Héctor Abad

La lengua no tiene la culpa. De Héctor Abad Faciolince

hector abad

Héctor Abad, escritor y periodista colombiano.

Héctor Abad Faciolince, 19 diciembre 2017 / PRODAVINCI

Muchos, y me incluyo, en vez de debatir con seriedad el tema del lenguaje incluyente, zanjamos la discusión con una burla. En este artículo haré todo lo posible por argumentar lo que pienso sobre el tema sin burlarme. Sostengo que las lenguas naturales (el español, el chino, el quechua…) no son machistas ni feministas, no son capitalistas o socialistas, es decir, que las lenguas no tienen ideología, que la gramática no es ideológica en sí misma, y que todas las lenguas se pueden usar —claro está— para oprimir o para liberar. Mejor dicho: que echarle la culpa de la opresión machista, que existe, a la estructura de la lengua, es un error.

Naturalmente las lenguas se pueden usar de una manera racista, machista, excluyente, discriminadora, etc. Si yo digo: “las mujeres son menos inteligentes que los hombres”, estoy expresando una idea sexista. Pero ese machismo y ese sexismo no es de la estructura de la lengua que me permite hacer una frase así, puesto que esa misma lengua me deja decir: “la evidencia científica demuestra que hombres y mujeres tienen capacidades intelectuales análogas”.

prodavinciLo machista es creer que la lengua (una estructura mental profunda y una construcción colectiva) la construyen solo los varones, la sociedad patriarcal, y no las mujeres. Es sabido que una lengua no la hacen las escritoras, ni las academias, ni los dictadores, ni los jueces, sino todo el mundo, las personas de la calle, la gente común y corriente. La lengua, por lo tanto, es una construcción de mujeres y de hombres, y no veo por qué las mujeres hubieran querido “excluirse” en una lengua materna (¡!) a la que ellas han contribuido, como mínimo, con la mitad de los impulsos lingüísticos. Creer que las mujeres simplemente han tenido que someterse a la lengua de los machos, u obedecer al idioma que ellos crearon, es de verdad pensar que las mujeres han sido bobas y mudas. Y las mujeres ni son más bobas ni hablan menos que los hombres.

Vengo ahora al debate de esta semana: si el plural de género masculino, usado para ambos sexos, es un rasgo machista del español, y si el uso de este plural masculino para designar a hombres y mujeres las excluye y las vuelve invisibles. No lo creo. Hay una categoría gramatical que se llama el epiceno. Este consiste en que con un solo género gramatical (masculino o femenino) se designa a seres animados de uno u otro sexo. Bebé, lince, pantera, víctima, son todos “epicenos”, es decir, palabras masculinas o femeninas que sirven para designar a ambos sexos. Si digo que las panteras son negras, que los bebés son tiernos y que los linces están copulando, me refiero en todos los casos a machos y a hembras.

El plural de género masculino no marca siempre el sexo y se comporta, podríamos decirlo, como un plural epiceno: es decir, que a pesar de tener género gramatical masculino, incluye a los dos sexos. Cuando, tras una pena familiar, una mujer dice que “todos estamos muy tristes”, para referirse a su familia de hombres, y a sí misma, no se está excluyendo por usar el género gramatical masculino. Uno no debe usar la lengua de un modo suspicaz, creyendo que no dice lo que está diciendo. La lengua es clara, y no hay que achacarle una malevolencia que no tiene.

Decir que “todos” excluye a las mujeres es una falacia, es introducir una sospecha de malas intenciones machistas en la lengua, y la lengua es inocente. El espíritu profundo del español no tiene sesgos machistas. Si leo: “todos deben obedecer a la autoridad”, nadie cree que en este caso se les pide obediencia solo a los hombres, y que las mujeres, por arte y magia de un plural masculino que las excluiría, tienen la dicha de no tener que obedecerla. Si las mujeres, por maldad de una lengua machista, estuvieran excluidas de lo bueno, entonces habría que reconocer que esa lengua machista las excluye también de lo malo. “Los ladrones deben ir a la cárcel” ¿es una frase que excluye favorablemente a las mujeres y por lo tanto las ladronas están exentas de esta condena?

Explicar el fracaso. De Héctor Abad Faciolince

Como en el mundo entero, la lucha democrática en Colombia se juega entre una clase política vieja y cansada contra otra clase política menos sensata, más corrupta que la tradicional, pero cargada de eslóganes y payasadas populistas.

Héctor Abad, escritor y periodista colombiano.

