referéndum

Brexit: lo que sabemos ahora. De Tony Blair

Cuando votamos en 2016, sabíamos que estábamos votando contra nuestra situación actual en Europa, pero no sabíamos cómo sería la futura relación con el continente. Una vez que conozcamos la alternativa, deberíamos poder pensárnoslo de nuevo.

tony-blair-9214379-1-402

Tony Blair, ex Primer Ministro de Gran Bretaña

Tony Blair, 4 enero 2018 / EL PAIS

Este año que empieza va a ser decisivo para el destino del Brexit y Reino Unido. En 2017, las negociaciones eran todavía incipientes. Para 2019 será demasiado tarde. Desde una perspectiva realista, 2018 será la última oportunidad para tener voz y voto a la hora de saber si la nueva relación con Europa es mejor que la actual, y para insistir en que el “acuerdo” sea lo bastante detallado como para que ese voto sea significativo. Por eso publicamos hoy “Lo que sabemos ahora”, lo que hemos aprendido sobre el Brexit desde el 23 de junio de 2016.

Nunca he ocultado mi deseo de que Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Esta es la decisión más importante que hemos tomado como nación desde la Segunda Guerra Mundial, una decisión que va a determinar el destino de nuestros hijos durante mucho tiempo. Estoy apasionadamente convencido de que, al salir del poderoso bloque regional el paisde los países vecinos, a los que estamos unidos físicamente por el túnel del Canal de la Mancha, comercialmente por el Mercado Único, históricamente por infinitos vínculos culturales y políticamente por la necesidad de una alianza en una era dominada por Estados Unidos en Occidente y China e India en Oriente, estamos cometiendo un error que el mundo contemporáneo no puede comprender y las generaciones futuras no podrán perdonar. Pero lo primero que hay que conseguir no es revocar la decisión, sino reivindicar el derecho a cambiar de opinión cuando conozcamos los términos de la nueva relación.

Nadie discute la votación de 2016. Y nadie discute que, si se mantiene como expresión de la opinión de los británicos, nos iremos de la Unión. La cuestión es si, a medida que se conocen más datos, a medida que avanza la negociación y vemos con claridad la alternativa a la pertenencia actual a la UE, vamos a tener derecho a cambiar de opinión; si la “voluntad del pueblo” —una expresión de la que se abusa— es inmutable o se permite que cambie cuando nuestra percepción de la realidad se base en una información mejor.

Lea este artículo en su original,
publicado en el website de Tony Blair:
Brexit – What We Now Know

Cuando votamos en 2016, sabíamos que estábamos votando contra nuestra situación actual en Europa, pero no sabíamos cómo sería la futura relación con el continente. Fue como tener unas elecciones generales en las que la pregunta es “¿Le gusta el Gobierno?” Si se preguntara eso, pocos Gobiernos en el poder serían reelegidos. Una vez conocida la alternativa, deberíamos poder pensárnoslo de nuevo, a través del Parlamento, unas elecciones o un nuevo referéndum, que, por supuesto, no será una repetición del anterior porque esta vez decidiríamos conociendo cuál es la alternativa.

En los últimos meses, el paisaje del Brexit —hasta ahora oculto en la niebla de las afirmaciones de un lado y otro— se ve cada vez con más claridad. Ahora contamos con la predicción presupuestaria de que, debido al Brexit, el crecimiento económico estará por debajo de las expectativas, no solo este año sino los próximos cinco años, con un promedio del 1,5%. Algo que no sucede desde hace más de 30 años. Y a eso hay que añadir la caída de nuestra moneda, la bajada del nivel de vida y la primera subida del desempleo.

Reivindiquemos el derecho a cambiar de opinión cuando conozcamos los términos de la nueva relación

Junto a eso hemos sabido que vamos a tener menos dinero para gastar en el Servicio Nacional de Salud y que, al menos durante unos cuantos años, Europa no nos va a devolver ningún dinero, sino que tenemos que pagar una gran suma.

Luego está la negociación sobre Irlanda del Norte. Afirmar que el problema se ha “resuelto” es ridículo. Se ha aplazado, nada más. Por el contrario, la negociación ha sacado a la luz la verdadera naturaleza de las decisiones a las que nos enfrentamos y las tensiones en la posición negociadora del Gobierno.

Al abordar la negociación del Brexit hay, en definitiva, cuatro opciones:

1. Cambiar de opinión y permanecer en Europa, sobre todo en una Europa reformada, en la que podamos utilizar el voto del Brexit para imponer esas reformas.

2. Abandonar las estructuras políticas de la UE pero permanecer en las estructuras económicas, es decir, el Mercado Único y la Unión Aduanera.

3. Salir de las estructuras políticas y económicas pero intentar negociar un acuerdo a medida que reproduzca las ventajas económicas actuales y nos mantenga políticamente cerca de Europa.

4. Salir de las dos estructuras, hacer de la salida virtud, negociar un Acuerdo de Libre Comercio básico y vendernos como “No Europa”.

Lo que pasa es que, aunque las tres últimas opciones sean Brexit, tienen repercusiones muy distintas. El Gobierno ha descartado la opción 2 y está tratando de negociar la 3, pero una parte importante del Partido Conservador está dispuesto a seguir la opción 4. Lo malo de la opción 3 es que no se puede negociar sin hacer unas concesiones de tal dimensión que dejan en ridículo los argumentos para marcharse. Lo malo de la opción 4 es que supondría tremendas dificultades económicas, en la medida en que habría que ajustar nuestra economía a las nuevas condiciones comerciales.

El crecimiento estará por debajo de las expectativas.
Caerá nuestra moneda, el nivel de vida y el empleo

Es absurdo decir que es antidemocrático exigir que la gente tenga libertad para votar sobre el acuerdo definitivo, dada la enorme disparidad de variantes y sus consecuencias. ¿Cómo podemos juzgar la verdadera “voluntad del pueblo” sin saber cuál sería la alternativa a la situación actual, dadas las distintas repercusiones de cada alternativa? Irlanda del Norte es una metáfora del dilema central de esta negociación: o estamos en el Mercado Único y la Unión Aduanera, o tendremos una frontera dura y un Brexit duro.

Es la misma diferencia que hay entre la situación de Noruega y la de Canadá. Noruega tiene pleno acceso al Mercado Único, pero también sus obligaciones, incluida la libertad de circulación. En el caso de Canadá, hay un Acuerdo de Libre Comercio que facilita enormemente la circulación de bienes pero que incluye controles fronterizos y no supone acceso a los servicios del Mercado Único. Es un juego de suma cero: cuanto más se parezca a la opción de Noruega, más obligaciones hay; cuanto más se parezca a la opción de Canadá, menos acceso.

