actas de recepción y todos los documentos contractuales.

Asimismo, ha pedido el expediente de la actualización del estudio de factibilidad, validación del análisis ambiental, diseño y especificaciones técnicas de la expansión y todos sus anexos, que incluyen todos los informes contractuales.

La negativa de la OIR de CEL se fundamenta en que es “información calificada como reservada, lo cual consta en el índice de reserva publicado por la Comisión en el portal abierto de la institución, siendo por tanto, imposible ser entregada al ciudadano”.

Pero además de incumplir la resolución del IAIP, en la notificación a Valiente le dicen que la CEL hará uso de su derecho a acudir a otras instancias para rebatir la resolución del IAIP del 31 de agosto anterior, en la que no admitió la petición de revocatoria que la CEL hiciera al Instituto.

“Ratificamos que CEL siendo respetuosa de la legalidad del proceso, oportunamente hará uso de los recursos que la ley le confiere contra la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información”, reza la conclusión de la nota enviada a Valiente.

El exdiputado dice sentirse agraviado porque es segunda ocasión que la CEL le niega toda la información requerida de la 5 de Noviembre y anunció que pedirá al IAIP que tome las medidas correspondientes de ley contra la CEL.

“Ellos no pueden desobedecer (al IAIP), está reservada (la información) por ellos (CEL), son una belleza, la están violando (la ley) al no hacerle caso al Instituto.  ¿Cómo violar la ley si es una orden de una instancia superior?, son pícaros, entre broma y en serio, la CEL solita merece una Cicies (comisión contra la corrupción)”, afirmó Valiente.

El comisionado del Instituto, Jaime Campos, informó que aún cuando Valiente no interponga un escrito por la reiterada negativa de CEL, la resolución emitida por el IAIP sigue vigente y esta entidad puede actuar de oficio para iniciar un proceso administrativo sancionatorio por cometer una “falta muy grave”, ante lo cual, según la ley, amerita una multa de 40 salarios mínimos del sector comercio e industria, es decir, $9,864.

Según Campos, el IAIP puede comenzar con el proceso sancionatorio, pero recuerda que la CEL puede hacer lo mismo que hizo la exdirectiva de la Asamblea. Los diputados acudieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, tras la resolución del IAIP que ordenó entregar información de sus asesores legislativos y ante la imposición de multas a los legisladores de entonces, que incluyó una máxima sanción al expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes.

Además de pedir información de la 5 de Noviembre, Valiente había solicitado informes del contrato entre CEL y Enel, pero la autónoma liberó sólo parte de los documentos, por lo que Valiente dijo sentirse insatisfecho. “Esa respuesta que dan en el caso de CEL-Enel es la que publicaron en periódicos, además está borrosa. La verdadera información es la que están negando”, acotó el exlegislador.

Pago de $108.5 millones por hoyo de El Chaparral violó la LACAP

“No se puede negociar o pagar una cosa que no sea estrictamente lo que ha sido recibido y supervisado de la obra, no se puede indemnizar, no puede pagar cosas extras, porque es un arreglo entre partes”, y eso la LACAP no lo permite”, manifestó Jorge Villacorta.

El gobierno pagó $108.5 millones por la obra que quedó inconclusa.

El gobierno pagó $108.5 millones por la obra que quedó inconclusa.

Eugenia Velázquez, 4 septiembre 2015 / EDH

El Articulo 95 de la LACAP no permitia al expresidente de CEL, Leopoldo Samour, hacer un arreglo directo con Astaldi para terminar el contrato de El Chaparral a través de una indemnización, sin antes haber realizado un proceso judicial.

A esta conclusión llegaron hoy Jorge Villacorta, uno de los creadores de la LACAP y el abogado Francisco Bertrand Galindo en la entrevista matutina Frente a Frente.

“No se puede negociar o pagar una cosa que no sea estrictamente lo que ha sido recibido y supervisado de la obra, no se puede indemnizar, no puede pagar cosas extras, porque es un arreglo entre partes”, y eso la Lacap no lo permite manifestó Villacorta.