Héctor Abad, escritor y periodista colombiano.

Héctor Abad Faciolince, 4 octubre 2016 / EL PAIS

Es muy fácil ser sabio el día después. Cuando ocurre lo que nadie se esperaba, ni siquiera los expertos, entonces los expertos salen (salimos) a explicarlo, serios como tahúres y sin vergüenza alguna de no haberlo previsto antes. En un mundo globalizado, lo que antes se llamaba, con pomposas palabras hegelianas, “el espíritu de la historia”, hoy lleva un nombre mucho más vulgar: trending topic, y lleva un # para indicar el hashtag. El trending topic que ganó en el plebiscito colombiano es bien curioso, un “sí pero no”: #SiALaPazPeroEstaNo. Yes but not. El contradictorio corazón humano entiende estos absurdos de la lógica formal.

Hay sabios que ahora dicen, por ejemplo, que el voto colombiano por el no al acuerdo de paz se debe a la falta de educación y a la ignorancia de un pueblo que es manipulado por la mentira de los enemigos de la paz. O que votó poca gente por el huracán. Hay en esto algo de verdad. Pero como lo mismo ha ocurrido en la culta Gran Bretaña con el Brexit, en Alemania con el castigo a Merkel por decir cosas sensatas sobre los refugiados, en los países de la primavera árabe con el voto mayoritario por los fanáticos religiosos o en Estados Unidos en vísperas de la elección de Donald Trump, me da la impresión de que la “ignorancia” de los colombianos no es buena explicación

el paisEn realidad parecemos un pueblo muy adaptado al mundo contemporáneo, globalizado, y en el mismo trending topic de la Tierra: la insensatez democrática. Si lo nuestro es ignorancia, forma parte de la misma ignorancia global, del primer mundo que destruye la idea de una Europa unida y en paz, del segundo mundo que elige una y otra vez al mafioso de Putin, y del tercer mundo del extremo oriente y del extremo occidente. América Latina, recuérdenlo, es el extremo occidente, con un alma tan misteriosa e incomprensible como la del extremo oriente. Tan misteriosa como la supuesta cultura del centro: la europea occidental que hoy persigue el suicidio como solución.

En Colombia, como en el mundo entero, la lucha democrática se juega entre una clase política vieja y cansada (bastante sensata, tan corrupta como siempre y desprestigiada por decenios de feroz crítica nuestra, de los “intelectuales”) contra otra clase política menos sensata, más corrupta que la tradicional, pero cargada de eslóganes y payasadas populistas. El populismo, la demagogia vulgar, ha arrasado en todo el mundo. Berlusconi fue el prólogo, porque en Italia son los magos del trending topic y se inventa todo antes. Vinieron Chávez, Putin, Uribe, Ortega. ¿Vendrán Trump y Le Pen? Quizá. Todos son demagogos perfectos, cleptócratas que denuncian a la vieja cleptocracia.

“Para que ganara el ‘no’, Álvaro Uribe ha dicho muchas
mentiras que ni él mismo se cree”

1475515757_441155_1475516060_noticia_normal_recorte1El pueblo prefiere votar por ellos con tal de cambiar. ¿Un salto al vacío? Sí. Es preferible el salto al vacío que el aburrimiento de la sensatez. La sensatez no da votos: produce bostezos. Y a lo que más le temen los votantes es a aburrirse. Un pueblo incapaz de aburrirse con buena música, con libros, con cultura, es un pueblo dispuesto a votar por cualquier disparate con tal de divertirse un rato; con tal de ver derrotados, pálidos y ojerosos a los políticos que, por llevar años en la televisión y en el poder, más detestan. Mejor cambiarlos por otros, aunque sean locos. Es una especie de borrachera, de viaje de drogas, de danza dionisiaca.

Y así nos toca asistir al trending topic de la insensatez mundial. Para ponerle un hashtag apropiado, propongo algunos: #QueGaneElDemagogo, #TodoMenosLaPolítica, #AFavorDelQueEstéEnContra. En fin, alguna cosa así: el espíritu de la historia. Los países que ya lo han ensayado empiezan a salir, con una resaca horrenda. Venezuela ya no quiere seguir el experimento chavista, y tarde o temprano saldrá de la locura que los ha consumido económica y moralmente. Ya Italia vivió la penitencia de 15 años de Berlusconi y tal vez no quiera regresar a algo parecido con Beppe Grillo. A Gran Bretaña le llegó la resaca del Brexit al día siguiente, pero ya no sabe cómo evitar la pesadilla que la mayoría votó.