No se trata de saber quién es el negociador más duro. El dilema deriva de cómo se concibió el Mercado Único. Es una zona comercial única, con un sistema único de regulación y un sistema único de arbitraje, el Tribunal de Justicia Europeo. Lo importante es que no es un Acuerdo de Libre Comercio. Es otra cosa. Así que es imposible disfrutar de sus ventajas sin atenerse a sus reglas. El Mercado Único es una cosa, y un Acuerdo de Libre Comercio es otra.

Imaginemos una analogía. Supongamos que la Federación de fútbol inglesa quiere jugar un partido con Francia. Negocian el campo, la fecha, el precio de las entradas, etcétera. Pero entonces la Federación inglesa le dice a la francesa que también quieren negociar la posibilidad de tener 15 jugadores en el equipo, en lugar de 11. Los franceses dirían que lo sienten pero se han equivocado de deporte y deben hablar con la Federación de rugby.

Pues eso es lo que parece estar haciendo el Gobierno. David Davis asegura que vamos a abandonar el Mercado Único y la Unión Aduanera pero que tendremos “exactamente las mismas ventajas” en un nuevo Acuerdo de Libre Comercio. Boris Johnson habla de distanciarnos de la normativa europea pero tener unas relaciones comerciales sin fricciones y pleno acceso al mercado europeo de servicios. La primera ministra insiste en que vamos a contar con el acuerdo comercial más amplio de la historia y se olvida curiosamente de que ya lo tenemos.

No se trata de saber quién es el negociador más duro. El
dilema deriva de cómo se concibió el Mercado Único.

Philip Hammond propone una estrecha armonización con Europa después del Brexit. Liam Fox, por su parte, habla sin parar sobre los acuerdos comerciales que lograremos una vez que estemos fuera de la Unión Aduanera y y lejos de esa armonización. Por supuesto, el Acuerdo de Libre Comercio puede ser de gran alcance, aunque, cuanto más abarque, más complicada será la negociación y mayor la armonización reguladora. Pero nunca podrá reproducir “exactamente las mismas ventajas” del Mercado Único sin obedecer sus obligaciones y regulaciones.

Las concesiones que se nos ha obligado a hacer, con razón, en el caso de Irlanda del Norte, ponen de relieve en qué consiste el dilema. Si queremos libertad de circulación de personas a través de la frontera en Irlanda, tendremos que abandonar los controles fronterizos a la inmigración. De modo que una persona podría ir del continente a Dublín, de ahí a Belfast y de ahí a Liverpool sin pasar ningún control.

Los partidarios del Brexit suelen decir que Noruega y Suecia no tienen una frontera dura para la circulación de personas. Es verdad. Pero el motivo es que Noruega forma parte del Mercado Único y, por tanto, acepta la libertad de circulación.

En cualquier caso, casi todo el mundo reconoce ya que Reino Unido necesita a la mayoría de los trabajadores inmigrantes que llegan de Europa, y, como muestra nuestro estudio, el Brexit está perjudicando ya seriamente la contratación en sectores cruciales, incluido el Servicio de Salud. Si queremos tener libre circulación de bienes, Irlanda del Norte deberá tener una relación con la UE que se rija por las normas de la Unión Aduanera. Pero, en ese caso, ¿cómo podrá estar Reino Unido fuera de esa situación?

Ese es el dilema que nos vamos a encontrar en todos los aspectos del acuerdo. ¿Cómo van a poder operar libremente los servicios financieros y otros sectores en Europa sin una armonización regulatoria? Incluso si suponemos que Europa acepta mirar caso por caso, la “armonización” tendrá que ser la que imponen las normas europeas. ¿Y cómo se resolverán las disputas en estas circunstancias si no es a través del Tribunal Europeo de Justicia? Cuando surjan estos interrogantes durante la negociación, volverán a aflorar las divisiones en el Gobierno.

La primera ministra seguirá siendo partidaria de la opción 3, hacer las concesiones necesarias y tratar de presentarlas como una forma de “recuperar el control”. Los verdaderos partidarios de marcharse se darán cuenta de que las concesiones contradicen los motivos esenciales para irse y preferirán la opción 4. Los funcionarios públicos británicos son seguramente —o al menos lo eran en mi época— los mejores de Europa. El problema no está en los negociadores sino en la negociación.

Casi todos reconocen ya que Reino Unido necesita a la
mayoría de los inmigrantes que llegan de Europa

El peligro es que acabemos quedándonos con lo peor de ambos mundos. Iremos tirando, alternando entre las opciones 3 y 4 según qué sector del Partido Conservador predomine en cada momento, intentaremos “marcharnos” sin marcharnos verdaderamente, con un batiburrillo de disposiciones que permita al Gobierno asegurar que se ha materializado el Brexit pero que, en realidad, solo significará que hemos perdido nuestro puesto en la toma de decisiones.

Ese sería un resultado nefasto para el país. Y aquí es donde el Partido Laborista se enfrenta a su propio reto.Me gustaría que los laboristas mantuvieran la superioridad moral de la política progresista, que explicaran por qué la pertenencia a la Unión Europea es lo mejor por principio, por motivos económicos pero también por motivos profundamente políticos.

Estoy en desacuerdo con nuestra posición actual, por razones estratégicas, pero también tácticas. En primer lugar, cuando el Partido Laborista dice que nosotros también llevaríamos a cabo el Brexit, no puede criticar su terrible efecto de distracción. El Partido Laborista podría atacar con todas sus fuerzas los fracasos del Gobierno, desde el penoso estado del Servicio Nacional de Salud hasta la criminalidad, que, debido al abandono y la falta de apoyo a la policía, ha vuelto a aumentar. Pero para ello habría que decir: estas son las cosas que se podrían hacer por la gente si no fuera porque el Gobierno dedica todas sus energías y grandes cantidades de dinero al Brexit.

Y en segundo lugar, esta actitud nos coloca en una posición vulnerable cuando el Gobierno concluya “el acuerdo” en algún momento de 2018. Mi predicción es que el Gobierno intentará negociar un acuerdo que deje fuera muchos detalles, porque no hay forma de resolver el dilema. Aprovecharán ciertas ventajas fáciles de obtener, como el acceso a los bienes sin barreras arancelarias (y dejará para más tarde las cuestiones que no tienen que ver con los aranceles). Para Europa, que tiene un tremendo superávit de bienes respecto a Reino Unido, este aspecto está muy claro.

