Pensiones

Gobierno seduce a sindicatos para apoyar el Plan Cáceres.

Funcionarios se reunieron con trabajadores y usaron un discurso para que los sindicatos rechacen a las AFP.

El ministro Carlos Cáceres habría pasado la coordinación de la reforma de pensiones al secretario Roberto Lorenzana. | Foto por elsalv

El ministro Carlos Cáceres habría pasado la coordinación de la reforma de pensiones al secretario Roberto Lorenzana.

El Gobierno sostuvo ayer la primera reunión con el sector sindical para sumar apoyos al Plan Cáceres, o  propuesta de reforma de pensiones, planteada por el Ministerio de Hacienda, con el propósito de desestimar la labor que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Paradójicamente, en el encuentro ni siquiera explicaron a los presentes en qué consiste dicha iniciativa.

En la cita estuvieron presentes representantes de al menos 60 sindicatos junto al secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana y el secretario de transparencia, Marcos Rodríguez.

De acuerdo con uno de los trabajadores presentes, Lorenzana inició el conversatorio explicando a los sindicalistas, del sector público y privado, que ahora es él quien toma el liderazgo en la propuesta de reforma. Aunque la invitación se hizo para hablar de la reforma de pensiones, fue lo que menos se hizo.

El presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Ricardo Soriano, expresó que al parecer la reunión buscaba levantar los ánimos en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Ellos creen que las AFP no han desarrollado su papel que les correspondía, porque lo ven más por el lado empresarial, pero no como tema social… Eso viene a motivar a que no le vean futuro estable a las AFP. Como diciendo, miren, este ha sido un mal. El gobierno sí le puede responder al trabajador”, explicó Soriano.

Este representante laboral comentó que la presentación fue abundante en datos sobre la reforma que dio vida a las AFP y las ganancias que estas obtienen por administrar los ahorros de pensiones.

Sin embargo, Lorenzana y Rodríguez evitaron mencionar las propuestas concretas del Plan Cáceres o el contenido de un estudio que pidieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para saber si es factible reabrir un fondo de reparto para las pensiones.

En opinión de Soriano, el encuentro estuvo más encaminado a conocer el respaldo con el que cuenta el Plan Cáceres entre los sindicatos. Añadió que al menos algunas organizaciones de empleados del sector público expresaron que apoyarán la propuesta gubernamental e incluso se habló de hacer actividades de calle durante el fin de semana.

Para el presidente de Comtradefop fue una lástima que no se hablara sobre aspectos concretos de la reforma. También el que ningún funcionario respondiera cuando les preguntó por qué no están influyendo para que la Asamblea Legislativa apruebe una nueva tasa de interés para los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que favorezca a los cotizantes.

Por su parte, la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Sarahí Molina, dijo que como trabajadores no están interesados en charlas ideológicas sobre el tema, sino en establecer una mesa técnica para que el sector pueda participar en la elaboración de la reforma.

“En general todos dijimos que no estamos de acuerdo en que se reforme el sistema de pensiones sin la participación de los trabajadores, que somos los dueños del dinero… No solo que nos cuenten, queremos proponer y participar en la reforma”, comentó.
Molina añadió que en base a los diagnósticos técnicos se podrá juzgar el papel de las AFP en el sistema, no mediante un planteamiento ideológico o político.

De acuerdo con la líder sindical, varias organizaciones presentes en la reunión de Casa Presidencial solicitaron conocer de manera oficial todos los documentos relacionados a la reforma: el estudio del sistema hecho durante la administración Funes, el documento de factibilidad hecho por el BID, y los borradores del Plan Cáceres que han circulado durante los últimos dos meses. Sin embargo ambos líderes sindicales señalaron que no hay acuerdos concretos. Aunque se habló de  próximas reuniones y presentación de la propuesta que ha elaborado el Gobierno, no hubo compromisos para entregar la información o participar en elaborar la reforma.

Campaña contra AFP
El tono que Lorenzana mantuvo respecto a las AFP concuerda con el discurso que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, expresó ayer por la mañana en una entrevista televisiva. Cáceres evadió, también, hablar sobre el estudio del BID y se centró en explicar su visión sobre las AFP y los compromisos derivados de la primera reforma de pensiones y sus modificaciones.

“Qué hicieron, como en todo proceso de privatización, se privatizan las ganancias, pero los costos que los pague la población, y la población lo paga con sus impuestos”, dijo.

El ministro también hizo referencia a las ganancias que han tenido las AFP en sus casi dos décadas de existencia, indicando que es una rentabilidad mayor que la de los bancos.  Según Cáceres esos ingresos habrían aliviado los gastos del Estado en pensiones. Además opinó que hoy en día, sería más fácil denunciar un robo en un sistema de reparto, si es que lo hubiera.

“Ellos creen que las AFP no han desarrollado su papel que les correspondía…
Eso viene a motivar a que no le vean futuro estable a las AFP.
Como diciendo, miren, este ha sido un mal.
El gobierno sí le puede responder al trabajador. ”
Ricardo Soriano, presidente de Comtradefop

AFP: propuesta deja sin fondos al sistema privado de pensiones

ASAFONDOS teme que la reforma al sistema de pensiones se trate de una nacionalización encubierta, puesto que dejaría a las AFP con pocos fondos para hacer frente al pago de pensiones.

LPG20150930 - La Prensa Gráfica - PORTADA - pag 9

Mariana Belloso, 30 sept. 2015 / LPG
La propuesta de reforma del sistema de pensiones que prepara el Gobierno aún no se hace pública, pero ya ha levantado preocupaciones entre diferentes sectores, organismos no gubernamentales y centros de análisis.

Para la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), uno de los principales problemas de la propuesta es que busca sacar fondos del sistema privado para llevarlos, de nuevo, a un sistema público, que en el pasado ha probado no ser sostenible.

Las AFP manejan actualmente unos $8,500 millones, que son la sumatoria del dinero que 1.8 millones de salvadoreños han cotizado en cuentas individuales como ahorro para su futura jubilación.

René Novellino, director ejecutivo de ASAFONDOS, dijo que el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo presentaciones sobre su propuesta, en la que todos los salvadoreños que ganen menos de dos salarios mínimos, es decir, $484 mensuales, deberán pasar a un esquema público de pensiones que se crearía a partir de la reforma.

Cerca de dos terceras partes de los trabajadores del país caen en ese rango salarial. Para pasar al sistema público, las AFP deberán trasladar al Gobierno el dinero que estos trabajadores han cotizado durante el tiempo que el Sistema de Ahorro Previsional (SAP) lleva funcionando. De 1998 a la fecha, son 17 años de cotización.