¿Qué haremos en Colombia? Estamos como estaría Estados Unidos al día siguiente del triunfo de Trump: atónitos, desconsolados y sin saber qué va a ocurrir. Pero quizá las cosas sean más sencillas. No tan hegelianas (el pomposo “espíritu de la historia”) sino más bien nietzscheanas: humanas, demasiado humanas. Todo sigue siendo una feria de vanidades. Si Uribe estuviera en el Gobierno, habría firmado la misma paz con las FARC, aunque quizá sin nada escrito y con una dosis muy, pero muy baja de verdad. A Uribe lo que menos le interesa es la verdad, pues en la verdad podrían salir muy salpicados él y sus amigos más íntimos. Pero en el fondo el acuerdo sería parecido. Para que ganara el no, ha dicho muchas mentiras que ni él mismo se cree: que el comunismo tomará el poder, que ya viene el lobo del castrochavismo, que está en contra de la impunidad de los terroristas. Qué va, no es eso. Santos y Uribe quieren lo mismo: ser ellos, cada uno, los protagonistas del acuerdo, y que el protagonista no sea su adversario político. Es un asunto humano, demasiado humano, de pura vanidad. La paz sí, pero si la firmo yo.

“Estamos como estaría EE UU al día siguiente del triunfo
de Trump en las elecciones presidenciales”

Cambiar el acuerdo de paz, que es lo que el pueblo ha decidido al votar mayoritariamente por el no, es posible jurídicamente, pero muy difícil políticamente. El presidente Santos tendría que darle a Uribe uno o dos puestos en la mesa de negociación de La Habana. Los delegados de Uribe tendrían que obtener algo de las FARC (digamos dos años de cárcel), y todo esto a cambio de lo que tanto Uribe como las FARC quieren: una asamblea constituyente. Con una nueva Constitución pactada con las FARC, Uribe podría nuevamente aspirar a ser presidente (lo que está prohibido en la Constitución actual), y las FARC podrían ser un nuevo gran partido de la izquierda populista (estilo Ortega y Chávez). Así, todos contentos. Pero, obviamente, Santos no querrá que Uribe le quite el protagonismo. Así que no sabemos nada, y viviremos en un pantanero confuso hasta que haya elecciones y tengamos un nuevo presidente.

El 2 de octubre se acabó el periodo de Santos, el presidente que hizo el esfuerzo más serio por la paz y alcanzó a firmarla, para verla caer ocho días después. Gobernará por ley y por inercia hasta el 7 de agosto de 2018. Y el proceso de paz seguirá en un limbo de incertidumbre jurídica y real. Pero eso no importa, Colombia es el país en el que todo es provisional, todo es por el momento, mientras tanto. Un país hiperactivo y sobreexcitado, experto en drogas estimulantes: cafeína, cocaína, nicotina, alcohol.

No es que los encuestadores fracasaran al pronosticar el triunfo del sí; lo que pasa es que la gente contestó mentiras, les daba vergüenza votar por el no, pero votaron. Así como les da vergüenza decir que votarán por Trump, pero votarán. Los que votamos por el soñábamos con “una paz estable y duradera”. La mayoría, el no, votó por una incertidumbre estable y duradera. Al fin y al cabo ese es el verdadero trending topic de Colombia, ahora y siempre: #UnaIncertidumbreEstableYDuradera. Como estará el mundo entero cuando amanezca el 9 de noviembre del 2016 y haya ganado Trump. Yo ya sé lo que se siente: miedo, tristeza y desesperación.

Colombia: El debate sobre paz versus justicia. De Joaquín Villalobos, Héctor Abad y José Miguel Vivanco

El periódico español El PAIS dedica su sumplemente IDEAS a las negociaciones de paz en Colombia, sobre todo al dilema entre husticia y paz, amnistía o justicia transicional. Documentamos este debate en SEGUNDA VUELTA.

Cuánta verdad es necesaria. De Joaquín Villalobos

Es imposible alcanzar la justicia plena ni lograr que todos perdonen. Una reflexión sobre los equilibrios que implica la paz tras los avances entre el Gobierno colombiano y las FARC.