Ahora bien, en el acceso a los servicios, que han impulsado el crecimiento de nuestras exportaciones durante los últimos 20 años y son el 70% de nuestra economía y en los que tenemos superávit nosotros, no tendremos nada que hacer sin unas concesiones importantes. Salvo que el Gobierno encuentre una solución milagrosa para el dilema, seguramente intentará emular el “acuerdo” de diciembre sobre Irlanda del Norte, disponer de varios encabezados generales —más con aspiraciones que con detalles— y dejar muchas cosas para negociarlas a partir de marzo de 2019, durante el periodo de transición en el que Reino Unido seguirá rigiéndose por las normas del Mercado Único.

Los laboristas deben mantener la superioridad
moral de la política progresista, explicar por qué
pertenecer a la UE es mejor

El Gobierno dirá entonces que es este acuerdo o nada, y el Partido Laborista se limitará a decir que habría negociado mejor. Una afirmación poco creíble. Los laboristas también pretenden repicar y andar en la procesión. El responsable de Hacienda dice que no estaremos en “el” Mercado Único sino en “un” Mercado Único. El responsable laborista de Industria habla de conservar las ventajas de los acuerdos de la Unión Aduanera pero, al mismo tiempo, tener libertad para negociar nuestros propios acuerdos comerciales.

Todo esto hace que sea un terreno muy confuso para pelear. Es mucho mejor luchar por el derecho del país a cambiar de opinión, a conocer los detalles de la nueva relación antes de abandonar la vieja, oponernos al Brexit y criticar a los conservadores por su incapacidad de abordar los verdaderos problemas del país. El Brexit tiene que ser un Brexit conservador. Tiene que ser suyo al 100 por cien. Hay que demostrar a la gente por qué el Brexit no es ni ha sido nunca la respuesta. Abramos un diálogo con los líderes europeos sobre las reformas necesarias, un diálogo que están muy dispuestos a tener ahora porque son conscientes de que el Brexit también es perjudicial para Europa, económica y políticamente.

En cada sesión de preguntas al Gobierno, hay que desmontar cada mentira de la campaña del Brexit, decir que las divisiones de los conservadores están debilitando nuestro país; pero eso solo es creíble si nos oponemos al Brexit de verdad, no defendiendo un Brexit distinto, y si cuestionamos la tomadura de pelo de que una primera ministra esté llevando a nuestra nación en una dirección por la que ni siquiera ahora se atreve ella a decir que votaría.

Si nos marchamos de Europa, tendrá que ser por decisión de la derecha conservadora. Pero, si los laboristas siguen dejándose llevar e insisten en abandonar el Mercado Único, esa timidez contribuirá al Brexit.

España, en la ratonera de Calibán. De Pedro J. Ramírez

“Our natures do pursue, like rats that ravin down the proper bane, a thirsty evil, and when we drink, we die” (Measure for measure I, 2).

Pedro J. Ramírez,

Pedro J. Ramírez, director de El Español

Pedro J. Ramírez, 2 octubre 2017 / EL ESPAÑOL

Pablo Iglesias revolotea, sin escrúpulo alguno, como un ave de presa sobre el espacio urbano de Barcelona, a la espera de lo peor, pero tiene razón en algo fundamental: suceda lo que suceda, este domingo 1 de octubre de 2017 lo que él llama “el régimen del 78”, es decir la España constitucional que conocemos, habrá quedado vista para sentencia.

Ilustración: Javier Muñoz

No en el sentido de que habrá absolución o condena para estos 40 años de imperfecta convivencia en libertad -que eso quedará para la Historia y, a nuestros efectos, dará lo mismo-, sino en el sentido de que el periodo, el modelo y el sistema habrán llegado a su fin, ante todo aquel que tenga ojos para ver.

el españolSerá una jornada clave en la que los focos de la opinión mundial se fijarán de forma simplista y distorsionada en esta extraña democracia que tiene que desplegar a miles de policías para impedir votar a millones de ciudadanos, espoleados machaconamente hacia las urnas, mientras los organizadores de tan descomunal desobediencia colectiva -que el número dos de Interior bautiza como “picnic”- continúan en sus cargos públicos, tras acumular un sin número de flagrantes delitos.

Cuando dejen de rodar los peligrosos dados del azar, los acontecimientos habrán podido alcanzar la categoría de catastróficos -no faltará incluso quien busque su Bloody Sunday– o quedarse en simplemente desastrosos. Pero nada bueno habrá sucedido para nadie. Y esa desoladora suma, necesariamente negativa, conlleva la cruz y la raya que toca poner bajo la experiencia constitucional que surgió de la Transición.

“Los acontecimientos habrán podido alcanzar la categoría de catastróficos o quedarse en simplemente desastrosos”

Un régimen político que no ha logrado impedir, ni por las buenas, ni por las malas, ni con el diálogo, ni con las amenazas, ni con la ley y los jueces, ni con la Policía y la Guardia Civil, lo que, en el mejor de los supuestos, será un monumental bochorno colectivo, es evidente que ha dejado de constituir un marco útil para afrontar los problemas de la sociedad española. Al menos en lo que a algo tan sustancial como el modelo de organización del Estado –el maldito Título Octavo- se refiere.

¿Qué nos ha pasado? Pues que nos hemos suicidado en los términos exactos descritos por la tremenda cita de Shakespeare que encabeza esta Carta: “Como las ratas que tragan vorazmente su propio veneno, nuestras inclinaciones corren detrás de un mal del que están sedientas, y cuando bebemos, morimos”.

El “veneno” han sido los recursos y competencias del Estado, entregados, en nombre de identidades trucadas, a las autoridades autonómicas, por parte de unos gobiernos centrales dotados de precarios mecanismos y nula capacidad política de controlar su lealtad institucional.

Eso ha permitido a tales autoridades autonómicas suministrar paulatinamente la pócima, aumentando poco a poco la dosis, estimulando las “inclinaciones”, primero de los vascos y ahora de los catalanes, hacia el “mal” del nacionalismo excluyente, del que tan fácil era hacer que se sintieran “sedientos”.

Sobre todo en medio del desierto, sólo interrumpido por los pedregales de la corrupción, que ha venido suponiendo lo español, como definición y como proyecto colectivo. Y con la fatal consecuencia para los envenenados de que “cuando bebían, morían” en su complejidad individual y en su disposición a articular una comunidad nacional por encima de los mezquinos intereses parroquiales.