“Se pasarían unos $4,000 millones al Fondo de Obligaciones Previsionales, pero como nosotros no tenemos el dinero líquido, sino que lo tenemos invertido, la última presentación que ha hecho Hacienda deja abierta la posibilidad de que se les trasladen Certificados de Inversión Previsional (CIP) y otros instrumentos transables”, explicó Novellino.

El Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) fue creado en 2006, durante la administración de Antonio Saca, para ser un instrumento financiero para el pago de pensiones. El dinero del FOP se obtiene de la venta de los CIP, que son unos instrumentos que pagan una tasa de interés muy baja, actualmente cercana al 1.1 % anual.

Las AFP están obligadas por ley a comprar estos CIP, y hoy por hoy un 56 % de los ahorros para pensión de los salvadoreños está invertido en estos papeles, ganando una rentabilidad muy baja. Una rentabilidad baja implica que el dinero que se ahorra no crece, y al no crecer suficiente, significará pensiones bajas en un futuro.

En pensiones se habla de la “tasa de reemplazo”, que es el monto de pensión al que se aspira, y es el porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años. Con las condiciones actuales de baja rentabilidad, ASAFONDOS calcula que la tasa de reemplazo para los futuros pensionados será de apenas el 30 %: recibirán como pensión menos de un tercio de su salario promedio de los últimos 10 años.

A las AFP les quedarán $4,500 millones invertidos mayormente en CIP, lo cual les dificultará aún más el manejo de los fondos. Los CIP ganan un interés muy bajo y producen poca rentabilidad. “Llegará el momento en el que tengamos que empezar a vender los títulos que sí nos generan rentabilidad, porque tenemos la obligación de pagar la pensión a los jubilados que ya tenemos”, agregó. Sería una privatización encubierta, al deteriorar el sistema privado.

“Es posible que cuando la gente vea que las AFP comienzan a tener estos problemas decidan pasarse al sistema público, sería prácticamente una renacionalización”, advirtió.

Movimientos

Si se aprueba la propuesta tal y como se ha planteado, las AFP pasarían estos $4,000 millones en ahorros de los trabajadores al FOP. Novellino dice que Hacienda prevé que sean $2,000 millones en CIP y $2,000 millones en otros instrumentos que sí devengan mejores tasas de interés, de alrededor del 7 % anual.

“Esto significa que el Gobierno estará recibiendo en el corto plazo estos flujos, pero a cambio de una obligación futura de pagar las pensiones”, señaló Novellino.

El problema verdadero, agrega, es que este dinero no se guardará para pagar las pensiones futuras, sino que se usará para pagar las pensiones pasadas. La llamada deuda de pensiones requiere unos $460 millones anuales para pagarles a los jubilados del ISSS y del INPEP que cotizaron al antiguo sistema de reparto.

Como el dinero del sistema antiguo se agotó en 2001, la obligación del pago de estas pensiones pasó al Estado.

“El Estado va a recibir los flujos de los ahorros para pensiones de esta gente, pero no los usará para las pensiones futuras, sino para las pasadas, entonces no habrá dinero que respalde el pago de las pensiones a futuro. Las respaldará una ley, pero no dinero”, insistió Novellino.

Plan del Gobierno reduce pensión a más de 100 mil trabajadores

Un grupo de trabajadores que optó por pasar del sistema público a las AFP perdería algunos beneficios.

La nueva versión del Plan Cáceres, avalada por el Gobierno del Fmln, abre la puerta para que miles de salvadoreños, a quienes se les aseguró que recibirían el 63 % de su salario como pensión, el día de mañana pierdan ese beneficio y reciban solo la pensión mínima (actualmente de $207.6).

Este cambio afectaría a quienes siguen trabajando y a quienes ya están jubilados.

La versión 2 del plan gubernamental introduce una contradicción con el primer borrador. Mientras el documento filtrado en agosto dice que los jubilados no sufrirían ningún cambio en su pensión, el de septiembre añade que los pensionados, sin excepción, pasarían a recibir la pensión mínima.

“En el caso de los Pasivos del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP o jubilados del sistema privado) una parte serán pagadas por recursos propios y al acabarse se le pagará la pensión mínima con fondos públicos”, señala una frase en la página 42 del nuevo documento.

La misma lámina dice que se anularán los decretos legislativos 100 y 1217, los cuales otorgaban beneficios a un sector de la población que eligió cambiarse del sistema público al privado (AFP).

Con esta gente el Gobierno se comprometió en 2003 a pagarles como pensión el 63 % de su salario, una vez se terminaran sus ahorros del sistema privado.

Ya que estas personas fueron las primeras en afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), juntaron pocos ahorros y estos generaron una menor ganancia. Los decretos les permitieron elevar su pensión al 63 % de su salario y el Estado pondría el dinero que hiciera falta.

El nuevo plan del Gobierno, elimina este beneficio y de un plumazo baja la pensión mensual de estas personas, dejándolas en menos de $300 en el mejor de los casos.

En el peor, estos salvadoreños tendrían que quedarse solo con los $207 que el Estado otorgará como pensión mínima.

La primera versión del Plan Cáceres destinaba este golpe únicamente para los salvadoreños beneficiados con estos decretos y que no se han jubilado todavía.

La segunda versión, en cambio, abre la posibilidad de que los adultos mayores que ya reciben una pensión de $600 (por ejemplo) al mes siguiente solo obtengan $207.

Es decir, si el ahorro de un trabajador ya se terminó, el nuevo sistema de reparto que estudia el Fmln le bajará la  pensión a los trabajadores y le entregará solo $207.

En la actualidad estos decretos le protegen y aseguran que, aunque su dinero se acabe, el Estado le seguirá pagando la misma pensión sin bajar un centavo.

A los jubilados que reciben dicho beneficio, el Plan Cáceres le reducirá sus ingresos que necesita para pagar alimentación, gastos médicos, vivienda y otros.

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Un par de escenarios a manera de ejemplo

En el caso de un trabajador que gane $600 y este por jubilarse en un par de años, gracias a estos decretos tiene asegurado que su pensión será del 63% de su salario.

En otras palabras, al retirarse recibirá cada mes $378 como pensión. Además, si sus ahorros de AFP se terminan, el Gobierno le seguirá pagando esa misma cantidad.