Los presidentes de Colombia y Cuba, Juan Manuel Santos y Raúl Castro, y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, en La Habana.  / EFE

Los presidentes de Colombia y Cuba, Juan Manuel Santos y Raúl Castro, y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, en La Habana.  / EFE

Joaquín Villalobos, fue jefe del ERP y miembro de la Comandancia General del FMLN durante la guerra

Joaquín Villalobos, fue jefe del ERP y miembro de la Comandancia General del FMLN durante la guerra

Joaquín Villalobos, 4 octubre 2015 / EL PAIS

Al final de un conflicto o de una dictadura hay una relación directa entre la correlación de fuerzas y las posibilidades de la justicia. Esto incluye lo militar, la opinión pública, factores externos y el momento político que vive un país. Cada proceso es diferente, pero lo común a todos es que nunca es posible ni conocer toda la verdad, ni conseguir justicia plena, ni lograr que todos perdonen. La incertidumbre es un sentimiento normal en una transición. Las polaridades entre duda y esperanza, pasado y futuro, castigo y perdón y olvido y verdad dominan todas las transiciones. Luego del acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno y las FARC, los colombianos están comenzando a vivir este sentimiento de incertidumbre que es propio del final de un conflicto.

La mejor manera de entender es mirar desde el presente las experiencias pasadas. Todas tuvieron como propósito acabar con la violencia y la intolerancia para establecer la paz. En el caso de Sudáfrica la verdad fue el componente central de la justicia, se perdonaba lo que se confesaba. En el caso de Ruanda también hubo muchos juicios y castigos, pero al final el perdón y las formas de reparación moral fueron lo central. En estos dos casos hay una relación desproporcionada entre la justicia aplicada y la dimensión de la atrocidad que representaron 42 años de segregación y un genocidio de casi un millón de personas. Se trató de una catarsis con tanta justicia como lo requería la reconciliación.

“En Colombia la prolongación indefinida de la lucha
alejó a la insurgencia de sus causas originales”

En el caso de El Salvador existió una comisión de la verdad que investigó casos relevantes pero sin consecuencias judiciales y se decretó una amnistía general. El énfasis se puso en las transformaciones. El 85% de los coroneles, incluido todo el alto mando, fue expulsado del Ejército; todos los batallones de élite y los cuerpos de seguridad fueron disueltos y se fundó una nueva policía con participación paritaria de guerrilleros y militares. En este caso, no se juzgó y condenó a individuos, sino al régimen político.

En España se suele decir que hubo amnesia con relación a los crímenes del franquismo y hasta la fecha este tema sigue siendo muy complejo. En Chile, si bien hubo una comisión de la verdad, esta no tuvo consecuencias judiciales y en general la justicia no fue un componente fundamental de la transición. Lo particular en estos dos casos es que, a pesar de la relativamente poca justicia, las transiciones hacia una convivencia pacífica fueron muy exitosas, tanto que han dejado logros extraordinarios.

En Argentina los generales hicieron desaparecer a miles de personas y derrotaron a las guerrillas, pero perdieron la guerra de las Malvinas contra reino Unido. Este factor externo cambió la correlación política interna en el país y los militares terminaron juzgados y condenados, perdiendo el poder político que tenían. Los militares igualmente vencieron a las guerrillas en Guatemala, pero un ajuste económico ejecutado por un gobierno de los grandes empresarios, redujo las fuerzas militares de forma dramática y esto tuvo consecuencias políticas. Ante la debilidad de las instituciones, el país fue intervenido a través de una comisión internacional contra la impunidad. Ahora, entre otros, el general Ríos Montt y el expresidente Otto Pérez están sometidos a procesos judiciales. El primero por genocidio y el segundo por corrupción.

“Hay en el caso colombiano tres factores que pueden reactivar la violencia:
la propiedad de la tierra, las drogas y las víctimas”

En Nicaragua hubo una década de guerra contrarrevolucionaria en la que se dieron muchos hechos que hubiese sido necesario juzgar. La justicia y la verdad sobre violaciones a los derechos humanos no fueron, con todo, relevantes en el posconflicto. La Contra perdió la guerra y el régimen sandinista las elecciones. El sistema judicial dio prioridad a resolver el tema de las propiedades confiscadas por la revolución. Los últimos litigios concluyeron este año.

Todas estas experiencias dejan claro que no hay camino único. En cada una de ellas los protagonistas se dirigieron de forma instintiva o planificada a los vectores que podían reactivar la violencia e impedir la pacificación. El resultado fue que en algunos la verdad y la justicia tuvo más preponderancia que en otros.