Esa “muerte” de millones de individuos como ciudadanos libres e iguales, hacia la que ya progresan también tantos mallorquines, menorquines e ibicencos, una parte fronteriza de valencianos y aragoneses, un puñado de canarios, asturianos o andaluces, amén de la porción correspondiente de gallegos, augura la inexorable defunción por fallo multiorgánico de la España de la Constitución del 78.

“Esa ‘muerte’ de millones de individuos como ciudadanos libres e iguales augura la inexorable defunción por fallo multiorgánico de la España de la Constitución del 78”

¿Qué nos ha ocurrido para fracasar tanto? Hay una respuesta con las luces largas y otra con las de cruce.

La primera es que hemos padecido todos los riesgos del federalismo, sin ninguno de los antídotos que conlleva la regulación de su reconocimiento expreso. La segunda es que hemos preferido, en este último tramo decisivo, circular sobre el piso deslizante de una calzada helada, estólidamente aferrados al volante de una declamación huera y campanuda, en vez de proteger las ruedas del vehículo con las cadenas para situaciones de alto riesgo previstas en el artículo 155 de la Constitución. El resultado estará mañana a la vista de todos. Pero antes tendremos que tragarnos el “picnic”.

El efecto, primero embriagador y euforizante, después bloqueador y letal, del “veneno” raticida de “Medida por Medida” ha sido -por citar otra obra de Shakespeare- como el del aguardiente que los dos pícaros, arrojados a la isla, suministran al salvaje Calibán en La Tempestad. Bajo sus efectos canta y baila, lanzando desacompasados gritos de “¡Libertad, libertad! ¡Prosperidad, prosperidad!”, para reclamar la soberanía sobre la isla en la que nació.

Un bufón y un pastelero han dado alas a sus “inclinaciones”, proporcionándole la droga de la que estaba “sediento” y potenciando su rebelión contra el dominio del prudente Próspero, al que considera un ocupante extranjero. La canción de Calibán bien podría convertirse en el himno oficial del 1-O:

“No más peces que pescar,

no más leña que romper,

no más platos que lavar,

no más ropas que tender.

¡Tan, tan, Calibán,

rotos tus hierros están!”

No desbarro: algunos exégetas de Shakespeare han presentado recientemente a Calibán como una especie de freedom fighter contra el colonialismo. También como el buen salvaje de Rousseau, dedicado en su estado de naturaleza a preparar trampas para monos y ratones. Pero los críticos más solventes, desde Jan Kott a Harold Bloom, subrayan su primitivismo feroz, su falta de civilización, su condición semihumana o, para ser más exactos, de “hombre incompleto”, fácilmente manipulable, lastrado por su fanático victimismo.

Un Calibán nace pero sobre todo se hace. Estremece contemplar esos vídeos de escolares catalanes de nueve años -hijos de inmigrantes incluidos- jugando a pegar carteles “para votar y ser libres”. Estremece escuchar las consignas pueriles del Tomorrow belongs to me de la Plaza Universidad. Estremece oír la plegaria de los “cristianos por la independencia”, dignos émulos de los patriotas de 1714 que entregaron el mando a la Virgen de La Merced, en la misma iglesia de Pompeya en la que imperaban el padre Ruperto y sus legendarios huevos. Estremece comprobar cómo avanza impertérrito el Ejército de los Sonámbulos, enarbolando sus esteladas, cual estandartes sagrados, camino de la consecución de su único objetivo sobre esta tierra, sin riesgo alguno de tropezar con la razón o de resbalar sobre la lógica. Esto es lo que hemos engendrado.

“Estremece contemplar esos vídeos de escolares catalanes de nueve años -hijos de inmigrantes incluidos- jugando a pegar carteles”

Confieso mi impaciencia, pero no será hoy cuando abra el “segundo sobre”, en relación a Rajoy y su Gobierno. La única prioridad debe seguir siendo parar el golpe de Estado de Puigdemont y Junqueras. Ahora bien, una cosa es que el Ejecutivo merezca todo el apoyo de los defensores de la legalidad constitucional, mientras intente sofocar la sedición en marcha “sin renunciar a nada”, y otra que no nos demos cuenta, con desolación, consternación y espanto, de cómo ha cambiado en estas tres últimas semanas la dimensión del problema y la estrategia para combatirlo.

Hasta el bochornoso pleno de la ruptura en el Parlament, el adversario perfectamente identificable, al que había que doblegar, era el gobierno de la Generalitat, con la adenda de Forcadell y su Mesa y los líderes de Omnium y la ANC. Una vez que se permitió que, desobedeciendo flagrantemente al TC, las leyes del Referéndum y la Transitoriedad fueran votadas y aprobadas, ya eran todos los diputados separatistas los que quedaban en rebeldía.

Luego el círculo se amplió a los alcaldes dispuestos a ceder sus locales para la votación del domingo. Más tarde a los directores de centros escolares o sanitarios, elegidos para la consulta. Después a los ciudadanos dispuestos a ejercer de presidentes o vocales en las mesas, amenazados por la Agencia de Protección de Datos. Ayer ya estábamos hablando de imputar a miles de personas. Ahora el colectivo sobre el que no cabe más remedio que ejercer la coacción es ya el de la multitud de votantes que saldrán de su casa papeleta en ristre.

Cielo santo, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí, con una base popular descontrolada e ingente, a punto de desparramarse por miles de puntos de votación, sin que se haya maniatado a la cúpula que sigue manejando los resortes de la conspiración, desde los despachos oficiales que les ha confiado el Estado al que llevan camino de destruir?

“Ahora el colectivo sobre el que no cabe más remedio que ejercer la coacción es ya el de la multitud de votantes que saldrán de su casa papeleta en ristre”

Lo que debía haberse zanjado como un torrencial pulso vertical -con su correspondiente trama, nudo y desenlace- entre Rajoy y Puigdemont, entre Soraya y Junqueras, entre Romeva y un tal Dastis, entre Ana Pastor y Forcadell, ha degenerado en una descomunal confrontación horizontal entre Calibanes y Piolines sobre un océano de gasolina que cualquiera puede incendiar.