Ahora bien, si entra en vigencia el Plan Cáceres, avalado por el Gobierno, los ahorros de los trabajadores afiliados a las AFP serán divididos. El porcentaje que corresponda a las cotizaciones de los primeros $484 de su salario irán al nuevo sistema público. Y, otro porcentaje, correspondiente a los restantes $116 de su salario se quedará en la AFP, generando una pequeña ganancia.

Al retirarse esta persona recibirá los $207 de pensión mínima, más lo que sus reducidos ahorros de AFP le puedan aportar, algo tan poco como $60 mensuales (por ejemplo).

A esa persona que recibiría $378 como pensión, el Plan Cáceres le bajará los beneficios y le entregará solo $267.

Veamos otro ejemplo. Con el mismo cálculo, hecho con un salario de $1,000, la pensión bajaría de $630 a $267, aproximadamente.

Actualmente la pensión que entrega el sistema de AFP representa entre el 30 % y el 40 % de los salarios debido a las restricciones que tiene para invertir los ahorros y generar mayores ganancias. Los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que el Estado usa para tomar ese dinero prestado, es uno de esos obstáculos, pues hasta hace poco apenas ganaban el 1.2 % de interés. Desde este año pagan el 3 %.

Los CIP han sido calificados por un representante de las AFP como “ancla” para las ganancias que pueden obtener los trabajadores.

Los decretos 1217 y 100 de alguna manera beneficiaban a un sector de la población, no solo de las bajos ahorros que lograron juntar en la transición de un sistema a otro, sino del daño que inversiones como los CIP han hecho a los ahorros de pensiones.

Historia de los decretos

El decreto 1217 fue emitido en 2003 y el 100 en 2006 como respuesta a demandas y necesidades de los salvadoreños.
Cuando en 1998 se hizo la reforma de pensiones que dio vida a las AFP se dio a 220 mil personas la posibilidad de elegir si se quedaban en el anterior sistema público o pasaban al nuevo.

Este grupo de personas tenía entre 36 años y 50 años (las mujeres) o 55 años (los hombres) cuando ocurrió la reforma.

El gobierno se comprometió con las personas que pasaron a una AFP a que les daría Certificados de Traspaso (CT) cuando se jubilaran, los cuales serían equivalentes a todo el dinero que cotizaron en el sistema antiguo (ISSS e INPEP).

Al juntar ese dinero con los ahorros en las AFP, esos trabajadores se encontraron que por haber pasado poco tiempo en el nuevo sistema habían generado pocas ganancias.

Su pensión además era muchísimo menor a la que habrían tenido si se quedaban en el sistema público.

Ante el malestar de la gente, en 2003 el Gobierno y la Asamblea Legislativa emitieron el decreto 1217.

Con ello se crearon los Certificados de Traspaso Complementario (CTC) con los cuales el Estado se compromete a entregar el dinero adicional para elevar la pensión de estas personas al 60 % de su salario.

Posteriormente en 2006 se emitió el decreto 100. Con este se buscó simplificar el esquema de los CT y CTC. En resumen el Gobierno se comprometió a entregar, mes a mes, la pensión del 60 % del salario a estas personas una vez que se terminen su ahorros de AFP. El beneficio se mantendría de por vida para este sector.

En ese mismo año se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) y los Certificados de Inversión Previsional (CIP), con los cuales el Gobierno saca ahorros de las AFP para pagar las pensiones del sistema antiguo y los beneficios de estos decretos.

Varios analistas han criticado que el Plan Cáceres es una violación a los derechos adquiridos de los trabajadores. Estas personas ya trabajaron varios años y cotizaron para  ganarse ese beneficio que les ofreció el Gobierno en su momento. El ministro Carlos Cáceres sostuvo esta semana reuniones con políticos, empresarios y organizaciones de desarrollo para sumar sectores que apoyen la propuesta. Sin embargo,  el ministro ha marginado a las AFP y a los trabajadores y a sindicatos como el Comité de Trabajadores es Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop). A estos actores ni siquiera los ha llamado a reunión.

Gobierno estudia subir edad de jubilación, aumentar cotizaciones y un impuesto adicional para pagar pensiones

El nuevo plan Cáceres reduciría los beneficios a más de 125 mil futuros pensionados.

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, 25 sept. 2015 / EDH

Una nueva versión del Plan Cáceres circuló a inicios de esta semana. El Gobierno confirma en el documento que está pensando en subir la edad de jubilación y las cotizaciones, quitará beneficios a algunos trabajadores y terminará de pasar los ahorros a un fondo que ya debe dinero a los cotizantes.

En la portada del documento destaca, para empezar, que ya no aparece el logo del Ministerio de Hacienda, sino el de Gobierno de El Salvador. Esto podría corresponder con una carta que el ministro Carlos Cáceres envió a la Asamblea Legislativa, explicando que la propuesta para reformas al sistema de pensiones ya no es su responsabilidad.

Violación de derechos

En general la nueva versión del Plan Cáceres deja intacta la propuesta que ya se conocía.

Todos los trabajadores tendrán que pasar, de forma obligatoria sus ahorros al nuevo sistema público concebido por Cáceres. Quienes ganen menos de $484 entregarán el 100% de sus ahorros. Quienes ganen más, solo pasarán un porcentaje y otro quedará en las AFP.

Se ha señalado que esto es una confiscación que viola el derecho de propiedad, pues el sistema de pensiones es privado porque cada trabajador es dueño de su dinero.

Además se mantiene la propuesta de eliminar los decretos 100 y 1217 los cuales otorgan a un sector de personas que optó por pasar del sistema público al privado los mismos beneficios que habrían tenido de no hacer el cambio.

Aunque implica mayor gasto al Estado, este es un beneficio ya adquirido por estos trabajadores el cual se va a violentar.

FOP, el nuevo fondo público

¿Qué tiene de nuevo el plan Cáceres? En principio detalla cuál será el papel del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) dentro del nuevo sistema mixto. En realidad, este pasaría a convertirse en el nuevo fondo de reparto que será propiedad del Estado.

El futuro papel del FOP no se mencionaba en el documento con fecha de agosto 2015. En la nueva versión se especifica que los ahorros que se saquen de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la cotización de los futuros trabajadores se depositará en este fondo.

“El Fideicomiso… continuará funcionando y apoyando el financiamiento del pago de las obligaciones de las pensiones públicas”, reza el documento en su página 44.

“Las cotizaciones futuras que corresponden al pilar de reparto… pasaran al directamente al FOP. Los ahorros acumulados en las cuentas individuales tendrán que trasladarse al FOP”, añade la misma lámina.