El acuerdo sobre justicia transicional en Colombia, pese a estar basado en la victoria estratégica del Estado sobre la insurgencia, tiene el propósito de lograr al menor costo posible la pacificación de las zonas rurales. Hace cincuenta años, cuando las FARC y el ELN se alzaron, Colombia era un país esencialmente rural con 18 millones de habitantes. Ahora es un país sobre todo urbano, con 48 millones de habitantes. Estos datos bastan para visualizar la dimensión de los cambios políticos, sociales, económicos y demográficos que separaron a los insurgentes de la sociedad. En todo conflicto interno hay una violencia causal que normalmente es estatal y una violencia consecuencia que es insurgente. En Colombia, la prolongación indefinida del conflicto alejó a la insurgencia de sus causas originales, obligó a la transformación del Estado y multiplicó exponencialmente el número de víctimas. Las guerrillas perdieron legitimidad y, debilitadas, cometieron atrocidades.

“No es posible una amnistía en Colombia y por ello el acuerdo
requiere combinar verdad, justicia y atención a las víctimas”

Las fuerzas del Estado se transformaron, legitimaron y fortalecieron y son ahora juzgadas normalmente por la justicia. Esas atrocidades quedaron en el pasado, pero las de las insurgencias están en el presente. Esto explica el rechazo hacia las FARC y el ELN. Al mismo tiempo, existe una gran demanda de paz. Por ello no es posible una amnistía en Colombia y por ello el acuerdo requiere combinar verdad, justicia y atención a las víctimas.

Hay en el caso colombiano tres factores que pueden reactivar la violencia: la propiedad de la tierra, las drogas y las víctimas. La reconciliación y la paz pasan por tener en cuenta los tres temas. En ese sentido, la aplicación del acuerdo de paz será un complejo proceso de pacificación territorial, que enfrentará la cultura de la viveza a la honestidad de decir la verdad; el deseo de venganza contra la nobleza del perdón; la tentación del narcotráfico frente a la reinserción productiva y el olvido elitista del campo contra la necesidad de llevar el desarrollo y resolver los litigios por la tierra, precisamente la raíz del conflicto. Sobre esto último bien decía Maquiavelo: “Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”.

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Los detalles del diablo. De Héctor Abad Faciolince

Optimismo y cautela se mezclan estos días en Colombia a la espera de que se disipen ciertas dudas con respecto al alcance y aplicación del acuerdo.

John Vizcaino (Reuters)

John Vizcaino (Reuters)

Héctor Abad, escritor y periodista colombiano.

Héctor Abad, escritor y periodista colombiano.

Héctor Abad Faciolince, 4 octubre 2015 / EL PAIS

Empecemos, a la manera de Sancho Panza, por los refranes: “El diablo está en los detalles”, “en la puerta del horno se quema el pan” y “si las barbas de tu vecino ves pelar, pon las tuyas a remojar”. Los tres se han usado en Colombia en estos días y pueden darnos señales, al mismo tiempo, del optimismo y de la cautela que sentimos los colombianos frente a los claros avances que ha habido en el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, la guerrilla más vieja de América. Sin duda, el acuerdo está casi listo, pero el horno está puesto sobre un campo minado.

¿En qué detalles puede meter las narices el diablo? El más importante es cómo se van a escoger los magistrados temporales del Tribunal Especial para la Paz (TEP): lo que se sabe hasta ahora es que estará compuesto en su mayoría por colombianos que, para poder aspirar a serlo, deberán tener las mismas calificaciones que se requieren para ser jueces de las altas cortes (Suprema, Constitucional y Consejo de Estado); que el 20 o 25% podrán ser extranjeros. Y que será un tribunal de cierre; lo que decida será cosa juzgada no sujeta a revisión. Lo que no sabemos es si esos magistrados serán escogidos por la guerrilla, por el gobierno, por ambos, o mediante el uso de algún mecanismo o entidad independiente.

“Lo que no sabemos es si esos magistrados serán
escogidos por la guerrilla, por el gobierno, por ambos”

Es más fácil redactar bien el texto de una buena ley que encontrar jueces ecuánimes y confiables que la interpreten adecuadamente. El adjetivo que se asocia siempre con un buen juez es este: imparcial. Esto quiere decir que los jueces no deberían ser escogidos por las dos partes del conflicto, y de ninguna manera en proporciones iguales para el Gobierno, que representa a la mayoría de la población, y para las FARC, que representan una ideología y una forma de lucha apoyadas por un pequeño segmento de los ciudadanos. Cuando en la mesa de La Habana se escogieron historiadores para escribir sobre los orígenes del conflicto armado, el Gobierno seleccionó la mitad de ellos y la guerrilla la otra mitad. De buena fe, el Gobierno nombró académicos universitarios independientes; las FARC, ideólogos afines a sus banderas. Si se escogen los jueces con el mismo criterio de los historiadores, la guerrilla tendría una gran ventaja de salir impune en ese tribunal, y sus enemigos históricos, el riesgo de salir perjudicados.