Para miles, para decenas de miles, para cientos de miles, tal vez para millones de catalanes, la jornada de este domingo no puede deparar sino dos experiencias personales, a cual más lamentable: la de topar con un agente uniformado que les impida votar o la de lograr sortear el cerco y conseguir depositar la papeleta, a modo de transgresión heroica contra el Estado que proclama ser el garante de sus libertades. Cualquiera de los dos episodios es de los que dejan huella en sus protagonistas y en la historia oral de una comunidad. Desde ahora el vértigo del choque de trenes con España ya no será una fantasía de las élites sino una vivencia de la calle.

Ese es el gran éxito que ha cosechado Puigdemont antes de que alboree el día sobre el campo de batalla. Ha conseguido arrastrar a Rajoy -y con él a España entera- a su terreno, el de la socialización del conflicto, en la embocadura de la ratonera ante la que Calibán aguarda a sus presas, imbuido de ansia de desquite, cegado por los falsos dioses del culto a su identidad profanada, embriagado por el eco de su propio clamor de libertad.

Diga lo que diga el balance oficial de las dos partes, algo quedará roto para siempre este domingo en Cataluña. El actual Estado de las Autonomías ha fenecido, ahogado en un desbordamiento que no ha sido capaz ni de contener, ni de encauzar, ni de reprimir. Pretender extender su vigencia mediante unas elecciones autonómicas en las que todo jugaría a favor de los separatistas, como ingenuamente anhelan los valientes amigos de Ciudadanos, no serviría sino para dificultar su embalsamamiento y resurrección.

“El vértigo del choque de trenes con España ya no será una fantasía de las élites sino una vivencia de la calle”

Escribo sí, resurrección, porque la oportunidad de la reforma, la renovación, la regeneración o la remudanza -conceptos tan afines a varias hornadas de la Tercera España con la que me identifico- ha pasado ante los ojos de Albert Rivera y sus demás patrocinadores entre vacilaciones y tacticismos. Después de este 1-O ya no basta el recauchutado, el parcheo o el lifting. Tenemos un cadáver -o al menos una apariencia de cadáver- sobre la mesa. Sólo insuflando un nuevo ser en ese cuerpo exánime, podremos devolverle a la funcionalidad de la vida.

Llamémosle, para tranquilidad de todos, “reforma constitucional”; pero estamos abocados a un auténtico proceso constituyente o, si se quiere, reconstituyente. No con base cero, pero sí con la determinación de escuchar a la musa del escarmiento -que decía Azaña- y evitar repetir los errores que nos han hundido en la actual miseria institucional. Y, por supuesto, parando el reloj en Cataluña, esta vez sí, por las buenas o por las malas.

Porque llegará un día en que muchos catalanes engañados en su buena fe descubrirán, al igual que le ocurre al pobre Calibán, que han seguido como si fueran “dioses” a simples estafadores y oportunistas, tan miserables como el bufón y el pastelero de La Tempestad. Pero, de igual manera que Próspero abandona la isla a su suerte para revivir en otro lugar y de otra forma, puede que en ese momento España ya no esté en Cataluña o ni siquiera exista como tal.

Hemos llegado al término de un viaje. Emprendamos otro antes de que esa “muerte imperfecta” de la que hablaba l’Encyclopedie y en la que aun nos encontramos, dé paso a una “muerte absoluta” ante la que “nullum est medicamen in hortis“. Todavía queda una esperanza, si la hora grande de la Política sucede por fin al tedio interminable de la papiroflexia provinciana.

Una Venezuela democrática para todos. De Gustavo Duhamel

duhamel

Gustavo Duhamel es director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Me siento en la obligación de defender los valores democráticos fundamentales, evitando que la sangre de nuestros compatriotas continúe siendo derramada.

Gustavo Duhamel, 19 julio 2017 / EL PAIS

el paisSon días cruciales para el presente y futuro de Venezuela. Mi país vive momentos oscuros y complicados, recorriendo un peligroso camino que nos lleva inevitablemente a la ruptura de nuestras más profundas tradiciones republicanas.

Nos encontramos en una bifurcación de tal importancia que todos los ciudadanos tenemos el deber de hacer aquello que esté a nuestro alcance para superar la situación actual. Al igual que muchos otros venezolanos, me siento en la obligación personal de ayudar en la más importante tarea del presente: defender los valores democráticos fundamentales, evitando así que la sangre de nuestros compatriotas continúe siendo derramada.

Como director de orquesta, he aprendido que nuestra sociedad, al igual que una orquesta sinfónica, está formada por un gran número de personas, todas ellas diferentes, singulares e irreductibles; todas ellas con sus propias ideas, convicciones y visiones del mundo. Esta maravillosa diversidad conlleva a que en la política, al igual que en la música, no existan las verdades absolutas y que para prosperar como sociedades –al igual que para alcanzar la excelencia musical– debamos crear un marco de referencia común en el que todas las individualidades se sientan incluidas más allá de sus diferencias. Un marco de referencia que contribuya a evitar el ruido y la cacofonía del desencuentro, permitiendo afinar un acuerdo que, desde la pluralidad y las divergencias, logre alcanzar una armonía política y social.

 

Los venezolanos aún no nos hemos podido
manifestar públicamente a través de una
consulta popular previa y vinculante

Desde esta fe inquebrantable en el respeto a la diversidad humana, siento la necesidad y la obligación como ciudadano venezolano de manifestarme en contra de las elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente en los términos en que fueron convocadas por el Gobierno de Venezuela para el próximo 30 de julio.

La forma en que las autoridades de mi país han llevado adelante esta medida no hace más que avivar el conflicto nacional antes que solucionarlo. Nuestro marco constitucional vigente no ha sido respetado. A pesar de los eventos del pasado domingo, en los que millones de mis compatriotas –en Venezuela y en el exterior– expresaron su rechazo a los planes gubernamentales, los venezolanos aún no nos hemos podido manifestar públicamente a través de una consulta popular previa y vinculante. La voluntad del pueblo debe poder expresarse libremente por medio de los canales institucionales establecidos en nuestra constitución nacional.

Pido encarecidamente al Gobierno venezolano que suspenda la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente; pido encarecidamente a todos los líderes políticos sin excepción que cumplan con su responsabilidad como representantes del pueblo venezolano y se encarguen de crear las condiciones necesarias para lograr un nuevo marco de convivencia. Nuestro país necesita urgentemente sentar las bases de un orden democrático que garantice la paz social, la seguridad, el bienestar y el futuro próspero de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Pido encarecidamente al Gobierno venezolano
que suspenda la convocatoria a la
Asamblea Nacional Constituyente

No puede haber dos constituciones, ni dos procesos electorales, ni dos Asambleas. Venezuela es una sola nación, un solo país en el que cabemos todos y en donde todas las sensibilidades han de participar y expresarse libremente, sin temor a la represalia, la violencia, la inseguridad en las calles y la represión. Buscar la victoria a través de la fuerza y la imposición de las ideas propias es y será siempre una derrota colectiva para Venezuela. La única victoria posible y legítima debe darse a través de las urnas, el diálogo constructivo, la negociación y el más absoluto respeto a las leyes que nos gobiernan.