Por su parte, Bertrand Galindo explicó que el artìculo 95 se creo precisamente para evitar que los funcionarios públicos pudiesen llegar a acuerdos con empresarios en los que hay de por medio dineros del Estado, esto en aras de evitar la corrupción.

“En materia de dinero público eso no se puede hacer, o se va al juicio o se gana el juicio, o se paga solo lo que dice la ley.
Lo que se pagó de mas del valúo como la indemnización es ilegal y los funcionarios tomaron una decisión ilegal”, afirmó Bertrand Galindo.

También criticaron la actitud del expresidente de la Corte de Cuentas de la Republica, Rosalio Tochez, a quien, según Bertrand Galindo, el expresidente de CEL le pidio que realizara una auditoría expedita para justificar el arreglo directo.

“Termina diciendo que si se había violado la ley pero que era mas barato (pagar indemnización) un presidente de la Corte de Cuentas nunca puede hacer eso”, valoró Bertrand Galindo.

Ante esto señalaron la deficiente investigación que hace la Fiscalia sobre este caso y otros mas, en el de El Chaparral ya lleva dos años sin conocerse resultado alguno, criticó Bertrand Galindo.

“Va a agarrar un par de gatos talvez con suerte”, cuestionó Roberto Rubio, director de Funde.

Villacorta, Bertrand Galindo y Rubio criticaron el trabajo de la Fiscalia, entidad a la que recriminaron que solo indaga casos de corrupcion de “un lado” y especialmente solo de la oposición, aun teniendo las evidencias, “se hacen los locos”, manifesto Rubio.

Señalaron que para que no ocurra en el país lo que pasa en Guatemala se debe crear una nueva Fiscalía fuerte y elegir a un nuevo fiscal y posteriormente la urgencia de una Cicies, para combatir la corrupción y la impunidad.

Instituto ordena a CEL dar información sobre Presa 5 de Noviembre

El exdiputado Mario Valiente solicitó datos del contrato para expandir la central hidroeléctrica.

Mario Valiente, el día en que presentó su apelación ante el IAIP.

Mario Valiente, el día en que presentó su apelación ante el IAIP.

, 1 septiembre 2015 / EDH

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) entregar información solicitada por el exdiputado de ARENA, Mario Valiente, acerca del contrato para la expansión de la Presa 5 de Noviembre.

La resolución del IAIP desestimó el argumento de la CEL de que dicha información es de carácter reservado. Además, le ordena a la autónoma cumplir con una resolución emitida el 19 de mayo por el Instituto, en la cual le ordena entregar la información al exlegislador.

En esa resolución, el Instituto también ordenaba a la CEL “desclasificar” la información solicitada por Valiente. La misma incluía la adjudicación del proyecto de expansión de la central hidroeléctrica y el expediente del contrato No. CEL-4647-S para la supervisión del levantamiento de dicha obra, en manos de la empresa brasileña Queiroz Galvao, la cual ha sido ligada al escándalo de corrupción de Petrobras.

También solicitaba la actualización del estudio de factibilidad, validación de análisis ambiental, diseño y especificaciones técnicas para la realización de la obra. Dicha información debía ser entregada por la CEL en un plazo máximo de cinco días.

En su resolución de ayer, el IAIP acuerda dejar sin efecto el recurso mediante el cual la CEL pide revocar la medida del Instituto, que le obligaba entregar los datos al exdiputado.

El documento señala que, de no entregarse dicha documentación, el IAIP podía iniciar un proceso sancionatorio contra la autónoma.

“Estese a lo dispuesto en la resolución emitida por este Instituto a las quince horas y cincuenta minutos del 19 de mayo de 2015 y cúmplase con ella en los plazos establecidos, bajo pena de proceder al inicio del procedimiento sancionatorio”, dicta la resolución.

No obstante, a juicio de Valiente, la CEL buscará algún recurso adicional para no entregar la información, como acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en caso de que el IAIP le imponga una multa por incumplimiento de la resolución donde le ordena entregar la documentación al exlegislador tricolor.