No sabemos ese detalle fundamental, porque, al parecer, no se ha resuelto: quiénes y cómo escogerán a los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Y es en una discusión como esta que el pan puede quemarse en la puerta del horno. Las FARC, a través de su cuenta de Twitter, ya empiezan a trinar sobre los industriales colombianos, aconsejándoles que pongan sus barbas en remojo. Sin duda hubo empresarios –sobre todo en el campo– que financiaron grupos paramilitares, pero generalizar diciendo que toda la clase empresarial colombiana (o la burguesía) fue parte del conflicto es inexacto. Y también un error, si la guerrilla quiere que se apruebe el pacto de paz. Amenazas veladas como esta son las que pueden hacer que el pan se queme en la puerta del horno. ¿Podrán ser juzgados los expresidentes por este mismo tribunal? El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha dicho que no. Esta aclaración tiene un destinatario obvio: intenta calmar al expresidente Uribe, en quien parece que se hubiera desatado, si se juzga por sus tuits y sus comunicados, una especie de delirio de persecución.

“Nunca, en medio siglo de conflicto,
el gobierno colombiano había llegado tan lejos
en una negociación de paz con la guerrilla”

Sergio Jaramillo ha declarado, con relación a este asunto, que el mecanismo de selección que se adopte tendrá que dar confianza a todos. Además de la idoneidad de los magistrados, lo ideal sería que un tercero o una organización independiente los seleccionara. Si bien el tribunal es una propuesta de la mesa, insiste Jaramillo, sus integrantes no serán escogidos por las Farc. Esto, en todo caso, más que un acuerdo, es una intención. Ojalá la firmeza y seriedad de los negociadores se imponga sobre el oportunismo.

Pese a las dudas anteriores, hay también motivos para la esperanza. Nunca, en medio siglo de conflicto, el gobierno colombiano había llegado tan lejos en una negociación de paz con la guerrilla de las FARC. Nunca el Estado había tenido un grupo de negociadores tan competentes y confiables como los que tiene, ni la coyuntura interna e internacional había sido tan propicia para un acuerdo con la subversión. Fundamental es que Cuba y Venezuela (los referentes políticos e ideológicos de la guerrilla) quieren que se firme un armisticio definitivo, y que Estados Unidos (al menos el gobierno Obama, no así el ala republicana del Congreso) está también a favor del cese total de hostilidades. El deshielo entre Washington y La Habana -último paso en el fin de la guerra fría- forma parte del mismo movimiento. Los astros geopolíticos, pues, están bien alineados para un arreglo.

Otra cosa que ayuda al ambiente de paz es que el péndulo de la Iglesia haya vuelto hacia la izquierda. En La Habana olía todavía a Papa Francisco cuando se dio el apretón de manos entre el presidente Santos y Rodrigo Londoño (más conocido con los alias de Timoleón Jiménez y Timochenko), el comandante en jefe de las FARC. Hay incluso una fecha de caducidad del pacto, como en el envase de una mermelada: 23 de marzo de 2016. Pero los colombianos somos ya un pueblo escarmentado en demasiados fracasos, y no vamos a creer en el fin del conflicto -como Santo Tomás- hasta que no metamos el dedo en la última herida cauterizada por la firma definitiva. “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es la premisa básica de esta negociación.

Paradójicamente, para que un proceso de paz pueda considerarse exitoso todas las partes deben quedar levemente descontentas, aunque no desesperadas. Tiene que haber concesiones molestas a un lado y a otro. Es como cuando compras o vendes una finca: el vendedor debe pensar que pudo haber sacado un poco más, pero que no fue engañado; y el comprador, que pagó más de la cuenta, pero no demasiado. Es lo único que nos deja -recelosos que somos los humanos- más o menos contentos. Uno puede soñar con aniquilar a su adversario y que este, rendido, acepte todas nuestras condiciones. Esto sería, del lado de las FARC, haberse tomado el poder por las armas, algo de lo que estaban muy, pero muy lejos. Y del lado del Gobierno colombiano, si bien todo el balance de fuerzas se inclinaba netamente a su favor (y por eso la guerrilla se avino a negociar), había que aceptar que más de diez mil hombres en armas, financiados por tráfico de cocaína, de oro y de armas, y escondidos en selvas inmensas y casi inexpugnables, nos podría condenar a otros decenios de conflicto o de guerra de baja intensidad. Un acuerdo era, de parte y parte, lo más deseable, y más para una guerrilla que ya no podrá seguir contando con el apoyo logístico y económico de una Venezuela escasa de petrodólares.