Pienso en todas las víctimas mortales de estos meses con gran angustia y dolor; no pueden imaginarse lo que me duele mi país. Pero también pienso en algunos de los eventos recientes de mi país como momentos de gran esperanza, como primeros pasos y oportunidades reales de cambio que se abren para Venezuela.

Los venezolanos necesitamos de estos momentos de esperanza para poder recuperar al fin la armonía que tanto anhelamos. Porque tener la voluntad de encontrar soluciones significa generar esperanza, significa creer en un proyecto colectivo, plural e integrador de país, significa creer en un futuro mejor para nuestros hijos. Tener voluntad de encontrar soluciones significa, en última instancia, creer en una Venezuela democrática, pacífica y alineada en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos y todas.

Yo creo en esa Venezuela.

Luego del ‘no’ en Colombia: Primero negociar con la oposición y luego con las FARC. De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 3 octobre 2016 / EDH-Observador

Los colombianos dijeron ‘no’ al acuerdo que Santos firmó con las FARC. Un resultado reñido, pero no es no. Que nadie diga que los colombianos votaron en contra de la paz y en pro de la guerra. Ya expliqué en mi carta a los colombianos del sábado pasado que fue una locura convocar un referéndum y poner a la gente escoger entre guerra y paz: “Ambos campos reducen la discusión a una caricatura. Unos quieren convencer a ustedes que el sí es un voto por la paz, y otros que el no es un voto por la guerra. No es así la realidad: El Acuerdo de Paz no garantiza por si mismo la paz – y el rechazo de los Acuerdos, así como los negociaron en Cuba, no significa por si la continuación de la guerra.”

observadorAhora Santos tiene que hacer lo que hubiera tenido que hacer desde un principio: negociar primero con la oposición democrática y luego con la oposición armada fuera de la ley. Un acuerdo para poner fin a una guerra de 52 años con cientos de miles de muertos y millones de desplazados no puede ser sólido si no surge del consenso de todo el espectro político democrático. ¿Cómo va un presidente negociar con un grupo armado y vinculado al narcotráfico si no es capaz de negociar un acuerdo con la oposición democráticamente legitimada?

En El Salvador, el presidente Freddy Cristiani no dio ningún paso decisivo en las negociaciones de paz con el FMLN sin involucrar a los demás partidos y el sector privado. Santos lo quiso hacer sólo, y aunque es injusto, es entendible que surgiera la sospecha que se trababa de un pacto entre su sector político y las FARC, no de un acuerdo de nación. Santos avanzó al mismo tiempo en el entendimiento con las FARC y en la polarización con la oposición dirigida por el ex presidente Uribe. No es sólo su culpa, Uribe gustosamente contribuyó a esta polarización, pero Santos es el presidente y es él que tiene la responsabilidad de construir acuerdos apoyados por todos.

Ahora no le queda otra que hacer lo que no fue capaz (o no quiso) hacer antes: negociar con la oposición para conformar una nueva comisión negociadora que, en base de un concepto concertado, abra la renegociación con las FARC. No hablo de una negociación tripartita entre Santos, Uribe y las FARC. Hablo de la necesidad de crear una posición conjunta entre las fuerzas democráticas del país para negociar con las FARC. Sólo así puede salir un acuerdo sólido asumido por toda la nación. Sólo así, viéndose enfrentado a toda la Colombia democrática, las FARC se van a ver obligadas a dejar de insistir en las concesiones que Santos les hizo – y que llevaron al fracaso de su referéndum.

Ni Uribe ni las FARC se pueden negar a una renegociación en estos términos. Es un error asumir que el gane del ‘no’ sea una victoria de Uribe y que ahora puede sabotear la búsqueda de la paz. Es una victoria de la mayoría de los colombianos que quieren la paz, pero una paz sólida y que no genere nuevas divisiones.

La comunidad internacional también tiene que hacer un análisis autocrítico de su papel en la construcción de la paz en Colombia. Hubieran tenido que mediar entre Santos y Uribe, entre gobierno y oposición, en vez de crearle a Santos la ilusión que podría construir la paz negociando con una minoría dejando afuera las inquietudes del 50 % de la población y del espectro político democrático. Otro fracaso de la política internacional de Estados Unidos, otra muestra de confusión de Naciones Unidas…

El ‘no’ del referéndum no es ninguna razón de regresar a la guerra, es un llamado para regresar a la política racional. A lo mejor es lo mejor que podía pasar a Colombia. Cuesta imaginarse que la paz hubieran sido sostenible, si hoy el sí hubiera ganado con 50.23% de los votos, con el 49.77% de los colombianos objetando los términos de los acuerdos. El referéndum fue mala idea desde un principio.

 

Carta a los colombianos: Guerra y paz no deben decidirse vía referéndum. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 1 octubre 2016 / EDH

Estimados amigos:
Es una locura lo que están haciendo en Colombia. Hay docenas de discusiones paralelas sobre los Acuerdos de Paz – pero al final obligan a ustedes a votar por dos alternativas: Sí o no. Hay millones que están de acuerdo que al fin hay una salida negociada al conflicto armado, pero que tienen objeciones a ciertos arreglos en los Acuerdos presentados. Hay quienes están de acuerdo con la justicia transicional que equivale a una amnistía, pero tienen pánico de la reforma agraria que en ningún país (incluyendo diario hoyEl Salvador) ha sido un desastre. Y viceversa. Hay quienes están dispuestos a aceptar todo lo demás, pero no creen que las FARC van a entregar los miles de millones de dólares que ganaron con el narcotráfico. Hay quienes con todo corazón anhelan la paz, pero no están de acuerdo que los dirigentes de las FARC, en vez de ir a la cárcel, irán al Senado.

Sin embargo, tienen que decidir entre un rotundo sí o un rotundo no. Es una farsa.

Más aun es una farsa que Santos celebró, en una acto oficial y con presencia de jefes de Estado invitados, la firma oficial de los Acuerdos una semana antes del referéndum.