El problema es que, como han señalado sindicatos y analistas económicos, por el funcionamiento de este fondo es que el Estado ya debe a los cotizantes de las AFP cerca de $4 mil 500 millones, prácticamente la mitad de los $8,500 millones que los salvadoreños han ahorrado en sus cuentas individuales.

En otras palabras, el documento confirma que se estaría anulando la deuda que el Estado ya tiene con todos los trabajadores que ahorran en las AFP. La mitad de ese dinero tendría que entregarse, a una bolsa que ya nos debe la otra mitad.

El Gobierno utiliza el FOP para tomar prestado los ahorros en las AFP y pagar las pensiones del sistema antiguo. Este préstamo se hace a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) los cuales el Estado debe pagar a las AFP cada cierto tiempo para devolver el dinero a los trabajadores.

Anular la deuda

Este complejo escenario se explica en el nuevo documento con un lenguaje técnico, señalando que el FOP utilizará la deuda que ya tiene y el dinero que las AFP debe entregarle “de manera que pueda haber una compensación entre activos y pasivos y disminuir la deuda publica”. En español estándar significará que la deuda se esfumará, como por arte de magia.

¿Cómo se borrará la deuda? Las AFP tendrán que pasar el dinero al FOP y tendrán que devolver esos CIP. Con un movimiento dentro de sus cuentas, el Estado tendrá una deuda de $4,500 millones por los certificados pero le entregarán esa misma cantidad de dinero. Al sumar y restar, la deuda se anula en algo que los contadores llaman “borrasaldo”.

Esta anulación de la deuda perjudicará seriamente a los trabajadores e incluso a los actuales pensionados.

En realidad, los $4,500 millones que tendrá que recibir el FOP no existen porque esa misma institución ya los usó para pagar a los jubilados del anterior sistema.

Si la reforma de pensiones se aprueba de esta manera, cuando el FOP se convierta en el nuevo fondo de pensiones en realidad tendrá cero dólares para pagar a los pensionados actuales.

La mayoría de ahorros que los trabajadores han juntado en 17 años del sistema de AFP se esfumarán y su futura pensión dependerá de las cotizaciones que empiecen a llegar después que el Estado haga el “borrasaldo”.

Revender el dinero

La nueva versión del Plan Cáceres menciona que las AFP entregarán el dinero en forma de bonos.

En el párrafo siguiente la propuesta indica que “con los Bonos acumulados en el activo del FOP, se podrán realizar operaciones financieras que le permitan generar liquidez y se pueda hacer frente al pago de las obligaciones previsionales”.

Esto significa que en lugar de anular la deuda, el Estado podrá usar la opción de revender los CIP.

Esta operación funcionaria para que, sin tener que emitir nuevos certificados, el Estado siga obteniendo dinero y atrasando el pago de la deuda.

La reventa permitiría que el nuevo fondo de reparto nazca con dinero en efectivo para operar, pero a la larga el Estado acumularía más deuda en lugar de reducirla.

Sin embargo El Diario de Hoy conoció que el mismo ministro está presentando la nueva versión del plan a entidades privadas.

Plan Cáceres, versión agosto 2015
plan caceres-agosto 2015

Plan Cáceres, versión septiembre 2015
plan-caceres – septiembre 2015

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Edad de retiro subirá 5 años y cotización será de 15 % del salario

La propuesta de reforma plantea que estos parámetros se cambien después de 2020.

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25 sept. 2105 / EDH

El Plan Cáceres contempla desde ya que será necesario aumentar la edad de retiro y el descuento que se hace al salario para cotizar en el sistema de pensiones. Esto pese a que todos los funcionarios han negado que se piense hacer estos cambios.

La propuesta original del Plan Cáceres era que todos los trabajadores, actuales y nuevos, tendrían que cotizar el 14% de su salario en el nuevo sistema de pensiones. En la actualidad se cotiza el 13 %.

Luego de conocerse el contenido de la propuesta, diferentes sindicatos se pronunciaron en contra de la medida. Los trabajadores rechazan totalmente cualquier cambio que implique alargar los años que se tenga que cotizar o hacer un descuento mayor.

Ante esta reacción la nueva propuesta del Plan Cáceres rectifica que se mantendrá la tasa de cotización en 13 % del salario.

Sin embargo, muchas páginas después, en la página 48, el nuevo documento agrega unas correcciones al sistema que propone Cáceres.

Los asesores que participan en la elaboración de la reforma sugieren que, después que empiece a funcionar el sistema mixto se suba la tasa de cotización a 15 % del salario. Es un aporte incluso mayor que el que anunció Cáceres al principio.

Por otro lado, se sugiere subir cinco años la edad de retiro para todos los salvadoreños. De esta forma los hombres tendrían que llegar a los 65 años para poder jubilarse y las mujeres a una edad de 60.

Esta propuesta es incluso superior a la que contenía el estudio de pensiones realizado por la administración de Mauricio Funes. En esa ocasión los técnicos de varias entidades de gobierno sugirieron que se podía subir la edad de jubilación en 3 años para hombres y mujeres.

La secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Sarahí Molina, reaccionó con rechazo cuando se le compartió esta propuesta del plan Cáceres.

“Rechazamos rotundamente el aumento de la tasa de cotización al 15 %. Ya los trabajadores cotizamos demasiado y en los hombros de los trabajadores no puede descansar todo”, expresó.

Una de las críticas a estos cambios paramétricos es que solo reducen un poco los pagos anuales que debe hacer cada año el Estado. A cambio el salvadoreño debe trabajar más y entregar más dinero.

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Reforma de pensiones: Habrá un impuesto adicional para pagar pensiones

Adicional a la reforma se plantea un nuevo impuesto que pagará varios compromisos, incluyendo a militares y veteranos.

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, 25 sept. 2015 / EDH

Como si no bastara adueñarse de la mitad de los ahorros en el actual sistema, el Plan Cáceres también propone un nuevo impuesto para pagar diferentes compromisos con los pensionados. Esta “contribución especial” es tan grande que podría absorber la mitad del crecimiento económico que el Gobierno espera para los próximos años.

La primera versión del Plan Cáceres planteaba que para pagar la Pensión Básica Universal (PBU), sería necesaria la creación de una “contribución especial”. Con ella el Estado tendría dinero para pagar a las personas mayores de 70 años que nunca cotizaron, ni reciben otro tipo de pensión.