“¿Qué es lo que creo yo que va a pasar con la (Presa) 5 de Noviembre?, que van a apelar a la Sala de lo Contencioso Administrativo y allí puede dormir el sueño de los justos, por fallos en el procedimiento, los cuales no ha habido, lo puedo garantizar, en absoluto”, manifestó.

“Proceso viciado”

Según el exdiputado tricolor , él tomó la decisión de solicitar toda la información referente a la expansión de la Presa 5 de Noviembre porque, a su juicio, el proceso “está viciado”.

“Yo sé que el estudio de factibilidad decía (que costaría) no más de $164 millones, y yo tenía información en ese momento que me dijo que compraron el cartel (de licitación) 20 empresas y a la hora de presentar la oferta solo se presentó Queiroz Galvao… Días después apareció inflada (la oferta) como en 25 millones para llegar a los $190 millones con 25 o 30 millones más de la que estaban presentando. ¿A quién le repartieron ese dinero?”, cuestionó Valiente.

Asimismo, señaló que la CEL pasó por encima de la ley al declarar la información reservada, en vista de que se trata de un contrato público.

“La información que pedíamos era todo, desde las bases de licitación hasta cómo llegaron a adjudicar, porque todo ha sido un misterio, todo lo declararon información reservada, pasando encima de la ley, si la ley claramente indica qué es información reservada y oficiosa, si este es un contrato público”, aseveró.

Este proyecto fue adjudicado en enero de 2013 bajo la administración del expresidente de CEL, Leopoldo Samour, en el gobierno de Mauricio Funes.

Tal como lo publicó ayer El Diario de Hoy, la CEL decidió la semana anterior liquidar el contrato con la firma Intertechne, también ligada a Petrobras, que se encargaba de la supervisión y consultoría en la expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre.

La decisión fue tomada porque, de acuerdo con la CEL, la empresa brasileña había retrasado e incumplido algunos de sus servicios, además de no presentar un plan contingencial para corregir las diversas irregularidades.

Valiente dijo, además, que está pendiente de una resolución del IAIP relacionada a otra solicitud de información sobre el contrato para la construcción de la presa El Chaparral, acerca del valúo y quién ordenó el pago de los $108 millones del Estado en un arreglo directo con la empresa Astaldi, bajo el argumento de buscaba evitar que el caso llegara a arbitraje internacional.

“Yo no pedí los contratos, sino quien hizo los valúos y quien ordenó el pago de los $108 millones, porque, que yo sepa ni hubo un arbitraje ni una orden de un juez”, sostuvo el exlegislador.

IAIP ordena transparentar auditoría de El Chaparral

Corte de Cuentas afirma que acatará el fallo y entregará la información solicitada.

LLos comisionados del IAIP durante la audiencia por el caso, la semana pasada.

LLos comisionados del IAIP durante la audiencia por el caso, la semana pasada.

, 1 septiembre 2015 / EDH

En un hecho que fortalece la transparencia en El Salvador y el derecho de los ciudadanos a conocer el manejo de los dineros públicos, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Corte de Cuentas de la República desclasificar y entregar el informe de auditoría solicitado por El Diario de Hoy sobre el proyecto de El Chaparral.

El Instituto ordenó que se revele el documento en vista de que es de carácter “público” y la ley ordena “dar a conocer los informes finales de auditorías practicadas a los entes obligados, con independencia de su conocimiento en la vía judicial respectiva”.

En una audiencia especial, representantes de El Diario de Hoy solicitaron a esa instancia que ordenara que se revele el documento, dado que los salvadoreños demandan saber los detalles del proyecto de represa que fue dejado inconclusa y pese a lo cual a la constructora Astaldi le terminaron pagando $108.5 millones en el gobierno de Mauricio Funes.

El documento que la Corte debe revelar es el “Examen especial a la ejecución del contrato llave en mano No. CEL-4143-S, suscrito entre CEL y la empresa Astaldi S.P.A para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por el periodo del 05 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y a la adjudicación y ejecución del contrato No. CEL-4177-S, suscrito entre CEL y el consorcio Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. y Euroestudios S.L. para la prestación de servicios de supervisión a la construcción de la  Central Hidroeléctrica El Chaparral por el periodo del 05 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013”.