Guerra y paz no deben ser sujetos a un referéndum. Acuerdos tan complejos, que involucran reformas a la Constitución, no deben ser decididos en un plebiscito. Claro que ambas campañas, por el sí y por el no, tienen que recurrir a argumentos demagógicos. Lo mismo pasó en Gran Bretaña con el referéndum sobre la salida de la Unión Europea. No hay otra forma que la demagógica, cuando un asunto tan serio se expone a una votación popular y un problema tan complejo se reduce a dos opciones: Sí o no.

Precisamente esto está pasando en Colombia: ambos campos reducen la discusión a una caricatura. Unos quieren convencer a ustedes que el sí es un voto por la paz, y otros que el no es un voto por la guerra. No es así la realidad: El Acuerdo de Paz no garantiza por si mismo la paz – y el rechazo de los Acuerdos, así como los negociaron en Cuba, no significa por si la continuación de la guerra.

Ustedes, con enormes sacrificios, han logrado construir en las últimas décadas una democracia consolidada, con instituciones fuertes e independientes. En una democracia consolidada, los que tienen que decidir sobre guerra y paz, reformas constitucionales y el concepto de reinserción y justicia luego de un conflicto armado son las instituciones constitucionalmente legitimadas, no el pueblo en una votación reducida a sí o no.

Si Santos tiene una mayoría sólida en el Congreso, él y sus aliados deberían asumir la responsabilidad de convertir en leyes lo negociado con las FARC – y asumir los costos políticos. Sometiendo los acuerdos negociados al examen del Congreso, no reduce la complejidad a un simple sí o no, sino da espacio para modificar los contendidos, crear consensos, y luego ir a renegociar con las FARC. Si el acuerdo gobierno-FARC es tan sólido y la voluntad de alcanzar las paz tan sincera, resisten los exámenes institucionales por parte del Congreso y la Corte Suprema y la eventual renegociación. Si no resisten, no sirven.

El camino democrático, transparente e institucional hubiera sido debatir, consensuar y aprobar los Acuerdos y las reformas en el Congreso, y luego convocar elecciones nuevas, para formar un parlamento que los ratifique. Este procedimiento institucional hubiera hecho que la paz sea sólida, mucho más que por vía de un referéndum.

Los referéndums, lejos de fortalecer la democracia, más bien debilitan las instituciones constitucionales y abren espacio para que demagogia y populismo sustituyan el debate racional y la construcción de consensos. Por más complejos los asuntos a decidir, más peligroso es un referéndum…

Bueno, pero su gobierno tomó el camino más cómodo de una referéndum. Ni modo, no les queda otra que votar por el sí, y luego cobrar a Santos y sus aliados sus errores.

Les deseo, con toda corazón, que alcancen la paz. Saludos,

44298-firma-paolo

Alegatos en pro y en contra del Acuerdo de Paz colombiano. Pro: Álvaro Restrepo. Contra: Marta Lucía Ramírez

Votar por el Sí catapultará a Colombia
a una nueva era de esperanza

FOTO: Guillermo Legaria/Agence France-Presse — Getty Images

FOTO: Guillermo Legaria/Agence France-Presse — Getty Images

alvaro-restrepo

Álvaro Restrepo es bailarín, coreógrafo y pedagogo.

Álvaro Restrepo, 26 septiembre 2016 / THE NEW YORK TIMES

En la primera elección de 2010 no voté por Juan Manuel Santos. Es más, recuerdo que lloré cuando supe que había triunfado para suceder a Álvaro Uribe en la presidencia. Había cifrado todas mis ilusiones en Antanas Mockus, el excéntrico y brillante exrector/matemático de la Universidad Nacional, que para muchos representaba un cambio de paradigma en la política colombiana.

Pensé que con la llegada de Santos al poder —exministro de defensa del régimen uribista—, nos esperaban cuatro años más de lo mismo: guerra, guerra y más guerra. Santos me parecía un político aún más temible, indescifrable y astuto que el mismo Uribe.

NEW YORK TIMESQuizás por que conozco muy bien el entorno social y económico del cual él proviene. Durante 11 años estudié en el mismo colegio católico, benedictino, norteamericano: el Colegio San Carlos de Bogotá, el mismo centro de adiestramiento y domesticación en el que estudiaron el expresidente Andrés Pastrana, Francisco Santos (ex vicepresidente de Uribe) y el presidente del BID Luis Alberto Moreno, entre muchos otros personajes exitosos.

De aquellos severos curas y monjas, recibieron la misma instrucción y programación de winners, competitivos y sagaces, que los ha llevado a las posiciones que hoy ocupan.

En el caso particular de Juan Manuel Santos se aplica al pie de la letra la creencia de que sólo quienes conocen en profundidad el arte de la guerra pueden alcanzar la paz. Y no sólo por provenir de la clase social que lanzó al país al cataclismo: Santos, el guerrero que asestó los golpes más mortíferos y certeros a la guerrilla —la liberación de Ingrid Betancur y la baja de los jefes supremos Raúl Reyes y Alfonso Cano, entre otros— se transformó en el pacificador que supo entender que la continuidad de la guerra dejaría a Colombia anclada por mucho tiempo en el siglo XX y sus atrocidades.

Fui invitado a la primera posesión de Santos, el 7 de Agosto del 2010, por su cuñado, Mauricio Rodríguez, uno de mis mejores amigos desde la infancia y ex condiscípulo del San Carlos. Con profundo escepticismo me dispuse como muchos a escuchar su discurso de investidura. El presidente saliente, de manera excepcional, estaba presente en la ceremonia.

Cuando todos esperábamos el anuncio de la continuidad de la política de ‘seguridad democrática’ de Uribe (la continuidad de la guerra), Santos sorprendió a todos —a Uribe primero— anunciando que a la llave de la paz no la había arrojado al mar, que la tenía en su bolsillo y que estaba decidido a usarla.

Varias veces me vi a mí mismo, de pie, aplaudiendo los inesperados anuncios que fue desgranando: el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado (y no sólo de una amenaza terrorista), la radicación al día siguiente en el Congreso de una ley vanguardista para reconocer y reparar a millones de víctimas, así como una audaz política de restitución de tierras para los campesinos, despojados y desplazados, entre otros cambios profundos en el lenguaje y la lógica para percibir y enfrentar nuestra realidad.

También la decisión de liderar una discusión global sobre la necesidad de dar un nuevo enfoque a la lucha contra el narcotráfico, con la autoridad moral que nos otorga el enorme sufrimiento y la cuota infinita de sangre que lo colombianos hemos aportado a esta tragedia.