No es hasta que circuló la nueva versión que el Gobierno puso por escrito cuánto representa esa contribución. Será un aporte que todos los salvadoreños tendrán que pagar. Uno por un valor de $252 millones cada año.

“Se creará una Contribución Fiscal para el Financiamiento del Sistema de Pensiones que pueda generar recursos por el orden de 1% del PIB”, reza la página 44 del documento. Al igual que con el tema de seguridad, el Gobierno está tratando de presentar bajo la forma de “contribución especial” algo que en realidad será un impuesto.

Esa misma lámina detalla que con ese impuesto se buscará pagar el pilar no contributivo (la pensión básica), el pago de intereses y deudas del actual sistema de pensiones. Además proveerá el dinero que se necesita para cubrir la falta de fondos en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Según las estimaciones el IPSFA termina sus reservas en 2016. El mismo ministro Carlos Cáceres ha dicho que el próximo año se pasarían $32 millones a esa entidad para que los jubilados de la fuerza armada no se queden sin pensión.

Por otro lado la pensión básica se ampliaría, según la propuesta para entregarse a 100 mil personas. Entre los nuevos beneficiarios de la PBU estarán los veteranos de guerra, quienes actualmente se encuentran en las calles exigiendo compensaciones y otros beneficios por su trabajo en el conflicto armado.

Independiente de cuáles sean las pretensiones de los veteranos, al incluirlos en la pensión básica universal, el Plan Cáceres define que se les dará $50 cada cuatro meses.

¿Fuente del dinero?

El primer problema de esta “contribución especial” es que solo establece una meta de recaudación.

El nuevo Plan Cáceres no detalla de dónde se sacará el dinero, cuáles serían los productos o servicios en los que se aplicará el impuesto.

Tampoco establece cómo se va a cobrar o quienes serían los organismo encargados de hacerlo.

Por otro lado, abre la puerta a una recesión para la economía nacional y una escasez en el bolsillo de las familias.

De acuerdo con estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR) se el Producto Interno Bruto (PIB) crezca un 2.3 % este año. Gradualmente se espera que la economía llegue a crecer hasta un 3 % en unos años.

Sin embargo, de implementarse este impuesto en 2016, estaría absorbiendo prácticamente la mitad del crecimiento económico del país.

La mitad de la producción e ingresos, no solo de empresas, sino de las familias, tendría que destinarse al nuevo impuesto con el cual el Gobierno pretende pagar todos sus compromisos de pensiones.

El “pilar no contributivo” se convertiría al final en un pilar contributivo gracias a este impuesto.

Analistas económicos han dicho en el pasado que una pensión solidaria se caracteriza porque el Estado pone el dinero desde su fondo general de ingresos, no porque se cree un impuesto.

El Plan Cáceres tomará los ahorros de los cotizantes y les cobrará más aún.

Se estaría reabriendo el origen del problema de pensiones”

La gremial de las Administradoras de Fondos de Pensiones dice que la propuesta que ha mencionado el ministro de Hacienda es una reapertura del antiguo régimen de reparto.

René Novellino, director ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS).

René Novellino, director ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS).

Mariana Belloso, 23 sept. 2015 / LPG
Optar por un sistema mixto de pensiones en el que se parta de un sistema público hasta un determinado ingreso, tal y como ha mencionado el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, sería un retroceso al antiguo sistema de reparto, aseguró René Novellino, director ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS).

Novellino aseguró que esto sería reabrir la fuente de generación de déficit previsional y pondría en riesgo la sostenibilidad y el pago de pensiones a futuro, porque se estaría volviendo al origen del problema de pensiones en El Salvador.

Sin embargo, confía en que esta propuesta no sea aún un hecho, y dijo confiar en las palabras del secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, de que aún se realiza un estudio técnico antes de que el Ejecutivo presente su propuesta de reforma del sistema de pensiones.

¿Cómo reciben ustedes el anuncio del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, de que en 30 días se tendría una propuesta de reforma del sistema de pensiones?

El plazo que expresó en esa oportunidad el señor ministro de Hacienda contrasta con otras declaraciones que habíamos recibido en el contexto de una reunión con otros funcionarios en la Secretaría Técnica de la Presidencia, en la cual nos comentaban que aún estaba en elaboración un estudio técnico que es el que serviría de base para la formulación de la propuesta de reforma, y que dicho estudio estaría concluido a mediados de octubre. Hubo declaraciones del señor secretario técnico que de alguna manera confirmó que estaban por concluir ese estudio y por tanto no consideraban que existiera una propuesta definitiva, no conocemos que exista una propuesta definitiva, pensamos que están a la espera de la conclusión del estudio técnico, con la participación de una firma internacional.

El estudio que está financiando el Banco Interamericano de Desarrollo…

Así es, que como parte de una cooperación del BID habían contratado una firma de origen mexicano y estaban en proceso de elaboración del estudio. En ese contexto surgen las declaraciones del ministro en otro sentido y luego una suerte de aclaración de parte del secretario técnico.

¿Y qué opinión tienen de los detalles que dio el ministro de esta propuesta?

Nos parece que hablar de establecer un sistema mixto en realidad la implicación principal es que se está planteando la reapertura del régimen de reparto, del sistema de pensiones público, el cual ha sido el origen de los problemas asociados a la deuda previsional en el sentido de que una operación, en el caso del ISSS y el INPEP, deficitaria, que ha dejado al país con una deuda equivalente al 90 % del PIB, a la cual hoy se viene a sumar más recientemente el caso del IPSFA. El planteamiento de ASAFONDOS es que la reapertura del reparto implica hacer un intercambio de recibir flujos en el corto plazo a cambio de reabrir la fuente de generación de déficit previsional y poner en riesgo la sostenibilidad y el pago de pensiones a futuro, porque se estaría reabriendo el origen del problema de pensiones en El Salvador. Nos parece que se tiene que discutir estas medidas, preguntarnos como país los objetivos que se buscan con impulsar una reforma de pensiones, en virtud de los objetivos es que se tienen que establecer las políticas.

