Plebiscitos: ¿populismo del siglo XXI? De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 6 octubre 2016 / EDH

Mientras en Venezuela el referéndum revocatorio sigue entrampado, en Colombia, el plebiscito convocado por el gobierno para legitimar el acuerdo de paz se realizó en el tiempo estipulado y arrojó un estrecho margen de 0.45 % a favor del “NO”. Ambos sucesos permiten contrastar dos aspectos. El primero tiene relación con la independencia y la  credibilidad de las autoridades electorales.

diario hoyEn Colombia la encargada de organizar los comicios y de poner en marcha un mecanismo de democracia directa  es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entre el 2 de junio y el 2 de octubre de este año, la Registraduría supervisó la inscripción de nuevas cédulas de identidad, depuró el censo electoral, supervisó las campañas a favor y en contra del acuerdo, actualizó el listado de personas que podían ocupar el cargo de jurados que integrarían las mesas, estableció, en coordinación con los alcaldes, los lugares en los que se instalarían los centros de votación,  seleccionó a los delegados del Consejo Nacional Electoral, nombró las comisiones encargadas de escrutar los resultados, publicó el censo electoral, acreditó a los testigos electorales y entregó los resultados preliminares que otorgaron el triunfo a los simpatizantes del “NO”.

Los habilitados para votar en el plebiscito fueron casi 35 millones de  personas y los puestos de votación 11,034. Ninguna de las fuerzas políticas ni los movimientos a favor de una u otra opción denunciaron fraude alguno y, por el contrario, el escrutinio preliminar fue aceptado de inmediato y nadie dudó de la legitimidad del proceso.

En Venezuela la autoridad responsable de montar el revocatorio es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Retrasar el procedimiento hasta enero de 2017 le permitiría al régimen, en el caso que los venezolanos decidan apartar a Nicolás Maduro de la presidencia,  que el vicepresidente finalice el período correspondiente hasta el año 2018; así lo establece la Constitución y, el CNE, fiel al inquilino del Palacio de Miraflores, ha obstaculizado la recolección de firmas y el aval de las siguientes etapas con el propósito de evitar elecciones anticipadas.

La convocatoria al referéndum se hizo el 26 de abril y apenas el pasado 21 de septiembre fue autorizada la recolección del 20% de las firmas de los inscritos en el censo nacional, equivalentes a 3.8 millones de personas, para los días 26, 27 y 28 de octubre, una condición legal que la oposición debe formalizar. El CNE se tomará el mes de noviembre para validar las firmas y hará la convocatoria para la celebración del revocatorio en diciembre, fecha desde la cual el organismo cuenta con 90 días para realizar el revocatorio. En resumen, la entidad electoral ha manipulado el calendario de trabajo para impedir que los ciudadanos se manifiesten por la continuidad o la interrupción del mandato de Maduro antes del 10 de enero de 2017, cuando inician los dos últimos años del gobierno actual.

La segunda cuestión se vincula a la figura que pide la celebración de la consulta popular. Cuando lo hace el gobierno, la equidad de la competencia se tuerce porque el oficialismo tiene más recursos que la oposición para hacer campaña por la opción que respalda. Por el contrario, si quienes toman la iniciativa son los ciudadanos, el dinero es escaso y la capacidad de organización se dificulta. Sin embargo los resultados pueden ser desfavorables en ambos situaciones. En Colombia perdió el “SI”, la alternativa del presidente Santos, lo mismo que en Bolivia, cuando Evo Morales llamó a la población a manifestarse por la reelección indefinida para el cargo de presidente de la República. Igual aconteció en Venezuela cuando Chávez pidió en 2007 la reforma constitucional con el mismo propósito.

Lo cierto es que ahora, en una época en la que los ciudadanos se están tomado en serio los espacios que les otorga la democracia, debe analizarse el tipo de consultas que se autorizan, las materias que se someten a las mismas, la transparencia de los procesos, la independencia de quienes los administran y la manera en la que se configura la pregunta que debe responder el elector. Si se descuidan estos asuntos el populismo podría encontrar otro medio para perjudicar la estabilidad de los sistemas políticos.

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