Previamente, la contraloría estatal se negó a revelarlo, alegando que dicho documento se encuentra en proceso en una cámara o tribunal interno de la misma y que no podía afectar la presunción de inocencia de personas que aparecen mencionadas.

“Dar a conocer su contenido (de la auditoría) no produce afectación en el proceso deliberativo jurisdiccional que sigue a su emisión”, estableció en su resolución el IAIP.

El comisionado Jaime Campos, miembro del Instituto, resumió el razonamiento de la resolución en una frase: “se basa en que informes finales de auditorías son públicos, según los artículos 16 de la Ley del IAIP y 46 de la Ley de la Corte de Cuentas”.

En este sentido, el Instituto ordenó desclasificar el documento, que el Oficial de Información de la Corte lo entregue en un plazo de cinco días hábiles (a más tardar el próximo lunes) y remita un informe de que se ha cumplido lo dispuesto.

En un informe preliminar, al que El Diario de Hoy tuvo acceso, los auditores de la Corte de Cuentas cuestionan el “arreglo directo” que defendió el expresidente Funes y por el cual la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le pagó $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi, pese a que dejó inconcluso el proyecto alegando “imprevistos imprevisibles”.

Astaldi recibió un pago equivalente a casi el 50% de la obra, pero los auditores dijeron que el avance real era del  29.28%, según los supervisores. El valor total de la obra era de $219 millones.

En el mismo informe, los auditores dijeron que no hay documentación que respaldara la decisión de pagarle ese dinero a los italianos y que éstos usaron parte de los fondos en otros proyectos.

Esa misma auditoría le recrimina a la CEL por no haberle reclamado la garantía a la empresa por supuesto uso inadecuado de anticipos de dinero por el proyecto de los cuales gastó $7.5 millones relacionados con transferencias de fondos a otros países.

Astaldi, además, trasladó más de $2 millones a otros proyectos y empresas dentro y fuera del país que no tienen que ver con el proyecto de la represa.

Posición de la CCR

El representante legal de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Lisandro Campos, declaró ayer que la institución cumplirá con el mandato del IAIP y que entregará la información solicitada en el plazo establecido de cinco días hábiles.

Descartó que la Corte de Cuentas vaya a apelar la decisión tanto ante el mismo instituto como ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Es una resolución de cumplimiento y, por lo tanto, es lo que estamos haciendo, cumpliendo con lo que el Instituto está ordenando, por ser la máxima autoridad en la materia. Dentro de cinco días máximo, que vencen el (próximo) lunes. Dentro de ese plazo, el Oficial de Información de la Corte de Cuentas se estará comunicando con él (demandante) para hacerle la entrega formal y oficial de la información a la que pidió acceso”, expresó.

Campos, quien representó a la CCR en el proceso ante el IAIP, sostuvo en la audiencia pública de la semana pasada que la información que ahora será develada formaba parte de un proceso jurisdiccional  que aún no termina.

El Diario de Hoy, a través de su editor subjefe, Mario González, argumentó ante el IAIP y ante los medios de comunicación que la petición del examen especial sobre el contrato entre CEL y Astaldi y las obras de El Chaparral se basa en la obligación que tienen las instituciones de ser transparentes, en el interés público y en el derecho constitucional de los salvadoreños de acceso a la información.

Resaltó la importancia, en el caso, en el derecho que tienen  todos los salvadoreños de saber cómo se gastan los fondos salidos de préstamos para una obra que quedó inconclusa.

Desde que la petición de información fue negada, este Periódico ha seguido con el proceso establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y utilizado los mecanismos establecidos.

Fue el 18 de junio que solicitó el documento ante la Corte de Cuentas, institución que negó el acceso alegando que la información formaba parte de un proceso jurisdiccional y que por tanto tenía reserva.

En su fallo, el IAIP estableció que ese documento fue utilizado durante un proceso administrativo para el cual ya hubo un informe final de auditoría.

“Dar a conocer su contenido (de la auditoría) no produce afectación en el proceso deliberativo jurisdiccional que sigue a su emisión”, estableció en su resolución el IAIP.