Esa es una de las principales críticas que se han hecho a lo que el ministro mencionó que no resuelve los problemas de cobertura, rentabilidad ni de sostenibilidad del sistema, sino que sería nada más un respiro financiero para el Gobierno…

Nuestra postura va en ese sentido, y hemos coincidido con otros actores de la sociedad civil. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos en pensiones? Tenemos un problema severo de cobertura que en mucho depende de las condiciones del mercado laboral pero que tienen una incidencia directa y se reflejan fielmente en las pensiones. Ese es un tema de seguridad social. El otro gran reto es la suficiencia de las pensiones, cuál es el monto de pensión que vamos a ser capaces de pagar a los salvadoreños, y eso, por supuesto, tiene implicaciones con respecto a las políticas y regulaciones de inversiones, de las condiciones de la inversión de carácter obligatorio. Y el tercer gran tema es la sostenibilidad, a nosotros nos parece que una reforma de pensiones debería orientarse a que a los salvadoreños se les garantice el pago de pensiones suficientes, sostenibles y al mayor número posible de personas. Como no conocemos la propuesta concreta es difícil saber si están o no están contemplados estos elementos, en las declaraciones conocidas del señor ministro no se abordan esos temas, sino más bien una repartición de flujos. Nuestro planteamiento es que si se va a impulsar una reforma de pensiones en El Salvador, pues ojalá que sea integral, que contemple los problemas de pensiones, los retos de pensiones, que esté sustentada técnicamente en cifras, que se cuantifique, y que a diferencia del pasado se nos diga como sociedad, miren, lo que estamos proponiendo cuesta tanto, lo vamos a pagar con estos recursos y el monto de las pensiones que vamos a lograr para este número de salvadoreños, es decir calculando metas de cobertura y suficiencia, van a ser el orden de tanto. Para lograr estos objetivos proponemos estos caminos y allí se comenzaría a hablar de todos los modelos, y ojalá se tenga una discusión con los actores involucrados en el tema, analizar las opciones y ver qué nos acerca más a los objetivos de seguridad social. Como sociedad tenemos un déficit bastante grande.

¿Continúan las pláticas con el Gobierno?

En junio de este año se tuvo una reunión en la cual se hizo una presentación de las propuestas actualizadas de la industria, porque nos dijeron que estaban en proceso de recibir insumos como para hacer la propuesta del Gobierno. A finales de agosto fue que tuvimos esta otra reunión y en la cual nos plantearon que estaban en este proceso de evaluación técnica, que habían conformado un equipo que ya había estado en funcionamiento en el gobierno anterior, que habían elaborado un diagnóstico de forma conjunta con funcionarios de la Superintendencia del Sistema Financiero, del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, y que estaban en estudio de las diferentes opciones. Nosotros estamos a la espera de que haya una formulación de una propuesta en concreto y que la misma pueda ser conocida y discutida por la sociedad, por los diferentes actores, y que exista la oportunidad de presentar las diferentes propuestas, como las que han elaborado FUNDE, FUNDAUNGO, FUSADES, también la academia puede tener su planteamiento, los trabajadores, el mismo sector privado, para que el tema sea conocido y discutido y podamos llegar a una propuesta que cumpla con los objetivos que nos estamos formulando, sin dejar de lado el reto del pago de la transición.

De la deuda de pensiones…

Sí, que es quizá el elemento de vínculo con la situación fiscal del país, pero que debe ser abordado como tal. El vicepresidente del BID, Santiago Levy, plantea que El Salvador tiene una deuda previsional, la cuantificación varía pero todos estamos de acuerdo con que hay una deuda que hay que pagar, y es un tema independiente del funcionamiento del sistema de pensiones actual. En paralelo hay que encontrar una forma para pagar esa deuda, ponernos de acuerdo cómo, y por otro lado, planteaba él, que para garantizar la sostenibilidad a futuro lo que se debe propender es mantener un sistema plenamente fondeado. Creemos que las propuestas que tenemos están orientadas al fortalecimiento del programa de seguridad social, pero El Salvador debe encontrar solución a sus retos fiscales, y estamos claros que el pago de las pensiones a cargo del ISSS y el INPEP son un gasto público que, contrario a lo que se menciona en la coyuntura actual, particularmente por las condiciones de tasa de interés a que se emiten, actualmente tienen una fuente de financiamiento que le permite al Estado seguir pagando los beneficios del sistema público con una erogación que hoy por hoy es relativamente baja.

¿De cuánto es?

El año pasado fueron cerca de $100 millones los que se erogaron para intereses y amortización de los CIP. En ese sentido, $100 millones de un presupuesto ejecutado el año pasado de unos $4,800 millones, es lo que efectivamente significa como erogación. Ahorita existe ese mecanismo de financiamiento, evidentemente si el Estado de El Salvador sigue emitiendo $470 millones anuales para pagar pensiones, en el tiempo esa deuda va a ir creciendo y el servicio de la misma va a ir requiriendo más recursos, hoy por hoy es un monto relativamente pequeño con respecto a otras erogaciones del Estado. Encontremos o hagamos una transición del esquema actual que tiene un efecto indeseable sobre el monto de las pensiones a futuro de los afiliados al nuevo sistema en cuanto a que tienen anclada la posibilidad de aumentar su rentabilidad al tener que invertir en CIP a tasas que aunque este año se han subido al 3 %, como el stock aún está en las condiciones originales, la tasa promedio sigue estando en niveles del 1.2 %. Hay que ponernos de acuerdo en cómo en un período razonable podemos transitar de este esquema de financiamiento de las pensiones del ISSS y el INPEP que no implique afectar tanto las pensiones de los trabajadores afiliados al nuevo sistema, ni tanto que ponga las finanzas públicas en una situación más complicada que la que ahorita tiene.

¿Cuál es la propuesta de ASAFONDOS?

Deberíamos convenir como sociedad reconocer que se tiene la deuda del ISSS y el INPEP y que hay que pagar, reconocer que el esquema actual ha permitido seguir pagando. Reconozcamos que seguir emitiendo deuda al 1 %, perjudicando las futuras pensiones, no es la manera en que esto se puede solventar. Hagamos varias cosas, pensemos, si estos $4,800 millones que ya se emitieron se pueden reestructurar, hacer una reingeniería financiera, aliviarle los flujos al Estado, para que le facilite pagar, pero que en el futuro lo que se emita se haga a tasas más adecuadas, incluyendo este CIP reestructurado que pueda en el tiempo devengar tasas más cercanas a las de mercado, aunque sea de forma gradual, y que el Estado de forma independiente al arreglar su problema fiscal de forma integral de forma independiente considere destinar ingresos corrientes para pagar de formas, aunque sea de forma parcial. Así, en el tiempo no se necesitaría cubrir totalmente ese gasto con emisión de deuda, sino gradualmente llegar a una mezcla que permita de una forma razonable ir saliendo de este esquema de pago que no es el más adecuado pero que es el que por el momento ha funcionado. Creemos que en el equilibrio entre uno y otro aspecto está la clave para salir de esto, no se puede resolver de la noche a la mañana pero tampoco podemos visualizar esto solo desde la óptica fiscal, para resolver el problema de los flujos del Estado, olvidándonos de las necesidades de los trabajadores.