A partir de ese momento, Santos siguió dando pasos audaces: lo que para Uribe y sus seguidores se constituyó en una repugnante e imperdonable traición, para muchos representó una necesaria y saludable rectificación en el rumbo de un político con un pragmático sentido de la historia.

El próximo domingo 2 de octubre los colombianos enfrentaremos un dilema: confirmar que hemos cambiado y somos capaces de pasar la página de una guerra de más cinco décadas. O lo contrario: que no rectificaremos y dejaremos que nuestro país continúe desangrándose en una calle ciega.

Entre los aspectos negociados por el gobierno con las FARC hay puntos controversiales como la participación política de los guerrilleros. Deberán ser manejados con cuidado y apego a las instituciones. Pero lo pactado también será el principio de una reforma social que ayudará a millones de colombianos que hoy viven en condiciones inaceptables de marginación. Y esto trasciende a las FARC y al voto individual, y nos concierne a todos los colombianos como sociedad.

Los acuerdos de la Habana no son una fórmula perfecta ni una garantía de felicidad, pero si la oportunidad de superar unidos la desigualdad social y la intolerancia política que se encuentran en la raíz de un conflicto que ha sido un lastre por generaciones.

Yo votaré por el Sí para afirmar un proceso de reconciliación indispensable para reconstruir a Colombia y mirar al futuro como una sola nación.

Hay que reconocer que esto no habría sido posible sin la apuesta por la paz hecha por Juan Manuel Santos.

Su reelección en 2014, cuando derrotó al candidato de la extrema derecha uribista, Oscar Iván Zuluaga, fue el mandato inequívoco que recibió de su pueblo para continuar con estos esfuerzos pacificadores. Un equipo negociador de lujo, liderado por el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, cumplió con enorme éxito, profesionalismo y sacrificio, la tarea encomendada.

La victoria arrasadora del SÍ en el plebiscito catapultará al país a una nueva era de esperanza: no es aún La Paz pero sí el camino hacia ella. En el caso —muy improbable e indeseable— de que los colombianos no apoyemos los acuerdos alcanzados en La Habana, el país retrocederá a la condición de nación paria en el concierto internacional y merecerá ser el hazmerreír —o mejor— el hazmellorar del continente y del mundo.

Pero la paz es valor y ley supremos y, afortunadamente, el presidente de los colombianos así lo comprendió. Ahora sólo resta confiar en que su pueblo sabrá aprovechar esta segunda oportunidad sobre la tierra.

 – – – – – – – – – –

La importancia de votar No en Colombia

 Manifestantes que se oponen al acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc marcharon en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, día de la firma de la paz. FOTO: John VIzcaino/Reuters

Manifestantes que se oponen al acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc marcharon en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, día de la firma de la paz. FOTO: John VIzcaino/Reuters

The Guardian view on post-Brexit politics: the price of neglecting parliament

British democracy still starts with Westminster. Brexiter Tories will not get a grip until they accept that, and Jeremy Corbyn’s leadership will continue to crumble until he does the same.

guardianEditorial, 28 junio 2016 / THE GUARDIAN

The British constitution was traditionally summarised in a single sentence: “The crown in parliament is law”, which is to say that things passed by the Commons and the Lords and then signed by the monarch would come to pass. Like every one-liner, it was an over-simplification, blurring over the role of international treaties and the role of the courts among other things, but – at this time of tumult – it is useful to recall the most fundamental of our ground rules. Britain is a parliamentary democracy, and though we do not love our MPs, the law of the land, the taxes we pay and the hands that hold the levers of power are all inescapably questions for them.

The chaos cascading through both the UK’s main parties just now is because they have, in different ways, forgotten this basic truth. The referendum came about because David Cameron could see no other way to manage an irreconcilable minority of Europhobes among his ranks. But in taking such a weighty decision away from parliament, and then producing an answer that the overwhelming majority of MPs disagreed with, he has ended up destroying his premiership, his government and – for the moment, at least – the governability of the realm.

With the European foundation stone of the Cameron government’s foreign and economic policies shattered, the logic of the referendum is that a new administration must be established – built upon new Brexit policies. There is, however, currently no majority among the MPs – who would have to constitute that government, and then sustain it through confidence and supply – for these new policies. Thus there are rising expectations that the new Conservative leader now set to be installed on 2 September will engineer an early election to seek a fresh mandate, even though this would involve circumventing the law on fixed five-year terms, and going to the country a mere 16 months after it made a decisive choice for Mr Cameron. What a mess. Friends of Theresa May are, reportedly, whispering that as the continuity candidate, she might be able to avoid the early dash to the polls. In truth, even if this low-key remainer can prevail, there could be pressure because, thanks to party rule changes since the 1990s, she would be the first ever prime minister in British history to be chosen by party members out in the country, rather than MPs. And in a parliamentary system, that raises questions of legitimacy.

These are questions that Labour activists also need to think through, as they consider the future of Jeremy Corbyn, after the total collapse of his authority at Westminster, which has been wrought by the mass resignation of his shadow cabinet. If he wishes to carry on, he will surely now be required to fight a fresh leadership election. The Labour party rule book explicitly puts the choice of the leader in the hands of the members who elected Mr Corbyn in such numbers last year. It would thus be sharp practice, even if – which is doubtful – it were legally possible, for parliamentarians to block his name going forward to the ballot. The members, however, will need to reflect on the job they would then be choosing someone to do.

In the early years of Labour history, the leader was simply called the chairman of the parliamentary Labour party, and the MPs alone made the choice right up until 1981. Even in opposition, the chief day-to-day task is to lead the members on the green benches, as they challenge the government. If a general election is in prospect, attention inescapably turns to whether or not an aspiring PM could ever command a post-election Commons majority, because without it they could pass no law, raise no taxes nor survive in post.

Some, but not all, of those who have walked out of the shadow cabinet have personal or ideological axes to grind, and there has been a dismal collective failure to explain who and what they believe should be put into the place of Mr Corbyn and his programme. That failure is now the greatest reason many members will see to stay loyal if he stands his ground. Weighed against it, however, must be his own failure to dispatch the core duty of holding a shadow ministerial team together.

Brexiters can hail the popular will in the referendum, just as Tory and Labour activists alike can talk about their own “sovereignty” in picking a leader. None of this rhetoric, however, gets around the reality that parliament is indispensable in getting anything done. Neither policies nor politicians who forget it are likely to endure.