“La mayoría de quienes hemos sufrido penas
por este conflicto consideramos, en palabras de Séneca,
que ‘es preferible una paz injusta a una guerra justa ‘ ”

Otro punto fundamental, y uno de los más temidos por quienes se oponen a la solución negociada, es que tanto guerrilleros como militares presos y condenados por la justicia ordinaria (algunos de los cuales ya purgan penas de cárcel de veinte o más años), podrán aspirar a decir la verdad, salir de prisión, y pagar las penas más moderadas que el TEP está autorizado a conceder. A esto se agrega que también los civiles que hayan ayudado a cometer delitos atroces (auxiliando a la guerrilla o a los paramilitares), si hacen una confesión plena y oportuna, podrán acogerse a la justicia transicional. De no confesar la verdad ni sumarse a este procedimiento, también los civiles y los militares regulares podrían luego sufrir penas más severas, producto de las revelaciones o delaciones de otras personas que en cambio sí hayan querido colaborar con este tribunal especial. Los altos mandos militares temen mucho las confesiones de sus subalternos presos.

Parece ser que el narcotráfico será considerado como delito conexo con el delito político. Esto, que para Uribe es inadmisible, en realidad no es tan grave: es mucho más grave secuestrar y matar que exportar cocaína. Lo destacable es que, según el texto firmado, ni los crímenes de lesa humanidad ni la toma de rehenes (el nombre técnico que se le da al crimen del secuestro) serán amnistiables. Si no se entiende mal el texto, que por algunos momentos es sufientemente ambiguo como para dejarlo a libre interpretación de los jueces, da la impresión que crímenes como el secuestro tendrán que ser confesados y condenados con penas que, aunque no incluyen una cárcel regular, sí implican la privación de la libertad en sitios de confinamiento de los que no se podrá salir durante varios años.

En los meses recientes la guerra colombiana se ha combatido más en Twitter que en la selva. Desde la última tregua unilateral decretada por las Farc se han usado más palabras que balas, más aforismos que fusiles y helicópteros. Por feroces que sean las palabras, son siempre preferibles a la sangre. Pero ya se sabe que el final de la guerra, para los que viven de ella, es como cuando escampa para el vendedor de paraguas. Y hay algunos políticos, negociantes, narcotraficantes y militares que están rogando porque vuelva a llover.

Con el acuerdo sobre justicia transicional es evidente que no habrá una justicia plena que deje contento a todo el mundo, y menos a las víctimas que pretendan una reparación completa por las vías ordinarias. De eso se trata la justicia transicional, y no hay otro camino para lograr la paz, si no hay vencedores ni vencidos. Las víctimas, sin embargo, suelen ser menos exigentes de lo que se cree. En aras de un país menos violento, y de un futuro que no esté teñido de terrorismo guerrillero ni de contraterrorismo paraestatal, tengo la impresión de que la mayoría de quienes hemos sufrido penas inmensas en estos largos años de conflicto, consideramos, en palabras de Séneca, que “es preferible una paz injusta a una guerra justa.”

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ENTREVISTA a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch:

“Este acuerdo perpetúa la impunidad”

El director para América de Human Rights Watch se erige en uno de los mayores críticos del pacto entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y las FARC.

José Miguel Vivanco , director para América de Human Rights Watch

José Miguel Vivanco , director para América de Human Rights Watch


Javier Lafuente, 4 octubre 2015 / EL PAIS

José Miguel Vivanco se ha vuelto omnipresente en Colombia. Desde que el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmasen el acuerdo de justicia, un punto de inflexión en las negociaciones que se desarrollan en La Habana desde hace casi tres años, el director para América de Human Rights Watch se ha convertido en uno de los mayores críticos con este pacto. Su oposición le ha colocado en un camino paralelo al del expresidente colombiano Álvaro Uribe, uno de sus mayores azotes durante años, que le llegó a tachar de “cómplice” de la guerrilla. Pese a que la conversación pretende ir más allá del proceso colombiano, lo pactado en La Habana está presente en todo momento.