#ElRingdeHoy: ¿Está usted a favor de un sistema de ahorro de pensiones mixto/reparto? Debaten Nelly Martínez y Juan Pablo Fontán

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Sí. “Serviría para pagar la pensión a personas jubiladas bajo el sistema público.”

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Lic. Admon. de empresa; miembro de: Plataforma Global El Salvador y Activista El Salvador

Nelly Martínez, 22 sept. 2015 / EDH

En este artículo sentaré posición respecto al debate sobre el sistema de pensiones en El Salvador. El debate se centra en la conveniencia o no de un sistema mixto de pensiones. ¿Será que podemos solventar este engorroso problema de pensiones atendiendo solo el déficit de financiamiento para su pago?

Desde la década de los 60 a 70 el sistema de pensiones fue público, operó como un fondo común con el que se alcanzaban a cubrir los gastos de funcionamiento de algunas instituciones públicas y el mismo pago de los pensionados, llegó a tener 500,000 cotizantes y casi 70,000 pensionados y sus reservas técnicas alcanzaban a los $343 millones, esto antes de su cierre.

En 1996, en la presidencia de Armando Calderón Sol,  mediante votación de la Asamblea Legislativa, fue aprobada la ley del SAP (Sistema de Ahorro de Pensiones) la cual permitió el surgimiento de las Administradoras de Fondo de Pensiones (Crecer, Confía, etc.) en El Salvador. De ser un sistema de reparto, ahora se instalaba en El Salvador el sistema de ahorro individual.

En el Sistema de Ahorro de Pensiones se cubre a aproximadamente el 17 % de pensionados. En dicho sistema de ahorro el trabajador aporta el 6.25 % del total de la cotización y el patrono aporta el 6.75 %, haciendo un total de 13 %. Por su parte, el gobierno paga pensiones a un 83 % de pensionados del viejo sistema público. Para ello, recurre a deuda o a la emisión de Certificados de Inversión Previsional, originados por el decreto legislativo 98 de 1996, que creó el Fondo de Obligaciones y Pensiones.

¿El cambio de un sistema de ahorro colectivo a uno de ahorro individual significó una mejora o beneficio para la mayor parte de la población pensionada? ¿Se pasó a un sistema más justo y solidario?  Como lo muestran datos del Sistema Financiero citados por ADESES, para 2012 las cotizaciones en el sistema público eran del 83 % y en el sistema de privado sólo alcanzaban la suma de 17 %; y por el contrario las cotizaciones que recibe el público equivalen únicamente al 5 % del total de las cotizaciones del sistema global previsional, mientras  que  el sector privado recibe el restante 95 % del total de cotizaciones. ¿Parece esto un modelo más justo y digno? ¿Un sistema mixto mejoraría algo de esta situación claramente desfavorable?

Es difícil pensar en una sola medida que solucione la totalidad de la crisis. Una de las soluciones propuestas, salida del despacho del Ministerio de Hacienda, es la creación de un sistema mixto cuyos pagos serían, una parte a la empresa privada, y otra al Estado. El ingreso estimado de 41 millones no entraría a la cuenta individual de cada afiliado, sino que serviría para pagar la pensión a personas jubiladas bajo el sistema público. De entrada parece un paso acertado. También deben considerarse  los elementos que resolverían el tema de la cobertura y la suficiencia de las pensiones.

Compartir responsabilidades en la administración de los fondos de los afiliados, del Estado y la empresa privada es en definitiva una visión acertada que deben complementarse con planes, programas y proyectos que incrementen el empleo formal en una joven población económicamente activa. Si el problema es de “caja”, debería de pensarse en obtener mayores ingresos por la vía fiscal: alto a la elusión y evasión por parte de grandes capitales transnacionales. La transparencia y rendición de cuentas deben permanecer inamovibles y por ello como ciudadanía tampoco debemos quitar el dedo del renglón y participar de esta discusión ¿Por qué solo dar un paso si el camino se abre para más?

@yessenialopez

No. “El sistema mixto no traerá beneficios nuevos a los cotozantes. Eso la saben lo que lo proponen.”

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Economista. Diputado Suplente por San Salvador.

Juan Pablo Fontán, 22 sept. 2015 / EDH

Se cambia para mejorar. Si no, ¿para qué se cambia? El sistema mixto de pensiones no traerá beneficios nuevos a los cotizantes. Eso lo saben mejor que nadie los que promueven la “reforma”. No hay aumento del monto de pensiones ni cambios paramétricos: edad de retiro, beneficios, tasas de cotización, etc. Es una reforma, que no es reforma, sino un mecanismo de financiamiento de corto plazo para cubrir el hoyo fiscal estatal. Lo que necesitamos es una reforma integral de las pensiones, que ningún gobierno ha podido resolver en su total y justa dimensión. El sistema mixto le dará liquidez al gobierno y le permitirá 1) evitar la necesaria reducción de grasa en el gasto público y 2) esconder la cabeza como el avestruz y tirar la solución real del problema al próximo gobierno.

No habrá mejores beneficios porque tenemos un sistema incompleto con desfinanciamientos importantes. Arrastramos una deuda vieja que “obliga” al gobernante en turno a apagar incendios fiscales durante su quinquenio y a trasladar las soluciones integrales al siguiente gobernante. Iniciamos con un sistema público o de reparto en 1969 cuyo pecado original fue haber nacido desfinanciado. El trabajador y patrono aportaban solo el 3.5% de su salario, para recibir del 55 hasta el 80% del mismo cuando se jubilaba. Simplificando, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima como parámetros internacionales promedio normales recibir entre un 30 y 45%.

En 1998 el Gobierno buscó ordenar el problema al transformar el sistema de reparto a uno de capitalización individual creando las AFP. A partir de entonces, trabajador y empleador aportan el 10% y puede recibirse un aproximado del 30%  como pensión. Fue un inicio sólido para ordenar las cuentas. Con varias fallas pendientes de arreglar, su pecado capital es que no corrigió el desfinanciamiento del sistema viejo. Se corrigió para las nuevas generaciones pero faltó un ajuste fiscal para determinar quién pagaría la deuda arrastrada de 1969 y los excesos del sistema viejo.

En 2006 el Gobierno creó al menos dos problemas adicionales: como no se definió de dónde se pagarían las pensiones de los más viejos, tomó prestado el dinero de los más jóvenes, pagándoles un tasa inferior a la del mercado (entre el 1 y 5%), afectando su rentabilidad. Por otra parte, y para ganar simpatías electorales, el Gobierno regresó de facto al sistema antiguo al equipararle a algunos pensionados del sistema nuevo el nivel de beneficios del sistema viejo… Es como haber dejado de fumar y haber recaído en el vicio. Para rematar en 2010, el Gobierno casi duplicó la pensión mínima sin proyecciones de largo plazo ni determinar su sostenibilidad fiscal. ¿Déjà vu?

Hoy por hoy la deuda ronda el 100% del PIB anual. Eso son unos $25 mil millones que el Estado debe honrar. El sistema mixto es cirugía mayor y no corregirá los problemas de las pensiones. ¿Tiene sentido embarcarnos, de nuevo, en soluciones complejas que resuelven poco?

La propuesta del Gobierno contempla algunos elementos positivos, como permitir la inversión en valores financieros extranjeros, instaurar una figura multifondos para diversificar, y habilitar el cruce de bases de datos del ISSS y AFP para subir número de cotizantes. Pero deja de lado las soluciones de fondo: 1) Garantizar tasa de interés de mercado a los fondos que el Gobierno ya toma prestado de los ahorros privados,  2) Responder preguntas difíciles de sostenibilidad como el nivel de beneficios del antiguo sistema y edades de retiro, y 3) ¿Cómo subir la cobertura de pensiones de apenas el 25% que tiene nuestra población económicamente activa?

Se cambia para mejorar. Si no, ¿para qué se cambia?

@jpfontan

Sindicato: plan Cáceres quebrará ambos sistemas de pensiones

El movimiento de unidad sindical cree que propuesta no es sostenible porque elimina la deuda actual y fondos pasarían a control estatal.

22 sept. 2015 / EDH

La quiebra. Ese es el resultado que espera al sistema de pensiones si se implementa la reforma propuesta por el ministro de hacienda, según opinó una líder sindical. Para ella uno de los aspectos más críticos del plan Cáceres, es que borra una deuda que el Estado ya tiene con los trabajadores.

“Nosotros estamos totalmente en contra porque ese dinero va a entrar directamente al presupuesto general de la nación y entonces a la larga lo que va a venir a hacer es a quebrar los dos sistemas”, expresó la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Sarahi Molina.

En opinión de la líder sindical, la quiebra del sistema privado y el público ocurriría porque se elimina una deuda que actualmente el Estado tiene con los cotizantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“De un plumazo se están volando la deuda que el Estado tiene con los trabajadores. Los más de 4 mil millones que el Estado adeuda a los cotizantes ¿dónde quedan?”, expresó Molina.

Con ello se refirió a los $4,776 millones que el Estado ya sacó de los ahorros de las AFP para pagar a los jubilados del sistema anterior su pensión mensual.

De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) de cada $100 que los trabajadores han cotizado, $56 ya los usó el Gobierno y tendrá que pagarlos eventualmente. Más de la mitad de todos los ahorros.

La preocupación es que confiscar los ahorros y pasarlos a un fondo estatal esa deuda no sea pagada. Uno de los dos sistemas (o ambos) se quedarían sin fondos.

Falta visión integral

Sarahí Molina además criticó que el enfoque del plan Cáceres solo busca resolver problemas de efectivo en el Gobierno.

“Aquí se trata de la pensión de todos los salvadoreños, no una inversión para el Gobierno. Todos tenemos que opinar… (para que) saquemos el mejor sistema para los salvadoreños, no una imposición de parte del gobierno y de los organismos internacionales”, señaló.

Según la secretaria general de Musyges, el plan Cáceres ignora la baja cobertura que tiene el sistema actual y las pocas ganancias que consiguen los trabajadores con sus ahorros.

“Los trabajadores informales o por cuenta propia esos no cotizan. Deben buscarse mecanismos legales para ampliar cobertura y que esta gente cotice para su vejez”, comentó.

Dijo además que el sistema de AFP tiene suficientes ahorros para ser sostenible. “El problema se da por los Certificados de Inversión Previsional, porque nos están pagando un promedio de 1 %”, expresó. Los certificados, también conocidos como CIP, son los papeles que usa el Estado para tomar prestados los ahorros de los trabajadores.

Molina añadió que los trabajadores buscan que se mejore el sistema de AFP. “Queremos que la tasas de reemplazo sean mayores, y van a ser mayores en tanto que el Fondo de Pensiones tenga rentabilidad grande. Esa rentabilidad no pasa por invertir en CIP”, recalcó.

Gobierno cerrado al diálogo con trabajadores

No es solo Musyges quien rechaza el plan Cáceres. De acuerdo con Molina, los miembros del Consejo de Relaciones Laborales están en desacuerdo con la propuesta ya que no fue consultada con ellos en ningún momento.

Dicho consejo aglutina al 90% de las organizaciones sindicales y fue creado a principios de este año a petición del presidente de la república. El principal objetivo era que este sector pueda hacer recomendaciones al mandatario sobre temas que afectan a los trabajadores.

Molina dijo que el secretario de transparencia, Marcos Rodríguez, y el viceministro de hacienda se comprometieron a compartir con los sindicatos la propuesta de pensiones, pero hasta el momento no han debatido la iniciativa en el Consejo.

“Eso lo que implica es que el gobierno no está interesado en dialogar con los trabajadores pero nosotros sí, como parte de la sociedad civil, estamos interesados en conocer la propuesta y que el diálogo sea efectivo”, sentenció.

Debate

La representante de Musyges aclaró además que la Asamblea Legislativa no es el lugar indicado para que se produzca el diálogo respecto a la reforma de pensiones.

Previo al proceso para aprobar la reforma, Molina opinó que debe existir un debate entre todos los sectores donde se presenten iniciativas de cada uno y se analicen las ventajas y desventajas.

El diálogo debería incluir a los órganos del Estado, al sector empresarial, organizaciones de jubilados, organizaciones de pensamiento y universidades.

Sarahí Molina concluyó haciendo un llamado “a los diputados de la asamblea que no vayan a atreverse a tocar el sistema de pensiones solo porque tienen los votos. Están obligados a corresponder a los ciudadanos que votaron por ellos haciendo un diálogo por este tema”.

De un plumazo se están volando la deuda que el Estado tiene con los trabajadores. Los más de 4 mil millones que el Estado adeuda a los cotizantes ¿dónde quedan?