Pregunta. ¿Qué le parece la posición del Gobierno frente al acuerdo de justicia?

Respuesta. Somos partidarios de la negociación para lograr el fin del conflicto armado colombiano, pero creo que es importante entender que no se trata simplemente de ponerse de acuerdo en unos términos. Lo importante es examinar cuál será el grado de impacto real que un acuerdo de esta naturaleza pueda tener en el campo colombiano, en aquellas regiones donde los campesinos o personas en una posición de vulnerabilidad han estado expuestas a miles de atrocidades y abusos, no solo de las FARC, también de agentes del Estado y paramilitares. Cuando uno examina este acuerdo y descubre que los responsables, a cambio de confesar sus crímenes, no irán a prisión inmediatamente la principal preocupación es hasta qué punto este acuerdo perpetua la impunidad, que ha sido la regla en Colombia durante tantos años. Obviamente, dado que se está negociando un acuerdo de paz es preciso ser conscientes de la necesidad de hacer concesiones muy fuertes, como por ejemplo la reducción de penas. La historia está cargada de ejemplos de que, frente a este tipo de atrocidades, hay impunidad. Esa ha sido la norma. La excepción ha sido la justicia. Esto nos retrotrae a Sudáfrica, hace 20 años. El servicio a la comunidad como sanción para crímenes de lesa humanidad resulta grotesco.

P. La Corte Penal Internacional (CPI) ha dicho que se trata de un “paso significativo” para el fin del conflicto. ¿Qué le parece esa reacción?

“Sabemos que se tienen que hacer concesiones,
pero esas pueden ser la reducción de penas”

R. No tengo comentarios al respecto. Me parece una declaración que podríamos compartir todos. No está diciendo que esté bien o está mal. Me parece casi protocolario, que es lo que correspondía hacer.

P. ¿Puede haber un equilibrio entre paz y justicia?

R. Creo que esa dicotomía existe pero no se puede plantear en términos simplistas, como usualmente se hace. Para que un acuerdo tenga peso e impacto, sea creíble y sea avalado por el pueblo, tiene que tener el componente de justicia. Sabemos que se tienen que hacer concesiones, pero esas pueden ser la reducción de penas, no una propuesta tan extrema como esta, que exime de prisión a criminales de guerra.

P. ¿Es inevitable exigir a las víctimas una mayor dosis de sacrificio en aras de lograr la paz?

“La historia está plagada de ejemplos de impunidad frente a crímenes de guerra”

R. Yo creo que las víctimas lo han sacrificado todo. Las del Estado, las del paramilitarismo y las de la guerrilla. El sacrificio ha sido sublime. Me cuesta creer que alguien pueda plantear que no han sufrido lo suficiente. Lo mínimo que se les puede demostrar es que el Estado está con ellas. La historia está plagada de ejemplos de impunidad frente a crímenes de guerra. En el nombre de la paz, del derecho a la autodeterminación, de la transición de un régimen dictatorial a una democracia siempre hay valores superiores que se han invocado para justificar que los que han cometido hechos atroces no paguen por sus crímenes.

P. Más allá del caso colombiano, ¿qué proceso destacaría como el más equilibrado y el que menos?

R. Hay muy pocos ejemplos, y por ello la importancia del proceso colombiano. Sería el primero significativo que se da con el Tratado de Roma, que crea la CPI, en vigor. Es un test muy importante, que sirve para examinar en qué estamos. Representa un desafío existencial para la CPI. La razón de ser de la Corte es garantizar que frente a crímenes de guerra y lesa humanidad exista justicia. Si este acuerdo supera el test de la Corte Constitucional colombiana y la CPI termina tácitamente o explícitamente avalándolo estamos ante un nuevo modelo, que no es muy distinto al que se existía. En la práctica es un retroceso y pone en entredicho la razón de ser de la CPI.

P. ¿Qué espera de la Corte Penal Internacional?

R. Yo espero primero que esto se siga debatiendo en Colombia. El pueblo colombiano tiene derecho a participar activamente. Tengo gran fe en la Corte Constitucional, que siempre ha servido para dirimir este tipo de contiendas. Sus decisiones siempre han estado del lado de las víctimas.

P. ¿La llamada justicia transicional equivale a impunidad?

R. Se puede transformar en un eufemismo que ayuda a esconder la impunidad.